nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Adicionalmente, al interior del resguardo, 294 personas  ( 89 familias )  ubicadas en las comunidades más alejadas del territorio, fueron desplazadas hacia la comunidad de Zabaletas, a orillas del río Esmeralda, y posteriormente confinadas  ( ver Tabla No. 2 ) . Al respecto, entre el 10 y 12 de mayo, se realizó una misión humanitaria por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación hacia el resguardo, con el fin de verificar la situación y tomar la declaración por el desplazamiento masivo y confinamiento en la comunidad de Zabaletas3. Estos hechos victimizantes se generaron por las afectaciones en la protección de las comunidades y por las restricciones a la movilidad, dados los continuos combates entre la Fuerza Pública y el Grupo Delictivo Organizado  ( GDO )  que hace presencia en la zona. En consecuencia, se ha limitado el acceso a bienes y servicios, hay dificultades para el abastecimiento de alimentos, la atención primaria en salud, el acceso a fuentes de agua, entre otros. A lo anterior, se suma la contaminación con minas antipersonales  ( MAP ) , lo que impide a la comunidad ejercer sus actividades de caza, pesca y agricultura.
La emergencia y crisis humanitaria que ha impactado a estas comunidades actualmente, ya han sido advertidas por la Defensoría del Pueblo en las Alertas Tempranas AT No. 005 de 2018 y 054 de 2019. Estas se han materializado en los desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas, como consecuencia de las constantes amenazas y hostigamientos contra líderes indígenas y campesinos, homicidios selectivos, extorsiones, restricciones a la movilidad y reclutamiento forzado de niños, niñas y/o adolescentes, además de múltiples constreñimientos a las libertades, entre otras conductas ejercidas por los grupos armados no estatales.
A su vez, la policía ha privado de la libertad a más de5.500personas sobre la base de una disposición legal que le permite “trasladar' a una persona a un “centro asistencial o de protección' para “su protección' o la de terceros. Human Rights Watch documentó múltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la policía empleó la figura de “traslado por protección'.
Desde el 8 de mayo, al menos 2.270 personas, 529 familias de las comunidades afrodescendientes de Fugiadó  ( 110 personas ) , Noamaná  ( 320 personas ) , Puerto Murillo  ( 362 personas )  y Santa María la Loma  ( 188 personas ) , y las comunidades indígenas Embera de Macedonia  ( 404 personas ) , La Unión  ( 406 personas )  y La Lerma  ( 480 personas )  en el municipio Medio San Juan, se encuentran confinadas debido a combates cerca de la comunidad de Noamaná y por la instalación de minas antipersonal  ( MAP )  por parte de un Grupo Armado Orgnizado  ( GAO )  cerca de las zonas de cultivo de estas comunidades.
• El aumento de lluvias durante el mes de mayo de 2021 provocó el desbordamiento del río Igaraparaná y sus principales afluentes, generando inundaciones en la zona no municipalizada de La Chorrera  ( Amazonas ) , y afectando al menos 1.400 personas  ( 350 familias )  ubicadas en el centro urbano. Alrededor del 95% de la población afectada  ( 1.330 personas )  son indígenas, pertenecientes a las pueblos Uitotos, Okainas, Boras y Muinanes de 22 comunidades  ( Capitanía, Cordillera, Indostan, Lago Grande, Menaje, Mue, Nativa, Ocaina, Petani, Providencia, Providencia Nueva, Puerto Milán, Raicille, Remanso, Sabana, San Francisco, San Martín, Vega San Miguel, San Antonio, Santa Rosa, Soledad y Vista Hermosa ) .
El Pacto Mundial sobre Refugiados destaca la importancia de una mayor responsabilidad y carga compartida. Sin embargo, cuando se trata de acoger a personas refugiadas, la carga no se comparte por igual. Esto queda claro cuando se compara la cantidad de personas desplazadas a través de las fronteras con los niveles de ingresos nacionales. Según la clasificación del Banco Mundial,56 los países de ingresos altos solo acogen el 17% de las personas desplazadas a través de las fronteras, como en años anteriores. Los países de ingresos medios altos, entre ellos Turquía, Colombia, la República Islámica de Irán, el Líbano y Jordania, acogieron el 43% de las personas desplazadas a través de las fronteras al final del 2020, mientras que los países de ingresos medios bajos acogieron otro 18% y los países de ingresos bajos, un 22%.
El Valle del Cauca tiene el 5,12% de la población refugiada y migrante venezolana en Colombia. Más de 59 mil ciudadanos del vecino país están radicados en esta ciudad, y de ellos, el 66,7 % espera beneficiarse con el Estatuto Temporal de Protección para migrantes Venezolanos  ( ETPV ) .
El director general de la Policía, General Jorge Luis Vargas, dijo a Human Rights Watch que no se enviaron policías vestidos de civil a operativos de control de multitudes ni para detener a manifestantes. Sin embargo, Human Rights Watch corroboró videos que muestran que policías vestidos de civil detuvieron a manifestantes que estaban bloqueando una autopista en Cali el 17 de mayo.
El 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportó que había recibido quejas en contra de miembros de la Policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal. Las organizaciones de derechos humanos colombianashan informadosobre más casos. Human Rights Watch documentó dos casos de violencia sexual por parte de policías contra manifestantes.
Human Rights Watch también documentó 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones. Una víctima, Elvis Vivas, de 24 años, murió en un hospital después de recibir una golpiza brutal por parte de policías.
El director de la Policía Nacional afirmó que el sistema disciplinario se encuentra desbordado por procedimientos relacionados con cuestiones menores que, según señaló, retrasan el avance de las investigaciones por infracciones graves. El director afirmó que estaba trabajando en una reforma orientada a mejorar los procesos por infracciones graves y transferir los casos sobre “graves violaciones de derechos humanos' a la Procuraduría, un organismo que debe ser independiente.
