nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Dentro de la afectación de los servicios esenciales de salud, se encuentran: anticoncepción, atención prenatal, interrupción voluntaria del embarazo y consultas de crecimiento y desarrollo; lo cual se relaciona con la falta de disponibilidad en la continuidad y suministro de servicios, la inasistencia de las personas por temor a contraer la COVID 19, así como las dificultades asociadas a las restricciones de movilidad instauradas por el confinamiento.
» Dada la presión aguda sobre sistemas de salud, existen riesgos de desviación de recursos de servicios esenciales de salud que puedan disminuir la atención médica preventiva, atención pre/postnatal, emergencias obstétricas, anticoncepción y salud sexual y reproductiva, atención de VIH/SIDA, enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, enfermedades del sistema circulatorio, diabetes, enfermedades de vías respiratorias inferiores, problemas y/o trastornos de salud mental y consumidoras de sustancias psicoactivas y vacunación
Colombia es un país afectado por la violencia armada y la llegada de población refugiada y migrante provenientes de Venezuela. La pandemia está creando una presión adicional sobre la capacidad de respuesta de los sistemas de atención de la salud y exacerbando las vulnerabilidades de las poblaciones afectadas por estas crisis preexistentes. En particular, población desplazada, en estado de confinamiento y las personas en proceso de reincorporación, corren un riesgo especial, ya que muchos de ellos padecen necesidades adicionales de nutrición y de atención sanitaria, pues tienden a ubicarse en entornos superpoblados e improvisados como es el caso de asentamientos informales en ciudades, en hacinamiento en albergues improvisados en fase de urgencia, con un acceso limitado a los servicios de agua y saneamiento
Limitado acceso a agua y productos de higiene por las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad  ( refugiados y migrantes, población confinada, desplazada y en extrema pobreza, comunidades étnicas, comunidades rurales aisladas ) , lo cual puede limitar los esfuerzos de prevención de la propagación del virus y control de infecciones.
Recursos críticos como trabajadores de salud capacitados e insumos médicos se están desviando para responder a la pandemia, dejando así otros servicios esenciales con muy pocos recursos, como por ejemplo el tratamiento de la desnutrición, asistencia personas con discapacidad, personas mayores y violencia contra las mujeres, niños y niñas y adolescentes, personas mayores, violencia sexual, servicios de salud sexual y reproductiva, salud mental y apoyo psicosocial.
Al 30 de noviembre, en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, OCHA nformó que en la isla de San Andrés había 617 personas afectadas  ( 141 familias ) , de las cuales 193 eran mujeres, 314 hombres y 110 niños. En la isla de Providencia, había un registro inicial de 1.258 personas afectadas  ( 851 familias ) , tres fallecidos y un desaparecido. Al 10 de diciembre, Acción contra el Hambre informó de seis refugios refugios activos en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, dos refugios en Antoquia, cuatro refugios en La Guajira, dos refugios en el Chocó, un refugio en Bolívar y un refugio en el Norte de Santander
El 25 de noviembre, el presidente Iván Duque anunció la extensión de la emergencia sanitaria por COVID 19 hasta el 28 de febrero del 20212 a través del Decreto 1550. De igual manera, por medio de este decreto, el Gobierno Nacional amplió el Aislamiento Preventivo con distanciamiento individual responsable hasta el 16 de enero del 2021. Dentro de las medidas contempladas en el decreto se mantiene la restricción de actividades que generen aglomeración de personas, así como el cierre de fronteras terrestres y fluviales con Ecuador, Panamá, Venezuela, Perú y Brasil, con algunas excepciones en el marco de emergencia humanitaria o motivos de fuerza mayor
Dentro de la población refugiada y migrante, los grupos más vulnerables son: o Personas en tránsito. o Personas en situación de calle. o Personas con condición médica crítica o crónica. o Familias cuya generación de ingresos ha sido afectada por el cese de actividades y/o la limitación de la libertad de movimiento. o Hombres y mujeres solos/as no priorizados. o Pueblos indígenas en zonas fronterizas.
También se pudo conocer a través de muestras audiovisuales que en el paso de las canoas, en El Amparo, municipio Páez en el estado Apure, la Marina de Colombia hace frente a las embarcaciones de los migrantes, quienes son acusados por los funcionarios colombianos de atacar a los entes de seguridad.
En Colombia, el porcentaje de personas afrodescendientes sin acceso al agua potable es tres veces superior al de las no afrodescendientes.
Alojamientos: Tras conocerse sobre 73 viviendas incineradas, se hace imperativo el apoyo con la adecuación de un albergue temporal, elementos de cocina, ropa, cobijas, colchonetas y otros elementos para el total de familias damnificadas, mientras se inician las labores de reconstrucción de las viviendas. • Seguridad alimentaria y nutricional: Por cuenta de la incineración total de las viviendas y la pérdida de alimentos al interior de las mismas, se requiere atención urgente a través de kits alimentarios y recuperación de medios de vida. • Salud: Se requiere atención psicosocial para las personas que todos sus bienes durante el incendio. Tambien es necesario el ingreso de una misión médica para verificar el estado de salud de la población afectada. • Agua, saneamiento básico e higiene: Considerando las necesidades en materia de salud y alojamientos, se prevé la necesidad de proveer kits de higiene y aseo para evitar escenarios de propagación de la COVID 19, así como la entrega de agua potable y el restablecimiento de servicios básicos al momento de adecuar tanto el albergue como la reconstrucción de las viviendas.
Adaptación digital, crear alianzas y explorar nuevas formas de relacionamiento hacen parte de una estrategia diseñada para que los empresarios afronten los desafíos que traen las nuevas restricciones impuestas en Colombia por el tercer pico de la pandemia de covid 19.
