nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
El país encara la pandemia desde una situación fiscal compleja. La sostenibilidad fiscal, condición necesaria para un mayor crecimiento económico y bienestar social, se ha visto comprometida por bajos ingresos tributarios y un crecimiento acelerado del gasto corriente.
Luego de repetidos intentos por pasar
una legislación para corregir estos desbalances, en diciembre de 2018, el país aprobó la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuya implementación exitosa lograría disminuir el déficit del
Gobierno Central  ( GC )  y estabilizar la trayectoria de la deuda en el mediano plazo. La reforma ha
comenzado a implementarse gradualmente y ya han empezado a materializarse algunos resultados. Por
ejemplo, la formulación del Presupuesto 2020 cumplió con la aplicación de la regla fiscal mientras que
al 1er trimestre de 2020, el déficit primario se ubicó en su nivel más bajo en una década. Sin embargo, en
2019, el déficit primario y financiero alcanzaron 2,8% y 6,9% del PIB, respectivamente, obedeciendo en
parte, a la desaceleración de la economía, la cual cerró en 2,1%, mientras que la deuda pública, que se ha
duplicado en la última década, continúa con una tendencia que superaría el 60% del PIB en 2020. Las
necesidades de financiamiento sobrepasan 10% del PIB para el corto y mediano plazo, con más del 37%
de la deuda total venciéndose al 2023. Esta situación recientemente derivó en una reducción de la
calificación crediticia soberana25, lo cual elevará los costos de financiamiento y el riesgo de
refinanciamiento del país en el corto y mediano plazo.
El Gobierno ya ha anunciado medidas para la reactivación, entre las que destacan:  ( i )  inyección de recursos para capital de trabajo por US$1.580 millones  ( 2,5% del PIB )  para créditos con tasas preferenciales;  ( ii )  programa de inversión pública por US$5.250 millones  ( 8,5% del PIB )  entre 2020 2021 para generar 109 mil empleos directos;  ( iii )  agilización de trámites;  ( iv )  impulso del proyecto de ley para modernizar el INA y para reducir las jornadas flexibles;  ( v )  programa para la atracción de nuevas inversiones y negocios  ( cultivo de cáñamo, atracción de pensionados extranjeros, creación de un hub de bienestar y ciencias de la vida ) ; y  ( vi )  programas de apoyo a las PYMEs, al agro y al turismo mediante plataformas que acerquen oferta y demanda.
El COVID 19 ha interrumpido los esfuerzos de consolidación fiscal que venían implementándose y deteriorará aún más la sostenibilidad de las finanzas públicas. El FMI prevé un aumento del déficit primario, de 2,8% del PIB en 2019 a 3,7% en 2020 mientras que el déficit financiero pasará de 7,0% a 8,7%. Este resultado contempla la implementación de medidas compensatorias26 para aumentar los ingresos tributarios en 2020. Sin estas medidas, el déficit financiero pudiera alcanzar casi 10% del PIB. Por otra parte, se espera que el gasto corriente pase de 14,9% del PIB en 2019 al 16,4% en 2020 debido a la atención de requerimientos médico sanitarios y de mayores transferencias a los hogares27 aun cuando se ha decretado un congelamiento nominal de los salarios en el sector público y cancelación de pluses por este año.
Mejorar el clima de negocios y el marco de competencia es clave para aumentar la competitividad. La burocracia es el factor más problemático en el clima de negocios para el desarrollo de empresas33 y la disparidad en la digitalización de los organismos públicos, así como los plazos que demandan los trámites complejos obedecen a debilidades regulatorias e institucionales del gobierno digital y a la limitada interoperabilidad de los sistemas entre agencias. De igual forma, existe un gran número de mercados y sectores que están exentos de la aplicación de la Ley de Competencia, lo que se acompaña de numerosas exenciones vigentes, en detrimento de los consumidores
El COVID 19 impactará negativamente el aparato productivo de Costa Rica, esperando una contracción en todos los sectores de la economía en 2020. Entre los sectores más afectados están la industria de comida y entretenimiento y el turismo, que caerá casi 50% en 2020, así como el transporte público, que ha tenido una reducción del 80% de la demanda38, lo cual generará una reducción del empleo de 52%, pasando de 211,000 empleos en 2019 a 101,280 este año39. A nivel de empresas, se estima que las micro, pequeñas y medianas  ( MIPYME )  serán las más afectadas mientras que 42,3% de los trabajadores se encuentran en sectores en riesgo de pérdida de empleos40, afectando principalmente a las mujeres, cuya tasa de participación laboral  ( 45% )  es 29 p.p menor que la de los hombres  ( 73,8% ) .
En lo inmediato, la reactivación del sector productivo dependerá del manejo sanitario del espacio
laboral mediante el desarrollo de protocolos específicos para cada sector. Para ello, como se ha
planteado ya en la discusión nacional, se requerirá de pruebas de laboratorio que identifiquen las
localizaciones geográficas con el mayor número de personas sanas, distinguiendo entre grupos de edad
y regiones42.
