nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Estos datos pintan una imagen de al menos tres grupos distintos de familias venezolanas. El 54% de las familias venezolanas que viven por encima de la línea de pobreza, muchas de las cuales todavía están pasando por grandes dificultades, pero que, en general, logran mantenerse por sí mismas en Perú. El 25% que vive en la pobreza   si bien puede tener una fuente de ingresos, no se espera que sea suficiente para satisfacer sus necesidades, particularmente dado que la gran mayoría está obligada a alquilar una vivienda. Y, por último, el 21% que vive en la pobreza extrema   este grupo tiende a sobreponerse con los recién llegados, personas que se ven obligadas a depender de la mendicidad y / o que viven en la calle
Al discutir sus temores, los participantes de los grupos focales mencionaron con frecuencia temas de extorsión laboral: “no hay garantías laborales, no es seguro; nos usan y luego no nos pagan. La oferta de trabajo para los venezolanos implica trabajos con alto riesgo de accidentes, pero como somos venezolanos no tenemos ningún tipo de seguro. Además, el pago que recibimos no se corresponde con las horas trabajadas y el esfuerzo que hacemos'. Otros señalaron “en varias ocasiones me 'vacunaron' con falsas promesas de pago por trabajar y al final del día me dijeron que era una prueba y no había pago;' “Hay ofertas de trabajo: algunas sin pago o con pagos mínimos. A otros se les paga, pero muy arriesgados. Los venezolanos debemos decidir entre dinero o garantías. Trabajamos para comer o no comemos
Esta situación hace que pocos venezolanos busquen atención médica en Perú, como se observa, solo el 36% de las familias encuestadas informan que un miembro de su familia ha intentado acceder a la atención médica en Perú, a pesar de haber estado en Perú en promedio más de 2 años. 10 De los que intentaron acceder a los servicios  ( n = 311 ) , el 73% los recibió. De los servicios recibidos  ( n = 206 ) , el 40% fueron completamente gratuitos, el 20% fueron parcialmente gratuitos y el 39% se brindaron al costo. La mayoría de los que no pudieron recibir los servicios buscaban ver a un especialista  ( 39% )  o un médico de atención primaria  ( 36% )
En cuanto al número de personas con discapacidad, este experimentó un aumento del 34,5%, pasando de 55 personas en septiembre a 74 en octubre. Este crecimiento se notó especialmente entre las mujeres, puesto que 52 de ellas manifestaron tener una discapacidad física o cognitiva frente a las 38 del anterior ciclo de Monitoreo de Protección.
La discapacidad visual sigue siendo la principal discapacidad señalada por los encuestados, tanto hombres como mujeres. Aun así, las mujeres se ven afectadas por ella casi dos veces más que los hombres  ( 31 mujeres frente a 16 hombres ) . Además, por tercer mes consecutivo, se indicó que el deterioro cognitivo afectaba únicamente a las mujeres entrevistadas, con un aumento del 41,6%  ( 17 mujeres )  declarado este mes, en comparación con las 12 mujeres que lo declararon durante el anterior Ciclo de Monitoreo de Protecció
Aunque la salud sigue siendo la segunda prioridad señalada por las personas de interés, su relevancia ha disminuido un 37,5% desde septiembre  ( de 40 a 25 personas )
En cuanto a la tercera prioridad señalada por los entrevistados, mientras que la vivienda fue catalogada en tercer lugar por 25 personas en septiembre, pasó al cuarto lugar en este ciclo de Monitoreo de Protección, puesto que las oportunidades de subsistencia experimentaron un aumeto del 73%  ( de 15 a 26 personas )  en octubre.
La seguridad alimentaria sigue siendo la principal prioridad señalada por el 60% de los encuestados, con un aumento del 14,1% en comparación con septiembre  ( de 127 a 145 personas )
En cuanto al acceso a los alimentos, la mayoría de las familias encuestadas compraban sus alimentos en efectivo  ( 81% ) , otras a crédito  ( 13% ) . Las estrategias más comunes fueron mendigar  ( 7% ) ; recibir asistencia humanitaria  ( 6% ) ; preguntar a vecinos  ( 4% )  o amigos y familiares  ( 4% ) , o en un comedor de beneficencia  ( 4% ) . Aquellos que habían llegado hace tres meses o menos tenían más probabilidades de depender de la mendicidad  ( 25% ) . En general, el 19% de los participantes de la encuesta había recurrido a la mendicidad al menos una vez durante la última semana. Esto fue del 44% para los recién llegados y 29% para los venezolanos del norte en general. Los hombres informaron que pidieron comida con casi el doble de frecuencia que las mujeres. En promedio, los recién llegados informaron que se saltaban un día entero sin comer entre una o dos veces en la última semana.
A pesar de la alta proporción de miembros de la familia que contribuyen a los ingresos, el ingreso familiar promedio durante la última semana fue extremadamente bajo  ( 314 soles, o $ 78 ) ; esto equivale a un promedio de 433 soles  ( $ 108 )  por persona por mes. La línea de pobreza nacional en Perú es de 352 soles  ( $ 88 )  por persona por mes y el 20% de los peruanos vive por debajo de esta línea; La pobreza extrema se define como 187 soles  ( $ 47 )  por persona por mes, y el 3% de los peruanos vive por debajo de esta línea6 . Esto contrasta con los venezolanos encuestados, ya que se encontró que el 46% vivía por debajo de la línea de pobreza peruana y el 21% por debajo de la línea de pobreza extrema. Este contraste se hace más extremo en el sentido de que la mayoría de los venezolanos viven en áreas urbanas donde el acceso regular a los ingresos es imperativo para la supervivencia diaria. En contraste, la mayoría de los peruanos pobres y extremadamente pobres viven en áreas rurales donde el ingreso regular es, posiblemente, menos urgente para la supervivencia diaria, particularmente si el alquiler no es un gasto requerido.