Las dificultades de comunicación y la baja cobertura de energía eléctrica han limitado el contacto permanente con las comunidades rurales más aisladas, quienes a su vez no cuentan con servicio de internet.
Luis Merardo Tovar, secretario de gobierno y seguridad de Arauca, informó este jueves 28 de enero del presente año que durante esta semana han cruzado la frontera colombo venezolana por el Departamento de Arauca alrededor 2.000 venezolanos
​Luego de realizar 172 pruebas moleculares a todos los tripulantes y pasajeros de un vuelo humanitario que llegó el sábado 30 de enero en horas de la noche a Bogotá, proveniente de Leticia, Amazonas, 8 de ellos resultaron positivos para Covid 19.
La Secretaría Distrital de Salud determinó que los pasajeros y tripulantes del vuelo, deberán guardar aislamiento en un hotel del occidente de la capital, con el propósito de reducir el riesgo de la llegada de la variante de coronavirus P1 de Brasil a Bogotá. Esta medida se suma a la determinada por el Gobierno Nacional de suspender todos los vuelos desde Leticia a otras ciudades de Colombia.
the number of Venezuelans in the country is forecast to increase to 2.08 million in 2021, putting a significant strain on the limited resources of the host communities, aggravated by the COVID 19 pandemic. Estimations of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean  ( ECLAC )  of the United Nations indicate that the negative effects of the pandemic on the economy are expected to result in a negative Gross Domestic Product growth of 7 percent in 2020.
El impacto en los sistemas alimentarios se manifiesta principalmente en: • Volatilidad de precios: por un lado, las compras por pánico experimentadas al inicio de la situación de restricción de movimiento han provocado acaparamiento de algunos alimentos, y consecuentemente especulación en precios, lo que considerado bajo la interdependencia de los sistemas alimentarios en el país ha supuesto afectaciones a nivel interdepartamental. • Abastecimiento: las cadenas de suministro  ( producción, transporte y comercialización )  han experimentado distintas alteraciones a lo largo del país tras el decreto de aislamiento preventivo, lo que ha significado distintos riesgos según la región y los alimentos específicos.
Los principales riesgos de protección identificados incluyen: » Persistencia de la violencia armada. Reconfiguración de actores armados en territorios en disputa, quienes persisten en amenazas sobre líderes sociales, comunidades indígenas, afro y campesinas excombatientes y aquellos en los programas de sustitución de cultivos, generando entre otros hechos: homicidios, desplazamiento forzado individual y masivo, restricciones de movilidad y confinamientos. Cierre de instituciones educativas aumenta los riesgos para niños, niñas y adolescentes: separación familiar, aumento de trabajo infantil, violencia sexual, riesgo de reclutamiento y utilización por parte de grupos armados. Restricciones de acceso y movilidad: tanto para la población objeto de preocupación como para los agentes humanitarios quienes ven disminuidas sus posibilidades de hacer presencia directa en terreno para hacer contacto con afectados y favorecer acciones de prevención y protección en territorios en riesgo.
» Exclusión social y discriminación 
 Desalojos en centros urbanos. Ante las medidas de aislamientos, víctimas de la violencia armada, adulos mayores, personas que dependen de sustento del trabajo informal y diario han sido desalojados por parte de inquilinatos y pensiones ante las dificultades de sufragar costos de arrendamiento, aumentando sus niveles de vulnerabilidad y exposición. 
Impacto en la capacidad de las mujeres para conseguir medios de vida, especialmente ante su alta participación en segmentos de baja productividad, empleos temporales, a tiempo parcial, informalidad y/o autoempleo y empleo doméstico  ( 96% del servicio doméstico es prestado por mujeres ) . 
Dificultades de acceso a alimentación, implementemos de aseo, y servicios esenciales de salud para personas víctimas de la violencia armada que habitan en asentamientos informales sin acceso a servicios de agua y alcantarillado, pero también para personas en proceso de reincorporación en AETCR y Nuevas Áreas de Reincorporación  ( NARs ) .
Durante el 2021 se han notificado 23 muertes probables por dengue, procedentes de: Cartagena y Magdalena, con 4 casos cada uno; Cali y Tolima, con 2 casos cada uno; y Atlántico, Archipiélago de San Andrés y Providencia, Barranquilla, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Meta, Nariño, Santander y Exterior, con 1 caso cada uno.
Necesidades identificadas a lo largo de la emergencia: o Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón, así como también kits de higiene para la población. o Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza. o Apoyo para la realización de pruebas  ( fortalecimiento a laboratorios de salud ) . o Apoyo a vivienda y empleo. o Alojamientos temporales para aislamiento preventivo obligatorio  ( Antioquia, Arauca, Bogotá, Cesar, Costa Caribe, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca ) . o Instalación de puntos de hidratación, sistema de lavado de manos y disposición de residuos. o Activación de puntos de atención a lo largo de la ruta para población en tránsito. o Transporte humanitario tras apertura de fronteras terrestres. o Adecuaciones para activación gradual de Espacios de Apoyo dando cumplimiento a las normas de bioseguridad. o Apoyo a refugiados y migrantes en el acceso a mecanismos de protección, justicia y orientación legal.
Ospina hizo un llamado a todos los profesionales, tanto nacionales como extranjeros, médicos intensivistas, enfermeros intensivistas o personal de salud con formación en cuidados intensivos a que se acerquen a consolidar el talento humano que el sistema de salud de Cali necesita en estos momentos de contingencia.
Las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de la población venezolana que se encuentra en Colombia son apremiantes considerando que el país acoge 1.788.380 personas de las cuales el 57%  ( 1.024.836 )  se encuentra en situación irregular  ( Migración Colombia , 2020 ) .