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Costa Rica presenta un atraso en materia de infraestructura de aproximadamente 35 años y su mejora
y mantenimiento constituyen un desafío para potenciar el desarrollo productivo y la competitividad
del país. La inversión pública en infraestructura en los últimos años fue de 1,0% del PIB43, lo que contrasta
con las necesidades existentes. El estado de la infraestructura de logística y de transporte, así como la
gestión y falta de la urgente modernización de los pasos fronterizos incrementan los costos de
transporte entre 4% y 12%44, afectando a las principales cadenas de valor que requieren rutas específicas
para llegar de los nodos de producción al principal nodo de consumo local  ( GAM ) , y a los nodos de
consumo regionales e internacionales. Un reto adicional es la resiliencia al cambio climático de dicha
infraestructura ante la intensificación de eventos climatológicos extremos que generan pérdidas
humanas, físicas y financieras.
El COVID 19 está teniendo un impacto importante en los sectores de infraestructura. La caída en la demanda por algunos servicios públicos, la falta de pago, el hacer frente a diferentes planes de crédito para el pago del servicio y la falta de recursos para financiar capital de trabajo ha significado dificultades financieras para las empresas del sector
El estado actual de la infraestructura de telecomunicaciones puede mejorarse para apoyar la
transformación digital, la mejora del clima de negocios y la innovación. La penetración de la banda
ancha fija se ubica ligeramente por encima del 10%, en línea con el promedio de AL, aunque por debajo
de Uruguay  ( con casi 25%, líder en AL )  y la OCDE  ( 28% ) 48. La cobertura de redes de última milla fijas y
móviles presenta bajas velocidades de conexión comparada con países de la OCDE
Si bien Costa Rica ha tenido un desarrollo social relativamente exitoso dentro de América Latina, se hacen evidentes las señales para renovar el contrato social. La pobreza se ha mantenido persistentemente en alrededor de 20% de los hogares en las últimas décadas y es explicada por una combinación de factores, entre los que destacan los rezagos educativos en secundaria y bajo rendimiento escolar; retos en la calidad de la educación y su impacto en las trayectorias educativas de las jóvenes; la falta de pertinencia en la educación técnica; y las diferencias en el acceso a servicios sociales. La desigualdad en la distribución del ingreso ha aumentado, tendencia vinculada a una mayor informalidad, limitadas oportunidades de trabajo de alta calidad y persistencia de altos salarios en el sector público.
Costa Rica El sistema de seguro público y privado de Costa Rica está destinado a proporcionar cobertura universal, aunque no necesariamente a los migrantes. Los inmigrantes en situación regular pueden acceder al sistema de seguridad social, que proporciona seguro de salud a través del empleo formal, pero los migrantes en situación irregular  ( que no tienen autorización de trabajo )  no pueden acceder al sistema. El seguro privado  ( “voluntario' )  está disponible para cualquier persona, pero es costoso comprarlo para quienes viven con el salario mínimo, y muchos migrantes tienen aún menores ingresos.
a mayoría de los migrantes en situación regular, ya sea con residencia temporal o permanente, pueden
obtener documentos que autoricen su empleo formal. No obstante, esto no incluye a los migrantes que solo
tienen un permiso para transitar un país o estar en el país como turistas. Sin embargo, hay más variación
de país a país en las oportunidades para los solicitantes de asilo.
Esos artículos facilitarán la aplicación del Protocolo Intersectorial de Organización y Funcionamiento de los CCP para prevenir el contagio en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid 19, paso necesario antes de proceder a la reapertura. La donación de UNICEF  que tuvo lugar en las instalaciones del CCP en Guararí  contribuirá a facilitar el trabajo de las municipalidades que administran las edificaciones, incluye: 3.447 mascarillas quirúrgicas desechables. 3.275 caretas elástico ajustable, esponja en la parte frontal. 3.500 mascarillas reutilizables  ( 1 paquete por persona ) : cubre bocas con una capa de polipropileno. 15 termómetros infrarrojos. 24 galones de alcohol en gel con concentración de más de 70%. 12 lavamanos de pedal.
Los mercados laborales de la región se caracterizan por un grado
relativamente alto de empleo informal. Incluso entre los trabajadores 
nativos, más del 40 por ciento trabajan informalmente, como se muestra en el Gráfico 5. El nivel de empleo
informal entre los migrantes en la mayoría de los países receptores de la región es aún mayor, en parte
debido a su necesidad de obtener cierta documentación oficial para poder trabajar formalmente.198 El
PEPFF de Colombia  ( explicado en la Sección 2.B. )  trata de contrarrestar la probabilidad de que los migrantes
venezolanos se encuentren en el sector informal, ofreciendo regularizar a aquellos que han recibido una
oferta de contratación laboral formal  ( una estrategia que tal vez otros países podrían considerar ) . Sin
embargo, estos esfuerzos deben incluir medidas fuertes para prevenir la explotación laboral.
Incluso si los migrantes pueden obtener autorización de trabajo, algunos empleadores no confían en la
legalidad de los documentos o no entienden cómo manejarlos. Este es el caso especialmente cuando tales
documentos o permisos se han creado recientemente, como en los casos de PEP y PTP, o cuando la mayoría
de los empleadores no están familiarizados con ellos, como con la documentación para solicitantes de asilo
Harvesting of the 2020 predominantly rainfed main season paddy crop was completed in September. Production is expected to remain at a below average level due to the continuous contraction in plantings over the past ten years, following farmers' shift to more remunerative horticulture crops.
