nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
En el período monitoreado, la población refiere los mismos motivos de salida que fueron identi  ficados durante el período anterior  ( octubre – di  ciembre de 2020 ) , los cuales son: escasez de re  cursos  ( 38.70% ) , falta de alimentación  ( 30.50% )  y falta de acceso a servicios de salud  ( 12.50% ) . Esto se debe a la emergencia humanitaria en Ve  nezuela y ausencia de garantías de derechos civi  les y políticos.
Las personas con condición médica seria  ( 24.98% de la población monitoreada )  y los NNA en ries  go  ( 24.71% )  corresponden a los dos grupos que presentan más necesidades específicas de pro  tección, seguido por las madres o padres solos  ( 22.23% ) , y las mujeres en riesgo  ( 20.01% ) .
Para la CRA, teniendo en cuenta el Estudio Nacional de Agua  ( 2018 )  realizado por el Idea: "las zonasque conocemostradicionalmente con riesgo al desabastecimiento de aguason elCaribe con Santa Marta y también en La Guajira.Zonas con muy baja oferta de aguapor cuestiones naturales, en este caso, por el cambio climático o incluso por infraestructura porque,  por ejemplo, la Sierra Nevada tiene disponibilidad de agua pero no está la infraestructura para llevarla a la ciudades".
También Polanía mencionó que las regiones ubicadas en la cordillera central, donde está la mayor población en Colombia como, Cundinamarca y Antioquia tienen riesgo de desabastecimiento de agua.
En el período monitoreado se identificaron ca  sos de personas con discapacidad que presentan dificultades para el acceso a los servicios espe  cializados de rehabilitación debido a su estatus migratorio irregular
Las personas entrevistadas contaron que no cuentan con medios idóneos y especializados de conformidad a sus condicio  nes de discapacidad, tales como lentes, prótesis y otros elementos esenciales y las instituciones no siempre han hecho ajustes razonables para su acceso. Además, hay dificultades para conseguir implementos como audífonos, medicinas y sillas de ruedas.
"Hace poco con el ministerio de Vivienda mirábamos una cifra que nos impactó: donde se concentra aproximadamente el 6% de la oferta y 37% de la demanda de agua está asentada cerca del 70% de la población. Es decir, donde está nuestra población, en toda la cordillera,estamos ejerciendo una gran presión sobre el servicio de agua y la oferta no es suficiente", reportó.
El 52% de los casos notificados pertenecen al sexo masculino, el 46,9% de los casos notificados corresponden a menores de un año y el 79,5% corresponden a menores de 5 años, el 3% de los casos se encontraban en gestación en el momento de presentar la sintomatología, el 0,8% son indígenas y el 2,6% corresponden a población migrante.
Llama la atención que el 68.75% de la población manifestó que no tiene la intención de solicitar refugio y que el 94.9% de la población afirmó que no ha solicitado refugio porque no sabe cómo hacerlo. Esto permite inferir una relación de causalidad entre el desconocimiento del pro  cedimiento y la intención y voluntad de recurrir al mismo.
En la SNSM, dos defensores de Derechos Humanos fueron asesinados  ( uno de estos ase  sinatos fue atribuido por las ACSN )  y se present´o un asalto a poblaci´on civil en El Pi ˜n´on. All´ı, un grupo de hombres que se identiﬁcaron como miembros de las ACSN ingresaron al municipio y exigieron a los miembros de la comunidad entregar el dinero producido durante el d´ıa, al mismo tiempo que anunciaban que ahora har´ıan presencia en El Pi ˜n´on. En ese sentido, como ya fue mencionado, la violencia en la SNSM es predominantemente de tipo vertical descendente: las ACSN la utilizan contra la poblaci´on civil como un meca  nismo de control social  ( como se puede evidenciar en el paro armado, que buscaba obligar a las personas a guardar luto por la muerte de 80 )
• Buenaventura y Cali son los municipios con mayor número de contagios al 31 de diciembre de 2020 en el departamento del Valle del Cauca. Se destaca la precaria infraestructura en salud con la que cuenta el municipio de Buenavnetura aunada a casos de amenazas a personal médico durante el primer semestre del año 2020. De igual manera, preocupa que dada la emergencia y priorización respecto al Covid 19, no se están tratando otras enfermedades endémicas de la región, debido a que no se realizan pruebas para malaria, dengue entre otras.
Sin embargo, también se observa en algunos casos preocupación por la situación alimentaria de sus familias.
A pesar de que una proporción alta de estudiantes tiene acceso a al menos un dispositivo disponible en su hogar, la exclusividad de estos dispositivos es por mucho del 50%, y la proporción de estudiantes sin acceso a computador o tableta no es despreciable.
Las comunidades en general expresan la vulneración de sus derechos al ser víctimas directas de la violencia armada, extorsiones y desapariciones forzadas. Se observa que la comunicación en El Tigre 2  ( Caucasia )  y La Maturana  ( Zaragoza )  se observa presencia de un GAO, así como de restricciones a la movilidad entre las 6:00pm y las 4:00am. Se destaca que, la comunidad del resguardo El Tigre 2 ha sido víctima de un desplazamiento masivo en 2020, afectando a 198 personas pertenecientes a la comunidad indígena Senú, quienes están expuesta a riesgos de protección y requieren atención a las necesidades humanitarias y garantías de seguridad en su territorio. Se destaca la presencia de MAP en veredas aledañas como Alto El Tigre  ( Caucasia ) , por lo cual las comunidades de El Tigre 1 y 2  ( Caucasia )  también se encuentran en riesgo
DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACIÓN Sólo el 1% de los 2.289 niñas y niños menores de 5 años identificados en la encuesta están asistiendo a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio. Esta situación se explica por las medidas de confinamiento y la suspensión de servicios de educación inicial del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar  ( ICBF )  y de las entidades territoriales. El 7% de las niñas y niños son cuidados por su papá o mamá en sus lugares de trabajo, un 2% están al cuidado de un pariente o persona menor de 18 años, y 0,31% se quedan solos en su casa durante el día, lo que puede representar riesgos de protección.