Las personas con discapacidad resultan más afectadas debido a las barreras actitudinales, institucionales y del entorno, que se reproducen en la respuesta al COVID 19. Además, muchas personas con discapacidad tienen afecciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus y de tener síntomas más graves al infectarse, lo que conduce a tasas elevadas de mortalidad.
Análisis de riesgos/impacto 
» Barreras de acceso a servicios básicos de salud, afectándose la continuidad de tratamientos. 
» Falta de disponibilidad de insumos de protección personal para equipos de atención en salud, incluidos los médicos tradicionales y parteras de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad Personas adultas mayores, personas con enfermedades preexistentes como diabetes, cardiopatías, enfermedades crónicas, VIH/SIDA, inmunodeprimidas, mujeres gestantes y lactantes, sobrevivientes de VBG, comunidades indígenas y afrocolombianas con difícil acceso a sistema de salud, personas viviendo en condiciones de hacinamiento y en viviendas insalubres o en condición de calle, menores de edad no acompañados, personas en situación de discapacidad, población LGTBI. Actividades prioritarias » Garantizar el acceso a alojamiento temporal  ( atención integral ) , en sus distintas modalidades a las personas que lo requieran, de acuerdo con los lineamientos y directrices del Instituto Nacional de Salud y OPS. 
» Apoyo en programas de arriendo y apoyo en el pago de servicios básicos para personas en riesgo » Adquisición, almacenamiento y distribución de NFIs para la atención integral en los alojamientos temporales, bajo diferentes modalidades para cuarentena y aislamiento y con las medidas necesarias para la prevención de la VBG. » Circular y difundir códigos de PEAS y otras medidas de salvaguarda, recordando al personal encargado de los alojamientos y albergues la necesidad de cumplir con estas medidas.
 » Aparición de problemas y trastornos de salud mental por las condiciones extremas psicosociales en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, consumidores de sustancias psicoactivas, personas con trastornos y/o problemas de salud mental y pueblos indígenas.
El Instituto Nacional de Salud ha reportado 1´614.822 casos confirmados, 42.620 fallecidos y 1.483.017 recuperados, para un total de 84.875 casos activos en Colombia con corte de 30 de diciembre. Para el departamento del Cauca se reportan un total de 19.388 casos confirmados, 496 muertes, 591 hospitalizados, 123 en Unidad de Cuidados Intensivos con un porcentaje de ocupación del 58.7 por ciento, 485 pacientes en casa, 16.693 recuperados. Hasta el 29 de diciembre se han tomado 53.269 muestras, de las cuales 35.881 se reportan negativo para un total de 1.119 casos activos; los municipios que más presentan casos son: Popayán 12.981, Santander de Quilichao 1.148, Puerto Tejada 486, Piendamo 394 y Timbío 345.
Respecto al número de niños, niñas y adolescentes venezolanos radicados en Colombia, el jefe de la autoridad migratoria colombiana indicó que para el 31 de diciembre de 2020 había más de 404 mil menores de edad. De ellos, más de 203 mil son mujeres y cerca de 201 mil son hombres.
Saneamiento Los datos censales e intercensales más recientes muestran que Colombia es el país en que las brechas relacionadas con este indicador son más contundentes. En ese país, la proporción de afrodescendientes que no tienen acceso a este servicio triplica con creces la de los no afrodescendientes, lo que deja en evidencia las inmensas desventajas que sufre el primero de estos grupos.
Los boletines epidemiológicos a nivel departamental no
se actualizan desde el pasado 23 de diciembre de 2020,
debido a la disminución de la capacidad institucional de la
secretaria de salud departamental por falta de contratación del
personal a cargo del Laboratorio de Salud Pública y del área
de vigilancia en salud pública – epidemiología; se prevé que
continué esta situación hasta el 15 o 20 de enero de 2021
En los demás países analizados en ese estudio  ( el Brasil, Colombia y el Ecuador ) , la proporción de personas afrodescendientes que tenían acceso a Internet era de aproximadamente un 25% a un 50% inferior a la de las no afrodescendientes, y no se observaban diferencias significativas de acceso entre los hombres y las mujeres  ( CEPAL, 2020b ) .
Por el periodo de cierre de año fiscal, muchos laboratorios disminuyeron la distribución de insumos médicos, generando reducción en su disponibilidad y por ende, incremento en los precios para adquirir los mismos. A esto se suma un alto nivel de rotación de personal de salud especializado debido a la falta de formalización de sus contratos por parte de las EPS.
Un millón setecientos veintinueve mil quinientos treinta y siete ciudadanos venezolanos se encontrarían en Colombia para el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios. La cifra, que es un 2.35% menor a la registrada en el año 2019, da cuenta de lo que ha sido el comportamiento de la migración venezolana durante la actual emergencia sanitaria.
En diciembre, respecto al estado de operación de la empresa, el 88,4% de las firmas encuestadas no presentó una afectación en su funcionamiento, el 10,4% operó parcialmente, el 1,2% tuvo un cierre temporal y ninguna presentó un cierre permanente. De las empresas que contaron con algún grado de afectación en su funcionamiento, el 94,9% afirmó que este tenía relación con el COVID 19
Frente al plan de vacunación, preocupa que las unidades de refrigeración dispuestas para almacenar las vacunas no cumplen con los estándares de temperatura que se requieren.
Las dificultades que las personas mayores tienen para aislarse en sus propios hogares, no solo debido a que viven hacinadas, sino también a que no menos de un tercio de las personas mayores afrodescendientes de países como Colombia, Guatemala, México y el Perú viven con niños que tienen de 0 a 14 años. Cuando, por ejemplo, los niños vuelvan a clases, el riesgo aumentaría para estas personas. La desigualdad racial es mayor en el caso de Colombia, donde la proporción de personas mayores afrodescendientes que se encuentran en esta situación es aproximadamente dos veces superior a la de las no afrodescendientes.
