nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Situación de las personas privadas de la libertad en el contexto de la pandemia del COVID 19 la implementación de nuevas medidas de seguridad y emergencia en los centros penitenciarios, las cuales, en el contexto de la pandemia del COVID 19, podrían en grave riesgo la vida, salud, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad.
0. Durante 2019, la Fiscalía registró 6,421 hechos de violencia sexual261, mientras que, en el primer semestre de 2020, se registraron 2,491 casos262. La CIDH advierte que esta violencia afecta particularmente a niñas de entre 10 y 17 años, resultando en altas cifras de embarazo adolescente. En el año 2018, el Observatorio de violencia del Ministerio de Educación reportó 87 hechos de violencia sexual contra alumnas y registró un total de 173 alumnas embarazadas. Por su parte, la Fiscalía registró 70 y 25 hechos de violencia sexual contra niñas en escuelas o centros educativos para los años 2019 y primer semestre de 2020, respectivamente263. A su vez, el Ministerio de Salud reportó, para 2018, 710 adolescentes embarazadas, incluyendo 4 niñas de 10 años de edad264. Durante 2019, se tuvo registro de 614 adolescentes embarazadas; con 243 casos registrados durante el primer semestre de 2020. A pesar de la gravedad de la prevalencia de violencia sexual, la Comisión fue informada de la normalización de estos actos, de su invisibilización, de la falta de su abordaje eficaz para erradicarla decisivamente y de la altísima impunidad que la caracteriza.
s, la Comisión ha establecido que la violencia y la discriminación no afecta a todas las mujeres por igual y ha considerado que existen mujeres que están expuestas a un mayor riesgo de violación de sus derechos resultado de la intersección de varios factores en adición a su género, como las mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans e intersex; las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y las mujeres adultas mayores, así como por contextos particulares de riesgo278
en El Salvador enfrentan condiciones estructurales de alta precariedad e informalidad en el trabajo. Pese a su importante labor como cuidadoras de los hogares y el bienestar de la familia, su trabajo no es visible en los aportes que hacen a la economía del país, al contrario, suelen ser foco de graves estigmas, abusos laborales, estereotipos negativos de género y discriminación social e institucional constante
, con relación a las trabajadoras de la industria textil se indicó que en muchos casos las mujeres son cabeza de familia; que suelen tener baja escolaridad, y que existe una fuerte presencia de mujeres trabajadoras en edad reproductiva, aunque el rango de edades es amplio.
Las mujeres bordadoras a domicilio en El Salvador suelen, además, asumir costos de producción que usualmente corresponden al empleador como infraestructura física, herramientas de trabajo y servicios básicos como electricidad, agua y comunicación, generando indirectamente ganancias adicionales a las empresas en detrimento de su calidad de vida
s. En relación a las mujeres trabajadoras a domicilio dentro de esta industria, la falta de contratos escritos con las empresas empleadoras, los pagos por debajo del mínimo vital y la ausencia de garantías de seguridad social son factores que inciden directamente en sus condiciones de vida en el contexto de la pandemia
No obstante, se identificaron casos específicos de personas adultas mayores y personas LGTBIQ+. Además, los menores de edad son la categoría más representada de personas identificadas bajo condición de vulnerabilidad con 15 personas. Por lo tanto, los menores de edad representan por lo menos el 4 por ciento del flujo migratorio
El Salvador continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región. Aunque se observa una lenta disminución en los últimos años en este registro254, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en el 2018, se registraron al menos 232 asesinatos de mujeres en todo el país255. Asimismo, el Observatorio registró 113 feminicidios, lo que refleja una reducción de 3.5 puntos en la tasa por cada 100.000 habitantes. Según información pública, durante 2020 se habrían registrado 130 feminicidios, ocurridos, en su mayoría, durante las medidas de cuarentena adoptadas ante la pandemia de la COVID 19256
Violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral o. De acuerdo con la información obtenida, en el año 2018, de las más de 1020 denuncias registradas por violencia en el ámbito laboral, 60% corresponderían a denuncias de acoso laboral o sexual. Además, la CIDH fue informada que el Ministerio de Trabajo habría suprimido la oficina responsable de fiscalizar dichos actos. Por su parte, las mujeres trans se ven completamente excluidas de acceso a trabajo formal312.
Derechos de las personas LGBTI n la situación de violencia y discriminación contra las personas LGBTI, la CIDH ha tenido conocimiento que por lo menos en los últimos 5 años cientos de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso e intersex han sido amenazadas, asesinadas, desaparecidas o forzadas a desplazarse a través de fronteras internacionales para salvar sus vidas, sin que exista un registro oficial para analizar adecuadamente la amplitud de esta violencia. Como fue comunicado a la CIDH, ǲhasta noviembre de 2019, los crímenes de odio, agresiones, actos de discriminafción, exclusión, negación de servicios, estigma y marginación siguen siendo la realidad para las personas LGBTI salvadoreñas, con altos índices de pobreza, baja escolaridad, asesinatos y baja probabilidad de vida más allá de los 33 años3
El 94 por ciento de las personas que salen de manera irregular de El Salvador son salvadoreñas. Utilizan principalmente el punto fronterizo de Las Chinamas y, en menor medida, los de Anguiatú, San Cristóbal y El Poy.
SEGURIDAD CIUDADANA Así, al cierre de 2019, la tasa de homicidios habría disminuido en un 60% a nivel nacional8; mientras que, durante el año 2020, se registraron un total de 1,332 homicidios en comparación con las 2,398 víctimas registradas en 2019. Según la información disponible, dichos resultados serían atribuibles a la implementación de la nueva política en materia de seguridad mediante el ǲPlan de Control Territorial9ǳ ȋPCTȌ.