En promedio, las familias venezolanas informaron haber gastado 267 soles  ( 67 dólares )  en la última semana, o en promedio, menos de lo que ganaron. Sin embargo, se mencionó que el 30% de los encuestados gastaron más de lo que habían ganado en la última semana. Los informes de ingresos y gastos no variaron significativamente entre hombres y mujeres encuestados, pero sí variaron según las llegadas recientes y la ubicación, como se ve en la tabla de la derecha.
La documentación legal es una lucha para muchos venezolanos en Perú. La mayoría  ( 85% )  de los encuestados tiene un documento de identidad venezolano, pero solo uno de cada tres  ( 29% )  tiene pasaporte venezolano y muy pocos  ( 6% )  tienen su certificado de nacimiento. De los encuestados, el 45% no contaba con documentación legal para su estadía en Perú. Los que lo hicieron con mayor frecuencia tenían un Carnet de Extranjería, una tarjeta de identificación para extranjeros en Perú  ( 27% ) ; un Carnet de Permiso Temporal de Permanencia  ( CPP )    una tarjeta de residencia temporal no renovable de un año7  ( 14% ) ; un Permiso Temporal de Permanencia  ( PTP ) : una versión anterior del CPP  ( 10% ) ; una solicitud de condición de refugiado  ( 5% ) ; y/o visa humanitaria  ( 1% ) . Si bien el acceso a estos diferentes tipos de documentación no varía según el género, pero sí variaba según la ubicación  ( Lima en comparación con el norte )  y con el período de tiempo en el país, como se muestra en la tabla a la derecha
Cuando se les preguntó sobre las barreras a la atención médica para los venezolanos en Perú, el 74% de los participantes de la encuesta señaló que se presentaban varias dificultades para acceder a los servicios, entre ellos está el costo  ( 68% ) , seguido de su estado migratorio. Sin embargo, estas barreras variaron según la ubicación  ( Lima vs Norte )  como se detalla en la tabla de la derecha. Solo seis de los proveedores de servicios entrevistados señalaron que siempre, o algunas veces tuvieron un médico disponible en el lugar para realizar consultas médicas a los venezolanos, sin embargo, 23 señalaron que hacen remisiones médicas.
Una constante en las narrativas de las mujeres, tanto en Lima como en el norte, fue la violencia de género relacionada con actos abusivos en espacios públicos como acoso callejero, caricias y extraños ofreciendo dinero a mujeres que realizaban alguna actividad económica no asociada al trabajo sexual. Esto fue mencionado como un riesgo principal por todos los grupos focales señalando que “las mujeres somos inseguras en la calle   porque somos venezolanas, nos acosan, nos hacen propuestas… nos ofrecen servicios sexuales, incluso hay hombres que nos tocan en la calle.' Múltiples grupos señalaron que este acoso se extiende al trato por parte de las autoridades, con mujeres enfrentando abusos sexuales y extorsión a hombres, “la autoridad atrapa a los hombres, les ponen drogas y se los lleva, a menos que paguen van a la cárcel; en el caso de las mujeres nos piden trabajo sexual para liberarnos, los venezolanos sufren mucho' y “Hay mucho maltrato a las mujeres, abuso sexual, acoso; somos venezolanos, pero estamos doblemente afectados porque somos transgénero, se agrava, se suma vulnerabilidad.'
El 51% de todas las personas encuestadas había completado la educación secundaria o bachillerato. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas al comparar los países de la entrevista  ( ver Figura 2 ) , con las personas encuestadas en Perú reportando un mayor nivel de educación en general: 23% de las personas encuestadas en Perú obtuvo un título universitario  ( 235/1021 ) , versus 19% de las encuestadas en Colombia  ( 384/2021 ) .
Es importante agregar que la falta de documentación puede generar una vinculación con la economía informal y el desempleo, al no poder acceder a procesos de contratación formal, así como a una serie de exclusiones en el goce de derechos.
Uno de cada 5 participantes reportó haberse quedado sin alimentos en al menos alguna ocasión. Es importante considerar que este tipo de estudios tiende a sub representar a la gente en mayor situación de exclusión social, ya que es más difícil llegar a ellas al realizar el trabajo de campo.
• Desarrollar campañas para la prevención de riesgos relacionados con el transporte informal, incluyendo la trata de personas.
Dar sesiones de sensibilización a las compañías de transporte con el fin de mejorar el tratamiento de los refugiados y migrantes de Venezuela.
During the reporting month, a working group on community integration, composed of 12 organizations, was formed in San Martin de Porres and in the district of Lima. In Lima, partners, together with the Lima Metropolitan Regional Office  ( DRELM ) , trained over 150 headmasters and teachers from more than 50 educational institutions, in intercultural issues, integration and psychological first aid. During the reporting month, major progress was made in various studies, particularly for data gathering and analysis.