De acuerdo con la información, los migrantes que llegan al área metropolitana de Cúcuta buscan abastecimiento de víveres, medicinas, atención en salud, trabajo y mejor calidad de vida. Ingresan a Colombia por los 39 pasos irregulares ubicados en los municipios Puerto Santander, Cúcuta y Villa del Rosario en donde hay presencia de distintos grupos armados y en donde se registra con frecuencia los delitos de contrabando y narcotráfico.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional  ( FMI )  es más optimista y cree que el PIB potencial del país aumentará entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales entre 2017 y 2030 gracias a la llegada de los migrantes venezolanos.
Ahora bien, respecto a la distribución de los más de un millón 729 mil migrantes venezolanos que se encontraban en Colombia para esa fecha, el Director General de Migración Colombia señaló que se ubican, principalmente, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Cali.
Así mismo afirmó que de esa cifra, 1.729.537, el 44%, equivalente a un poco más de 762 mil venezolanos, se encuentran en condición regular, mientras que el 56% restante, más de 966 mil, se encontrarían en condición irregular.
Para el corte de diciembre de 2020 se registraron 1.729.537 venezolanos en el territorio nacional, es decir, unos 8.342 nuevos migrantes con respecto al mes anterior. Y si bien la cifra viene aumentando en los últimos meses, al comparar el cierre del año con el 2019 es evidente que el número de venezolanos se redujo en un 2,35 por ciento.
La razón de esta reducción es que durante los confinamientos impuestos por la pandemia de la covid 19, unos 148 mil venezolanos decidieron regresar a su país desde distintas ciudades colombianas. Sin embargo, Espinosa explicó que hasta el momento 18 mil de estos ciudadanos han reingresado al país y se tiene proyectado que regresarán cerca del 80 por ciento de quienes se fueron por la pandemia.
Al contrario, la comercialización de las viviendas usadas se deterioró aún más en la pandemia y su mejoría aún no es evidente El porcentaje del stock de vivienda con avisos de arriendo en Bogotá pasó de 1,9% en 2019 a 2,4% actualmente. Las transacciones de viviendas usadas se redujeron en 2020: del total de transacciones  ( ventas de usadas, ventas de nuevas y contratos de arriendo ) , la venta de usadas representaba el 35% en 2019. En 2020, significó el 30%. Como consecuencia, la vivienda nueva aumentó su participación de 22% a 29%, pues las transacciones de arrendamiento también perdieron participación.
Además, la vivienda usada está empezando un ciclo de separación de los precios de la vivienda nueva: ya ha pasado en la historia Esto pasó sobre todo en las etapas de recuperación económica, si bien esta vez se dio incluso en medio de la desaceleración de 2020. La razón fundamental ha sido el aumento de la oferta de la vivienda usada en medio de una baja demanda en este segmento.
En el caso de la vivienda usada, la desaceleración de los precios venía desde antes de la pandemia, mientras que en la vivienda nueva se inició con el choque por el covid 19
Para Moody's, la migración venezolana va a tener un impacto positivo en el mercado laboral ya que va a aportar mano de obra más joven y calificada que la local. “De los 1,7 millones de migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia, el 58% tiene entre 18 y 39 años, mientras que el 28% tiene menos de 18 años. Los migrantes aumentan la población en edad de trabajar de Colombia en un 3%', dijo Moody's.
Se revela además un nuevo fenómeno que comenzó a presentarse desde junio de 2020, dentro de la movilidad humana venezolana hacia diferentes países de la región: el del reflujo. Ciudadanos que después de haber regresado a Venezuela a pie desde Colombia, Ecuador, Perú y Chile, están retornando por segunda vez a dichos países junto a sus grupos familiares.
Teniendo en cuenta que los migrantes son, en promedio, casi cinco años más jóvenes que los colombianos nativos  ( 26 años frente a 31 ) , la regularización ayudará a mitigar los efectos económicos y fiscales del envejecimiento de la población. “Las encuestas del Dane indican que la proporción de migrantes venezolanos en Colombia con alto nivel educativo ha aumentado rápidamente desde 2018 a medida que las condiciones económicas en Venezuela se han deteriorado aún más', agregan.
i )  Protección: Dificultades de transporte entre las comunidades rurales y el casco urbano, afectando la movilidad en los espacios tradicionales de pesca, caza y el uso recursos naturales
De hecho, el FMI ya reconoció que la migración venezolana ayudó a impulsar el crecimiento del PIB de Colombia durante 2019. “El flujo de migrantes estimuló el crecimiento de la economía en aproximadamente un 0,25 % y este ha sido absorbido en gran parte por el sector informal, mostrando hasta ahora poca evidencia de desplazamiento laboral. Se espera que la migración venezolana continúe siendo un motor de crecimiento para Colombia, donde el grado de ganancias potenciales dependerá de la velocidad con la que los migrantes se integren a la economía formal', dijo el FMI.
Por otro lado, los precios de la vivienda VIS  ( por metro cuadrado )  están aumentando más rápido que los de la vivienda no VIS La brecha de precios por metro cuadrados entre la vivienda VIS y la No VIS parece tener una ciclicidad que está favoreciendo a la primera desde finales de 2018, y que se profundizó en 2020
Y es que el nivel educativo promedio de los migrantes es moderadamente más alto que el de los residentes nativos, pues los migrantes tienen ocho años de educación contra los 7,6 años de los locales. Pese a los beneficios descritos anteriormente, Moody's también advierte que la migración puede traer consigo un incremento en la tasa de desempleo de los trabajadores locales.
