nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los caminantes en Colombia y en otros países de acogida es la falta de una condición jurídica regular. Según una evaluación no representativa de las necesidades de REACH en Colombia, el 86% de las personas en tránsito encuestadas no tenían ningún documento de migración  ( REACH 24/10/2020 ) . La falta de estatus migratorio regular significa que no pueden acceder a un empleo formal y a muchos servicios básicos. Esto aumenta el riesgo de exposición a condiciones de trabajo explotadoras y abusivas, así como de reclutamiento por grupos armados o en economías ilícitas. El hecho de no tener un estatus migratorio regular probablemente los lleva a evitar denunciar a las autoridades la explotación y el abuso de los que podrían ser objeto, por temor a ser detenidos o deportados
Los migrantes y refugiados venezolanos están expuestos a diferentes tipos de enfermedades durante su viaje. Están expuestos a la COVID 19, ya que es difícil mantener el distanciamiento social y no tienen fácil acceso a guantes, máscaras, alcohol o gel antibacterial. Muchos caminantes tienen que reutilizar las mascarillas durante varios días  ( entrevista con un informante clave 10/12/2020 ) . Algunos caminantes carecen de información sobre las medidas de prevención que deben adoptar
El fenómeno de los caminantes no es nuevo, y hay diferencias en los perfiles de los que hacen el viaje a pie. Según una evaluación de las necesidades de la OCHA en 2018 y una evaluación de las necesidades de iMMAP en 2019, entre 2018 y 2019 aumentó la proporción de mujeres, madres lactantes y embarazadas, y adultos mayores de 34 años que eran caminantes  ( OCHA & iMMAP 2018, 2019 ) . Según la evaluación de necesidades de OCHA, durante 2018 el 90% de los caminantes abandonaron Venezuela por razones económicas, el 88% buscaba oportunidades laborales en Colombia y otros países de la región, y el 58% lo hizo por necesidades básicas no satisfechas  ( OCHA & iMMAP 2018, 2019 ) . Según la evaluación de necesidades de iMMAP, en 2019 el 74% de los caminantes abandonó Venezuela por razones económicas, el 68% estaba en busca de oportunidades laborales en Colombia y otros países de la región, y el 73% se fue por necesidades básicas insatisfechas  ( OCHA & iMMAP 2018, 2019 ) . Según una encuesta no representativa de personas en tránsito realizada por el GIFMM en Colombia, en 2020 el 88% de las personas encuestadas abandonaron Venezuela por falta de empleo y recursos económicos y el 78% lo hizo por dificultades de acceso a los alimentos  ( GIFMM, consultado el 05/01/2021 ) . Según una encuesta no representativa de REACH reali  zada en Colombia, el 69% de los caminantes abandonaron su residencia de origen por la pérdida de su empleo o actividad generadora de ingresos, mientras que el 38% lo hizo por la incertidumbre sobre el futuro o porque no sabían lo que sucedería después de la emergencia sanitaria  ( REACH 24/10/2020 ) .
El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, le pidió al Gobierno Nacional que trabajaran de manera conjunta para evitar el tráfico ilegal de migrantes y alertó que esto podría incrementar los casos de covid 19 en el país. Ante esto, las autoridades cerraron este martes 26 de enero la la terminal de transportes.Las autoridades locales aseguran que la medida del cierre de la frontera no se está cumpliendo y no se puede tener control de los migrantes. El paso obligado de los viajeros es a través del río Arauca, por diferentes sectores donde no hay presencia de la fuerza pública y Migración Colombia.
Asimismo, se destaca que la relación laboral continuará bajo los términos pactados al inicio del contrato, con el fin de que el empleado cuente con los mismos derechos y garantías, que incluyen jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de asociación, negociación sindical y prestaciones económicas y asistenciales.“Cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que lleven a aplicar el Trabajo en Casa, no se podrán desmejorar las condiciones del contrato inicial y el empleado tendrá la garantía de disfrutar su tiempo de descanso y la conciliación de su vida personal, familiar y laboral', agregó el ministro Cabrera.
Es necesario realizar entrega de kits alimentarios con enfoque diferencial tanto para las 26.749 personas damnificadas por lapérdida de cultivos y viviendas, como para las personas ubicadas en municipios donde la destrucción de vías principales/secundarias y puentes, ha imposibilitado el acceso y tránsito de alimentos.
262.986 millones de pesos para atender la educación durante la pandemia, distribuidos así:   Montos girados a los Fondos de Servicios Educativos de los colegios oficiales para la adquisición de elementos para el aprendizaje en casa. $187.976 millones   Valor de la financiación del Programa de Alimentación Escolar   PAE en casa. $75.000 millones
La pandemia de COVID 19 ha provocado un fuerte aumento de la deuda, en particular en los mercados emergentes y las economías en desarrollo  ( MEED ) . Esto se suma a un rápido incremento de la deuda global desde 2010.
Se evidencian retrasos en la atención prioritaria a la población confinada, en tanto la emergencia inició desde el 08 de mayo y hasta el 17 de junio se da la primera atención alimentaria. Esto, en razón a las limitaciones presupuestales que mantiene la Alcaldía del Medio San Juan considerando la magnitud de la emergencia.
El 28 de abril de 2021, la ciudadanía salió masivamente a las calles, convocada por el Comité del Paro Nacional, entre otras, por la indignación y los cuestionamientos sobre la regresividad de la Reforma Tributaria que el gobierno promovió ante el Congreso de la República. Sin embargo, la ciudadanía expresó en las manifestaciones diferentes demandas de larga data, y que, además requieren pronta atención y solución por parte del gobierno
Es necesario continuar con la entrega de kits alimenticios para prepararlos en la modalidad de olla comunitaria, en las ocho locaciones donde se encuentran alojadas las más de 2.100 personas desplazadas, por el tiempo que dure la emergencia.
