nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Partners in the Southern Cone continued to provide direct emergency assistance to more than 2,000 among the most vulnerable refugees and migrants from Venezuela. Non food items, including mattresses, bedclothes, blankets, hygiene kits and heat warmers, were provided to 874 refugees and migrants in Argentina, 257 in Chile, 11 in Uruguay and 103 in Paraguay  ( of which 27 persons also received food ) , while cash assistance was provided in Paraguay to 22 persons.
Food assistance was provided by partners in Argentina, Chile and Uruguay, reaching 163, 256 and 75 refugees and migrants respectively, while humanitarian transportation, especially from border areas to main urban centers, was provided to 51 vulnerable individuals in Argentina, 13 in Paraguay and 3 in Uruguay
Partners in the Southern Cone have been providing information on referral pathways and protection servicesto refugees and migrants from Venezuela on a regular basis, this time to some 465 refugees and migrants. During the reporting period, 324 persons were reached with orientation and information services in Argentina through five information and support centers supported by partners in the Autonomous City of Buenos Aires, Misiones and Jujuy. Similarly, in Paraguay, 145 refugees and migrants were provided with key information at their arrival and during community events.
Access to employment and livelihoods Over the past two months, 192 refugees and migrants were reached with support for accessing job opportunities in the formal sector in Argentina. This support was provided by partners in Buenos Aires through workshops in which they acquire skills to develop businesses; and, in Mar del Plata, Iguazú and Quilmes through various orientation sessions on rights, available employment programs and the procedures for title validation.
Capacity building In Argentina, partners presented the study “Labour Integration in the Health Sector of the Venezuelan Population in the Argentine Republic" with an attendance of 200 people. The study aims at disseminating reliable information regarding the job qualifications of the Venezuelan health workers and the local labor market demands.
El RMRP 2020 es un instrumento de coordinación y recaudación de fondos preparado e implementado por 137 organizaciones que trabajan con el objetivo de beneficiar a los refugiados y migrantes venezolanos y a las comunidades de acogida en 17 países. El plan, elaborado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial coliderada por ACNUR y la OIM, es el resultado de un amplio proceso de consulta en el que participaron los gobiernos de los países de acogida, organizaciones religiosas y de la sociedad civil, comunidades locales, donantes y las propias personas refugiadas y migrantes. Contempla acciones en diez sectores: salud, educación, seguridad alimentaria, integración, protección, nutrición, alojamiento, artículos no alimentarios  ( NFI, por sus siglas en inglés ) , transporte humanitario, y agua, higiene y saneamiento  ( WASH, por sus siglas en inglés ) . Además de la respuesta de emergencia, el RMRP 2020 también pone un fuerte énfasis en facilitar la inclusión social y económica de los refugiados y migrantes de Venezuela.
En relación con la ubicación de estas familias, según los datos obtenidos, en Capital Federal las comunas 1 y 3 son las que congregan mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad  ( 24% y 16% respectivamente ) , específicamente los barrios de Retiro, San Nicolás, San Telmo, Montserrat, Constitución, Balvanera y San Cristóbal.
En el Gran Buenos Aires, la población de personas venezolanas en situación de vulnerabilidad se ubica mayoritariamente en la zona oeste  ( 42% ) , seguida por zona sur  ( 30% )  y zona norte  ( 28% ) . Apuntando a las personas con posibles mayores dificultades para el acceso a ciertos servicios podemos decir que un 71% de esta población pertenece al primer cordón, un 25% vive en el segundo cordón y un 4% en el tercero.
Donaciones de alimentos: 449 referencias a organizaciones y particulares. Específicamente, 272 a OIM y Cruz Roja  ( Kits de alimentos y artículos de higiene personal ) , 80 a un conjunto de emprendedores solidarios venezolanos y 17 a emprendedores en Quilmes, 3 a Caritas en Banfield, 10 a Subsecretaría de DDHH del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Campaña de abrigo: en los próximos días se concretará la primera etapa de la campaña “bien abrigados', que por parte de nuestra organización en alianza con Lazos de libertad beneficia a 183 familias  ( 637 personas ) . En conjunto esta iniciativa la estamos llevando a cabo en conjunto a organizaciones hermanas como Alianza por Venezuela, Lazos de Libertad y Baires de Libertad. Tenemos previsto una segunda etapa movilización de donaciones particulares y de otras organizaciones.
En este sentido, como las actividades económicas se han reducido drásticamente y, en la mayoría de los casos se han suspendido por completo, muchas personas refugiadas y migrantes, especialmente aquellas que trabajan en el sector informal, no tienen fuentes de ingreso para cubrir las necesidades y servicios más básicos.
Los gobiernos de la región han desplegado un rango variado de medidas de protección social para abordar la situación de las poblaciones con mayores riesgos frente al COVID 19, que benefician a la población refugiada y migrante de Venezuela.
Si bien, en general, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela disfrutan del acceso universal a la salud pública, la pandemia tuvo un impacto considerable en el sistema ejerciendo una presión adicional sobre recursos ya limitados. Los gobiernos están ampliando progresivamente su respuesta de salud pública, pero han dejado en claro que la asistencia externa será crucial en los próximos meses
Finalmente, la pandemia de COVID 19 ha provocado un cambio en la forma en que las personas refugiadas y migrantes de Venezuela son recibidos por sus comunidades de acogida en algunos países de la Subregión del Cono Sur, con un aumento de las demostraciones xenófobas, además de la estigmatización y desalojo de personas refugiadas y migrantes de departamentos/alojamientos o la no admisión en albergues de emergencia por temor al contagio.