Requieren una pronta atención, las comunidades que se han visto desplazadas forzosamente y que no cuentan con un albergue adecuado, viéndose obligados en muchos casos a abandonar su territorio, generando desarraigo y cambios en las formas de vida de las familias, en especial del pueblo indígena Awá.
De acuerdo con la información suministrada por la Regional Antioquia de esta entidad, en el municipio antioqueño permanecen asentados grupos de ciudadanos nacionales de Haití, Cuba, Burkina Faso, Senegal, Ghana, Camerún, Congo, Guinea y Somalia, quienes exigen se abran las fronteras tanto de Colombia como de Panamá, para que ellos puedan continuar con su tránsito hacia Centroamérica.
El precio de los arriendos respecto al valor de la vivienda, aunque sigue cayendo, ha estabilizado su comportamiento En efecto, desde 2018 se estabilizó la tasa de caída. Dado que con los arriendos se puede explicar el precio subyacente de la vivienda, posibilita un ajuste suave de los precios y su recuperación posterior.
Los principales ataques registrados son: homicidios, amenazas, heridos en atentados, masacres, secuestros, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Particularmente Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Meta, son los departamentos donde se registraron la mayoría de los ataques.
El SJR Ecuador observó que desde fines de noviembre de 2020 comenzaron a identificar más grupos familiares que llegan en condiciones muy precarias y sin recursos. "Los menores suelen presentar enfermedades respiratorias y niveles de desnutrición considerables", cita el informe.
Los habitantes del municipio de Barbacoas, donde están asentadas principalmente comunidades afrodescendientes de 10 consejos comunitarios1 , 15 resguardos indígenas del pueblo Awá2 y en cabecera municipal, son comunidad de acogida de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela3 , además, se han visto seriamente afectados por eventos de violencia, el conflicto armado y desastres ambientales. Estas comunidades, están expuestas al recurrente accionar de los grupos armados organizados  ( GAO ) , quienes, en su tarea de controlar territorios geoestratégicos para el desarrollo de las economías ilícitas  ( la siembra de cultivos de uso ilícito, corredores para el tráfico de drogas y la explotación minera ilícita ) , atentan contra la vida y el derecho a la libre movilidad de las comunidades.
La vulneración de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por el reclutamiento forzado y las pocas herramientas para continuar con la educación, aumentan las necesidades de respuesta institucional, en zonas apartadas y de difícil acceso.
Procesamiento de muestras para diagnóstico Hasta el 31 de marzo, el Instituto Nacional de Salud reportó el procesamiento de 8.936.791 pruebas PCR en 165 laboratorios adjuntos para diagnóstico de COVID 19, con 27.966 pruebas realizadas en las últimas 24 horas. A la fecha 2.013.300 muestras han arrojado un resultado positivo; sin embargo, este dato incluye segundas pruebas o más, a casos activos que aún no se recuperan. La capacidad máxima declarada por el INS es de 65.090 muestras/día. Positividad acumulada 22,5.
Las amenazas en contra de líderes y lideresas debilitan la estructura organizativa y los procesos comunitarios del pueblo indígena Awá y los Consejos Comunitarios, favorecen la pérdida de la cultura, estigmatizan a los líderes, generan inseguridad a las mujeres y las enfrenta a nuevas situaciones de riesgos, como la violencia basada en género y violencia sexual.
Para el caso de la población refugiada y migrante, se alerta de riesgos asociados a la utilización y reclutamiento por parte de los actores armados, explotación laboral, violencia sexual, desconocimiento de rutas institucionales y dificultades para la atención en protección, salud y educación, con mayores riesgos en zonas rurales.
933 Víctimas de desplazamiento forzado entre 2016 y 2020 reconocidas por el Registro Único de Víctimas  ( RUV )
Una política sólida de vacunación contra Covid 19 debe ser integral y dar prioridad a las poblaciones vulnerables a la infección y la muerte, incluidos los ancianos, los trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales. También se debe considerar a los grupos que han sufrido por el impacto de la Covid 19 y siguen siendo los más vulnerables: los pobres, las personas sin hogar, marginados y aquellos quienes padecen hambre.
El 27% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela encuestadas, manifestaron haber sufrido algún tipo de incidente que las puso en riesgo desde que abandonaron su país de origen. En relación con el tipo de incidente que lo ha afectado o del que fueron testigo, un 52,3% señaló haber vivido un robo y en un 27,2% haber recibido amenazas e intimidaciones.
Se notificaron 149 casos de malaria complicada, que proceden de
20 entidades territoriales y un caso procedente del exterior. Nariño,
Antioquia, Chocó, Risaralda y Vichada notifican el 59,8 % de los casos.
De los casos de malaria complicada el 56,4 %  ( 84 )  corresponde a hombres.
El 19,5 %  ( 29 )  se presenta en personas de 20 a 24 años y el 23,5 %  ( 35 ) 
ocurre en indígenas. Por lugar de procedencia, el 47,6 %  ( 71 )  proviene
de rural disperso. Por régimen de afiliación, el 65,8 %  ( 98 )  pertenece al
régimen subsidiado.
759.584 Venezolanos están de manera regular en el país, por lo que pueden trabajar legalmente. Muchos enfrentan discriminación, xenofobia y explotación en sus lugares de trabajo.