Denuncias de desapariciones en El Salvador en el contexto de violencia actual Durante su visita, la CIDH recibió información alarmante sobre la falta de respuesta de las autoridades del Estado al alto número de denuncias de desapariciones en los últimos años. Según información proporcionada por la Fiscalía General de la República, en 2018 se registraron 3,289 desapariciones y, entre enero y diciembre de 2019, se reportaron 3,030 denuncias de personas desaparecidas, lo que representaría un promedio de 10 personas desaparecidas por día
. De acuerdo al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el 1,1% de las familias residentes tuvo por lo menos uno de sus integrantes obligado u obligada a cambiar su residencia como resultado de la violencia. Igualmente, las mujeres son afectadas de forma diferenciada por este fenómeno, al constituir el 54% de la población desplazada
Para abril de 2021, la Dirección de Migración y Extranjería  ( DGME )  actualizó las disposiciones sanitarias para el ingreso de personas migrantes al país. Se establecieron dos categorías: • Las personas no vacunadas contra la COVID 19 deberán presentar la prueba para detección del virus negativa  ( PCR, NAAT o LAMP )  con un máximo de 72 horas previas al ingreso. • Las personas que han sido vacunadas contra la COVID 19 deberán presentar la cartilla de vacunación original que certifique el cumplimiento de las dosis completas según la vacuna. En casos de que la persona solamente haya cumplido con una de dos dosis, deberá presentar prueba de COVID 19 con resultado negativo, con un máximo de 72 horas previas al arribo o ingreso.
Sobre las razones de la migración, destaca que las personas buscan la reunificación familiar a lo interno de El Salvador y la necesidad de atención en salud en la red hospitalaria del país, así como la mejora de sus condiciones económicas, y la migración laboral para trabajos agrícolas.
El Salvador, entre 2015 y junio de 2019, se registraron 692 hechos de violencia contra las personas LGBTI, incluyendo 72 homicidios; en la mayoría de hechos de violencia registrados, las víctimas fueron personas trans328. En similar sentido, según cifras comunicadas a la CIDH por la organización COMCAVIS TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador y 151 casos de desplazamiento forzado de personas de esta población se registraron entre 2018 y septiembre 2019
El desplazamiento forzado interno en El Salvador En relación con el desplazamiento interno forzado, el Informe ǲCaracterización de la Movilidad Interna a causa de la Violencia en El Salvadorǳ señala que entre ʹͲͲ͸ y 2016, el 1,1% de la población salvadoreña se habría visto forzada a desplazarse de sus lugares habituales de residencia. Al respecto, dicho informe precisa que entre las principales causas del desplazamiento forzado en El Salvador se encuentran la violencia o delitos cometidos contra la población, y razones de carácter económico348.
Impacto de los desplazamientos forzados internos 256. La CIDH observa que el desplazamiento forzado interno genera impactos pluriofensivos y sostenidos en los derechos humanos en su conjunto
Impactos de las medidas adoptadas frente a la pandemia COVID 19 en la seguridad ciudadana y los derechos humanos De acuerdo con información proporcionada por el Estado, desde el inicio de la crisis del COVID 19, ha adoptado las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, salud e integridad de las personas en su jurisdicción. Dichas medidas habrían atendido a la evolución que la pandemia ha presentado, y según el Estado ǲse destacan por haber sido firmes y oportunas, desde el primer momento de la crisis, a fin de prevenir el colapso de los servicios nacionales de salud y garantizar el acceso a una atención médica oportuna a la poblaciónǳ.
En el caso de las mujeres desplazadas, la CIDH observa un impacto diferenciado mayor ya que, por ejemplo, en algunos casos el poco trabajo remunerado que encuentran es en condiciones de precariedad y alta vulnerabilidad, lo que pone en riesgo su integridad y salud
El Salvador han repercutido en trastornos emocionales o psicológicos del 70% de la población, seguido por los impactos económicos derivados por el abandono de propiedades en los lugares de origen  ( 42% ) , la separación familiar temporal o definitiva en casi el 30% de los casos, la pérdida de fuentes de ingreso  ( 28% ) , y la interrupción de educación de niños y niñas  ( 22% ) .3
. Por otra parte, la violencia también afecta el ejercicio adecuado del derecho al trabajo de las víctimas, lo que redunda en un deterioro de las condiciones adecuadas de vida y disminuye sus posibilidades de acceso a otros derechos fundamentales como la salud y la educación.
Las familias están compuestas en promedio por 4.47 miembros, observándose que las familias más numerosas se encuentran en Nicaragua  ( 4.62 personas en promedio ) , y las menos numerosas en El Salvador  ( 4.12 personas en promedio ) . El 77% de las familias tiene, al menos, un menor de 18 años viviendo en casa, y un 10% tiene un menor de 1 año. Además, un 2% de las familias reportó al menos una mujer embarazada en el hogar, y un 8% reportó a una mujer en periodo de lactancia dentro del núcleo familiar.
e las personas víctimas de desplazamiento forzado se encuentran en riesgo constante de permanecer en situación de calle. Lo anterior, debido a que al momento no contaban con programas temporales de acogida estatales que se dirigieran a soluciones duraderas. En otros casos, aunque se mantienen viviendo en sus hogares, las personas se encuentran escondidas y, muchas veces, en condiciones de hacinamiento al estar bajo amenaza y hostigamiento de las pandillas. Para la Comisión, esta situación también afecta el derecho a la vivienda, al no poder vivir en condiciones de seguridad ni tener la posibilidad de desarrollar su vida diaria con normalidad
Sobresale que El Salvador y Honduras registran 13 y 16 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos respectivamente, cifras por debajo de la tasa global de 28
Casi 8 de cada 10 personas en la población rural de Guatemala vive en situación de pobreza. Esta proporción es 6 de 10 en Honduras y casi 5 de cada 10 en El Salvador.