Con respecto a la situación de la documentación argentina, se puede decir que de una muestra de 727 personas que respondieron este item en representación de sus familias, la mayoría tiene DNI temporal  ( 49% ) , seguido de personas con precaria  ( 22% ) , en trámite  ( 13% ) , con DNI permanente  ( 9% )  y un grupo minoritario reportó tener alguna dificultad familiar en relación con su documento de identidad argentino  ( 7% ) 1 .
Como datos generales podemos decir que la mayoría de las personas que respondieron al cuestionario fueron mujeres  ( 73% )  con edades comprendidas entre 26 y 48 años  ( 75% )  cuyo grupo familiar en promedio consta de 5 miembros. Esto es consistente con el hecho de que generalmente son las mujeres las que buscan activamente apoyos para sus familias y también nos puede reflejar la necesidad de abordar los temas asociados a esta crisis desde una perspectiva de género.
El tema laboral es uno de los más difíciles de sobre llevar durante el confinamiento obligatorio, ya que la mayoría de las familias consultadas afirman que sus miembros tienen empleos precarios  ( 80% )  y por lo tanto cuentan con poca disponibilidad económica para hacer frente a la emergencia que cada vez se prolonga más.
Los resultados del tercer corte del cuestionario, basados en un universo de 1570 respuestas, indican que frente a la imposibilidad de salir a trabajar diariamente muchas familias venezolanas atraviesan situaciones de extrema precariedad, lo cual suma factores de vulnerabilidad a la situación migratoria, por lo que requieren el mayor apoyo posible.
En lo referente a la situación habitacional la mayoría afirmó vivir con su grupo familiar en departamentos  ( 68% ) , seguido por grupos familiares que conviven en habitaciones particulares compartiendo espacios sociales  ( 20% ) . En tercer lugar, se muestra un porcentaje de familias con más necesidad que son las que comparte habitación con personas diferentes a grupo familiar, viven en hoteles alojamiento precarios o en albergues  ( 19% ) .
Salud El 13.1% de las familias que respondieron a la encuesta cuentan, con al menos, una persona entre sus miembros con afecciones de salud preexistentes. En cuanto a la atención médica el 16.8% afirmó que la persona enferma estaba siendo tratada en el sistema de salud público. Por otro lado, y al preguntar sobre su situación actual, el 23.6% de las familias manifestó necesitar algún medicamento durante el confinamiento. Así mismo, el 2.4% de las familias tienen al menos una persona embarazada y de estas, el 45% ya tiene hijos o hijas previamente.
Así mismo, llama la atención que, si bien las mujeres fueron las que más respondieron a la encuesta, no se ve reflejada ninguna condición exclusivamente femenina en ella, ni preocupación por la temática de violencia de género. En esta línea es importante señalar que las consideraciones entorno a la salud mental son altamente relevantes durante esta situación y después para hacer frente a los efectos de la pandemia.
La asistencia de los socios continuó enfocándose en brindar soluciones de albergue, articulos no alimentarios  ( especialmente medicamentos y kits de maternidad, para bebés y de higiene ) , asistencia alimentaria e intervenciones en efectivo para lo/as refugiado/as y migrantes más vulnerables de Venezuela en las zonas fronterizas y en centros urbanos, donde se encuentra la mayor parte de la población.
a personas que necesitan apoyo para la documentación, orientación para personas que viven con VIH, bancos de medicamentos, canalización de denuncias
Apoyo a la enseñanza a distancia del Derecho Internacional Humanitario  ( DIH )  en colaboración con universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La iniciativa incluye herramientas como DIH a su alcance, fichas técnicas sobre la aplicación del DIH a la COVID y desafíos contemporáneos del área.
Los socios brindaron asistencia de emergencia a refugiado/as y migrantes de Venezuela con COVID 19 en Bolivia y Argentina, complementando los servicios nacionales.
Socios en Argentina y Bolivia reportan haber recibido solicitudes de migrantes y refugiado/as para retornar a Venezuela, lo que refleja la grave situación en la que han estado viviendo debido a la pandemia durante los últimos dos meses y medio.
A raíz de que los casos diarios superan los 3.000, Argentina está volviendo a poner bajo restricciones varias zonas, incluidas partes de Buenos Aires, obligando a miles de empresas ya afectadas por los cierres iniciales a cerrar de nuevo. Los economistas prevén una contracción económica del 12 por ciento en 2020.
Aunque el número total de casos, que supera los 87.000, se ha quintuplicado desde principios de junio, el número de muertes, que asciende a casi 1.700, sigue siendo muy inferior al de otros países de Suramérica. Las pruebas han ido aumentando con el tiempo, aunque preocupa que no alcance el nivel de los vecinos regionales Chile y Perú.
En este sentido si bien no se diseñó ningún ítem en la encuesta relacionado específicamente con el trabajo doméstico, muchas mujeres dentro del espacio observaciones, compartieron que ellas no habían podido insertarse bajo ninguna modalidad de trabajo remunerado antes de la cuarentena, por realizar tareas de cuidado dentro del núcleo familiar, tanto en el caso de hijos e hijas  ( 37% de las familias tienen al menos un niño o niña que requiere cuidados )  como en el caso de personas mayores  ( 14% afirmó estar a cargo de una persona mayor que requiere cuidados ) . Adicionalmente, el 3% de las familias representadas en la encuesta tienen al menos una persona embarazada entre sus miembros.