Las instituciones de salud en el Departamento del Amazonas han retomado a través de los medios de comunicación un llamado a la ciudadanía de continuar con las medidas de autocuidado por temor a que se presente un pico silencioso, recordando que en el departamento existe una transmisión activa. Como medidas preventivas el municipio de Leticia ha tomado medidas, implementar la ley seca, el cierre de bares y toque de queda en horas de la noche con el fin de disminuir el contagio entre la población. La tasa de incidencia y de mortalidad por cada 100,000 habitantes en el Amazonas, sigue superando el promedio nacional
En 2020, los costos de construir vivienda nueva aumentaron más que la inflación y que los precios de venta Hierros y aceros En 2011, los precios del hierro y el acero también fueron los responsables de incrementar los costos de la construcción Compensación de costos El menor crecimiento de los costos de la mano de obra  ( +2,5% anual y 28% de ponderación )  y de maquinaria y equipo  ( +0,6% anual y 5,4% de ponderación )  compensa el incremento de hierros y aceros
Los nuevos créditos de vivienda se redujeron durante 2020 y se concentraron más en las viviendas nuevas El valor promedio de los créditos se redujo para la vivienda nueva, en línea con la mayor penetración del crédito para VIS.
iii )  Seguridad alimentaria y nutricional  ( SAN ) : El difícil acceso a las zonas rurales, los altos costos, dependencia de alimentos externos al municipio y pérdida de la vocación agrícola, repercuten en la calidad de la alimentación familiar.
En los más recientes tres años, los hogares redujeron la capacidad de compra de vivienda Un hogar promedio colombiano requiere de cuatro años de ingresos completos para comprar una vivienda de precio medio en el país. Además, en la primera cuota hipotecaria está destinando el 27,1% de su ingreso. El esfuerzo se viene acercando al límite regulatorio para la vivienda No VIS  ( 30% ) .
El 20% de los colombianos ganan más de un salario mínimo. Además, el 41% del ingreso se concentra en el 10% más rico Dado que el ingreso de los colombianos más pobres es bajo, la capacidad de compra de vivienda será mayor cuanto más viviendas VIS se logren construir.
Los programas de alimentación complementaria no son suficientes, como el caso de aquellos focalizados para adultos mayores y los de alimentación escolar; dichas poblaciones presentan situaciones de abandono y falta de atención, superan la capacidad de atención necesaria y los requerimientos nutricionales de los niños y niñas en edad escolar
ii )  Salud: Limitado acceso a los servicios de salud en las zonas rurales del municipio, debido a la concentración de los servicios en las cabeceras municipales y centros poblados; pocas posibilidades de transporte y garantías de acceso a exámenes y atención médica prioritaria o especializada, baja cobertura en programas de salud sexual y reproductiva, así como de promoción y mantenimiento de la salud, en cursos de vida de mayor vulnerabilidad, con especial énfasis en las mujeres, niños y niñas rurales, con enfoque étnico.
La falta de agua segura y condiciones sanitarias adecuadas del entorno, han causado enfermedades endémicas que requieren una mayor atención, como infección respiratoria aguda  ( IRA )  y enfermedad diarreica aguda  ( EDA ) , así como el aumento de enfermedades crónicas y de interés en salud pública desatendidas, a razón de la concentración de las acciones dirigidas a la atención por COVID 19
La propiedad de la vivienda crece con el ingreso, mientras que el arriendo se reduce después de un umbral de renta del hogar En comparación con otros bienes del patrimonio de los hogares, la tenencia de vivienda es más estable a lo largo de los deciles de ingreso.
Ser hombre y estar empleado aumenta la probabilidad de tener una vivienda propia Sin embargo, también será importante analizar la propiedad de la vivienda de los inactivos, los cuales pueden pertenecer a un grupo de pensionados.
La diferencia entre hombres y mujeres es aún mayor en el número de hipotecas. Sin embargo es similar la edad en la que toman la decisión Las hipotecas se concentran entre 30 y 40 años
Los informales tienen mayor participación en la propiedad de la vivienda. Sin embargo, suelen tener déficit cualitativo Además, los hogares más pobres generalmente tienen necesidades cualitativas de vivienda porque son, en promedio, más grandes.
El arrendamiento se concentra antes de los 50 años. La propiedad  ( pagada )  entre 44 y 72 y las hipotecas entre 34 y 58 años Un 44% de la vivienda propia, pagada, se concentra en las personas mayores de 60 años. Mientras tanto, solo un 14% de las hipotecas las tienen estas personas.
Salud: Mejoramiento en frecuencia y calidad de las jornadas de salud tanto en la zona rural como urbana del municipio, teniendo en cuenta condiciones endémicas del territorio y de pandemia por la COVID 19. Incluir mejoramiento de los servicios de urgencias, en especial para la salud materna y la salud reproductiva.
Pérdida de los medios de vida y fuentes de ingresos del pueblo indígena Awá, que sustentan tradicionalmente su seguridad alimentaria y economía, en la caza y la pesca, cría de animales, cultivos tradicionales, la recolección de frutos y recursos naturales, esto debido a la contaminación de las fuentes de agua y ríos, la escasez de tierras fértiles para la producción agrícola de las familias, la deforestación por la explotación de recursos naturales y la tala de bosques, la escasez de animales silvestres y la difícil movilidad en el territorio por la violencia y el conflicto armado
El 72% de los comerciantes que reportaron dificultades  ( 25 )  para reabastecerse en el mes previo a la recolección de los datos afirmó que estos se transportan en camión, lo hacen por vías principales y secundarias y tardan en promedio 9 días en reabastecerse de estos productos
Se requieren medidas para la promoción de entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para la prevención del reclutamiento forzado y la mitigación del impacto del conflicto armado. Fortalecimiento de la Guardia Indígena, como mecanismo de protección de las comunidades, articuladas a programas de prevención y de gestión de riesgos, con las autoridades locales del municipio. Procesos con población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, para el acceso a rutas de atención y respuesta institucional, capacitación y formación a la institucionalidad local, en marcos de protección nacional e internacional, refugio y migración.
