nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
la educación, la salud y la cultura se ven afectadas, pues se ocasiona un aumento en los niveles de deserción escolar en los jóvenes que centran su atención en perseguir los réditos de la siembra de los cultivos ilícitos; la ilegalidad impulsa una disminución en el uso de la lengua, el vestido y otros rasgos identitarios de los indígenas; la comunidad descuida los saberes de la medicina tradicional, lo que a su vez afecta la salud pública impactada por el consumo de SPA; de igual forma, la asimilación del dinero como determinante del bienestar hace que se dejen de lado los principios solidarios y de interés de lo común en los hogares.
frente a la salud comunitaria, se demanda el apoyo a las instituciones promotoras de salud indígena como medio que preserve la salud física, mental y espiritual de los hogares indígenas.
Al ser recluidas, la mayoría  ( 80 % )  no recibe ayuda de fuera del centro penitenciario. El estudio constató una sobrecarga económica de los hogares que quedaron al cuidado de sus hijos, en su mayoría a cargo de personas mayores. Aún recluidas, en el 35 % de los casos las mujeres siguieron siendo las principales aportantes de ingresos para sus hijos. Se encontró que el entorno social propicia la comisión de este tipo de delitos de manera que solo una de cada cinco mujeres actuó por decisión propia; en contraste, el 33 % declaró actuar por influencia de sus amistades, especialmente aquellas de 21 a 30 años.
Se registró además consumo de SPA al interior de los centros penitenciarios en niveles altos. En particular, sobresalen los datos de marihuana  ( 54 % prevalencia vida, y 21 % en las últimas 24 horas )  y tranquilizantes sin prescripción médica  ( 46 % prevalencia vida y 22 % en las últimas 24 horas la fecha de realización de las encuestas ) .
El estudio reveló que una de cada diez mujeres que habían abandonado el consumo de SPA recayeron en el consumo tras su ingreso a las reclusiones. En contraste, sólo el 7 % de ellas reportaron haber participado en programas de tratamiento para el consumo.
Los hallazgos en este tema son dramáticos. El 25,8 por ciento de los hogares venezolanos tuvo al menos un miembro que no consumió ninguna de las tres comidas por falta de dinero uno o más días de la semana previa a la encuesta. Este porcentaje contrasta con el 0,54 por ciento para los hogares colombianos que viven esta situación en las principales ciudades del país, de acuerdo con la Encuesta Pulso Social del Dane.
Las principales privaciones de estos hogares se dan en el acceso a empleo, salud, rezago escolar y vivienda. En este sentido, el 97,7 por ciento de los hogares migrantes tienen privaciones por tener empleos informales, el 85,4 por ciento no está asegurado en el sistema de salud, el 51,4 por ciento tiene rezago escolar y el 48,8 por ciento enfrenta hacinamiento crítico en sus viviendas.
El Gobierno de Colombia ha destinado recursos para la implementación de los PDET, y así responde a lo establecido en el acuerdo de paz. Estos recursos se registran en las transferencias a los municipios por medio del Sistema General de Participaciones  ( SGP )  del Departamento Nacional de Planeación117, que incluye recursos para la financiación de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Entre los años 2017 y 2019  ( desde la firma del acuerdo de paz ) , el 8,4 % de los recursos del SGP se destinaron para los municipios PDET. Los recursos del SGP presentaron un incremento del 6,9 % durante el periodo, al pasar de 39,2 billones en el 2017, a 41,9 billones en el 2019  ( figura 77 ) .
Sobre este último punto se identificó que uno de cada cuatro hogares migrantes vive en una habitación y el 48,7 por ciento de estos núcleos familiares se encuentra en hacinamiento crítico, un porcentaje muy elevado en comparación con el 8,6 por ciento de los hogares colombianos.
A nivel subregional, de los 166.331 millones ejecutados, sobresalen las inversiones en tres subregiones: Macarena Guaviare  ( 17,2 % ) , Putumayo  ( 15 % )  y Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño  ( 11,2 % ) ; las subregiones con menor participación en la ejecución presupuestal, entre los años 2018 2020, fueron el Urabá antioqueño  ( 0,7 % )  y el Sur de Bolívar  ( 0,1 % ) .
La producción de cultivos de coca incluye a las mujeres y a las comunidades étnicas  ( pueblos indígenas y comunidades negras, en cuyos territorios se registra el 23 % de los cultivos de coca identificados en 2020 ) . De manera particular la región Pacífico, que presenta la mayor área cultivada con coca en el país, tiene un alto porcentaje de territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas afectados por el narcotráfico.
En la región del Catatumbo, las dinámicas del mercado fueron diferentes al resto de territorios consultados. Las condiciones locales no afectaron la circulación de compradores en la zona, por lo cual los precios de la pasta básica de cocaína permanecieron estables durante la pandemia, alrededor de COP 2.400.000 por kg  ( USD 646.92/kg ) . Solo en el último trimestre presentaron un alza, hasta consolidarse en COP 2.800.000 por kg  ( USD 758.24/kg ) .
El repertorio de violencia de los actores armados ilegales se concentró, al principio de la pandemia, en la emisión de amenazas contra la población civil, particularmente en contextos donde su control era hegemónico o coexistía con otro grupo armado ilegal. De acuerdo con los casos monitoreados por la Defensoría del Pueblo, los grupos armados ilegales impusieron normas de conducta a la población civil, regulación a establecimientos comerciales y de ocio, control de precios sobre víveres y elementos de salubridad, como alcohol; además, ocasionaron bloqueos en vías de acceso terrestre y fluvial, como estrategia para restringir el flujo de personas, alimentos y medicamentos.