Así mismo, las dificultades que tienen que ver con documentación influyen en la posibilidad de para tener acceso a un trabajo estable o seguro que, si bien siempre representa un gran desafío para todas las personas migrantes, en el contexto del COVID 19 se convierte en uno de los mayores factores de riesgo para la población general y la migrante venezolana en particular.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo  ( OIT ) 3 , que brinda un panorama poco alentador para la Argentina en el corto y mediano plazo, menciona que los grupos más vulnerables son las mujeres, las personas que se dedican a tareas con remuneración informal, trabajadores independientes, monotributistas y/o trabajadores de plataformas y los trabajadores del cuidado en los hogares
En el contexto de la encuesta al menos un 78% de las familias venezolanas manifestaron que sus miembros trabajaban en tareas con remuneración que clasifican como inestable  ( en función de los criterios de la OIT ) . Específicamente, un 52% mencionó que los miembros de su familia trabajaban de manera informal, un 13% es monotributista y un 3% se encontraban sin trabajo al momento del relevamiento.
Los resultados del primer corte del cuestionario, basados en una muestra con las respuestas de 800 personas indican que frente a la imposibilidad de salir a trabajar diariamente muchas familias venezolanas atraviesan situaciones de extrema precariedad por lo que requieren el mayor apoyo posible. En concreto podemos decir que la mayoría de las personas que respondieron al cuestionario, haciendo referencia a su grupo familiar que en promedio consta de 5 miembros, fueron mujeres  ( 73% )  con edades comprendidas entre 26 y 48 años  ( 75% ) . En general, la encuesta fue respondida por personas entre 18 y 75 años  ( 18 a 26: 10% y de 49 a 75: 15% ) .
En lo referente a la situación habitacional la mayoría afirmó vivir con su grupo familiar en departamentos  ( 51% ) , seguido por grupos familiares que conviven en habitaciones particulares compartiendo espacios sociales  ( 23% ) . En tercer lugar, se muestra un porcentaje de familias con más necesidad que son las que comparte habitación con personas diferentes a grupo familiar o viven en hoteles alojamiento precarios  ( 14% ) . El  ( 12% )  no respondió a la pregunta. En este levantamiento se detectaron 3 casos de personas que viven en situación de calle y duermen en albergues, que se refirieron directamente a ACNUR.
Por otra parte, la mayoría de las familias encuestadas residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  ( CABA, 48% ) , seguido de Gran Buenos Aires  ( GBA, 36% ) , La Plata  ( 1% )  y otras provincias  ( 2% ) . Como datos adicionales se puede mencionar que el 22% afirmó tener algún familiar o varios con enfermedades preexistentes, solo el 28% tiene cuenta bancaria habilitada donde podría recibir apoyo económico directo y solo un 2% afirmó recibir apoyo institucional o de familiares que residen en el exterior
Con respecto a la situación habitacional de las familias que contestaron la encuesta, se puede decir que muchas de ellas viven en espacios donde no existe un contrato de alquiler formal que permita realizar negociaciones ante la incapacidad de cancelar mensualmente el arrendamiento  ( el 65% vive en departamentos alquilados ) , seguido de familias que viven en habitaciones tanto en departamentos como en hoteles precarios  ( 20% ) , un 7% de personas que refirieron vivir en habitaciones compartidas con otras personas o familias y un 8% que refirió otra situación habitacional, no contestó este item o afirmó no tener lugar para vivir  ( estos últimos casos fueron referidos de inmediato a diferentes instituciones de apoyo ) .
Otro aspecto que se suma a la temática laboral, informal y por cuenta propia, tiene que ver con la bancarización de los miembros de estas familias. El 51% de la población encuestada afirmó que dentro de su núcleo familiar ninguna persona tenía una cuenta bancaria. Esto, le ubica aún más al margen, puesto que limita sus posibilidades de emprendimiento y resulta un factor que les dificulta la integración al país de acogida.
En concreto, podemos decir que la comunidad venezolana en situación de vulnerabilidad requiere de manera urgente apoyo humanitario para poder sortear los desafíos que ha impuesto la situación de confinamiento, ya que las necesidades más urgentes e inmediatas que reportan las familias tienen que ver con aspectos básicos que apuntan al sostenimiento de la vida, como son: acceso a alimentos  ( 87% ) , preocupación sobre el pago del arriendo del lugar donde viven  ( 49% )  y acceso a medicamentos  ( 16% ) . El 70% de las personas afirmó estar preocupadas por la ropa de abrigo para ellas y sus familias
Este aspecto nos invita a ver los datos con lentes sensibles al género ya que, si bien esta es una problemática en la que se ven afectadas todas las personas, tal como afirma ONU mujeres1 “debido a la saturación de sistemas sanitarios y al cierre de las escuelas, las tareas de cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres, quienes, por lo general, tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, personas mayores y a niños y niñas'.
El 50% señaló que la República Bolivariana de Venezuela fue el último país donde residió más de un mes, mientras que el 39% indicó a la República Argentina. El 11% restante mencionó a la República de Chile, la República de Ecuador, la República de Perú, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil, entre otros.
Estas ansiedades, angustias y duelos por lo perdido son tramitados a través del cuerpo si no hay “capacidad “de elaboración, que los expone a síntomas físicos y psíquicos, como así también y/o agravamiento de enfermedades pre  existentes. Por lo cual, síntomas como presión alta, afecciones dérmicas producto del estrés, depresión o ansiedad y otras, son manifestaciones de la alteración de la salud mental.
Por último, es importante destacar que se acompaña junto a las colegas psicólogas del equipo y de manera integral, situaciones de violencia de género.
