nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
El departamento ha registrado un total de 5.852 casos  ( 92 casos nuevos durante los últimos 7 días )  y 219 muertes  ( 8 muertes nuevas en los últimos 7 días ) . La incidencia acumulada de Amazonas es de 7.405,7 casos por 100.000 habitantes  ( segunda incidencia más alta del país ) , una mortalidad de 2.771 casos por un millón de habitantes y una letalidad del 3,7%  ( los tres indicadores por encima de los nacionales ) . Notificando por cada caso en el país de COVID 19 se presenta 1,5 casos en Amazonas  ( 1,5:1 )  y con una razón de tasas de mortalidad de 1,7 muertes en este departamento por cada muerte en la nación  ( 1,7:1 ) .
Durante el periodo del monitoreo se identificaron 43 casos  ( 155 personas )  que habían presentado una solicitud de refugio. La mayoría de las solicitudes  ( 65.1% )  fueron hechas en 2020, sin embargo, ninguna ha sido reconocida hasta la fecha. El 93%, se encuentran en proceso y el 7.0% fue rechazada  ( corresponden a 3 casos y 14 personas )
Los actores humanitarios registraron la presencia de grupos armados organizados en más de 500 de los 1.122 municipios de Colombia, de los cuales se estima que entre 5 y 7 millones de colombianos viven bajo la influencia y/o control de esos grupos armados y criminales en zonas rurales con implicaciones en términos de protección
A la fecha Amazonas tiene 32 casos activos con una disminución del 34,7% en los últimos 7 días, de estos el 59,4% de los casos son mujeres; el 41,7% de los casos están entre 20 y 39 años y el 13,9% corresponde a casos de personas entre 60 y más años. Del total de casos activos el 56,3%  ( 18 casos )  fueron hospitalizados  ( incremento del 5,9% )  y el 21,9%  ( 7 casos )  se encuentra en hospitalización por UCI  ( sin cambios en los últimos 7 días ) , de estos siete últimos el 57,1% son adultos de 60 y más años.
Uno de los principales obstáculos al acceso a la documentación es la falta de conocimiento sobre los requisitos y características de las diferentes medidas de regularización migratoria, así como también sucede con el procedimiento de refugio. Además, las personas no cuentan con los medios necesarios para informarse y agendar citas de manera virtual en Migración Colombia. La plataforma online de la autoridad migratoria se congestiona con frecuencia y durante el período monitoreado las citas eran dadas recién para el primer trimestre de 2021.
Por su parte el impacto para los niños, niñas y adolescentes es particularmente preocupante, considerando no solo el aumento del reclutamiento y uso en el marco de la suspensión de clases presenciales por la pandemia del COVID 19 sino el número de víctimas por minas antipersonal  ( MAP )  y municiones sin explotar  ( MSE ) , el cual aumentó en un 45 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, dejando 165 víctimas registradas entre enero y diciembre de 2020.
Respecto a los casos de muerte por esta causa en Amazonas, hubo incremento en la última semana del 4%  ( 8 muertes ) , de quienes el 64,8% son muertes en hombres, el 66,9% pertenecen a muertes en adultos mayores de 60 años, un 22,9% entre 50 y 59 años y 13,7 personas menores de 40 años.
Una encuesta de percepción realizada por Usaid demuestra que en Bogotá se cree que las mujeres migrantes abaratan el mercado laboral, pero lo que se evidencia es que reciben pagos injustos por su condición en el país.
Dicha situación ha creado y dejado en evidencia las desigualdades de género, que se trasladan directamente a la dificultad de acceder a un empleo en condiciones dignas que promueva un desarrollo económico para las migrantes y sus familias. Se encuentra que las mujeres venezolanas en Colombia enfrentan una doble desigualdad en el mercado laboral  por ser mujeres y migrantes  y, en este sentido, con respecto a los hombres  ( colombianos y venezolanos )  e, incluso frente a las colombianas, las mujeres migrantes tienen los peores indicadores y resultados en el mercado laboral, al igual que una baja afiliación al sistema de salud, principalmente
Estas brechas de participación y remuneración afectan de manera diferencial a las migrantes, quienes enfrentan las barreras anteriormente descritas de manera ampliada y más aún cuando están en condición irregular, situación que les impide contar con documentos de identificación válidos, permisos de trabajo o de permanencia en el país de acogida. Por ende, terminan desempeñándose en trabajos precarios, en particular en el sector informal, enfrentando también barreras para el acceso a servicios básicos de salud, educación, justicia, entre otros.
Las mujeres, en general, presentan niveles educativos más altos que los hombres. Según datos de la GEIH para el año 2019, el 33,1 % de las mujeres venezolanas contaba con un título de educación superior, mientras que para el mismo año el 24,7 % de los hombres venezolanos contaba con un título en dicho nivel educativo  diferencia que es más del doble que la de los connacionales.
En cuanto a los niveles educativos la población venezolana cuenta con una cifra un poco superior de personas que han logrado estudios universitarios, que la población colombiana. Igual sucede que el porcentaje de personas venezolanas que han culminado técnicos.
Persisten las mismas barreras identificadas en el trimestre anterior relacionadas con obstáculos generados por la documentación de las personas  ( 20.81% )  y la ausencia de cupos escolares disponibles  ( 17.16% ) . Sobre el primer de los obstáculos mencionados, algunas instituciones educativas exigen documentos y otros requisitos que desconocen las disposiciones de la Circular No.16 de abril de 2018 emitida por el Ministerio de Educación
La posibilidad de apostillar los documentos depende, entre otras cosas, del estado de las actuales relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. El acceso al apostille en territorio colombiano es prácticamente imposible por la ausencia de atención al público de las misiones diplomáticas venezolanas y la obtención en territorio venezolano conlleva el traslado de la persona de interés hacia ese territorio para llevar a cabo el apostille personalmente. Esto conllevaría altos costos económicos para su gestión y envío
El impacto de la falta de armonización de las normas con los operadores de servicios para garantizar el acceso a los servicios de salud es una constante en todos los territorios monitoreados, pues las barreras de acceso a derechos también se ven reflejadas en los problemas operativos para la prestación del servicio.
