nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
A la Procuraduría General de la Nación:

Garantizar una rendición de cuentas por los abusos policiales, lo cual incluye investigar disciplinariamente a los agentes que hayan estado directamente involucrados en abusos cometidos en el contexto de protestas, al menos desde el año 2019, así como a los comandantes de las unidades y a los comandantes de policía a cargo de los operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.
Investigar de oficio todos los casos en los cuales los jueces hayan concluido que miembros de la Policía violaron los derechos de los detenidos cuando esas acciones constituyan una infracción disciplinaria con arreglo al derecho colombiano.
La Parada del municipio Villa del Rosario, ubicado a 15 minutos de Cúcuta y a 2 kilómetros de distancia de Venezuela, es el punto donde niñas venezolanas se prostituyen para subsistir.
La dramática situación es confirmada por Víctor Bautista, secretario de Fronteras en Colombia, quien reconoce que el drama está creciendo. Él calcula que de la población migrante venezolana que a diario entra a la frontera, “un 40 a 45% son menores de edad', que en su mayoría vienen solos. Además, alegó que no cuentan con recursos suficientes para atender a la población migrante, por lo que esperan ayuda gubernamental y del sistema de colaboración internacional, ya que los programas con los que actualmente cuentan son insuficientes.
Brindar reparaciones, así como acceso a servicios de salud, a víctimas de violencia policial, incluyendo servicios integrales para víctimas de violencia sexual.
Ampliar significativamente la capacitación sobre control de multitudes que se brinda a policías, incluso para aquellos que no forman parte del ESMAD.
Fortalecer los sistemas para prevenir y sancionar los actos de violencia basada en género perpetrados por policías.
Recomendaciones
Al gobierno del Presidente Iván Duque, incluido el director de la Policía Nacional:
Tomar medidas inmediatas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y comenzar a reparar los daños, tales como:
Condenar de forma inequívoca las violaciones de derechos humanos, incluyendo los casos de uso excesivo de la fuerza y de violencia sexual por parte de policías, así como los casos en los cuales miembros de la Policía no tomaron acciones para frenar ataques en contra de manifestantes.
 Presentar una disculpa, en nombre del Estado colombiano, por abusos policiales cometidos durante las protestas.
 Garantizar que todos los funcionarios de gobierno eviten utilizar lenguaje que pueda ser percibido como estigmatizante hacia los manifestantes.
 Asegurar que la policía, incluyendo el ESMAD, proteja las protestas pacíficas, no las disperse y priorice mecanismos que no involucren el uso de la fuerza en todas sus acciones para levantar bloqueos.
 Priorizar las investigaciones disciplinarias sobre abusos policiales, por lo menos los cometidos desde las protestas de 2019, y comprometerse a reportar de forma pública y periódica los avances en estas investigaciones. Las investigaciones disciplinarias deben garantizar la rendición de cuentas de los agentes que cometieron abusos durante las protestas, así como de los comandantes de las unidades y los comandantes de policía a cargo de los operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.
 Suspender el uso de proyectiles de impacto cinético y del Venom hasta que se realice un examen independiente sobre el riesgo de estas armas, los protocolos para su uso y la capacitación que han recibido los agentes policiales para utilizarlos.
Llevar a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos, las prácticas y los equipos de control de multitudes de la policía, y de la capacitación de los agentes sobre el uso de la fuerza, el derecho a reunirse en forma pacífica y otros derechos humanos.
Recomendaciones
Al Congreso de Colombia:
 Iniciar un proceso con amplia participación de grupos de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en Colombia para reformar la Policía, adoptando las siguientes medidas, entre otras:
 Transferir la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad, a fin de asegurar que el rol y las funciones de los policías estén claramente separados de los de los militares.
 Establecer salvaguardas sólidas que aseguren que los “traslados por protección' no se usen de modo arbitrario.
 Reformar el sistema disciplinario de la Policía para asegurar su independencia.
 Garantizar que el sistema de justicia militar no adelante investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por policías.
 Revisar los protocolos policiales sobre uso de la fuerza a fin de asegurar que existan mecanismos sólidos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de policías.
 Establecer mecanismos independientes de supervisión y control sobre la policía.
 Fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar actos de violencia de género perpetrados por policías.