2. Medios de vida: el 92% de las familias identifica en la disponibilidad de dinero un obstáculo para acceder a alimentos: el 19% de las familias no tienen integrantes que realizan actividad económica remunerada.
Datos del gobierno, analizados por el Proyecto Migración Venezuela, muestran que la obtención de títulos educativos fue 8 puntos porcentuales más altos en mujeres que en hombres en 2019; el 33 por ciento de las mujeres tenía títulos educativos más altos, en comparación al 25 por ciento de los hombres. En Colombia, esto sigue los patrones de género de la población local. Las mujeres colombianas también son más educadas que los hombres colombianos.75 Una investigación del Banco Mundial muestra un patrón similar en los venezolanos en Ecuador.76 De igual manera, una encuesta de la DTM indicó que el 20 por ciento y el 16 por ciento de mujeres y hombres venezolanos en Ecuador tenían educación universitaria, respectivamente, lo que confirma dicho hallazgo.77
Punto 1. Reforma Rural Integral Rojo. Diez medidas de género sin avance o avances muy reducidos tras cuatro años de implementación. Amarillo. Once medidas de género con avances parciales. Verde. Tres medidas de género terminadas o con avance oportuno Gris. Una medida sobre la cual no se obtuvo información que permitiera determinar su nivel de avance
En Colombia, las tasas de escolarización han variado con el tiempo. Desde el principio de la llegada de la migración venezolana, el gobierno colombiano ha tomado pasos proactivos para incorporar a los niños venezolanos en el sistema educativo
La pandemia arroja cifras preocupantes en todo el país, con promedios diarios de 620 muertes y más de 21.000 nuevos casos positivos. A ello se suma una ocupación de UCI mayor del 90%. El gobierno continúa con el proceso de vacunación que a la fecha acumula 18,58 millones de dosis aplicadas y 7,10 millones de personas inmunizadas. Para apoyar el ritmo de vacunación, la empresa privada ha sido autorizada para comprar vacunas.
. Una DTM de noviembre de 2019 en Colombia, encontró que sólo el 43 por ciento de las mujeres adultas encuestadas que estaban interesadas en recibir anticonceptivos reportaron tener acceso a ellos, mientras que la mitad de las que estaban embarazadas reportaron haber recibido atención médica prenatal.103
Las campañas de vacunación para la COVID 19 han sido limitadas y lentas en toda América Latina, y el acceso a las vacunas ha sido especialmente difícil para los migrantes y refugiados venezolanos. Los mismos tipos de obstáculos a la atención médica mencionados anteriormente existen también en relación con el acceso a las vacunas. El miedo a la deportación es una de las principales barreras, incluso cuando los migrantes en condición irregular tienen derecho a la vacuna
s, Colombia se ha pronunciado desde entonces a favor de aumentar el acceso a las vacunas, y la nueva iniciativa de regularización del país podría mejorar aún más su acceso para los venezolanos.108 También es valioso señalar que, dado que los migrantes y refugiados venezolanos son generalmente más jóvenes, es probable que muchos de ellos se encuentren entre los últimos grupos vacunados, ya que no se encuentran en un rango de edad de alta prioridad.
En Colombia y Perú, una cuota creciente de venezolanos ha reportado discriminación a lo largo de los tres períodos; para el más reciente período, una mayoría de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia había reportado haber experimentado discriminación, así como lo había reportado el 45 por ciento o más en Perú. Aunque los datos comparables son más limitados en Chile, la evidencia que sí existe sugiere que los venezolanos en el país también han experimentado niveles crecientes de discriminación con el paso del tiempo.
A pesar de los Acuerdos de Paz del 2016, persisten confrontaciones y violaciones de DDHH. A mayo se registra el desplazamiento de 29.252 personas, es decir un aumento de 101% frente al año pasado, mientras desde la firma de los Acuerdos de Paz, han sido asesinadas 277 personas en proceso de reincorporación.
en encuestas hechas entre julio de 2019 y septiembre de 2020, ocho de cada diez colombianos  ( y siete de cada diez ecuatorianos y peruanos )  reportaron creer que los servicios sociales estaban “colapsando debido a la presencia de migrantes', en un estudio de 2019 hecho por Oxfam en Colombia, se encontró que casi tres cuartos de los colombianos cree que se debe extender el acceso a educación y a servicios de salud para los venezolanos.122 Si la cohesión social es medida a través de la solidaridad con los desplazados venezolanos y el apoyo para brindarles acceso a servicios públicos, entonces parece ser que es más fuerte en algunos países como Chile y Colombia, que en otros como Ecuador y Perú.