En Medellín, se identificó la carente oferta institucional de cupos estudiantiles para personas con discapacidad. Por ejemplo, DRC identificó un niño con autismo el cual su madre no podía ingresarlo a alguna institución con la activación de ajustes razonables y pueda trabajar en el desarrollo de sus habilidades sociales, lingüísticas e intelectuales debido a la falta de educación especial disponible y a sus bajos ingresos de la familia.
El 44.8% de la población venezolana monitoreada no tiene acceso a servicios de salud y esta cifra
se explica a partir de la falta de documentación
Se requiere fortalecimiento de estrategias de difusión sobre los protocolos de bioseguridad útiles para prevenir el contagio del COVID 19 en toda la población Caucana, ya que a pesar de que los casos han disminuido, podría presentarse un nuevo pico de contagios debido a que la población está optando por no usar tapabocas. Fortalecimiento de la red hospitalaria, con el fin de dar respuesta a pacientes que presentan diagnósticos de alta complejidad y que sean remitidos de otros municipios y/o departamentos; evitando que la capacidad de hospitalización sea limitada. Se requiere provisión de equipos de protección personal  ( EPP ) , debido a la baja existencia de insumos de dotación para protección del personal de salud departamental que cumplan con todas las normas de bioseguridad  ( Kits de bioseguridad: Tapabocas, guantes, jabón líquido, alcohol, caretas ) .
La sobrecarga en las tareas del hogar, como consecuencia del confinamiento, junto con la sobrerrepresentación de las mujeres en los sectores más afectados por la pandemia son las razones por las cuales las mujeres han sido la población más afectada en la crisis económica y humanitaria que ha desatado el virus. De no hacer nada por ello retrocederíamos a los niveles de pobreza de hace diez años y perderíamos lo ganado en las últimas dos décadas en cierre de brechas de género.
en Colombia el 65% de la población ocupada de mujeres están laborando en los sectores de comercio y servicios sociales5
Debido al cierre de colegios y centros de cuidados, la carga de trabajo no remunerado que recae sobre los hogares se ha incrementado durante el confinamiento, siendo las mujeres las más afectadas por esta situación.
A la fecha Colombia reporta 2.229.599 casos  ( 4.339 casos nuevos en las últimas 24h )  con un incremento nacional del 0,2% en las últimas 24h y 59.972 defunciones  ( 106 en las últimas 24 Horas )  con un aumento nacional del 0,2% en las últimas 24h.
Se siguen evidenciando como principales barreras de acceso al trabajo la documentación  ( 37% ) , la falta de oportunidades laborales  ( 17.70% )  y el cuidado de niños  ( 9% ) .
Los tres tipos de delito más nítidamente asociados con migrantes son el hurto, la violación de medidas sanitarias o relacionadas con salud pública y aquellas vinculadas a estupefacientes. No los homicidios, como sugiere López. De hecho, según los datos oficiales, los migrantes venezolanos fueron víctimas más frecuentes que los nacionales colombianos de los principales y más graves delitos violentos.
La pandemia y las medidas para mitigarla no solo tienen efectos sobre el trabajo no remunerado dentro de los hogares, sino que además impactan otras esferas del sistema de cuidados tales como el cuidado remunerado, específicamente las trabajadoras de la salud y trabajadoras domésticas
Pathway 2: Economic Hardship and Scarcity: 

Increased scarcity has intensified key drivers of conflict in several ways. First, it has forced people to shift their livelihood strategies from licit to illicit activities. 

Respondents reported a marked increase in theft, robbery, and other petty crime, along with the number of people working in illicit economies such as coca production in Colombia, opium and methamphetamine trafficking in Afghanistan, and organized banditry in Nigeria

 In Colombia and Afghanistan, drug trafficking and smuggling filled a widening employment gap that the formal economy could not
Impacto psicológico Las medidas de confinamiento en viviendas familiares precarias en cuanto a espacio y condiciones, junto con el aumento de la tensión intrafamiliar, y el desigual reparto de las cargas de trabajo, han agravado los problemas de salud mental de las mujeres, en un contexto donde los sistemas de salud públicos están fuertemente saturados, y vienen arrastrando una debilidad en estos servicios de atención. En este periodo de especial incidencia en la desigualdad de las mujeres, es imprescindible poner el foco en las más vulnerables, como las mujeres migrantes, las trabajadoras domésticas, las mujeres privadas de libertad, las familias monomarentales, el colectivo LGTBI y las mujeres de las zonas rurales.
Agua y saneamiento: El 68.75% de la población monitoreada tiene acceso a agua potable, sin embargo, este panorama no resulta homogéneo en todas las ciudades monitoreadas. En Riohacha el porcentaje de personas sin acceso a agua potable es significativamente alto en comparación con el de la población en general  ( 87.09% ) . Esta particularidad se puede asociar con el aumento significativo de casos en riesgo de desalojo y los altos niveles de economía informal en la población para generar ingresos  ( 98.4% )  que obligan a las familias vivir en asentamientos informales sin acceso a servicios públicos
a población que ingresa al territorio en busca de mejores condiciones para el acceso a sus derechos enfrenta abusos en virtud de los contextos de riesgo que se presentan en fronteras incluyendo economías ilegales, presencia de organizaciones criminales, y grupos armados. La población que ingresa por vía de “trochas' experimenta mayores situaciones de riesgo en vista de la casi nula presencia de autoridades. Los principales abusos sufridos por la población monitoreada que ingresó de manera irregular son la extorsión, el robo y la intimidación. Los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela comprenden grupos poblacionales con necesidades de protección y al experimentar abusos al ingresar al territorio colombiano, se generan nuevos daños que prolongan esas necesidades
En ciudades como Medellín y Bogotá se constata la presencia de actores armados no estatales que ejercen control territorial en algunas zonas de las ciudades. Si bien la población monitoreada no diferencia la naturaleza de estos grupos o los diferencia entre sí, se evidencia un conocimiento sobre el control social, la presencia de economías ilegales y grupos delictivos. Estos escenarios afectan particularmente a los NNA, porque se exponen a riesgos de reclutamiento.