En Magdalena, los comerciantes reportaron en mayor proporción  ( 100% )  esperar un aumento en los precios de los productos no alimenticios en el mes siguiente a la recolección de los datos. La razón más frecuentemente reportada para este aumento fue: desde el inicio de la crisis del COVID 19, los precios no han dejado de subir y segurián haciéndolo.
"A la fecha Bogotá ha acogido 333.894 migrantes venezolanos, ha invertido cerca de $50 mil millones para atención en salud y nuestros colegios han abierto las puertas a más de 45 mil estudiantes", escribió López en su cuenta twitter.
En general, existe una percepción positiva de las consecuencias de la pandemia de COVID 19 y el confinamiento por parte de los niños y niñas. Las medidas de higiene son conocidas y puestas en práctica por ellos e incitan a otros a cumplirlas y a mantener la calma.
Las personas que ingresen de ma  nera irregular al país después del 31 de enero de 2021 no podrán acceder a ningún mecanismo de regularización del estatus migratorio o a protec  ción temporal. Esto implica que estas personas tendrán como únicas alternativas solicitar permi  sos temporales de ingreso, tránsito o permanen  cia en el territorio  ( tales como el PIPTT, PTP )  y/o recurrir a una solicitud de refugio.
En comparación con los primeros cuatro meses de 2018, 2019 y 2020, este año registra el mayor número de víctimas.
A situación COVID 19 Colombia. Corte 24 de febrero 10:00pm. Con base en los datos publicados en: A la fecha Colombia reporta 2.237.542 casos  ( 3.953 casos nuevos en las últimas 24h )  con un incremento nacional del 0,2% en las últimas 24h y 59.260 defunciones  ( 142 en las últimas 24 Horas )  con un aumento nacional del 0,2% en las últimas 24h.
En relación con la distribución de los casos activos por edad y sexo se observa que el 50% de los casos son en hombres, el 4,6% de los casos activos ocurren en personas menores de 10 años, en los grupos de 20 a 39 años están el 31,1% de los casos, el 28,5% de los casos son en personas de 60 años y más.
En el caso de Cali  ( capital ) , debido a la gravedad de algunos hechos victimizantes, la Defensoría del Pueblo remitió los casos a la institucionalidad para la asistencia humanitaria inmediata sin haber realizado la declaración; cabe aclarar que durante los últimos meses del año se reactivó la atención presencial para la toma de declaraciones, no obstante, el número de personas atendidas es reducido por las medidas de bioseguridad y distanciamiento social para la prevención de la propagación del Covid 19.
En Bogotá, los comerciantes reportaron en mayor proporción  ( 87% )  esperar un aumento en los precios de los productos alimenticios en el mes siguiente a la recolección de los datos. La razón más frecuentemente reportada para este aumento fue: el abastecimineto disminuirá debido a que los proveedores no están operando con normalidad, debido a la crisis de COVID 19.
durante la misión también se entrevistaron a personas que se dirigían hacia Venezuela, siendo un 13% del total de la población entrevistada quienes indicaron esto. Al preguntarles al respecto mencionaron que la xenofo  bia, la explotación laboral y las restricciones para acceder al empleo eran algunas de sus razones.
Así mismo señaló que el 44% de los registros corresponden a personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla y que, del total los registros que se han logrado a la fecha, el 19% a corresponden a niños, niñas y adolescentes., mientras que cerca del 60% corresponde a hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad.
Esta dinámica causó que los grupos con predominancia masculina tendieran a segmentarse, lo cual si bien incremen  taba sus posibilidades de encontrar apoyo vehicular, también implicó un incremento del riesgo de seguridad.
Al preguntarle a la población acerca de su percepción sobre discrimina  ción, las mujeres manifestaron experimentar con mayor frecuencia situa  ciones discriminatorias por su nacionalidad y/o situación económica, en comparación con los hombres.
Por otra parte, en el marco de la contingencia del COVID 19 existe una preocupación por la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento, además del alto riesgo de reclutamiento a economías ilegales que se deriva de la imposibilidad al acceso a educación virtual  ( por falta de herramientas tecnológicas y acceso a internet )  y otras actividades de esparcimiento. Los GAO y GDO han aprovechado que los niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de las zonas rurales, no tienen conectividad a internet ni insumos electrónicos  ( tablets o computadores )  propiciando la vinculación a actividades como raspado coca, la explotación sexual, alertas  como campaneros  o para el cobro de extorsiones. Según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia  ( COALICO ) , durante el primer semestre de 2020 el Valle del Cauca ocupó el tercer lugar en el país con un total de 15 eventos que afectaron a niños, niñas y adolescentes en contexto de violencia y conflicto armado12.
Otros datos del sondeo empresarial arrojaron que un50.6% de los empresarios, tuvo que destinar el 20% de sus ingresos, en la adaptación de protocolos de bioseguridad. Mientras que el63.2%ha logrado mantener sus nóminas.
Menos del 22% de los caminantes consumían agua po  table. El resto accedía al agua de ríos y lagunas mediante grifos de la comunidad, exponiéndose a enfermedades estomacales, diarrea, vómito y otras condiciones de ries  go para su salud.
En cuanto a la edad de la población caracterizada, se evi  denció que el 40% de la población se encontraba en el rango de los 18 a 29 años, mientras que los menores de edad representan el 37%. Se destaca que el grupo po  blacional más numeroso es el de hombres entre 20 y 24 años, los menores de entre 0 y 5 años y los niños y niñas de 5 a 9 años.
