nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
A pesar de que los registros con los que cuenta el Mi  nisterio del Interior no evidencian un gran incremento de víctimas de trata de personas de nacionalidad vene  zolana, medios de comunicación, autoridades guber  namentales y fuentes de la sociedad civil entrevistadas han manifestado su preocupación por la existencia de casos de este tipo. De hecho, en 2018 los medios de comunicación reportaron el caso de un tratante en Ba  rranquilla, que se hacía pasar por un fraile que operaba un albergue para migrantes y refugiados y los explota  ba con fines sexuales. El fraile fue encarcelado luego de que se comprobaran los cargos en su contra, y 28 víctimas fueron rescatadas.
En abordajes realizados por organizaciones de la so  ciedad civil en el barrio de Patio Bonito, en Bogotá, una de las zonas con más mujeres venezolanas víctimas de explotación sexual, las personas entrevistadas rela  taron cómo operan los tratantes en estos casos. En general, les indican a las víctimas cómo llegar a Bogotá y dónde ir una vez allí. Desde la terminal de Bogotá, se las traslada a prostíbulos con falsas promesas de empleos de meseras o bailarinas y se les promete ali  mentación, hospedaje, guarderías para sus hijos, todo de manera gratuita, pero estas mujeres terminan en  deudándose con los tratantes
Entre los casos observados en terreno mencionados en este informe de UNODC, fuentes gubernamen  tales mencionan situaciones de mujeres venezolanas que reciben propuestas laborales por redes sociales  ( que luego resultan ser falsas o diferentes a lo acor  dado )  antes de emprender el trayecto migratorio. Se han identificado casos de mujeres venezolanas explotadas sexualmente en Cúcuta, mediante el uso de videos por webcams69, que luego fueron traslada  das a otros países  ( como Ecuador y República Do  minicana ) . Las personas entrevistadas coinciden en destacar los factores de vulnerabilidad que afectan a las mujeres y niñas venezolanas. Desde OIM Colom  bia se informa que también se han observado casos de explotación en trabajos y servicios forzados de migrantes y refugiados venezolanos, especialmente hombres.
na encuesta con población venezolana presentada en este estudio arroja que el 36% de los/as encues  tados/as afirmaron haber entrado a territorio colom  biano a través de un paso fronterizo irregular. El 35% manifestó haberle pagado a alguien más para permitir esto, lo cual implica que el 1% restante ingresó por el paso irregular sin pagarle a nadie. Este estudio también muestra cómo el tráfico ilícito de migrantes genera un ambiente propicio para la ocurrencia del delito de tra  ta de personas. Del total de personas que presentan al menos un indicador asociado al tráfico ilícito de mi  grantes, el 67% se encuentran dentro de al menos un indicador asociado a la trata de personas.
Otras fuentes entrevistadas mencionan, además de la explotación sexual, casos de servidumbre doméstica, matrimonio servil y mendicidad ajena. A partir de es  tudios exploratorios realizados en Arauca, Arauquita, Cúcuta, Villa del Rosario, Riohacha, Maica y Cartagena, entrevistados de la sociedad civil relatan el aumento en casos de mendicidad infantil en niños y niñas venezo  lanos, de entre 6 y 10 años, que son captados por una red de trata que los obliga a pedir limosna en las calles entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana.
in April, 22% of respondents of a non representative survey of Venezuelan refugees and migrants in Colombia and Peru stated that they experienced more xenophobia and racism due to COVID 19  ( MMC 04/2020 ) .
Risk 1 Conflict escalation causes increased displacement, confinements, and reduced humanitarian access
Some retaliations and attacks on civilians in relation to the quarantine have been registered. Nine such assassinations were documented by Human Rights Watch as of mid July, while University de los Andes registered 30 homicides related to the quarantine as of mid August  ( HRW 15/07/2020; Uni Andes 20/08/2020 ) .
Venezuelan refugees and migrants were impacted as up to 71% of them had been working informally  ( WFP 19/02/2020 ) .
2020 has also seen a notable increase of massacres 2 . The massacres were perpetrated in differing regional contexts, with alleged motives including armed groups exercising territorial control or control over the civilian population  (
The government also uses social protection measures to mediate the socioeconomic impact of the lockdown, such as cash transfers to poor households as part of the “Ingreso Solidario' programme.
Death threats directed at people with COVID 19 have circulated in Putumayo department, which is a further expression of armed groups' intent to exercise social control  ( OCHA 17/06/2020 )
In an April 2020 Gallup poll in Colombia, 87% of respondents stated that they would like the Colombian  Venezuelan border to remain closed after the end of containment measures, to prevent more Venezuelans from entering. The percentage of respondents stating that they had an unfavourable opinion of Venezuelans who came to Colombia to stay increased from 67% in February to 81% in April  ( Gallup 04/2020 ) .
Vulnerable people who have lost income are at risk of increased food insecurity and malnutrition, as household assets are depleted and households' purchasing power is reduced.
There is a risk of an escalation of the armed conflict, as armed groups take advantage of containment measures and the overstretching of the state security forces, to consolidate control over disputed areas.
Risk 4 Venezuelan authorities halt regular returns to Venezuela, leaving Venezuelans with return intentions stuck in Colombia, unable to meet their basic needs
Colombia has increased hospital and testing capacities, but pre crisis numbers of hospital beds and intensive care unit  ( ICU )  beds are low in comparison to other countries.
Risk 5 Colombian economy re opens and conditions in Venezuela worsen, resulting in increased arrivals of Venezuelan refugees and migrants in need of humanitarian assistance
84% of consumers surveyed reported price increases in the month prior to data collection, especially for basic food items such as potatoes and rice, and for cleaning/hygiene items like bleach and soap  ( REACH 30/06/2020 ) .