Debido a la continuidad de estas acciones, paulatinamente se han presentado movimientos de aproximadamente 3.280 personas  ( 791 familias )  refugiadas venezolanas y colombianas retornadas que residen en la zona  ( Venezuela ) , cruzando la frontera colombo venezolana a través del río Arauca y de al menos seis pasos informales 2 hacia el municipio de Arauquita.
En las ciudades monitoreadas se conocieron casos de desprotección para sobrevivientes de VBG y se observa la carencia de enfoques para su abordaje. Las rutas de acceso a derechos no contemplan procedimientos focalizados para víctimas hombres o la comunidad LGBTI. Esta población está más expuesta a escenarios de discriminación y vulneración. En regiones donde hay comunidades étnicas se presentan dificultades en la aplicación de enfoques étnicos para la identificación de casos y la articulación entre la justicia indígena y la ordinaria. La falta de capacitación de funcionarios públicos en VBG desembocan en acciones con daño que prolongan el sufrimiento vivido por las víctimas.
Se presentó Plan Nacional de Vacunación a Mesa Permanente de Concertación Indígena. Ante presidentes y delegados de organizaciones indígenas, miembros de la Mesa Permanente de Concertación, así como subcomisionados de salud y el Viceministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 19, con el fin de unificar criterios para la inmunización de estas poblaciones. "Un objeto importante de esta reunión es presentar el Plan Nacional de Vacunación; creo que esta instancia nos debe apoyar muchísimo en toda la implementación", apuntó Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social. El país afrontó un proceso complejo de COVID 19 en una primera gran etapa, en la que el reto fue minimizar el impacto del virus y sus consecuencias. Ahora, en una segunda, se busca lograr la inmunidad de rebaño con la vacunación del 70% de los colombianos, dentro de las diferentes condiciones culturales, autóctonas, de cada una de sus visiones y libertades que tiene cada persona.
Se estima que estos grupos tienen presencia, influencia y / o control sobre 496 municipios rurales donde viven pueblos indígenas. En consecuencia, estas poblaciones se ven particularmente afectadas por dinámicas de violencia y conflicto armado que ponen en riesgo la seguridad de sus comunidades. Los clusters de Protección y Educación consideran a los niños indígenas como la población con mayores necesidades de protección en el país.
• Alojamientos temporales: Aún se requiere urgente adecuar un espacio que cuente con las condiciones necesarias para la estadía de las 2.000 personas desplazadas y entrega de kits de hábitat para dichas familias, ya que los espacios no son adecuados ni se cuenta con dotación suficiente para albergar a las personas en situación de desplazamiento.
En el marco de este desigual escenario previo, las sombrías predicciones preliminares de estudios recientes confirman la intuición del desproporcionado efecto de la pandemia sobre las mujeres en el mercado laboral. Según Mckinsey, en esta crisis los empleos de las mujeres son 1,8 veces más vulnerables que los de los hombres25, y representarán el 54% de las pérdidas totales de empleo.
Departamento de Vaupés En total ocurrieron 1.160 casos  ( incremento de 0,3% en los últimos 7 días )  y 13 muertes  ( continua sin variaciones en los últimos 7 días ) . La incidencia acumulada del departamento es de 2.594,4 casos por 100.000 habitantes, una mortalidad de 290,7 casos por un millón de habitantes y una letalidad del 1,1%  ( los tres indicadores por debajo de los nacionales ) . Mostrando por cada caso en el país de COVID 19 ocurre 0,6 casos en la Vaupés y con una razón de tasas de mortalidad de 0,2 muertes en este departamento por cada muerte en la nación  ( 0,2:1 ) . Tiene tres casos activos hospitalizados  ( sin variación en la última semana ) .
Los cultivos de subsistencia, cuyos excedentes se comercializaban o intercambiaban entre las propias comunidades indígenas, se vieron muy afectados por las medidas de aislamiento. En muchas zonas del país  ( incluyendo Vaupés, Meta, Guaviare, Vichada, Amazonas, Guainía, Putumayo y Chocó, entre otras ) , las comunidades indígenas y campesinas requieren acciones para fortalecer la recuperación de cultivos y otras actividades que apoyen la supervivencia y auto  sostenibilidad de estas comunidades vulnerables.
En Colombia, la pandemia de COVID 19 ha afectado de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, que se estima que son un 40% más vulnerables que la población no indígena promedio.
Para determinar los obstáculos que enfrentan las mujeres para insertarse a la vida laboral es fundamental analizar el uso de su tiempo, dado que este se ve afectado porque la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado recae sobre ellas. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo  ( ENUT ) 10 del DANE, las mujeres dedican en promedio 3,8 horas diarias a quehaceres domésticos y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres solo 1,1 horas diarias.
Departamento de Guainía En Guainía ocurrieron 1.335 casos  ( 3 casos nuevos durante los últimos 7 días )  con un aumento del 0,2% respecto a la semana anterior y 22 muertes  ( sin muertes nuevas en los últimos 7 días ) . La incidencia acumulada del departamento es de 2.636,5 casos por 100.000 habitantes, una mortalidad de 434,5 casos por un millón de habitantes y una letalidad del 1,6%  ( los tres indicadores por debajo de los nacionales ) . Evidenciando por cada caso en el país de COVID 19 ocurre 0,6 casos en la Guainía, con una razón de tasas de mortalidad de 0,4 muertes en este departamento por cada muerte en la nación  ( 0,4:1 ) . Actualmente tiene un caso activo reportado  ( sin variación de la última semana )  y se encuentra atendido en casa.