As has been the case globally, lockdowns, movement restrictions and limitations on businesses and trading have caused a severe economic crisis in Colombia. Participants in our study described how restrictions have brought with them the bankruptcy of numerous businesses, major increases in unemployment and generalized losses of income even for those still employed.131 Nationally, 73% of households were reporting losses of income in August 2020  ( Warren et al., 2020b, p. 56 ) . The impacts have been widespread, and have affected both the formal and informal economy.132 However, informal livelihoods were hit particularly hard. In surveys conducted in mid May 2020, 49% of workers in formal employment reported having worked in the previous week, while that figure decreased to 26% for Colombians in informal jobs  ( Warren et al., 2020a, p. 31 ) . The disruption of state run programs also fed the unemployment crisis further, as opportunities for public employment or via international cooperation halted.
Community members who have been victimized during the period of the pandemic have faced significant obstacles to reach institutions and file reports. Our respondents felt particularly impacted by the effects of the Human Rights Ombuds Office and the Victim's Unit having to work virtually, cancelling their visits to communities.15 Colombians from remote communities faced difficulties understanding, navigating and making use of virtual means of reporting and seeking protection from instances of victimization.16 Virtual attention was the only support route available for months. As some institutions reopened to in person attention, movement restrictions  ( by either state, illegal armed groups or community committees )  continued to make it challenging for victims of human rights violations to physically reach institutions, when they eventually did open to the public.
The second impact of diminished state presence stems from these constraints on civilian institutions, which severely disrupted human rights reporting and protection mechanisms.14 

As a result, community members and experts with whom Mercy Corps spoke believe that major increases to human rights violations are going under  or unreported.20 The lack of reports undermined effective mechanisms for the protection of communities, such as early warnings by the Defensoría21 and protection protocols for threatened social leaders via the Protection Unit.22 The absence of these state officials from remote communities together with the strengthened presence of illegal armed groups, to which we turn below, made it riskier and much more difficult to seek protection. Community members described in our interviews and workshops how neighbors have been threatened and killed for seeking state protection, as available attention mechanisms are not immediate enough to mitigate risks
La Resolución 507 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social establece los requisitos para la importación, adquisición y aplicación de las vacunas contra covid 19 por parte de privados, y su artículo 2 numeral 2.1, establece que los privados interesados en importar dichas vacunas deben solicitar la modificación de la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia   ASUE ante este Instituto para ser incluidos como importadores, diferentes al titular de la Autorización. En consecuencia, a la fecha, ninguna persona jurídica de derecho privado o persona jurídica con participación pública que se rija por el derecho privado se encuentra autorizada para la importación de estas vacunas. El proceso de inmunización que se adelante en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra covid 19 y según lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución mencionada, deberá efectuarse a cero costos para los beneficiarios de su aplicación. Una vez expuesto lo anterior, Invima hace un llamado y recomienda a los ciudadanos abstenerse de adquirir y/o aplicarse cualquier vacuna contra covid 19 diferente a las autorizadas y aplicadas de manera gratuita, en ejecución del Plan Nacional de Vacunación.
Ongoing economic vulnerability has fueled tension between hosts and Venezuelans over scarce resources. Participants in our research expressed sympathy for the plight of Venezuelans, but were also concerned that their arrival was making employment opportunities scarcer and overwhelming public services.134 The fact that there is greater supply of labor and that, being more vulnerable, Venezuelans are willing to work for less is seen as a driver for decreasing salaries.135 Venezuelans were overwhelmingly seeking income through informal livelihoods, increasing competition in a reduced market for those Colombians who also rely on the informal sector.136 While these dynamics pre date the COVID 19 pandemic, respondents in Santander de Quilichao and Sardinata, for instance, explained that with increased movement restrictions, Venezuelans who would have otherwise moved onwards to other urban centers or even countries, have been forced to stay put in their communities
La mayor desigualdad puede fomentar las condiciones para mayores niveles de violencia a través de tres canales distintos. Primero, es probable que mayores disparidades introduzcan incentivos que hagan que los retornos a las actividades ilegales sean comparativamente más atractivos que los retornos a las alternativas legales. En segundo lugar, la desigualdad engendra frustración y alienación entre los desposeídos a través de las percepciones de desventaja, falta de oportunidades e injusticia, que, en conjunto, estimulan la violencia. En ausencia de mecanismos de gobernanza efectivos para procesarlas pacíficamente, las tensiones creadas por las percepciones de injusticia, que debilitan y desgarran el tejido social con el tiempo, a menudo resultan en violencia o la amenaza de violencia como medio de “salida'. Cuando las personas perciben que el sistema está inclinado a favor de unos pocos Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe · 14  ( como es el caso de ALC ) , a menudo pierden la fe en la capacidad de la “voz' como medio para alcanzar y sostener nuevos acuerdos
. La segmentación formal informal de la fuerza laboral es una característica central de los mercados laborales en ALC y resulta de una combinación de exclusiones legales e incumplimiento. Los mercados laborales segmentados no solo son una fuente de desigualdad, sino también uno de los factores que contribuyen al bajo crecimiento de la productividad. Paralelamente, los ingresos de algunos trabajadores pueden ser tan bajos que los sitúan en la pobreza, lo que requiere programas adicionales para aumentar su consumo  ( programas de asistencia social ) . Así, en una representación estilizada de la estructura de protección social en la región, el acceso a la protección social depende tanto del estatus laboral de las personas  ( formal versus informal )  como de su nivel de ingresos  ( pobres y no pobres )   ( figura R21 ) . En la mayoría de los países de ALC, hay más trabajadores informales que pobres  ( figura R22 ) . Por otro lado, la mayoría de los trabajadores pobres son informales. Muchos trabajadores pasan con frecuencia entre la formalidad y la informalidad.