Los migrantes venezolanos en Colombia afirmaron haberse sentido discriminados durante la pandemia por su nacionalidad, principalmente en la calle  ( 34,3 % ) , en la búsqueda de empleo  ( 28,6 % )  y en el lugar de trabajo  ( 18,6 % ) .
En cuanto a la percepción de los impactos y costos de la migración en la economía, el porcentaje de personas que estaba de acuer  do con que los migrantes aumentan los ni  veles de pobreza pasó de 66 % en septiembre de 2020 a 68 % en este último levantamien  to.
Se requiere asistencia con kits de desinfección , kits de bioseguridad y la verificación del estado de salud de las personas mas afectadas en todos municipios, debido al riesgo por el limitado acceso seguro a agua, la propagación de vectores transmisores de enfermedades por la ola invernal aunado a la pandemia de Covid 19
Los resultados de esta pregunta revelan que por lo menos 6 de cada 10 colombianos no confían en la población migrante; cerca de 3 de cada 10 ni confían ni desconfían; y apenas 1 de cada 10 manifiesta tener con  fianza  ( Gráfico 3 ) . También se observa que a medida que la población se ubica en un estrato socioeconómico más alto, la con  fianza y la opción “ni confían ni desconfían' aumentan de manera leve. Por sexo, los hombres, con un 13 %, tienden a tener más confianza en la población migrante que las mujeres, con un 9 %  ( Gráfico 3 ) .
En este sentido, la mayoría de los colom  bianos que tienen confianza en la población migrante  ( 99 % )  considera que se debe facili  tar el acceso a educación a los niños migran  tes; en contraste, este porcentaje es del 87 % para el total de los colombianos y del 81 % para aquellos que no tienen confianza en la población migrante. De la misma manera, el 94 % de los colombianos que tiene confianza en los migrantes está de acuerdo con brin  dar salud y educación a todos ellos, frente al 72 % de la población colombiana total, y el 71 % de los colombianos que manifiestan no confiar en esta población  (
Hasta el momento no se cuenta con censos de personas migrantes y refugiadas, por una parte, los registros de las juntas de acción comunal  ( JAC )  no cuentan con esta información y además se desconoce el número de familias y personas que retornaron después del desplazamiento que tuvo lugar en el mes de noviembre y debido a las dificultades de acceso
Hay necesidad de proveer asistencia médica para minimizar los riesgos de enfermedades respiratorias agudas, debido al incremento de lluvias y ola invernal.
Ante la probabilidad alta de ocurrencia de nuevas emergencias, es urgente el apoyo en gestión de albergues. Adicionalmente, los lugares habilitados para este fin no garantizan la seguridad y dignidad a las personas en situación de desplazamiento.
Protección: Es necesario garantizar el acompañamiento ante un posible diálogo entre la comunidad afectada y la fuerza pública, para concertar condiciones de retorno y garantías de seguridad y protección de las comunidades, evitando así violaciones a los derechos humanos en zonas rurales y en el resguardo indígena. Se requiere también apoyar la activación de la ruta de protección y garantías de no repetición y condiciones de seguridad para que las comunidades puedan retornar al resguardo.
Seguridad Alimentaria y Nutricional  ( SAN )  y Medios de Vida: Se requiere la entrega inmediata de kits alimentarios a las comunidades afectadas y estrategias para la recuperación de cultivos de plátano, caña, arroz, maíz y papa china dado que son principal forma de autoabastecimiento y comercialización de esta población.
68.4% de ellos son mujeres 77.8% de ellos vive en estratos 1 y 2
>773 Personas Afectadas >124 Familias Afectadas 20 Viviendas Averiadas >348 Hectáreas Afectadas 5 Comunidades indígenas Afectadas
Salud: Las familias requieren atención en salud física priorizando a los niños y niñas, además de elementos de bioseguridad y prevención para la COVID 19.
Finalmente cabe señalar que, además de las barreras de acceso a derechos fundamentales que se describieron anteriormente, esta situación exacerbó los niveles de rechazo y exclusión hacia esta población, pues algunas comunidades receptoras, identifican que la migración trajo consigo inseguridad, aludiendo, que aumentaron las situaciones de robo; desempleo. Pues, de un lado enfrentó la mano de obra local con la extranjera y, en otros casos, la desplazó por menores costos; alteró los niveles de convivencia, entre otras, porque debido a su misma situación de precariedad se vieron obligados a vivir en lugares muy pequeños, compartiendo con muchas personas, en ocasiones hacinados y sin condiciones mínimas de habitabilidad o para una buena higiene personal  ( factor tan importante en estos momentos de pandemia )  generando malestar al interior de las comunidades de acogida.
A través de los “Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID 19 para población migrante en Colombia', el Ministerio de Salud y Protección Social estableció el acceso y atención gratuita a los extranjeros que presentaran síntomas de COVID 19, sin embargo, la información que poseían las personas migrantes y refugiadas sobre las opciones de respuesta en el marco del COVID 19 eran mayoritariamente regular y el resto deficiente64. Además, no se establecieron medidas para prestar asistencia de salud mental en favor de esta población, a pesar de que las principales emociones que experimentaban por la cuarentena era ansiedad, estrés, preocupación, nerviosismo y miedo.
Alojamiento: Se requiere el apoyo con kits de hábitat y dotación para atender aproximadamente a las 210 personas desplazadas, debido a que la alcaldía no cuenta con albergues temporales.
Agua y saneamiento básico  ( WASH ) : Se requieren kits de aseo y de higiene para las 78 familias desplazadas hasta el momento.
Seguridad alimentaria y nutricional  ( SAN ) : Se requiere kit de alimentos con enfoque diferencial y étnico para la atención del total de personas desplazadas y las familias que continúan llegando al municipio de Mosquera.