An increase in forced recruitment is likely as armed groups are strengthened, access to protection support is limited due to movement restrictions, and economic hardship due to the COVID 19 crisis may increase households' vulnerability.
58% está más atenta/o a los síntomas de su cuerpo. 54% evita visitar centros de salud y hospitales  ( su IPS, EPS o médico )
Humanitarian access in Colombia is hampered by difficult terrain, armed conflict, and movement restrictions due to COVID 19. In the context of the COVID 19 crisis, threats and attacks against humanitarian organisations and medical missions are posing an additional access challenge, as armed groups use the crisis to exert territorial and social control  ( OCHA 12/08/2020 ) .
72% está muy de acuerdo o de acuerdo con que la respuesta de gobierno local para controlar el COVID  19 fue clara y consistente. 67% está muy de acuerdo o de acuerdo con que el gobierno local actúo de forma oportuna y rápida para controlar la transmisión del COVID 19.
Already fragile government institutional presence in conflict affected regions is further weakened by continued containment measures, including movement restrictions, as  ( the currently low level )  of service provided is further eroded.
Conflict dynamics Different armed groups are in dispute over territorial control and strategically important routes for illicit economies. This conflict has intensified as they struggle  ( though not exclusively )  over areas formerly controlled by the FARC EP. Alliances and conflict dynamics vary between affected departments and municipalities. Armed groups fight over lucrative areas for the extraction of natural resources such as gold and coca, drug trafficking, and control over the populations living in those areas.
43% evitó el contacto con personas que tienen fiebre o síntomas respiratorios. 35% evitó el contacto con personas que habían viajado en el último mes.
12% evitó las relaciones sexuales con su pareja, esposa ( o ) , compañera ( o )  sexual, novia ( o ) .
Las personas que no adoptaron el aislamiento  ( voluntario u obligatorio )  presentan los menores porcentajes de acceso a información sobre COVID 19 a través cualquier medio.
Indigenous Wayuu communities in La Guajira department are particularly at risk of increased malnutrition, due to already high pre crisis incidence of malnutrition and limited access to WASH, food, and healthcare  ( HRW 13/08/2020 )
Estas cifras no incluyen a la población retornada. A julio de 2019 algunas instituciones estiman el número de personas retornadas ascendería a 795.234, algunas de las cuales habrían nacido en Colombia y regresan al país después de vivir en Venezuela  ( 344.279 )  y otras que pueden optar por doble nacionalidad  ( 450.505 )   ( GIFMM, 2019 citando como fuentes GEIH y Registraduría Nacional del Servicio Civil ) .
Sólo el 2% adoptó la cuarentena voluntaria porque tuvo síntomas de gripa, fiebre o tos y porque el hospital municipal, IPS o EPS se lo indicó.
Grupo 2. Sufren. En el grupo de personas que sufren a causa de la pandemia 73% son mujeres, 64% menores de 29 años, 55% tienen un ingreso familiar promedio superior a $2 millones de pesos, 61% ha tenido alguna enfermedad crónica.
97,7% no se hizo la prueba, y 1,5 % prefirió no responder la pregunta; 0,85% se hizo la prueba  ( 30 casos ) : 0,48% se hizo la prueba y el resultado fue negativo  ( 17 casos ) ;0,34% se hizo la prueba y aún no ha recibido el resultado  ( 12 casos ) ; y 0,03 se hizo la prueba y el resultado dio positivo  ( 1 caso ) .
78% aumentó frecuencia del lavado de manos y uso de desinfectante, alcohol y/o gel antibacterial.
Durante la cuarentena, el 50% ha sentido nervios, cansancio sin motivo o impaciencia; 20% ha tenido una necesidad insatisfecha en salud sexual y reproductiva en los últimos 21 días. Mientras el 17% está preocupado por el mal comportamiento de hijas/os y las situaciones de violencia al interior del hogar.
85% de los adultos mayores  ( 60 años y más )  se aisló voluntariamente o acató el aislamiento obligatorio del gobierno.
EL grupo de 18 a 29 años de edad se ha sentido con mayor frecuencia nervioso  ( 61% ) , cansado sin motivo  ( 62% ) , impaciente  ( 60% )  y/o con rabia  ( 48% )  durante los últimos 21 días, comparado con el grupo de edad mayores de 50 años que se sentía menos nervioso, cansado sin motivo, impaciente o con rabia
sólo el 33% empezó a trabajar desde casa. El porcentaje de personas que empezó a trabajar desde casa es mayor entre empleados de sectores públicos  ( 55% )  y privados  ( 48% )  y menor entre trabajadores independientes  ( 28% ) , mujeres cabeza de hogar  ( 28% )  y víctimas del conflicto  ( 18% ) , lo que revela condiciones menos flexibles para el trabajo informal y de las poblaciones vulnerables
75% ha tenido alguna afectación en su salud mental en los últimos 21 días por efecto de las medidas preventivas actuales: 54% se sintió nerviosa/o; 52% se ha sentido cansada/o sin motivo; 46% se sintió inquieta/o impaciente y 34% sintió rabia/ira  (
Con relación a la necesidad insatisfecha de Salud Sexual y Reproductiva  ( SSR )  en el contexto del COVID 19: • • 

20% de las personas ha tenido alguna necesidad de atención en Salud Sexual y Reproductiva  ( SSR ) . Entre las personas jóvenes  ( 18 a 29 ) , las personas con ingresos familiares de menos de 500 mil pesos y migrantes se encuentran porcentajes con mayor necesidad insatisfecha en salud sexual y reproductiva superiores al 25%.
