nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
El equipo legal de DRC observa que continúan los atrasos en la emisión de salvoconductos para so  licitantes de refugio y en las respuestas de soli  citudes de refugio. Asimismo, persisten dificulta  des y barreras administrativas para la obtención del salvoconducto de permanencia. Existe difi  cultades para acceder a citas en la página de Mi  gración Colombia, situación que dilata y extiende el acceso a documentos válidos en Colombia. Sin documentos, el acceso a derechos y servicios de los solicitantes se ve limitado.
Dentro de las razones principales del ingreso a Colombia de NNA no acompañados identifica  das por la población monitoreada en Riohacha, figura la situación crítica en Venezuela en lo que concierne el acceso a comida. La misma situación hace que los padres soliciten a terceros que lle  ven a sus NNA a Colombia, esperando una mejora en su calidad de vida. Debido a estas circunstan  cias y a una ausencia de atención y cuidado de los NNA al ingresar al territorio colombiano, estos están expuestos a situaciones que pueden im  pactar negativamente el acceso a sus derechos.
Sin embargo, persisten las mismas barreras de ac  ceso observadas en meses anteriores. La docu  mentación de las personas  ( 44.10% )  es el princi  pal obstáculo, seguida por la distancia entre los hogares y los centros de salud  ( 17.09% ) , carencia de información sobre rutas de acceso a servicios de salud  ( 8.69% ) , costos de los medicamentos  ( 6.23% ) , discriminación  ( 6.23% ) , tiempo de espe  ra  ( 5.65% ) , corrupción  ( 5.14% ) , costos de trans  porte  ( 4.27% ) , falta de servicios  ( 2.17% )  y en un último lugar otras razones distintas a las mencio  nadas  ( 0.43% ) .
En el monitoreo realizado sobre acceso a agua potable, se identificó que la mayoría de las per  sonas que refirieron no poder acceder a agua potable fue a raíz de la inexistencia de recursos hídricos en su región  ( el 40% de la población que refirió no tener acceso a agua potable )  y ese por  centaje de personas es significativamente más alto en Riohacha y Barranquilla, ciudades con al  tos porcentajes de la población monitoreada que vive en asentamientos informales. Estas condi  ciones también podrían aumentar la posibilidad de contagio del Covid 19, debido a la falta de hi  giene por ausencia de agua limpia.
Como práctica frecuente se identificó que la Can  cillería inadmite solicitudes de refugio bajo el ar  gumento de corregir los errores que presentan, pero se ha podido constatar que las solicitudes no presentan errores y que estos requerimientos más que instar al cumplimiento de los requisitos legales para realizar la solicitud constituyen en su lugar acciones que dilatan aún más el proce  dimiento y el acceso a derechos fundamentales a los portadores del salvoconducto SC – 2
Además, se observa un número elevado de niños, niñas y adolescentes refugiados o migrantes en desescolarización. Se continúa evidenciando que las instituciones educativas no suelen facilitar a los padres las solicitudes de cupos escolares. Como reportado en el trimestre anterior, en oca  siones les exigen a los padres de familia requisi  tos excesivos con los cuales no siempre pueden cumplir, como por ejemplo el PEP, afiliación a la EPS y certificados de notas con apostilla de Ve  nezuela
The percentage of the migrant population with a humanitarian permit is signiﬁcant at 43%, which is double that of Ecuador; however, it is a permit of limited duration and there is no clarity on how to renew it.
In Colombia, more than half of the older mi  grants and two thirds of older refugees or asy  lum seekers surveyed indicated that they did not have access to health services, which may be related to the lack of coverage identiﬁed by the persons themselves. However, this in  dicates that they lack information about their rights, since people, regardless of their official status, have the right to health care.
• Enable access to and use of mobile ﬁnan  cial services for older persons, which re  duces costs for the service provider in the long term and enhances autonomy and independence, as well as decision ma  king in managing their own resources, re  ducing dependency and, in some cases, ﬁnancial abuse by family members. The assessment showed that almost all ol  der persons have access to a telephone, which can be used for multiple services, including ﬁnancial services.
En el segundo semestre de 2020, se presentó un incremento de vulneraciones a personas refugiadas y migrantes con necesidad de protección internacional  ( PNPI ) , configurando una doble afectación. A esto se suman barreras de acceso significativas, especialmente por la invisibilización de los riesgos y afectaciones relaciona a la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado y a economías ilegales, el sexo por supervivencia y la instrumentalización de estas personas en las economías ilegales. También se presentan barreras en la respuesta hacia estas necesidades, dado que existe falta de información o la falta de denuncias, y por ende el subregistro sobre estos hechos victimizantes.
Dentro de los factores de riesgo identificados por la Defensoría del Pueblo en las 11 alertas tempranas vigentes9 para el departamento se encuentran: es un corredor de movilidad para grupos armados ilegales y el narcotráfico, escenario de consolidación y expansión de los grupos armados no estatales10, presencia de cultivos de uso ilícito y su crecimiento, así como laboratorios para el procesamiento de drogas, alertando sobre la necesidad de acciones de prevención.