De acuerdo con los resultados, un 46% de las personas encuestadas fueron hombres adultos, en su mayoría jó  venes, mientras que las mujeres adultas representaban apenas el 17%. Esta dinámica se debió por un proceso de movimientos mixtos, donde los hombres constituye  ron la primera avanzada.
Se expresa una particular preocupación por el aumento de llamadas para denunciar violencias basadas en género y violencias domésticas a través de las líneas gubernamentales dispuestas, sin obtener respuestas efectivas. Las capacidades locales para responder a este incremento de solicitud de respuestas son limitadas. El aislamiento consecuencia de la pandemia ha dejado en evidencia que en el departamento ya existía un problema en esta área y que durante los meses de aislamiento preventivo obligatorio se ha exacerbado, con orígenes en las normas de género estrictas arraigadas culturalmente, en la pérdida de medios de vida y en el impacto psicosocial generalizado por esta coyuntura. En lo corrido de 2020 la población víctima del conflicto armado, desplazada, refugiada ymigrante, especialmente las mujeres y aquellas que son cabeza de familia, se han visto en mayor riesgo de realizar trabajo sexual por supervivencia, expuestas a la explotación sexual, al abuso y al desalojo de sus viviendas por incumplimiento de pagos, por lo anterior, se hace un especial llamado al fortalecimiento de mecanismos de protección de Violencia Basada en Género  ( VBG )  y de los mecanismos de prevención y respuesta a casos de Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual en el marco de la pandemia del COVID 19.
7. Emergencia Sanitaria por COVID 19: Desde el nivel nacional con el Decreto de emergencia sanitaria por COVID 19, 457 del 22 de marzo del 2020, en el departamento se han tomado diferentes medidas alrededor de los lineamientos expedidos por el Gobierno nacional, generando un control en los territorios para salvaguardar la salud pública que ayude a mitigar y/o a reducir los contagios en el departamento
Los accidentes por MAP a corte de septiembre  ( 78 casos )  han aumentado en un 22% a comparación del total del 2019  ( 64 casos ) . Por el contrario, han disminuido las operaciones militares en un 28%, en septiembre 2020 se han realizado 333 operaciones de desminado humanitario, en el 2019 se realizaron 462 operaciones,
• En las comunidades: Isla de la Amargura/Dulzura, Resguardos: Río Murindó y Río Chageradó, La Granja y El Aro, el sector de WASH identifica que el consumo de agua se realiza a través de aguas lluvias o directamente del río.
Aunque la situación para aquellos que están retornando a Venezuela y los que están ingresando es diferente, presentan algunas similitudes, como en las necesidades priorizadas durante el viaje, que en ambos casos corresponden a Alimentación, Transporte y Alojamiento
A 31 de diciembre de 2020 el Valle del Cauca tuvo 137.867 casos positivos, siendo Cali y Buenaventura los municipios más afectados con 96.178 y 3.263 casos, respectivamente. De la totalidad de casos positivos, 9.153 se están recuperando en casa, 4.388 en hospitales y 4.384 en UCI.
También, se encontraron cuatro madres lactantes que representaron el 12% del total de mujeres. Ninguna de ellas había accedido a servicios de salud en Colombia por desconocimiento sobre la ruta de acceso, y tres de ellas declararon sufrir de hipertensión.
El IPC de regulados no enfrentaría presiones alcistas impor  tantes en el horizonte de pronóstico. La variación anual del IPC de esta canasta se situaría en niveles cercanos o inferio  res al 0 % a comienzos de 2021  ( Gráfico 2.18 ) . A partir del se  gundo trimestre se espera un aumento a niveles algo supe  riores al 3,0 %, que responde en buena parte a una baja base de comparación en el segundo trimestre de 2020, cuando se concentró la aplicación de alivios en los servicios públicos y la reducción del precio de los combustibles. Estos pronósticos incorporan una indexación a niveles bajos de inflación en el caso de las tarifas de algunos servicios públicos y otros ru  bros regulados, la cual también incidiría, junto con la debili  dad de la demanda y las nuevas restricciones de movilidad, en los ajustes de la educación regulada. Asimismo, la senda proyectada supone pocas presiones por parte de las tarifas de energía eléctrica, toda vez que se mantengan las condiciones climáticas favorables. Tampoco supone presiones relevantes por parte de los precios internacionales de los combustibles y del tipo de cambio.
Respecto a las fuentes de ingresos, los hombres repor  taron recibir ingreso mediante ventas ambulantes, em  pleos informales  ( recibiendo un pago por trabajar una jornada diaria )  y otras actividades como vender perte  nencias  ( principalmente celulares )  o utilizar sus ahorros.
El repunte del consumo de los hogares habría sido particular  mente notable, recuperando a finales del año buena parte del terreno perdido por el choque de la pandemia en el segundo trimestre, y registrando caídas anuales mucho menores que las del tercer trimestre y que las de otros componentes del gasto privado. Las cifras de ventas al por menor sin combus  tibles ni vehículos a noviembre, con un crecimiento anual del 11,7 %  ( serie desestacionalizada ) , apuntan en esta dirección. Por subcomponentes de este agregado, el consumo de bienes no durables, el menos afectado por el choque, habría mostra  do una tasa de expansión similar a la del tercer trimestre. Los gastos en bienes semidurables y durables habrían registrado crecimientos trimestrales significativos  ( impulsados, en parte, por el día sin IVA y otras jornadas de descuento ) , e incluso en el último caso la tasa de crecimiento anual podría haber sido positiva. El consumo de servicios, el más castigado por las medidas de aislamiento preventivo y el cierre de estableci  mientos, habría presentado una caída anual importante, pero con una notable expansión en niveles frente a lo observado un trimestre atrás. La recuperación del consumo privado si  guió favorecida por la mejoría que se percibió en la confianza de los consumidores en los últimos meses del año  ( Gráfico 2.22 ) , aunque continuó limitada por la caída del empleo y del ingreso de los hogares. Con respecto al consumo público, la estimación de crecimiento para el cuarto trimestre contempla una aceleración moderada en este gasto, a tasas anuales que seguirían siendo inferiores a las observadas en 2019.