Thousands of social leaders have been threatened by these groups, and since 2016, more than 500 have been assassinated as a result of their work.
Se ha informado que al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas. El 4 de junio, la Fiscalía indicó que había localizado a 304 de esas personas. En algunos casos, quienes las reportaron como desaparecidas no sabían que estas personas habían sido detenidas.
The end result? With each additional killing of a social leader, Colombia's grasp on peace becomes more tenuous.
For the communities they leave behind, the death of a social leader often means an end to the fight for peace: neighborhoods are cowed into silence, voluntary coca substitution efforts are abandoned, the push to secure fundamental rights is halted, and violent actors reassert control over entire communities.
Ante esta situación, desde Fedesarrollo realizamos un cálculo alternativo de la pobreza rural y nacional, que consiste en tomar como deflactor de la línea de pobreza rural la variación del IPC de hogares pobres  ( +2,27% ) . Los resultados muestran que, si el costo de vida en la ruralidad hubiera aumentado en consonancia con el IPC de hogares pobres, la pobreza rural se habría ubicado en 46,8% en 2020, casi 4 puntos porcentuales por encima de la cifra reportada por el DANE  ( 42,9% )  y en línea con el deterioro del empleo y los ingresos laborales en el sector rural.
Una bebé recién nacidamurió el 23 de mayoluego de que los manifestantes bloquearan la ambulancia que la trasladaba entre Cali y Buenaventura.
En desarrollo del Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió laResolución 777 del 2 de junio de 2021, en la cual establece las condiciones para la reactivación de las actividades económicas, sociales y las que están a cargo del Estado, entre ellas una fundamental y es la prestación del servicio educativo. El retorno seguro a clases presenciales en las Instituciones Educativas es una prioridad de salud pública para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y por ello se adelanta con el protocolo de bioseguridad para toda la comunidad educativa y se constituye en la principal meta de corto plazo en la gestión de las Secretarías de Educación de los departamentos, distritos y municipios y del Ministerio de Educación Nacional.
Por su parte, la priorización en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19 que realizó el Gobierno Nacional para que todos los directivos docentes, los maestros y el personal logístico y administrativo de los colegios oficiales y privados del país puedan ser inmunizados, ha permitido que desde la última semana de mayo se adelante un proceso de vacunación masivo del personal que labora en las Instituciones Educativas y permitirá que entre junio y julio estén inmunizados con segunda dosis todo el personal del Sector Educativo. Esto genera las condiciones de tranquilidad y confianza para maestros, familias y en general la comunidad educativa para el retorno a la presencialidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Casos de abusos cometidos durante protestasocurridas en 2019y 2020motivaron peticiones, incluyendo por parte de Human Rights Watch, de que se realizara una reforma policial.
A través del Fondo Solidario para la Educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 de 2020, el Gobierno Nacional asignará recursos adicionales, que se sumarán a los ya destinados a través de programas para el acceso y permanencia como Generación E, y otros programas del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, que permitirán que los estudiantes de programas de pregrado de las IES públicas, a lo largo del país, cuenten con gratuidad en el valor de la matrícula a partir del semestre entrante, durante el 2022, y se trabaja para lograr que sea una política permanente, que beneficie a los jóvenes más vulnerables del país.
Con el fin de lograr que todos los establecimientos educativos oficiales y privados retornen a la prestación del servicio educativo de manera presencial, con plena observancia de las normas de bioseguridad previstas por la autoridad en salud del país con la Resolución 777 de 2021, el Gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional,emitió orientacionesa los gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, jefes de Talento Humano, directivos docentes, docentes y comunidad educativa para la prestación del servicio de educación de manera presencial.
Las mujeres migrantes venezolanas que residen en Colombia enfrentan mayores retos para insertarse al mercado laboral y generar ingresos que los hombres. Estas se ven afectadas poraltos niveles de desempleo, bajas tasas de ocupacióny obstáculos para integrarse a la economía del país.
“La precariedad en la generación de ingresos laborales y medios de vida de las migrantes venezolanas se puede apreciar en la combinación de su mayor participación y desempleo:participan más en búsqueda de ingresos, pero no obtienen empleo', escribió el Dane.
Estaban haciendo unas cinco casas más, aparte de las dos que ya entregaron, pero esto es desde hace unos dos o tres meses. Cuando el presidente llega acá a Providencia ellos solo van a las pocas viviendas que han pintado y maquillado. Al lado de donde vivo hay una señora de 74 años, a la que supuestamente le arreglaron la casa. Cuando llueve tiene que correr con vasijas para sacar el agua y arrinconar todo para que no se le moje. Así está la mayoría de las personas. Lo que están haciendo es maquillar las casas, hay unas a las que la pintura ya se les está pelando.
La gente sigue viviendo en unas carpas que además no sirven. Cuando llueve uno se moja. En el día hace un calor infernal, entonces tampoco podemos estar adentro ni afuera. En la noche luchamos con la brisa y el viento que ya volvieron con la temporada de huracanes.
Los datos de ocupación también evidencian los retos de la población para insertarse al mercado laboral: 67,8 % de los hombres que arribaron al país en los últimos 12 meses están ocupados, indicador que es del 34,5 % para las mujeres. En tanto a aquellos que llegaron hace más de un año, en hombres ese número se ubica en 61,8 % y en mujeres se sitúa en 38,3 %.
La protección y los derechos integrales de las niñas y adolescentes refugiadas y migrantes no se están garantizando. Según el estudio de Plan International,Niñas Venezolanas: Voces de la Migraciónrealizado en Colombia, Ecuador y Perú, las violaciones, el abuso, el acoso y la explotación sexual comercial infantil se encuentran en la cima de las vulneraciones expresadas por las participantes de la investigación.
