nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
En el caso de Leticia, la mayoría de los comerciantes consideran estar de acuerdo c o n l a s m e d i d a s p a r a controlar el COVID 19. Sin embargo, para aquellos que no están en el ramo de adquisición de bienes de p r i m e r a n e c e s i d a d maniﬁestan que con toda esta normatividad las ventas han disminuido en un 80%.
El alcalde de San Antonio del Táchira, William Gómez, acotó que el tránsito por el Puente Internacional Simón Bolívar solo está autorizado para casos humanitarios que son “aquellos de personas con doble nacionalidad o con identidad colombiana o bien van a tratamiento médico o cualquier otra emergencia de salud' o a aplicarse la vacuna anti covid.
se escuchó a los líderes de la comunidad sobre las posibilidades de retorno bajo tres principios: voluntariedad, dignidad y seguridad, y se espera que para los próximos días el alcalde de este municipio convoque el Comité de Justicia Transicional con el propósito de abordar el tema del Plan de Retorno y Reubicación de la población afectada por el desplazamiento'.
En cuanto a las lluvias, señaló que afectan el tránsito fronterizo porque muchas personas ingresan o salen del país a través de las trochas y luego no pueden regresar “y las autoridades para evitar que esas personas tomen el riesgo de pasar por el río crecido ha flexibilizado el paso  ( … )  por el Puente Internacional Simón Bolívar'.
Detalló que además se ha autorizado el paso de casos humanitarios por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.
Las consecuencias del duelo son muchas e incluso podrían afectar a los menores de edad, cosa que todavía está por verse en la migración venezolana. Germán Casas, presidente de Médicos Sin Fronteras  ( MSF )  para Latinoamérica, afirmó aEl Espectador: “Los efectos difíciles del arraigo complejo y del desarraigo generan una serie de traumas psicolológicos que se pasan de generación en generación. Estoy absolutamente seguro de que en unos años habrá estudios para la población migrante venezolana, algo evidente, porque el funcionamiento psicolólogico afectado va a crear estas reacciones como lo ha hechos en otros lugares del mundo'.
La exclusión de las familias del PNIS agrava la situación ya compleja que en  frentan, derivada de los retrasos y desarticulación entre componentes. Las fami  lias que son excluidas pueden quedar de manera parcial o total sin los cultivos con los que subsistían y sin ninguna garantía por parte del Estado para continuar la sustitución.
La Amazonia colombiana presenta una alta pluvio  sidad, lo cual contribuye a mantener importantes fun  ciones ecosistémicas como la de regulación climática a nivel regional y global, aportando a la adaptación al cambio climático.
En mayo de 2021 se observó una concentración de las conexiones a Facebook de refugiados, migrantes y retornados desde Venezuela en los departamentos más grandes del país, tales como Bogotá  ( 360.000 ) , Antioquia  ( 180.000 ) , Atlántico  ( 140.000 )  y Valle del Cauca  ( 130.000 ) , seguido de Norte de Santander  ( 120.000 )  y Santander  ( 69.000 )  los cuales son la principal ruta de ingreso al país. Se resalta que la Costa Caribe es la región donde se encuentra mayor dispersión y presencia de conexiones a Facebook de esta población.
Según el último reporte de la Secretaria de Salud del Departamento de Amazonas, la capital amazonense concentra el 96,7% de los casos por Covid  19 confirmados, 108 de ellos son indígenas.
En primer lugar, a corte de este informe continuaba siendo una preocupación la falta de claridad sobre las decisiones en torno a la forma en que serían incorporadas en el informe final las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y personas LGBT cometidas en el conflicto armado, sus impactos y las prácticas de resistencias desplegadas por las víctimas. La decisión por una incorporación trans  versal, un capítulo particular o un abordaje que integre ambas posibilidades tiene impactos importantes y distintos en la visibilidad de las graves situaciones que las mujeres y las personas LGBTI vivieron y la dimensión que desde el informe se otor  gue a estas. Sin embargo, en marzo de 2021, con posterioridad al periodo de análisis de este informe la CEV dio a conocer que el pleno de comisionados y comisionadas decidió no sólo apostarle a la transversalización, como lo exige su mandato, sino también elaborar la elaboración de un capítulo específico  ( El Espectador, 2021 ) .
A esta crisis se suman los efectos que dejan las fuertes lluvias registradas en los últimos días y que ocasionaron, entre otros, daños en la única vía de acceso a esa población, dejándola incomunicada.
El Comité Internacional de la Cruz Roja  ( CICR )  observa con preocupación las consecuencias humanitarias generadas en el municipio de Ituango  ( Antioquia )  por el conflicto armado, donde más de 4.000 personas tuvieron que desplazarse al casco urbano, dejando atrás sus hogares.
En enero se registraron enfrentamientos entre GANE y combates entre éstos con el Ejército en la vereda Las Cuatro, que se extendieron durante varios días; como consecuencia, la infraestructura de la escuela de la vereda se vio afectada por impactos de bala.
Hay registros de otros hechos de violencia armada por parte de los grupos armados no estatales en varias veredas y corregimientos como: amenazas, homicidios que han causado los desplazamientos individuales  ( de miembros de la Junta de Acción Comunal  JAC  y de personas en proceso de reincorporación y sus familias ) . Lo anterior, es muestra de la intensificación de la violencia y conflicto armado que genera un grave impacto humanitario a la población de este municipio.
El segundo evento ocurrido el 9 de mayo, es el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia y con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional. Ese día resultó herida la defensora de derechos humanos Indígena Daniela Soto y resultaron heridas 10 personas pertenecientes a Pueblos Indígenas.
Por último, en el informe se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usando la fuerza de manera excesiva actuaron coordinadamente con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.