In Colombia, military forces launched an airstrike on a camp of the Revolutionary Armed Forces of Colombia  ( FARC )  dissidents, as violent clashes between armed groups continue to take place in the country.
El departamento presenta a la fecha una cifra de 4.273 fallecidos a causa del COVID 19.
Desde este lunes, ocho de las de las 399 instituciones distritales regresaron a las aulas.Esto se llevó a cabo aunque la Asociación Distrital de Educadores, ADE, se encuentra en desacuerdo, ya que cree que el encuentro en los salones es punto fácil para que los docentes se contagien de covid 19. Por esta razón, pidieron al distrito en diferentes ocasiones que se les garantice infraestructuras seguras y que cuenten con un buen sistema de bioseguridad.
En el período monitoreado cambió la tendencia sobre los principales obstáculos para el acceso al registro civil de nacimiento, porque se iden  tifica la falta de documentación de los padres o del NNA a registrar como la barrera más frecuen  te enunciada por la población  ( 57.80% )  seguida del desconocimiento de cómo hacer el registro  ( 18.80% )  y en un tercer lugar la falta de dinero  ( 12.50% )
Se evidenció que un 14% de los hombres y 4% de las mu  jeres manifestó haber sufrido agresiones por parte de al  gunos presuntos miembros de “barras bravas' de equipos de fútbol.
Por otra parte, entre la población encuestada se encon  traron cinco madres gestantes, las cuales representaron el 15% del total de mujeres. De estas mujeres, todas expresaron haberse sentido enfermas y experimentar vómito, diarrea y escalofríos a lo largo de la ruta; tres de ellas contaron con controles prenatales en Venezuela y solo una pudo acceder a servicios de salud en Colombia al momento de la encuesta.
En la vía Arauca Casanare predominó la población con destino a zonas rurales. Sin embargo, el 24% de las mujeres y el 9% de los hombres señalaron desconocer su destino final.
En relación con el destino de la población refugiada y migrante, una proporción más alta de la población encuestada tenía intención de permanecer en Colombia, puesto que dentro de la respuesta se destaca que tenían como objetivo llegar a ciudades como Bogotá  ( 14% ) , Cali  ( 11% ) , Bucaramanga  ( 11% ) , Cúcuta u otra ciudad al interior del país, mien  tras en menor medida la población señaló su intención de tener otros países, como Ecuador y Perú, como destino su destino final.
Se evidenció también la falta de acceso a elementos de higiene menstrual, pues el 88% de las mujeres no había te  nido acceso a elementos de higiene menstrual desde que entraron al país.
Con menor frecuencia se reportaron dolores de gar  ganta, fiebre, vómito y náuseas con una incidencia pro  medio del 11%. Estos resultados dejaron ver posibles afectaciones respiratorias asociadas a pernoctar en la calle, así como intoxicaciones alimentarias o malestar gastrointestinal por el consumo de agua no potable.
En América Latina, teniendo en cuenta la grave situación de Venezuela y la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, se han abierto nuevos espacios de albergue, o se han ampliado los existentes, de acuerdo con los programas establecidos en cada país59.
El 89% de los caminantes no sabía cómo acceder a servicios de salud, mientras que la mayoría pen  saba que no recibiría atención por su condición de irregularidad.
Los alimentos de los caminantes provenían principalmente de personas de la comunidad local, lo cual supone una alta volatilidad en el acceso, calidad y diversidad. Esta situación los exponía a cambios abruptos en la dieta que, sumadas a deficiencias en las medidas básicas de higiene al consumir los alimentos, pueden comprometer su salud.
Apenas un 3% de las mujeres viajaban sin su grupo familiar, así mismo se evidenció que en promedio las mujeres viajaban con grupos más grandes que los hombres, destacándose que un 39% de estas viajaba acompañada de más de tres personas
La Resolución 6045 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores establece tres tipos de visa: tipo V de visitante, tipo M de migrante o tipo R de residente. No obstante, para las personas migrantes venezolanas es prácticamente imposible cumplir con los requisitos para aplicar a ellas. En el caso de la visa M, porque Venezuela ya no hace parte de Mercosur y porque actualmente en este país se presentan barreras administrativas para adquirir los mínimos requerimientos de documentación necesarios para solicitar una visa por motivos de estudio o empleo, como es la apostilla o legalización. Este es un requerimiento difícil de cumplir debido al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela desde 2017, lo que ocasionó la finalización de actividades consulares del país vecino en territorio colombiano
Por otro lado, una de las vías para adquirir cualquiera de estas visas es contar con una cantidad significativa de recursos económicos, lo cual excede la capacidad financiera de muchas de las personas migrantes venezolanas que huyen de la crisis de su país. Asimismo, para solicitar una visa en Colombia es indispensable contar con un pasaporte. Sin embargo, tramitarlo tiene costos muy elevados en Venezuela, lo cual, sumado a la crisis institucional del país hace casi imposible realizar este trámite. Adicionalmente el costo del trámite de una visa tiene un costo promedio de 400 dólares, recursos que son muy difíciles de conseguir dada la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes.