Lasmujeres migrantes recientes ocupadas, en su mayoría, trabajan en el sector servicios, en actividades de alojamiento y servicios de comida  ( 33,4 % ) ; actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  ( 23,4 % ) ; y actividades de comercio y reparación de vehículos  ( 22,9 % ) .
Según las voces de niñas y adolescentes, los prejuicios y estereotipos que se les asignan  ( promiscuidad, sexualmente dispuestas a lo que sea, migran para prostituirse )  hacen que las personas vean sus cuerpos como un objeto a disposición, aumentando su vulnerabilidad, frente a las Violencias Basadas en Género, incluyendo la violencia sexual.
El 27 de mayo, la Corte Suprema abrió unprocedimientoformal para determinar si el gobierno había incurrido en un desacato.
Entre los hallazgos más importantes que encontró el estudio están que: el 50 % de las encuestadas reportó sentirse insegura en las calles de los tres países; el 21 % y el 13 % de las niñas y adolescentes, respectivamente, ha atestiguado situaciones de violencia, abuso sexual o agresiones verbales en contra de sus pares.
El informe detalla que la tasa de participación laboral de las mujeres migrantes recientes es del 52,8 %, mientras que la de los hombres llega al 79,1 %. En tanto a los migrantes no recientes, ese indicador fue del 48,1 % en mujeres y 70,7 % en hombres.
Un4,5 % de las mujeres ocupadas migrantes recientes son trabajadoras familiares sin remuneracióny esa proporción se ubica 3,2 % para los hombres ocupados migrantes recientes.
El 69,8 % de las mujeres afirmaron que la situación en su hogar empeoró en el contexto de la pandemia, proporción que para el caso de los hombres fue del 65,1 %. Un 25 % de las mujeres y 17,2 % de los hombres consultados para ese estudio dicen no tener ingresos.
El estudio, que fue realizado por Plan International con 452 niñas y adolescentes refugiadas y migrantes de Venezuela entre los 10 y los 19 años de edad residentes en Colombia, Ecuador y Perú, evidencia cómo el ser niña y migrante exacerba la Violencia Basada en Género  ( VBG )  que se suma a la xenofobia, generando riesgos más altos de lo habitual para las niñas y adolescentes migrantes.
El derecho a la educación también se ve afectado; casi un tercio  ( 28 % )  de las niñas y adolescentes migrantes está fuera de los sistemas educativos, y las que consiguen ingresar, sufren discriminación debido a su nacionalidad.
Entre las diferentes dificultades para acceder a educación, están: la falta de documentación necesaria  ( 20 % ) , la falta de cupo en la institución educativa  ( 20 % )  el embarazo temprano  ( 15 % )  y a esto se suman otros factores como la falta de recursos económicos, el tener que trabajar, entre otros.
El estudio también revela que el 40 % de ellas no accede a servicios de salud. De otro lado, el 19 % de las adolescentes mayores de 15 años, afirmó estar o haber estado embarazada y la edad promedio del embarazo fue de 16 años.
“La precariedad se ve reflejada también en la generación de recursos sólo para la subsistencia: losporcentajes de personas que no pudieron ahorrar es superior al 60 % para los migrantes de corto plazo en ambos sexos', enfatizó el Dane.
“Uno de los retos más grandes que hemos identificado es el acceso  a los medios tecnológicos para que la población migrante pueda hacer su proceso de registro al Estatuto", sostuvo Lina María Rojas, coordinadora de la  Pastoral para los Migrantes, de la Arquidiócesis de Cali, quien añadió que han encontrado muchas dificultades  en el registro para iniciar el proceso de regularización.
En Bogotá, Medellín y Bucaramanga no hubo un efecto de las protestas sociales en el incremento de la tendencia del número de casos de COVID 19. No obstante, en Bucaramanga los resultados sugieren que hubo un incremento en el nivel de casos no explicable solamente por la tendencia general de los datos previos al inicio de las protestas, por lo que la explicación alterna apunta hacia las protestas sociales.
Finalmente existen otros datos preocupantes que revela el estudio sobre la salud alimentaria y el derecho de las niñas y adolescentes refugiadas y migrantes a la nutrición: el 52% de las niñas a manifestado que, a veces se ha sentido preocupada por no tener comida y el 44% reporta que se ha acostado alguna vez con hambre. Algunas reconocen que han tenido que recurrir a la mendicidad o a pedir alimentos desechados, en diferentes tipos de mercados.
Legisladores estadounidenses también se han pronunciado sobre la violencia en las protestas y los abusos que se están produciendo en Colombia. En una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, 55 miembros del Congresopidieronal gobierno de Biden que denunciara los abusos que se están produciendo y suspendiera la asistencia directa a la policía de Colombia tras los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Biden han emitido pronunciamientos ambiguos e insuficientes sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en medio de los disturbios.
El 28 de mayo, el presidente Iván Duqueordenóel despliegue de 7.000 soldados hacia Valle del Cauca y otros siete departamentos, la mayoría de ellos destinados a Cali, para imponer el orden y acabar con los bloqueos de carreteras realizados por los manifestantes.El ejército colombiano, formado y entrenado durante 60 años de conflicto armado contra las guerrillas, no está preparado para enfrentarse a ciudadanos angustiados y desesperados en las calles de las grandes ciudades.El peligro de que las tropas recién desplegadas puedan agravar la situación y cometer aún más abusos contra los derechos humanos, es muy alto. Se trata de un despliegue muy arriesgado.