Aunque, podría pensarse que no hay una relación entre esos dos fenómenos en Colombia, lo cierto es que la pandemia, dadas las múltiples medidas preventivas restrictivas que fueron tomadas para hacerle frente, aumentó situaciones de desprotección y vulnerabilidad de las mujeres en las diferentes regiones. La respuesta del Es  tado, desde el nivel nacional, no fue lo suficientemente organizada y garantista para abordar los efectos sociales, económicos y políticos de la pandemia.
Cali ha sido un epicentro alarmante de reportes de represión violenta y violaciones a los derechos humanos. En la capital del departamento del Valle del Cauca, se reporta al menos el 70% de los asesinatos de personas en el contexto de manifestaciones sociales, así como graves denuncias de posibles desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y violencia armada por parte de civiles con aquiescencia y tolerancia de la fuerza pública.
Por su parte Temblores ONG reporta 28 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, en su boletín con corte al 26 de junio45. En informe conjunto presentado ante la CIDH, las organizaciones Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y la Fundación GAAT, entre otras organizaciones, reportaron cinco casos de violencia contra personas LGBTIQ+ que han participado en las manifestaciones
En efecto, la profundización de la precariedad laboral en el sector informal ha agravado la situación de las personas LGBTI que son el sustento principal de su familia. En particular, algunas mujeres trans debieron optar por el trabajo se  xual como única alternativa para sobrevivir, situación que las deja mayormente expuestas al contagio del virus y, a su vez, a la discriminación que suelen recibir en el sistema de salud  ( Instancia Especial de Mujeres, 2020b ) .
La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada registró que 775 personas estuvieron desaparecidas, de las cuales aún faltaba localizar a 32747. El 22 de julio la ´Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas´ informó que en julio al menos dos personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas fueron halladas sin vida en circunstancias por esclarecer
En este contexto que suma dificultades previas en el país, en términos del conflicto, las garantías para la vida de lideresas y defensoras y para quienes firmaron la paz, sumado a esto las derivadas de la pandemia por el COVID 19 y también la respuesta gubernamental tardía, parcial y poco integral, la imple  mentación del Acuerdo de Paz con una incorporación efectiva del enfoque de género es una prioridad.
Aun cuando, a diciembre de 2020 el número de medidas sin iniciar implemen  tación disminuyó levemente, varias medidas que presentaban avances parciales en el periodo de análisis anterior, durante 2020 bajaron su ritmo de ejecución, así como también, medidas que presentaban avances oportunos. Es decir, en 2020, no sólo no se revirtió la tendencia de una implementación parcial y lenta de las medidas de género del Acuerdo de Paz, sino que por el contrario esta tendencia se consolidó.
La Fundación para la Libertad de Prensa  ( FLIP )  denunció que, del 28 de abril al 26 de junio, se reportaron 91 agresiones físicas contra periodistas que cubren las manifestaciones del paro nacional. También denunciaron 42 amenazas, nueve detenciones arbitrarias y 14 hechos de eliminación de material periodístico.
Se han adecuado Instituciones Educativas en el casco urbano del municipio, dos de las cuales fueron afectadas por el vendaval. Es necesario adecuar espacios de albergue y reparar los que fueron averiados.
Es necesario analizar las condiciones de los albergues dispuestos, con el fin de garantizar el acceso a suficientes sanitarios y agua potable.
Se requiere seguir apoyando la realización del censo de la población afectada, con el fin de tener información que ayude a formular respuestas afines a las necesidades de la población.
se requiere dotar los albergues de elementos para la preparación de alimentos  ( estufas, ollas, vajillas, cubiertos y combustibles ) .
Se requieren kits de albergue  ( Colchonetas cobijas, sabanas ) . El gas se está acabando y esto llevaría que se deba utilizar leña, lo cual trae riesgos de salud y seguridad,
Las comunidades desplazadas requieren apoyo para conseguir alimentos, debido a que dejaron en la vereda sus medios de vida y cultivos de pancoger.
La Secretaría de Gobierno manifiesta escasez de papa, panela y huevo. Se estima que, debido a las restricciones de acceso por los deslizamientos, el 6 de agosto habrá desabastecimiento total de alimentos en el municipio.
Debido a la pandemia por la COVID 19 es necesario garantizar la provisión de elementos de bioseguridad y protocolos para la prevención del contagio de las comunidades afectadas. También se requiere realizar un tamizaje de la población desplazada para determinar qué personas pueden requerir atención médica, especialmente para mujeres gestantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Se requiere brindar atención psicosocial a la población desplazada.
La alcaldía municipal de Ituango manifiesta que las unidades sanitarias disponibles no son suficientes para el número de personas desplazadas, así como la necesidad de kits de aseo e higiene. También se requieren pañales de todas las etapas.
Se requiere solicitud de coordinación con el nivel departamental y nacional de acuerdo con la capacidad del municipio, además de la participación de las víctimas. Activar procedimientos de protección de bienes abandonados. Favorecer condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad para el retorno.
Se requieren capacitaciones y kits de uso de tiempo libre para 1.300 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Socios del ELC Antioquia e instituciones del gobierno local y departamental han manifestado requerir apoyo para el ingreso de ayudas humanitarias a través de helicóptero, debido a las restricciones de acceso que se presentan por el deslizamiento y vendavales en la zona.
Tales organizaciones denunciaron además más de 300 personas presuntamente desaparecidas en el marco de las protestas9, de las cuales al menos dos fueron encontradas sin vida en circunstancias por esclarecer10 y la demás estarían pendientes de ser localizadas
En ese contexto, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la muerte de al menos 28 personas entre el 28 de abril y el 28 de junio pasados5, como resultado del accionar ilegal de la fuerza pública. Además, han documentado al menos 90 casos de lesiones oculares6 y 28 casos de violencia sexual en el marco de manifestaciones
Las prácticas evidenciadas en Cali  que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas , son un reflejo de cientos de denuncias recibidas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país.