UNHCR and IOM estimated that as at January 2019 there were 221,000 Venezuelans in Ecuador and 506,000 Venezuelans in Peru.
On 23 June, it was established that the Special Commission for Refugees  ( CEPR )  office in the Binational Assistance Border Centre  ( CEBAF )  would start deciding on asylum claims presented at the border through an accelerated procedure. Only individuals meeting the criteria of the 1951 Geneva Convention have asylum claims admitted and are allowed to enter Peru. While a decision can be reconsidered by the Commission, no appeal instance through a second body is yet available at the border.
Tacna response Partners scaled up and adapted the response in Tacna before the introduction of a new tourist visa by sending additional staff and setting up an information kiosk at the bus terminal. A transportation service from the border complex to Tacna city was also set up, including referrals to required services for those unable to enter Chile.
In Tumbes, partners celebrated World Refugee Day with 200 locals and Venezuelans with an activation event aimed at reproducing the experience of what it means to be a refugee who is forced to flee his/her country and seek international protection. In Tacna, students, partners, Migration officials and the Ombudsman's Office joined in a sensitization demonstration to commemorate World Refugee Day.
There are currently more than 850,000 Venezuelan citizens in the country, a majority of which are living in Lima. Nevertheless, increasing numbers are being reported in other regions of the country. Above 850,000 Venezuelans living in Peru. Above 285,000 Asylum claims Above 490,000 Applications  ( granted and in process )  to the PTP  ( Permiso Temporal de Permanencia )  Almost 1,420,000 Venezuelans arrived in or transited through Peru since 2017
While Peru is the second country of arrival of Venezuelans worldwide, after Colombia, it has become the main host country for Venezuelans seeking asylum. The requirement of a humanitarian visa to enter Peru was implemented on 15 June. The visa is free of charge, but needs to be obtained in Venezuela, Colombia or Ecuador and requires the presentation of apostilled Venezuelan criminal records. A number of individuals, under the concept of “humanitarian exceptions', are still allowed to enter Peru due to high vulnerability criteria such as persons with illness or disability, pregnant women and persons above 60 years of age, as well as some family reunifications
A total of 13 organizations are providing direct emergency assistance to cover the basic needs of the target population. This intervention includes, among others, support through food, shelter, humanitarian transport and non food items. Direct emergency assistance is particularly focused on new arrivals in the region of Tumbes. Tumbes response The introduction of a new humanitarian visa to enter Peru on 15 June had a significant impact on the humanitarian response in the country. Arrival flows at the Binational Assistance Border Centre  ( CEBAF ) , at the northern border with Ecuador, rose from an average of 1,800 in May to 3,000 a head of the introduction of the humanitarian visa, with a peak of more than 8,000 arrivals on 14 June. After a few days of further arrivals, numbers have since steadily declined and, in the last seven days of the month, the average is less than 400 per day. A contingency plan was activated by the local coordination group in Tumbes between 10 and 18 June. A total of 17 humanitarian organizations and seven government institutions were involved in the response.
On 22 June, the Chilean government introduced a new tourist visa for Venezuelan citizens. This visa, one of two options to enter the country with the already existing “Democratic Responsibility Visa', can be requested in any Chilean Consulate. In the days following 22 June, Chile provided direct transport from the border complex in Chacalluta to their consulate in the city of Tacna for Venezuelans who needed to obtain a visa.
Reported gaps in the response outside the Chilean consulate, during the reporting period, included the lack of a child friendly space, the setup of a water distribution point and connectivity spots to work on visa applications. Additionally, the current response in all sectors was not sufficient, nor could be considered sustainable should the situation continue. In addition to this, on 28 June partners also supported the Chilean consulate in the distribution of baby formulas and NFI items to parents with small children.
During the activation of the contingency plan, partners provided 9,000 orientations, hosted 4,100 persons in safe and child friendly spaces and attended 1,500 SGBV cases. Between 15 and 20 June, partners identified 50 unaccompanied children in Tumbes and are working in coordination with competent authorities to follow up on these cases. Visits have been carried out to the two local children's care homes to monitor conditions, provide hygiene kits and support. One care home, with regular capacity for 10 children, was hosting almost 30 in the midst of the emergency.
There continues to be a need to strengthen referral pathways and capacities of humanitarian agencies and authorities at CEBAF. Partners also provided both financial and technical support to the CEPR and the Migration Authorities to increase capacities and accelerate processes. The CEPR office in the CEBAF has been supported with the deployment of personnel to the border, additional printers and other materials. Partners have been carrying out advocacy on individual cases and provided technical advice to continue strengthening the asylum system.
In Tacna, the exercise highlighted a high percentage of persons of concern rejected at the Chilean border, as well as an increase in the number of individuals who reported feeling discriminated and who had to recur to begging during their displacement and after their arrival in Peru. The exercise was also conducted in Lima, Tumbes, Cusco and Arequipa. Vulnerable cases were systematically identified for referral to appropriate services. Separate coordination meetings were held with the Special Child Protection Unit  ( UPE )  to enhance coordination related to unaccompanied and separated children  ( UASC ) . In these meetings, the lack of adequate alternative care options for UASC was highlighted as the main gap in service provision. A visit to the two local children's shelters revealed that only one meets required standards, whereas the other one, a private children's home, does not. Partners have begun mapping alternative shelter options for UASC and will share the results with relevant actors. Area of Intervention
El jerarca reveló que, hasta el momento suman 350 los ciudadanos venezolanos que están alojados en las cárceles peruanas mientras esperan el fin de su proceso judicial por estar implicados en delitos diversos. Los operativos contra la inmigración ilegal se incrementaron tras la captura en la frontera norte de un venezolano que intentaba fugar del país por estar implicado en un doble asesinato y descuartizamiento en el distrito limeño de San Martín de Porres. La percepción en Lima, donde viven unos 10 millones de personas, es que existe una relación entre el aumento de la delincuencia y la presencia masiva de venezolanos, de acuerdo a un sondeo de la consultora Ipsos.