Cereal imports in the 2020/21 marketing year  ( July/June )  are anticipated at a record high level of 1.47 million tonnes. The high level of imports is due to the rising demand for yellow maize by the domestic feed sector. Imports of wheat grain and flour are also forecast at high levels reflecting the sustained demand for human consumption.
En 3 de las 6 provincias se registró un aumento de los homicidios dolosos en comparación al mismo semestre del año anterior
Nueve de cada 10 empleos creados se dio en el sector informal: signo de la precariedad laboral. El 70% de los nuevos ocupados informales son mujeres.
Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores. Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados. Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.
UNICEF pone a disposición del MEP apoyo técnico y financiero para el logro de los objetivos planteados, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Programa de Cooperación de UNICEF en Costa Rica para el quinquenio 2018 2022. “UNICEF está concentrado en seguir apoyando a Costa Rica en el cumplimiento de los derechos de todas las niñas y los niños en el país. Tenemos claro que hay que abordar urgentemente los efectos de la pandemia del Covid 19, apoyando los esfuerzos del MEP, para que las familias tengan seguridad de que sus niños, niñas y adolescentes accedan, permanezcan y completen su desarrollo integral en la educación preescolar, primaria y secundaria, acorde con sus necesidades, potencialidades y entornos interculturales', señaló Gordon Jonathan Lewis, Representante de UNICEF. Áreas de trabajo. El acuerdo impulsa directamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible #4, para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Se divide en cinco áreas de acción, que incluyen: Atención a la emergencia por COVID19. Fortalecimiento de la lectoescritura en primer ciclo e infancia temprana. Reducción de la exclusión educativa en primaria y secundaria a nivel nacional. Fortalecimiento de los sistemas para la atención de situaciones de emergencia en centros educativos. Facilitación del acceso y calidad de la educación por medio del fortalecimiento de la pedagogía hospitalaria.
Costa Rica, a través del Programa Bono Proteger, permite que trabajadores migrantes en situación migratoria regular y de bajos ingresos, que actualmente se encuentran sin fuentes de ingreso o no están inscritos en ningún otro programa de protección social, reciban un ingreso básico para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de sus hogares y mitigar el impacto socioeconómico de la emergencia sanitaria. Además, con su programa Empléate, esta población podrá acceder a cursos de formación presenciales o en línea y aumentar las posibilidades de insertarse en el mercado laboral cuando el país empiece a recuperarse de la crisis.
Costa Rica es un Estado que forma parte de los principales convenios internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos de las personas refugiadas. El país es reconocido por su amplia trayectoria de protección a las víctimas del desplazamiento forzoso y por esto cuenta con un sólido marco legal que favorece la integración local de las personas solicitantes de la condición de persona refugiada, refugiadas y en riesgo de apátrida en el país. De manera general, esta población cuenta con los mismos derechos sociales, económicos y culturales de las personas costarricenses. No obstante, siguen existiendo desafíos para poder acceder en igualdad de oportunidades a opciones de trabajo digno, vivienda, educación, servicios de salud, entre otros
Protección Está dirigido a hogares “jefeados' por mujeres, con personas dependientes, adultas mayores o en situación de discapacidad, que no estaban cubiertos por otros programas del Estado. A diferencia del Bono Proteger, dirigido a personas afectadas laboralmente por el Covid 19, este subsidio tiene como requisito estar en situación de pobreza. Busca contribuir con esta población a cubrir sus necesidades básicas. El Instituto Mixto de Ayuda Social  ( IMAS )  depositó a 23.700 familias un subsidio extraordinario por 100 mil colones, cuya condición de pobreza y conformación les hace vulnerables frente al impacto socioeconómico causado por la emergencia del COVID 19.
El 85.5% de la población estudiada habita en una casa o en un cuarto alquilado, mientras
que el 10.3% lo hacen en una casa o cuarto donde no pagan alquiler, solamente el 1.7%
indica habitar en una casa propia. Un desglose más detallado de a quién pertenece el
lugar, se muestra en la gráfica 6.
El programa es liderado por la Fundación Parque La Libertad y el Viceministerio de Juventud con el apoyo técnico y financiero de la Fundación Costa Rica   Estados Unidos de América para la Cooperación  ( CRUSA )  y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  ( UNICEF Costa Rica ) . El trabajo conjunto contribuye con los esfuerzos del país por impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, algo que se vuelve aún más necesario en tiempos en que la pandemia del Covid 19 ha afectado los diferentes espacios de interacción entre las personas, siendo los jóvenes una de las poblaciones más afectadas por los cierres de los centros educativos.
Las razones por las cuales huyeron de Nicaragua, se reflejan en el gráfico 16. El 31.6% de las personas entrevistadas señala que sufrieron amenazas de agresión o muerte; el 31.2% indica que tuvieron que enfrentar persecución; el 9% fue inducido a huir por la falta de trabajo en Nicaragua; otro 9% en razón de la ausencia de recursos económicos; el 7% porque le quitaron todos sus bienes a raíz de las crisis del año 2018; el 5% por discriminación ideológica  ( rechazos por el simple hecho de pensar diferente y de tener posturas políticas distintas o adversas a las del Gobierno actual ) ; el 3% sufrió algún tipo de tortura y cerca del 2% por violencia de género.