La ‘Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas'  red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y derechos humanos  reportó en su último boletín del 30 de junio42, que desde el 28 de abril se han registrado 84 personas muertas en el marco del Paro Nacional, de las cuales 28 son presuntamente atribuibles a la fuerza pública, siete presuntamente cometidos por civiles armados y 16 de estos casos se encuentran en verificación de su relación con la protesta social.
1. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación  ( PGN )  en su informe sobre el acceso a tierras en el marco del Acuerdo de Paz, los proyectos principales que implementan este aspecto del Acuerdo «han estado desfinanciados con déficit presupuestal de más del 50 % durante los últimos tres años»  ( PGN, 2021 ) .
En especial, le preocupan a la organización las numerosas denuncias de la violencia ejercida contra mujeres defensoras de los derechos humanos53 en Cali, Bogotá, Popayán y Palmira. Amnistía Internacional documentó el caso de Daniela Soto, defensora de los derechos humanos indígena, que resultó herida el 9 de mayo en Cali como consecuencia del ataque armado presuntamente llevado a cabo por civiles armados y con aquiescencia de la Policía Nacional, contra la Minga Indígena.
Amnistía Internacional publicó una denuncia el 4 de mayo75, con evidencia audiovisual verificada por su Cuerpo de Verificación Digital, y confirmó que la Policía Nacional ha usado armamento letal contra manifestantes pacíficos en varios incidentes a nivel nacional, así como armas menos letales de manera indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua.
4. La Línea Especial de Crédito  ( LEC )  para compra de tierra fue aprobada en 2019 con condiciones financieras específicas para las mujeres rurales de bajos in  gresos. No obstante, a diciembre de 2020 ninguna mujer había sido beneficia  ria. Su implementación inició a finales de 2020, solo dos hombres han obteni  do este crédito.
En cuanto a las denuncias de violencias basadas en género, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de la ocurrencia de al menos 15 casos ocurridos contra mujeres afrodescendientes en el marco de protestas en Cali
Amnistía Internacional pudo verificar cientos de videos de Cali, en los que se puede evidenciar que los agentes del ESMAD no cumplen con los protocolos de utilización de armas menos letales y, por el contrario, causan lesiones o incluso la muerte a personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica
Amnistía Internacional ha recibido denuncias de otros tres casos de mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el marco de manifestaciones en Cali, quienes denuncian haber sido agredidas por agentes de la Policía Nacional, algunas cuando se encontraban bajo custodia en lugares transitorios detención.
Amnistía Internacional realizó entrevistas a testigos, víctimas de hechos violentos, organizaciones de derechos humanos y funcionarios de la Defensoría del Pueblo y realizó una exhaustiva verificación de materiales audiovisuales, en los que se evidencia que ese día, civiles armados, actuando en con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía, atacaron a los manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos. Además, se documentaron casos de detenciones violentas realizadas por civiles armados, quienes luego entregaron a las personas a la Policía. Las víctimas denuncian detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos.
Desde el 19 de julio se presentaron amenazas por parte de los GANE en contra de comunidades campesinas de las veredas Quebrada del Medio  ( 294 personas ) , San Isidro  ( 55 ) , Alto del Limón  ( 101 ) , Los Sauces  ( 117 ) , Las Brisas  ( 117 ) , El Quindío  ( 218 ) , Arañas  ( 87 ) , El Chuscal  ( 68 ) , Santa Lucía  ( 300 ) , Cedral  ( 292 ) , Chontaduro  ( 128 ) , Palmitas  ( 114 ) , El Herrero  ( 83 ) , Cenizas  ( 63 ) , Murrapal  ( 119 ) , Mandarino  ( 212 ) , El Yolombo  ( 1 ) , La Granja  ( 364 ) , La Miranda  ( 205 ) , Monte Alto  ( 149 ) , El Rio  ( 101 ) , Bajo Inglés  ( 145 ) , Quebradoncita  ( 116 ) , La Georgia  ( 201 ) , San Luis Chispas  ( 116 ) , San Agustín  ( 28 ) , El Capote  ( 1 ) , Reventón  ( 4 ) , El Llanón  ( 84 ) , Santa Ana  ( 79 ) , El Amparo  ( 137 )   ( ver Tabla No. 1 ) , pertenecientes al municipio de Ituango  ( Antioquia ) , generando el desplazamiento masivo de aproximadamente 4.099 personas  ( 1.687 familias ) .
El municipio de Ituango comprende el 54 por ciento del territorio del Nudo de Paramillo  ( Ituango y Peque en Antioquia y Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta en Córdoba ) . Es un lugar estratégico por su ubicación que comparte con las subregiones Norte, Bajo Cauca y Occidente antioqueño y Sur de Córdoba y por ello es objeto de disputa histórica por el control territorial de diversos grupos armados no estatales  ( GANE ) .
Además de la emergencia generada por el desplazamiento masivo, se presentan restricciones de acceso debido a reparaciones que están haciendo en la vía hacia Ituango, cerca al Tunel de Chirí, entre los sectores de Puerto Brujas y El Bombillo, por un deslizamiento generado por la temporada de lluvias, por lo cual el acceso para trasladar respuesta humanitaria únicamente ha sido posible por vía aérea.
el Ministerio de Educación Nacional se encuentra desde 2019 implementando una estrategia que busca la promoción, acceso y permanencia de las mujeres en carreras no tradicionales, en clave de trayectoria educativa.