Protección: Se necesita implementar mecanismos y acciones urgentes de protección y garantías de seguridad por las situaciones de señalamiento y amenazas en contra de las comunidades,
Educación: Se requiere kits de educación en emergencia y el desarrollo de actividades dirigidas a los cerca de 90 niños y niñas desplazados que se reportaron.
La presencia de los GDO en zonas rurales y apartadas del municipio de Mosquera generan constantes riesgos de protección de las comunidades más vulnerables.
Barranquilla. Desde el inicio de la pandemia COVID 19, la Registra  duría Nacional del Estado Civil no prestó servicios presenciales relacionados con el trámite del registro civil y estos servicios fueron prestados por las Nota  rías con funciones registrales. Esta situación conlle  vó a la congestión de algunas notarías en la ciudad y sumado a la falta de coordinación con las autorida  des de registro, se constituyó un escenario donde se exigieron algunos requisitos a la población que no se encuentran regulados en el marco jurídico. Dentro de las exigencias más destacadas encontramos:
No es fácil la respuesta y requiere un profundo análisis sociológico, pero se pueden plantear algunas hipótesis, a partir del hecho de que la mayoría de saqueos, bloqueos y actos de vandalismo son protagonizados por jóvenes. Una es el rápido y desordenado crecimiento de la ciudad generado por migraciones masivas de poblaciones del Pacífico y el Cauca, aumentado en los últimos años con migrantes venezolanos. Esto ha generado una urbe segmentada y segregada, con muchos habitantes sin sentido de pertenencia. Además, desempleo más alto que el promedio nacional, los jóvenes de esas comunas no ven futuro ni razones para cuidar o defender una ciudad que no les ofrece alternativas y frente a la cual solo sienten rabia y rencor. Este contexto es propicio para que grupos criminales recluten a estos jóvenes, y que en medio de las protestas sean convocados, y respondan con celeridad, para el saqueo, los bloqueos y el enfrentamiento a la fuerza pública, que en lugar de prevenir responde con la misma violencia.
"Nos preocupa mucho  ( el escenario de cambio climático y el desabastecimiento de agua ) . En Colombia hemos crecido con una narrativa de ser un país rico a nivel de agua y eso es cierto, pero la distribución de ese recursos es muy heterogénea.Justo donde está ubicada una mayor cantidad de población hay menor oferta del recurso hídrico", indicó Polanía director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico  ( CRA )
El funcionario asegura que aunque no hay registro real de la cantidad de menores reclutados en la región, “sabemos que los hay'. Sin embargo, señala que es imposible llegar a las filas de la guerrilla colombiana para ver cuántos niños están entre sus pelotones, porque incluso las denuncias que son presentadas ante las autoridades tampoco son tan claras.
Durante el 2020, algunos grupos ar  mados asumieron funciones de autoridad sanitaria  ( impusieron cuarentenas o castigaron a quienes incumplieron las que habían sido establecidas por las autoridades locales y nacionales ) , reaparecieron modalidades de violencia y control social que habían disminuido  ( masacres ) , se profundizaron algunas pr´acticas criminales  ( secuestro )  y varias afectaciones humanitarias que se habían observado mantuvieron su curso  ( asesinato de defensores de Derechos Humanos, desplazamiento forzado, atentados, entre otros ) .
La única acción bélica que se registró por fuera de las cuatro subregiones con conﬂictos armados fue una incursión armada que realizó el ELN en Villanueva  ( La Guajira )  como un acto propaganda armada a principios de año. No obstante, posteriormente no se registró ningún evento en este municipio, por lo que no hace parte de una tendencia signiﬁcativa.
En la SNSM solo se registraron tres acciones bélicas: una acción de la fuerza pública en la que fue abatido alias 80, líder de las ACSN que había remplazado a Chucho Mercancía luego de su muerte; un atentado frustrado que las AGC planeaban realizar, y un paro armado de las ACSN luego de que alias 80 fuera dado de baja. En ese sentido, la violencia en esta subregión derivada de las acciones bélicas es principalmente de tipo vertical ascendente  ( dado que, además de la muerte de alias 80, durante el 2020 se registró un gran número de incautaciones de armamento y droga a las ACSN en esta subregión )  y vertical descendente  ( afectaciones para la población civil derivada de demostraciones de fuerza por parte de estos grupos armados ) .
El sur de Córdoba concentra el 38 % del total de infracciones al DIH. Allí se han presentado asesinatos de defensores de derechos humanos  ( 6 ) , desplazamientos forzados  ( 4 ) , masacres  ( 3 )  , atentados contra la poblaci´on civil  ( 2 ) , asesinatos de ﬁrmantes del PNIS  ( 2 ) , la explosi´on de una mina antiper  sonal  ( 1 ) , asesinato de excombatiente  ( 1 ) , atentado contra defensor de Derechos Humanos  ( 1 )  y no combatientes heridos en combate  ( 1 ) .
En el grupo focal, las cuidadoras de NNA con discapacidad afirmaron que a raíz de la imposibilidad de ausentarse de sus hogares para trabajar han optado por tener emprendimientos que les permitan generar re  cursos económicos desde sus hogares, como la venta de obleas, artesanías, accesorios, postres, tortas, entre otros. Sin embargo, manifiestan que estos recursos no son suficientes para cubrir gastos de alimentación y vivienda.
A diferencia de las masacres, que como se acaba de ver tienen lugar en todos los departamentos, los desplazamientos forzados se concentraron en dos departa  mentos: Bolívar y Córdoba. En estos eventos, cerca de 300 personas tuvieron que moverse forzosamente de sus hogares.
Cesar fue el departamento con más casos de secuestro  ( 3 ) ; todos estos en el sur del de  partamento  ( Pailitas y San Martín ) . En el sur de Bolívar  ( San Pablo )  hubo un secuestro, cometido por el ELN con el objetivo de raptar y posteriormente asesinar a un excomba tiente de las FARC EP. En Montes de Mar´ıa  ( María La Baja )  fue secuestrado un ingeniero para extorsionar a su familia y en Malambo  ( Atlántico )  fue raptado un empresario con el mismo propósito.