La incidencia de las condiciones de salud de las personas
analizadas y personas cercanas a ellas se detallan en el
gráfico 9. El 46% de los entrevistados indica padecer
de una enfermedad crónica o permanente. El 21.4%
manifiesta que su esposo/a o compañero/a presenta
algún tipo de enfermedad permanente.
Cifra idéntica se presenta en cuanto a hijo/as de las
personas entrevistadas que representan el 21.4% de los
casos. El 14% señala que alguno de sus padres presenta
un padecimiento crónico o permanente. Finalmente,
el 8.5% indica que otros familiares  ( abuelo/as y otros ) 
padecen de alguna enfermedad crónica. En cuanto al
tipo de enfermedad, la mayormente mencionada es la
hipertensión o enfermedades del corazón  ( 17% ) , luego
el asma  ( 12.3% )  y Artritis – Reumatismo – Osteoporosis
– y enfermedades de los huesos  ( 11.5% ) ; la diabetes
 ( 8.5% ) , dolor de espalda, columna y/o lumbar  ( 7% )  y
alergias  ( 7% ) .
El 70% de las personas sujetas de estudio no tienen trabajo. Consecuentemente el 30% restante indica que sí lo tiene, sin embargo, de este 30% que afirma tener trabajo, el 66% posee un trabajo ocasional, informal y mal remunerado y el 23% básicamente se desempeña en una iniciativa propia o independiente. En cuanto a la subdivisión por género, solamente el 32.8% de los hombres indica tener trabajo, en el caso de las mujeres baja al 27% de las encuestadas que manifiestan tener algún tipo de trabajo. En ambos casos, el trabajo es ocasional, informal y mal remunerado. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el 70% indica realizar trabajo de servicios domésticos, mientras que en el caso de los hombres el 38.5% indica desempeñarse como guarda de seguridad y el 30.8% en construcción o ayudante eléctrico4. A lo anterior debemos agregar que el 54% de las personas indica que su jornada de trabajo es esporádica  ( 31% )  o por horas  ( 23% ) ; solamente el 20% de las personas encuestadas manifiesta contar con trabajo de tiempo completo. El 5.7% indica trabajar un cuarto de tiempo y otro 20% señala una jornada de medio tiempo. Trabajos esporádicos pueden ser encontrados principalmente en las actividades de construcción y arreglos, servicios domésticos, servicios de cuido, trabajos de costura, entre otros
El acceso a la educación superior es un tema complejo, debido a las dificultades de homologación de títulos académicos. Mientras que el acceso a vivienda digna también es muy reducido, debido a los altos costos y las situaciones precarias de algunas zonas y asentamientos. Existe discriminación y sentimiento xenófobo en Costa Rica, principalmente hacia la población nicaragüense. Falta de información clara sobre la oferta de apoyo a refugiados o solicitantes de refugio, sobre el derecho a pedir refugio, la tramitología necesaria, el derecho a la salud, el derecho y la obligatoriedad de la educación  ( principalmente de menores ) . Tal y como se ha señalado en este estudio, la necesidad de empleo es una de las principales preocupaciones que deben resolverse, también es menester solventar la necesidad de acceso a salud, la educación y la vivienda digna.
La fuerza de trabajo  ( personas ocupadas + desempleadas, de 15 años y más )  creció un 12% en el último año  ( 259.145 personas más, y de estas, el 64% son mujeres, el 25% son jóvenes y el 79% son de la Región Central del país ) .
Despite the changes in the context of forced displacement in the region, Costa Rica maintains its tradition of respecting human rights and of providing safety to refugees
According to the most recent data from the General Directorate for Migration and Foreign Affairs  ( DGME ) , during the first nine months of 2019, 26,835 asylum claims have been formalized. However, this number refer only to those people who have formalized their claim before the Refugee Unit of the DGME; if people who have been assigned appointments to file their claim are to be considered, the number will surpass 70,000
Costa Rica plays a significant role as a country of asylum for people from all displacement situations in the region. Hence, the quantity of formal asylum claims has increased by 44.4% between 2013  ( 958 )  and 2014  ( 1,384 ) , by 59.2% between 2014 and 2015  ( 2,203 ) , by 102.9% between 2015 and 2016  ( 4,470 ) , by 41.8% between 2016 and 2017  ( 6,337 )  and by 341.7% between 2017 and 2018  ( 27,993 ) .
The Costa Rican government has reiterated its commitment
with ensuring assistance, response and integration of asylum
seekers through the implementation of the Protection and
Solutions Response to Refugees in Costa Rica  ( MINARE –
MIRPS national plan ) . The country makes these efforts with
the strong conviction that the protection and integration of
refugees is a responsibility shared with the international
community, and that the efforts made by the Costa Rica will
be rewarded with a robust and predictable technical and
financial assistance. This will enable the country to enhance
best practices and offer solutions that will benefit both
refugees and their hosts.