Intervenciones recomendadas para atender los sectores con necesidades: Protección: Plan de mitigación de riesgos y garantías para la protección de la vida, los derechos humanos y la libre movilidad de las comunidades étnicas en sus territorios. Seguimiento y atención a las emergencias por desplazamiento forzado y afectaciones por la presencia de grupos armados organizados en el territorio. Análisis integral de riesgos que presentan los líderes indígenas del pueblo Awá y los consejos comunitarios con población afrodescendiente, que garanticen la atención diferencial y salvaguarda de sus derechos.
Realizar acciones de promoción y educación para la salud, de eventos prevalentes en salud pública que afectan a mujeres y hombres en cursos de vida de mayor vulnerabilidad. Atención en salud y psicosocial de la población en riesgo por múltiples afectaciones, que pueda llegar a las comunidades más apartadas de los resguardos indígenas del pueblo Awá, consejos comunitarios y población refugiada y migrante, y que considere las necesidades y barreras específicas de cada grupo poblacional.
Especial énfasis en la vigilancia y atención de eventos de interés en salud pública, desde las acciones de promoción y mantenimiento de la salud física y atención psicosocial, espacios de encuentro y capacitación, que promuevan el fortalecimiento y protección de la medicina tradicional y ancestral, con enfoque étnico y de género, garantizando la protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas y jóvenes, frente a las graves afectaciones por el conflicto armado. Promover proceso intersectorial entre salud y WASH, para fortalecer el acceso a agua segura y la prevención de enfermedades de la piel y la diarrea, principalmente en niños y niñas.
Se requiere la implementación de proyectos productivos para el fomento de la economía familiar y el establecimiento de huertas para el autoconsumo, que contribuyan a disminuir las brechas relacionadas a la nutrición y que tengan en cuenta el enfoque étnico, diferencial y las necesidades y barreras específicas de los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. Además, la promoción en el consumo de alimentos variados y diversificados que impacten la nutrición de las familias, a partir de la recuperación de medios de vida tradicionales y saberes propios, la conservación de semillas del territorio y las plantas medicinales, que permitan la generación de ingresos y de pan coger, la conservación del medio ambiente, como medio fundamental para las actividades tradicionales de caza, pesca y aprovechamiento de los bosques.
Durante enero resultaron afectados por diferentes eventos asociados a fenómenos naturales, evidenciando un incremento de 550% en relación con el mismo período en el año anterior. El 89% de las personas tuvieron impacto por inundaciones cíclicas concentradas el departamento del Chocó y Nariño, particularmente en comunidades afrocolombianas, con impacto en sus medios de vída ante la pérdida de cultivos.
En la región andina y el occidente del país, también se registraron algunos deslizamientos, ocasionando limitaciones en la movilidad temporales. En menor proporción y contrario a estos eventos, en Norte de Santander se reportaron afectaciones por la sequía propia de la temporada.
Los desplazamientos masivos disminuyeron en un 77% en cuanto al número de personas afectadas comparados con enero de 2020. A pesar de la disminución, sigue siendo un motivo de preocupación, principalmente en departamentos como Valle del Cauca con el 38% de los afectados, Nariño  ( 31% ) , Norte de Santander  ( 11% )  y Chocó  ( 17% ) . Se destaca el deterioro de la situación en el Distrito de Buenaventura  ( Valle del Cauca ) , por los enfrentamientos urbanos y desplazamientos intraurbanos.
Los afectados por confinamiento pertenecen principalmente a comunidades indígenas de Chocó  ( 93% ) . Preocupa que continúa la tendencia en el aumento  ( 267% )  de los confinamientos respecto a enero del año anterior. Los eventos de confinamiento se presentan a causa de enfrentamientos entre grupos armados y amenazas, como parte de las disputas por el control social y territorial, y combates con Fuerzas Armadas.
Las comunidades étnicas siguen siendo las más afectados y vulnerables por estos hechos y el contexto en el que habitan; se presentan grandes necesidades en protección y garantías de seguridad, al igual que alojamiento, seguridad alimentaria, wash y salud, deteriorando sus condiciones de vida.
En enero se evidencia una disminución del 42% en los registros oficiales de víctimas de minas antipersonal en relación al mimos periodo 2020. Sin embargo, existe preocupación por el incremento en la utilización de Artefactos Explosivos Improvisados por parte de grupos delictivos organizados  ( GDO ) . Un 38% del total de las víctimas corresponde a niños y niñas. Los departamentos con más víctimas registradas en 2021 son Nariño  ( 75% ) , Antioquia  ( 16% )  y Córdoba  ( 16% ) . Así mismo, los departamentos con mayor número de incidentes por MAP y MUSE son Nariño  ( 40% )  y Norte de Santander  ( 20% ) . Los principales ataques contra infraestructura y bienes civiles que afectan la supervivencia de las poblaciones, incluyendo misiones médicas, se concentran en los departamentos de Chocó, Norte de Santander, Arauca, entre otros departamentos del centro y suroccidente del país.
En enero, respecto al estado de operación de la empresa, el 91,6% de las firmas encuestadas no presentó una afectación en su funcionamiento, el 8,2% operó parcialmente, el 0,2% tuvo un cierre temporal y ninguna presentó un cierre permanente. De las empresas que contaron con algún grado de afectación en su funcionamiento, el 93,2% afirmó que este tenía relación con el COVID 19.
En enero, el 8,4% de las empresas presentó alguna afectación en su operación, en un 93,2% relacionada con el COVID 19. El 28,2% de las empresas afirmó que el número de empleados disminuyó comparado con enero de 2020. Frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente el 28,5% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas
En enero, el Índice de Confianza Comercial se ubicó en 32,0%, lo que representa un incremento de 9,0 pps frente al mes anterior.