En otras comunidades rurales de Argelia, Tambo, Balboa, Bolívar, Purace, Toribio, Santander de Quilichao también se han presentado intimidaciones por parte de grupos armados, generando control territorial por medio de panfletos, restringiendo la movilidad y decretando toques de queda y paros armados. En este escenario, el miedo a una revictimización y ante una ausencia de respuesta institucional en términos de protección por presencia, las personas han optado por acatar las amenazas e intimidaciones restringiendo su movilidad en determinados espacios y tiempos; esta situación fractura el tejido social en la medida en que generan cambios bruscos en las dinámicas comunitarias y en la manera como se relacionan las poblaciones con su territorio, que a su vez se refleja en una sensación generalizada de desprotección. En 2020 se registraron 6 eventos de restricción a la movilidad y un confinamiento15 con una duración aproximada de 3 meses en el municipio de López de micay.
In the case of mixed movements in the Andean region, 45% of the evaluated popu  lation has received humanitarian aid. Older re  turnees with disabilities in Colombia are those who have apparently received the lowest per  centage of humanitarian aid  ( 18% )  compared to those who do not have disabilities  ( 31% ) .
Respecto a los hechos de vulneración, se evidencia sistematicidad en hechos de violencia contra líderes/as sociales y defensores/ as de derechos humanos, siendo las comunidades rurales y étnicas las más afectadas; las cifras según el observatorio de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca refieren que en 11 meses fueron asesinadas 92 personas en territorios indígenas, de ese número, 68 eran comuneros23 y guardias ancestrales, hechos ocurridos en los 13 municipios del norte del departamento.
En la actualidad, el incremento de los combates entre diferentes GAO y la Fuerza Pública y el movimiento de tropas en territorios de difícil acceso con presencia de economías ilícitas, constituye un factor de riesgo de contaminación por MAP/MSE y consecuentes accidentes en comunidades de varios municipios del departamento  ( El Tambo, Argelia, Morales, Buenos Aires ) ; en algunos casos se limitan las acciones de Desminado Humanitario. Entre abril y junio de 2020 se suspendieron en su totalidad las operaciones de Desminado Humanitario por la emergencia sanitaria, y para el segundo semestre se reactivaron operaciones en Cajibío, Puracé e Inzá, esperando ejecutar actividades en 2021 en estos municipios, e iniciar en Santander de Quilichao y Páez. No obstante, municipios como Buenos Aires, Corinto, Caloto, Miranda, Suárez y Santa Rosa no se han podido reactivar dichas operaciones debido a situaciones desfavorables de seguridad, en medio de la emergencia sanitaria por la COVID 19.
There are some people who stay as guests, mainly in El Salvador with 15%, and in Colombia among the displaced population  ( 12% ) ; however, this is not a recurrent modality, reaching only 5% in all the countries.
2. In La Guajira, Colombia, it was found that more than half of older refugees, mi  grants or asylum seekers do not have access to safe drinking water  ( 80% ) , sanitation  ( 71% ) , bathing or hand washing facilities  ( 84% ) , and most have not been consulted by humanitarian actors  ( 75% )   ( HelpAge, 2020c ) .
En 2020 se registraron 370 eventos de violencia armada, entre ellos: 33 combates, 16 atentados, 33 retenes ilegales, 47 amenazas, 140 homicidios, 13 masacres, 32 eventos de uso de explosivos remanentes de guerra y 6 desplazamiento masivos. Adicionalmente, en los últimos años, se ha observado en el departamento un repunte del crecimiento de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, entre ellos hombres y mujeres jóvenes. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz  ( INDEPAZ ) , en el 2020 se registran 91 asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos y 13 masacres  ( 50 victimas ) 18; así mismo, Medicina Legal refiere que en el departamento la tasa  ( 8,1 )  de homicidios por cien mil habitantes en mujeres dobla la tasa nacional  ( 4,3 ) . Sumado a esto, 32 de sus 42 municipios registran actos violentos lo que lo cataloga como el departamento con mayor número de líderes/as y defensores/as de derechos humanos asesinados/as en todo el país: según datos INDEPAZ, desde la firma del acuerdo de Paz en noviembre de 2016, y hasta el 07 de diciembre de 2020 se registraron 260 casos de homicidios  ( 9 lideresas sociales ) 19.
In La Guajira, 53% of older persons have one or more health conditions. Women are more likely than men to suffer from hypertension and gastrointestinal problems, while more older men have heart problems than older women. At least 34% of the above mentioned older persons do not have access to health services and 35% do not feel safe in accessing these services. Twenty nine per cent of those taking medication only have enough medication for one week  ( HelpAge, 2020c ) .
Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género  ( VBG ) : Según datos del Instituto de medicina legal, en el último trimestre de 2020 ocurrieron 50 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. En el caso del Cauca, la Secretaría departamental de la Mujer reportó 43 casos de homicidios a mujeres hasta el 20 de agosto; de los 43 casos,4 mujeres realizaban ejercicios de liderazgo, 4 niñas eran hijas de padres que realizan ejercicios de liderazgo, y 11 casos se encuentran en análisis de presunto feminicidio.
Despite the seriousness of the issue, it ap  pears that there is very little support in all countries for the diagnosis and treatment of mental health conditions. According to the data in Table 10, only one third of the popu  lation has received treatment with only 28% satisfaction with the treatment given, which demonstrates the importance of corroborating that they are indeed being helped in terms of their mental health condition.
Others reinforced non contributory pension systems in response, including cov  erage extensions, as in the case of Colombia, where a monthly transfer of US$20 for three months was added to 1.7 million beneﬁcia  ries of the Older Colombia Programme. Bra  zil, Colombia, Mexico, Mexico, Paraguay and St. Vincent and the Grenadines announced advance payments of cash transfers to older persons and persons with disabilities.