Pathway 2: Economic Hardship and Scarcity: In Colombia, respondents reported a substantial increase in the recruitment of youth, including minors, by a range of armed groups during the pandemic   including gangs, drug cartels, paramilitaries, FARC dissidents and ELN rebels   a consequence of both school closures and families' economic suffering.
Departamento de Putumayo En Putumayo se presentaron 8.194 casos  ( 75 casos nuevos durante los últimos 7 días )  y 324 muertes  ( cinco muertes nuevas en los últimos 7 días ) , con un incremento del 0,9% de los caos y 1,6% en las muertes. La incidencia acumulada del departamento es de 2.255,5 casos por 100.000 habitantes, una mortalidad de 902,2 casos por un millón de habitantes y una letalidad del 4%  ( los dos primeros indicadores por debajo de los nacionales ) . Evidenciando por cada caso en el país de COVID 19 ocurre 0,5 casos en la Putumayo, con una razón de tasas de mortalidad de 0,7 muertes en este departamento por cada muerte en la nación  ( 0,7:1 ) . Hasta la fecha el departamento tiene 116 casos activos y una disminución del 9,4%  ( 12 casos )  en los últimos siete días; 76,7% de esto casos encuentran hospitalizados, el 1,7% en UCI, dos casos son adultos mayores de 40 años de estos.
Actualmente, la región amazónica está siendo impactada significativamente por COVID 19, amenazando la vida y los medios de vida de su población, especialmente de las comunidades indígenas que viven allí. Las áreas terrestres más grandes de la Amazonía se encuentran en Brasil, Perú y Colombia, hogar de más de 400 comunidades indígenas con una población estimada de 6 millones de personas. Al menos 21.000 indígenas de la región de la triple frontera han contraído el virus.
Este proceso solo puede ser descrito como una conmoción. Lo es para el país de llegada, con costumbres y mecanismos institucionales puestos a prueba: Colombia no es, no ha sido en las últimas décadas, un lugar de recepción. Ni su Estado ni sus ciudades estaban preparados de antemano para la acogida. La ciudadanía, tampoco, y tal vez eso ayuda a entender que dos tercios de la población se mantengan en una posición de rechazo frente a los recién llegados.
La reciente regularización masiva emprendida por el Gobierno colombiano, que ofrecerá un permiso de residencia por diez años al millón de personas que permanecen sin papeles dentro del territorio, es solo un primer paso para modular el doble impacto que implica una ola migratoria súbita, intensa y marcada por la urgencia.
En 2020, una mujer venezolana en Colombia tenía el doble de probabilidad de morir de forma violenta que una mujer colombiana, según datos de Medicina Legal; un riesgo un 39% mayor de sufrir violencia en pareja; un 28% de estar sometida a violencia sexual. Para ambos sexos, la probabilidad de sufrir cualquier tipo de violencia era de 21% más para venezolanos que para colombianos; los hombres de Venezuela tenían 14% más posibilidades de morir en homicidio que sus vecinos de acogida.
En Medellín, la afiliación al sistema de salud también depende del cumplimiento de requisitos que son complejos de cumplir en vista de las necesidades específicas de gran parte de la población venezolana. Dentro de éstos, se identificaron exigencias no reguladas en las normas para acceso a la salud para la población venezolana, tales como una factura de servicios públicos para acreditar residencia en el municipio, requisito difícil de cumplir siendo que en su mayoría viven de paga diarios o inquilinatos.
La falta de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es una barrera para el goce efectivo del derecho a la salud. Aunque la población no afiliada  ( incluyendo a la migrante )  tiene derecho a recibir atención de urgencias, no puede acceder a seguimiento o tratamiento para enfermedades crónicas ni tiene acceso a actividades de prevención, entre otros servicios, que sí están incluidos en el Plan Básico de Salud  ( PBS )  al cual tienen acceso los afiliados.
Antes de esta crisis, las mujeres dedicaban en promedio tres veces más tiempo que los hombres a los cuidados no remunerados y al trabajo doméstico. Además de las cuarentenas obligatorias, la saturación de los sistemas de salud, junto al cierre de escuelas y residencias de ancianos, sin duda han aumentado esta carga aún más sobre las mujeres. En esta ecuación, las normas sociales que atribuyen estas responsabilidades a las mujeres corren el riesgo de interactuar con las desigualdades laborales de género ya descritas, haciendo que las mujeres sean más propensas a dejar sus trabajos durante y después de las fases de confinamiento para ocuparse del cuidado de los niños y otras responsabilidades domésticas.
Respecto a la población no afiliada venezolana  ( 77,8 % ) , es más alto el número de mujeres que no cuenta con afiliación a salud en comparación con los hombres, con una diferencia de 2,14 puntos porcentuales. Mientras que, en la población colombiana, hay más hombres no afiliados que mujeres, con una diferencia muy baja.
Por grupos de edad, las mujeres entre los 25 y 44 años dedican en promedio 4,6 horas diarias. Esta sobrecarga en las labores del hogar y de cuidado hacia las mujeres conlleva a dificultades para acceder a trabajos formales, de tiempo completo y mejor remunerados. Además, es una barrera importante para acceder a la educación, lo que resulta en mayores niveles de desempleo y mayor informalidad para las mujeres.
s. En el ámbito económico, McKinsey estima que si las políticas públicas de reactivación no tienen una perspectiva de género, el PIB mundial podría. perder hasta un billón de dólares, mientras que, en el otro extremo, medidas de reactivación sensibles al género podrían añadir 13 billones de dólares al PIB mundial en el próximo decenio3
De acuerdo con el INS en su boletín N.65 del 24 de febrero de 2021 sobre esta población y la base de datos publicada, con un reporte de 43.157 casos  ( 980 nuevos )  que representa un incremento del 2,3% con respecto del boletín anterior. 3.782 casos son asintomáticos, recuperados 42.031 casos  ( 323 nuevos )  y 216 casos fallecidos  ( 8 nuevos ) .
la población venezolana no solo provienen de las comunidades de acogida, sino que también provienen del trato diferenciado de las autoridades locales. Se evidencian estos tratos en espacios por fuera de sus entornos, como por ejemplo en el ejercicio de las actividades de economía informal como medio de generación de ingresos.