b. Optimization of interinstitutional coordination. MINARE integrates institutions of different sectors within its institutional structure. This diversity of actors seeks to ensure the comprehensiveness of the response to asylum seekers and refugees. Nonetheless, this multiplicity also hinders interinstitutional coordination and communication for the articulation of actions. The creation of the technical team includes a representation of different ministries that have a direct role in the response to people with international protection needs; however it does not include all the relevant institutions implementing the MINARE. Hence, it is necessary to establish constant communication mechanisms with institutions that do not form part of the technical team, so to ensure they receive technical support in moving forward with their commitments
a. The strengthening of the structures of MINARE. The administration of Alvarado Quesada  ( 2018 – 2022 )  entailed a period of appropriation of the implementation of MINARE. Even during the second year of the national chapter, which coincides with the second year of the administration, adjustments have been made to the structures that take part in the implementation of MINARE. This responds to the changes in focal points identified within the public administration. These changes have impacted both the technical team – which has been in charge in followingup with the implementation of the commitments – and the Executive Committee – which is comprised by five ministers involved in the response to refugees. This has required a period of familiarization with the processes and dynamics of the implementation of MINARE. During the reporting period, coordination and communication mechanisms for the technical team have been institutionalized, in a manner that ensures they are not dependent on the changes of the public administration. Similarly, the Executive Committee has met on several occasions to discuss political issues affecting MINARE.
Alvarado Quesada, considering guaranteeing access to human rights for people with international protection needs is a commitment made through the MINARE. However, the national reality imposes challenges in guaranteeing the sustainability of the State's response – particularly in terms of employment and fiscal reform. The sustained increase in the number of asylum claims during the past years – particularly of Nicaraguans – has exerted pressure over the Costa Rican institutions and makes necessary to adapt its capacities to assist and integrate people within national systems. Thus, technical and financial cooperation strategies must be advanced to strengthen the institutions' capacities to prove timely and comprehensive assistance for refugees.
UNHCR distributed cleaning kits, blankets and soap to approximately 70 Nicaraguan households in and around the Costa Rican capital, San José, and along the country's northern border with Nicaragua. Since September, 477 households in dire need on account of the coronavirus crisis have received cash support, bringing the total thus far this year to 2,740 households.
For most refugees and asylum seekers, food security continues to be among their primary concerns. Over 840 inquiries to UNHCR's
Information Centre in Costa Rica demonstrate that refugees and asylum seekers are having a hard time keeping themselves and their
families fed. Those who have tested positive for COVID 19 and have been issued a health order that prevents them from from working
or buying food are particularly hard hit. Di_x001e_culties in paying rent and fear of eviction were also common worries among those who
contacted the Information Centre. For many, cash support is nothing short of a lifeline – their only means of covering their basic needs.
Retail prices of black beans were stable in September for the second consecutive month due to improved market availabilities from the first minor season harvest. As of September, prices were nearly 10 percent higher year on year after the upsurge in the previous months when retail demand soared amidst the COVID 19 pandemic. Prices of maize were mostly stable GIEWS global information and early warning system on food and agriculture throughout the year reflecting adequate imports.
Un factor importante para derribar barreras tiene que ver con el nivel de información que se brinda tanto a la población en general como a las empresas, ya que existe un alto grado de desconocimiento sobre la realidad, derechos y potencialidades de la población refugiada. Esto se ve reforzado por los estigmas y estereotipos que se tienen acerca de la persona refugiada, ya que muchos los ven como una amenaza, vinculados a temas de seguridad ciudadana. Culturalmente se les aparta y se les mira con temor, principalmente debido a ese desconocimiento casi generalizado.
La creación de casi 170 mil empleos en el último año fue insuficiente con respecto a la cantidad de personas que salieron a buscar trabajo.
A lo anterior se agrega la ausencia de oportunidades laborales a nivel local por la poca calificación de la mano de obra, unida a la baja productividad de la agricultura campesina  ( actividad preponderante en manos de pequeños productores )  y los bajos ingresos que reciben de la misma, llevan a buscar salidas con una visión de corto plazo. Particularmente, varios de estos pequeños propietarios han optado por vender sus parcelas y convertirse, sea en asalariados de las grandes empresas agroindustriales de la zona, migrar hacia la costa pacífica a trabajar en el sector de la construcción, o a otras zonas en busca de nuevas oportunidades
Una de las principales barreras que enfrentan los refugiados, desde la perspectiva empresarial, surge por el desconocimiento que tienen en dicho sector sobre los derechos que tiene los refugiados o solicitantes de refugio para ser contratados o desarrollar su propia iniciativa empresarial, para desempeñarse individualmente o de forma encadenada como proveedor en la cadena de valor. Existe la percepción por parte de los empresarios que una persona refugiada no puede ser contratada o desarrollar una relación de negocio, dado su estatus.
Una solución inmediata para acceder a empleos en el sector de alimentos y bebidas se encuentra en servicios que no requieren de elevada escolaridad ni preparación, tales como servicios de apoyo en el proceso de preparación  ( provisión de insumos, compras, transporte, almacenamiento ) , proceso de elaboración  ( logística interna, elaboración de alimentos, control de calidad de procesos, servicios de mantenimiento, servicios de limpieza y servicios de apoyo administrativo ) , y proceso de distribución  ( logística externa, empaque, transporte, apoyo administrativo y de mercadeo ) .