Pese a estas medidas, los tres países pronto enfrentaron transmisiones comunitarias confirmadas del virus, lo que ha resultado que, al 24 de junio de 2021, el NCA reúna casi 618.000 casos confirmados entre los 77.844 en El Salvador, 255.683 en Guatemala y 284.741 en Honduras.
Tanto en El Salvador como en Honduras, las mujeres representan poco más de la mitad de los casos acumulados, mientras que, en Guatemala, las mujeres representan el 46 por ciento.
A finales de 2020, se registraban 549.251 personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que habían abandonado sus países de origen escapando de violencia y persecución. En 2020 a pesar del impacto de las restricciones por la pandemia, 131.221 nuevas solicitudes de protección como refugiado fueron presentadas por nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras.
En los últimos diez años, los desplazamientos forzados desde El Salvador, Guatemala y Honduras se han multiplicado casi por 50, y aumentaron de 18.400 personas al final del 2011 a unas 867.800 al final del 2020.
On March 14, El Salvador declared a state of emergency with a duration of 30 days, to deal with COVID 19. From that date all Salvadoran nationals who entered the country by air from countries that presented cases of COVID 19, have been quarantined for 30 days. Despite these measures, the first case of COVID 19 was confirmed on Wednesday, March 18. Therefore, the closing of shopping centers was ordered, and a sanitary cordon was established in Metapan, Municipality of Santa Ana in which the first case was registered.
On March 21st, a general household quarantine was decreed for 30 days in order to contain the outbreak, allowing only one person per family to go out to purchase food, medicine and basic supplies. Exceptions are established for employees of public transport, the media, the public administration, food producing companies and food distribution services. According to the Ministry of the Interior, approximately 2,000 people are quarantined in 50 authorized containment centers.
Se reporta que las personas LGBTIQ+ continúan desplazándose dentro y fuera de la región para evitar los efectos de la violencia ejercida a manos de fuerzas de seguridad, pandilleros y otras personas. En El Salvador, según estadísticas oficiales que se dieron a conocer en enero de 2020, se produjeron 692 casos de violencia contra las personas LGBTI entre enero de 2015 y junio de 2019.
En El Salvador, la violencia y la pobreza afectan el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes. La deserción escolar y el cierre temporal de las escuelas por la COVID 19 o por riesgo de desastre, representan la pérdida del entorno protector, aumentando los riesgos frente a la violencia, incluido la violencia sexual.
Más de 549.000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras solicitaron asilo a nivel global. Las cifras sobre personas internamente desplazadas en El Salvador y Honduras oscilan entre 318.500 y 700.000 según la fuente.
Bajo clasificaciones de UNICEF, el sistema escolar en Honduras sigue bajo cierre total, mientras que los sistemas en El Salvador y Guatemala siguen bajo cierre parcial. Pese a las reaperturas paulatinas y modalidades híbridas entre la educación presencial y a distancia en estos dos últimos países, cabe destacar que apenas hay información disponible sobre la calidad de estos modelos de aprendizaje, así como su impacto en el aprendizaje y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de estos países.
Las cifras oficiales sobre desplazamiento interno establecieron en 318.590 el número de personas desplazadas en El Salvador61 y Honduras.
Las mujeres indígenas y rurales se ven especialmente limitadas en el acceso a los servicios ya que no cuentan con acceso a transporte, recursos para movilización, ni cobertura de servicios de telefonía para la búsqueda de estos servicios.
En El Salvador, según el análisis de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases  ( CIF ) , en su último informe  ( diciembre 2020 ) , estimó que, entre los meses de noviembre 2020 a febrero de 2021, 684.000 personas  ( 10 por ciento de la población )  se encontraría en crisis alimentaria  ( fases 3 a más ) . Siendo Ahuachapán, el departamento con mayor porcentaje de su población en dicha situación.
Aunque El Salvador cuenta con cobertura de salud de primer nivel95, enfrenta desafíos vinculados a la fragmentación del Sistema Nacional de Salud y a la insuficiente coordinación con el sector privado. Por otra parte, solo el 2.5 por ciento96 del PIB se invierte en salud mientras que la OMS recomienda un 6 por ciento.
La deserción escolar es otro de los principales problemas en estos países. En contextos de pobreza agudizada por eventos adversos, el número de niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo tiende a disminuir debido al deterioro socioeconómico y en consecuencia la violencia. Es importante destacar que las niñas suelen ser particularmente perjudicadas, ya que generalmente asumen un mayor número de responsabilidades en el hogar. En Honduras, entre 2020 y 2021, el 6.33 por ciento de estudiantes no se matricularon; y según datos el MINED en 2018, en El Salvador ese mismo año 76.030 niñas, niños y adolescentes abandonaron sus estudios por diferentes causas.
En El Salvador, más de 700.000 personas se abastecen de fuentes de agua no mejoradas y sin protección o no cuentan con el servicio de agua o saneamiento básico en sus viviendas. La diarrea constituye una de las principales causas de mortalidad de niños y niñas de cinco años en la red de establecimientos de salud del MINSAL104.
Impacto en la vivienda y el alojamiento Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal golpearon a El Salvador en rápida sucesión, causando lluvias, vientos fuertes y daños provocados por las inundaciones. Unas 12.154 personas tuvieron que ser evacuadas y buscar refugio en 210 albergues. Según fuentes gubernamentales y ONG internacionales, 83 viviendas fueron completamente dañadas, 407 con daños severos y 2.060 con daños leves107. En noviembre de 2020, el paso de Eta ocasionó el desplazamiento de 2.264 personas hacia albergues colectivos.