El primero denominado “Operación Siloé', ocurrida el 3 de mayo de este año, en el que se evidencia una incursión de agentes de Policía Nacional en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia  ( GOES ) , que usaron armas letales como fusiles Tavor 5.56 mm contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres personas muertas por herida de arma de fuego, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.
Preocupan las denuncias de amenazas, agresiones y violencia ejercida por agentes de la policía y el ESMAD contra defensores y defensoras que acompañan las manifestaciones, así como el reporte del asesinato del joven defensor indígena Sebastián Jacanamejoy el 28 de mayo en Cali 52 . Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias de agresiones, ataques armados, actos de intimidación y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en todo el país y, particularmente, en la ciudad de Cali. Sumado a esto, la organización recibió numerosas denuncias de agresiones, amenazas y violencia ejercida contra misiones médicas, al punto de limitar la posibilidad de salvar vidas de personas heridas.
El Acuerdo toma en consideración que las mujeres enfrentan mayores barre  ras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política, que son consecuencia de desigualdades y discriminaciones, así como de condicio  nes estructurales de exclusión y subordinación. Para hacer frente a esta situa  ción se establecen medidas afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los diferentes espacios de representación social y política.
3. En la subregión Putumayo Caquetá se repor  ta un crecimiento del 20 %. El departamento del Putumayo paso de 25.162 a 29.589 ha., y el Caquetá de 9.343 a 11.793 ha. A pesar de lo anterior la tendencia de la región es a la estabili  zación, siendo la tercera con mayor cantidad de hectáreas sembradas con coca al concentrar el 24 % del área del país.
Durante enero y junio de 2021, el número de víctimas por desplazamiento masivo ha aumentado en un 191% en comparación con el mismo periodo de 2020. Es preocupante que, en el primer semestre de 2021, ya se sobrepasó la cifra total de desplazados en eventos masivos, reportados en todo el año 2020.
Esto se debe en parte al incremento en los ataques contra la población civil que han aumentado en un 42% en comparación con el mismo periodo de 2020. • De las más de 44.000 personas desplazadas, hasta la fecha, los reportes indican que, sólo el 14% de las víctimas de desplazamiento han regresado a sus hogares.
Por otra parte, al menos 86% o 34.116 personas se mantienen en situación de desplazamiento con múltiples necesidades intersectoriales en sus comunidades de acogida, ante la imposibilidad de tener un retorno seguro debido a las condiciones de seguridad inadecuadas que se mantienen en el territorio.
El impacto humanitario sobre la población de los departamentos de la región Pacífica y Noroccidente es preocupante, ante la multiplicidad de emergencias que se presentan allí y que además desbordan la capacidad de respuesta de las administraciones locales y de los socios locales de los ELC. Las zonas concentran el 86% de los eventos de desplazamiento masivo reportadas en el primer semestre del año. Nariño, Valle del Cauca y Cauca, lideran con el mayor número de personas desplazadas, seguidas por Antioquia, Córdoba y Chocó.
Las medidas que señalan el desarrollo de programas de promoción de la parti  cipación y liderazgo de la mujer en la política y de formación sobre sus derechos políticos se encuentran en ejecución. No obstante, los resultados no son los es  perados desde la perspectiva de las mujeres que se han beneficiado de estos programas. Como lo señaló en su último informe sobre el enfoque de género el Instituto Kroc: «estos programas específicos han llegado a un escaso número de mujeres y deberían haberse diseñado con un alcance mayor y con unos ob  jetivos a largo plazo para conseguir un mayor impacto»  ( Instituto Kroc, 2020 ) .
Durante el primer semestre del año, se recibieron reportes de acciones armadas dentro de los resguardos indígenas y consejos comunitarios, cerca de escuelas, caminos y cultivos de pancoger utilizados por la población civil en sus actividades diarias
A pesar de la disminución de las acciones armadas  ( combates, hostigamientos, emboscadas, incursiones armadas, entre otras ) , sí hay un aumento visible  ( 42% )  sobre los ataques directos contra la población civil  ( amenazas, atentados, homicidios, desapariciones forzadas, entre otros )  que son las causas principales de los eventos de desplazamiento masivo.
En el primer semestre de 2021, al menos 39.902 personas han sido confinadas en Colombia. El 56% de las 27 emergencias por confinamiento reportadas por los Equipos Locales de Coordinación, fueron causadas por amenazas directas contra las comunidades, un 30% fueron causados por enfrentamientos entre grupos armados no estatales  ( GANE )  y al menos un 11% se asocian a la contaminación por Minas Antipersonal  ( MAP )  y Municiones sin Explotar  ( MSE ) .
La afectación es particularmente grave en el municipio de Bojayá, donde las comunidades se ven constantemente afectadas por la disputa territorial entre diferentes grupos armados no estatales  ( GANE ) . El departamento lidera con el mayor número de personas confinadas reportadas, seguido de Antioquia  ( 5.489 personas confinadas )  y Nariño  ( 4.218 ) . En algunos casos las comunidades confinadas se ven forzadas a desplazarse posteriormente ante la intensidad de la violencia armada en sus territorios.
Otros departamentos que reportaron confinamientos entre enero y junio de 2021 son Cauca, Córdoba, Valle del Cauca, Putumayo y Risaralda. En los casos particulares de Córdoba y Risaralda, cabe resaltar que primero se generó un desplazamiento y posteriormente la comunidad desplazada y receptora tuvieron que confinarse ante amenazas de grupos armados no estatales y/u operaciones militares que tuvieron lugar dentro de resguardos indígenas y comunidades rurales
Los departamentos que lamentablemente concentran el mayor número de afectados son: Norte de Santander con 17 víctimas y Nariño con 13 que a su vez albergan dos de los principales enclaves productivos de cultivos de uso ilícito en el país, Catatumbo  ( Norte de Santander )  y Tumaco  ( Nariño ) .