Se observa una clara desinformación sobre la temática, la normativa y la política migratoria en general alrededor del refugiado. Por parte de la persona refugiada también existe un desconocimiento y desinformación sobre las reglas y reglamentos, el mercado laboral o empresarial, la institucionalidad del país, los servicios que brinda y como tener acceso a ellos
Según la clasificación mundial de competitividad del World Economic Forum  ( WEF ) , Costa Rica representa el 0.07% del PIB global; con un ingreso per cápita anual de $ 11.7 miles; un promedio de crecimiento de su producción en términos reales de un 3.3% para los últimos 10 años y una importancia del 39% del consumo de energía renovable dentro de su matriz energética.
El marco de servicios de apoyo a la persona refugiada se limita en muchos casos a solventar su situación migratoria, lo cual se ha convertido en una de las grandes barreras para su inserción. Por tal motivo, el marco de la política migratoria, en la práctica, debe ampliar su visión y cobertura hacia la verdadera inserción de la persona refugiada o solicitante de refugio.
Por su parte, los que indican tener una oferta dirigida a la persona refugiada señalan que ésta primordialmente está enfocada en solucionar aspectos relacionados con la normalización del estatus legal como refugiado de esas personas. Fundación Mujer agrega que como parte de su quehacer busca la incorporación de estas personas al mercado laboral, ya sea por medio de capacitaciones y/o acompañamiento para desarrollar habilidades blandas para la empleabilidad, u otras habilidades que les permitan desarrollar alguna iniciativa emprendedora.
Aunado a lo anterior, la persona empresaria muchas veces no contrata o establece relación comercial con estas personas, pues tiene la percepción  ( inclusive temor )  de que la persona refugiada o solicitante de refugio no permanezca mucho tiempo en el país y, por lo tanto, para la persona empresaria representa un riesgo en contratarla o firmar un acuerdo comercial, capacitarla e invertir tiempo y recursos que luego se perderían en caso que la persona refugiada no permanezca en Costa Rica.
“El 72.9% de los trabajadores extranjeros de sexo masculino se desempeña en los siguientes grupos ocupacionales  ( desagregación a dos dígitos, entre paréntesis el número de trabajadores ) : a. Peones agropecuarios, pesqueros y forestales  ( 29.436 ) . b. Oficiales y operarios de la construcción excluyendo electricistas  ( 14.743 ) . c. Peones de la minería, construcción, industria y transporte  ( 10.475 ) . d. Vendedores  ( 10.032 ) . e. Personal de los servicios de protección  ( 7.899 ) . f. Oficiales y operarios de metalurgia, construcción, mecánica y afines  ( 4.990 ) . g. Operarios y oficiales trabajadores del procesamiento de alimentos, confección, ebanistas, otros artesanos y afines  ( 4.805 ) . h. Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles  ( 4.751 ) . i. Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al mercado  ( 4.288 ) . j. Trabajadores de los servicios personales  ( 4.063 )
Con excepción de la Dirección General de Migración y Extranjería, ACNUR o las Agencias Socias  ( RET, Fundación Mujer, HIAS, etc. )  o aquellas que tienen o han tenido una relación directa con estas organizaciones, la mayoría indica que los programas, proyectos o acciones que desarrollan tienen un carácter más general para poblaciones vulnerables  ( enfocadas hacia el desarrollo humano, disminución de la pobreza y acciones de subsistencia ) , pero no necesariamente dirigidas de manera exclusiva a las personas refugiadas o solicitantes de refugio
Otras barreras tienen que ver con el plazo que se requiere para normalizar su situación legal, que en muchos casos tarda mucho más de los términos establecidos. Esto se une a los trámites burocráticos y a los costos transaccionales involucrados en los procesos de tramitología.
El servicio doméstico continúa siendo una opción viable como empleo en “hogares privados', sin embargo, este tipo de trabajo requiere condiciones de empleo más claras, registradas y del alcance de la legislación laboral. Este tipo de puesto laboral permite trabajar a tiempo completo o parcial; puede trabajar para una sola familia o para más empleadores; puede vivir en el hogar del empleador. Las labores principales, que pueden ser alcanzados por los refugiados o solicitantes de refugio en el corto plazo, son: limpieza, lavado y planchado, cocina, cuidar de niños adultos mayores, mantenimiento y arreglos, cuido de jardines. En estos casos, la persona estará prestando sus servicios directamente a la familia.
En Costa Rica existen durante los últimos años, una serie de convenios, proyectos y decretos  ( que involucran el MTSS y otras instancias ) , apoyando a la generación de ingresos económicos, ya sea por medios propios o mediante la inserción laboral en empresas tanto públicas como privadas
El marco legal y de política debe sufrir ajustes para simplificar la tramitología, disminuir los costos y facilitar la inserción de los refugiados y sus hijos. Si bien existe una base legal importante, debe instrumentalizarse efectivamente para pasar “del papel a la práctica', garantizando la equidad de oportunidades para formación, educación y acceso a servicios, según la opinión de algunos de los entrevistados.
A corto plazo se pueden generar actividades productivas  ( emprendimientos )  en la preparación de alimentos para ventas locales o ambulantes, servicios de entrega en moto o bicicleta, servicios de outsourcing en administración contabilidad mercadeo, servicios de limpieza. Otros servicios relacionados como el transporte y logística en vehículo  ( requiere normalización de licencia de conducir ) , suministro de insumos y materiales como proveedor, el apoyo administrativo contable, servicios de comunicación y promoción pueden derivar en servicios más sofisticados que en el mediano y largo plazo pueden servir para emprendimientos.