El Salvador hace frente a una combinación de crisis en las que prevalecen la situación de inseguridad alimentaria y nutricional generada por los últimos eventos meteorológicos, el limitado o nulo acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento que tiene la población más vulnerable, así como la situación de violencia generalizada que afecta transversalmente a muchos de los grupos que ya están en condiciones de desventaja, provocando así nuevas crisis como la migración y desintegración familiar.
El impacto de la crisis de inseguridad alimentaria y nutricional repercute tanto en el estado nutricional como el de salud de las familias, en especial de los grupos vulnerables cuyas demandas nutricionales no son satisfechas para permitirles desarrollar una vida activa y sana. En este sentido, el perfil nutricional del país indica doble carga de malnutrición.
Asimismo, la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva continúa siendo un desafío. La cobertura de parto intrahospitalario del Sistema Nacional de Salud sufrió una reducción de 91.6 por ciento en 2014 a 74.6 por ciento en 2018. También, el porcentaje de recién nacidos hijos de madres  ( VIH + )  infectados con VIH presentó un incremento de 1.9 por ciento en 2014 a 5.5 por ciento en 2017  ( reportado como último dato disponible )   ( MINSAL, 2019 )
Impacto en los servicios y sistemas Las brechas de desigualdad se hacen notorias en el acceso y calidad de los servicios de salud. En el país, la tasa de los recursos humanos médicos y de enfermería por cada 10000 habitantes  ( 18 )  se encuentra muy por debajo de lo establecido por la OMS  ( 44.5 )   ( Cálculo estimado a partir de la proyección poblacional 2018 de la Unidad de Estadística e Información en Salud de MINSAL ) .
La exposición cotidiana a altos índices de violencia y persecución ha provocado desplazamiento interno y externo de poblaciones directa o indirectamente víctima de agresiones físicas, violencia sexual, torturas, secuestro, expulsiones, provocando daños emocionales y psicológicos diversos al igual que daños económicos, políticos y socioculturales. El desplazamiento forzado tiene la capacidad de influir directamente sobre el goce de derechos fundamentales de la población afectada además de reflejarse en las condiciones de vida de la población. Las personas afectadas se ven obligadas a abandonar sus bienes y propiedades, algunas veces asentándose en zonas ilegales o alquilando viviendas precarias, sin posibilidad de recuperar lo perdido. Puede haber afectaciones marcadas en el ámbito de la familia, que perjudican la estructura de esta, dado que algunas pueden verse obligadas a separarse como mecanismo de prevención o por necesidades económicas. También se puede ver afectado el acceso a oportunidades económicas, particularmente a aquellas personas que deben abandonar sus fuentes de ingreso a consecuencia del desplazamiento. Esto las puede llevar a recurrir a trabajos con menor remuneración y en condiciones de informalidad, restringiendo sus posibilidades de recuperarse y desarrollarse económicamente.
La violencia es un elemento importante que afecta el acceso a los servicios de salud. En el período de junio 2018 a febrero 2019 en respuesta a la población, el Ministerio de Salud  ( MINSAL )  reportó incrementos importantes de las atenciones por violencia física  ( 39 por ciento ) , violencia sexual  ( 38.9 por ciento ) , violencia psicológica  ( 12.1 por ciento ) , y violencia autoinfligida  ( 9.6 por ciento ) , donde el sexo femenino es el más afectado  ( 61.9 por ciento de los casos )
El dengue, la arbovirosis más frecuente, conoció un incremento del 225 por ciento entre 2018 y 2019, es decir, y el número de hospitalizaciones aumentó de 279 por ciento  ( de 2.180 en 2018 a 6.075 en 2019 )   ( MINSAL, 2020 ) . La situación epidemiológica del dengue es cada vez más compleja debido a la existencia de cuatro cepas de virus y a la inexistencia de tratamiento farmacológico especifico y diferenciado. Los grupos más afectados fueron los menores de 1 año y la niñez de 5 a 9 años. En el caso de chikunguña se presentó un incremento del 76 por ciento, siendo reportados 683 casos en el 2019, afecta predominantemente a menores de 1 año, 10 19 años y 20 29 años. Para Zika se reportó un incremento del 70 por ciento  ( 388 casos en 2018 y 817 en 2019 ) . Asimismo, en 2019 se reportó el mayor número de casos sospechosos en embarazadas desde el 2016  ( MINSAL, 2020 ) .
La violencia y la pobreza impactan también negativamente en la educación y llevan a numerosos menores en edad escolar a interrumpir sus estudios. Muchas veces se reinsertan de manera tardía al sistema educativo, o en los algunos casos abandonan indefinidamente su educación. Educar y recibir educación en un entorno dominado por la inseguridad y la violencia afecta a las relaciones entre alumnos y docentes, así como a las relaciones entre los miembros de la comunidad. En este contexto, la vulneración del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes es sistemática.
Inadecuados servicios de agua y saneamiento también afectan a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, no sólo porque se reduce el índice de asistencia escolar debido a enfermedades y falta de acceso a servicios en las escuelas, sino porque en El Salvador, los centros escolares, a menudo, son utilizados como albergues temporales en caso de emergencias, lo que ocasiona una suspensión del ciclo escolar. La infraestructura escolar, con sus limitaciones, pasa a ser un espacio de acogida de familias afectadas por los desastres o crisis. En la medida que las emergencias impactan las fuentes de abastecimiento de agua, se acentúa el impacto en las familias albergadas, debido a una disminución tanto en la cantidad como en la calidad de agua, lo cual limita las prácticas de lavado de manos, disposición de excretas, limpieza de sanitarios, higiene de instalaciones y de los alimentos.