Las poblaciones de migrantes y refugiados venezolanos son generalmente jóvenes y están más o menos distribuidas equitativamente por género. Aunque los hombres estuvieron sobrerrepresentados durante el período inicial de migración, las distribuciones de género han alcanzado una mayor paridad a través del tiempo como se muestra en la Figura 2. Por ejemplo, mientras que el 60 por ciento de los migrantes y refugiados en Ecuador eran hombres durante el primer período del estudio  ( de 2017 a mitades de 2018 ) , la cuota de hombres migrantes y refugiados cayó a 54 por ciento en el tercer período  ( 2020 21 ) . Los datos muestran que Chile, Colombia y Perú han seguido patrones similares. En Brasil, aunque los datos son más variados, la migración femenina y la paridad de género también parece ser el caso en dicho paí
3.6. Punto 6. Verificación Rojo. Una medida de género sin avances o avances muy reducidos tras cuatro años de implementación: 1. Aprobar una ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos de uso ilícito que beneficie campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, que incluya tratamiento penal diferenciado para mujeres en casos especiales. Amarillo. Dos medidas de género con avances parciales Verde. Tres medidas de género terminadas o con avance oportuno
En 2017, Colombia creó un camino para la regularización con el Permiso Especial de Permanencia  ( PEP ) , un permiso temporal que concedía dos años de estatus regular, y que le permitía trabajo y acceso a servicios sociales a la población venezolana.13 El ejercicio ha sido positivo donde 762 857 venezolanos fueron registrados a junio de 2020, de acuerdo con la Presidencia de Colombia.14 A pesar de este logro, sin embargo, una gran y, relativamente, constante proporción de población venezolana ha permanecido en condición irregular a través de los tres períodos del estudio, oscilando entre el 41 por ciento y el 57 por ciento. A mayo de 2021, Colombia comenzó un nuevo proceso de regularización en el que el gobierno tiene como objetivo otorgarles estatus regular a los venezolanos que hayan entrado al país antes del 31 de enero de 2021.1
En Colombia, se estima que la cuota de venezolanos, los cuales su nivel de educación más alto es la escuela secundaria, está entre el 41 y 50 por ciento, mientras que la cuota con educación terciaria es más variada, que oscila entre el 12 y el 59 por ciento. Tal y como lo permite ver la figura 11, de acuerdo con una encuesta nacional de 2019, el 24 por ciento de los nacionales colombianos tienen educación terciaria, lo que sugiere que los venezolanos en Colombia podrían tener niveles similares o más altos en comparación con sus homólogos colombianos
Desde el 28 de abril se han vivido manifestaciones masivas diarias y el pasado 1 de junio, el Comité del Paro Nacional instó a la ciudadanía a eliminar las restricciones y bloqueos que han generado desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y transporte a nivel nacional. Pese a ello, siguen registrándose movilizaciones sociales, manifestando inconformismo con la situación económica, social y de salud agravada por la pandemia
Finalmente, según el último informe de ACNUR, Colombia reporta la cifra más alta de personas desplazadas a nivel mundial  ( 8,3 millones )  y es el segundo país con mayor número de población refugiada  ( 1,8 millones de personas provenientes de Venezuela   Enero 2021 ) .
De acuerdo a los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, ese día se tenía prevista la llegada de varias chivas de la Minga Indígena desde el Cauca a Cali, por la vía Cañasgordas. Antes de su llegada, habitantes del sector salieron a bloquear la vía de entrada y en estos hechos se registrados ataques armados. La organización de los sucesos y su cronología parece indicar que los bloqueos y el posterior ataque se dieron de manera coordinada y premeditada.
Con los mensajes estigmatizantes, las autoridades crearon objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptaron todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que civiles armados atacaran a la Minga.
Amnistía Internacional también tuvo conocimiento de declaraciones públicas del congresista Christian Garcés, del partido de gobierno Centro Democrático, quien afirmó “se vienen indígenas con bastones de mando a secuestrar a los caleños'168, no solo replicando un mensaje estigmatizante desde su posición política, sino justificando la violencia ejercida contra la Minga Indígena.
Sumado a esto, medios de comunicación señalan que en días previos al ataque el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró que “en Cali no deben mandar los que no forman parte de Cali. No debe haber pretextos para que personas ajenas a nuestra ciudad cumplan las funciones que se cumplen en nuestra ciudad' 160 y “debemos actuar de otra manera, los criminales ganan fuerza y capacidad resolutiva es limitada. Es necesario crear Brigadas y Redes de Seguridad ciudadana. Desde mañana a organizarnos a nivel de barrio, pero tenemos que cuidar la vida'161. Estos mensajes estigmatizantes y que criminalizan a manifestantes, así como los llamados realizados por autoridades de todos los niveles162 a crear grupos civiles de seguridad, fueron el contexto facilitador para que estos ataques armados se pudieran concretar.
La Policía disparó contra los cuatro defensores de derechos humanos e integrantes de la Minga Indígena. Las personas integrantes del Movice pudieron identificar un vehículo que disparó contra otro vehículo que transportaba miembros de la guardia indígena. Simultáneamente otro carro particular disparaba contra los manifestantes. Todo lo anterior delante de personal de policía que se encontraba en el lugar y protegía a los civiles que atacaron a los manifestantes y la Misión de Verificación.
La región cuenta con una tasa de desnutrición seis veces mayor a la nacional. Las familias más afortunadas viven cerca a los molinos, pero otras deben recorrer kilómetros bajo el sol para conseguir agua. De acuerdo con el gobierno, 77% de las familias indígenas en La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria.
Las limitaciones a los derechos fundamentales en La Guajira son evidentes para 39,7% de su población que vive en pobreza extrema. La limitada presencia del Estado, la dispersión de las poblaciones en el desierto, el calentamiento global, la pobreza estructural y la reciente llegada de 148.000 migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad, han causado el colapso en los sistemas de salud, ya deficientes y además afectados por los efectos de la pandemia
Los Wayúu viven en comunidades llamadas ‘'rancherías'' con sus respectivas casas y espacios de encuentro esparcidos por todo el territorio. A lo ancho del paisaje, las comunidades más prosperas disponen de escuelas en las que algunos niños estudian, o molinos que ayudan a recoger escasas cantidades de agua subterránea salinizada, siendo el agua que niños, niñas y adultos beben sin cumplir los parámetros de agua segura requerida, con lo cual, su consumo se convierte en uno de los principales factores que causan desnutrición.