A esa situación se añade la vulnerabilidad social de la persona con VIH, junto con las vulnerabilidades particulares de grupos específicos como hombres gays, mujeres, mujeres trans y menores de edad. La vulnerabilidad debe entenderse como capas que se van superponiendo.
In Peru, a destination country, backlash against Venezuelans who are seeking employment and accessing services is a concern. International cooperation support should encourage governments to lead anti xenophobia campaigns and should strengthen social sector services, particularly in relation to health and education services. Both Ecuador and Peru are admitting Venezuelan children into schools  ( when there are sufficient school places ) ; Ecuador is providing free access to health care for Venezuelans, and Peru is providing some limited free access to health care for pregnant women and young children
The profile of the arrivals has changed: many of those now seeking refuge have limited financial resources to safely navigate displacement, and there is a higher percentage of women and children. More young women are traveling alone, and many children are unaccompanied or separated from their parents. Women and girls who have fled Venezuela are at particular risk of sexual exploitation, especially those who are in an irregular migratory situation and/or undocumented. There are persistent reports of survival sex, assault, and sex trafficking. Survival sex is often the only option available to Venezuelan women and children, in order to ensure their own survival and that of family members who are dependent on them.
In Peru, there are a National Counter Trafficking Plan and District Plans, led by the Ministry of the Interior. The Prosecutor's Department falls under the Public Ministry  ( Ministerio Publico )  and, despite limited funding, it is taking various measures to combat trafficking. It is part of the Ibero  American Network of Counter Human Trafficking Prosecutors. It reports that some of the most useful information it has received has come through informal WhatsApp groups from these networks. The department's staff undertake preventive visits to bars and brothels and explain the Prosecutor's role to the owners of these establishments, and the risks to them of engaging in trafficking. They also do community outreach work to formal and informal shelters where Venezuelans are living to conduct information sessions about trafficking and exploitation. They make it clear that if an undocumented person makes a report against a trafficker, the Migration Department will take no
The government of Peru estimates that nearly 700,000 Venezuelans are living in Peru.8 UN figures are slightly lower,9 but even the host government figures may be under estimates, since many of the people who have entered unofficially and are living without legal status have not been counted. Ecuador and Peru have been ensuring that people fleeing Venezuela are able to access their territory. Both countries have made processes available so that many refugees and migrants can access legal status and rights to work. Neither state is using detention as a migration tool. Neither state is currently deporting Venezuelans.
In both Ecuador and Peru, many Venezuelan women and children are at high risk of sex trafficking, sexual exploitation, and other forms of gender based violence  ( GBV ) . Their increased vulnerability is caused by several factors, including the dangers of the journey, the extra risks caused by being undocumented, lack of access to essential services and to safe livelihoods, and the desperation to support family members living with them or back in Venezuela. Humanitarian actors, local communities, and Venezuelan women themselves also reference how pop culture images of Venezuelan women have fueled unfounded perceptions about their sexuality, which exacerbates their risks of GBV, exploitation, and trafficking.
Addressing Risks of Exploitation for Venezuelan Women and Children Seeking Refuge been a recent shift of responsibility for obtaining documents for unaccompanied children from UPE to the Migration Department. The UPE does try to identify child trafficking victims at the border. Children are often allowed to enter Peru without any documents. This shows flexibility on the part of the authorities, but can raise potential risks related to trafficking.
The United Nations  ( UN )  has established a Regional Inter Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela under the leadership of UNHCR and IOM, and including many non UN actors, to complement government led responses and initiatives. National Platforms have been set up in Ecuador and Peru. It is essential to the response to Venezuelan refugees and migrants in Ecuador and Peru that this appeal be funded. It will be important to ensure that the funding is inclusive of national and local civil society organizations and that it is used to strengthen existing mechanisms that will benefit Venezuelan refugees and migrants, as well as host communities.
There are also concerns about children disappearing before their cases have been resolved  ( which usually takes three to seven days ) . In the Peruvian Ecuadorean border area of Tumbes, there is a limited system of Temporary Residential Attention Centers Centros de Atencion de Residencia  ( CARs )  for unaccompanied children, run by the UPE with the support of UNICEF. They do not have enough spaces for the number of children arriving and they are usually full. They contact families for family reunifications and look into other options for the children, such as helping older teenagers to become self sufficient. However, there are limited resources for such support, and there is great concern that many of these children end up in exploitative work, including sexual exploitation and trafficking.
Addressing Risks of Exploitation for Venezuelan Women and Children Seeking Refuge Peru Peru developed a Temporary Stay Permit for Venezuelans in 2017 the Permiso Temporal de Permanencia  ( PTP )  which provided a one year residence permit with work rights. This was available for Venezuelans who entered Peru legally before October 31, 2018 and started the PTP process before December 31, 2018. By the end of December 2018, 175,000 Venezuelans had been issued a PTP and 320,000 applications were being processed.19 Therefore, if the Peruvian government estimate for the number of Venezuelans in the country is correct  ( nearly 700,000 ) , more than 70 percent of the population have been granted or are in the process of obtaining PTPs.