Si bien El Salvador es el país del norte de Centroamérica con menor territorio, su alta densidad poblacional hace que las crisis humanitarias tengan el potencial de generar impactos más grandes por la concentración de la población. En total, se estima que unas 643.000 personas necesitan algún tipo de asistencia o protección humanitaria  ( PIN ) , el equivalente de un 10 por ciento de la población salvadoreña. El cálculo incluye a los grupos vulnerables que necesitan protección  ( 26 por ciento )  y que están concentrados en tres departamentos  ( Cuscatlán, La Libertad y San Salvador ) . El resto  ( 74 por ciento aproximadamente )  abarca a grupos poblacionales con varias afectaciones  ( problemas de inseguridad alimentaria y /o protección, a los cuales se suman temas como WASH )  y concentrados en el resto del país, es decir en 11 de los 14 departamentos.
Los grupos vulnerables que necesitan asistencia inmediata son: • Los niños, niñas y adolescentes quienes enfrentan una situación compleja en términos de violencia, tanto en sus hogares como en las escuelas. Si bien estos espacios deberían de ser seguros, son el escenario de muchas vulneraciones de derechos. • Las mujeres víctimas de diversas expresiones de violencia. Si son altos los números de casos registrados, según la sociedad civil muchas mujeres se quedan sin denunciar o prefieren callar por el mismo sometimiento en el que se encuentran o por la desconfianza al sistema judicial.
Las personas en crisis y emergencia por seguridad alimentaria, cuyos pocos recursos se han visto cada vez más limitados o agotados con los diferentes choques meteorológicos que han enfrentado y cuya situación actual no solo se ha complicado por el racionamiento de los alimentos sino por complicaciones de salud y acceso a servicios de agua, higiene y saneamiento.
• Las personas en general afectadas por la violencia, que en busca de una salida a esta situación huyen de sus casas ya sea a otras partes del país o arriesgan sus vidas para llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, así como todas aquellas personas que están siendo deportadas y necesitan de una reinserción al país. • Importante mencionar, la focalización a todas las poblaciones más excluidas que necesitan que se les garantice una ayuda humanitaria, más especializada y de mayor atención debido al factor de subregistros que existen y que imposibilitan saber con mayor exactitud cuantos de ellos se encuentran afectados.
El Salvador es principalmente un país de origen de personas emigrantes, sin embargo, también es en menor medida un país de tránsito y destino, particularmente para personas inmigrantes intrarregionales. En el 2020, se registraron 42.767 personas inmigrantes en El Salvador, de las cuales el 75,5% provenía de América Central  ( DAES, 2020 ) . El porcentaje de personas migrantes en El Salvador equivale a un 0,7% de la totalidad de su población.
{EL IMPACTO DE LA PANDEMÍA SOBRE EL RETORNO DE LOS MIGRANTES } 
En efecto, a raíz de una orden emitida el 20 de marzo por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades  ( CDC, por sus siglas en inglés ) , se suspendió el ingreso de "ciertas personas de países donde existe un brote de una enfermedad transmisible". Con esa orden, el gobierno americano autorizó a los agentes de control de fronteras del departamento de CBP procesar las deportaciones de migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras antes de que puedan entrar en una estación de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU15
Las personas que deseen regularizarse en el país deben pagar las multas por estancia irregular como requisito para obtener una condición regular. De forma adicional, existen varios costos conexos para acceder a la regularización incluyendo la obtención y autenticación de documentos requeridos para los procesos. Para el 2012, se estimaba que solamente el pago de derechos de regularización ascendía a 150 dólares de los Estados Unidos por persona  ( Gobierno de la República de El Salvador y UNFPA, 2012 )
La Ley Especial de Migración y Extranjería establece que las personas que ingresen al país o permanezcan de forma irregular pueden ser sancionadas con una multa, según la gravedad de su infracción. Las sanciones por infracciones leves, tales como no solicitar una prórroga de un permiso o visa, equivalen del 20% al 100% de un salario mínimo mensual vigente del sector comercio y servicios; por otra parte, las infracciones graves, como realizar actividades remuneradas sin haber obtenido un permiso de trabajo correspondiente, corresponden a multas de uno hasta cuatro salarios mínimos vigentes del mismo sector. Finalmente, las infracciones migratorias muy graves, tales como ingresar irregularmente al territorio nacional, o negarse a abandonar el país cuando sea conminado en el plazo dispuesto por la Dirección General de Migración y Extranjería  ( DGME ) , son sancionadas con una deportación  ( Gobierno de la República de El Salvador, 2019 ) .
{MUERTES OCURRIDAS EN LAS RUTAS MIGRATORIAS HACIA Y A TRAVÉS DE CENTROAMÉRICA}

Sin contar las muertes ocurridas cerca de la frontera con los Estados Unidos de América, de 2014 a 2020 el PMD documentó cerca de 750 muertes ocurridas en Centroamérica, principalmente en México  ( 650 ) , pero también en Panamá  ( 50 ) , Nicaragua  ( 21 ) , Guatemala  ( 15 ) , Costa Rica  ( 7 )  y El Salvador  ( 1 )
{EL IMPACTO DE LA PANDEMÍA SOBRE EL RETORNO DE LOS MIGRANTES }
Entre el 15 de marzo y 24 de abril, ICE realizó 21 vuelos de deportaciones a Guatemala, 18 a Honduras, 12 al El Salvador y 3 a Nicaragua, Haití y República Dominicana14. Sin embargo, la administración Trump autorizó a CBP con el título 42 para procesar y acelerar las deportaciones de migrantes ilegales en la frontera.