The biggest difference is found in the aver  age number of people with mental health problems in the countries of northern Central America, with 47%, compared to 22% in the countries of the Andean region, reaching half of the older persons in a situation of internal displacement in Honduras and El Salvador, as well as 62% of the deportees in the latter country. In the Andean region, a high percent  age  ( 43% )  of older persons are refugees and migrants in Ecuador.
También se denuncia que además del hambre y falta de acceso a servicios básicos por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, las comunidades están sobrellevando las presiones y violencias que imponen los GAO. Tras la masacre de cuatro indígenas el 5 de diciembre de 2020 en zona rural de Santander de Quilichao, los GAO expidieron un comunicado donde reafirman como objetivos militares a líderes de cabildos que lideran las iniciativas sociales; así mismo preocupan los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados no estatales, como también los combates de estos con la Fuerza Pública dejan en medio del fuego cruzado a la población civil, especialmente étnica. Adicional a lo anterior, la Defensoría del Pueblo advierte que, en comparación con el mismo período en 2019, los homicidios de líderes sociales presentaron un aumento pasando de 134 a 182 en 2020, en un periodo donde el aislamiento pone en mayor riesgo a quienes defienden el Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades.
Almost a third  ( 30% )  of the older returnees from Venezuela to Colombia, who were part of the sample, have not accessed administrative recognition procedures as returnees due to lack of information.
Another housing modality is makeshift hous  ing, which is particularly relevant for IDPs in El Salvador  ( 21% ) . In the Andean region, it is only recorded in Colombia among the male IDP and migrant population, with only 3%. In Colombia, 4% of people in mixed movements say that they rent rooms by the night, which is called “pay per day'.
Comunidades étnicas: Cauca está habitado por un gran número de comunidades indígenas y afrocolombianas que corresponden al 42 por ciento de la población del departamento, distribuidas así: 110 resguardos indígenas ubicados en 30 municipios y 86 pueblos indígenas asentados por fuera de los resguardos. De acuerdo con el Ministerio del Interior y con base en las proyecciones del DANE, a junio de 2018, 268.338 personas viven en resguardos y la población de comunidades negras y afrocolombianas se estima en 255.839 personas.
• Avoid assumptions in the design of res  ponses that would lead to exclusionary interventions, such as the assumption that most older persons live with their fa  milies and that, if families receive support, they are per se including older persons. Data show that a high percentage of ol  der persons  ( 24% )  are alone and, in some cases, the perpetrators of abuse are their family members.
1. Housing is the ﬁfth highest priority for older persons in La Guajira, Colombia. Forty eight percent of respondents are dissatisﬁed with their accommoda  tion and 44 percent explain that their housing is in need of major repairs. On the other hand, 37% of the older popu  lation does not feel safe in the place where they live, especially those who live alone  ( HelpAge, 2020c ) .
In the countries of the Andean region, par  ticularly in Colombia, it was observed that older migrants did not attend medical cen  tres nor did they ﬁle complaints, a different situation with respect to older persons who were refugees or asylum seekers, since more than half of them did attend medical centres after the abuse. One third of displaced per  sons attended medical facilities and more than half filed a complaint. In the case of returnees, no data on abuse during the pan  demic is recorded.
The main devices that older persons have access to are mobile phones  ( 87% ) , television  ( 70% )  and radio  ( 35% ) ; to a lesser extent, 10% have landline phones, laptops, entertainment devices, tablets and desktop computers. Mobile phone access does not necessari  ly imply Internet connectivity, as on average access exceeds one third of the population, with the exception of the mixed movements in Colombia and Ecuador, where it exceeds half of the sample  ( 57% ) .
• Map services offered for older persons on the move and ensure that they are ac  cessible and appropriate for them.
La seguridad de líderes, lideresas y comunidades étnicas y campesinas sigue en deterioro, siendo el Cauca el departamento que ocupa el primer lugar con homicidios de este tipo, el segundo en ocurrencia de masacres y amenazas en más de la mitad del territorio  ( 29 de los 42 municipios ) 8. Esto deja ver una estrategia para la desestructuración de los procesos organizativos étnicos y de liderazgo, razón por la que las autoridades étnicas indígenas han denunciado el riesgo inminente de exterminio físico y cultural. Se exige una mejor coordinación de los entes nacionales y regionales, así como en la respuesta frente a las iniciativas y propuestas comunitarias de protección y la aplicación de decretos ya establecidos, al igual que el cumplimiento con las comunidades que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS y el impulso al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.
It is important to note that there are mental health risks for older persons that are related to uprooting; the harsh conditions of the jour  ney, facing long bus rides or even walking; the loss of the professional status or retirement they had in the country of origin, and having generated expectations that they would do better elsewhere.
Para nadie es desconocido que el Covid 19 produjo y sigue produciendo grandes impactos a los derechos laborales de las mujeres2. Hubo un incremento en la brecha de desempleo, se aumentaron las cargas de cuidado y se profundizaron las violencias basadas en género en las dinámicas laborales. De este modo, la discriminación ya existente, dio paso a la flexibilización de las garantías laborales mínimas, a amenazas de despido, a cargas de trabajo excesivas y a la falta de entrega de elementos de bioseguridad necesarios, por parte de empresas y empleadores, produciendo efectos adversos desproporcionados y diferenciales en la vida de las mujeres trabajadoras3.
In the countries of the Andean region, the ﬁg  ures are very low or with a large gap, e.g., in Colombia in mixed movements, which is con  sistent with the great need for psychosocial care expressed by older persons in the inter  views held as part of this assessment.