¿Quiénes se benefician de esta violencia? No son los organizadores del paro nacional que tienen objetivos políticos bien definidos: tumbar la reforma tributaria, oponerse al gobierno y ganar en las elecciones. Para esos objetivos los desmanes son contraproducentes porque deslegitiman la protesta y generan una reacción contraria en muchos votantes que les hace perder apoyo político. Se benefician los delincuentes y los grupos de extrema derecha que encuentran argumentos populares para la represión, las políticas de mano dura y sus propuestas de entregar armas a la población civil y logran réditos electorales para los candidatos que las promueven. Por eso no son absurdas las hipótesis de que por lo menos parte de los actos violentos y los desmanes son provocados por infiltrados de esas tendencias.
Acciones deseables para ayudar al estudiante en la realización de actividades en casa De las siguientes acciones, ¿qué tan importantes son para usted para ayudar al estudiante con actividades en casa? Recibir información periódica sobre la evolución del aprendizaje Muy importante 98% Recibir orientación del colegio para ayudar a la realización de actividades Muy importante 97% Recibir orientación para lidiar con las emociones de los estudiantes Muy importante 95% Recibir sugerencias para motivar a los estudiantes a participar en actividades Muy importante 94% Recibir orientación del colegio para ayudar con el uso de recursos tecnológicos Muy importante 93% Tener un grupo de padres o tutores para intercambiar ideas y experiencias Muy importante 71%
Razones para que los colegios permanezcan cerrados en 2021 ¿Por qué razones cree que los colegios deberían permanecer cerrados este año? La pandemia aún no está controlada en Bogotá 41% No tiene sentido arriesgar la salud de los estudiantes 28% Aumentará el contagio 23% Los estudiantes pueden transmitir el virus a otras personas en el hogar 23% Todavía no ha llegado la vacuna 5% Por el riesgo de rebrote 1% Los colegios no pueden garantizar la seguridad de los estudiantes, maestros y personal 26% No hay reglas de seguridad claras 12% Los estudiantes no seguirán los protocolos de seguridad 25% Los colegios no tienen la infraestructura para garantizar la seguridad de los estudiantes 10% Para que los niños descansen más 1% El año académico ya está perdido 0.3%
En el sur del Cesar, no se registra ningún combate, pero sí la totalidad de los atentados registrados en todo el año  ( 7 ) . Estos atentados estuvieron dirigidos contra la fuerza pública  ( 3 )  y la infraestructura vial  ( 3 ) ; en un caso el objetivo era de carácter propagandístico  ( 1 ) . Dos atentados, que estaban dirigidos a la infraestructura vial y torres de telefonía, fueron frustrados por la fuerza pública. Finalmente, se registró una emboscada contra la Policía que dejó un intendente asesinado y 3 hostigamientos contra policías o estaciones de Policía. Este panorama permite ver que la violencia en esta subregión suele ser de carácter vertical ascendente, pero a diferencia del sur de Bol´ıvar, es el ELN quien suele atacar. Como se mencion´o antes, esta actitud est´a relacionada con la necesidad del grupo insurgente de mantener libres las rutas de movilidad hacia la subregi´on del Catatumbo.
Entre enero y abril de 2021, al menos 19.934 personas fueron desplazadas en 52 eventos masivos mientras que 26.150 personas fueron forzadas a confinarse ante la situación de seguridad de los territorios. En abril se mantuvo la tendencia al alza en el número de personas afectadas por desplazamiento y por confinamientos especialmente de los departamentos de la Región Pacífico.
Recordó que “la capital santandereana ha sido ejemplar acogiendo a más de cinco mil estudiantes provenientes de Venezuela en la matrícula oficial'. “Así que ha sido, es y será una gran contribución este proyecto de ‘Mi panita, mi amigo' para integrar a las comunidades', puntualizó Rueda Vivas secretaria de Educación de Bucaramanga
Diana Saray Giraldo Mesa, directora de Vanguardia, explicó el propósito que se persigue con ‘Mi panita, mi amigo'. Aseguró que “Vanguardia busca a través de este proyecto trabajar en la integración de los niños que hoy han llegado a formar parte del sistema escolar público de Bucaramanga y su área metropolitana, como una manera de combatir la xenofobia, reconocer a los niños en su integridad, sin importar su origen, más allá de sus condiciones de migrantes'.
En Abril, al menos 6,310 personas  ( 1,578 familias )  fueron víctimas por desplazamiento y confinamiento, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño. De las 2.164 personas desplazadas en Abril, el 84% no ha podido regresar a sus lugares de origen ante condiciones de seguridad inadecuadas.
Preocupa la recurrencia de las emergencias en municipios como: Leiva  ( Nariño )  que registró 2 desplazamientos masivos en un mismo mes, Argelia  ( Cauca )  y Cáceres  ( Antioquia )  que persisten y se suman a las previamente reportadas por los Equipos Locales de Coordinación  ( ELC )  durante el primer trimestre del año.
si bien no se cuantiﬁcaron en el análisis, se identiﬁcaron niños, niñas y adolescentes no acompañados en la ruta. Esto implica desafíos y vulnerabilidades especíﬁcas de estos perﬁles en un contexto de tránsito a pie, donde presentan climáticas y geográﬁcas adversas así como múltiplles riesgos a lo largo de la ruta como ya se ha señalado.
La recurrencia de emergencias masivas en municipios de Nariño, Chocó, Antioquia y Cauca, disminuye los recursos disponibles para la atención por parte de las administraciones municipales, en algunos casos éstos son agotados y se requiere el apoyo de los gobiernos departamentales y del nivel nacional. La Unidad para Víctimas  ( UARIV )  juega un rol importante para garantizar la asistencia, además de la complementariedad de la respuesta que pueda ser prestada desde los socios humanitarios de los Equipos Locales de Coordinación.