El gobierno de Iván Duque y los representantes del comité del paro cívicodeben reunirse de inmediato para proteger el derecho a la protesta pacífica y deshacer los bloqueos de las carreteras, de manera que se pueda avanzar en un diálogo constructivo en torno a las 15 peticiones presentadas por el comité. En particular, monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia Católica en el apoyo al diálogo,ha reiteradola necesidad de una negociación productiva entre el gobierno y el comité del paro cívico.
Este silencio del gobierno estadounidense se da incluso en medio de una solicitud de asistencia extranjera de Colombia emitida el 28 de mayo para 2022, que incluye aproximadamente US$140 millones en nueva asistencia para la policía.WOLA reitera su llamado para que se suspendan todas las ventas de equipos antidisturbios de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de Colombia, y para que se suspenda la asistencia estadounidense en forma de financiación a la Policía Nacional de Colombia, debido a la alta probabilidad de que dicha asistencia pueda ser utilizada indebidamente mientras las tensiones siguen aumentando.
A nivel regional, el Departamento Administrativo de Gestión del Riego de Antioquia  ( Dagran )  informó que, durante el fin de semana,13 municipios del departamento reportaron eventos asociados a la temporada de lluvias como deslizamientos e inundaciones. “Se recomienda a los 125 concejos municipales de Gestión de Riesgo continuar alertas, y a las comunidades que viven en zonas de riesgo, ya sean en zonas de alta pendiente o en zonas aledañas a a quebradas, estar pendientes a los diferentes cambios en momentos de altas precipitaciones.', indicó el director del Dagran, Jaime Enrique Gómez Zapata.
Experiencias previas muestran que la concurrencia de multitudes no necesariamente implica aumento en el numero de casos, siempre que sean en espacios abiertos y con adecuadas normas de bioseguridad. En España, por ejemplo, la conclusión luego de un multitudinario concierto musical, fue que era posible tener aglomeraciones sin incrementos significativos en el número de contagios posteriores. Por ello, como investigadores nos preguntamos sobre el efecto de las protestas sociales del Paro Nacional en medio de la tercera ola de la pandemia. Escogimos las grandes ciudades donde se han presentado protestas sociales masivas: Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, como los lugares donde se podría evidenciar más fácilmente el efecto. Luego decidimos usar dos aproximaciones estadísticas para análisis de datos de series de tiempo, dado el reto metodológico de la hipótesis a explorar. Una fue la de análisis de series de tiempo interrumpidas y la otra la de los modelos ARIMA del número de casos diarios definidos por la fecha de inicio de síntomas. Para ambos abordajes usamos el número de casos diarios confirmados definidos por la fecha de inicio de síntomas desde el 1 de marzo hasta el 15 de mayo de 2021, según el registro de la base de datos del Instituto Nacional de Salud con corte a junio 5.
Estos resultados no quieren decir que las aglomeraciones de personas no tienen efecto sobre el contagio, sino que el riesgo de contagio no es igual en todas las poblaciones ni en todas las condiciones. Las aglomeraciones de personas, especialmente en lugares cerrados y mal ventilados, han demostrado incrementar el riesgo de contagio, por lo cual nuestra invitación es a evitar cualquier tipo de aglomeración pública o privada en este momento de la pandemia.
Por esto es necesario comprender el alcance de la información científica, su dependencia del contexto y del abordaje científico usado. Mucho más si de su utilización derivan procesos de gestión pública o fines políticos. En consecuencia, es un deber social que quienes han afirmado y generalizado sobre la responsabilidad de las protestas sociales en la ocurrencia de casos de COVID 19 revisen sus discursos a partir de estos resultados y eviten generalizar. Existen otras condiciones en las ciudades que pueden explicar la magnitud de los casos que se registran actualmente relacionados con la debilidad de las acciones en salud pública, la relajación de las medidas preventivas y el incremento de actividades familiares, sociales y comerciales, entre otras.
Que están abandonados por el Gobierno Nacional, que la crisis es insostenible, que ha habido muy pocos avances en la reconstrucción y que no les han cumplido con las promesas hechas tras la tragedia. Estos son varios de los reclamos que llevaron a que el pueblo raizal de Providencia convocara este miércoles a una jornada de movilización en señal de protesta por los retrasos en la atención a los habitantes siete meses después de que el huracán Iota golpeara el archipiélago. Aunque el presidente Iván Duque dijo que a partir de enero de 2021 el proceso iba a tardar solo 100 días, hoy se cumplen 174 y solo han sido entregadas dos casas de las 1.134 que quedaron destruidas tras el fenómeno natural.
En la entrada de Punta Rocosa, muy cerca del aeropuerto, hay una familia que está viviendo toda en un patio. Son ocho casas en total metidas en un espacio muy pequeño. Las ocho casas están en el piso desde hace siete meses y los contratistas, el alcalde, el gobernador, el presidente no son capaces de ayudar primero a esta familia que lo perdió todo para que les demos una casita para que ellos se puedan resguardar ahí. Eso es inhumano. Cuando vemos las cosas así tenemos que alzar la voz. Son personas que están necesitando por lo menos una vivienda. Acá en Punta Rocosa no han levantado ni una sola casa nueva. Tenemos discapacitados, madres gestantes, adultos mayores que se quedaron sin nada y no son capaces de levantarles una casa. Los famosos 100 días del presidente no sirvieron, es un mentiroso. Nuestro alcalde y el gobernador lo mismo, no les importa el sufrimiento de nuestra gente.
as emergencias por confinamiento han aumentado en un 58% en el departamento del Chocó, en dónde más de 15.800 personas han sido confinadas tras amenazas de grupos armados no estatales, enfrentamientos y la instalación de minas antipersonal sobre cultivos de las comunidades.