Programa Nacional de Empleo, una iniciativa que busca “apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en riesgo de pobreza y en pobreza, otorgando una ayuda económica temporal por su incorporación en proyectos de interés comunal, procesos de capacitación o el apoyo de grupos de personas con ideas o proyectos productivos'.
Las opiniones de las personas entrevistadas se enfocan hacia la necesidad de garantizar la estabilidad económica y social del país en general. Siempre garantizando los servicios básicos de salud y educación como pilares del desarrollo.
El sector de comercio al por mayor o al por menor puede generar trabajos en el corto plazo, tales como los servicios de entrega y de mensajería, los puestos de ayudante en ventas, labores de bodega  ( almacenamiento y empaque )  y servicio de limpieza, en general. Otras actividades relacionadas al sector, como por ejemplo los servicios de back office, servicios de post ventas, servicios de transporte y de mensajería, requieren más requisitos de preparación y conocimiento y solicitan títulos de nivel técnico o académico; por lo tanto, pueden ser alcanzados por ellos a mediano o largo plazo. Dependiendo del tamaño y complejidad de las empresas, la contratación puede ser más rápida y menos estructurada o más lenta, pasando por un proceso de reclutamiento y contratación estructurado y respaldado legalmente.
Convenio marco de Cooperación entre la Asociación Empresarial para el Desarrollo  ( AED )  y el MTSS. El convenio tiene por objeto reforzar la vinculación entre el MTSS y AED, para promover el desarrollo de las personas y las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad mediante programas y/o Servicios Públicos de Empleo, en alianza con el sector productivo del país.
En ese sentido, los aspectos legales no se deben circunscribir solamente a los trámites migratorios, sino deben abarcar las posibilidades de incorporación e inserción a los mercados laborales y empresariales, con programas efectivos de acompañamiento y capacitación direccionados en el marco de sectores productivos potenciales de desarrollo.
Además de la asesoría legal para su estatus migratorio y otros derechos relacionados, se debe orientar a los emprendedores sobre cuáles son los aspectos básicos para la creación de una empresa formal, en cuanto a la legislación, trámites legales, seguridad social, licencias, registros y patentes, aspectos fiscales y labores, estructura, aportes, registro PYME ante el MEIC y sus ventajas y desventajas, etc.
Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Media Empresa y a la Movilidad Social  ( PRONAMYPE ) : promueve el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Planificación Económica, Nacional y Política, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Los principales obstáculos para la empleabilidad y la empresariedad se resumen a continuación: 1. Los servicios de apoyo al refugiado se limitan en muchos casos a solventar su situación migratoria, lo cual se ha convertido en una de las grandes barreras para su inserción. 2. El proceso implica la obligatoriedad de tener los papeles legales vigentes, lo cual a veces es complejo para las personas que abandonaron su país, muchas veces, sin documentos originales ni probatorio de su condición. 3. Limitado conocimiento por parte del sector empleador sobre los derechos y potencialidades de la persona refugiada y limitado acceso a información legal pertinente.
Limitada información y espacio sobre verdaderas oportunidades de empleo en el mercado 5. Limitada asesoría y limitado acceso a información relevantes para iniciar un negocio, tales como, tendencias y potencial de mercado, oferta institucional especializada, trámites y requisitos para crear una empresa. 6. Limitada información y acceso a fuentes alternativas de financiamiento  ( capital de trabajo para iniciar un negocio ) .
Asesoría contable Se brinda apoyo básico para que el emprendedor inicie sus fundamentos básicos en el registro de sus entradas y salidas; adquiera conocimientos básicos sobre su situación contable y organice y controle sus operaciones en cuanto a costos e ingresos básicos de su iniciativa o emprendimiento. Además, se brinda apoyo para que aprenda a interpretar los reportes financieros y valore su situación financiera por medio de análisis básico financiero.
Actividades productivas que pueden generar ingresos a corto plazo, tales como: elaboración y ventas de artesanía y manualidades en lugares públicos frecuentados por turistas; reparto de comidas preparadas en restaurantes y cafeterías; venta ambulante de bebidas y comidas  ( agua de pipa, jugos, helados, comidas de consumo rápido ) ; prestación de servicios de asistencia a los visitantes  ( suministro de información sobre los viajes, actividades de guías de turismo, actividades de promoción turística, servicios de traducción ) ; venta de servicios de entretenimiento y eventos culturales y deportivas a hoteles, restaurantes, parques, parque central de centros urbanos, etc., presentando obras de teatro, espectáculos de danza y musical, actividades deportivas; actividades de restauración de obras de arte en lugares turísticos  ( iglesias, museos, centros culturales ) ; servicios de mantenimiento y cuido de jardines y reservas naturales frecuentadas por turistas; servicio de cuido de personas y bienes; alquiler de bicicletas y equipos de deporte.
Entre otros, se distinguen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  ( MTSS ) , institución que brinda apoyo y asistencia laboral en el país. En el campo de la capacitación y desarrollo de competencias se encuentra el Instituto Nacional de Aprendizaje  ( INA ) , con programas de capacitación y formación técnica y vocacional, las Universidades Públicas, con programas de formación, extensión y apoyo en investigación y desarrollo en general. En lo que respecta a los derechos y mejora de la calidad del trabajo para mujeres encontramos al Instituto Nacional de las Mujeres  ( INAMU ) . En lo relacionado con los servicios de apoyo como por ejemplo el cuido de menores, los CEN CINAE cumplen una función fundamental. En lo que respecta a las ferias de empleo, esta tarea recae en las cámaras empresariales, el MTSS, principalmente. En cuanto a la educación y formación también encontramos al Ministerio de Educación Pública  ( MEP ) , las Universidades  ( públicas y privadas )  y el CONARE como ente rector de universidades públicas.