Argentina: $300,000 in previously announced MRA humanitarian assistance will support COVID 19 response efforts for refugees and host communities. This funding is in addition to U.S. funding for Argentina over the past 20 years, $95.1 million total including nearly $696,000 for health
Durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio  ( ASPO ) , desde el Servicio Social de CAREF hemos atendido numerosas consultas relacionadas con el acceso a la salud. Teniendo en cuenta el registro realizado, desde día 16/03/20, hasta el día de la fecha se han acompañado 590 situaciones en torno a esta temática.
En total, fueron encuestadas 156 personas.  De ellas, casi el 30% indicó una o más de las siguientes necesidades: alimentación, ropa de abrigo, pañales, medicación, problemas de documentación y preocupación por ser desalojados de la vivienda por falta de pago.
Como parte de otra línea de acción también se han solicitado adelantamientos y obtenciones de turnos extraordinarios por parte de DNM, para la gestión de la residencia precaria, lo cual es importante tener en cuenta, ya que no deja de ser un documento exigido por las autoridades de los hospitales sobre todo para la continuación de prácticas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas.
Con motivo del COVID 19, desde el 20 de marzo de 2020 rige en Argentina el aislamiento social preventivo obligatorio  ( confinamiento )
Los principales ejes trabajados refieren a: dificultades en el acceso a la atención de salud; dificultades en el acceso a tratamientos médicos; y obstáculos en el acceso a la medicación. Sumaremos además las dificultades que experimentan las personas migrantes y refugiadas en torno a las consultas que estamos acompañando
Es así que el impacto en el aparato psíquico en cada una de las personas se manifestó de diferentes maneras, con enojo, irritabilidad, cansancio, furia, impotencia, intranquilidad incertidumbre. Estas ansiedades también se ven aumentadas por la interrupción en los trámites migratorios, generando incertidumbre en la regularidad migratoria y dificultando el acceso a sus derechos, tal como se reseñó líneas arriba.
En vista de los hechos acontecidos, relacionados con el COVID 19, y las medidas de aislamiento, la comunidad venezolana se ha visto afectada tanto económica como emocionalmente, presentándose un aumento de los casos de precariedad por pérdida de empleos lo que a su vez acarrea, a corto y mediano plazo, problemas de alimentación y vivienda, entre otros.
Más del 50% ha completado el nivel universita  rio dado que el 49% de las personas encuestadas cuenta con estudios de grado y un 6% con estudios de posgrado. El 30% dijo haber completado los es  tudios secundarios y el 14% una tecnicatura supe  rior. En menor medida, el 1% indicó que contaba únicamente con estudios de nivel primario. El último nivel educativo alcanzado presenta algu  nas diferencias entre varones y mujeres, sobre todo en los niveles más elevados. En este sentido, un 60,4% de las mujeres encuestadas tiene entre nivel universitario completado  ( 54% )  o posgrado  ( 6,4% ) ; mientras que los varones registran para las mismas categorías un 47,4% acumulado. En cuanto al ni  vel técnico superior, para los varones representa un 17,5% mientras que para las mujeres un 11,9%. Con nivel secundario se observa también una pro  porción más elevada para los varones  ( 33,9% )  que para las mujeres  ( 27,2% ) . Con nivel primario com  pletado se registró un 1,2% de varones y para las mujeres casi no se observan casos  ( 0,5% ) .
En cuanto a la situación laboral se puede decir que, si bien la mayoría de los grupos familiares afirmó tener algún miembro con empleo  ( 76% )  antes del decreto de la cuarentena obligatoria, de este universo el 68% se dedica a tareas con remuneración informal y el 16% es monotributista  ( la mayoría cobrando sus honorarios por día trabajado ) . Así mismo, el 11% mencionó que ningún miembro de su familia tenía trabajo y el 1% que afirmó tener empleo en relación de dependencia, y por lo tanto seguir percibiendo ingresos a pesar del confinamiento, mencionó que este ingreso era insuficiente para sostener a su grupo familiar. Como panorama general solo el 18.1% tiene algún miembro de su familia que puede generar ingresos durante la cuarentena, algunos de ellos de manera insegura dada la crisis sanitaria que estamos atravesando.
El Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró y puso en marcha una serie de Protocolos y Guías de Actuación que regulan la modalidad de abordaje del delito: el Protocolo para la detección temprana de situaciones de Trata de Personas en pasos fronterizos; el Protocolo para la detección temprana de situaciones de Trata de Personas en controles vehiculares en rutas; y la Guía orientativa para la recepción de denuncias sobre el delito de Trata de Personas en dependencias de las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos Policiales.
Con respecto al segundo eje, mayormente se presenta la dificultad para acceder a tratamientos oncológicos, y tratamientos por enfermedades tales como VIH, diabetes o problemas neurológicos. En estas situaciones, la falta de DNI también se presenta como el principal obstáculo, ya que muchas veces los Hospitales realizan los estudios, diagnostican, y refieren que no pueden continuar con el tratamiento correspondiente porque no hay quien lo financie si la persona no posee documentación Argentina o acceso a obra social.
Argentina se caracteriza por ser un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Según las estadísticas del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, aproximadamente la mitad de las víctimas son de nacionalidad argentina  ( trata interna ) , mientras que la otra mitad son extranjeras  ( trata internacional ) . Entre 2008 y mediados de 2019, el 49% de las víctimas fueron argentinas  ( 7.151 personas ) , mientras que el otro 51% fueron extranjeras  ( 7.354 personas ) .