59% está muy de acuerdo o de acuerdo con que la respuesta de gobierno nacional para controlar el COVID 19 fue clara y consistente. 42% está muy de acuerdo o de acuerdo con que el gobierno nacional actúo de forma oportuna y rápida para controlar la transmisión del COVID 19.
MEDIOS DE VIDA: Como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, muchos pueblos indígenas se han visto en la obligación de detener sus ciclos productivos, de caza y recolección, así como actividades fuente de recursos económicos. Los pueblos indígenas asentados en zonas urbanas no condiciones mínimas  ( alimentación, recursos para pago de arriendos, servicios básicos de higiene, condiciones de salubridad, etc. )  para cumplir con la cuarentena. Muchos se han visto obligados a involucrarse en actividades de alto riesgo como el reciclaje, mendicidad y la venta ambulante
Entre las personas con género no normativo  ( 20 casos )  las necesidades en salud reproductiva y las razones por la que no han sido atendidas son: 6 casos consulta ginecológica; 6 casos consulta urológica; 5 casos consulta de anticoncepción; 2 casos acceso a métodos anticonceptivos; 2 casos exámenes diagnósticos para ITS; 1 caso acceso a tratamientos para ITS  ( incluidos antirretrovirales ) ; 1 caso consulta de acompañamiento del tránsito; 1 caso consulta endocrinológica; 5 casos no accedieron porque prefieren cumplir la cuarentena; 3 casos porque no ha disponible un servicio de telemedicina; y 2 casos por falta de dinero.
Los pueblos en contexto de ciudad, quienes, tras ser víctimas de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, se han visto impactados por la pérdida de sus economías propias y al buscar alternativas de subsistencia sin las medidas de bioseguridad necesarias se exponen al contagio del COVID 19.
PROTECCIÓN: la presencia y acciones de grupos armados en los territorios indígenas se ha incrementado, afecta especialmente los departamentos del Chocó, Valle del Cauca y Cauca. El conflicto armado en las zonas rurales no ha cesado y no se cuenta con las condiciones para el monitoreo y seguimiento de amenazas, atentados y homicidios durante la cuarentena.
Según el Análisis Rápido de Necesidades desarrollado por el GI  FMM  ( abril 20201 ) , las necesidades más apremiantes para la pobla  ción encuestada proveniente de Venezuela en el contexto de CO  VID 19 son: alimentación  ( 95% ) , alojamiento  ( 53% ) , empleo  ( 45% ) , y atención médica  ( 26% ) .
In addition to this, in Catatumbo there are limitations in mobility and restrictions in terms of access to fundamental rights, goods and activities, this affects about 120,000 people.
A causa de la pandemia y el aislamiento, a los miembros del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira, Colombia, les resulta sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca. El gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu.
La publicación multimedia, “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia', deja al descubierto las dificultades que enfrentan las familias wayuu en una región marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud. La mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición. La Corte Constitucional de Colombia ha concluido que las actividades mineras en la región también han degradado la calidad del agua y el acceso a esta para algunas comunidades wayuu.
El 55 por ciento de los empleados en Colombia, pertenecen al sector informal, representando un factor de alto riesgo al no poder cumplir con las medidas de aislamiento preventivo. Lo anterior, configura un escenario donde gran parte de la población verá reducido su nivel de bienestar y no cuenta con acceso estable a recursos financieros o de seguridad social, que permitan sobrellevar el impacto económico de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
Since the displacement, about 70% of families have decided to return at their own risk, despite the fact that there are no guarantees of security and limited livelihood.
Si bien Colombia ha reducido la tasa nacional de mortalidad de menores de cinco años en los últimos cinco años, la tasa en La Guajira ha incrementado en ese periodo. En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional. Es posible que la tasa real sea aún más alta, según señalaron médicos, enfermeros, funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones humanitarias. El gobierno no registra todas las muertes, en parte porque muchos niños y niñas mueren en sus hogares. Si bien la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en Colombia ha disminuido notablemente en los últimos años, este índice tampoco ha mejorado en el departamento de La Guajira, que actualmente registra el mayor número de muertes infantiles por desnutrición en el país.
Además, se habilitó un lavamanos en la entrada de la unidad, y se les está explicando acerca de la importancia del distanciamiento físico, lavado apropiado de manos, sensibilización y educación en el buen uso de tapabocas, como acción complementaria a las medidas de precaución estándar. También se están entregando folletos con información referente a la sintomatología de la COVID 19 y las líneas de atención en caso de conocer casos sospechosos o tener dudas al respecto.
Another percentage of the population has decided to be located in the towns of Ocaña and Cúcuta. Those persons are in need of humanitarian assistance.
El Covid 19 introduce un nuevo desafío para los wayuu y para los limitados programas y servicios públicos en el departamento. Al 10 de agosto, las autoridades colombianas habían confirmado más de 2.700 casos de Covid 19 en La Guajira, incluidos 65 casos entre indígenas wayuu. En el contexto de acceso limitado a alimentos y agua, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia de Covid 19 podrían ser devastadores para los wayuu si el virus alcanza una mayor expansión en la región, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins. Las autoridades habían confirmado más de 397.000 casos de Covid 19 y 13.000 muertes en todo el país por esta enfermedad hasta el 10 de agosto de 2020.
Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Estadísticas oficiales indican que solo el 4 % de los wayuu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, concluyó que el 77 % de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria; es decir, que no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad en cantidades suficientes para una vida saludable y activa.