Medellín. • Cobros ilegales en las notarías • Orientaciones irregulares por parte de funcionarios del RNEC en las que señalaban a las personas de in  terés que debían pagar a los tramitadores o, incluso, en las que sugerían que fueran las abuelas con docu  mento regular las que hicieran el registro de los niñas y niñas como si fueran sus madres. • La presencia de tramitadores y las orientaciones por fuera del marco de la ley constituyen riesgos y barreras para la población interesada en acceder al registro civil de nacimiento y a la nacionalidad colom  biana.
Capacidad para reabastecer productos en el momento de la recolección de datos, reportada por los comerciantes: Los comerciantes reportaron estar en la capacidad de reabastecerse en promedio10 del 92% de los productos alimenticios y del 94% no alimenticios para los que reportaron información. El arroz fue el producto mayormente reportado como con capacidad parcial o sin capacidad de ser reabastecido. En particular, en la región caribe, en Magdalena, este promedio fue menor, 77% para alimentos y 63% para productos no alimenticios
Medios de transporte, rutas y tiempo de reabastecimiento de los productos afectados por las dificultades: El 77% de los comerciantes que reportaron dificultades para reabastecerse en el mes previo y siguiente a la recolección de los datos afirmó que estos se transportaban en camión, que lo hicieron principalmente por vías principales  ( 86% )  y secundarias  ( 49% )  y el tiempo promedio de reabastecimiento de estos productos es 8 días11. Santander fue el departamento donde se reportó el tiempo más largo de reabastecimiento  ( 30 días ) .
Los tres comerciantes que informaron esperar una disminución en los precios de los productos alimenticios se encontraban en Altántico, Cundinamarca y Santander. En cuanto a las razones por las que esperaban una disminución en los precios no hubo consenso, por lo que algunas de las razones reportadas fueron: • Actualmente, hay excedente de inventario de este o estos productos. • Con la normalización de la crisis de COVID 19, los precios tenderán a disminuir.
En cuanto a la edad de las personas en tránsito, en ambos la proporción de personas adultas es preponderante frente a los demás grupos de edad: 7 de cada 10 refugiados y migrantes en tránsito son mayores de 18 años; en cuanto al sexo de la población en tránsito en estos grupos, en el caso de los retornos se trata mayoritariamente de mujeres  ( 56% )  y en relación a los ingresos/reingresos se identiﬁca una mayor proporción de hombres  ( 60% ) .
• El confinamiento ha aumentado en un 81%  ( 29 casos )  con respecto a 2018  ( 16 casos )  y un 12% a 2019  ( 26 casos ) . las comunidades negras con 13.253 personas son las comunidades más afectadas, seguido de los resguardos indígenas con 9.679.
Las razones para salir de Venezuela son las mismas para las personas que están re ingresando, que para las que ingresaron a Colombia por primera vez: falta de empleo y bajos ingresos en Venezuela  ( el 89% de los grupos encuestados ) , diﬁcultades de acceso a alimentos  ( 80% )  y diﬁcultades en el acceso a salud  ( 59% ) . Así mismo, algunos entrevistados mencionaron riesgos de protección en Venezuela1, incluidos el temor por la situación general de violencia y/o el 3 temor de ser perseguidos  ( 17% )
En cuanto a la reunificación familiar, se evidencian diferencias entre quienes están reingresando a Colombia  ( es el principal motivo de salida de 19% de los grupos de viaje )  y quienes ingresan por primera vez, que reportan este motivo con menor frecuencia  ( 10% ) . Entre los grupos que retornan a Venezuela también se destaca la intención de reunificación familiar  ( 58% de los encuestados ) , seguida de cerca por razones como la pérdida de ingresos y la falta de alimentos  ( 45% y 29% respectivamente ) .
La información disponible por el lado de la oferta también apunta a una fuerte recuperación de la actividad económi  ca para el cuarto trimestre, la cual fue impulsada por aque  llos sectores más beneficiados con la flexibilización de las normas de distanciamiento social y con una menor percep  ción de riesgo de contagio. Las cifras del tercer trimestre evidenciaron un mejor comportamiento en todas las ramas de producción, respecto a los niveles históricamente bajos del segundo trimestre. Con la finalización del esquema de aislamiento preventivo obligatorio a comienzos de septiem  bre, estas tendencias se han venido consolidando, y se pro  longaron durante el cuarto trimestre. Todo apunta a que en esos meses se dio la recuperación de un amplio conjunto de ramas de actividad económica  ( Gráfico 2.25 ) , aunque sin alcanzar aún, en la mayoría de ellas, los niveles registrados con anterioridad a la pandemia. En particular, la industria manufacturera habría recuperado niveles muy cercanos a los presentados a finales de 2019 y la subrama de comercio al por mayor y por menor tendría un crecimiento anual sopor  tado por la muy buena dinámica de las ventas minoristas, sin combustibles ni vehículos, registradas en octubre y noviem  bre que, sin embargo, serían contrarrestadas parcialmente por un menor registro en diciembre. No obstante, los secto  res de actividades artísticas y de recreación, la construcción y la minería continuarían presentando contracciones anua  les pronunciadas, debido a las restricciones de operación que aún imperan sobre distintas actividades de servicios, los bajos niveles de avance en proyectos edificadores y obras ci  viles, y la pronunciada caída en el precio del petróleo, junto con huelgas y cierres en algunas minas de carbón.
Se observaron serias deficiencias en el acceso a sanita rios, duchas e infraestructuras para el lavado de manos, implicando un riesgo para la salud de los caminantes debi  do a las malas prácticas de higiene y, por lo tanto, a riesgos de contagio de enfermedades e infecciones transmisibles.