En Montería, desde el 22 de agosto se presentaron inundaciones en zonas rurales y urbanas del municipio.
Durante junio, se sumaron 9 víctimas por Minas Antipersonal  ( APM )  y Municiones sin Explotar  ( MSE ) . Entre enero y junio, se han reportado 73 víctimas registradas por la autoridad nacional, Descontamina, de las cuales el 61%, son civiles.
Los departamentos con el mayor número de personas afectadas son: Putumayo  ( 43.188 damnificados )  Magdalena  ( 40.097 ) , Chocó y Bolívar  ( con más de 31.000 cada uno ) .
Los accidentes generalmente están ubicados en zonas rurales que presentan retos en las vías de acceso, por ello, muchas de las víctimas no acceden a los mecanismos institucionales para obtener la ruta de respuesta y no hacen parte de las estadísticas oficiales mencionadas.
El 80% de las emergencias por desastres de origen natural, fueron causadas por inundaciones y crecientes súbitas o desbordamiento de ríos que afectaron directamente al menos 21.145 viviendas, miles de hectáreas de cultivos de pancoger y de comercialización de las comunidades, entre otros medios de vida.
Las causas de desplazamientos masivos se asocian principalmente a amenazas  ( individuales o colectivas )  dirigidas a la población civil por parte de Grupos Armados No Estatales  ( GANE ) . Durante el primer semestre de 2021, al menos un 62% de los 97 desplazamientos masivos reportados se relacionan con amenazas. Además, un 27% de las emergencias, fue generada por enfrentamientos entre GANE y hostigamientos. Otras causales de desplazamiento masivo se atribuyen a combates  ( 2% de los eventos ) , atentados, homicidios intencionales, incursión armada y desaparición forzada  ( 1% cada uno ) .
Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, solo espera a que se materialicen las donaciones de vacunas que prometieron países como Canadá y España. De la última donación de Estados Unidos se destinarán alrededor de 500.000 vacunas para esta población.
Educación en Emergencia: Se requiere implementar una estrategia integral de educación en emergencias por el riesgo de deserción escolar, tanto por causa del cierre de escuelas en el marco de la pandemia como por la situación de violencia y conflicto armado recurrente en la zona, que está dejando consecuencias humanitarias.
os tres países avanzan lentamente en la inmunización de los pueblos indígenas, ya que el proceso de concertación y coordianción entre las instituciones de salud y las organizaciones indígenas ha presentado retrasos.
Las autoridades indígenas alertan sobre el riesgo de contagio de la COVID 19 y otras enfermedades: dengue, zika, malaria, enfermedades diarreicas agudas – EDA e infecciones respiratorias agudas – IRA.
Durante la noche y la madrugada pueden ingresar al Urabá antioqueño unos mil doscientos migrantes aproximadamente.
La población rural de las áreas no municipalizadas tienen que realizar largos desplazamientos hacia los cascos urbanos para recibir los servicios básicos de salud, y el acceso a un centro de mayor complejidad requiere de traslado aéreo.
Las altas precipitaciones aún continúan en la zona y generan un riesgo latente para la población.
Se estima que el 59 por ciento de la población del departamento del Amazonas  ( COL )  enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa; en la zona fronteriza con Brasil esta cifra es del 42 por ciento, mientras que en las zonas con Perú se estima que es del 49 por ciento.
El pasado 04 de julio la Gobernación del Amazonas recibió 8.550 dosis de vacunas de una sóla dosis para iniciar el proceso de inmunización en las áreas no municipalizadas que se caracterizan por ser rurales y dispersas, hasta el 28 de julio se han aplicado 1.300 dosis.
En la zona de la Triple Frontera Amazónica se ha presentado desde el mes de abril una disminución progresiva en el número de casos de la COVID 19, atribuido a la priorización de vacunación en ciudades y centros poblados fronterizos que establecieron los gobiernos de Brasil, Colombia y Perú.
Vale la pena destacar que, la región de la Triple Frontera Amazónica fue significativamente impactada por la COVID 19 desde el inició de la pandemia, dejando a su pasó una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes.
Las acciones de violencia armada reflejadas en homicidios, amenazas, hostigamientos y enfrentamientos han causado múltiples emergencias humanitarias en la población civil  ( desplazamientos masivos y confinamientos ) , de las cuales destacamos el desplazamiento de al menos 578 personas  ( 166 familias )  en dos eventos registrados en julio.
Por otro lado, la crisis económica y social continúa agudizándose en la zona de la Triple Frontera Amazónica. Las autoridades han informado sobre el aumento de actividades ilícitas  ( narcotráfico )  y explotación de recursos naturales  ( minería ilegal de oro y explotación de maderas )  y narcotráfico como un mecanismo de afrontamiento negativo y ante la falta de recursos económicos y la pérdida de empleos.
El aumento de las lluvias que se presentaron en la Amazonia durante los meses de mayo y junio provocó el desbordamiento de los ríos Igaraparaná y Putumayo, junto a sus principales afluentes, generando inundaciones y afectando a los centros poblados y a más de 50 comunidades indígenas ubicadas sobre la margen de estos ríos, cabe destacar que durante esta temporada de lluvias los ríos en mención superaron la cota de inundación promedio.
Colombia, Brasil y Perú con base en la evidencia epidemiológica priorizaron la vacunación en ciudades y centros poblados en la Triple Frontera Amazónica, como medida para establecer un bloque epidemiológico en región, generar menor transmisibilidad, disminuir los contagios y proteger a la población.