En cuanto al tercer eje, muchas personas migrantes refieren no poder acceder a los medicamentos indicados, porque los bancos de medicamentos de los efectores de Salud no disponen de estos, o porque sólo cubren ciertos medicamentos y otros no, lo cual a veces se decide de forma arbitraria. Asimismo, un gran porcentaje de la población migrante está inserto en el trabajo informal, por lo cual no pueden acceder a obras sociales que cubran la compra de medicamentos, o los tratamientos de salud. Esto se agrava en el actual contexto de ASPO debido a la pérdida de fuentes de trabajo o dramática reducción de ingresos económicos que en cierta manera obligan a las personas a priorizar la compra de bienes y posponer o suspender la compra de medicamentos que, en otras circunstancias, se encontraban a su alcance.
En lo que respecta a salud mental, cabe señalar que el contexto inédito de pandemia y aislamiento evidenció un alto grado de vulnerabilidad, en la salud de las personas migrantes y refugiadas, requiriendo atención específica. Contabilizamos en seguimiento al día de hoy 26 situaciones
El Ministerio de Seguridad identificó y derivó 49 casos de trata de personas  ( 33 con fines de explotación laboral y 16 con fines de explotación sexual ) . Se procesó a 106 personas sospechosas de desempeñarse como tratantes  ( 71 por trata de personas con fines de explotación sexual, 19 con fines de explotación laboral, 8 por ambas, y 8 por matrimonio forzado ) . Fueron condenados 71 tratantes en 48 casos  ( 30 por trata de personas con fines de explotación sexual y 18 con fines de explotación laboral ) 13
En torno a las dificultades en el acceso a la atención de salud, en su mayoría se relacionan con la negativa de la atención por no poseer documentación Argentina, lo cual incumple con la Ley Nacional de Migraciones nº 25.871. En el actual contexto de ASPO, esta dificultad presenta la particularidad de que, al no estar habilitados los turnos en consultorios externos, recurrir a las guardias hospitalarias, es la única alternativa para acceder a la atención de salud por primera vez. En algunos casos, esta dificultad se complejiza ante la necesidad de tramitar un permiso de circulación para llegar hasta la institución.
Desde el Servicio social de CAREF estamos en articulación con organizaciones como Tzedaka y OIM, que disponen de bancos de medicamentos, o recursos para garantizar la medicación necesaria. Se articula también con los servicios sociales de los efectores de salud, a fin de que se cumpla La Ley de Migraciones y la norma constitucional, y se garantice el derecho a la salud sin distinción de la condición migratoria y garantizando el tratamiento igualitario y sin discriminación a todas las personas migrantes.
En 2018, el Programa de Rescate asistió a 1.531 víctimas de trata de personas  ( mayoritariamente con fines de explotación laboral, pero también sexual ) , 12 de ellas de nacionalidad venezolana. Por su parte, el Ministerio de Producción y Empleo identificó a 215 personas en áreas rurales, con evidencia de haber sido víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. El Ministerio de Seguridad identificó 786 víctimas de trata de personas  ( 542 con fines de explotación laboral, 173 con fines de explotación sexual y el resto con fines no especificados ) , en su mayoría extranjeras. Por su parte, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia  ( SENAF )  asistió a 47 víctimas en 20187
El Trafficking in Persons Report de 2019 otorga la calificación más alta a Argentina en materia de esfuerzos y estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Sin embargo, el estudio alerta que no se han destinado fondos suficientes para el Plan de Acción Nacional, ni se ha provisto de asistencia integral y especializada a las víctimas, a mediano y largo plazo.
También se asiste con el retorno voluntario al país de origen en el caso de personas mayores de 18 años extranjeras que así lo deciden  ( en algunos casos, en coordinación con la OIM ) , y se acompaña en el retorno a los niños, niñas y adolescentes. En estas situaciones se realiza la articulación con los organismos correspondientes del país de origen.
En una segunda etapa, se orienta la asistencia hacia la reconstrucción del proyecto de vida. Se continúa con la atención profesional social, psicológica y médica, y se propone el desarrollo de acciones recreativas, culturales, artísticas, la reinserción educativa, la capacitación laboral y el apoyo económico para actividades generadoras de ingresos. La asistencia se inicia sólo a partir del expreso consentimiento de la persona damnificada.
Entre las iniciativas de prevención, se puede mencionar campañas, edición de publicaciones, y capacitaciones15. Por ejemplo, la campaña de difusión y prevención “Se trata de vos' se propuso unificar un mensaje para todo el país, que se replicó en aeropuertos, afiches, pasos de frontera y con la participación de ONGs en el Consejo Federal.
En este país actualemente residen aproximadamente 145.000 personas venezolanas. Más allá de las residencias otorgadas por criterios ordinarios  ( relación laboral, reunificación familiar, etc. ) , a las personas venezolanas se aplica el Acuerdo de Residencia para los Nacionales de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR. Además, se extendieron los plazos para la presentación de documentación requerida y se creó un Programa de Asistencia para migrantes y refugiados venezolanos
A comienzos de 2018, el Ministerio de Educación de la Nación resolvió simplificar los trámites para convalidar los estudios universitarios cursados en instituciones venezolanas.
Muchísimas de las personas encuestadas expresaron que su trabajo y sus ingresos habían disminuido drásticamente desde el inicio del confinamiento
Además de las personas encuestadas, se identificaron otras 38 que, en sus mensajes de contacto iniciales, señalaron necesidades perentorias de alimentación, ropa de abrigo, etc. para ellas y sus familias.