Este nuevo registro de migrantes ha sido celebrado por decenas de entidades en todo el mundo, pero aún está por verse lo más complejo: su implementación. Por ahora, los colombianos conocen el anuncio y la hoja de ruta, pero los entes especializados aún deben analizar y concertar el contenido del decreto. Una vez cerrado el decreto, la Cancillería emitirá las resoluciones que detallen cómo será exactamente el esquema.
Se estima una caída neta de la demanda por oficinas  ( nuevas y usadas )  en 2020 y 2021 Se estima que en 2022 y 2023 la absorción volverá a positivo y superará la producción de nuevas oficinas Con esto, el nivel de vacancia podría ubicarse en 16% en 2023
De los casi dos millones de venezolanos que hay en el país, el 90% vive de la economía informal y 56% no cuenta con un estatus migratorio regular, según cifras oficiales. Eso impide que, entre otras cosas, puedan recibir servicios sociales y económicos del Estado, que tengan un empleo formal, que arrienden un inmueble, que abran una cuenta de banco, que accedan al sistema de salud público o que, cuando se dé la oportunidad, sean vacunados en contra el covid 19.
El Gobierno anunció este jueves que extenderá la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo, sin embargo en esta nueva etapa habrá cambios para ciertas actividades económicas.
Lucas Gómez García, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, le dijo a La Silla Vacía: "No vamos a nacionalizar a nadie. Justamente un Estatuto Nacional de Protección permite una permanencia en el territorio durante un periodo de diez años, pero no le da la nacionalidad a esa población". De hecho, en esa entrevista con el portal político el funcionario ofreció quizá la descripción más específica que se ha dado sobre los derechos a los que accederán los venezolanos regularizados: ingresar al sistema de salud, tener acceso a educación y ser contratado de manera formal.
Según el plan del gobierno, los migrantes venezolanos que entren al esquema transitorio tendrán 10 años para normalizar su estatus.
La situación humanitaria de los migrantes es preocupante. El 80% de las personas que salen de Venezuela con rumbo hacia Colombia, en los últimos tres meses, han padecido hambre y no han podido acceder a servicios de salud.
La causa de la migración venezolana no es Colombia ni decisiones colombianas. Los venezolanos huyen por hambre, ausencia de recursos y posibilidades. El salario mínimo venezolano no alcanza ni siquiera para el 1% de la canasta familiar, que tampoco está disponible.
Tomando como referencia las cifras de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se registra el asesinato de 21 defensoras desde la Promulgación del Programa Integral de Garantías6 y 20 defensoras desde la posesión del actual gobierno
La decisión de cierre y apertura de frontera tiene que ver con diferentes actores. Estamos en medio de una pandemia y la principal causa de cierre es la situación hospitalaria en zonas de frontera, la disponibilidad de ventiladores, UCI y demás. Como es previsible que con la apertura tengamos una mayor demanda de servicios médicos, no es responsable abrir la frontera cuando no hay posibilidad de ofrecer esos servicios médicos a una población que lo necesita. Por ahora está cerrada hasta marzo y este mes evaluaremos si se extiende el cierre.
Recently in another cross sectional study in Colombia, assessing perceptions of COVID 19 vaccination among physicians found that around 91% of them are willing to get vaccinated
Esta semana se notificaron 14 muertes en menores de 5 años: 9 probablemente asociadas a infección respiratoria aguda, 2 a desnutrición y 3 a enfermedad diarreica aguda.
Alrededor de 28 millones de personas en 38 de los 43 países o territorios con análisis de CIF/CH se hallaban en situación de Emergencia  ( Fase 4 de la CIF/CH )  y necesitaban medidas urgentes para salvar vidas y medios de subsistencia
La cobertura del estatuto temporal de protección es para tres grupos de migrantes: los casi 800.000 venezolanos regulares que ya están en el país, aquellos de estatus irregular que estuvieron en Colombia a 31 de enero de 2021 y quienes son regulares que ingresen por un punto de control migratorio durante los próximos dos años.
Los comerciantes reportaron estar en la capacidad de reabastecerse en promedio del 88% de los productos alimenticios y del 92% de los productos no alimenticios para los que reportaron información
Juan Francisco Espinosa desmintió algunos mitos alrededor del estatuto. “Los migrantes no pueden participar, por ley, en elecciones. No están habilitados, no son votantes'. En este orden de ideas, es un mito que el estatuto ponga en riesgo la democracia. Al contrario, la protege, afirmó el alto funcionario.
El 69% de los encuestados reportó haber recibido en los 30 días previous a la recolección de datos algún tipo de ayuda o asistencia ya fuese en efectivo, bonos, especie o servicios.
Este estatuto de protección es un mecanismo jurídico y tendrá una vigencia de diez años, durante el cual los migrantes venezolanos deberán pasar al régimen ordinario de visas. “Es una ventana de oportunidad que permite mayor inclusión financiera, social, económica, al sistema de seguridad, mayores posibilidades de acceso a servicios"
La encuesta muestra que el 64,6% de los refugiados y migrantes de Venezuela tienen necesidades de referencia a servicios especializados; es decir solo el 35,4% de los hogares encuestados, respondió no tener la necesidad de ser referenciados a un servicio especializado.
El estatuto es una realidad. Y fue estructurado desde 2020 por parte de Migración Colombia cuya principal tarea fue obtener el registro único de migrantes del vecino país y la tecnología que permitiera la biometría para identificar a los ciudadanos venezolanos.
Según el análisis del último periodo epidemiológico, el país se
encuentra en situación de seguridad para malaria, como lo muestra
el canal endémico
Ahora publicarán el decreto durante quince días e iniciará la primera fase del estatuto: los migrantes cargarán su información a un sistema que le permita al Gobierno caracterizarlos. Posteriormente, se presentarán ante la autoridad migratoria donde Migración obtendrá sus huellas dactilares, el iris, fotografías que apoyen al migrante y proteja al país.