El Ministerio de Vivienda ha comenzado a instalar pilas públicas  puntos provisorios de suministro público de agua  como parte del proyecto Guajira Azul, que comenzó en 2018. Aunque estas pilas pueden brindar acceso al agua en este contexto de urgencia, no son soluciones permanentes. En lugar de establecer medidas provisorias, se deberían construir y mantener fuentes de agua potable seguras y sostenibles.
Las autoridades colombianas  incluyendo la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo  también han señalado graves falencias en la respuesta del gobierno ante la crisis. Un funcionario de la Procuraduría, un órgano independiente responsable de proteger los derechos humanos y supervisar las decisiones de los funcionarios gubernamentales, manifestó que “existe incumplimiento por parte de la mayoría de las entidades' para adoptar “medidas adecuadas y necesarias' para abordar la situación de La Guajira. De manera similar, la Defensoría del Pueblo concluyó en un informe de diciembre de 2019, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, que “ [ n ] o se evidencian avances significativos en las medidas de largo plazo' que se necesitan para enfrentar la crisis.
La llegada masiva de ciudadanos venezolanos desde 2015 ha agravado la situación de los muy limitados sistemas de salud, agua y alimentos en el departamento, conforme lo señalaron médicos, docentes y funcionarios gubernamentales. La Guajira alberga al menos a 161.000 de los 1,8 millones de venezolanos que han migrado a Colombia, escapando de la crisis humanitaria y de derechos humanos en su país. Cientos de miles de exiliados venezolanos en Colombia atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria. El gobierno colombiano y organizaciones humanitarias han adoptado medidas para brindarles apoyo en La Guajira, entre otras cosas, creando un albergue del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados  ( ACNUR )  y otorgando algunos permisos de residencia temporal, pero estas medidas resultan insuficientes ante los enormes desafíos en el departamento.
En toda América Latina, la pobreza extrema, la degradación ambiental y la pérdida de tierras, territorios y acceso a alimentos tradicionales han contribuido a que las tasas de desnutrición entre los niños y las niñas indígenas dupliquen las de la población general. Durante años, informes sobre La Guajira han sugerido que el impacto desproporcionado de la desnutrición para los wayuu es incluso más agudo.
Para aumentar la seguridad alimentaria para los niños y niñas en riesgo, el gobierno también ha invertido millones de dólares en programas de alimentación escolar desde 2014, incluyendo aproximadamente USD 18 millones en 2019. Pero los alimentos proporcionados a veces han sido demasiado escasos o no han estado en buenas condiciones, según señalaron autoridades de la comunidad wayuu, fiscales locales y trabajadores de asistencia regionales. En algunas oportunidades, los contratistas a cargo de alimentos no han tenido en cuenta a los cientos de niños y niñas provenientes de Venezuela y los docentes han tenido que fraccionar las comidas para cubrir las necesidades de esos niños.
En Colombia, a corte del 1 junio se han reportado 30.493 casos de COVID 19, de ellos 72 casos en el departamento de Santander
Se observa una alta afluencia del flujo de personas en tránsito que cruzan por el departamento haciendo uso de diversas vías nacionales, incluso por la Ruta Nacional 55  ( municipios de Capitanejo, San José de Miranda, Málaga, Concepción, Cerrito, Chitagá, Pamplona y Cúcuta ) . Asimismo, se evidencia un aumento de la población con vocación de permanencia en Bucaramanga
En el Amazonas han aumentado los casos confirmados significativamente durante los últimos tres días. Los municipios poco poblados registraron 52 nuevos casos en los últimos tres días, después de un período entre un dígito y cero nuevos casos confirmados por día en las semanas anteriores. El departamento sólo registró 15 casos confirmados en los 10 días anteriores a este período. De los 2.565 casos confirmados en el departamento, 639 se confirman como indígenas  ( 24,9% ) . Sin embargo, no se conoce la etnia especifica de todas las personas, además de que las pruebas en zonas remotas del departamento  ( donde la mayoría de las personas son indígenas )  son casi inexistentes, lo que indica que es probable que el número real de casos indígenas sea mayor. Con 132 muertes relacionadas con COVID 19 por cada 100.000 habitantes, el departamento posee la proporción más alta de todo el país, lo que ilustra el alto impacto de la pandemia en el departamento.
En Amazonas: El gobernador de este departamento declaró situación de calamidad pública el 30 de Julio, debido al avance de la pandemia en el Amazonas, en medio de vulnerabilidades preexistentes como: una baja capacidad instalada para la atención en salud, presencia de actores armados y conflictos socioambientales; lo anterior, sumado a las enfermedades endémicas como malaria, dengue, tuberculosis y la baja autoinmunidad que presentan las comunidades indígenas a nuevas enfermedades. Por otro lado, la extensión del departamento y su baja densidad población hace más difícil y costosa la atención médica que se brinda a dichas comunidades; sólo hasta la semana pasada la secretaría de salud movilizó varias misiones médicas para toma de muestras en las zonas no municipalizadas del departamento. Además, en el contexto cultural amazónico los abuelos tienen un papel primordial en la estructura familiar y social, dado que son los portadores de los conocimientos ancestrales de cada grupo indígena y también son los encargados de su enseñanza de generación en generación. El contagio de adultos mayores pertenecientes a grupos indígenas y su muerte, generan daños irreparables a la transmisión de conocimientos tradicionales, poniendo en riesgo la supervivencia de este patrimonio cultural de la humanidad.