Según los datos que arroja #MigrantesRefugiadesEnASPO, el incremento de las consultas a nuestro Servicio Social tuvo como principal protagonista a la población venezolana  aunque no fue la única que se vio afectada por el contexto  y los temas fundamentales de consulta fueron las dificultades para garantizar la alimentación, la falta de empleo y el riesgo inminente de desalojo.
Si bien los esfuerzos del Estado para paliar los efectos de la crisis producida por la pandemia son notables, observamos que aún resta incluir definitivamente a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, quienes están quedando por fuera del alcance de las políticas sociales. Los requisitos ligados a la documentación, los tiempos y tipos de residencia, excluyen a un grupo diverso de personas y de distintas nacionalidades que viven, trabajan, crían a sus hijos/as en nuestro país.
Entre los derechos de las víctimas de trata de personas garantizados por la Ley, se cuentan: recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez; recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada; contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado; la protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley N° 25.764; y la adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica.
Por su parte, el Ministerio de Producción y Trabajo otorga la cobertura del Seguro de Capacitación y Empleo  ( SCyE )  a los trabajadores y trabajadoras que sean víctimas de trata de personas.
Otra normativa relevante en el país es la Ley Nº 27.508, sancionada en junio de 2019, que crea el Fondo Fiduciario para Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas. Esta iniciativa instrumenta el artículo 27 de la Ley Nº 26.842, que establece el destino exclusivo de los decomisos del delito de trata de personas para el resarcimiento a las víctimas. El fondo permite que el dinero en efectivo y el producido de la venta de bienes decomisados en procesos judiciales por el delito de trata de personas, incluso aquellos formalizados por medio del delito de lavado de activos, sean destinados exclusivamente a restituir los derechos de las víctimas. Fuentes gubernamentales entrevistadas afirman que, pese a su reciente sanción, la ley ya ha comenzado a implementarse.
La SENAF brinda atención directa en la restitución de derechos. Sus acciones están dirigidas a proteger los derechos de niños y niñas que atraviesen situaciones críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico  ( víctimas de violencia, trata de personas, tráfico y trabajo infantil ) , promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y comunitario. También brinda apoyo a las víctimas migrantes de trata de personas que deseen retornar a sus países de origen  ( en algunas ocasiones, con el apoyo de la OIM ) .
Por último, el marco legal nacional que se ocupa de las personas refugiadas está establecido en la Ley de refugiados N°26.165, aprobada en el año 2006. Esta Ley puso en marcha a la Comisión Nacional de Refugiados  ( CONARE ) , encargada de decidir sobre las solicitudes de asilo y encontrar soluciones duraderas para las personas refugiadas. La Ley se complementa, además, con un importante número de decretos y regulaciones administrativas que tratan con asuntos específicos  como permisos de residencia, documentación y extradición  en línea con los estándares internacionales en la materia.
En cuanto a la situación de vivienda, la DTM arrojó que el 35,6% de las personas encuestadas convive con dos a tres personas por habitación, mientras que un 11,2% se encuentra en situación de hacinamiento crítico  ( más de tres personas por habitación ) .
Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, en Argentina existen dos grandes rutas de trata de personas: la de la soja y la del petróleo. Las víctimas son captadas en ciertas provincias  ( usualmente del Noroeste y Noreste del país )  y trasladadas a las provincias de cosecha de soja  ( Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe )  o a aquellas donde se produce la explotación petrolera  ( Ushuaia, Chubut y Santa Cruz ) ; en esta última ruta existe una alta prevalencia de explotación sexual de mujeres y niñas.
El Ministerio de Seguridad puso en funcionamiento distintas dependencias especializadas en la detección, persecución y desarticulación del delito de trata de personas: División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, Departamento Anti Trata de Personas de la Gendarmería Nacional Argentina, Unidad Operacional del Control de Narcotráfico y Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y el Departamento Investigaciones de Trata de la Prefectura Naval Argentina
El primer Plan Nacional Bienal  ( 2018–2020 )  de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, contiene 35 medidas, 111 acciones y el involucramiento de más de 50 actores y/o instancias estatales o de la sociedad civil. Entre las acciones principales se encuentran el diseño y desarrollo de campañas masivas de información, capacitación permanente de miembros y funcionarios de los tres poderes del Estado, así como de organizaciones de la sociedad civil; la facilitación para el acceso a las víctimas en planes de empleo, formación y capacitación; el acceso a un alojamiento adecuado para la víctima; la modernización y ampliación de herramientas y dispositivos para la detección de tránsito de personas en pasos fronterizos; y el fortalecimiento de las divisiones federales especializadas.
En Argentina viven cerca de 8.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, la mayoría de ellas, originarias de países de América Latina. Se han encontrado casos de personas refugiadas que han sido víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Por su parte, la Ley de Migraciones Nº 25.871, explicita la pena de prisión para quienes promuevan o faciliten el tráfico ilegal de personas  ( artículos 116 a 121 ) . El artículo 23 de esta ley, en su inciso m ) , establece que se podrá otorgar la residencia temporaria por razones humanitarias a extranjeros que lo invoquen y justifiquen, incluyendo a víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Desde la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social, se llevan a cabo tareas de detección e inspección laboral. Ante la constatación de uno o más indicadores de la posible existencia del delito de trata, el inspector da inmediato aviso a las autoridades judiciales  ( Juez Federal o Fiscal Federal )  y a los Cuerpos Policiales y/o Fuerzas de Seguridad Federales. Asimismo, se solicita, al juez interviniente, la presencia inmediata del Programa Nacional de Rescate, cuya función específica es el acompañamiento y asistencia a las víctimas hasta el momento de la declaración testimonial.
