Conclusiones. La migración de personas LGBTI venezolanas a territorio colombiano se enmarca en un contexto de crisis político social en este país en el que se ha generado un aumento del tránsito de venezolanos hacia Colombia, y se vienen produciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y persecución a los miembros de dicho grupo poblacional. Es de destacar que, en muchos casos, la discriminación y la violencia que enfrentan las personas LGBT por su orientación sexual e identidad de género es lo que les obliga a migrar, lo que a su vez puede conducir a diversas formas de discriminación en su contra en países de tránsito y destino. Es así como, en la experiencia subjetiva de los migrantes LGBT venezolanos durante su tránsito y llegada a Colombia existen drásticos contextos de negación de derechos basados en la xenofobia y el prejuicio de las orientaciones sexuales, expresiones de género e identidades de género diversas. Frente a dichos escenarios de desprotección de derechos, la no existencia de reglamentación en materia de protección complementaria para las personas que no se encuentran en estatus migratorio regular, resulta relevante para las personas LGBT, puesto que, por arrastrar con discriminaciones históricas, la mayoría de migrantes de este grupo, se ha visto avocada a ejercer la migración por medios irregulares, teniéndose que, los mecanismos disponibles en la actualidad para regularizar el estatus migratorio en Colombia, suponen una serie de requisitos como contratos de laborales y otras formalidades que por la misma segregación que arrastran las personas LGBT y que se exacerba con la migración, les resultan improbables de llenar. En los casos estudiados para este informe, no se tuvo conocimiento de la aplicación de enfoques diferenciales en el acceso efectivo a derechos de personas LGBT migrantes de Venezuela y, por el contrario, se ha tenido conocimiento incluso, de casos en los que, por parte de las autoridades estatales se están adoptando acciones policivas y sancionatorias, que desconocen obligaciones derivadas del principio de no devolución, lo cual aplicado al caso colombiano, ha sido entendido como la prohibición de devolver a las personas venezolanas que están llegando por la zona fronteriza. Lo anterior deja en Colombia a las personas LGBT migrantes de origen venezolano en un escenario de desprotección formal de derechos, especialmente si se tiene en cuenta que, medidas como el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia  ( RAMV ) , han recogido información sobre su situación apenas para la formulación de respuestas que se basan en acciones humanitarias, tales como refrigerios, hidratación, consultas médicas, primeros auxilios, kits de abrigo, kits de aseo, alimentos, apoyo psicosocial, entre otras; y no en medidas de larga duración  ( Caribe Afirmativo 2018 )  El escenario anteriormente expuesto conlleva a la necesidad de formalizar escenarios de protección en el plano de las instituciones nacionales y subnacionales en Colombia que partan de la definición amplia de refugiado de la Declaración de Cartagena, de acuerdo con la cual se consideran también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, como ya se ha documentado, con las personas LGBT. Estas respuestas resultan de carácter urgente teniendo en cuenta los escenarios de graves violaciones a los derechos de las personas migrantes LGBT de origen venezolano evidenciados, los cuales deberían ser considerados el Estado colombiano a la hora de diseñar medidas de protección complementaria dirigida a las personas en necesidad de protección internacional, ya que estas “permiten regularizar la permanencia de personas que no son reconocidas como refugiadas pero cuyo retorno sería contrario a obligaciones generales sobre la no devolución, contenidas en diferentes instrumentos de derechos humanos'  ( CIDH, 2015 ) .