En relación con las muertes el país incremento 19,4 por ciento de las muertes, los mayores incrementos se observaron en Cúcuta  ( 96% )  pasando de 99 a 182 defunciones, Medellín  ( 45,1 % )  pasó de 337 a 489 defunciones, Santa Marta  ( 25,8% )  paso de 159 a 200 defunciones, Bogotá  ( 23,8% )  de 3.052 a 3.778 defunciones y Montería  ( 16,1% )  de 415 a 482 defunciones en la última semana
La pandemia continúa afectando los pueblos indígenas. En Colombia, desde la confirmación del primer caso de COVID  19 en el país y hasta el 30 de julio de 2020, fueron confirmados 4.266 casos en población con pertenencia étnica indígena, lo cual representa un 1,49 por ciento del total de casos nacionales, con una tasa de incidencia cruda de 223,9 casos por 100 mil personas  ( indígenas ) ; de estos, se han presentado 151 defunciones y 2.435 personas recuperadas. Entre los pueblos indígenas de Colombia  ( para los cuales se cuenta con información ) , los que presentan tasas de incidencia mayores a 1.000 por 100.000 habitantes, en orden decreciente son los pueblos Tikuna  ( 2.420,2 por 100.000 habitantes )  en Amazonas, Muisca  ( 1.384,2 por 100.000 habitantes )  en Bogotá y Cundinamarca, Andoque  ( 1.341,5 por 100.000 habitantes )  en Amazonas y Mokana  ( 1.032,4 por 100.000 habitantes )  en Caquetá y Atlántico, entre los cuales el pueblo Andoque tiene una población inferior a 1.000 habitantes
En total se reportan 397.623 casos confirmados de los cuales el 55 por ciento se mantienen activos  ( 162.155 ) , 221.485 se recuperaron, mientras que 13.154 pacientes fallecieron, de éstos últimos, el 64 por ciento eran hombres y el 74 por ciento era mayor de 60 años. El 52.5 por ciento de los casos se reportan en hombres, el 3,7 por ciento de los casos en menores de nueve años, el 82 por ciento de los casos en población entre los 10 a los 59 años el 14,5 por ciento en personas de 60 años y más. El número de casos activos en los últimos diez días aumentó en un 28 por ciento, de 126.313 el 30 de julio a 162.155 el 10 de agosto. Con relación al incremento de los casos totales, el país incremento en un 21,3 por ciento los casos en la última semana, los municipios que reportan la mayor cantidad de casos y de defunciones en la última semana son Montería, paso de 4.535 casos a 6.828 con un 50,6 por ciento de incremento en la última semana, Medellín que paso de tener a 22.511 casos a 29.568 con un incremento del 31,3 por ciento, Pasto de 3.922 casos a 4.939  ( 25,9% de incremento ) , Santa Marta paso de 4.719 a 5.830  ( 23,5% )  y Bogotá paso de 111.294 a 136.764  ( 23,9% ) .
Teniendo en cuenta las medidas de la Alcaldía de Maicao, que no permiten la circulación de personas después de 2 de la tarde, la Unidad estará funcionando en el horario de 7 a.m. a 1 p.m., con los servicios de medicina general, ginecología y planificación familiar
En Antioquia se confirmaron los primeros cinco casos de COVID 19 en la cárcel de Bellavista en Bello, con esta cifra las tres cárceles del Valle de Aburrá ya tienen presencia del virus, en la cárcel La Paz de Itagüí y El Pedregal de Medellín ya hay casos positivos. A lo largo de los últimos cuatro meses, los centros penitenciarios del país se han convertido en uno de los focos principales de contagio, debido a la situación de hacinamiento que enfrentan los presos y además debido a la circulación de miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  ( INPEC ) , dentro y fuera de las cárceles. Actualmente, este departamento cuenta con el 70 por ciento del total de 26.117 casos confirmados activos y su nivel de ocupación de UCI ha llegado al 78 por ciento declarando casi en alerta roja el departamento.
Durante los últimos días se confirmaron 22 casos positivos de COVID 19 en personal del INPEC de la cárcel de Popayán, mientras que algunos internos presentan síntomas respiratorios, sin embargo, dada la baja disponibilidad de pruebas, no ha sido posible diagnosticarlos en relación con el COVID 19 en el departamento del Cauca.
En Norte de Santander se declaró alerta roja14 en la red hospitalaria debido al aumento en casos de COVID 19, en todo el departamento hay 196 camas UCI en funcionamiento, de las cuales 184 están ocupadas15, lo que representa una utilización del 94 por ciento de la capacidad. Durante los últimos 14 días se ha presentado un aumento del 195 por ciento de casos. En medio de este escenario, se han presentado nuevos desplazamientos masivos causados por la presencia y accionar de los Grupos Armados Organizados  ( GAO )  en la frontera con Venezuela. La Gobernación ordenó un toque de queda desde el 24 de julio hasta el primero de agosto en todo el departamento
Colombia entró en una fase crítica de la pandemia. Hasta el 27 de julio se han confirmado 257.101 casos de COVID 19, con 8.777 muertos y una aceleración de los contagios, poniendo al país entre los diez con mayores tasas de crecimiento de COVID 19 en el mundo. Según estimaciones del Ministerio de Salud, el 11 por ciento del total de casos confirmados de COVID 19 pertenecen a personas que trabajan en labores de cuidado del hogar  ( 24.429 casos ) , el seis por ciento a estudiantes  ( 12.936 ) , el cuatro por ciento son trabajadores informales y personas desempleadas  ( 8.997 ) , militares  ( 4.423 )  y oficiales de policía  ( 4.149 )  cuatro por ciento y trabajadores del sector de la salud dos por ciento  ( 3.855 )
En Putumayo, con una tasa de crecimiento exponencial del 18 por ciento durante las dos últimas semanas, se aumentó de 96 casos confirmados en el departamento a 759, donde 92 por ciento aún se mantienen activos. Inclusive, Putumayo no cuenta con UCI disponibles
As of July 2019, confinement or other restrictions on mobility and access to basic services already concern 362.055 people.