Estas condiciones de la ruta, junto con posibles acciones discriminatorias contra los refugiados y migrantes tran  sitando departamentos de Arauca y Casanare, ponen a esta población en una situación de extrema vulnerabi  lidad ya que existen largos trayectos despoblados y/o sin infraestructura que provea refugio y alojamiento, lo cual incrementa los riesgos de protección y de salud, como la deshidratación, y limita las posibilidades de ac  ceder a atención en casos de emergencia.
Entre las principales motivaciones de salida se destacan el ingreso económico insuficiente, la falta de medios de vida y la escasez o imposibilidad de adquirir alimentos.
Ahora bien, con respecto a las barreras y dificultades que enfrenta la población durante la realización del trámite de inscripción en el registro civil de nacimiento colombiano se han identificado las siguientes situaciones15. Temporalidad: La temporalidad de la medida adoptada refiere como beneficiarios solo aquellas niñas y niños nacidos en Colombia, entre el 01 de enero de 2015 y 16 de septiembre de 2021. Incluso en los términos de la resolución 8470 se dispone que la aplicación puede culminar antes, por disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto implica que, en caso de niñas y niños nacidos en Colombia por fuera de este periodo, operaría la regla de acreditación de domicilio mediante visa de ‘residente' o tipo ‘R' lo que revive nuevamente la situación de riesgo de apatridia de niñas y niños que nacen y seguirán naciendo en Colombia. Ello, debido a que más del 56% de la población venezolana en Colombia  ( 985.859 personas16 ) , se encuentra en situación de irregularidad migratoria y de los 762.857 ciudadanos y ciudadanas venezolanas en situación de regularidad menos del 5% son portadoras y portadores de visa de ‘residente'. A esto se suma una discrepancia en la fecha; la ley reconoce como colombianos a quienes hayan nacido desde el 1/01/2015 y la resolución desde 19/08/2015.
Barreras para la promoción 1. Validación de los estudios adelantados en Venezuela: Existen dos problemas que dificultan que los NNAM puedan avanzar en sus estudios y hacer uso de los procedimientos de convalidación de estudios y validación por grados. En primer lugar, es prácticamente imposible legalizar y apostillar los certificados de estudios adelantados en Venezuela por factores como el alto costo, las demoras, la exigencia de presentarse personalmente, o porque las autoridades no están realizando estos trámites. Asimismo, muchos estudiantes venezolanos no cuentan con un pasaporte. Estas dos situaciones hacen que el proceso de convalidación de estudios de primaria, básica y media no pueda llevarse a cabo. En segundo lugar, tanto las IE como los NNAM y sus acudientes no tienen claridad sobre el hecho que todas las IE receptoras de estudiantes migrantes pueden adelantar el proceso de validación por grados. Así, los funcionarios de las IE realizan una “valoración diagnóstica' que les permite determinar el grado al cual va a ingresar el estudiante, pero los resultados de esta valoración no acreditan los estudios realizados anteriormente en su país de origen y tampoco hacen parte de sus registros académicos en Colombia.
La crisis de orden público en Cali generó que el Ministerio de Defensa tomara acciones adicionalescomo el envió de más de 2.000 hombres de la fuerza pública reforzar la seguridad, y también que el ministro Diego Molano y la cúpula militar y de policía llegaran a la ciudad a instalar un consejo de seguridad extraordinario. Agregó que desde la noche del jueves se reforzó el pie de fuerza en las calles con más de 2.500 miembros de la fuerza pública,que incluyen 500 uniformados del Esmad para evitar bloqueos  ( 1.800 de policías y 700 de ejército )  dos helicópteros y 60 motos adicionales.
Respecto al derecho a la salud, la mayoría de las personas LGBTI venezolanas no se encuentran afiliadas al sistema de salud. Las mayores dificultades son la falta de regularización migratoria que les permita la afiliación y la limitación de la atención solamente a servicios de emergencia que no cubren, por ejemplo, medicamentos y seguimientos a personas viviendo con VIH. Ello a pesar de que la jurisprudencia de la Corte señala que algunas enfermedades catastróficas requieren atención en urgencias, lo que puede incluir la entrega de medicamentos36 .
Pueblo indígena Yukpa Actualmente, algunos miembros de este pueblo están asentados entre los sectores de El Escobal  ( Colombia )  y Ureña  ( Venezuela ) , y en Tibú  ( zona del Catatumbo ) , en un estado de vulnerabilidad prolongada debido a que están expuestos a riesgos asociados al conflicto armado y situaciones críticas de salubridad. No cuentan con servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, y tampoco tienen acceso a alimentos ni a educación para los niños, niñas y adolescentes.
En departamentos como Córdoba, Magdalena y Bolívar aparecieron panﬂetos y cadenas de Whatsapp manifestando que el incumplimiento de la cuarentena acarrearía la muerte como sanción.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó el regreso a clases, previsto para el 25 de enero, ante el nuevo pico de contagios en la capital colombiana.De esta forma, los estudiantes deberán recibir sus clases de manera virtual, como en el 2020.De esta forma,los estudiantes deberán recibir sus clases de manera virtual, como en el 2020.
Se han elaborado planes de retorno conjuntamente con los representantes del pueblo, sin embargo, estos carecen de un enfoque de protección y no cumplen con estándares mínimos que garanticen una solución estructural a la situación de esta población. Estas actuaciones van en contravía de lo ordenado por la Corte Constitucional Colombiana que en el Auto 004 de 2019 reconoció al pueblo Yukpa como víctima colectiva del conflicto armado y ordenó a las autoridades que adelantaran un plan de salvaguarda.