Campañas informativas con afiches y volantes de prevención sobre COVID 19, en alianza con las autoridades migratorias y de salud para desarrollar y distribuir volantes y afiches en idiomas español, inglés y francés para puntos de ingreso y tránsito de personas migrantes. Los afiches brindan información sobre medidas higiénicas y sanitarias según las directrices del Ministerio de Salud. A manera de recuento: hasta junio se imprimieron 3,000 volantes y 1,545 afiches, los cuales se han distribuido en: CATEM norte y CATEM sur, Puestos fronterizos, Centros Municipales para Migrantes  ( CMM ) , Paradas de buses, DGME, Gobiernos locales. Los afiches fueron publicados en las redes sociales de OIM, y otras instituciones.
Apoyo a la DGME en la elaboración de un Protocolo de zonas para atención de eventuales nuevos solicitantes de refugio sin domicilio y personas migrantes sin domicilio que viajen en condiciones de vulnerabilidad en el marco de la emergencia nacional COVID19. Coordinación con UNICEF, ACNUR, y PANI, Además, se desarrolla Anexo a dicho protocolo, que contemple la atención especial que el país debe garantizar a personas menores de edad  ( PME )  no acompañadas o separadas.
In Costa Rica, the government declared a state of national emergency on March 16th, suspending all classes in educational institutions. Cash transfers for children were maintained and food services were transformed for home consumption. The government also signed a directive prohibiting cuts to water services.2
The first case in Costa Rica was registered on March 6th, and the first death on March 18th. On
March 15th, the closing of bars and restaurants, and on March 16th, a state of national emergency was
declared, schools were closed as well as national parks. On March 18th, theaters and cinemas were
closed for the weekend. On March 23rd, the Ministry of Health orders to close businesses at 8 pm on
weekends. On March 24th, the government order to prohibit the circulation of vehicles from Monday to
Thursday from 10 pm to 5 am, and from Friday to Sunday from 8 pm to 5 am, except for those in charge
of deliveries of medicines and food. Total closure of beaches until further notice. As of May 1st, and due
to the decrease in the curve of active cases, the Government had begun to reopen some activities such
as gyms, beauty salons, mechanical workshops with limitations. On May 12th, began to reopen. On the
1st of July, when the country was in phase 3 of this plan, the government had to go back on some
restrictions due to increasing infections. In the last weeks, the authorities have been applying
restrictions, closings and opening of activities by districts or cantons.
Costa Rica does not have unemployment insurance, but, like other countries, does have
indemnization for laid off workers. With prior authorization by the Ministry of Labor, companies can
temporarily suspend workers. Costa Rica has non contributory cash transfer programs for the elderly
and disabled, as well as two conditional cash transfer programs directed at children: Avancemos, for
secondary school children in poverty, and the new Crecemos  ( established in July 2019 ) , directed at preand primary school children in poverty.200 The monthly cash transfers of Avancemos range between
C30,000 and C40,000, depending on school grade;201 and for Crecemos is a fixed amount of C 18.000 per
child. Together, they now reach over 400 000 children, 29% of all children.202
At the same time, the government announced tax relief and exhorted companies to anticipate vacations before requesting suspensions.222 On March 19th, the government announced a one billion colón Protection Plan  ( Plan Proteger ) , equivalent to 3% of GDP, to, among other measures, provide income support to workers who were laid off, suspended, or had their work hours reduced, including the self employed. In contrast to the measures taken by other countries, this plan included support to formal, informal, and self employed workers in the same package. Elements of the plan required congressional authorization. On March 21st, Congress approved a law that authorized the reduction of work hours and a corresponding reduction of salaries, up to 50% for companies with a decrease of 20% in their income compared to the previous year, and up to 75% for companies with a decrease of 60% in their income, for three months, and extendable twice.223 The Social Security Institute also reduced and postponed social security payments for workers with a reduction in hours.224 Labor unions expressed their disconformity with the reform, arguing it benefited companies over workers.
The Costa Rican government, uniquely for the region, formulated an income protection package that included formal and informal workers on equal terms. On March 27th, the president announced the government's intention to present to Congress a plan  and a budgetary request  to provide economic assistance for three months to 375 000 families who had lost labor income.227 The government proposed a solidarity tax for those with higher incomes to help with the financing of this plan, but met with legislative opposition.2
En cuanto a violencia intrafamiliar,
durante el primer semestre del 2020 se
registraron 9,200 personas imputadas
en casos de violencia intrafamiliar. En
promedio, se registraron 1.533 casos al
mes según datos del Ministerio de
Seguridad Pública.
De las personas encuestadas empleadas en Costa Rica, el 74% indicó que tienen trabajo formal, y el 25% cuenta con trabajo informal. El 40% que está en el sector informal trabaja en comercio.
En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas. El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado. Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.
Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.