Llegan a Colombia 100.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer. A las 5:34 de la mañana de este miércoles, a bordo del vuelo de DHL B727 operado por Líneas Aéreas Suramericanas, llegaron al país 100.000 nuevas dosis de vacunas contra el COVID 19 del laboratorio Pfizer, que hacen parte del acuerdo bilateral firmado entre el Gobierno Nacional y la farmacéutica. Frente a su arribo, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, señaló que servirán como un nuevo impulso para seguir ejecutando el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 19, de manera que cada día se incremente progresivamente el ritmo de vacunación en todos los territorios del país. "Estas vacunas serán destinadas para continuar con la vacunación del personal de salud de la primera línea de atención de la pandemia", aseguró Moscoso, al precisar que se destinarán para la segunda dosis del talento humano en salud y así garantizar sus esquemas de vacunación.
En Riohacha se identificaron problemas de acceso a tratamientos básicos y medicamentos para enfermedades comunes, sumado a una respuesta precaria en atención de servicios para la salud mental. En Barranquilla varían los requisitos para la afiliación al Sistema General de Salud dependiendo de la discrecionalidad de los funcionarios, por ejemplo, los usuarios son contactados telefónicamente para que reenvíen la petición de afiliación con otras acciones que varían según cada caso
los impactos desproporcionados de esta pandemia sobre las mujeres podrían revertir muchos de los logros alcanzados en materia de igualdad de género en el mercado laboral, así como exacerbar las disparidades existentes. La pérdida de empleos durante la fase de confinamientos itinerantes, estimada por la OIT en 34 millones para el primer semestre de 2020 en América Latina, junto a la escasez de puestos de trabajo durante la reactivación económica, amenazan con lastrar aún más la recuperación de la participación laboral femenina. Esta situación se agrava aún más si consideramos el mayor impacto de la pandemia sobre las pymes, que emplean al 72,6% de las mujeres asalariadas y autónomas en la fuerza laboral de la región
La Alcaldía de Arauquita hizo un primer registro dando cuenta de 2.382 personas  ( 580 familias ) refugiadas venezolanas y colombianas retornadas.
Las brechas de género en el mercado laboral prevalecen tanto para la población colombiana como para la venezolana, revelando que la nacionalidad solo intensifica la brecha ya existente en el país. Tanto en la población migrante como en la colombiana, los hombres tienen una mayor tasa global de participación  ( TGP ) 21 en el mercado laboral que las mujeres. En efecto, la participación de hombres venezolanos es del 85,4 %  incluso superior a la de los hombres colombianos , mientras que la de las mujeres es del 62,2 %, lo que representa una brecha de 23,2 p.p.
En relación con los hombres, existe una menor proporción de mujeres migrantes trabajando como empleadas en empresas particulares, con una brecha de 6,7 p.p. a diferencia de la brecha de género de los colombianos en esa ocupación, que es apenas de 0,4 p.p. Asimismo, el empleo doméstico es desarrollado principalmente por las mujeres  tanto migrantes como no migrantes , que llega a representar el 9,4 % de las migrantes ocupadas y el 6,9 % de las colombianas ocupadas, evidenciando brechas de 9,1 p.p. y 6,6 p.p., respectivamente, frente a los hombres de estas nacionalidades.
La CEPAL ha sostenido que la reactivación económica regional supone una adecuada contextualización y dimensionamiento de los efectos anteriormente señalados. De acuerdo con esto, no puede soslayarse el hecho de que nuestra región enfrentaba ya el menor crecimiento económico en décadas y un espacio de políticas muy restringido. Dada esta condición de base, la pandemia implicará la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región20. En efecto, la pandemia irrumpió en la región en un momento de extrema debilidad productiva y fuerte vulnerabilidad macroeconómica. Luego de la crisis financiera mundial de 2008, la tasa de crecimiento del PIB pasó de 6% al 0,2% entre 2010 y 2019. La situación de estancamiento resulta más evidente si se considera el sexenio 2014 2019, periodo en que tras el fin del ciclo de auge de precios de productos básicos la región creció tan solo a un 0,4% promedio anual  ( véase el Gráfico 5 ) .
La informalidad en la tenencia de la tierra y la distribución inequitativa de la misma se encuentran fuertemente ligadas a conflictos de orden social y económico que acentúan las condiciones de pobreza de la gran mayoría de los trabajadores rurales e impiden el desarrollo de la producción agropecuaria en condiciones adecuadas para garantizar su sostenibilidad. En este sentido, la agricultura familiar ha tenido una creciente visibilidad a nivel mundial y nacional debido a su contribución a la seguridad nutricional y alimentaria, a la erradicación de la pobreza, a la conservación de la biodiversidad, a la mejoría de la sostenibilidad ambiental y a la capacidad de confrontarse a los desafíos de la migración.
Más de 50 años de violencia sumieron a Colombia en una lucha contra sus consecuencias humanas, la falta de servicios e infraestructura y altos niveles de pobreza y hambre. Esto obligó a millones de personas a abandonar sus tierras, obstaculizando el desarrollo rural. La agricultura ha sido uno de los sectores más afectados por el conflicto, en el que más de ocho millones de personas se registraron oficialmente como víctimas y unos siete millones como desplazados internos. Con el fin del conflicto en 2016, la agricultura se ha convertido en uno de los sectores más estratégicos para mantener y recuperar el tejido social, lograr equidad y construir la paz.