Colombia es actualmente el principal país receptor de población venezolana en el mundo: al 30 de junio de 2020, hospedaba más de 1.74 millones de refugiados y migrantes venezolanos  ( eran 25.000 en el 2014, y en el 2018 se pasa el millón ) 21; se calcula que alrededor de un millón son irregulares. Los departamentos donde viven más venezolanos son: Bogotá  ( 29% ) , Antioquia  ( 14% )  y Norte Santander  ( 9% ) . Al mismo tiempo, es un país de tránsito hacia otros destinos y 4,8 millones cuentan con Tarjeta de Movilidad Fronteriza  ( TMF )  aprobada, y pueden entrar y salir constantemente del país en la zona fronteriza con Venezuela buscando insumos y asistencia humanitaria.
Las principales necesidades identificadas en el estudio son: 1. Necesidades: La principal necesidad percibida es la alimentación  ( 91% ) , el apoyo de vivienda  ( ayuda para pagar el arriendo, 67% )  y el acceso al empleo o medios de vida  ( 54% ) .
4. Agua, saneamiento e higiene: el 36% de las familias no tiene acceso a agua potable
5. Riesgos de protección: El 20% de los niños y niñas nacidos en Colombia desde el 1 de enero de 2015 no han solicitado los documentos necesarios para la nacionalidad colombiana.
6. Internet y educación: solo el 63% de los hogares acceden a servicios de Internet.
Y, por otro lado, tal estrategia debe armonizar los distintos usos del suelo y sentar las bases para la resolución de los Mapa 11. Mapa multitemporal de deforestación. Detalle en las sabanas del Yarí, 1990, 2005 y 2017. Fuente: elaboración propia con datos de Sistema de monitoreo de bosques y carbono IDEAM 2015, 2016, 2017, 2018. ideas verdes No. 22   Diciembre 2019   Fundación Heinrich Böll Oficina Bogotá   Colombia 33 conflictos por los usos del suelo y del agua por ocupación y tenencia de la tierra derivados de la falta de articulación de las estrategias de conservación, desarrollo territorial y crecimiento económico  ( Ochoa, Rojas S., y Ortiz, 2011 )
7. Salud: solo el 16% de los encuestados está afiliado a algún régimen de salud.
Según el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo, emitido por el Ideam el pasado lunes 19 de julio, las lluvias tendrán un incremento del 20% al 40% sobre los promedios históricos en la zona centro y sur del Cesar durante agosto, septiembre y octubre. También subirán entre un 10% y un 20% en el resto del departamento en los mismo meses.
En el 2020 en tierras de las comunidades negras se registró una reducción del área sembrada con coca de un 12 % al pasar de 24.940 ha32 en el 2019 a 22.040 ha en el 202033. La participación de los consejos en el total nacional es del 15 %, un punto porcentual menos que en el 2019, consolidándose la tendencia a la reducción reportada desde el 2017, relacionada en parte con las acciones de erradicación adelantada por la fuerza pública que se han llevado a cabo en los consejos de mayor afectación en Nariño.
Este año el Centro Integral de la Mujer, de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, ha registrado 449 casos de violencia de género contra mujeres. De esa cifra, 35 casos corresponden a mujeres migrantes y 22 a personas sexualmente diversas.
En Bucaramanga existe el programa Mujer y Equidad de Géneros, el cual se encarga de la atención y prevención de las violencias basadas en género. Esta es precisamente la que se ha encargado de atender los más de 400 casos que se han registrado.
La violencia contra las mujeres en todo el departamento es un hecho que preoucupa, teniendo en cuenta que el año pasado, hasta noviembre, 30 mujeres perdieron la vida de manera violenta. En Bucaramanga se presentaron cinco feminicidios ese mismo año.
La temporada de lluvias en Colombia también está afectando a los departamentos en la región Caribe. En el Cesar hay preocupación por los niveles altos del río Cesar y sus afluentes. Una de las zonas más críticas es la del río Guatapurí. En el margen derecho de este cuerpo fluvial hay cientos de familias que temen que una creciente súbita afecte sus casas.
Incluso, el pasado 3 de julio de este año se registró la muerte de una mujer venezolana de 23 años en Bucaramanga, quien fue asesinada por su expareja al terminar la relación que sostuvieron por tres meses. El hombre que cometió el homicidio fue capturado.
Las comunidades que habitan en el margen derecho del río Guatapurí temen que haya una creciente súbita que afecte sus viviendas.
A pesar de que las zonas del margen deecho del río Guatapurí en Valledupar están catalogadas como de alto riesgo, las personas que allí habitan aseguran que no tienen otra opción de vivienda. Durante la pandemia la población de este sector de la capital aumentó debido a la crisis económica desatada por el COVID 19.
En octubre de 2020 hubo una creciente súbita a la altura del barrio 9 de Marzo. La corriente arrasó con una parte del terraplén y llegó hasta las casas de 20 familias que fueron afectadas. La viviendas de esta zona de Valledupar están hechas en su mayoría de plástico, madera y cartón. Con esos antecedentes las personas que habitan en este tipo de poblaciones están preocupados por los niveles del río Guatapurí.
la situación de la temporada de lluvias va más allá del Cesar. Desde el Ideam aseguraron que “desde el Centro Regional de Pronóstico y Alertas Tempranas de la Mojana prestamos el servicio a los agricultores, pescadores y a la comunidad en general para la prevención y gestión del riesgo en municipios de Sucre, Bolívar, Antioquia y Córdoba'
La Alcaldía Distrital, a través de la Unidad Defensora del Espacio Público, Udep, informó que cerca de 5 familias de nacionalidad venezolana fueron desalojadas de un terreno que habían invadido. Se conoció que las personas que se habían instalado en el terreno desde hace algunos meses. Miembros de la Udep, precisaron que lo que se lleva a cabo en el espacio es la “restitución de un área pública ubicada en las cercanías del cerro Ziruma'.