La Policía colombiana depende del Ministerio de Defensa y con frecuencia ha sido desplegada para combatir a grupos armados junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha hecho que no exista una separación clara sobre las diferentes funciones de estas dos fuerzas. En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas. Asimismo, los policías implicados en abusos a menudoson juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que los agentes respondan por esos abusos dada su tradicional opacidad y falta de independencia.
Human Rights Watch documentó casos de siete personas heridas y tres fallecidas, al parecer como resultado del impacto de cartuchos de gases lacrimógenos.
Solamente se tiene información desagregada por género y edad del 47% de las personas afectadas por desplazamientos forzados, sin embargo, preocupa que el número de niños y niñas afectados sobrepasa en un 16% el número de adultos desplazados, además como indica el mapa, la mayoría de los eventos, tienen lugar en zonas rurales e inclusive dentro de resguardos indígenas, que comprometen la protección de comunidades afrocolombianas e indígenas. •
La Policía indicó que están usando fusiles antidisturbios para disparar cartuchos que contienen entre 12 y 24 bolas que, según dijeron, son de plástico. Human Rights Watch documentó varios casos en los que los manifestantes parecen haber sido heridos por estos proyectiles de impacto cinético.
Human Rights Watch pudo corroborar videos de un vehículo blindado que disparaba lo que parecen ser gases lacrimógenos a los manifestantes esa noche. Autoridades judiciales con conocimiento del caso señalaron que el impacto que recibió Niño en el ojo le provocó la muerte. El 6 de mayo, las autoridades de la justicia militar detuvieron a un policía por cargos de homicidio en relación con este caso.  El 13 de mayo, la Fiscalía solicitó que el caso sea conocido únicamente por la justicia ordinaria. La Corte Constitucional aún no ha dictado una decisión.
Algunas de las víctimas recibieron el impacto de varios proyectiles al mismo tiempo, lo cual sugiere que les dispararon de cerca, dado que estos proyectiles se dispersan a medida que se alejan.
A nivel nacional al menos 27.000 personas se han confinado en 25 eventos reportados. El 44% de éstos, han sido causados tras amenazas de grupos armados no estales y enfrentamientos entre estos grupos, en los que la población se ve forzada a confinarse en medio del fuego cruzado.
La policía colombiana también usó un sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez. Human Rights Watch corroboró videos de su uso en varias ciudades, incluidas Bogotá y Popayán  ( departamento de Cauca ) . Se supone que el sistema lanza los proyectiles con una trayectoria “parabólica'  es decir, hacia el cielo  para evitar que haya un “impacto directo' contra los manifestantes, según indicó la Policía a Human Rights Watchen una carta. Sin embargo, la carta también indica que el Venom puede disparar desde un ángulo de apenas 10 grados, lo cual no permitiría que sea “parabólico'. Human Rights Watch también corroboró varios videos de la policía utilizando el Venom desde el suelo y disparando de forma directa contra los manifestantes en Popayán.
El gobierno de Colombia señaló que varios grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional  ( ELN )  y grupos que surgieron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  ( FARC ) , se habían “infiltrado' en las protestas para cometer actos de vandalismo y atacar a la policía. El fiscal general indicó a Human Rights Watch el 4 de junio que las autoridades habían detenido a 11 presuntos miembros de grupos armados en relación con actos violentos durante las manifestaciones.
Cientos de manifestantes fueron detenidos por la policía y liberados luego de que un juez o fiscal concluyera que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no había evidencias para vincularlos a un delito, según dijo la Fiscalía. Human Rights Watch documentó en detalle 27 casos de personas que parecen haber sido detenidas de manera arbitraria. Fiscales, funcionarios de derechos humanos y abogados de víctimas señalaron que existen decenas de casos más.
En los primeros 6 meses del año se ha presentado el fallecimiento de 5 niños recién nacidos  (  2 horas después del parto ) , lo cual se ha asociado a mal nutrición de las madres durante el proceso de gestación. Las madres de los niños fallecidos no tuvieron control prenatal, ni tampoco han tenido una atención post parto para atención psicológica.
La policía golpeó a Kevin Díaz, de 18 años, y a su novia de 16 años, cerca del Parque Ecológico Sur en Bogotá, mientras regresaban a su casa tras haber visitado la vivienda de la hermana de Díaz, según él relató. La policía y los manifestantes habían bloqueado las calles y la pareja se vio empujada con la multitud hacia el centro de las protestas. Luego quedaron atrapados cerca de una estación de policía donde los manifestantes y la policía estaban arrojando piedras, dijo Díaz. Su novia y él lograron escapar, aproximadamente después de las 9 p.m., y corrieron hacia el parque. Al menos 10 policías en motocicletas los alcanzaron y empezaron a golpearlos. Díaz intentó proteger a su novia. Un agente le apuntó una pistola a la novia de Díaz. Los vecinos empezaron a gritar y los agentes se fueron, explicó Díaz. Human Rights Watch corroboró un video del lugar de los hechos, donde se ve a una mujer que atiende las heridas de Díaz. Otras personas que se ven en el video afirman que es una enfermera. Human Rights Watch también vio fotografías donde se observan las lesiones que presentaba Díaz en la espalda, los brazos, la pierna izquierda y el lado izquierdo del rostro. Su novia no fue herida.
Protección: La comunidad no ha podido realizar declaración oficial de su condición de confinamiento y la persona herida en medio del fuego cruzado, no ha podido declarar los hechos como victima para atención humanitaria prioritaria.