Tacna response From 22 June, up to 800 Venezuelans started gathering in front of the Chilean consulate in Tacna, southern border, to process their applications under the newly introduced tourist visa. These persons were found to be in a situation of particular vulnerability due to lack of food, water and sanitary facilities in the consulate area. Furthermore, the available shelter and communal accommodations in Tacna are not sufficient to host most people, and cannot be made available for a protracted number of days
Humanitarian actors responded to more than 40,000 arrivals at the northern border in Tumbes, ahead of the introduction of a humanitarian visa on 15 June for Venezuelans wishing to enter Peru. A week after the introduction of the humanitarian visa for Peru, on 22 June, the response was also increased in Tacna, where a large number of persons started gathering in front of the Chilean consulate to obtain the newly introduced tourist visa.
There has been a notable change in the profile of the people leaving Venezuela over the past three years. In 2016, mostly professional adults, mainly men, were leaving. Humanitarian agencies reported that most of them arrived in Peru and Ecuador with some resources and only required some basic legal advice. In 2017, more women and families started arriving, often without documents, but most still had the resources to pay for bus transport. By 2018, comparatively more vulnerable individuals and families were arriving, with fewer resources, in need of humanitarian assistance, and trekking greater distances by foot to their destinations. There has been an increase in the arrivals of unaccompanied children, intending to reunify with family members who went ahead, or to earn money to send back home to their families in Venezuela. Recently there are also many separated children arriving with family members such as grandparents, or with unrelated adults. Humanitarian staff noted an increase in the number of teenage girls, including pregnant teenage girls, arriving alone or with persons who are not direct relatives.
The numbers of children who are lost to the system could be reduced if appropriate shelter and support services were available and if there were sufficient staffing to speed up the process. Peru does not yet have a similar protocol; the lack of such a protocol results in a lack of clarity concerning specific responsibilities for children and intensifies the risks for them. Peru's Special Protection Unit  ( UPE ) , responsible for the reception of unaccompanied and separated children, requires strengthening and further resourcing, as do its Temporary Residential Attention Centers  ( CARs ) . The international community's focus on emergency humanitarian aid for this refugee and migration crisis needs to turn toward longer term funding to facilitate social inclusion and integration in host countries.
Venezuelans' decisions about their destination countries are heavily influenced by the issue of access to livelihoods. Every interview that WRC conducted with Venezuelan women in Ecuador and Peru highlighted the centrality of access to livelihoods as the most important factor in ensuring their protection, but also as a source of risk, including sexual harassment, pressure to provide sexual services at their workplace, labor abuses relating to their pay, and concern about increasing resentment of host communities by “undercutting' them when taking informal employment and “displacing' local people. Women called for more livelihoods funding for themselves and for their host communities, such as cash grants for businesses, developing links with markets for products, and assistance with finding employment.
The governments of both Ecuador and Peru have protective systems in place, but there are some major gaps and a lack of resources for key services. The aim is that international cooperation focused on supporting Venezuelan refugees and migrants will result in strengthened government systems that will benefit vulnerable Ecuadorean and Peruvian individuals as well as vulnerable people from other refugee and migrant communities. There is a clear need to support governments' protection systems and not set up parallel systems.
The Prosecutor's Department in Lima reported that between 2014 and 2019, 1,398 trafficking cases were reported  ( not all proved ) . Eighty percent of the victims were female, mostly adolescents. In only 70 of these cases have sentences been imposed. These were all Peruvian cases  ( apart from one Colombian ) , but the Venezuelan cases are more recent, and they all take time to get through the system. The Prosecutor's Department is seeking further support for their counter trafficking preventive measures. In particular, they are seeking support for mobile counter trafficking units, and for a mapping of establishments where the women and girls are working/being exploited. They are also calling for a strengthened team, with technical assistance from experts in different aspects of trafficking. The US Trafficking in Persons Report 2018 states that “the  [ Peruvian ]  government demonstrated increasing efforts by investigating and convicting more traffickers, increasing funding for law enforcement efforts, and implementing a new national anti trafficking action plan. However, the government did not meet the minimum standards in several key areas. Poor interagency coordination continued to hinder victim identification and assistance. Many ministries reported they did not have adequate funding to fulfill their anti trafficking mandates.' –US Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2018 Trafficking in Persons Report, Peru, https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2018/282730.htm
In Peru, even with the PTP  ( temporary stay permit )  Venezuelans have to pay for health care, except for pregnant women  ( up to two weeks after birth )  and children up to 5 years old, and GBV survivors. Education In both Ecuador and Peru, most Venezuelan children can access school regardless of their legal status. There are some concerning problems of discrimination against Venezuelan children in schools, often by teachers and school directors. There are Venezuelan children who are out of school because their families are moving around and not settled. There have been some difficulties in placing children in schools because of requirements for an initial test of the children's education levels, and some schools are demanding certified documents from previous schools, which cannot be obtained from Venezuela. However, the biggest problem for access to education by Venezuelan children in Ecuador and Peru is the pressure of numbers created by the Venezuelan influx, leading to a lack of school spaces. UNICEF states that 37,000 Venezuelan children are out of school in Ecuador, while 250,000 Ecuadorean children are out of school. UNICEF states that 31,000 Venezuelan children are currently in school in Peru, including under fives. Tens of thousands are not in school. UNICEF has analyzed the number of available school spaces in Peru, and is working with the government to consider whether two shifts are possible in some schools in order to accommodate Venezuelan pupils, with a view to preparing for 40,000 extra school places. Adapting these schools will cost US$15 million, using some Ministry of Education funds.