Lo preocupante de la situación es que cada vez más los cerros de Santa Marta están siendo invadidos por población venezolana que ha construido de manera irregular, poniendo en riesgo las viviendas que están en la parte baja en diferentes sectores. Y es que si bien, en Santa Marta, por esta ocupación ilegal existe un peligro latente debido a las posibilidades que se registren avalanchas y deslizamientos son altas debido a la deforestación de los cerros.
Las grandes ciudades muestran una dinámica menor del consumo frente a la observada para el promedio nacional. Barranquilla es la ciudad que muestra una mayor recuperación del consumo y creciendo 13,7%.
 La crisis derivada de la pandemia tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres: sobrecarga de trabajo no remunerado, aumento de la pobreza y precariedad laboral, acceso limitado a los servicios públicos y financiamiento insuficiente para las políticas de igualdad de género. Además, las mujeres están en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria y se encuentran expuestas a mayores riesgos de infección, ya que representan el 72,6% de las personas ocupadas en el sector de la salud en la región.
En Colombia se ha creado un patrimonio autónomo para promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres.
Para los bachilleres, la CUN ofrece en su programa de validación, acceso a formación continua durante 140 horas en una plataforma virtual con clases orientadas por docentes especializados como preparatorio para la prueba Saber Validación con el objetivo de tener su título bachiller con la prueba realizada por el ICFES', explicó en entrevista con la revista Semana, el director de Mercadeo de la CUN, César Merchán Suárez.
En junio, el 8,4% de las empresas presentó alguna afectación en su operación, en un 43,3% relacionada con el COVID 19 y en un 49,3% relacionada con las manifestaciones y protestas. El 20,8% de las empresas afirmó que el número de empleados disminuyó comparado con un escenario pre   pandemia. Frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente el 29% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas
Por otra parte, las expectativas de empleo de los industriales para el próximo trimestre se incrementaron a 11,7%, lo que implica un aumento de 2,3 pps frente al trimestre anterior. La percepción de los industriales sobre la presencia de actividades de contrabando se ubicó en  5,6%, lo que representa un incremento de 3,3 pps respecto al trimestre anterior.
En junio, respecto al estado de operación de la empresa, el 91,6% de las firmas encuestadas no presentó una afectación en su funcionamiento, el 8,0% operó parcialmente, el 0,4% presentó un cierre temporal y ninguna presentó un cierre permanente. De las empresas que contaron con algún grado de afectación en su funcionamiento, el 43,3% afirmó que este tenía relación con el COVID 19, el 49,3% afirmó que se debía a las manifestaciones o protestas2 y el 7,5% aseguró que era por otro motivo
En comparación con el mes anterior, en junio el porcentaje de empresas que están totalmente en funcionamiento aumentó 13,7 pps, mientras que las empresas que se encuentran parcialmente en funcionamiento y cerradas temporalmente disminuyeron 13,1 pps y 0,6 pps respectivamente. El porcentaje de empresas que se encuentran cerradas permanentemente se mantuvo igual  ( Gráfico 4 ) .
En los próximos tres meses el 1,8% de las empresas espera realizar un cierre temporal, el 0,8% de las empresas espera realizar un cierre permanente, mientras que el restante 97,5% no planea realizar ninguna alteración en su funcionamiento. Respecto al mes anterior, en junio la proporción de empresas que esperan un cierre temporal se redujo 5,7 pps, mientras que la proporción de empresas que esperan un cierre permanente y ningún cierre en los próximos 3 meses aumentó 0,4 pps y 5,3 pps respectivamente. De las empresas que prevén afectar su operación, en junio el 30,0% afirmó que esta decisión tiene relación con el COVID 19, mientras que el 45,0% aseguró que dicha decisión se relaciona con las manifestaciones o protestas y el restante 25,0% expresó que se debe a otros motivos  ( Gráfico 5 ) .
En el primer semestre de 2021, al menos 6 desplazamientos masivos tuvieron lugar en Argelia, en dónde al meno 3.140 personas fueron afectadas.
La Defensoría del Pueblo publicó la Alerta Temprana  ( AT )  N° 003 21 en referencia al control social ejercido por GANE en cuatro comunas de Buenaventura  ( Valle ) . La población de las comunas 7, 10, 11 y 12 se ven afectadas por violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario  ( DIH ) , por dos situaciones de riesgo que generen acciones de violencia. La primera, por la ruptura interna de una banda delincuencial que da pie al enfrentamiento entre nuevos actores, y la segunda es la presenciaprevia de un GAO y un GDO que se encuentran en constantes enfrentamientos con afectación a la población civil.
Según la GEIH, entre 2014 y 2020 se ha registrado un crecimiento sostenido del total de migrantes de Venezuela: la variación anual promedio de esta población ha sido de 80,6% y el mayor crecimiento se registra entre 2017 y 2018, donde la variación fue de 167,5%. De esta forma, para 2020 el total de migrantes de Venezuela alcanzó los 2,26 millones de personas3.