Samuel Rodríguez  ( seudónimo ) , estudiante de 24 años de edad, participó en una protesta durante la tarde del 1 de mayo en el Parque de las Luces, en Medellín. Varios manifestantes estaban lanzando piedras a la policía, que respondía arrojando gases lacrimógenos, refirió Rodríguez. Estaba a casi 200 metros del lugar donde ocurrían los hechos violentos cuando, aproximadamente a las 4 p.m., lo embistió una motocicleta. Los agentes en la motocicleta lo golpearon con bastones y con puños, lo patearon y lo sujetaron por el cuello, contó. Rodríguez afirma que no podía respirar. La policía lo arrastró varios metros, donde otros agentes se sumaron a la golpiza. Un policía dijo que iban a detenerlo, pero Rodríguez logró escaparse, mientras sangraba profusamente. Human Rights Watch pudo corroborar un video en el que se lo ve, herido y sangrando, mientras caminaba por una calle de Medellín algunos minutos después.
Salud: Se requiere atención psicológica prioritaria a toda la comunidad. Hay población que manifiesta síntomas asociados al COVID 19, se requiere realizar pruebas diagnosticas, dar atención médica y provisión de equipos de protección personal  ( EPP )  para prevenir el contagio, como tapabocas y alcohol en gel. Se solicita atención urgente a 4 madres gestantes que a la fecha no han tenido control prenatal.
En algunos casos, agentes de policía no reaccionaron debidamente cuando personas de civil atacaron a manifestantes. Human Rights Watch corroboró videos que muestran cómo hombres armados que en las imágenes se encuentran junto a la policía dispararon a manifestantes en Cali el 28 de mayo. Los policías no parecen haber tomado acciones para prevenir o frenar estos ataques. El día siguiente, un comandante de la policíareconocióque los agentes “omitieron su deber' y dijo que serían investigados.
En cuanto a las restricciones al acceso humanitario de las organizaciones, cabe resaltar que, en lo corrido del año, éstas han aumentado en un 17% en comparación con el mismo periodo de 2020; sin embargo, en mayo, las restricciones al acceso humanitario tuvieron un aumento del 267%, por los bloqueos de vías en el marco del paro nacional, además de riesgos de seguridad, que obligaron la cancelación de actividades y misiones humanitarias en respuesta a emergencias.
Se requiere realizar jornadas de toma de declaración y análisis de necesidades de la comunidad indígena confinada. Se requieren garantías de seguridad a toda la comunidad indígena de La Baudata por encontrarse ubicada en una zona de tránsito permanente de un grupo armado no estatal, a la orilla del rio La Baudata en la desembocadura sobre el rio Atrato y a 15 minutos del casco urbano de Quibdó.
Por otra parte, personas armadas vestidas de civil participaron en actos violentos contra manifestantes. En Pereira, departamento de Risaralda, un grupo de personas de civil atacaron al manifestante y líder social Lucas Villa cuando estaba haciendo declaraciones contra el gobierno durante una protesta el 5 de mayo. Uno de ellos le disparó y lo mató, un testigo que resultó herido le dijo a Human Rights Watch. Autoridades judiciales con conocimiento del caso señalaron que las evidencias indican que bandas locales de narcotráfico podrían estar involucradas.
El director de la Policía manifestó el 14 de mayo que habían iniciado investigaciones disciplinarias contra 117 agentes por posibles conductas indebidas durante la actual ola de protestas. De esos agentes, cinco habían sido suspendidos temporalmente, incluidos tres que se encontraban bajo investigación disciplinaria por homicidio. El resto seguía desempeñando sus funciones. La Procuraduría, que también adelanta investigaciones disciplinarias, señaló el31 de mayo que había iniciado 78 investigaciones de posibles abusos de poder y uso excesivo de la fuerza por parte de policías;la gran mayoría se encontraba en etapas preliminares.
En Colombia, la contaminación por Minas Antipersonal  ( APM )  y Municiones sin Explotar  ( MSE )  continúa siendo una tendencia preocupante debido a que cerca del 60% de las 65 víctimas registradas en el transcurso del año y reconocidas por Descontamina son civiles.
Seguridad Alimentaria y Nutrición  ( SAN ) : Se requiere brindar acceso a la alimentación a través de entrega de kits alimenticios con enfoque diferencial étnico y etario y a su vez acompañar acciones para la recuperación temprana de medios de vida.
En Valle del Cauca y Nariño se presentan 10 víctimas de MSE activadas por civiles – 1 de ellos menor de edad . Dichos artefactos quedan en los territorios tras enfrentamientos y combates y son activados por civiles
Más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones desde el 28 de abril, según datos delMinisteriodeDefensa, aunque es probable que la cifra total sea mayor, dado que muchos casos no se han denunciado ante las autoridades.Human Rights Watch documentó los casos de nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves, al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios. Siete de estas personas probablemente perderán la visión en un ojo.
Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, algunos individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra policías y ataques a estaciones de policía con piedras y cócteles Molotov, saqueos e incendios de bienes públicos y privados. Al 2 de junio, más de 1.200 policías habían sido lesionados, al menos 192 de gravedad, dos agentes habían muerto y siete seguían hospitalizados, según el Ministerio de Defensa. Veinte policías fueron heridos por armas de fuego, según el director general de la Policía. El29 de abril, varios individuos golpearon y abusaron sexualmente de una mujer policía mientras atacaban una estación policial en Cali.