Las brechas de género más amplias en la población venezolana se evidencian en las actividades relacionadas con los servicios comunales, sociales y personales, donde las mujeres participan un 17,9 p.p. más que los hombres, y en la rama de la construcción, donde los hombres participan 17,9 p.p. más que las mujeres. En el caso de la población colombiana, las mujeres participan 20,1 p.p. más en actividades de servicios comunales que los hombres, mientras que ellos participan 16,2 p.p. más en actividades relacionadas con el sector primario.
El 0,5% de los casos están activos  ( 302 ) , de estos casos activos, el 35,1%  ( 53 )  se reportan en casa, el 58,9%  ( 178 )  se encuentran hospitalizados y un 6%  ( 18 )  en UCI, ubicados en 68 municipios. El 55,3% de los casos fueron confirmados en hombres y el grupo de edad con mayor número de casos esta entre los 20 a 39 años con31,5%, en menores de 10 años el 7,6% y personas de 60 años y más el 28,8%.
Otro de los proyectos que avanza de manera significativa es el Megacolegio Ciudad Mocoa, una estructura que finalizada contará con 24 aulas de clase con capacidad para 960 alumnos.
Respecto a la cifra reportada el 21 de marzo por la institucionalidad, a 23 de marzo, de acuerdo con un reporte oficial por parte de la Alcaldía la cifra aumenta a 666 núcleos familiares albergados en ocho locaciones para la atención, ubicadas en siete veredas y en el casco urbano 3 , para un total de 2.997 personas refugiadas, migrantes y retornadas.
Durante la noche del 23 de marzo, de acuerdo con fuentes locales, nuevamente se registraron enfrentamientos en la localidad de La Victoria, entre un GDO  y las FANB, que incluso habrían ocasionado cortes de energía; dichos enfrentamientos originaron el movimiento de más personas hacia Arauquita, y nuevos movimientos hacia el municipio de Arauca, ante el temor generalizado de la población
Según Migración Colombia, el balance de afectados con corte al 24 de marzo es de 791 familias  ( 3.280 personas )  refugiadas, migrantes y retornadas; de ellas 257 son indígenas Makaguan. Adicionalmente, se ha conocido que alrededor de 70 personas han ingresado al municipio de Arauca, cuyos movimientos serían de carácter pendular, y que cuatro familias  ( 14 personas )  se encuentran en Tame. Socios locales estiman que el 70 por ciento de la población refugiada es venezolana y el 30 por ciento restante es colombiana.
De acuerdo con la fase de contagio el 41,8%  ( 18.057 casos )  están asociados a la prestación del servicio como Infecciones asociados a la atención en salud y el 41,4%  ( 17.849 casos )  son indeterminados. Las profesiones con mayor proporción de casos son auxiliares de enfermería 25,9%  ( 11.171 casos ) , medicina 17,7%  ( 7.651 casos ) , administrativos 12,2%  ( 5.245 casos ) , enfermería 10,7%  ( 4.611 casos ) , estudiantes 7,1%  ( 3.058 casos ) , otros auxiliares 3,1%  ( 1.350 casos )  y personal aseo – administrativos 2,8%  ( 1.224 casos ) . El departamento de Antioquía presenta el 32,9%  ( 14.192 casos )  de los casos, seguido de Bogotá D.C con el 29,2%  ( 12.620 casos ) , Valle del Cauca con el 14,8%  ( 6.382 casos ) , Norte de Santander 3,0%  ( 1.275 casos )  y el Meta con el 2,4%  ( 1.016 casos )  y los departamentos con más IPS con reporte de casos son: Valle del Cauca de 217 IPS, Bogotá de 201 IPS, Antioquía de 189 IPS, Boyacá de 110 IPS y Barranquilla de 93 IPS. Los casos en esta población corresponden al 1,77% del total de casos reportados a la fecha.
• Entre las personas afectadas hay un número considerable de adultos mayores que requieren asistencia alimentaria prioritaria por sus condiciones especiales. • Es necesario tener en cuenta un enfoque diferencial en la alimentación para los niños y niñas menores de cinco  ( 5 )  años, en especial para los recién nacidos, se requiere con urgencia leche en polvo pediátrica. • Se requieren kits de menaje para las personas que reciban asistencia alimentaria.
Del total de las 28.307 camas hospitalarias ocupadas, se encuentran: 1.492  ( 5,3% )  casos confirmados, 1.148  ( 4,1% )  pacientes sospechosos y 25.667  ( 90,7% )  casos no COVID 19.
• Se requiere la distribución de elementos de comunicación como celulares que permitan a la población afectada comunicarse con sus redes de apoyo, dado que sus teléfonos fueron retenidos. La población afectada de nacionalidad venezolana requiere ser orientada frente al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado. La población colombiana retornada requiere ser informada sobre rutas de atención y derechos en el marco del conflicto armado.
Educación en Emergencias: Continua la necesidad de implementar una estrategia integral de educación en emergencias debido al riesgo de deserción escolar por la pandemia y la situación del violencia y conflicto armado recurrente en la zona, que generan emergenciashumanitarias
Necesidades y riesgos: • Dado el contexto y las actuales condiciones de seguridad en razón a la persistencia de hechos de violencia, es necesaria la presencia de instituciones del Estado para brindar información sobre el acceso efectivo a los derechos de la población de manera individual, tanto para colombianos como refugiados y migrantes.
En relación con la distribución de los casos activos por edad y sexo se observa que el 50,2% de los casos son en hombres, el 4,5% de los casos activos ocurren en personas menores de 10 años, en los grupos de 20 a 39 años están el 31,7% de los casos, el 28,1% de los casos son en personas de 60 años y más.
El escaso nivel de digitalización de las empresas de la región  sobre todo, de las micro, pequeñas y medianas empresas  ( mipymes )   hace necesaria la implementación de políticas públicas que permitan modificar los procesos de gestión para incorporar el uso de las tecnologías digitales en las cadenas de aprovisionamiento, procesamiento, manufactura y operaciones, así como en los canales de distribución.