Peru Peru has received more than 161,000 asylum applications since 2014, more than 120,000 of them in 2018 about 40 percent by women and 60 percent by men. The Peruvian government's Special Commission on Refugees is resolving 70 100 cases per month, and there appears to be no expectation that most of the cases will be resolved. In the whole of 2018, just 367 Venezuelans were granted refugee status in Peru. The main reason for this very high number of asylum applications is that the asylum system is being used as a fall back option for all cases where Venezuelan arrivals do not have the currently required documents  ( even for people just wanting to transit through the country ) . Peru is requiring that Venezuelans entering the country have a passport  ( even if it is expired ) , although they will accept just a valid identity card if the person arrives with a child or is pregnant or over 55 years old or ill or disabled. Few Venezuelans can now obtain passports, plus many have had their documents stolen en route from Venezuela, so those without the necessary documents are left with the option of applying for asylum in order to enter the country. There used to be 300 400 asylum applications per year in Peru. There are about four times this number of applications now per day. Peru permits people to work with an asylum seeker card, but the card is not well known by employers. If a person is refused asylum after exhausting all appeal rights in Peru, they are given 30 days to try to seek another migratory status.
In Peru many unaccompanied and separated children are arriving to reunite with family or with friends, who had traveled ahead. It is reported that many pregnant teenage girls and teenage mothers are also arriving. No protocol on unaccompanied and separated children has yet been developed in Peru. The Peruvian government's Ministry of Women and Vulnerable Populations  ( MIMP )  has established a Special Protection Unit Unidad de Protección Especial  ( UPE )  which is responsible for the reception of unaccompanied and separated children. The UPE was only set up at the border at Tumbes in late 2018, and it requires strengthening since it is having to deal with far too many children for its current capacity. The UPE is the key coordinating actor for unaccompanied and separated children at the Peruvian Ecuadorean border. The UPE usually only has one person on duty at the border. Therefore, inevitably, they do not have the necessary capacity to assess children's best interests,22 and they end up focusing primarily on obtaining their documents. However, there has launched the updated UNHCR best interests procedures guidelines in Lima in 2018. A rollout plan is to be implemented in 2019.
Aproximadamente 4 millones de venezolanas/os se encuentran viviendo en los países de América Latina y el Caribe, de los cuales la mayoría son mujeres y personas menores de edad. La falta de información confiable y segura, el desconocimiento sobre espacios de apoyo y redes de protección, la diversidad lingüística y/o étnica, la exposición a riesgos a lo largo de la ruta para personas en tránsito y sus posibles afectaciones psicosociales, entre muchos otros, representan obstáculos para acceder a derechos y protección. Entre los principales riesgos de protección nos encontramos la violencia sexual, el tráfico y la trata de personas, la explotación sexual y laboral y el sexo por supervivencia.
• Incrementar el acceso a la información y documentación: esto involucrará la sistematización de la información en los mecanismos de regularización y cumplimiento de los derechos nacionales para refugiados y migrantes de Venezuela para incrementar los sistemas de información nacional con información actualizada y precisa en los Centros de Información dirigidos por los socios del GTRM. Con el fin de alcanzar esto, será necesario fortalecer el trabajo de las instituciones públicas tanto a nivel local como nacional, mejorar las capacidades del socio para entregar datos actualizados y exactos, así como promover los espacios conjuntos del gobierno para servicios integrales para integración de los refugiados y migrantes en el país
Existe un régimen facultativo que permite acceder al SIS por 40 soles mensuales. Sin embargo, para personas en situación de pobreza extrema, el monto puede resultar inviable. Al analizar las barreras presentes en el sistema de salud, debemos tener en cuenta que si una persona cuenta con recursos  ( económicos, de soporte familiar y social, de acceso a información ) , tendrá más facilidades para acceder al tratamiento. Pero existen migrantes con un alto nivel de desinformación, con un estrés constante por conseguir un lugar donde dormir, o dinero para que ellas o sus familias coman en un determinado día. El gasto de bolsillo puede generar que las personas no ingresen al tratamiento. Las situaciones de maltrato pueden alejar a la gente de los servicios de salud. La inseguridad alimentaria o de vivienda pueden afectar no solo el acceso, sino también la adherencia al tratamiento
La DPVIH maneja una cifra de alrededor de 50,000 personas en tratamiento antirretroviral, desde el inicio del programa en el año 2004. A este número hay que descontarle aquellas personas que han fallecido, dato que aún no ha sido completado. Si estimamos un número entre 40 y 45 mil personas en TARGA, los casi 1,400 representa entre 3% y 4% del total de personas recibiendo tratamiento. La DPVIH reconoce que actualmente el fenómeno de migración venezolana no representa una sobrecarga que amenace la programación y suministro de medicamentos e insumos
La encuesta de OIM muestra que el 51% de participantes eran dependientes, el 20% independientes y el 29% se encontraba desempleado al momento de la encuesta. A nivel de ingresos, el 46% reportó un salario mensual entre 984 y 1,968 soles; el 34% entre 656 y 984 soles; y el 11% un ingreso menor de 656 soles al mes. El 85% reportó no haber firmado algún contrato laboral. El 20.2% recibió alguna vez menos de lo acordado con su empleador y el 8.5% no recibió en alguna ocasión un pago por el trabajo realizado. El 66% de participantes reportó el envío de remesas a Venezuela. La información recogida en los grupos focales corrobora la situación de precariedad laboral de los migrantes de Venezuela, graficando situaciones de maltrato o de incluso explotación laboral. Un participante resume la situación, contando lo que solía escuchar de sus empleadores:
El mecanismo es análogo al problema actual con el SIS. Luego de descubrirse un problema de filtraciones, el estado impuso una normativa, cuya rigidez y arbitrariedad ha dificultado el acceso a muchísimas personas y ha generado vacíos en un contexto de necesidad social urgente, como el del fenómeno de inmigración venezolana.