Es particularmente preocupante, la situación en el sur de Bolívar, de acuerdo con la Alerta Temprana No 025 2020 del 9 de junio de 2020 emitida por la Defensoría del Pueblo, en estados venezolanos ubicados en zona fronteriza como San Cristóbal y Ureña son captadas mujeres venezolanas por parte de redes criminales transnacionales con ofertas falsas de trabajo para labores agrícolas y en tareas domésticas en fincas y barequeo en minas de oro, sin embargo, a su llegada, son explotadas sexualmente en negocios controlados por actores armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional  ( ELN ) , y Grupos Armados de Delincuencia Organizada en varios municipios del sur del departamento de Bolívar. Además, están siendo utilizadas y vinculadas a dinámicas de violencias en actividades como transportar drogas en la zona o ser informantes de grupos armados.
En el sur de Bolívar, si bien hay considerablemente menos acciones armadas  ( mientras en el sur de Córdoba hubo 17, aquí hubo 8 )  debido a que, como ya se mencion´o, existe una pax maﬁosa entre organizaciones armadas que reduce los niveles de violencia, se presentaron también acciones que dan cuenta de que existe un conﬂicto en la subregión. Tres de estas fueron combates entre el ELN y la fuerza pública  ( dos iniciados por el Estado y uno por la guerrilla ) . El ELN realizó dos emboscadas a tropas del Ejército y a policías  ( dos de estos murieron )  y hostigó con artefactos explosivos a la subestación de Policía del corregimiento de Buenavista  ( Santa Rosa del Sur )
El sur de Bolívar concentra el 23 % de las infracciones al DIH. En esta subregi´on hubo asesinato de defensores de derechos humanos  ( 4 ) , asesinato de excombatientes  ( 3 ) , masacres  ( 2 ) , desplazamiento forzado  ( 1 ) , explosi´on de minas antipersonales  ( 1 )  y secuestros  ( 1 ) . Como se puede observar, el tipo de violencia ejercida no var´ıa signiﬁcativamente con respecto al sur de Córdoba. Sin embargo, no se observa ningún caso en el que la violencia contra la poblaci´on civil haya sido utilizada para amedrentar a otros actores armados. En ese sen  tido, pareciera que el ELN  ( actor armado responsable de la mayor´ıa de las infracciones al DIH )  buscara reforzar un orden armado particular. Este año algunas expresiones violen  tas que no se habían registrado durante los tres años de medición emergieron  ( secuestro y masacres ) . Adem´as, el hecho de que la mayor´ıa de los eventos fueran dirigidos contra defensores de derechos humanos o excombatientes de las FARC EP también permite observar un patrón de victimización en esta subregión.
Por otra parte, según el informe de la Comisión para la Verificación de la Verdad, se requiere que el Estado Colombiano reconozca al desplazamiento transfronterizo como un hecho victimizante, por el cual las víctimas colombianas del conflicto armado puedan ser reconocidas como PNPI, teniendo en cuenta, además, afectaciones diferenciales por género, comunidades indígenas binacionales y edad.
La extensión de la vigencia de algunos alivios de precios, la realización de un día sin IVA en noviembre y la reciente apreciación del peso, en un contexto de demanda débil, llevaron a un descenso marcado del ajuste anual en el IPC de bienes en el último trimestre del año. La variación anual del IPC de bienes sin alimentos ni regulados se situó en diciembre en 0,63 %, un registro significativamente inferior al de septiembre  ( 1,15 % )  y al esperado en el informe de octubre  ( Gráfico 3.2 ) . A pesar de la recuperación gradual de la economía a lo largo del territorio nacional y del mejor desempeño de la demanda, los excesos de capacidad productiva siguieron siendo amplios, y las intenciones y capacidad de gasto de los hogares continua  ron afectadas, lo que se tradujo en pocos aumentos de precios en la canasta de bienes. La reversión del alivio del impuesto al valor agregado  ( IVA )  para productos de aseo personal y del hogar, que se esperaba para el cuarto trimestre, fue pospuesta por el gobierno nacional para el primer trimestre de 202116, lo que en parte explica los resultados inferiores a los pronosti  cados. A esto se sumó la tercera jornada del día sin IVA, reali  zada el 21 de noviembre, que generó caídas de precios impor  tantes en ese mes en los productos cobijados por la medida  ( vestuario, electrodomésticos, artículos electrónicos, aparatos de comunicación, entre otros ) , las cuales solo se revirtieron parcialmente en diciembre, probablemente como consecuen  cia de una demanda aún débil. Esta debilidad de la demanda también explicaría, al menos en parte, que el traspaso de la depreciación nominal acumulada del peso a los precios haya sido relativamente bajo. Adicionalmente, las presiones prove  nientes de la tasa de cambio habrían sido menores al final del año, por la reciente apreciación del peso. Los bienes asocia  dos con medios de transporte  ( vehículos, motos y bicicletas ) , para los cuales la demanda ha resultado más dinámica, han sido la excepción y han presentado variaciones positivas no despreciables.
En el país, en 747 municipios  ( 68% )  en 31 departamentos, residen personas con necesidades por conflicto  ( PIN )  armado y personas con necesidades refugiados y migrantes de Venezuela. De un total de 13,4 millones de personas afectadas en Colombia a causa del conflicto, la violencia armada, eventos asociados a desastres naturales y población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, en el panorama general de las necesidades humanitarias  ( HNO )  para 2020 se identificó a 8,5 millones de personas que necesitan atención de manera integral para mitigar las consecuencias humanitarias que han deteriorado sus estándares de vida tanto de manera individual como colectiva: mujeres, hombres, niñas y niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad56.