Sexual or gender discrimination is only recorded among older persons who are refugees, migrants and asy  lum seekers in Colombia  ( 4% on average ) .
Con relación al desplazamiento masivo, en lo corrido del año 2020 se han identificado alrededor de 15 desplazamientos forzados  ( 6 masivos Argelia  ( 261 familias – 593 personas en Corregimiento el Plateado ) , Guapi  ( 53 Familias   228 personas en Vereda Belén ) , Guapi  ( 26 familias – 50 personas ) , Argelia población refugiada y migrante  ( 192 familias   538 personas ) , Argelia  ( 50 familias   118 personas ) , El Tambo  ( 19 Familias   76 Personas )  y 9 individuales )  con una afectación a 1.752 personas aproximadamente13. Este hecho victimizante sigue afectando con mayor proporción a comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente las ubicadas en la costa pacífica Caucana, siendo los municipios de Guapi, López de Micay, Timbiquí y Argelia, los que registran mayor afectación14.
Minas Antipersonal  ( MAP )  y Munición sin Explosionar  ( MSE ) : Según datos de Descontamina Colombia, el departamento del Cauca reporta un histórico  ( desde 1990 )  de 604 víctimas por MAP/MSE, ubicándose en el octavo lugar a nivel nacional con mayor número de víctimas. De los 42 municipios del departamento, 41 han presentado algún reporte de contaminación por MAP/MUSE, y de estos 16 son considerados de Alta afectación  ( Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caloto, Caldono, Cajibío, Corinto, López de Micay, Jámbalo, Morales, El Tambo, Mercaderes, Miranda, Puracé, Suárez y Patía ) .
En 2020, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca  ( ACIN )  ha reportado al menos 43 casos de reclutamiento en su zona de influencia, aclarando que esta cifra podría ser mucho mayor ya que muchos de los casos no son denunciados. La emergencia sanitaria visibilizó el grado de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales en términos de acceso de los niños, niñas y adolescentes a recursos comunicativos  ( acceso a señal de teléfono, conectividad/internet y recursos informáticos )  y las carencias en la economía familiar, situaciones que han sido aprovechadas por actores armados para el reclutamiento y la vinculación de menores a economías ilegales.
Violencia contra la población civil: En el Cauca se presenta una reconfiguración de los actores armados desde 2017, cuando estos empezaron a ocupar territorios dejados por las extintas FARC EP. Uno de los factores determinantes para ello, es la ubicación geográfica del departamento que lo convierte en un corredor comercial estratégico para las economías ilegales ya que fácilmente se pueden impulsar rutas del narcotráfico hacia diferentes zonas del país. Por estas razones se presenta una disputa interna por el dominio y control territorial, incrementado el riesgo y las necesidades de atención humanitaria, donde los más afectados son los sujetos de especial protección constitucional como lo son menores de edad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con disminuciones físicas y psíquicas y las personas en situación de desplazamiento.
También se resaltan 44 homicidios a excombatientes en proceso de reincorporación desde 2017 hasta diciembre de 2020  ( 2 en 2017, 16 en 2018, 17 en 2019 y 9 en 2020 ) 20. Según los datos de Policía Nacional, se destaca también el incremento de asesinatos a mujeres con un total de 54, siendo 9 de ellas menores de edad21, evidenciando que durante la cuarentena ha habido un incremento del 60 por ciento en los homicidios de mujeres respecto al año anterior22.
De acuerdo con la información suministrada por UNGRD, en total durante 2020 se presentaron 114 emergencias por desastres naturales en donde se afectaron 15.337 personas en el Cauca, los principales eventos que han causado emergencias son vendavales 46.34 por ciento incendios forestales 21.95 por ciento deslizamientos 14.66 por ciento, inundaciones 9.76 por ciento, Heladas 7.32 por ciento y avenidas torrenciales con 2.44 por ciento. La ausencia de una respuesta que incluya el enfoque de inclusión y de protección, que dé cuenta de la doble afectación y la atención basada en el análisis del riesgo diferencial, genera que las comunidades étnicas y las personas con discapacidad aumenten su vulnerabilidad y riesgo de ser vulneradas
Flujos Migratorios Mixtos: El departamento del Cauca es un sitio de paso en la ruta de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela para llegar a países vecinos como Ecuador, Perú y Chile, entre otros. Según datos de Migración Colombia, con corte a 31 de diciembre de 2020 se registran aproximadamente 7.45525 personas provenientes de Venezuela  ( personas regulares e irregulares ) , en tránsito y con vocación de permanencia. Los municipios con mayor presencia son Popayán con 3.151 personas, Patía con 757, Puerto Tejada 707 y Santander de Quilichao con 702. Pese a esta información, aún no existe un censo unificado de refugiados y migrantes el departamento, lo cual dificulta acciones de respuesta y las problemáticas que subyacen su condición de migrantes  ( en condición de regularidad e irregularidad )  y/o refugiados, en un contexto de violencia y conflicto armado
Otros países como Guatemala, Honduras, Chile, Colombia, 8 Panamá y Ecuador están haciendo esfuerzos por distribuir en lenguas indígenas materiales que antes de la pandemia ya tenían disponibles y/o elaborar fichas de autoaprendizaje. En ninguno de los casos los materiales existen para todos los pueblos indígenas, ni en todas las lenguas, y menos para todos los grados y niveles educativos; como tampoco han logrado distribuirse a todos los estudiantes indígenas, en particular a los que habitan en las zonas rurales con mayores dificultades de acceso.