Experiencias de estigma y discriminación. La encuesta de OIM DTM Ronda 3 puede dar cuenta de la situación de discriminación existente, hacia los migrantes venezolanos. El 35% de las personas en Lima habían pasado por alguna experiencia de discriminación, donde casi el total  ( 96% )  lo atribuía al hecho de ser extranjeros. Asimismo, un 16% había sido víctima de violencia  ( 66% verbal, 42% física y 13% sexual ) 24.
Menosprecio al migrante pobre Otra forma de discriminación se da a través de los discursos que menosprecian la situación de carencia material de los migrantes. Estos discursos pueden producirse en algunos casos en las instituciones públicas.
La información proporcionada por proveedores de salud da cuenta de la hospitalización de personas en estadio SIDA, con infecciones oportunistas que no veían en hospitales desde hace muchos años. Hasta la fecha de realización de este informe, la Asociación Illary había documentado 16 muertes de migrantes venezolanos asociadas a enfermedad avanzada por VIH, en establecimientos de salud del país. Todas son muertes evitables. Es posible reconocer que dentro de la población de migrantes con VIH existe un grupo de vulnerabilidad extrema, que debe ser priorizado al considerar las estrategias de respuesta. Se espera que a medida que lleguen más inmigrantes que no sean absorbidos por la población económicamente activa, aumente la pobreza extrema, lo que demanda la 11 planificación de una acción que contemplen mecanismos de protección directos.
Mecanismos de articulación En la actualidad existen dos grandes grupos de trabajo relacionados al tema de migrantes de Venezuela. Desde el estado está la Mesa de Trabajo para la Gestión Intersectorial de Migrantes  ( MTGIM ) , la cual es una comisión multisectorial adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, con presencia de ministerios como Salud, Trabajo, Interior, Educación, Desarrollo Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, están presentes instituciones como el Ministerio Público, la Dirección de Migraciones, el SIS, ESSALUD entre otros 28. Asimismo, instituciones como la Defensoría del Pueblo y la OIM atienden como oyentes. Según el decreto supremo que la creó, la finalidad de esta mesa es el: “Proponer lineamientos de la política de la gestión integral migratoria en el Perú, así como de planes, programas y proyectos en dicha materia'29. Una de las acciones de esta mesa fue la generación de la política del Permiso Temporal de Permanencia  ( PTP )  para los ciudadanos venezolanos. Desde las agencias de Naciones Unidas se ha establecido el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes  ( GTRM )  que agrupa además a agencias de cooperación internacional y ONGs locales. Los ejes de trabajo que plantea el GTRM son: i )  respuesta directa de emergencia, ii )  protección, iii )  integración socioeconómica y cultural, iv )  fortalecimiento capacidad gobierno receptor. Estos pueden ser aplicados para la respuesta al VIH en migrantes.
–¿Por qué los ciudadanos venezolanos optan por migrar al Perú?–  ( Para las ciudadanos venezolanos )  Perú es uno de los países de destino para tener condiciones de vida aceptables e incluso para proteger su vida y la de sus familias. En ese contexto es importante mantener ciertas excepciones  ( a la exigencia de visado )  como aquella que permite que los inmigrantes en situación de vulnerabilidad puedan ingresar  ( sin la obligación del visado )  como mujeres embarazadas, personas ancianas, menores de edad o con enfermedades.
De acuerdo con las cifras más recientes, Perú tiene el un número de refugiados y migrantes venezolanos, con 806.000
Más mujeres migrantes  Los ciudadanosvenezolanosque ingresan al Perú a través del Centro Binacional de Atención en Frontera  ( Cebaf )  de Tumbes son, mayoritariamente, personas jóvenes en edad de laborar  ( entre los 18 y 30 años ) .
El 76,8 % de la población venezolana ingresó a Perú en el año 2018 Del total de población venezolana que reside en nuestro país, el 76,8 % ingresó en el año 2018, principalmente en el período febrero a octubre. El 19,6 % ingresaron en el año 2017, el 2,7 % en el 2016 y el 1,0 % entre los años 2011 2015.
El subempleo es uno de los puntos flacos de nuestra economía y las condiciones en las que migran los ciudadanos venezolanos los convierte en blanco fácil para la informalidad. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  ( MTPE ) , actualmente cerca de medio millón de ellos laboran en el sector informal.