According to the report published on January 22, 2020 by Human Rights Watch, in the department of Arauca non state armed groups are violently controlling the daily life of the population as they impose their own rules and threaten the inhabitants of the department to ensure their compliance. Among the punishments that have been identified for those who do not comply with these rules were fines, forced labor and death.
In comparison with July 2018, the number of killings of civilians has increased by 42%. According to UN Human Rights, at least 214 social leaders were murdered between January 2018 and June 2019.
In Teorama, since February 27, 2018, approximately 244 people  ( 74 families )  have been displaced from Caño Seco and Piedras de Molares to the town of San Pablo3. Regarding the Teorama and San Calixto displacement, since July 11 of the same year, new confrontations between ELN and EPL, triggered the massive displacement of 173 people, this situation occurred in the Vijagual paths, located in Teorama, in San Juan and Monteverde, located in San Calixto4.
La confirma importantes brechas de género en el mercado laboral entre la población migrante y refugiada de Venezuela. En la Base de Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud  ( BDUA ) , a mayo de 2019 las mujeres son únicamente el 30,9% de las personas venezolanas que cotizan  ( 69,1% son hombres ) , mientras que son el 67,9% de las beneficiarias  ( 32,1% son hombres ) . Ellas constituyen el 58,4% de quienes están en régimen subsidiado  ( 41,6% son hombres )   ( Khoudour, 2019 ) .
La posibilidad de trabajar por cuenta propia encuentra asimismo limitaciones. Mujeres que en Venezuela tenían empresas no han podido trasladar el equipo o solo han podido traer parte de él porque deben pasarlo por pasos informales, lo que implica gastos adicionales y riesgos de despojo y violencia. A veces disponen del equipo, pero no les alcanzan los recursos para comprar los materiales.
Las responsabilidades de cuidado que las mujeres asumen en sus familias se convierten en otra limitante para acceder a medios de vida  ( FUPAD Colombia, 2019 ) . Este es uno de los principales obstáculos que identifican las mujeres migrantes en los grupos focales realizados en el marco de esta investigación. El problema es más agudo para las mujeres 80 que son jefas de familia y en general para aquellas que no cuentan con apoyo para asumir la crianza de las hijas e hijos.
Las condiciones precarias en las que muchas mujeres viven constituyen un entorno limitante. No logran ahorrar para invertir, no son sujetas de crédito por no contar con activos ni trabajo fijo, los lugares donde viven no se prestan para trabajar o poner un negocio o están en lugares de poco tránsito. Con frecuencia los obstáculos son múltiples.
Estas estimaciones indican que en conjunto las personas migrantes provenientes de Venezuela representaban a mediados del año 2019 un 4,4% de la población de Colombia. De este total, la participación de personas venezolanas es de 2,8% y el restante 1,6% corresponde a las personas retornadas  ( cálculos propios a partir de datos de Migración Colombia, 2019a y DANE, 2019 ) .
Las mujeres que han dejado Venezuela y participaron en las DTM de 2018 cuenta con un nivel educativo relativamente alto, superior al de los hombres. Cerca de la mitad tiene estudios secundarios y aproximadamente 1 de cada 4 ha completado estudios técnicos o universitarios. Antes de salir de Venezuela el 70,8% de  ( 39,3% las mujeres estaban trabajando como asalariadas y 31,5% de forma independiente ) . Reportan haber estado desempleadas el 14%, una tasa que casi triplica la de los hombres  ( 5,1% ) . Se trata por lo tanto de una población con alta tasa de participación económica. En Venezuela, algo más de una cuarta parte de las mujeres encuestadas por la OIM en 2018  ( 27,4% )  trabajaba en comercio y 11% en alimentos, ramas en las que tradicionalmente se ocupan una parte de las mujeres en todo el continente. Una de cada 12 trabajaba en alguna actividad relacionada con la estética personal, servicios de alta demanda en Venezuela. La cuarta rama de ocupación de mujeres por orden de importancia es salud  ( 6,9% )  a la que siguen minería y energía  ( 6,4% ) , educación  ( 4,9% )  finanzas  ( 1,6% )  y artes y oficios  ( 1,4% ) . En el resto, la proporción de mujeres no llega al 1%  ( DTM Colombia, 2018 ) .
6.5 Obstáculos para acceder a medios de vida Las profesionales tienen dificultades para que las contraten en puestos acordes a sus conocimientos y experiencia laboral. Cuando han viajado con sus títulos se suma la necesidad de apostillar los documentos y convalidarlos, lo cual implica un tiempo y unos costos que no siempre pueden asumir. Las personas con conocimientos técnicos que no portan un título tienen la posibilidad de recibir una certificación de competencias de parte del Servicio Nacional de Aprendizaje  ( SENA ) . Las mujeres son una minoría de las personas venezolanas certificadas por el SENA, únicamente el 30,1%  ( 69,9% son hombres )  y esta proporción ha disminuido desde 2017, año en que fue de 32,3%  ( Khoudour, 2019 ) .
Los abusos laborales, en particular los bajos salarios, son señalados como obstáculo para permanecer en un trabajo. Al llegar se ven obligadas a tomar empleos en condiciones de explotación por la urgencia de lograr ingresos. Es difícil conseguir mejores condiciones después porque siempre hay nuevas mujeres migrantes que por situaciones extremas de necesidad aceptan trabajos mal pagados.
Las mujeres relatan asimismo la frecuencia con la que reciben agresiones xenófobas contra ellas, contra sus hijas e hijos, sobre todo cuando trabajan en la calle. Se trata de una violencia verbal a la que se exponen cada día, así como al desánimo que esto les produce y que las frena para ir a trabajar.