Cabe resaltar que las restricciones a la movilidad que ha impuesto la pandemia originada por el COVID 19, ha agudizado los riesgos, ya que los grupos armados no han cesado su accionar, registrándose un aumento de violaciones a derechos humanos. Hechos como desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, énfasis en el aumento de la vinculación, utilización y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, se invisibilizan ante el subregistro, así como las barreras de la institucionalidad para hacer presencia en los territorios. Durante la cuarentena, la violencia sexual ha tenido una incidencia mayor con respecto a las demás violencias de género, comparativamente con el 2019.
La atención diferenciada a estudiantes de comunidades afrodescendientes es mucho más reciente y tiene un desarrollo aún incipiente en la región. Solo algunos países como Colombia, Ecuador y, en menor medida, Guatemala, han desarrollado algunas experiencias educativas orientadas a estudiantes de este grupo poblacional, pero que están todavía en fase experimental, por lo que no se han convertido en políticas educativas permanentes que lleguen a todos.
Guidelines for a Differential Approach to the Effective Enjoyment of Rights of Older Per  sons in a Situation of Forced Displacement in Colombia  ( UNCHR, 2011a )  These guidelines establish the conceptual, stra  tegic and operational guidelines necessary to strengthen the differential approach in the com  prehensive care of older persons at risk and in a situation of displacement from a perspective of the effective enjoyment of rights.
According to the interviews and surveys con  ducted, the lack of monthly income among older persons on the move is 71%. The lack of income corresponds to the fact that 61% of the people did not have a job before the pandemic caused by COVID 19. Men, in 51% of the cases, did not have a job, while the same was true for women, but in 68% of the cases. Of those with jobs, 92% of men had informal work, compared to 84% of women, which means that women are more likely to have formal work.
Finalmente, llamamos la atención sobre la relación que existe entre la precarización del trabajo doméstico y la posibilidad de comisión de delitos como la trata de personas. Se hace un llamado a que se preste especial atención a las situaciones de vulnerabilidad a la que se ven sometidas las niñas y adolescentes21, mujeres migrantes22, o provenientes de entornos rurales23. Ante la falta de vigilancia, muchas personas disfrazan la esclavitud y la servidumbre bajo la sombrilla de un supuesto trabajo doméstico, hecho que se hace posible y se favorece, porque no existen sistemas de vigilancia adecuados o que promuevan la denuncia e investigación de irregularidades en la prestación del trabajo doméstico.
Pudimos evidenciar, que se trata de un sector de difícil articulación, pues es muy extenso y variado en las actividades que desarrollan. La mayoría de las mujeres de este sector se desempeñan en la informalidad y muchas de ellas en el espacio público24, de modo que se ven expuestas a las violencias como lo es el acoso sexual, el riesgo de atracos y violencia psicológica ejercida por compradores. Sumado a las anteriores, las mujeres manifiestan el riesgo de verse expuestas a situaciones que impliquen uso abusivo de la fuerza y arbitrariedad, por parte de la fuerza pública25. Para estas mujeres la pandemia representó un escenario de incertidumbre lo que favoreció el padecimiento de dolencias emocionales marcadas por el estrés26.
A las Empresas: Aplicar las directrices de género para los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos. Promover el trabajo de las mujeres a todos los niveles de la empresa, especialmente en los sectores tradicionalmente masculinizados. Aquello requerirá estrategias de formación en competencias específicas que logren convocarlas y atraerlas41 Contar con protocolos adecuados para prevenir el acoso sexual, garantizando los derechos de las mujeres denunciantes. Fomentar la inclusión de mujeres víctimas de violencias basadas en género. Hay que recordar que la Ley 1257 de 2008 establece beneficios tributarios por ello. Reconocer que invertir en la incorporación de perspectiva de género en sus procesos y procedimientos es una ganancia para su empresa. Fomentar la participación de las mujeres trabajadoras en los espacios de decisión o análisis.
Of those who worked before the pandemic and who responded to the questionnaire, 54% worked between 5 and 7 days a week, which shows a high average close to a working day. It can be correlated with the fact that they are very active in the labour market; on the other hand, they may be subjected to situations of labour exploitation. Twenty ﬁve percent indi  cated that they worked between 3 and 4 days, and only 21% reported working between one or two days.
En la actualidad, el complejo proceso de consolidación de propuestas de atención a los estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes con una EIB o etnoeducación, se ha visto frustrado a raíz de la pandemia por el COVID 19. En este sentido, el 2020 ha marcado un retroceso en la atención pertinente a los estudiantes indígenas  ( López, 2020 )  y puede paralizar los pocos avances en el caso de los estudiantes afrodescendientes. No obstante, esta situación compleja derivada de la pandemia también puede ser una oportunidad para que los estados prioricen sus políticas de equidad y, en particular, las orientadas a estas poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Law by which the National Migration System is created  ( Law 1465 of 2011 )  The purpose of this law is to support the national government in the design and implementation of public policies, plans, programmes, projects and other actions aimed at strengthening the links between the state and Colombian com  munities abroad.
Observing the statistical panorama of immigration to Colombia over the last 200 years, Mejía  ( 2020 )  describes the phenome  non as being of low intensity. For example, the average migration balance for 2006   2015 is of only 31,102 foreigners in the country. According to the IOM's Colombia Migration Proﬁle  ( 2013 ) , in the 2005 Census 109,971 foreigners were registered in the country while the World Bank 2010 data registers only 100,297 foreigners, with a predominance of Venezuelan population  ( 37,461 ) , followed by the United States  ( 15,141 ) , Ecuador  ( 11,437 ) , Spain  ( 5,327 ) , Peru  ( 4,054 ) , Argentina  ( 2,570 ) , Mexico  ( 2,294 ) , Italy  ( 2,256 ) , Germany  ( 1,897 )  and Brazil  ( 1,878 ) .