Preocupa gravemente el subregistro y ausencia de denuncia ante la vulneración de derechos de población desplazada, migrante forzada y refugiados, para la situación de reclutamiento forzado. Según el Equipo Especial de seguimiento a la Resolución 161257 para Colombia, entre julio 2016 y junio 2019, identificó un total de 307 incidentes de reclutamiento y uso que afectaron a 598 niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años en 12 departamentos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en un balance sobre 105 Alertas Tempranas emitidas entre enero 2018 y mayo 2019, señaló que, en 63 de ellas  ( 60% )  se identificaron escenarios de riesgo por parte de actores armados, en 94 municipios de 23 departamentos del país. Preocupa también, especialmente en el caso del reclutamiento de menores, que su ocurrencia, impactos y consecuencias se conocen solamente al momento de la desvinculación o defunciones. Frente a esta problemática, son especialmente vulnerables los menores migrantes no acompañados, ante lo cual son insuficientes las medidas de las instituciones nacionales, se evidencia la desarticulación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, así como la inoperancia y débil capacidad de respuesta de las entidades territoriales.
En el último trimestre del año el IPC de alimentos presentó al  zas algo mayores que las previstas, debido a presiones alcis  tas en los precios de los alimentos perecederos. En efecto, la variación anual del grupo alimentos aumentó entre septiem  bre  ( 4,13 % )  y diciembre  ( 4,80 % ) , tendencia alcista que lideró la evolución de los precios de los alimentos perecederos, cuyo ajuste anual pasó del  3,4 % en septiembre al 2,5 % en diciembre  ( Gráfico 3.5 ) . Es importante anotar que este repunte no estuvo asociado con una contracción generalizada de la oferta de ali  mentos, según se desprende del alto nivel de abastecimiento de alimentos registrado en los últimos tres meses del año en las principales centrales de acopio del país. Además, porque la adecuada disponibilidad de alimentos en el mercado local se ha beneficiado de unas condiciones climáticas favorables derivadas del actual fenómeno climático de La Niña17, cuyas mayores precipitaciones impulsan en general el rendimiento de los cultivos agrícolas y de las actividades pecuarias. Así las cosas, el repunte del cambio anual de los alimentos perecederos, en especial en los dos últimos meses de 2020, fue explicado principalmente por una base de comparación estadística muy baja  ( en estos mismos meses de 2019 se presentaron caídas importantes en el nivel de estos precios ) . Por su parte, la variación anual del IPC de alimentos procesados mantuvo la tendencia decreciente observada desde mediados de año, al descender del 6,4% en septiembre al 5,4% en diciembre, sin que aún se perciban presiones alcistas derivadas del incremento desde mediados del año pasado de los precios internacionales18. Posiblemente, estos precios están siendo compensados, además de la debilidad de la demanda, por la relativa estabilidad de la tasa de cambio durante el tercer trimestre y la apreciación del peso observada durante el último trimestre de 2020.
Los indicadores disponibles sugieren que la actividad eco  nómica habría continuado su proceso de recuperación en el cuarto trimestre. La finalización del esquema de aislamiento preventivo obligatorio, a comienzos de septiembre, junto con una recuperación en los niveles de empleo y de la demanda interna, habría permitido que la actividad económica pre  sentara un mayor dinamismo en el cuarto trimestre. Así lo reflejan distintos indicadores sectoriales, cuya recuperación continuó en octubre y noviembre: en series desestacionali  zadas, las ventas del comercio minorista sin combustibles ni vehículos pasaron de caer un 3,9 % anual en el trimestre julio septiembre a crecer al 8,8 % en el bimestre octubre no  viembre  ( con una cifra en noviembre que revela un impacto significativo del día sin IVA y jornadas de descuento: 11,7 % ) ; la variación anual de la producción de la industria manufac  turera pasó del  7,4 % en el segundo trimestre al  0,8 % en el bimestre octubre noviembre, y la del ISE, que representa la medición más completa de actividad económica, pasó del  7,1% en septiembre al  3,9% en promedio para octubre y noviembre. Por grupos de actividades, las secundarias registraron la mayor recuperación  ( del  14,9% en septiembre al  7,7% en octubre noviembre )  seguidas de las terciarias  ( del  5,3% en septiembre al  1,9% en octubre noviembre ) . Las actividades primarias, por el contrario, presentaron un retroceso, al pasar del  8,5% en septiembre al  9,9% en el bimestre octubre noviembre  ( Gráfico 3.15 ) . Otros indicadores, como la demanda de energía  ( Gráfico 3.16 ) , los de movilidad, las cifras de transacciones de varios bancos comerciales y las matrículas de vehículos revelan que la actividad económica continuó mejorando en noviembre y diciembre.
En el último trimestre del año se presentó un mayor ajuste de las tasas interbancarias a la tasa de interés de política mo  netaria  ( TPM ) , y se mantuvo la tendencia decreciente de las tasas de captación. En ese período las tasas IBR overnight y TIB en promedio fueron iguales a la TPM, con una volatilidad máxima de un punto básico  ( pb )   ( Gráfico 3.23 ) . Las tasas de interés interbancarias a plazos más largos convergieron a la TPM desde octubre, registrando una volatilidad máxima de 4 pb  ( Gráfico 3.23 ) . En cuanto a las tasas de interés de los de  pósitos, entre marzo y diciembre de 2020 los CDT acumularon descensos  (  240 pb )  en sus tasas, similares a las reducciones en la TPM, comportamiento menos acentuado en las tasas de interés de ahorro  (  130 pb ) . Las reducciones de la TPM siguen transmitiéndose hacia las tasas de interés de las empresas y los hogares. Entre febrero y diciembre las reducciones de las tasas de interés acumula  das fueron lideradas por los créditos comerciales  ( Gráfico 3.24, panel A )  en las modalidades ordinario  (  240 pb ) , preferencial  (  222 pb )  y construcción  (  162 pb ) . En los créditos a los hogares también se han acumulado importantes reducciones en las tasas de interés  ( Gráfico 3.24, panel B )  sobresaliendo las de tarjeta de crédito  (  173 pb ) , seguidas por las de consumo  (  146 pb )  y adquisición de vivienda  (  100 pb ) . Las tasas de interés de créditos comerciales de tesorería presentan gran volatilidad y, en promedio, durante la emergencia sanitaria han estado 92 pb por arriba del nivel observado en febrero.