Para el 30 de noviembre de 2020, El Salvador contabilizaba 39.130 casos positivos, no se cuenta con el dato de las defunciones.
A su vez se da la reapertura económica nacional total, dado que la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, declaró constitucional el Decreto Legislativo 661, que contiene la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID 19, Atentión Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía. Este decreto tiene por objeto establecer disposiciones para la atención integral de la vida y la salud en el marco de la pandemia por COVID 19, y el establecimiento de medidas para garantizar el derecho al trabajo, que permitan la reanudación gradual de las actividades laborales, económicas y administrativas, en el sector publico y privado, en el marco del respeto a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos.
En relación con la apertura de fronteras terrestres y aéreas, desde el 21 de septiembre de 2020 todos los viajeros que deseen ingresar a El Salvador deben presentar la prueba PCR de SRAS CoV 2 negativa a su arribo, esto luego de un cierre parcial, desde marzo pasado, donde se impidió el ingreso a personas extranjeras, a causa de la pandemia. La prueba deberá haber sido realizada con un máximo de 72 horas de anticipación a su llegada a El Salvador.
Es importante mencionar que, a partir de los informantes clave, los impactos económicos provocados por las restricciones sanitarias en actividades comerciales por la pandemia de la COVID 19, ha motivado a las personas a emigrar de su país de origen en búsqueda de mejores oportunidades.
En La Hachadura se identficaron al menos dos mujeres embarazadas como parte del flujo migratorio irregular de salida. Y en San Cristóbal al menos una persona desplazada interna como parte de la misma dinámica transfronteriza, estas personas se asocian a violencia basada en género y conflictos civiles por pandillas, por lo general requieren de protección internacional, a pesar de que se desconoce si lograron ser referenciadas a instituciones especializadas.
La principal razón por la cual las personas migrantes quedan varadas en frontera, se debe a la falta de documentación en el que destaca el faltante de pruebas PCR para la determinación del virus SRAS CoV 2. Este faltante se debe también a que los horarios de la ficinas donde se tramitan estas pruebas, no cubren jornadas continuas.
Sin embargo, bajo directriz gubernamental, se debe continuar con los protocolos de bioseguridad, hacer uso de la mascarilla; lavarse las manos con regularidad; tomar mínimo dos metros de distancia entre personas; compartir dentro de las vivienda con el cluster o burbuja social de no más de 10 personas y salir solo cuando sea estrictamente necesario; así como cumplir los protocolos de bioseguridad que se implementen tanto en el lugar de trabajo como en cualquier otro espacio.
Por otra parte, en la localidad fronteriza de El Amatillo los informantes clave identficaron que hay personas LGBTIQ+ y menores de entre los 6 y los 17 años ingresando irregularmente, y en menor cantidad hay menores de 5 años y personas con discapacidad. Esta particularidad también se refleeja en la frontera Las Chinamas. En La Hachadura y El Poy se identficaron únicamente personas menores entre los 6 y los 17 años acompañadas. Es importante resaltar que no hubo reporte de mujeres embarazadas ni de personas desplazadas internas entrando irregularmente por los puntos estudiados.
Para ingresar a El Salvador, las personas deben presentar certificación de vacunación contra COVID 19, ya sea de una o dos dosis según prueba. De no estar vacunado o vacunada en las modalidades señaladas, deberá presentar prueba PCR, NAAT o LAMP.
El cambio de administración en los Estados Unidos ha generado expectativas en el país, en particular para la reunificación familiar de personas menores de edad. Además, los Acuerdos de Cooperación de Asilo  ( ACA )  alcanzados por Estados Unidos con Guatemala, El Salvador y Honduras y que permitía el retorno de personas migrantes desde los Estados Unidos, quedaron sin efecto desde febrero de 2021.
Se destaca la migración por reunificación familiar con destino hacia Estados Unidos, así como el desplazamiento interno por violencia, especialmente por parte de personas jóvenes. Las personas migrantes utilizan los seis puntos fronterizos, siendo los de San Cristóbal y la Hachadura los que cuentan con el flujo más importante.
Para ingresar a El Salvador, las personas deben presentar una certificación de vacunación contra el SARS CoV 2, ya sea de una o dos dosis, según corresponda. De no estar vacunado o vacunada en las modalidades señaladas, se deberá presentar una prueba PCR, NAAT o LAMP negativa.
Los menores de edad representaron la categoría de personas identificadas bajo condición de vulnerabilidad con 46 personas. Los menores de edad representaron por lo menos el 16 por ciento del flujo migratorio.
1. El registro de entradas por Puestos Migratorios Terrestre entre enero y diciembre del año 2020, fue 1,277,411 personas. La frontera La Hachadura registró el ingreso al territorio nacional de 287,422 personas, representando el 22.5% del total del período, ocupando el primer lugar, seguido de Las Chinamas con 19.5%  ( 249,137 )  y San Cristóbal con 13.3%  ( 169,704 ) .
2. El registro de entradas por Puestos Migratorios Terrestre entre enero y diciembre del año 2021, fue 1,966,910 personas. La frontera La Hachadura registró el ingreso al territorio nacional de 490,121 personas, representando el 24.9% del total del período, ocupando el primer lugar, seguido de Las Chinamas con 20.5%  ( 402,812 )  y San Cristóbal con 15.8%  ( 309,881 ) .
3. En el período de enero a diciembre del año 2021, se registró el ingreso por Puestos Migratorios Terrestre de 689,499 personas más al compararlo con el mismo período del año 2020, lo que representa un incremento del 54.0%.