Por último, la Corte Constitucional reiteró que negar la inscripción de un niño en situación migratoria irregular es inadmisible ante la Constitución Política, además de que “desconocen la realidad de los menores que han migrado por la situación económica, política y social de su país de origen, y han llegado al territorio colombiano en serias condiciones de vulnerabilidad'.
La región de la Triple Frontera Amazónica continúa teniendo impacto por factores socio económicos, agudizados por la pandemia de la COVID 19, particularmente en las comunidades indígenas que allí habitan. La pandemia amenaza no sólo la vida de las personas, sino los medios de subsistencia de estas poblaciones.
Aunque los casos de la COVID 19 han disminuido progresivamente en la Triple Frontera Amazónica, es importante señalar la falta de pruebas diagnósticas en las comunidades indígenas que viven en zonas rurales y dispersas, generando un subregistro y la falta de atención en salud en estas zonas genera mayor vulnerabilidad de estas poblaciones al contraer la COVID 19.
En relación con este escenario, se han identificado factores de riesgo para la población de esta zona, tales como: violencia armada, comercio sexual de niños, niñas y adolescentes, reclutamiento de menores de edad, tráfico y trata de personas, amenazas extorsivas, entre otros hechos de violencia, generada por la presencia de grupos armados no estatales  ( GANE ) , según una Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para el departamento del Amazonas  ( Colombia )
Es importante resaltar que, la gran extensión territorial, la baja densidad poblacional, los altos costos de traslado de personal y de ayuda humanitaria, la escasez de vía de acceso y medios de transporte en el Amazonas ha dificultado la llegada a las áreas no municipalizadas.
Se evidencia el alto subregistro de las violencias sexuales en las áreas no municipalizadas, donde hay una baja presencia institucional, de capacidad del seguimiento de las rutas de denuncia y atención de supervivientes de violencias sexuales y otras violencias basadas en género  ( VBG ) ; en otras áreas no se tiene acceso a la justicia por parte de la población. En lo corrido de 2021, la Policía Nacional no ha reportado casos de delitos sexuales fuera de Leticia y Puerto Nariño  ( Amazonia, COL ) , y solo 21 víctimas de estos delitos han denunciado ante esta institución  ( 9 niñas, 3 niños, 3 adolescentes, 5 mujeres y 1 hombre )
Se hace necesario realizar acciones encaminadas al monitoreo de la calidad del agua, rehabilitación y adecuación de sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua en las instituciones educativas y centros de salud, teniendo en cuenta que el 73 por ciento de la población del departamento del Amazonas  ( COL )  no tiene acceso a agua segura, esta situación es similar en las poblaciones de la Triple frontera Amazónica.
Las inundaciones han sido constantes durante el 2021 en todo el departamento. En lo transcurrido del año el ELC Arauca ha elaborado tres alertas humanitarias por inundaciones1, cuyos damnificados superan las 100 mil personas.
Se requiere especial atención a las zonas rurales del departamento, donde los cultivos y medios de vida han sido afectados gravemente durante todo el año, toda vez que desde el mes de febrero las inundaciones han sido recurrentes en el departamento y con las nuevas inundaciones durante el mes de julio, la situación se ha deteriorado.
El Secretario de Gobierno departamental reiteró la solicitud de apoyar con suministro de agua potable, en lo posible carro tanques de manera individual o en reservas comunitarias, ya que los acueductos veredales se han visto afectados, disminuyendo la disponibilidad de agua potable y aumentando la dificultad para su almacenamiento.
El acueducto del corregimiento Puerto Nariño  ( Saravena )  sigue presentando fallas en algunos puntos del centro poblado, lo que dificulta el acceso a agua potable por parte de la comunidad.
Posteriormente las afectaciones se extendieron hasta los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón. De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por la UNGRD a corte 28 de julio, al menos 11.868 familias  ( 47.472 personas )  han resultado afectadas por las inundaciones. De estos aproximadamente 5.972 son personas de nacionalidad venezolana  ( 1.493 familias ) , según las cifras recopiladas por socios GIFMM ELC.
El 11 de julio, fuertes precipitaciones en el piedemonte llanero y parte alta del Río Arauca provocaron el aumento en los niveles del caudal de al menos once ríos del departamento  ( Arauca, Ele, Cusay, Banadía, Bojabá, Caranal, Cravo Norte, San Ignacio, Cravo, Meta y Casanare ) , cuyo desbordamiento afectó las viviendas y los medios de vida de las poblaciones ubicadas en las zonas rurales y urbanas de Saravena, Arauquita, Tame, Fortul y Arauca.
En la comunidad de Zarabanda, han sido afectadas 37 familias  ( 185 personas ) , y en el casco urbano entre las calles 24 y 26 con Avenida Primera, Los Bongos y Playa Brígida.
El desbordamiento del río Arauca y el rompimiento del dique perimetral causó inundaciones en sectores habitados por población refugiada y migrante proveniente de Venezuela y población desplazada y de acogida del municipio de Arauca, principalmente en los asentamientos humanos informales de: Pescadito, Brisas del Puente, El Recreo, Los Güires, Monserrate, entre otros. Desde el inicio de la emergencia personas afectadas del sector de Pescadito instalaron alojamientos improvisados sobre la vía adjunta al río, con el fin de salvaguardarse de la inundación.
En junio, aproximadamente 3.052 personas fueron desplazadas en 9 eventos masivos ocurridos en Antioquia, Nariño y Cauca, consolidando cerca de 44,647 personas desplazadas en el primer semestre de 2021, en un total de 97 eventos. El incremento en el número de personas desplazadas en el primer semestre de 2021 fue del 193% en comparación con el mismo periodo de 2020. Cabe resaltar que el número de personas desplazadas en el primer semestre 2021, ya sobrepasó el total de personas desplazadas en eventos masivos reportados en todo el año 2020.