El Estado colombiano no ha brindado una ruta de regularización a largo plazo, con un enfoque de derechos humanos, diferencial y que permita la integración y acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población venezolana. Esta carencia, prolonga la situación de desprotección en la que ya se encuentran estas personas, desde el momento mismo en que huyen de su país de origen, dado que el acceso a derechos está condicionado a su regularización.
según datos de Migración Colombia, 1.619 personas fueron expulsadas del país durante 2019. De este total, el 90%  ( 1.451 )  fueron expulsadas por razones de seguridad nacional. El 88%  ( 1.280 )  de las personas expulsadas por esta causal son de ciudadanía venezolana. Si se tienen en cuenta también los datos de las deportaciones  que es un procedimiento distinto, pero con consecuencias similares  de todas las personas venezolanas deportadas y expulsadas  ( 1.737 ) , el 73% han sido expulsadas por motivos de seguridad nacional. Lo que evidencia que esta causal se ha convertido en la excusa para expulsar a las personas migrantes sin mayores justificaciones y sin darles unas mínimas garantías para defenderse18.
Barreras de acceso 1. Exigencia de un estatus migratorio regular: Debido al desconocimiento de algunos funcionarios de las IE se sigue exigiendo que los NNAM tengan PEP, cédula de extranjería o pasaporte, lo cual va en contravía de lo establecido en la Circular 016. 2. Exigencia de requisitos no contemplados en la ley: Las IE solicitan documentos que no están señalados en la Circular 016 y que en algunos casos pueden ser muy difíciles de conseguir debido a la falta de un estatus migratorio regular del estudiante o de sus padres. Este es el caso del carné de afiliación a la Entidad Promotora de Salud  ( EPS ) ; certificación de inscripción en el SISBÉN; y certificación del programa Familias en Acción, entre otros. 3. Negación de acceso a la educación media: Algunas IE no permiten el ingreso de NNAM en situación migratoria irregular a los grados 10 y 11   últimos dos cursos antes de finalizar la educación media   debido a que no podrán contar con la documentación necesaria para graduarse. Esta situación es preocupante, pues la desescolarización puede agravar su vulnerabilidad frente a riesgos como el reclutamiento forzado y la explotación sexual y laboral.
2. Certificación de los estudios adelantados en Colombia: Dada la alta movilidad de la población migrante, los NNAM pueden trasladarse a diferentes IE en varias ocasiones. Aunque en principio el traslado de una IE a otra debería ser un proceso muy sencillo, para NNAM con estatus migratorio irregular existen dificultades para poder obtener las certificaciones de los cursos adelantados en Colombia. Estas certificaciones les permitirían continuar con sus estudios en otras IE, el problema es que en muchos casos estos certificados no se expiden, si el estudiante no cuenta con un documento de identificación válido en el país22.
✓ En resumen, entre diciembre y lo corrido de enero, Colombia ha presentado un crecimiento en la tasa de contagios en las principales ciudades como consecuencia de las aglomeraciones evidenciadas previas a la celebración de Navidad
3. Cumplimiento de los requisitos para graduarse: La falta de un documento de identificación válido en Colombia no permite que los estudiantes puedan graduarse y obtener el título de bachiller. Estas barreras se convierten en un desincentivo para los adolescentes migrantes quienes, al no tener clara posibilidad de finalizar sus estudios, pueden abandonar la escuela y exponerse a los riesgos que genera la desescolarización.
Una vez realizada la encuesta socioeconómica, vuelven a enfrentarse a un largo e incierto tiempo para conocer el resultado del puntaje de la encuesta y, en reiteradas ocasiones, se les asignan puntajes elevados que no corresponden a la realidad socioeconómica y contexto migratorio en el que se encuentran. Esto los deja por fuera de la cobertura de salud o con una mínima cobertura que les implica realizar el pago de sumas de dinero considerables para poder tener acceso a la atención.
Desde la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, se ha identificado que el acceso a salud es la principal necesidad que tienen quienes acuden buscando asistencia jurídica e información sobre cómo afiliarse a una EPS, cómo acceder a la atención en urgencias que les ha sido negada en diversos hospitales en medio de actuaciones xenofóbicas por parte de servidores públicos o qué hacer en los casos en donde se les ha cobrado por dicha atención. En algunas ocasiones las personas son retenidas en los hospitales o centros de salud hasta que no cancelen las sumas adeudas por los servicios prestados, vulnerando múltiples derechos.
El primer momento de este proceso, consiste en determinar la condición socioeconómica, mediante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales  ( Sisbén ) 34. Según el procedimiento establecido por el Sisbén, se realiza una visita a los hogares, cuya fecha y hora no son fijadas ni convenidas con la persona interesada, por lo que impone la obligatoriedad de mantener el mismo domicilio hasta que se realice la visita e incluso de permanecer en el hogar en horas laborales, lo cual pone a los potenciales beneficiarios en una situación difícil para el desarrollo de sus actividades laborales. La realización de estas visitas es muy demorada, constituyendo una barrera adicional de acceso, dada la movilidad constante por razones socioeconómicas.
En el primer semestre de 2018, se registraron 23 hechos de violencia contra personas LGBTI en situación de movilidad humana: 1 mujer trans asesinada, 5 personas LGBTI que murieron en etapa SIDA por falta de acceso a medicamentos, 2 hechos colectivos de violencia policial contra mujeres trans en espacios públicos, y se interpusieron 42 quejas por discriminación y xenofobia, por su nacionalidad y sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas35.
En este sentido, se presentó un incremento en la violencia policial, encontrándose muchos casos en que las mujeres trans sufrieron agresiones físicas y discriminación por parte de agentes de la policía en zonas de trabajo sexual. Además, en diversas ocasiones fueron víctimas de detenciones y deportaciones arbitrarias, llevadas de manera forzosa a zonas rurales y aisladas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Por ejemplo, el 24 de mayo de 2019 en Maicao, 7 mujeres trans fueron abordadas por 8 agentes de policía, 3 funcionarios de la alcaldía y 2 funcionarios de Migración Colombia, quienes las amenazaron con deportarlas y acusarlas de la comisión de delitos, las trasladaron a la estación de policía y les informaron que se trataba de un operativo. Finalmente, fueron trasladadas al Puesto Migratorio de Paraguachón en el que las hicieron permanecer toda la noche hasta dejarlas ir. Estos hechos han sido reiterativos, por lo cual, han sido objeto de queja ante la Defensoría del Pueblo.