Marta Alejandra Aguilar  ( seudónimo ) , una estudiante de 18 años, estaba caminando hacia su casa junto con amigos luego de haber estado en una protesta en la ciudad de Palmira, aproximadamente a las 4:30 a.m. del 3 de mayo, cuando un policía pidió requisar a uno de los amigos de Aguilar. El agente no dijo por qué, contó Aguilar. Su amigo se negó y los agentes se llevaron a cuatro de ellos a una estación de policía; el quinto amigo logró escapar. Una policía llevó a Aguilar a un baño, la obligó a hacer sentadillas desnuda y la requisó. Un agente de sexo masculino entró al baño mientras seguía desnuda y le pidió a la policía mujer que se fuera, contó Aguilar. Entonces el policía empezó a manosear a Aguilar. “Me decía que me iban a desaparecer, que me iban a llevar a la parte de atrás y que me iban a violar hasta que no pudiera más... que era una puta', relató. El agente quiso llevarla a la parte trasera de la estación de policía, pero otro policía lo detuvo y llevó a Aguilar donde estaban sus otros amigos. Los agentes los esposaron y los fotografiaron junto con leche y solución fisiológica que habían llevado a las protestas para aliviar los efectos de los gases lacrimógenos. Los agentes les permitieron irse luego de siete horas, después de firmar una declaración en la cual indicaban que no los habían acosado, maltratado ni golpeado durante la detención, contó Aguilar. La policía no les entregó una copia del documento. Nunca se les acusó de ningún delito, ni fueron llevados ante un fiscal o juez.
No se han realizado avances significativos en la investigación de abusos policiales cometidos durante protestas anteriores. El 4 de junio, la Fiscalía le dijo a Human Rights Watch que había abierto 90 investigaciones por abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019 y otras 116 por abusos cometidos durante las manifestaciones de 2020. La Fiscalía señaló que había iniciado el juicio en cinco casos de 2020 y había logrado imputaciones en otros dos casos. Ningún agente de policía había sido imputado en relación con los abusos cometidos durante las protestas de 2019.
Miembros de la Policía detuvieron a José Mauricio García Nieto, de 24 años; Dan Brayer Andrade Bolanos, de 22; Jorge Mario Ramírez Álzate, de 22; Daniel Navarrete Varón, de 22; Jorge Andrés Noguera Flórez, de 23; y Santiago Ramírez Duque, de 26, en la tarde del 25 de mayo en Tuluá, Valle del Cauca. Un informe policial al que tuvo acceso Human Rights Watch indica que al momento de la detención cuatro de ellos estaban tirando piedras a edificios; uno estaba encendiendo una botella de plástico para supuestamente lanzarla a una estación de policía; y uno estaba “incitando' a otras personas a “oponerse al procedimiento policial'. Durante una audiencia virtual realizada el día siguiente ante un juez, un fiscal los imputó por “terrorismo'. Human Rights Watch tuvo acceso a los videos de la audiencia. La única evidencia que presentó el fiscal contra ellos es el informe de la policía y declaraciones de policías. El fiscal reconoció que los actos específicos que habrían cometido los indiciados podrían constituir por sí solos el delito de daño en bien ajeno, pero dijo que la imputación por “terrorismo' estaba justificada porque los detenidos eran parte de una “turba' que les producía “agitamiento'. Sin embargo, el fiscal no presentó evidencia de que los indiciados hubieran actuado de forma coordinada entre sí o con otros manifestantes, y reconoció que no había evidencias que los vincularan con la quema del Palacio de Justicia de Tuluá que ocurrió esa noche, luego de que fueran detenidos. El derecho colombiano no permite la prisión preventiva para el delito de daño en bien ajeno, que es un delito menor, pero sí para el delito de terrorismo. El fiscal también dijo en la audiencia que los detenidos le habían dicho a través de llamadas de WhatsApp que la policía los había golpeado. Sin embargo, los detenidos no fueron llevados a un centro médico para un examen, supuestamente debido a los disturbios en la ciudad, según otro informe policial al que tuvo acceso Human Rights Watch. Sin presentar ninguna evidencia al respecto, el fiscal dijo que existía la “posibilidad' de que los detenidos hubieran resistido su captura y que era “factible' que la fuerza utilizada por la policía hubiera sido adecuada. El juez legalizó la captura.
Kevin Agudelo, un almacenista de 22 años, recibió un disparo a las 10:15 p.m. del 3 de mayo en Cali, departamento de Valle del Cauca. Agudelo había estado participando en un “velatón', una vigilia con velas, por las personas heridas en protestas anteriores, según dijeron dos testigos a Human Rights Watch. Los manifestantes estaban bloqueando el tránsito pacíficamente en una rotonda cuando agentes del ESMAD empezaron a disparar aturdidoras y gases lacrimógenos, según tres testigos. Varios manifestantes respondieron arrojando piedras. Uno contó que escuchó disparos que sonaban como municiones letales. Señaló que Agudelo, quien se había escondido detrás de un poste, corrió hacia el testigo junto con otro manifestante. El testigo vio a un policía disparar a Agudelo desde corta distancia. El otro manifestante también resultó herido, dijo el testigo. Human Rights Watch tuvo acceso a tres videos que parecen coincidir con lo relatado por el testigo, en los cuales se ve que Agudelo yace junto al otro manifestante herido. Human Rights Watch también tuvo acceso a una fotografía del cuerpo de Agudelo. La fotografía muestra heridas en el pecho y los brazos que,según señalaron los peritos forenses del IFEG, son consistentes con heridas causadas por disparos de municiones letales. Una autoridad judicial con conocimiento del caso manifestó que las evidencias preliminares indican que la policía habría sido responsable de los disparos.
Del mismo modo, la corte ordenó que la Defensoría del Pueblo realizara un seguimiento estricto a los abusos del ESMAD en contra de manifestantes. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo han estado monitoreando la respuesta a las protestas y buscando mecanismos de diálogo con manifestantes para levantar bloqueos. Sin embargo, el número de funcionarios asignados a esta tarea ha sido insuficiente y no han dado abasto con la labor. El defensor del pueblo no ha reportado periódicamente sobre los abusos ni los ha condenado de forma inequívoca.