Según el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres  ( CDGRD )  con corte al 28 de julio al menos 11.561 hectáreas de cultivos fueron afectadas en todo el departamento de Arauca. Campesinos han reportado cuantiosas pérdidas de cultivos de pan coger  ( plátano, cacao, yuca, maracuyá, caña ) , así como la pérdida de semovientes, y aves de corral. El CDGRD prevé que el número de hectáreas afectadas sea mayor al reportado.
La región del Telembí que comprende los municipios Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas y Tumaco afronta una crisis con grave impacto humanitario y de protección en los civiles. Al menos 2.770 personas se desplazaron en Junio, debido a enfrentamientos entre GANE con presencia activa en el departamento.
Durante enero y junio de 2021, al menos 23.558 personas han sido desplazadas en emergencias masivas mientras que 4.218 fueron confinadas en Nariño. El departamento afronta una grave crisis humanitaria relacionada con la reciente llegada de un GANE al departamento, cuyas acciones armadas han incrementado el impacto humanitario sobre la población civil.
Al menos 168 personas se desplazaron de Dabeiba a Frontino tras amenazas de un grupo armado organizado  ( GAO )  contra los líderes indígenas de diferentes comunidades rurales. Este tipo de acciones evidencia el control social que ejercen los GANE sobre poblaciones vulnerables ubicadas en zonas rurales con baja presencia institucional.
On 18 August, the Colombia Government of Cundinamarca reported severe weather in Guayabetal, Cundinamarca that affected at least 176 people from 68 families.
En Necoclí, el ACNUR está monitoreando actualmente la situación de los movimientos mixtos que buscan cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. Según las autoridades municipales, 8 ferries transportarán diariamente personas a través del Golfo de Urabá, al menos 4 días por semana, a pesar del cierre de las fronteras y de las restricciones de COVID 19.
El ELC Putumayo, recibió solicitud de complementariedad para responder con el suministro de agua y el apoyo técnico para la recolección de datos de la EDAN en algunos municipios afectados por inundaciones: Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Orito, Valle del Guamez, Puerto Guzmán y Villagarzón, reportaron la afectación en al menos 20,400 personas. La Gobernación declaró la situación de calamidad pública mediante el decreto 0228.
Hasta el momento no hubo reportes sobre confinamientos de junio, pero sí se dieron a conocer 3 emergencias por este hecho victimizante en emergencias de mayo, específicamente en en Medio San Juan  ( Chocó ) , Pueblo Rico  ( Risaralda )  y Puerto Leguizamo  ( Putumayo ) , tras el accionar de grupos armados no estatales  ( GANE ) . Para el primer semestre de 2021, al menos 30.902 personas se han confinado en 27 eventos reportados.
Nuevamente, los departamentos del Pacífico  ( Cauca y Nariño )  concentran el 91% de las personas desplazadas en junio. Particularmente, Roberto Payán y Magüí Payán  ( Nariño )  concentran el 66% de personas afectadas durante este mes. Preocupa que la situación de la zona no mejore ante la presunta alianza entre dos GDO y las disputas entre éstos con otro GDO, que incrementaría el número de enfrentamientos y la consecuente afectación en la población civil. Las administraciones municipales de Roberto Payán, Magüí Payán y de municipios receptores como Tumaco y Barbacoas ya han informado sobre el desborde de capacidades para la atención integral a la población afectada por la violencia y el conflicto armado, mientras las organizaciones humanitarias reportan falta de condiciones adecuadas de seguridad  ( ante la presencia y accionar armado activo de los GANE )  para proveer atención humanitaria complementaria en las zonas afectadas.
En el caso del desplazamiento masivo de más de 2.300 personas, en su mayoría indígenas, desde zona rural de Tierralta hacia Monteria  ( Córdoba )  desde inicios de mayo, se destaca que, la población continúa ubicada en el parque principal de la ciudad, sin acceso a alojamientos temporales con condiciones dignas de habitabilidad, e inclusive se evidencian condiciones deplorables en cuanto al acceso a agua, saneamiento e higiene y servicios de salud de la comunidad desplazada.
En junio se dieron a conocer emergencias por confinamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes cuyas restricciones iniciaron desde mayo. El ELC Chocó recibió información sobre el confinamiento de más de 2.730 afrocolombianos e indígenas en zona rural del municipio de Medio San Juan, debido a combates entre un GAO y la fuerza pública, además de la advertencia por parte del GAO sobre la instalación de minas antipersonal  ( MAP )  en los cultivos de las comunidades.
Así mismo, se informó sobre el confinamiento de una comunidad indígena desplazada desde Bagadó  ( Chocó )  y de la comunidad receptora en Pueblo Rico  ( Risaralda )  mencionado en la sección anterior, lo que evidencia retrasos en el acceso a la información y además dificultades en la gestión de respuesta para la comunidad desplazada y confinada.
Comunidades de algunas zonas rurales en Meta, Magdalena, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Nariño continúan reportando temor asociado a la distribución de panfletos con amenazas de grupos armados no estatales, que en algunos casos generan restricciones a la movilidad, además de extorsiones ante promesas de protección y seguridad de la población civil y sus propiedades. Preocupa que, las amenazas se materialicen y se genere más violencia contra civiles. A la fecha, algunos de los departamentos mencionados al igual que Antioquia y Valle del Cauca lideran los reportes de homicidios de civiles asociados con violencia armada
En Arauca se reportaron cerca de 17.780 personas afectadas por el desbordamiento de ríos en la zonas Fortul, Saravena y Tame. Ante el anuncio de la limitada capacidad de respuesta por financiación y logística de parte de las entidades municipales, el ELC Arauca coordinó respuesta inicial de kits alimenticios y de higiene y la entrega de tanques de agua, mientras que la UNGRD continua avanzando con las EDAN de las 4.445 familias afectadas.