El Programa Nacional de Rescate asiste a las víctimas desde el momento inmediatamente posterior al allanamiento, cualquiera fuera el tipo de explotación al que sea sometida. Se les brinda alojamiento y asistencia médica, psicológica y jurídica, hasta la corrrespondiente declaración testimonial en sede judicial.
En el marco de este programa, se autoriza el ingreso al territorio nacional de ciudadanos venezolanos que porten cédula de identidad o pasaporte vencidos emitidos por Venezuela cuyo, plazo de vencimiento no exceda los dos años. Para el caso de menores de nueve años de edad que ingresen vía terrestre con uno o ambos progenitores, se podrá aceptar excepcionalmente la partida de nacimiento, siempre que no portase cédula de identidad o pasaporte. También se podrán iniciar los trámites de residencia en la categoría temporaria en los casos que presenten documentación de viaje o de identidad vencida cuyo vencimiento no supere los dos años, para acreditar la identidad y la nacionalidad.
Sin embargo, un reciente estudio  ( ACNUR, CAREF, OIM, 2019 )  señala que las personas venezolanas enfrentan dificultades para regularizar su situación migratoria en Argentina. Entre éstas, mencionan las demoras para obtener o apostillar documentos en país de origen, el importante aumento en el costo de la tasa de radicación y la demora en la obtención de los turnos para inicio de trámite. Estas situaciones han llevado a la irregularidad migratoria a miles de personas que no logran reunir los requisitos para su radicación, aumentando así su vulnerabilidad.
En el marco del proyecto “Apoyo al Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas', la OIM, junto al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y la Cancillería, han diseñado una Guía para el abordaje del delito de trata de personas en el ámbito consular, para ser utilizada en capacitaciones en la materia. También se avanzó en conversaciones con el Ministerio de Educación de la Nación para incluir un módulo sobre trata de personas en los contenidos de Educación Sexual Integral que se imparten en escuelas primarias y secundarias del país
La atención a las víctimas de trata de personas se rige por el Protocolo Nacional de Asistencia. El mismo contempla, en una primera etapa de asistencia, brindar refugio, alimentación, vestimenta, provisión de medicación, gestión de documentación en caso de ciudadanos argentinos y regularización de la documentación migratoria en caso de ciudadanos extranjeros. El alojamiento de las personas afectadas por el delito se proporciona en un centro de refugio exclusivo. Asimismo, se brinda atención profesional individualizada en forma integral  ( social, psicológica y médica ) , propiciando la restitución de los derechos vulnerados.
Durante agosto y septiembre de 2019, OIM Argentina realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una ronda de la DTM sobre la población venezolana arribada a Argentina. El 70.9% de las personas encuestadas manifestó que trabaja en la economía informal  ( 48% en el rubro comercio y 35% en el de transporte ) , lo que aumenta las posibilidades de sufrir explotación laboral, por no contar con los derechos que tienen los y las trabajadoras que se encuentran insertas en la economía formal. Por su parte, un 15,6% manifestó encontrarse desempleado. Además, el 57,9% afirmó que en Argentina realiza una actividad laboral más riesgosa para su salud, respecto de la actividad que desarrollaba en Venezuela.
Un estudio acerca de la inserción laboral de profesionales de la salud venezolanos en Argentina21 afirma que en el país, si bien se cuenta con una dotación satisfactoria de profesionales de la salud, la distribución podría mejorarse. Sin embargo, y a pesar del contexto de severa restricción financiera, son varias las provincias que están tomando iniciativas destinadas a la incorporación de profesionales de la salud de nacionalidad venezolana. En este sentido, el estudio subraya el activo rol que juegan las asociaciones de profesionales de la salud venezolanos, quienes han tejido una eficiente red de comunicaciones que nuclea a cientos de profesionales, demostrando su capacidad de gestión al elaborar instructivos para facilitar la consecución de trámites ante diversas instancias ministeriales, establecer contactos con autoridades provinciales, directores de hospitales y asociaciones profesionales locales.
en Argentina, ACNUR implementa junto a sus socios los Puntos de Atención y Orientación  ( PAO )  en dos de los principales puntos fronterizos terrestres donde antes no había presencia. Otros ocho puntos de información son implementados también por la Cruz Roja Argentina con el apoyo de OIM. Importante resaltar que en Argentina muchos de estos servicios son brindados por distintas instancias del Estado, lo cual también potencializa su sostenibilidad.
La irregularidad es una falta administrativa, no es un delito, las personas que ingresan de forma irregular no pueden regularizarse. Las y los venezolanos una vez en el territorio pueden pedir asilo y recibir un certificado de residencia precaria que les permite trabajar y estudiar. En puntos fronterizos, se reporta históricamente tráfico de drogas y presencia de gestores que les cobran por hacer los trámites llamados “paseros'. Hay también rumores de cobros indebidos por parte de algunas autoridades.
En cuanto al ingreso en la frontera Bolivia Argentina, se reportan algunos inconvenientes por la falta de documentación o requisitos para tener la salida regular de Bolivia como requisito para el ingreso a Argentina en un contexto de un control migratorio integrado. Las personas que desconocen estos trámites se quedan en la frontera  ( lado boliviano )  o son regresadas a La Paz – Bolivia, donde reciben el apoyo de organizaciones como la Pastoral Social  ( existe un ejemplo de caso emblemático de 2019 de un grupo familiar de 11 personas sin apoyo que tuvieron que pasar la noche en la intemperie en la frontera y luego regresaron a La Paz ) . Varios casos fueron obligados a regresar a La Paz para tramitar un documento  ( certificado de nacionalidad )  para niños y niñas en el consulado venezolano. A diciembre 2019, el mayor número de ingresos se registra por el aeropuerto internacional  ( 60% )  y un porcentaje menor  ( 40% )  por la frontera. Las personas venezolanas que llegan por vía terrestre, muchas veces lo hacen “a dedo' y se quedan trabajando en distintos puntos de la ruta hasta llegar a la provincia de destino.