According to the latest UNCHR report  ( 2020a )  on forced displacement, there were 189,454 refugees and persons in a refugee like situation in Colombia in 2019; 75,550 asylum seekers; 31 returned refugees; and 7,976,412 internally displaced persons of con  cern. The main cause of displacement was the armed conﬂict: “forced displacement has been caused mainly by the violent acts committed by armed groups against the civilian popula  tion, as a way of exercising control over ter  ritories and thus expanding their inﬂuence'.  ( Duarte, C., Montoya, L., & Aliaga, F., 2020, p. 83 ) .
According to Ibáñez and Moya  ( 2007 ) , in 2005, 997 municipalities in the country were affected  that is, 90% of the total  either by expulsion or reception of internally displaced Colombian nationals. However, the concentra  tion occurred in just a few municipalities: 57% of the expulsion came from 78 municipalities and 44 were recipients. The expelling depart  ments were Putumayo, Chocó, Cesar, Magda  lena, Bolívar and Antioquia, while the receiv  ing departments were Bogotá, Magdalena, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar and Antioquia.
In this same Refugee and Migrant Response Plan for refugees and migrants from Venezuela  ( RMRP ) , the Interagency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela  ( R4V Platform ) , which involves the coordina  tion of more than 150 actors in the region, esti  mates that at present, an average of 30%  with some countries such as Colombia reaching up to 60%  of 4.6 million Venezuelans in these human mobility ﬂows around the continent are irregular either because they entered other countries without any entry procedures, or be  cause their temporary or humanitarian permits and visas have expired and they have not been able to renew them given their costs or due to other reasons
The lack of information on the procedures required for regular stay in the host country is a problem that particularly affects older refugees and migrants in the Andean coun  tries. Indeed, one third of the sample  ( 32% )  have not had access to migratory or refugee status determination processes. Lack of information mainly affects older women in the sample. For example, in Colombia, 38% of women have not accessed regularisation procedures due to lack of information, com  pared to 29% of men. Of those who have not yet accessed regularisation procedures for the recognition of asylum status, it is wom  en who have experienced a greater problem  ( 30% ) , compared to men  ( 19% ) . It is also worth noting that 19% have asked for help but have not received it.
The isolation and sedentary lifestyles further affect the physical and mental health of older persons, increasing their loss of autonomy and leading to possible despair at the feeling that they are unable to leave their homes. Many older persons have found that their health problems, both physical and mental, have become more severe, and their memories and feelings of sad  ness have intensiﬁed.
In La Guajira, Colombia, 96% of older persons have changed their behaviour since the crisis began in order to meet their basic needs and 36% have adopt  ed at least one extreme way to meet their needs, such as panhandling. Eighty four per cent have no income and 66% have had to borrow money. Sixty per cent of respondents depend on family or friends, and the same per  centage care for one or more children. Ninety one per cent of older persons say that they could use cash without risk involved, and those who said they couldn't, said so mainly because of the risk of theft  ( HelpAge, 2020c ) .
More than a third of the population lives in a single room  ( 36% )  and half of the popu  lation shares a room with one or two other people  ( 51% ) ; to a lesser extent, they were in overcrowded conditions, sharing a room with three or more people  ( 13% ) . Overcrowding among the displaced population in Honduras is worrying, reaching a third of the population  ( 34% ) , and among refugees or asylum seekers in Colombia, which exceeds half of the popu  lation  ( 57% ) , as well as among migrants, who in this country exceed a ﬁfth of the population  ( 22% ) , similar to the percentage of refugees or asylum seekers in Peru  ( 20% ) .
The second factor is rejection on the basis of being a person on the move  ( 23% ) , affecting a third of the sample who are forcible dis  placed in Honduras  ( and also in Colombia ) . In Honduras, this rejection also affects the majority of persons with disabilities  ( 15% ) , compared to those without disabilities  ( 3% ) . This difficulty, which can be explained as a manifestation of xenophobia, is registered in the mixed movements of the three coun  tries of the Andean region, mainly affecting Colombia and Ecuador. Differences in terms of gender or disability are not signiﬁcant.
Financial services Eighty one per cent of the sample at regional level do not have access to ﬁnancial services, with women  ( 85% )  8 points behind men  ( 77% ) . Throughout the assessment, a cross cutting analysis was conducted of the fact that lack of access to these services affects the enjoyment of other rights and services. With regard to housing, the impossibility for most of the sam  ple to access the ﬁnancial system constitutes a barrier to acquiring credit to obtain formal housing or to make housing improvements.
The most affected areas are the townships of Camparrusia and San José de Urama where roads and 6 homes were destroyed.
Así se identifica que en la semana epidemiológica 22 el evento morbilidad materna extrema  ( MME ) , se encuentra por encima de lo esperado
En la semana epidemiológica 22 de 2021 se notificaron 249 muertes maternas, 192 corresponden a mortalidad materna temprana  ( ocu  rridas durante el embarazo, parto y hasta los 42 días de terminada la gestación ) , 42 tardías  ( ocurridas desde el día 43 hasta un año de ter  minada la gestación )  y 15 por causas coincidentes  ( lesiones de causa externa ) . Se observa un aumento del 51,1 % en la mortalidad materna temprana respecto al 2020
La razón nacional preliminar de mortalidad materna a semana epidemiológica 22 es de 66,0 muertes por cada 100 000 nacidos vivos.