Las personas LGBTI venezolanas enfrentan obstáculos en la garantía de sus derechos al trabajo, educación y salud sin discriminación. En Colombia, no se han tomado medidas progresivas para garantizar estos derechos. Las personas LGBTI venezolanas se encuentran en situaciones de marginalidad, precariedad y exclusión. En el caso de personas LGBTI que viven con VIH, se han documentado casos de negación de servicios de salud, discriminación y limitaciones relacionadas con su estatus migratorio.
En cuanto al derecho al trabajo, las personas LGBTI venezolanas encuentran obstáculos para conseguir empleos formales a pesar de encontrarse cualificadas, viéndose obligadas a ocultar su orientación sexual, identidad y expresión de género por temor a no conseguir o perder empleos. Además, en materia del derecho a la educación, es casi imposible para ellas acceder a educación, por los costos económicos que no pueden cubrir y las situaciones de violencia en entornos educativos.
Los pueblos Amorua y Sikuani se encuentran en condiciones de pobreza, insalubridad, habitabilidad de calle y mendicidad. En particular, preocupa la permanencia de niños, niñas y adolescentes en condición de desnutrición, con consumos problemáticos de drogas, y expuestos a redes de explotación sexual.
El reporte del Instituto Nacional de Salud Pública da cuenta que el Tolima tuvo 757 nuevos casos de contagio y ocupó el cuarto puesto en el país. Por lo anterior, el departamento llegó a 1.419 fallecimientos desde que inició el contagio en la región.
es importante advertir que actualmente el Estado colombiano no cuenta con una base de datos que caracterice a las y los miembros de pueblos indígenas que están migrando forzadamente, esto genera que la magnitud de esta situación esté siendo invisibilizada.
Este escenario desencadena diferentes acciones de violencia armada como el asesinato de líderes sociales, amenazas, enfrentamientos y/o combates, las cuales resultan en emergencias como los desplazamientos forzados y confinamientos.
Muchos han tenido que acudir a la mendicidad para poder sobrevivir, donde además los menores son utilizados para tales fines. En el marco de la pandemia, y al no tener manera de contar con un mínimo vital, algunos jóvenes se han dedicado a ayudar a cargar mercancía por cruces fronterizos ilegales con presencia de actores armados, lo que los deja en riesgo adicional de ser víctimas de violencia, explotación sexual, y trata de personas, entre otros hechos violentos39.
Por otro lado, numerosas familias del pueblo Inga han tenido que migrar y ante las dificultades para solventar el mínimo vital de estas familias se han presentado conflictos intraétnicos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia esta situación ha sido compleja debido a la falta de documentación, lo que ha motivado el uso de trochas ilegales, exponiendo a muchas familias a la extorsión a lo largo de la frontera.
El pueblo E'ñepá originario de Venezuela también ha tenido que migrar del estado de Bolívar hacia el estado de Amazonas, y hacia los departamentos de Vichada y Arauca  ( Colombia ) , debido, entre otros factores, a la explotación minera dentro de sus territorios ancestrales. La movilidad del pueblo E'ñepá que había sido transitoria y pendular, tiene actualmente una vocación de permanencia. Los pueblos indígenas de la Orinoquía colombo venezolana han tenido que enfrentarse también a la ausencia de garantías para acceder a la binacionalidad.
En lo corrido de 2020 se registraron 8 desplazamientos masivos con 1.634 víctimas, de las cuales 198 son indígenas2. También se tiene información que, en diciembre de este año se han presentado desplazamientos individuales de integrantes del cabildo indígena de Tigre II y de familias campesinas aledañas al territorio étnico3. De igual manera se han registrado 11 asesinatos a líderes sociales en los municipios de Tarazá4  ( 7 )  y Cáceres  ( 2 ) 5 y El Bagre  ( 2 ) 6
En el caso de las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual, ya sea en su país de origen o durante el tránsito, y que acuden al sistema de salud en busca de atención sufren de tratos discriminatorios pues las entidades prestadoras de salud no les aplican el Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de violencia sexual en razón de su nacionalidad y estatus migratorio. Estas deficiencias se han agravado con ocasión de la COVID 19, pues todos los recursos tanto de personal como técnicos se han volcado a la atención de la pandemia con lo cual además de agravar las barreras existentes se han creado nuevas.
Otros ataques contra civiles son ejercidos contra la población por parte de los GAO y GAD como masacres7, reclutamiento forzado de menores de edad, la violencia sexual8, la desaparición forzada y el secuestro, entre otros, tienen niveles históricos de subregistro, debido al temor de la comunidad sobre las consecuencias de denunciar estos eventos. Entre enero y diciembre de 2020 se reportaron 16 eventos de accidentes con minas antipersonales y otros artefactos explosivos improvisados  ( MAP/AEI ) , con un total de 25 víctimas: doce  ( 12 )  en Caucasia, siete  ( 7 )  en Cáceres, seis  ( 6 )  en Tarazá9.
En ese sentido, todas las acciones b´elicas corresponden a una violencia vertical ascendente: ELN contra fuerza p ´ublica. Esta orga  nizaci´on armada es la responsable de todas las acciones b´elicas y la gran mayor´ıa est´an dirigidas contra la Polic´ıa de carreteras, subestaciones de Polic´ıa o contra la infraestructura vial. Durante el 2020, se registraron 7 atentados, 2 atentados frustrados, 2 hostigamientos, 1 emboscada y 1 acci´on de la fuerza p ´ublica.