El lugar exacto de la jornada es en el sector La Ceiba, esquina de la calle 63 con cra 10B, cerca del comedor. Swuinne precisó que tienen una unidad móvil para la vacunación, y una carpa para espera y reposo después de la colocación del fármaco. Además se les ofrece a las personas refrigerios e hidratación. Esperan repetir la jornada en 28 días y se fijaron la meta de vacunar contra la covid  19 a 500 personas.
El gasto en alimentación crece cerca del 30% frente a 2019 mientras el gasto en droguerías continúa desacelerándose al igual que los casos de Covid 19
La discriminación laboral los segrega a la realización de labores informales y socialmente feminizadas como peluquería, estilismo, trabajo sexual y trabajo doméstico. En estos oficios no cuentan con la mirada estatal que los proteja o que le haga exigencias de tratos dignos a sus empleadores o clientes, por lo que se ven confrontados con los prejuicios sociales en su contra de manera irrestricta
Población objeto de atención y seguimiento: comunidad Nittake Yangriri del pueblo indígena Ette Ennaka, la comunidad de Santa Cecilia en Astrea, la asociación de pescadores de Chimichagua, la comunidad afrodescendiente de Mandinguilla en Chimichagua, la comunidad afrodescendiente de Saloa en Chimichagua, los dignatarios de las juntas de acción comunal  ( JAC )  de corregimientos y veredas, los pescadores artesanales que desempeñan su actividad en el complejo cenagoso de Zapatosa y en los ríos Magdalena y Cesar, los pobladores campesinos y afrodescendientes de los corregimientos y veredas relacionadas en la alerta y los dignatarios de los Consejos Comunitarios de comunidades negras y de organizaciones sociales afrodescendientes
La jornada, que se extenderá hasta este viernes en el sitio conocido como Villa Caracas, atenderá a migrantes venezolanos y retornados colombianos cuya situación migratoria sea regular. Mujeres en estado de embarazo serán vacunadas sin importar su estatus migratorio.
Los beneficiarios son migrantes venezolanos, retornados colombianos y población de acogida, mayores de 25 años. Los extranjeros deben tener situación migratoria regular, es decir, contar con Permiso Especial de Permanencia  ( PEP ) , salvocunducto o carnet diplomático, no importa que no esté afiliado a una EPS.
Vale aclarar que no se está vacunando a la demás población migrante venezolana en condición migratoria irregular, tal como se ha difundido en varios medios de comunicación.
A nivel internacional hay un claro llamado para incorporar el enfoque de género en la justicia transicional como mecanismo para garantizar la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBT víctimas de los conflictos armados
Para el Magdalena y Cesar se emitió la AT N° 012 21 que alerta sobre los riesgos de protección que enfrentan pobladores de comunidades, grupos étnicos y otros grupos poblacionales en 6 municipios: El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista  ( Magdalena ) , Tamalameque, Chimichagua y Astrea  ( Cesar ) ; lo anterior, ante las restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado, violencia sexual y utilización de niños, niñas, adolescentes, comunidades étnicas y migrantes de Venezuela en economías ilícitas manejadas por dos GANE.
Estas características que describen la realidad de lo que ha sido la experiencia de “acceso' a la justicia de las mujeres y personas LGBT, es lo que ha dado lugar al desarrollo de normas y estándares a nivel mundial sobre las condiciones necesarias para incorporar una perspectiva de género en la justicia en general, incluida la justicia transicional, que tendría un especial rol en dar cumplimiento a los mandatos en derechos humanos por el objetivo que cumple, y tendría la responsabilidad de adecuar sus procedimientos e instituciones para hacer efectivas las medidas de género del Acuerdo Final de Paz y demás mandatos internacionales sobre los derechos de las víctimas inscritas en el caso propuesto.
Hay obstáculos históricos de acceso a la justicia que “hereda' y debe transformar la justicia transicional, por ejemplo, existen barreras para denunciar13 con los consecuentes índices de subregistro de la problemática; se realizan diligencias de declaración en escenarios altamente revictimizantes; no es fácil lograr que su voz sea considerada como válida y veraz en contextos como los nuestros en que la versión de una mujer o persona LGBT por el hecho de ser tales son poco creíbles, o que se asigne valor probatorio a las evidencias aportadas por las víctimas, en procesos en que usualmente las mismas se valoran a partir de estereotipos.
En violencia sexual, violencia reproductiva y contra personas LGBT existen un conjunto de disposiciones que sustentan jurídicamente la priorización del caso nacional propuesto, que lo justifican y que hacen que hoy en día la JEP adeude a las víctimas sobrevivientes una respuesta eficaz.
Respecto a esta población vulnerable, la magnitud de los hechos da cuenta de una crítica situación de violencia sexual, reproductiva y basadas en la sexualidad de las víctimas en el contexto del conflicto armado que agudiza y reproduce las condiciones de discriminación de las mujeres, niñas y personas LGBT  ( quienes padecieron la violencia sexual y otras violencias al interior del patrón de persecución que se cometió en su contra ) . Según el registro de la Unidad Nacional de Víctimas, hay 29.619 hechos contra la libertad y la integridad sexual en el contexto del conflicto armado, el 91% contra mujeres39. Asimismo reporta 5.632 hechos victimizantes contra personas LGBT en el marco del conflicto armado40.
Los índices de satisfacción de derechos de mujeres, niñas y personas LGBT continúan siendo bajos a pesar de los diversos avances normativos. La tasa de desempleo, la brecha salarial, la pobreza37, la participación política38, los niveles de violencia, entre otros factores, describen a estos grupos sociales como vulnerables.