En la semana epidemiológica 22 de 2021 se notificaron 567 casos probables de dengue: 305 casos de esta semana y 262 casos de semanas anteriores.
Para la semana epidemiológica 22 de 2021 se observó un aumento significativo en las muertes maternas tempranas comparado con el promedio histórico en las entidades territoriales de Antioquia, Bogotá, Casanare, Guaviare, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santa Marta y Cali y disminución en la entidad territorial de Cauca
Se notificaron 110 959 hospitalizaciones por IRAG en sala general, presentando incremento frente a lo notificado a la misma semana de los tres años anteriores con el 49 ,8 % frente a 2020, 14,9 % comparado con 2019 y del 6,0 % frente a 2018.
La incidencia nacional de dengue es de 47,0 casos por cada 100 000 habitantes en riesgo.
Según el análisis del último periodo epidemiológico, el país se encuentra en situación de seguridad para malaria,
Por procedencia, Chocó  ( 30,0 % ) , Nariño  ( 24,4 % ) , Córdoba  ( 12,4 % ) , Antioquia  ( 9,8 % )  y Guainía  ( 4,7 % )  aportan el 81,3 % de los casos de malaria no complicada
En la semana epidemiológica 22 se notificaron 1 297 casos de malaria, teniendo un acumulado de 27 991 casos, de los cuales 27 465 son de malaria no complicada y 526 de malaria complicada.
Infección respiratoria aguda A nivel nacional se identifica disminución en la notificación para la morbilidad por infección respiratoria aguda  ( IRA )  en los servicios de consulta externa y urgencias; se presenta incremento en las hospitalizaciones por IRAG en sala general y en unidad de cuidados intensivos e intermedios
Las prolongadas lluvias en el departamento de Arauca han afectado principalmente los municipios de Fortul y Saravena, donde se han presentado inundaciones, destrucción de vías, viviendas, perdidas de cultivos y ganado.
En el evento, que se realizará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., la población migrante, refugiada y retornada podrá participar de conversatorios sobre la respuesta institucional y la oferta de servicios disponible para su inclusión financiera en Colombia; al igual que de unaferia de servicios con entidades bancarias y organizaciones financieras que responderán las dudas de los asistentes y darán charlas sobre educación financiera y desarrollo empresarial.
El programa del IRC está desplegado en varios puntos del área metropolitana de Cúcuta. Además presta servicios a los colombianos retornados y a la población en general que no esté afiliada a una Entidad Promotora de Salud  ( EPS ) .
De acuerdo con las variables relacionadas con la víctima, el 65,9% de los casos se reportan en el de los casos se reportan en el sexo femenino
Miembros de la Policía Nacional deColombiahan cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
Los tipos de violencia que se reportan con mayor frecuencia en este grupo poblacional son las violencias sexua  les  ( 38,6% ) , seguido de negligencia y abandono  ( 35,3% )  y la violencia física en el 22,0% )  de los casos.
En Colombia, a través del sistema de vigilancia en salud publica de violencia de genero e intrafamiliar se han notificado a semana epide  miológica 18 de 2021, 14.796 casos sospechosos de violencia en ni  ños, niñas y adolescentes, correspondiendo al 43% del total de casos notificados en la población.
2,9% corresponden a población indígena y 2,6% a población afrocolombiana; 0,5% de los casos se notifican en población extranjera.
El 77,2% de los casos se reportan en el área rural.
De acuerdo con la etapa de ciclo vital, la principal afectación se identifica en la primera infancia  ( 0 a 5 años )  con un 15,8% de los casos, en el grupo de infancia  ( 6 a 11 años )  se reportan el 14,1 % de los casos y en la etapa de adoles  cencia  ( 12 a 17 años )  se reportan el 15,4% de los casos.
En la semana epidemiológica 21 de 2021 se notificaron 647 casos probables de dengue: 324 casos de esta semana y 323 casos de semanas anteriores.
La incidencia nacional de dengue es de 45,1 casos por cada 100 000 habitantes en riesgo.
Por procedencia, Chocó  ( 30,1 % ) , Nariño  ( 24,8 % ) , Córdoba  ( 12,1 % ) , Antioquia  ( 9,7 % )  y Cauca  ( 4,6 % )  aportan el 81,3 % de los casos de malaria no complicada
Se notificaron 510 casos de malaria complicada, que proceden de 21 entidades territoriales y 7 casos provienen del exterior. Nariño, Antioquia, Chocó, Córdoba, Cauca, Meta y Vichada notifican el 80,6 % de los casos.
En adición, se manifiesta que los efectos derivados del Ingreso Solidario también representaron un efecto positivo, ligeramente mayor que el de los giros extraordinarios, puesto que contribuyeron a la reducción de la nueva pobreza, la cual pasa de 34,1% al 32,8%.
Según el tipo de violencia, en la primera infancia predominan los casos de violencia por negligencia y abandono seguidos de la violencia sexual, mientas que en la infancia y adolescencia predomina el reporte de casos de violencia sexual, seguido por la violencia física.
Un total de 753.949 venezolanos han sido convocados para el registro biométrico presencial que se iniciará en septiembre.
Se administraron más de 19 millones de dosis de vacunas contra el COVID 19  ( incluidas más de 7 millones de segundas dosis )  dentro de las cuatro etapas del Plan Nacional de Vacunación.