For example, in the case of Colombia, al  though the Colombia Migration office perma  nently updates the official entry reports for the country, calculations by authorities and experts indicate that it is not possible to de  termine the exact number of those who enter through the Venezuelan border line, given that at least 56% do so irregularly, making it im  possible to document their origin  ( Migración Colombia, 2020a ) .
Muchos retornados colombianos víctimas del conflicto no se registraron como retornados sino como migrantes venezolanos, ante la ausencia de respuesta efectiva y la falta de inclusión en programas de integración social y económica para retornados vulnerables colombianos por parte del Estado.
Se carece de información para el acceso a la protección como víctima del conflicto armado, indefinición entre los actores institucionales del proceso sobre competencias y obligaciones de cara a la población extranjera venezolana afectada por la violencia en el marco de la confrontación armada. Urge que el Estado colombiano plantee medidas efectivas para la caracterización de los connacionales y las familias mixtas o binacionales, así como medidas regulatorias expeditas para sus hijos y cónyuges nacidos o de origen venezolano, que tienen derecho a la nacionalidad colombiana por vía constitucional, pero que están viendo inobservado ese derecho por obstáculos de tipo administrativo, así como se requiere el Estado colombiano formule políticas integrales para la protección a víctimas retornadas de segunda generación.
Durante el cuarto trimestre los costos no laborales interrum  pieron la tendencia descendente que venían registrando desde el segundo semestre de 2019. La aproximación de estos costos no laborales mediante la variación anual del índice de precios al productor  ( IPP )  de oferta interna muestran un desempeño al  cista entre septiembre  ( 1,20 % )  y diciembre  ( 1,65 % )   ( Gráfico 3.6 ) . Dicho comportamiento se le atribuye al componente local del IPP, al pasar de terreno negativo en septiembre  (  0,7 % )  a po  sitivo en diciembre  ( 0,8 % ) . A su vez, este repunte del IPP local se explica, principalmente, por el cambio anual de los precios al productor de bienes agropecuarios  ( del 4,5 % en septiembre al 10,2 % en diciembre ) , cuya dinámica se vio impulsada por el ajuste en los precios de las hortalizas, legumbres y oleaginosas. El sector minero también contribuyó a impulsar la inflación al productor, al pasar del  19,4 % en septiembre al  14,2 % en di  ciembre. Por su parte, el IPP del sector industrial se mantuvo con un crecimiento anual levemente por debajo de cero, incor  porando en sus precios los excesos de capacidad instalada y la debilidad de la demanda. En contraste, el cambio anual del IPP importado continuó cayendo entre septiembre  ( 5,6 % )  y di  ciembre  ( 3,6 % ) , desempeño que estaría asociado con la apre  ciación del tipo de cambio de las últimas semanas.
Save the Children hace un llamado a los gobiernos, los donantes, las organizaciones multilaterales y todas las demás partes interesadas para que sumen esfuerzos y adopten medidas para garantizar que: Todos los niños y niñas tengan acceso a los sistemas de salud y nutrición habituales, incluyendo servicios de transporte en emergencias. Todos los servicios públicos de salud apliquen protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de COVID 19 dentro de los servicios. La población más vulnerable tenga acceso a alimentos nutritivos mediante la ﬁnanciación y ampliación de medidas de protección social, junto con acciones para hacer frente a los problemas de los medios de vida, del sistema alimenticio y del acceso al agua. Los servicios de protección social son inclusivos, y cuentan con atención en salud mental y apoyo psico social para la niñez.
Además de los riesgos mencionados anteriormente que supone la presencia y control de grupos armados organizados, grupos armados de crimen organizado y grupos armados delincuenciales en los municipios del país, existen riesgos adicionales en zonas rurales que pasan por la explotación laboral y reclutamiento para el trabajo en cultivos de uso licito e ilícito, minería ilegal, venta y tráfico de armas, venta y tráfico de drogas, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes de los que están siendo víctimas los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.
Por otra parte, 687 municipios en 32 departamentos del país conviven personas con necesidades por desastres naturales junto a refugiados y migrantes de Venezuela. Gran parte de los territorios de Colombia con doble y triple afectación, están ubicados en zonas fronterizas, en las cuales históricamente ha sido más notorio el abandono y débil presencia Estatal, así como la ausencia de una política integral migratoria y una política integral de desarrollo fronterizo, que incluya igualmente un enfoque centrado en Derechos Humanos y de protección del medio ambiente.
El 70% de hombres y mujeres encuestados indicaron per  cibir algún riesgo directo para su seguridad en la ruta. Las mujeres percibieron más comúnmente riesgos aso  ciados a la discriminación y la violencia. En cambio, los hombres percibieron más frecuentemente riesgos aso  ciados a violencia verbal y agresiones físicas, la presencia de grupos armados y la extorsión. Estas diferencias en la percepción del riesgo pudieron estar relacionadas a un mayor temor de los hombres  ( en su mayoría adultos jó  venes )  al reclutamiento, uso y vinculación por parte de grupos armados.
Al preguntarle a las personas acerca de los lugares donde percibían mayores riesgos, el 90% manifestó que en las vías  ( calles ) , el 13% en las trochas o pasos irregulares, y el 12% en otros lugares, como quebradas y ríos, y puestos de control del Ejército o la Policía, por temor a posibles sanciones migratorias.