Su acceso a la salud se ve constantemente obstaculizado por prejuicios burocráticos –normas inconstitucionales– o por prejuicios personales –funcionarios que no quieren implementar normas que protegen a las personas LGBT–. Además, sus derechos sexuales y reproductivos se ven constantemente afectados por la falta de información generalizada y confiable sobre sus prácticas sexuales, por la falta de capacitación sobre sus derechos como padres y madres, y por la imposibilidad de acceder al aborto libremente.
En relación con los criterios de impacto y disponibilidad establecidos por la JEP en su política de priorización, se ha de indicar que la condición de vulnerabilidad de la víctima por sexo, genero e identidad de género y orientación sexual se cumple en el caso propuesto pues la mayoría de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas  alrededor del 85% 30 y en razón de género y como víctimas del conflicto armado son sujetas de especial protección constitucional. En violencia reproductiva hay una situación similar, ya que este tipo de violencia genera daños específicos, de manera prevalente en las mujeres, por su capacidad reproductiva, por la asignación desigual entre hombres y mujeres de las responsabilidades en la reproducción humana, y por la carga desproporcionada de cuidado que asumen en la reproducción. Por su parte, todas las conductas contra personas LGBT que se reclaman son aquellas basadas en su identidad de género o en el libre ejercicio de su sexualidad
Según el Centro de Memoria Histórica hay 15.230 casos de violencia sexual, de lo cuales el 31% se atribuye a las guerrillas, el 33% a los grupos paramilitares, el 1.6% a agentes estatales y del 26% no se conoce la autoría, entre los principales datos41. Todos los actores armados tienen su responsabilidad comprometida en este tipo de hechos y le corresponde a las autoridades clarificar a qué grupo se atribuye el amplio porcentaje de presunta responsabilidad que permanece sin identificar. Como víctimas esta misma fuente registra 15.791, el 90% mujeres, sin embargo, no es posible identificar las victimizaciones de las personas LGBT
Frente a la violencia reproductiva, la Fiscalía General de la Nación calcula que en un año el promedio de abortos forzados en las FARC EP rondaba los 1.000 casos42. En este aspecto, la Corte Constitucional ha señalado que “se estima, que, en el caso de las FARC EP, el 40% de sus tropas está integrada por mujeres, quienes por su condición han tenido que padecer repertorios de violencia como: la planificación forzada y el aborto forzado'43. Sin embargo, esto constituye una estimación ya que también existieron casos de abortos y anticoncepción voluntaria dentro de las FARC. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en una investigación sobre un grupo de 65 menores de edad que habían dejado la guerrilla, encontró que todas tenían dispositivos intrauterinos, algunos puestos en contra de su voluntad, sin ningún tipo de información, con el argumento de ser una orden4
La persistencia de obstáculos diferenciales de acceso a la justicia enfrentados por las mujeres y las niñas en Colombia ha sido reconocida por instancias internacionales desde hace varios años en el marco de un patrón de impunidad74. Se trata entonces de un tema histórico de denegación de acceso a la justicia que no se relaciona con el contexto actual de construcción de paz, ni siquiera con un modelo previo de justicia transicional como el regulado por la ley 975 de 2005, sino con una deuda histórica de la justicia colombiana, que ahora recibe la JEP
En 2020 la participación laboral de las mujeres migrantes recientes fue menor que la de los hombres migrantes recientes, pero mayor que la de las demás mujeres: la Tasa Global de Participación  ( TGP ) 4 de las mujeres migrantes recientes fue de 52,8%; cifra 26,3 puntos porcentuales menor que la de los hombres migrantes recientes  ( 79,1% )  y 4,7 puntos porcentuales mayor que la de las demás mujeres  ( 48,1% ) .
La precariedad en la generación de ingresos laborales y medios de vida de las migrantes venezolanas se puede apreciar en la combinación de su mayor participación y desempleo: participan más en búsqueda de ingresos, pero no obtienen empleo. Las mujeres migrantes recientes registran mayor participación en el mercado laboral  ( TGP más alta )  que el resto de las mujeres, pero las afecta más el desempleo: la tasa de desempleo de las mujeres migrantes recientes es 14,3 puntos porcentuales mayor, en comparación con el resto de las mujeres, y 20,3 puntos porcentuales mayor que la de los hombres en su misma situación migratoria.
En línea con la sección anterior, las mujeres migrantes venezolanas enfrentan menores niveles de ocupación: en 2020 la tasa de ocupación de las mujeres migrantes recientes fue de 34,5%, mientras que la tasa de las demás mujeres fue de 38,3% y la de los hombres migrantes recientes fue de 67,8%.
En cuanto a la informalidad laboral  ( medida a través de la cobertura y afiliación a seguridad social ) , el 89,7% de los hombres migrantes recientes ocupados y el 88,9% de las mujeres migrantes recientes ocupadas, no contaban con afiliación a salud en el periodo mayo diciembre de 2020. El bajo acceso de personas migrantes al sistema de salud puede explicarse por la carencia de regularización de su permanencia en el país, así como el hecho de que su inserción laboral se da primordialmente mediante empleos informales.
Como consecuencia de la pandemia el porcentaje de hogares que consume en promedio tres comidas diarias se redujo significativamente: para los hogares con jefatura femenina migrante de corto plazo, entre julio 2020 y febrero 2021, el 58,2% manifestó haber consumido en promedio tres comidas diarias en los últimos 7 días. Para los hogares con jefatura masculina migrante de corto plazo este porcentaje es 10,3 p.p. mayor  ( 68,5% ) .