6. La brecha en la educación primaria entre el 20 por ciento más pobre y el 20 por ciento más rico de la población se redujo de 7,6 a 2,2 puntos porcentuales entre 2000 y 2018. Esta reducción obedeció principalmente a la mejora de las tasas de cobertura del primer grupo, que pasó del 90,8 por ciento en 2000 al 96,5 por ciento en 2018. Las tasas netas de cobertura también aumentaron en el caso de la educación secundaria, del 55,9 por ciento al 78,6 por ciento. La asistencia a la escuela secundaria entre los más pobres se aceleró en la década de 2000 y las brechas de escolarización vienen reduciéndose desde entonces. Sin embargo, el proceso de convergencia se desaceleró en la década de 2010 y es inexistente en la educación terciaria  ( figura 1.6 ) . A pesar de la falta de convergencia hubo progreso en la educación terciaria: las tasas netas de cobertura aumentaron del 12,3 por ciento en 2000 al 30 por ciento en 2018
Logro educativo. El progreso en cobertura en las últimas dos décadas se tradujo en un aumento sostenido del logro educativo en la región. El promedio de años de educación formal para la población adulta aumentó de manera constante, de 7,4 años en 2000 a 9,3 en 2018. La tasa de crecimiento de los años de educación fue casi constante a lo largo del tiempo y el logro educativo aumentó a lo largo de la distribución del ingreso en todos los países. Las personas tanto de los grupos más pobres como de los más ricos están ahora mejor educadas que las de los mismos grupos hace algunas décadas. Sin embargo, el logro educativo de los distintos grupos a lo largo de la distribución del ingreso es heterogéneo, y las brechas de educación entre el 20 por ciento más pobre y el 20 por ciento más rico prácticamente no han cambiado. También hay heterogeneidad en el logro educativo promedio entre países. Solo cinco países tienen un promedio de más de diez años de educación entre los adultos de 25 a 65 años  ( Argentina, Chile, Panamá, Uruguay y Venezuela )  y cuatro aún tienen un promedio inferior a ocho años  ( El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ) . La figura 1.7 muestra dónde se encontraba la región a finales de 2019, antes del inicio de la pandemia.
Audio del viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso Bogotá, 3 de Agosto de 2021 – El Ministerio de Salud y Protección social lideró el lanzamiento de resultados de la Encuesta Longitudinal de Salud de las Mujeres procedentes de Venezuela en Colombia, primer estudio de esta dimensión en el país, que fue realizado por la Universidad del Norte, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  ( USAID )  y la Organización Mundial para las Migraciones  ( OIM ) , y que servirá para el diseño de políticas públicas para esta población.