The structural shortfall of health services in various parts of the country affected by the conflict makes the health sector a priority.
In the municipality target by the assessment Venezuelan migrants have already stayed with the intention of permanence and work in the fields or in their own businesses, especially fast food.
Se ha reportado un incremento en incidentes de pro  tección, incluyendo hechos de violencia basada en el género  ( VBG ) , discriminación, xenofobia y riesgos asociados al cruce por trochas y rutas informales. Debido a la situación, hay población venezolana que no ve otra alternativa sino retornar a su país a pesar de los ries  gos asociados, a la salud y la protección
Más de la mitad de los hogares encuestados tienen problemas relacionados con las medidas de aislamiento pre  ventivo, mayormente por la necesidad de generar ingresos para cubrir necesidades básicas  ( 43% de los hogares )  o acceder a alimen   tación  ( 36% ) .
El flujo migratorio incluye además a muchas otras personas que esperan asentarse en Colombia o que van en tránsito hacia países vecinos para escapar de la aguda crisis que padece Venezuela. Por eso, un proceso de caracterización en frontera como el que propone la Defensoría podría ser crucial para determinar a qué ciudades llegarán y poder brindarles una mejor atención y asesoría en su proceso migratorio.
Se estima que antes del 14 de octubre, cuando autoridades de Norte de Santander decidieron militarizar 17 trochas en Cúcuta, ingresaban por estos pasos ilegales de 500 a 600 migrantes venezolonos.“La Defensoría hace pública su preocupación ante eventuales contagios por Covid 19 si no se pone en práctica un adecuado control sanitario en la frontera y en las vías por donde transitarán los migrantes", aseguró la entidad en un comunicado difundido este viernes.
Ante la posibilidad de una entrada masiva de personas provenientes de Venezuela, que ya se está presentando por las trochas, la Defensoría busca que haya un trabajo interinstitucional con el que se continúen ofreciendo soluciones a las necesidades básicas y disponer atención en salud a personas enfermas y mujeres embarazadas, así como controles de peso a menores de edad.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Gobernación de Norte de Santander, a Migración Colombia, a la Procuraduría y a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados  ( Acnur ) ,que se instalen en la frontera puestos de atención de migrantes venezolanos donde puedan brindarles transporte y asistencia prioritaria y conocer sus sitios de destino.
ONU Mujeres detecta brechas en la respuesta Estatal de proyectos de apoyo a la reactivación económica de las mujeres, y se ve necesario incluir las trabajadoras domésticas remuneradas en las medidas de especial protección, teniendo en cuenta que la tasa de reporte de casos para mujeres es del 47 por ciento y que el mayor número de casos se da en edades productivas entre los 20 y 40 años.
En Cauca y Nariño: el contexto COVID 19 necesita adaptación en todo el territorio por medidas de distanciamiento social y protocolos de bioseguridad en toda actividad económica.
• Hasta el 27 de julio, se mantienen 116.652 casos activos de COVID 19 de un total de 257.101 casos confirmados en los 32 departamentos de Colombia, mientras que 131.161  ( 51% )  se han recuperado, 1.588 pacientes se encuentran hospitalizados en Unidades de Cuidado Intensivo y 8.777 han fallecido.
Los municipios NO COVID 19 y otros con baja afectación podrían activar sectores como restaurantes y turismo, siguiendo a cabalidad los protocolos de bioseguridad; así mismo 34 secretarias de educación de municipios NO COVID 19 iniciarán proceso de alternancia para regreso a clases presenciales.
De otro lado, la economía formal en el departamento se centra en el sector primario con ganadería extensiva y la agricultura, mientras que el 60% de la mano de obra departamental es informal y sin posibilidad de acceso a la educación superior o incluso a estudios de secundaria14.
Organizaciones humanitarias que atienden a los migrantes en Pamplona informaron que registró durante este fin de semana largo la presencia de unos500 migrantes diarios que transitan por la Carretera Nacional desde la ciudad de Cúcuta y que mantiene colapsadas las vías de Pamplona.
Los migrantes con acceso al Permiso Especial de Permanencia  ( PEP ) , y por lo tanto a derechos legales9, tienen menores niveles de inseguridad alimentaria severa  ( 16% )  en comparación con aquellos sin acceso al PEP  ( 23% ) . Esto reafirma que la asistencia a mediano y largo plazo centrada en la regularización de la permanencia es un elemento fundamental para la integración social y económica de los migrantes, la generación de ingresos y la mejora de su acceso a las oportunidades de medios de vida.
Estas presiones estereotipan y encasillan a limitan sus opciones laborales y naturalizan el comercio sexual. Este contexto eleva los riesgos que las mujeres de todas las edades corren de ser explotadas sexualmente, ser atrapadas en redes de trata, verse forzadas a ejercer el trabajo sexual o tener que recurrir al sexo por supervivencia.
In these municipalities, according to reports from Migration Colombia and the HRP's sectoral People in Needs  ( PIN ) , the population with humanitarian needs is estimated at 204,209, where, specifically with regard to sexual violence, there are 39,134, a migrant population of 142,531, affected by displacement 11669 and with access restrictions of 10,8756.
The primary data collection shows there is lack of livelihood options and interventions as an alternative for women to break the cores of violence are absent.
When cases of sexual abuse occurred in the municipality of Arauquita, they are attended by the prosecutor of the municipality of Saravena  ( which is not close not Arauquita ) , due to the distance and difficult to access the location the response of the justice and protection sectors is ineffective.