Durante la visita, la CIDH constató la existencia de un clima de polarización que se relaciona de forma directa, tanto con la discriminación estructural étnico racial y de género, como con factores de carácter político. Este fenómeno está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La Comisión Interamericana encuentra especialmente preocupante estos discursos cuando provienen de autoridades públicas.
De acuerdo con cifras del Estado, en 2020 se registraron 53 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, mientras la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas  ( OACNUDH )  reportó 133 asesinatos10 contra dicho colectivo en ese mismo periodo. Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz  ( INDEPAZ )  registró 310 homicidios de personas con liderazgo social y defensoras de los derechos humanos durante 202011. Adicionalmente, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia constató en el asesinato de 73 firmantes del Acuerdo de Paz en ese mismo año12.
El Estado colombiano reportó a la CIDH que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales.
La CIDH toma nota de las recientes alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que reportan el riesgo inminente de la población debido a la reconfiguración de la violencia y la presencia de actores armados en el territorio13. Al respecto, subraya la afectación diferenciada de estos riesgos en pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes
Adicionalmente, según la Defensoría del Pueblo, se habían registrado 113 hechos de violencia basada en género. De esos, 112 casos fueron presuntamente ocasionados por la fuerza pública y su ESMAD, 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBTI. Entre las denuncias se incluyen 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento y 22 tocamientos30. Asimismo, se informó sobre el caso de violencia de género sufrido por una mujer policía en el marco de las manifestaciones
Por otra parte, durante la visita de trabajo, la organización de la sociedad civil Temblores informó sobre la existencia de 4.687 casos de violencia policial. A su vez, suministró un registro de 73 personas fallecidas en el marco de las protestas, de las cuales, 44 estarían presuntamente relacionados con el accionar de la fuerza pública y 29 están en proceso de verificación32.
La Comisión ha observado el fenómeno de la violencia en Colombia, el cual se distingue, entre otros factores, por la presencia y accionar de diferentes estructuras criminales con características particulares en los distintos territorios del país. En este sentido, preocupa a la Comisión que algunos grupos al margen de la ley, incluidas bandas dedicadas al narcotráfico, puedan aprovechar la coyuntura actual para promover o realizar actividades delictiva
● Cuando la Secretaría Distrital de Salud reciba dosis de este laboratorio, realizará la respectiva comunicación a la ciudadanía para continuar avanzando y completar los esquemas de vacunación.
Por ciudades, Florencia, Quibdó y Cúcuta registran los mayores porcentajes de personas que confían poco o nada en personas de otra nacionalidad: en el trimestre diciembre de 2020 y febrero de 2021, este porcentaje es de 99,3% en Florencia y Quibdó, y, mientras que esta cifra es 99,1% en Cúcuta. Por el contrario, Cartagena, Barranquilla y Bogotá D.C. son las ciudades donde más personas manifestaron confiar bastante o completamente en personas de otra nacionalidad.
En su informe Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, “mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos
Adicionalmente, la Comisión tuvo noticia sobre la ocurrencia de 15 casos de violencias basadas en género en contra de mujeres afrodescendientes en el marco del paro nacional. La CIDH recuerda los riesgos específicos a los que se encuentran expuestas las mujeres afrodescendientes e indígenas debido a la discriminación racial y estructural a la que han estado sometidas por cuenta de los patrones históricos de violencia particulares que tienen su origen en la figura de la esclavización.
La Comisión, también recibió información y denuncia sobre un presunto caso de violencia sexual en contra de un hombre gay en Barranquilla durante una detención arbitraria; y denuncias de agresiones físicas y sexuales contra mujeres trans por parte de la fuerza pública en Tunja y Pasto.
La CIDH entiende por violencia étnico racial, conforme a lo dispuesto en la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia  ( Arts. 1 y 4  ) , cualquier acción o conducta basada en el origen étnico racial que cause estigmatización, exclusión o cualquier tipo de violencia, de forma directa o indirecta54.
Particularmente, la CIDH recibió con preocupación testimonios de integrantes de pueblos indígenas del departamento del Valle del Cauca sobre los graves efectos para sus comunidades tanto por la muerte de sus autoridades o líderes tradicionales, como por las agresiones contra los mismos. La CIDH también recibió información sobre agresiones, actos de intimidación, hostigamiento y estigmatización cometidos por civiles, al vincular a estos pueblos con las manifestaciones registradas en Cali.
La CIDH ha señalado que, debido a la discriminación estructural e histórica, las personas afrodescendientes e integrantes de pueblos indígenas, así como residentes de áreas geográficas en situación de pobreza y pobreza extrema, se encuentran más expuestas a prácticas de perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y por consiguiente a ser detenidas arbitrariamente y sufrir abusos5
La CIDH recibió denuncias sobre personas reportadas como desaparecidas en el marco de la protesta. Según información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, al 15 de junio se mantenía activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente por 84 casos de personas reportadas como desaparecidas
Al mismo tiempo, la CIDH observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico racial y de género.
La Comisión considera que la polarización, la estigmatización, la violencia y la persistencia de lógicas bélicas dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones a la conflictividad social. Es imprescindible que los diálogos tengan un enfoque territorial y sean amplios e inclusivos, de forma que involucren a las y los jóvenes, a las personas indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a las personas LGBTI, a las personas en situación de pobreza, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas en movilidad humana y a las víctimas de violaciones de derechos humanos.