ARGENTINA Un informe publicado por el sistema de las Naciones Unidas en la Argentina en junio determinó que, si bien la respuesta del país a la emergencia de COVID 19 ha sido eficaz, es probable que los efectos económicos de las medidas preventivas para contener la propagación de la enfermedad lleven a una economía ya en recesión a una crisis, ya que se prevé que el producto interno bruto disminuya en más del 8% este año. El informe presenta un panorama muy sombrío, ya que 11 millones de argentinos dependen actualmente del Estado para la seguridad alimentaria y la pobreza infantil podría aumentar del 53 al 58,6%. La crisis de COVID 19 ha exacerbado en gran medida la vulnerabilidad y la discriminación hacia los menos protegidos de la sociedad, poniendo de relieve profundas desigualdades económicas y sociales que requieren una atención urgente como parte de los esfuerzos de respuesta y recuperación, incluidos los niños y adolescentes, los ancianos, los pueblos indígenas, las personas refugiadas y migrantes, en situación de pobreza, con discapacidad y la comunidad LGBTIQ+.
En Argentina, el PNUD ha desarrollado una campaña de redes sociales que promueve las finanzas inclusivas. #PlataSinBanco explica las alternativas actuales para retirar dinero de un cajero automático local, incluso sin una tarjeta de débito o cuenta bancaria. Este programa apoya el esfuerzo de Emergencia de Ingresos Familiares del gobierno nacional para ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, entre otras medidas. El PNUD también se asoció con los laboratorios regionales de innovación a través de un Hackathon virtual, reuniendo a más de 800 socios y 2.000 propuestas para hacer frente a COVID 19.
El 20 de agosto, 150 venezolanos varados en Argentina que tenían un pasaje de la aerolínea Estelar partieron hacia Venezuela. El vuelo de repatriación fue autorizado por las autoridades venezolanas
Un 92% de las personas encuestadas manifestó sentirse seguro en el área o comunidad donde reside, y solo un 21% manifestó sentirse solo o socialmente aislado en Argentina
Que, asimismo, se habilitó a la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a iniciar los trámites de residencia de los nacionales de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA en la categoría temporaria en los casos que presentaren documentación de viaje o de identidad vencida cuyo vencimiento no superare los DOS  ( 2 )  años a partir del dictado de la norma, para acreditar identidad y nacionalidad.
Que por la Disposición DI 2019 520 APN DNM#MI, el entonces Director Nacional de Migraciones autorizó el ingreso al Territorio Nacional de ciudadanos venezolanos que portaran Cédula de Identidad o Pasaporte vencidos emitidos por la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA cuyo plazo de vencimiento no excediera los DOS  ( 2 )  años, a partir del dictado de dicha norma, o partida de nacimiento para el caso de menores de NUEVE  ( 9 )  años de edad, que no portaran ninguno de los instrumentos anteriormente mencionados.
Que las recomendaciones contenidas en los instrumentos hasta aquí enumerados representan los más altos estándares internacionales y regionales de protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y de las personas migrantes en general, siendo asimismo la REPÚBLICA ARGENTINA un país líder en la región y en el mundo en garantizar el pleno ejercicio de los mismos.
{cerca de 2 millones en 2019 de migrantes que aun tienen sus familias en Venezuela} Del total de emigrantes reportados en la ENCOVI 2019, el 54% corresponde a hombres. El 57% son jóvenes de entre 15 y 29 años. En cuanto al nivel educativo, el 15% de los migrantes venezolanos tiene hasta estudios primarios, el 51% tiene estudios de educación media, el 11% cuenta con educación técnica y el 23% tiene estudios universitarios
Efectos de la COVID 19 en las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector salud s  ( en Argentina, las trabajadoras de la salud realizan 3,6 horas diarias de trabajo doméstico no remunerado, y los hombres, 2,6 ) , más aun tomando en cuenta que el 48% de las trabajadoras de la salud en Argentina son jefas de hogar  ( 41% en el resto de trabajadoras )  y el 54% tiene a cargo personas menores de 18 años.
De acuerdo con información proporcionada por ASOMEVENAR, 752 de los 1.667 profesionales en medicina de la asociación  ( el 45% )  han convalidado sus títulos entre 2018 y 2019 y tienen licencia para ejercer  ( aunque en 2020, la cifra de quienes han revalidado se ha reducido ostensiblemente a 32 ) . Entre tanto, 700 de los 1.557 enfermeros y enfermeras que integran su asociación  ( también el 45% )  convalidaron su título y están trabajando
Argentina, en febrero de 2018, empezó a reconocer los títulos como si hubiera un acuerdo de reciprocidad entre los dos países, a pesar de que este no existe, lo cual eliminó el requisito de la apostilla y aceleró la gestión, al descentralizar la convalidación en diferentes universidades públicas de cada una de sus provincias
La situación en la frontera noroeste de Argentina con Bolivia sigue mostrando un flujo constante de personas refugiadas y migrantes venezolanas que llegan a la ciudad de La Quiaca  ( Jujuy ) . La mayoría de ellos están en cuarentena y esperan permisos de residencia. Unos 39 venezolanos solicitaron asilo en Argentina durante febrero a través de La Quiaca.