La policía golpeó a Elvis Vivas López, de 24 años, la noche del 1 de mayo, en Madrid, Cundinamarca, según se observa en varios videos que corroboró Human Rights Watch. Los agentes lo arrastraron de pies y brazos hasta una estación de policía cercana, conforme se ve en los videos. Dos testigos dijeron a Human Rights Watch que vieron a Vivas salir de la estación de policía esa noche. Dijeron que Vivas tenía una herida grave en la cabeza y que estaba desorientado. Lo llevaron a un hospital, donde Vivas dijo a los médicos que lo habían golpeado policías, según consta en un registro médico al que tuvo acceso Human Rights Watch. Los médicos lo sometieron a una cirugía y a coma inducido debido a las heridas en la cabeza, contaron sus familiares. Vivas murió el 7 de mayo. Una autoridad judicial con conocimiento del caso confirmó que las evidencias apuntan a la responsabilidad de miembros de la policía.
Jessica Amaya, de 32 años, participó en una protesta que empezó en la mañana del 28 de abril en la localidad de Yumbo, departamento de Valle del Cauca. Amaya contó que era un evento pacífico, que incluyó distintos actos culturales, al que asistieron familias enteras. Cerca de las 9 p.m., llegaron agentes del ESMAD en un camión. Los manifestantes empezaron a replegarse mientras los agentes del ESMAD los perseguían hasta acorralarlos al centro de una rotonda, explicó Amaya. Un agente tomó a Amaya por la pierna mientras esta se alejaba corriendo y la arrojó al piso. Comenzaron a “llover golpes' sobre su cabeza, dijo Amaya. Se protegió la cabeza y el rostro con los brazos, pero después de lo que cree que fueron cuatro golpes fuertes perdió el conocimiento. Se despertó aproximadamente dos horas después, bajo un arbusto, con sangre en la ropa y un seno al descubierto. “Me siento ultrajada. Yo siento que cometieron abuso conmigo, pero no recuerdo, no sé de qué tipo fueron', relató. Luego del ataque siguió sintiendo dolor abdominal y recibió ocho puntos por cortes en la cabeza. Dijo que las autoridades le explicaron que solo podían realizarle un examen médico legal después de presentar una denuncia penal. Se presentó en la Fiscalía de Yumbo el día siguiente al incidente, pero estaba cerrada por las manifestaciones. Human Rights Watch tuvo acceso a fotografías que muestran las contusiones y la inflamación que presentaba Amaya. Amaya fue examinada en una clínica privada el 14 de mayo. Un grupo de médicos y psicólogos concluyó que parece haber sido víctima de abuso sexual, según un informe médico al cual tuvo acceso Human Rights Watch. Amaya denunció los hechos a la Fiscalía el 21 de mayo.
La policía también privó de la libertad a más de5.500 personasutilizando una figura legal que permite que los agentes “trasladen' a una persona a un “centro asistencial o de protección' para su propia “protección' o la de terceros. Human Rights Watch documentó varios casos en los cuales la policía parece haber usado esta disposición de forma abusiva.Lanormapermite dicho “traslado' solo cuando sea el “único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad' y exige que el policía primero contacte a familiares para que “asuma [ n ]  la protección'; si eso no es posible, deben llevar a la persona a un “centro asistencial', un centro de salud, un hospital o un “lugar especialmente destinado para tal fin', o a sus hogares de ser posible. La legislación colombiana establece que la persona trasladada no puede ser enviada a un centro de detención bajo ningún motivo. Sin embargo, en los casos documentados por Human Rights Watch la policía llevó a los privados de libertad a estaciones de policía, en lugar de a centros de salud o sitios de detención administrativa, y no llamó a sus familiares.
Los fiscales han realizado imputaciones desproporcionadas por cargos de “terrorismo' en contra de algunos manifestantes que presuntamente participaron en hechos de vandalismo. Mientras la pena por daño en bien ajeno es de entre 16 y 90 meses de prisión, las penas por terrorismo son de hasta 22 años y medio, con arreglo al derecho colombiano. Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que las imputaciones y sanciones penales sean proporcionales a la gravedad de las conductas en cuestión y la responsabilidad del presunto culpable. Las autoridades no deberían utilizar de forma arbitraria la figura penal de “terrorismo' ante crímenes de menor gravedad, señaló Human Rights Watch.
El 17 de abril de 2021, el Ministerio de Defensa dijo a Human Rights Watch que la Policía había iniciado 40 investigaciones disciplinarias en relación con las protestas de 2019. De esas, 24 se habían archivado sin que se le aplicaran medidas disciplinarias a ningún policía, según señaló el Ministerio de Defensa, mientras que las demás se encontraban en trámite. El Ministerio de Defensa también informó que, de las 92 investigaciones disciplinarias que la Policía había iniciado sobre las protestas de 2020, 54 se habían archivado; en la mayoría de los casos debido a que los investigadores no habían podido identificar al policía involucrado. Solamente dos policías habían recibido sanciones disciplinarias en casos que parecían tener alguna relación con violaciones de derechos humanos, y otros cuatro habían resultado absueltos.
A semana epidemiológica 24 de 2021, en Colombia se han notificado 1 991 544 consultas externas y urgencias por IRA, presentando disminución frente a lo notificado a la misma semana de los tres años anteriores con el 13,8 % comparado con 2020, 34,5 % frente a 2019 y 38,8 % frente a 2018.
La incidencia nacional de dengue es de 49,3 casos por cada 100 000 habitantes en riesgo.
Se notificaron 125 809 hospitalizaciones por IRAG en sala general, presentando incremento frente a lo notificado a la misma semana de los tres años anteriores con el 58,8 % frente a 2020, 17,1 % comparado con 2019 y del 7,5 % frente a 2018.