2. De la cantidad de Salvadoreños Retornados al país, el 73.2%  ( 7,839 )  retornó de Estados Unidos, el 25.9%  ( 2,771 )  retornó de México y el 1.0%  ( 106 )  retornó de Otros países, de lo reportado entre enero y diciembre de 2020.
4. De la cantidad de Salvadoreños Retornados al país, el 58.5%  ( 5,353 )  retornó de Estados Unidos, el 37.5%  ( 3,432 )  retornó de México y el 4.0%  ( 367 )  retornó de Otros países, de lo reportado entre enero y diciembre de 2021.
5. Los Salvadoreños Retornados Vía Terrestre entre enero y diciembre del año 2021, reportó una disminución de 1,429 personas, que representa el 81.7%, en comparación con el mismo período del año 2020.
La OPS/OMS indicó que con más de 2,8 millones de casos y 161.000 muertes, las Américas son ahora el epicentro de una pandemia mundial. La OPS/OMS dice que aún faltan semanas para el pico regional, expresando su preocupación por la aceleración de los casos en Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado denunciamos que tras las medidas decretadas por el gobierno salvadoreño como respuesta a la crisis global de salud provocada por la pandemia de la COVID 19, las agresiones contra organizaciones y mujeres defensoras de derechos humanos en el país se han incrementado de manera notable. En especial, aquellas cometidas en el ámbito digital. Esto ha generado un entorno violento y hostil para las defensoras y ha dificultado la labor que desempeñan.
De acuerdo con los datos del Sistema Regional de Monitoreo de Agresiones Contra Defensoras  ( 1 ) , tras las medidas tomadas en el contexto de la COVID 19 se ha registrado un incremento de las expresiones y posiciones gubernamentales que ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, en particular a aquellas con presencia en medios y redes sociales.
Otras de las violaciones de derechos humanos que están siendo denunciadas de manera frecuente en el marco de la pandemia son los abusos de carácter policial y la exclusión de los servicios estatales que garantizan el acceso a derechos básicos. Las mujeres defensoras no han sido ajenas a estas formas de violencia y desde la Red Salvadoreña de Defensoras se han documentado casos como el de Sara Yamileth Benítez y Ana Cristina Barahona, dos defensoras detenidas y acusadas de romper la cuarentena domiciliar cuando realizaban compras de alimentos y medicinas.
El papel fundamental que han venido desarrollado las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos y las garantías constitucionales en el país cobra especial importancia en el marco de la actual pandemia. Por ello, exigimos a las autoridades salvadoreñas que, de forma inmediata, adopten todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de derechos y el respeto de las garantías constitucionales y de derecho internacional. Adicionalmente, y atendiendo a la importancia del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos, solicitamos: Al Presidente y a funcionarios del Ejecutivo, que se abstengan de publicar mensajes que estigmatizan y ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, así como mensajes que promuevan la discriminación contra las mujeres.
Los registros de esta organización mundial detallan que distintos países en el mundo recibieron 54,300 nuevas solicitudes presentadas por salvadoreños en 2019. “Han pedido que su condición sea considerada como persona refugiada y que se le otorgue la protección internacional en otro país', dijo la jefa de la oficina de ACNUR en el país, Elisa Carlaccini.
De acuerdo a la cantidad de solicitudes presentadas, El Salvador es uno de los diez países en el mundo con más peticiones de asilo o de refugio en el mundo. En la región centroamericana le acompañan Honduras, Guatemala y Nicaragua con la mayor cantidad de solicitudes de asilo.
Agregó que “no es un movimiento voluntario, más bien son personas que han sido forzadas a dejar sus hogares para poner sus vidas y la de sus familias en seguridad'.
Estas 54,300 nuevas peticiones forman parte de las 136,292 solicitudes de salvadoreños que han pedido el estatus de refugiados, pero todavía los países en los cuales han hecho esa petición no les han resuelto sus solicitudes.
Estos salvadoreños que ahora piden refugio en otros países, tuvieron que huir de El Salvador porque consideraron que sus vidas y la de sus familiares estaban en peligro por distintas razones.
A las razones anteriores se le suman que “muchas personas sobretodo mujeres que huyen por motivos de violencia sexual. También personas que huyen por su condición de género, personas LGTBI que están siendo perseguidas de una forma indiscriminada y necesitan protección específica debido a su condición'.
En 2018, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reveló el informe “Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador'. Este informe reveló que 71,500 personas habían sido obligadas a desplazarse de un lugar a otro por razones de la violencia y que es la última cifra oficial de los desplazamientos forzados internos, según Carlaccini.
Lo grave del fenómeno, según Carlaccini, es que el 54 por ciento de víctimas del desplazamiento forzado interno son mujeres. “Siempre las mujeres son un número mayor normalmente, por lo menos de las personas desplazadas internamente', señaló.
Agrega que “en ausencia de un registro donde las personas desplazadas se puedan registrar y ser reconocidas oficialmente es muy difícil tener estadísticas confiables. Entonces es necesario que nos dé una magnitud más acertada y más actualizada sobre la dimensiones del desplazamiento forzado interno'.
Aseguró que las emergencias por la pandemia del COVID 19 y por las tormentas Amanda y Cristóbal, han atrasado la elaboración del reglamento de la referida legislación para que pueda entrar en vigencia en el menor tiempo posible.
Carlaccini señaló que ACNUR trabaja de manera estrecha con el Estado salvadoreño y la sociedad civil para brindar asistencia y protección a las personas que son forzadas a huir de sus hogares.