Se trata, en definitiva, de que los 2500 habitantes que están en el territorio puedan tomar decisiones bien informadas que les permitan salvar sus vidas.
No fatalities were reported, however, 268 homes sustained damages, and 71 roads, 6 vehicular bridges, and 1 pedestrian bridge were affected.
Aunque la frontera entre Colombia y Venezuela permanece cerrada en el lado venezolano, el 7 de junio Colombia reabrió los controles migratorios fronterizos terrestres y fluviales. La autoridad migratoria de Colombia está implementando una serie de medidas de control, que incluyen cámaras para verificar la temperatura corporal; exámenes médicos; y puestos de control para controlar las entradas irregulares
En cuanto a los últimos avances en registros para el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos  ( ETPV ) , hasta el 27 de junio, la autoridad migratoria de Colombia reportó 1.063.903 registros  ( con nombre de usuario y contraseña creados )  en el Registro Único de Migrantes Venezolanos  ( RUMV ) , de los cuales 901.949 han finalizado el cuestionario de elaboración de perfiles y 983.360 han finalizado el proceso de pre registro al 11 de julio.
Según el monitoreo de Samaritan's Purse en el albergue La Donjuana en el municipio de Chinácota en Norte de Santander, un promedio de 125 personas cruzaron diariamente durante el mes de junio. El monitoreo muestra que los retornos a Venezuela son continuos, aunque amucho menor ritmo que en 2020. Las razones reportadas para el retorno incluyen el visitar a familiares y amigos, y la falta de acceso a oportunidades de ingresos en Colombia.
En Arauca, se estimó que 49.000 personas entraron al país y que alrededor de 38.000 salieron a través de puntos de cruce irregulares. Las concentraciones de personas en tránsito son comunes en el departamento: por ejemplo, el 25 de junio, hasta 95 personas llegaron en un solo día a la terminal de autobuses de Arauca.
En Norte de Santander, en la segunda mitad del mes, un corredor humanitario en el puente internacional Francisco de Paula Santander permitió el paso de 1.326 personas. Según las autoridades sanitarias, la mayoría solicitó atención médica urgente, tratamiento de enfermedades críticas y crónicas, vacunación, muestras de laboratorio y diagnóstico por imagen.
On 20 August, media reported more severe weather in Cundinamarca department that caused landslides, floods, and overflowing rivers affected 1,137 people.
In total 4 shelteres have been open where 64 people are sheltered.
El 81.3% de la población entrevistada son de na  cionalidad venezolana, el 12.2% colombiana, el 5.2% tiene doble nacionalidad y el 1.4% de la po  blación se encuentra en riesgo de apatridia. Continúa el estado de Zulia como el lugar de donde proviene gran parte de la población mo  nitoreada  ( 53.4% ) , seguidos de Caracas  ( 7.3% ) , Falcon  ( 6.9% ) , Aragua  ( 5.7% )  y Carabobo  ( 5.3% ) .
Persisten los problemas relacionados con la im  plementación de la Circular Conjunta 016 de 2018 por parte de instituciones educativas, quienes exigen documentación adicional a la expresada en la norma y en algunos eventos no emiten los certificados educativos de aprobación de cursos a niños, niñas y adolescentes que han finalizado sus estudios.
Persisten problemas relacionados con la poca o nula oferta de información que se hace sobre el acceso al procedimiento de refugio y cuando las personas acceden al procedimiento se encuen  tran con las respuestas tardías de las autorida  des frente a la aceptación de las solicitudes y la emisión de los salvoconductos. Estos problemas se han presentado de manera constante en los monitoreos que ha realizado DRC durante 2020 y 2021.
En La Guajira se identificó un incremento de re  ingresos de población venezolana que había retornado a Venezuela en 2020. Estos ingresos podrían estar relacionados con la apertura o le  vantamiento paulatino de restricciones a la mo  vilidad, reactivación de la economía informal y posiblemente con el interés de acceder al ETPV.
En los meses de abril y mayo de 2021 se llevaron a cabo 262 entrevistas a familias que correspon  den a 1000 personas, de las cuales el 54.9% son mujeres y 45.1% hombres. Se mantiene la misma tendencia de meses anteriores, donde las muje  res figuran como mayoría  ( 82.4 % )  entre los res  pondientes. En Barranquilla se llevaron a cabo el 30.36% de las entrevistas, en Medellín el 27.57%, en Riohacha el 24.77% y en Bogotá el 17.30%.
En los meses de abril y mayo incrementó el número de personas moni  toreadas que no tiene la intención de acceder al procedimiento de refugio  ( 73.3% )  respecto al tri  mestre pasado  ( enero – marzo 68.8% ) . Las perso  nas entrevistadas argumentan no tener interés en el procedimiento  ( 41.1% )  como la principal ra  zón para no acceder al procedimiento de refugio en Colombia, seguido del desconocimiento del procedimiento  ( 18.2% )  y el miedo de no poder regresar a Venezuela  ( 17.8% ) .
En algunos casos se pudo co  nocer que un grupo de niños y niñas comparten un celular para acceder a acceso a internet lo que limita sus posibilidades de completar las tareas escolares de manera oportuna. Además, existen muchos casos de niños y niñas que acompañan a sus padres en la venta informal debido a que no cuentan con un cuidador que se dedique ex  clusivamente a la atención del niño o niña, por ejemplo, en los casos de madres solas.