Dos tercios de las personas encuestadas se sintieron dis  criminadas por su nacionalidad. Luego, al ver más en de  talle la situación para las mujeres, ellas manifestaron en mayor proporción haber experimentado situaciones de discriminación debido a su nacionalidad y a su situación económica
El consumo de los hogares regis  tró una expansión trimestral importante, después de la caí  da sin precedentes del segundo trimestre. A pesar de esto, continuó presentando una variación anual negativa  (  9,3 % )  de magnitud semejante a la del PIB. A la mejora en el trimestre contribuyó la apertura parcial del comercio y el relajamien  to de las medidas de distanciamiento social. Dentro de este agregado todos los renglones registraron recuperaciones no  tables, a excepción del consumo no durable, que no cayó en el segundo trimestre. Los consumos semidurable y durable pa  saron de retrocesos anuales superiores al 30 % a reducciones de 18,7 % y 6,9 %, respectivamente. El consumo de servicios, el de mayor importancia dentro del consumo privado, también se recuperó, pasando de caer un 20,7 % a hacerlo un 14,1 %, pero continuó siendo el más golpeado por la pandemia. Final  mente, el consumo no durable sostuvo un crecimiento cerca  no al del segundo trimestre. Por su parte, el consumo público siguió desacelerándose, y registró una expansión inferior a la del primer semestre del año y a la prevista  ( Gráfico 3.11 ) . Con lo anterior, pese a su recuperación, el consumo total continuó aportando la mayor contribución a la contracción anual del tercer trimestre desde el punto de vista del gasto, presentan  do un retroceso anual del 7,3 %.
Acorde con la flexibilización paulatina de las medidas de ais  lamiento social, todas las grandes ramas de actividad produc  tiva tuvieron un mejor comportamiento respecto al segundo trimestre de 2020. No obstante, muchas de ellas continuaron registrando niveles muy por debajo de los observados con anterioridad al choque con caídas anuales considerables  ( Gráfico 3.14 ) . La industria manufacturera, y la rama de co  mercio, reparación, transporte y alojamiento, que habían sido afectadas sensiblemente por las medidas de distanciamiento social, fueron las que presentaron las mayores recuperacio  nes trimestrales, evidenciando el efecto positivo que tuvo la reactivación económica sobre estos sectores. Los resultados, en ambos casos, fueron mejores a los contemplados en el pasado Informe de Política Monetaria. En particular, la mejora en la industria manufacturera fue especialmente importante, llegando a niveles cercanos al 92 % del valor agregado regis  trado en el cuarto trimestre de 2019. Por el contrario, la explo  tación de minas y canteras, la construcción, y las actividades artísticas, de recreación y otros servicios continuaron mos  trando caídas anuales pronunciadas, mayores que las previs  tas y sin grandes aumentos trimestrales en su valor agregado. Los bajos precios de las materias primas, sumados al cierre y la parálisis de algunas minas de carbón, en parte por conflic  tos laborales, afectaron el comportamiento del sector minero, mientras que la baja ejecución en obras civiles  ( especialmen  te por la caída de la inversión en infraestructura minera )  y el lento avance de la construcción de edificaciones  ( donde se han desacumulado inventarios gracias a un importante dina  mismo de las ventas, pero habiéndose iniciado pocos nuevos proyectos )  determinaron el comportamiento de la construc  ción. Las medidas restrictivas que aún prevalecen sobre algu  nos servicios continuaron determinando el comportamiento de las actividades artísticas y de recreación.
Meanwhile, violence persisted in Antioquia department  ( north west )  as drug trafficking group Autodefensas Gaitanistas de Colombia  ( AGC )  battled splinter groups; notably, spate of AGC attacks 11 13 Dec killed at least seven civilians in Caucasia and El Bagre municipalities.
Para 2021 el escenario central supone una prima de riesgo in  ferior a la del informe de octubre, con una tendencia creciente en el horizonte de pronóstico  ( Gráfico 2.11 ) . A lo largo del cuarto trimestre las primas de riesgo y las tasas de cambio de algunos países de la región se redujeron  ( Gráfico 2.12 )  de la mano de la recuperación de sus economías, de la amplia liquidez global y de la menor percepción de riesgo internacional. En el caso co  lombiano las principales calificadoras de riesgo mantuvieron el grado de inversión del país, y para el cuarto trimestre los credit default swaps  ( CDS a cinco años )  y la tasa de cambio disminu  yeron frente al período anterior, alcanzando en promedio 104,2 pb y COP 3.661 por dólar, respectivamente, valores superiores a lo observado antes de la pandemia. En lo corrido de 2021, los CDS a cinco años de algunos países de la región registraron ni  veles promedio inferiores a los observados en el último trimes  tre de 2020, aunque han mostrado algún incremento reciente, lo que podría estar asociado, en parte, con la intensificación de la pandemia. En Colombia este indicador se ha situado en promedio en cerca de 97,9 pb en los primeros 22 días del mes, alcanzando un máximo alrededor de 107,2 pb en ese período  ( Gráfico 2.12 ) . El escenario central supone para 2021 una prima de riesgo promedio que se situaría en 140 pb, en un rango entre 80 pb y 190 pb, lo que implicó una revisión a la baja frente al in  forme anterior. Para 2022 este supuesto es de 168 pb, en un ran  go entre 90 pb y 220 pb, cifra algo por encima de su promedio histórico. La menor prima de riesgo en 2021, frente al informe anterior, tiene en cuenta el comportamiento reciente de este indicador, las perspectivas de condiciones financieras externas favorables y la recuperación del precio del crudo, como se ha mencionado. Por su parte, la senda creciente y su convergencia considera el mayor endeudamiento público y la acumulación de déficits externos del país.
La mayoría eran meno  res de 9 años: 64% en el caso de los niños y 56% en el caso de las niñas. Seis de los menores de edad no esta  ban acompañados por miembros de su núcleo familiar, lo cual generó una alerta sobre la seguridad de estos niños, niñas y adolescentes ante los riesgos de trata y/o tráfico de personas.