Los casos asintomáticos reportados han mostrado decrecimiento en las últimas semanas, para la fecha el reporte de casos asintomáticos corresponde al 13,4% de los casos notificados.
Al 2 de marzo, en el país se han presentado 59.972 defunciones por COVID  19, de las cuales corresponden 63,7% a hombres. La tasa de mortalidad nacional es de 1.190,6 muertes por cada millón de habitantes; Amazonas  ( 2.252,6 ) , Bogotá  ( 1.793,0 ) , Barranquilla  ( 1.744,6 ) , Quindío  ( 1.721,3 ) , Norte Santander  ( 1.675,0 ) , Tolima  ( 1.566,4 ) , Huila  ( 1.543,7 ) , Caquetá  ( 1.541,9 ) , Santander  ( 1.459,1 ) , Valle del Cauca  ( 1.369,8 ) , Santa Marta  ( 1.234,7 ) , Risaralda  ( 1.193,5 ) .
El municipio de Arauquita manifestó al Gobierno Nacional no contar con la capacidad de atender una emergencia de esta magnitud. Así mismo, dada la continuidad de las acciones armadas, que podría ocasionar nuevos movimientos en los próximos días, se prevé la llegada de más personas a Arauquita, Arauca y otros municipios aledaños, en medio del desborde de capacidades para atender las necesidades intersectoriales.
Necesidades: • Se requieren kits de alimentos y/o entregas de comida caliente para las 3.280 personas ubicadas en todos los puntos de concentración temporal identificados, ya que presentan dificultades considerando que la provisión de alimentos depende de las comunidades receptoras; en la mayoría de los casos están accediendo a una ración, y excepcionalmente dos raciones de comida durante el día. • En todos los puntos identificados de llegada de personas, éstas manifiestan no contar con los recursos económicos suficientes para comprar alimentos.
Por grupos de edad es evidente el incremento de la tasa con la edad, el grupo de edad que presenta el mayor número de muertes es el de 70 a 79 años  ( 16.254 ) ; siendo el grupo de 80 a 89 donde encuentran las mayores tasas de mortalidad en ambos sexos. El 0,2% de los casos de mortalidad por COVID 19 se presentan en el grupo de menores de 10 años, y el 0,2% en el grupo de 10 a 19 años.
Por la presencia de GAO/GDO en los sitios de recepción, existe un riesgo de reclutamiento forzado especialmente en la población de hombres menores de 35 años provenientes de Venezuela; por esta razón, se requiere garantizar seguridad y apoyo con transporte humanitario para el traslado de quien lo requiera a otras ciudades.
El municipio de Leticia en el departamento de Amazonas, durante la última semana aumentó el 1,7% de los casos  ( 92 casos nuevos )  para un total de 5.557 casos y un incremento de 4% en relación con las muertes  ( 8 muertes nuevas ) . Al 30 de marzo tiene una de las mayores incidencias acumuladas del país con 10.937 casos por 100.000 habitantes )  y una tasa de mortalidad de 4.054muertes por 1.000.000 de habitantes. Leticia tiene 29 casos activos  ( 37% menos que la semana anterior ) , de estos el 51.7%  ( 15 casos )  están siendo atendidos en hospital y el 24,1%  ( 7 casos )  han requerido atención en UCI, siendo mayores de 40 años.
Necesidades: • Se requiere con urgencia garantizar la entrega de Elementos de Protección Personal  ( EPP )   tales como: tapabocas, gel antibacterial, alcohol, entre otros  para toda la población en los alojamientos temporales, con el fin de prevenir los contagios de COVID 19. Del mismo modo, es necesaria la instalación de lavamanos.
 • Es necesario entregar kits de higiene para todas las familias ubicadas en los sitios de llegada. Es importante tener un enfoque etario y de género en el suministro de estos elementos a la población.
Durante la última semana el municipio de Inírida del departamento de Guainía evidenció un leve incremento del 0,1% de los casos  ( 1 caso más ) , para un total de 1.229 casos y 0% en relación con las muertes  ( cero casos nuevos ) . Hasta el 21 de marzo tiene una incidencia acumulada del país con 3.573 casos por 100.000 habitantes )  y una tasa de mortalidad de 610,4 muertes por 1.000.000 de habitantes. Inírida tiene un caso activo atendido en casa.
• Es urgente la instalación de baños, duchas y baterías sanitarias en los alojamientos temporales, especialmente en los de mayor concentración de personas como el Centro de Integración Ciudadana – CIC Las Riberas del Arauca y El Troncal. Así mismo se requiere priorizar el acceso a saneamiento de los grupos demográficos priorizados  ( niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores ) .
• Se requiere la asistencia con botellas y bolsas de agua en todos los puntos de alojamiento temporal, debido a que gran parte de las familias afectadas presentan acceso limitado a agua segura para el consumo humano.
En el mismo tiempo el municipio de Mocoa del departamento de Putumayo evidenció un incremento del 0,6% de los casos  ( 18 casos más )  y 1,3% en relación con las muertes  ( un caso nuevo ) . Al 30 de marzo tiene una incidencia acumulada con 4.696 casos por 100.000 habitantes )  y una tasa de mortalidad de 1.322 muertes por 1.000.000 de habitantes. Mocoa tiene 47 casos activos  ( 16,1% menos que la semana anterior ) , de estos el 95,7% están siendo atendidos en hospital, por ahora no hay pacientes en UCI.