Con respecto a las variables relacionadas con la violencia, en el 73,1% de los casos el agresor es un miembro de la familia.
Un fuerte aguacero de más de una hora presentado el viernes 11 de junio del año en curso, causó afectaciones a más de 80 hogares.
Al menos el 70 por ciento de personas venezolanas con las que hablamos recientemente en las áreas fronterizas dijeron que preferían quedarse en Colombia.
Hasta el 1 de junio de 2021, solo 8 de cada 100 dólares solicitados por las organizaciones de la sociedad civil habían sido recibidos y reportados.
The total number of homicides grew from 470 in 2013 to 792 in 2020, despite a national reduction in cases caused by the COVID 19 pandemic
In Cauca, armed groups are fighting for control of natural resources and illicit economies. They also seek to exert territorial control and establish armed orders that allow them to extort money from and regulate the behaviour of local civilians
esconocemos los motivos. Solo es la orden que tenemosâ€�, asegurÃ³ uno de los efectivos al equipo reporteril de La NaciÃ³n que se acercÃ³ para indagar sobre los motivos de esa decisiÃ³n.Â
Armed groups are also fighting over coca cultivation areas. Between 2013–2019, the number of hectares planted with coca grew from an estimated 3,326 hectares to 17,355 hectares – an increase of approximately 421%
Los principales perfiles de los solici  tantes de refugio durante el período monitoreado son personas que huye  ron persecución política y personas con necesidades de tratamientos médicos.
Cauca is an arms and drug trafficking corridor because it connects the departments of Cauca, Tolima, and Valle del Cauca to central Colombia and acts as the export point for cocaine hydrochloride and marijuana  ( El Tiempo 26/04/2021 ) . Armed groups are fighting to control this zone in order to commandeer illegal resources and wield strategic control of the territory and its inhabitants.
Cauca is a multiethnic and multicultural department that includes well organised Afro  Colombian, indigenous, and farmer communities. Armed groups have systematically attacked these communities, seeking to disrupt their traditions, uses, and customs and aggravate their struggle for the right to free and dignified land ownership
En La Guajira, el departamento norteño que recibe el mayor número de nuevos ingresos desde estado venezolano de Zulia, las llegadas diarias durante el mes de junio variaron entre 100 y 1.000 personas, incluyendo los movimientos pendulares de la población indígena Wayuu.
Between January–April 2021, there were more than 2,700 displaced people in Cauca, and nearly 100 homes and commercial establishments were destroyed by the violence
Some shelters built for the displaced do not have basic sanitary facilities, resulting in insufficient latrines for IDPs  ( RCN Radio 01/04/2021 ) . In Argelia  ( one of the municipalities with the largest IDP populations ) , affected families do not have access to safe drinking water, putting them at risk of waterborne diseases. Displaced women also need hygiene kits for menstruation
As in much of Latin America, Colombia's population is in pain right now. People are demanding that their government listen to them, help them, and stop using excessive, indiscriminate force against them. The close association between the United States and Colombia's security forces, forged since the 1980s, makes it inevitable that these forces' behavior reflects on their U.S. partners. While the escalatory violence and stigmatization continue, that association will pose an ever greater threat to U.S. interests and credibility in Colombia and elsewhere in the region. The time for the Biden administration to boldly speak up about the situation in Colombia is long overdue.
Se prevé que los niños sin ir al colegio y padres que se quedaron sin trabajo, pueden derivar en que muchas familias queden prácticamente en condición de mendicidad. En las actuales condiciones y, pese al aislamiento, muchos de esos padres desempleados salen a rebuscar el sustento para sus familias y no tienen más opción que llevar consigo a sus hijos, exponiéndolos no solo al contagio del Covid 19 sino a los conocidos peligros de la calle
Entre los principales retos identificados en las actividades de pre registro, destacan falta de entendimiento por parte de los beneficiarios del proceso, problemas de conectividad o falta de documentación pertinente.
En Santa Marta, la cruda realidad que viven los menores de edad, en su mayoría de nacionalidad venezolana, es ‘el alquiler de niños', un desafortunado negocio que pone en riesgo la vida e integridad de los infantes, la mayor demanda la tienen los menores que aún no saben hablar. La oferta es amplia, incentivada principalmente por un grupo de extranjeros y otras poblaciones de escasos recursos.
Del total de la población refugiada y migrante que se encontraba en la Costa Caribe, solo el 30% contaba con su Permiso Especial de Permanencia, según informó Migración Colombia.
Se han identificado como principales necesidades en la Costa Caribe, el acceso a medios de vida, acceso a salud en sus diferentes especializaciones y el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes.
Se agudiza el drama de los venezolanos: Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, alertó la mañana de este martes 8 de junio sobre el cierre de los albergues habilitados en Arauquita, Colombia, donde asistían humanitariamente a más de 6 mil venezolanos desplazados por el conflicto armado en el estado Apure.
A través de una serie de mensajes en Twitter, Tarazona denunció que estas familias venezolanas en su mayoría mujeres y niños, deberán regresar a La Victoria,«territorio entregado al Frente Décimo de las FARC, donde sus viviendas fueron destruidas, saqueadas y en algunos casos incendiadas»,dijo
La GN colocÃ³ esa valla el pasado 2 de junio para evitar que los venezolanos pasen la frontera hacia el lado colombiano, que permaneceÂ abierto desde ese miÃ©rcoles, dejando solo un estrecho acceso para el paso preferencial o humanitario, para quienes tienen una cita mÃ©dica o urgencia de salud.