El Gobierno colombiano ha implementado diversos esfuerzos para registrar y regularizar a la población venezolana que reside en el país. Entre abril y junio de 2018, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  ( UNGRD )  realizó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos  ( RAMV )  con el fin de censar a las personas, caracterizarlas y registrar sus necesidades. Tras el RAMV, en julio de 2018 se aprobó el Decreto 1288, por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos34. En síntesis, este decreto permite que las personas inscritas, independientemente de su condición migratoria, puedan acceder al PEP, afiliarse a seguridad social, recibir atención en urgencias, así como control prenatal y vacunación en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, puedan trabajar, reducir los costos de validación de estudios primarias y secundarios y agilizar el proceso de convalidación de títulos de educación superior  ( Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018 ) . La Tarjeta de Movilidad Fronteriza  ( TMF )  es otro tipo de documento dirigido a la población pendular. Autoriza el ingreso y tránsito de las personas venezolanas por zonas delimitadas cercanas a la frontera colombo venezolana por un período máximo de 7 días. La TMF les permite realizar compras de alimentos o medicamentos, visitar a familiares y faculta a las personas menores de edad a asistir a centros educativos de frontera. La TMF no es un documento de identificación, no permite residir o trasladarse a municipios no autorizados ni al interior del país, ni autoriza la afiliación al sistema de salud  ( OEA, 2019 ) . Hasta el 30 de septiembre de 2019 el Gobierno de Colombia ha emitido 4,3 millones de TMF a personas venezolanas  ( Migración Colombia, 2019a ) . Para las personas en tránsito hacia otros destinos existe el Permiso de Ingreso y Permanencia de Tránsito Temporal  ( PIP  TT ) . Hasta el 30 de septiembre de 2019, el Gobierno había emitido un total de 346.453 de estos permisos  ( Migración Colombia, 2019a ) . A fecha de 30 de septiembre de 2019, el Gobierno había otorgado la nacionalidad colombiana a más de 24.000 niñas y niños de origen venezolano nacidos en Colombia después del 19 de agosto de 2015. Se trata de personas menores que se encontraban en riesgo de apatridia  ( Migración Colombia, 2019a ) .
La mayoría de las mujeres  ( 56,8% ) , tenían en Venezuela un trabajo formal, en proporción ligeramente inferior al 57,5% correspondiente a los hombres  ( DTM Colombia, 2018 ) . los de De acuerdo con la GEIH y registros oficiales, a pesar de contar con niveles de formación superiores a los hombres que ingresan a Colombia desde Venezuela, y tener experiencia laboral, las mujeres no se encuentran en mejores condiciones que ellos para insertarse en el mercado laboral. Por el contrario, entre ellas el desempleo es más del doble que entre los hombres, tanto entre el grupo que llegó en los últimos 12 meses  ( 27% y 13,2% respectivamente )  como en el que llegó en los últimos 5 años  ( 21,2% y 9,4% respectivamente )   ( DANE, 2019 ) . El Gobierno de Colombia ha facilitado la regularización de personas venezolanas y tiene varios programas y mecanismos para favorecer la inclusión laboral de personas migrantes. Sin embargo, las oportunidades no se están distribuyendo por igual entre mujeres y hombres.
En abril de 2019 el 48,1% de las personas venezolanas con Permiso Especial de Permanencia eran mujeres, cifra que es similar a la de su presencia en el conjunto de la población venezolana en Colombia. Esto indica que ellas están en igualdad de condiciones que los hombres en materia de permiso para trabajar. Sin embargo, solo el 44,1% de las personas venezolanas registradas en el Sistema de Información de Servicio de Empleo  ( SISE )  y el 37,4% de las registradas en el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia  ( RUTEC )  son mujeres35  ( Khoudour, 2019 ) . A la hora de encontrar empleo a través de los servicios estales, se encuentran diferencias significativas. Las venezolanas representan solo el 37% de las colocaciones en el Servicio Público de Empleo  ( SPE ) . En este servicio, la tasa de colocación de venezolanas es de 2,4% mientras que la de hombres venezolanos es 3,2%.
El hecho de que las mujeres retornadas sean colombianas no representa una gran ventaja en lo relativo a acceso a medios de vida. En el Registro Único de Retornados  ( RUR )  hay cuatro tipos de inscripciones; la inscripción por condiciones laborales es para las personas que tienen interés en apoyo gubernamental para su ingreso en el mercado de trabajo; la inscripción por solidaridad es para las personas desplazadas por el conflicto interno; la humanitaria es para las personas que regresan al país en condiciones precarias; la productiva para las personas retornadas interesadas en crear sus propios negocios y con ella pueden recibir asesoría para proyectos empresariales y orientación sobre posibles fuentes de financiamiento. Las mujeres son mayoría en el RUR. Ellas presentan el 54% de las solicitudes y obtienen el 55,3% de las inscripciones, pero no se distribuyen por igual entre las tres categorías. Más de 7 de cada 10 incluidas en el RUR está por razones humanitarias y solidarias, proporción que para los hombres es de 6 de cada 10. En la categoría de retorno laboral se encuentran el 28,9% de las mujeres inscritas y el 39,5% de  ( Khoudour, 2019 ) . Estos datos indican las condiciones desfavorables en que muchas de las mujeres retornadas están viviendo, que son peores que las de los hombres retornados, y su precaria inserción laboral.
A la falta de servicios de cuidado se suman los problemas de escolarización de las hijas e hijos menores. Para quienes ingresaron más recientemente36 el problema es mayor: el 39% de niñas y niños en edad escolar no están matriculados, situación que mejora a 24% cuando se trata de flujos con estadías más prolongadas en Colombia. En todo caso, se trata de proporciones superiores a la correspondiente a las poblaciones de acogida, que es de 14%  ( Banco Mundial, 2018 con datos de la GEIH 2017 ) .