Gabriela is a Venezuelan artist who has been in Peru for two years. Naibeth was an administrator in Venezuela and has also been in Peru for two years. Gabriela is selling empanadas on the street. Naibeth is selling bottles of water on the street. Gabriela's husband is working. Gabriela: “It's not easy surviving here in Peru as a Venezuelan woman, but there are good and bad people everywhere and I've had good and bad experiences here with people. It got quite bad last year, with a lot of xenophobia against us. As a Venezuelan woman selling empanadas in the street, I get quite a bit of hassle and sexual harassment. But I have a positive attitude and I ignore the bad comments and focus on the positive interactions with people. I've heard that Venezuelans can earn lots more money in Chile than here in Peru.
El 55,9 % de población venezolana que reside en el país tienen pareja conyugal El 55,9 % de la población venezolana de 12 y más años que reside en el país, informó tener pareja, sea como conviviente  ( 37,1 % )  o como casado/a  ( 18,8 % ) ; el 40,1 % manifestó ser soltero/a y el 4,0 % estuvo alguna vez unido/a  ( separado, divorciado, viudo ) .
El Instituto Nacional de Estadística e Informática  ( INEI )  mediante el documento “Condiciones de Vida de la Población Venezolana que reside en Perú', dio a conocer los resultados de la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que reside en el País  ( ENPOVE 2018 ) . Según esta encuesta el 42,0 % de la población venezolana que reside en el país son jóvenes de 18 a 29 años de edad, seguido por los adultos jóvenes de 30 a 44 años que representan el 29,8 %, ambos grupos de edad agrupan al 71,8 % de población venezolana en edad preponderantemente activa. El 8,0 % son adultos de 45 a 59 años y el 1,6 % son adultos mayores. Los niños/as y adolescentes representan el 18,7 %; de ellos el 7,9 % pertenecen a la primera infancia, el 6,3 % tienen entre 6 a 11 años de edad y el 4,5% adolescentes de 12 a 17 años.
Según datos oficiales, más de 865.000 venezolanos viven en Perú y este es el segundo país con más venezolanos migrantes después de Colombia. Desde 2017 las autoridades han expulsado a otros 178 venezolanos. Los extranjeros fueron conducidos al puesto de control migratorio en Tumbes, donde se les efectuó un registro biométrico, se los declaró inadmisibles en el país y quedaron impedidos de ingresar a Perú por un período de 15 años, indicó la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Un total de 150 venezolanos que ingresaron sin documentos desde Ecuador a Perú fueron expulsados y devueltos al país vecino, informó este jueves la agencia migratoria. La agencia detalló que los extranjeros fueron detenidos el miércoles en diversos operativos luego de que se les solicitaran documentos de identidad y pasaportes en buses y vehículos que transitaban por una vía que conecta la fronteriza ciudad norteña de Tumbes con el resto de la costa del Pacífico. "Hemos intervenido a más de 150 venezolanos por ingreso ilegal", dijo a la prensa el ministro de Interior, Carlos Morán.
El ministro hizo estas declaraciones en la Base Áerea N° 8, donde presenció la expulsión de 45 ciudadanos venezolanos con antecedentes penales o que han concluido su pena privativa de la libertad en el país, dentro del Plan Migración Segura 2019. Explicó que "este es el quinto grupo de venezolanos que es expulsado con antecedes penales, y hasta la fecha ya suma 245 ciudadanos". Morán instó a aquellos venezolanos con antecedentes penales que han ingresado de manera irregular, a que abandonen voluntariamente el país antes de ser arrestados por las autoridades peruanas. "Mejor váyanse porque serán expulsados", sentenció Morán.
una legisladora del partido político conservador Fuerza Popular, que domina el cuerpo legislativo y está en abierta oposición al ejecutivo, pidió el lunes al mandatario Martín Vizcarra que cierre las fronteras usando el ejército para evitar que Perú se convierta en “el patio fronterizo de América Latina' y que saque del país a los inmigrantes venezolanos “malos o buenos'. La congresista Esther Saavedra dijo durante una discusión parlamentaria que “un millón de inmigrantes  ( sic )  entre legales e ilegales, entre trabajadores y bandidos delincuentes, tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos'.
la cifra más llamativa tiene que ver con el sexo de los migrantes: por primera vez, la OIM ha identificado que son más mujeres  ( 58% )  que hombres  ( 42% )  los que solicitan ingresar al territorio nacional. En la encuesta anterior, publicada en mayo de este año, la dinámica era distinta: los hombres sumaban un 57%; las mujeres, un 43%. Asimismo, también se ha registrado un cambio de tendencia respecto al estado civil: en mayo, losvenezolanosencuestados en Tumbes eran mayoritariamente solteros  ( 58% ) ; ahora se ha reportado que el primer lugar corresponde a los casados o convivientes  ( 49% ) , seguidos muy de cerca por los solteros  ( 47% ) .
El reciente estudio de la OIM también mostró que el 38% de los niños y adolescentesvenezolanosque entraron al país lo hicieron con sus padres; en tanto, el 35% llegó con solo uno de ellos  ( padre o madre )  para reencontrarse con el otro. Según Pérez, esto también coincide con el fin del año escolar en Venezuela, que a diferencia del Perú suele darse entre julio y agosto. “Por ello, pedimos de manera muy respetuosa al Gobierno Peruano que ratifique y mantenga las excepciones establecidas en la visa humanitaria para la reunificación familiar