También ha priorizado el fortalecimiento de la Comisión para el Reconocimiento de la Condición de Refugiados de El Salvador  ( CODER ) , que trabaja en mejorar el marco legal salvadoreño con el propósito de hacerles reformas a la Ley de Refugiados, la Ley de Migración y la ratificación de la Convención para reducir los casos de apatridia  ( que carece de nacionalidad'.
EL SALVADOR La Asamblea Nacional ha aprobado el estado de emergencia nacional y el estado de excepción, suspendiendo las reuniones y eventos masivos e imponiendo restricciones de viaje. Aunque todavía no hay casos reportados, los Ministerios de Salud y Obras Públicas están coordinando para convertir un centro de convenciones en un hospital temporal.
TheWorld Bank Group, one of the largest sources of funding and knowledge for developing countries, is takingbroad, fast actionto help developing countries strengthen their pandemic response. We are increasing disease surveillance, improving public health interventions, and helping the private sector continue to operate and sustain jobs.
Moreover, according to data gathered just before the COVID 19 pandemic started, there were just 9.1 Intensive Care Unit  ( ICU )  average beds per 100,000 population in 13 LAC countries, which is much lower than the 12 ICU average beds per 100,000 population found in OECD countries. Brazil, Uruguay and Argentina are above the LAC average, while the lowest ratios are observed in Costa Rica and El Salvador.
En El Salvador, se estima que el 25 por ciento de la población se abastece de agua por medio de sistemas rurales mientras el 11.1 por ciento de los hogares carecen de acceso a servicio de agua por cañería y se abastecen de agua por medio de pozos y otras fuentes no mejoradas3.
Impacto sobre seguridad alimentaria y nutrición La inseguridad alimentaria es un área crítica ya que, según los datos recopilados hasta febrero de 2020, unas 600.000 personas se encontraban en inseguridad alimentaria en El Salvador,
El Salvador y Guatemala, las personas desplazadas y los líderes comunitarios informan que los grupos criminales están utilizando el confinamiento para fortalecer su control sobre las comunidades, intensificando la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia de género, y usando las desapariciones forzadas, los asesinatos y las amenazas de muerte contra quienes no cumplen4.
La labor de defensa de derechos humanos, o el derecho a la participación pública, se ha visto restringida tambien por la limitación de circulación
En El Salvador, la cifra de desplazamientos internos causados por la violencia es 71.500
Desde principios de marzo, al menos 1.000 niños migrantes no acompañados han sido obligados a retornar desde Estados Unidos a México y a los países del norte de América Central  ( El Salvador, Guatemala y Honduras ) , a pesar de que sus comunidades de origen presentan graves riesgos para su protección, agravados ahora por la COVID 19.
En los tres países el desempleo ha aumentado, generando grandes pérdidas de ingresos y afectando los ya limitados medios de vida de muchas personas. Al mismo tiempo que los precios de los alimentos han subido en varios lugares, las restricciones de movimiento de COVID 19 además dificultan el acceso a los alimentos tanto en las zonas urbanas como rurales
Niños, niñas y adolescentes  ( NNA ) : A raíz de la falta de alimentos, la desnutrición aguda debería de aumentar, en particular en menores de 5 años. Además, la desaparición de oportunidades educativas y su exposición a todo tipo de violencia acentúan la vulnerabilidad de los NNA y perjudican gravemente su futuro inmediato.
Para las persones desplazadas, el reto para protegerse del virus es mayor por tener menor acceso a insumos, instalaciones sanitarias o simplemente una vivienda decente. Además, corren más riesgos de ver atropellados sus derechos y encuentran mayor dificultad para acceder a servicios de protección y regularizacion migratoria, incluida la posibilidad de acceder a la protección internacional.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe  ( CEPAL )  proyecta que en América Central la caída del producto interno bruto  ( PIB )  podría alcanzar  2,3 por ciento, a raíz de la caída en el turismo   como se ha manifestado ya en Guatemala y en El Salvador, donde el sector representa el 20 por ciento del PIB en el 201817   y la reducción de la actividad de Estados Unidos, el principal socio comercial de la región y la mayor fuente de remesas.
El Banco Interamericano de Desarrollo  ( BID ) , por ejemplo, proyecta que de ser más severa la prolongación de los efectos de la pandemia en El Salvador, la contracción económica en el país podría llegar a hasta un  3.9%18. Además del aumento de la pobreza y la pobreza extrema en varios puntos porcentuales, la CEPAL prevé que también crecerá la desigualdad en todos los países de la región.
En respuesta a la COVID  19, el Gobierno salvadoreño fue uno de los primeros en el mundo en implementar anticipadamente medidas de contención tales como cierre de fronteras y cuarentena más amplia con el fin de evitar el rápido colapso del sistema de salud.
El Estado de emergencia, que fue decretado el 14 de marzo de 2020 a nivel nacional, impone medidas rígidas de restricción del movimiento y de distanciamiento social, impactando en las actividad laborales, comerciales y educativas. Esta realidad impuesta por la COVID 19 deteriora un contexto ya fragilizado, como se describe en el HNO de Centroamérica.
Impacto en el sistema económico En un país donde la gran mayoría de la fuerza económica activa trabaja en la informalidad, un sondeo empresarial realizado a una muestra de 300 empresas de todos los tamaños, sectores y zona geográfica muestra que las micro y pequeñas empresas son las más negativamente afectadas.
Este impacto afecta más a los hogares en pobreza, que en su mayoría desempeñan actividades de subsistencia ganando el ingreso que necesitan para vivir el día. A nivel nacional, el 26.3 por ciento de los hogares están en condición de pobreza por ingresos. Está cifra alcanza el 30 por ciento en el área rural y el 24.1 por ciento en el área urbana  ( Digestyc, 2019 ) , por un total de 491.396 hogares a nivel nacional.