Si bien la privacidad no puede ser un impedimento para afrontar la emergencia sanitaria, dicha emergencia no puede suponer tampoco el fin de la privacidad; es necesario alcanzar un equilibrio. Los gobiernos deben garantizar a sus ciudadanos que el acceso excepcional a los datos personales que hace falta para hacer frente a la crisis del COVID 19 conllevará una custodia adecuada de estos, y que su privacidad será resguardada.
digital. Por ello, el nuevo modelo de gobernanza digital deberá: • Promover la igualdad, considerando procesos de transformación digital incluyentes, facilitando la interacción a través de múltiples canales con el Estado y tomando en cuenta a la población sin acceso adecuado a las tecnologías digitales, las habilidades necesarias para usarlas y las barreras socioeconómicas que restringen su aprovechamiento.
Procesamiento de muestras para diagnóstico Hasta el 2 de marzo, el Instituto Nacional de Salud reportó el procesamiento de 8.260.123 pruebas PCR en 165 laboratorios adjuntos para diagnóstico de COVID 19, con 25.072 pruebas realizadas en las últimas 24 horas. A la fecha 1.914.652 muestras han arrojado un resultado positivo; sin embargo, este dato incluye segundas pruebas o más, a casos activos que aún no se recuperan. La capacidad máxima declarada por el INS es de 65.090 muestras/día. La proporción de positividad por PCR es de 10,9%, donde la entidad territorial que presenta la mayor positividad es el departamento de Caquetá  ( 46% ) , Tolima  ( 32% ) , Quindío  ( 30% ) , Cauca  ( 28% ) , Putumayo  ( 28% ) , Huila  ( 27% ) , Valle del Cauca  ( 26% ) , Risaralda  ( 25% ) , Cesar  ( 25% )  y Cundinamarca  ( 25% ) . Se notifica a la fecha, la realización de 3.293.835 pruebas de antígeno, de las cuales se reportan 590.835 pruebas positivas, con una positividad del 8,6%, realizados en 1.513 IPS en 33 departamentos. Las entidades territoriales con mayores valores de positividad son el Sucre  ( 35,5% ) , Vaupés
Salud Necesidades: • Por la gravedad de los hechos, se requiere con urgencia jornadas de atención y acompañamiento psicosocial a las comunidades afectadas, por el alto grado de afectación emocional que sufrieron por los eventos previos a los desplazamientos; hombres, mujeres y niños, niñas y adolescentes han tenido alteraciones en su salud mental y emocional por el temor de las acciones armadas y la incertidumbre de su futuro próximo.
 • Se requiere con urgencia la realización de pruebas de COVID 19 en todos los puntos de concentración de personas, con el fin de evitar y disminuir el riesgo de focos de infección del virus . 
• Se requiere suministrar con urgencia medicamentos para las personas que padecen de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, o asma y que requieren algún tratamiento médico, en especial a población de adultos mayores. 
• Hay necesidad de proveer asistencia médica para minimizar los riesgos de enfermedades respiratorias agudas, debido al incremento de lluvias y ola invernal.
Promover un modelo de gobernanza digital desde una perspectiva estratégica productiva que genere un cambio estructural mediante la innovación y la difusión tecnológicas en el aparato productivo, la creación de nuevos modelos de negocio, la inserción en cadenas de valor globales, la generación de capacidades y habilidades digitales, y mecanismos de financiamiento que impulsen la economía digital.
Alojamiento y artículos de hogar Necesidades: • Es necesario ampliar y adecuar los lugares definidos como alojamientos temporales colectivos para garantizar las condiciones dignas. Adicionalmente, es importante asegurar que no se configuren situaciones de hacinamiento que propicien el contagio de la COVID 19 • Se requiere personal de atención para la organización, coordinación y registro en los alojamientos temporales colectivos, así como para la caracterización de personas que manifiestan necesidades en alojamiento. • Es necesario apoyar a las familias colombianas que acogen en sus casas a familias afectadas para que brinden alojamiento y alimentación.
• En razón a la dispersión de los alojamientos temporales y sitios de llegada en toda la línea de frontera es necesario coordinar una respuesta rápida de atención que permita el despliegue de acciones de manera más efectiva. • Se requiere distribución de ropa y calzado considerando el enfoque etario en los diferentes puntos en donde se encuentra albergada la población. • Se requiere asistencia a personas en los alojamientos temporales mediante entrega de artículos para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores  ( mosquiteros, repelentes, entre otros ) . • Se requiere adecuada gestión de residuos sólidos en alojamientos temporales colectivos para mitigar riesgos de salud pública.
Algunos acuerdos alcanzados en el marco de la agenda eLAC 2020 son fomentar la elaboración e implementación de planes de banda ancha con metas concretas y medibles; impulsar el desarrollo y la incorporación de habilidades digitales; promover la perspectiva de inclusión en el diseño de políticas; coordinar acciones orientadas a garantizar la privacidad y la protección de datos personales, y fomentar el uso de tecnologías digitales en las empresas, con foco especial en las mipymes.
Rechazar la recolección no autorizada y el uso indebido o no autorizado de datos personales, brindar altos estándares de seguridad de la información y evitar cualquier tipo de vulneración de la privacidad y la dignidad de las personas, fortalecer el acceso a la información pública y promover la lucha contra la corrupción.
OVID 19Este Informe Especial es el séptimo de una serie que elabora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  ( CEPAL )  sobre la evolución y los efectos de la pandemia de COVID 19 en América Latina y el Caribe. Sus análisis económicos y sociales se actualizarán a medida que surja información relevante. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dirigió la elaboración de este Informe, con el apoyo técnico de la Oficina del Secretario Ejecutivo Adjunto, Mario Cimoli, y de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.Copyright © Naciones Unidas, 2020
“Queremos resaltar los planes de desarrollo de los gobiernos de turno en Norte de Santander y Cúcuta, donde se evidencian el compromiso y las acciones para mejorar y dignificar las condiciones de vida de nuestras víctimas. Por tal motivo, la Unidad para las Víctimas, viene adelantando esta clase de jornadas que buscan orientar a los entes territoriales en el cumplimiento de los objetivos propuestos para garantizar la implementación de la política pública de víctimas en el marco de la ley 1448' dijo la funcionaria.