Las opiniones de la gente sobre cómo deben cambiar las políticas redistributivas implican no solo una postura normativa sobre quién debería recibir qué, sino también sobre quién recibe actualmente demasiado o muy poco. La encuesta de Latinobarómetro pide a los encuestados indicar los grupos que, en su opinión, reciben más o menos de lo que «merecen en función de su esfuerzo'. Este concepto se incluye entre comillas, ya que se trata de un término que tiene peso moral y la gente puede tener nociones fuertes de lo que significa “merecer'  ( por ejemplo, si merecer depende del esfuerzo, la ciudadanía o la humanidad inherente de cada persona, entre otras cosas ) . En ALC la gente coincide mayoritariamente en que los ricos reciben más de lo que merecen  ( figura 2.21 ) . Más aún, los que se perciben a sí mismos como los más pobres  ( panel a )  o los más ricos  ( panel b )  están de acuerdo con esta afirmación incluso con más fuerza que el encuestado promedio
La exposición a la violencia doméstica aumentó durante la pandemia La violencia contra las mujeres tiende a aumentar durante todo tipo de emergencias, incluidas las pandemias64. La violencia doméstica durante el confinamiento puede verse exacerbada por un conjunto de factores, incluidos las dificultades económicas, la inestabilidad emocional derivada de la incertidumbre y el debilitamiento del capital social65. Las medidas de distanciamiento social introducidas por los gobiernos han permitido que los perpetradores de violencia doméstica aíslen a sus víctimas como acto de control u obstruyan las posibilidades de que presenten una denuncia, limitando así su capacidad de pedir ayuda66. Aunque en algunos países se ha producido una disminución de las denuncias presentadas durante los confinamientos, esto no significa que la exposición de las mujeres a la violencia doméstica haya cesado, sobre todo si se tiene en cuenta el aumento simultáneo de las llamadas de emergencia67
El impacto en la industria conduciría a un cambio estructural regresivo En Colombia la caída fue de un 7,7% para el total de la industria y los peores resultados se dieron en los sectores de cuero y calzado  (  37,8% )  y autos y autopartes  (  36,9% ) . También en este caso la industria de alimentos anotó un crecimiento  ( 6,1% )
En general, los latinoamericanos están de acuerdo en que el derecho de un hogar a recibir ayuda del gobierno en la forma de bienes o servicios gratuitos o subsidiados disminuye considerablemente conforme a su nivel de ingresos  ( figura 2.19 ) . La mayor parte de la población está de acuerdo en que el 20 por ciento más bajo debería recibir ayuda: el 96 por ciento está de acuerdo en que el decil más pobre debería recibirla y el 60 por ciento en que el segundo decil más pobre también debería recibirla. Sin embargo, menos de la mitad de la población cree que las personas que están en cualquier otro decil deberían recibir ayuda. La poca disposición a respaldar programas de asistencia social dirigidos a las personas que no están en situación de pobreza extrema refleja una historia de enfoques de protección social fragmentados, que han dejado a muchas personas de la región sin una red de seguridad adecuada.
La violencia sigue siendo un elemento excesivamente común de la vida de muchas personas de la región de América Latina y el Caribe. La región alberga solo al 9 por ciento de la población mundial, pero actualmente registra el 34 por ciento del total de muertes violentas1 . El PNUD señaló en 2013 que la mayoría de los países de ALC exhibieron tasas de homicidio consideradas como epidémicas según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud  ( OMS ) , un hecho que se mantiene hasta la fecha2. La violencia o la amenaza de violencia en varios contextos se han convertido en una ficha de negociación entre actores estatales y no estatales para conseguir y mantener acuerdos. Por esta razón, la violencia se ha convertido en un elemento fundamental de la lucha por la distribución de recursos, derechos, oportunidades y poder en la región3 . Es, además, un factor común subyacente que impulsa y es potenciado por la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento de la región.
La violencia afecta la generación de ingresos, aumentando la desigualdad Los efectos de la violencia en la desigualdad de ingresos operan a diferentes niveles. A nivel individual, la violencia puede poner en peligro los prospectos de ingresos de las personas desfavorecidas a través de múltiples canales, creando obstáculos adicionales para la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, puede ampliar la brecha de ingresos al deteriorar la salud mental entre los pobres y, por lo tanto, alterar su participación en el mercado de trabajo. El miedo y la ansiedad, causados por la amenaza de la violencia, pueden alterar el comportamiento laboral, afectando así negativamente los logros educativos y el desarrollo cognitivo, empeorando los resultados en el mercado laboral y socavando las habilidades no cognitivas101. Por estas razones, la violencia de género puede empeorar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral10
En Colombia, existe una iniciativa colectiva de instituciones públicas y privadas, #InnspiraMED, creada con el fin de aportar una solución para la producción de ventiladores mecánicos con recursos locales y de bajo costo. Los ventiladores están todavía en fase de prueba.
En Colombia, Índigo Technologies desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial que permite identificar casos positivos de COVID 19 en segundos.
En Colombia, cuatro empresas unieron sus conocimientos y experiencia para crear un prototipo de estructura hospitalaria hecha en PVC y metal.
Según explicó Jorge Acosta, director del proyecto Encuesta ELSA VENCOL de Uninorte, 1.880 mujeres venezolanas respondieron que presentan síntomas de depresión significativa, es decir, 81,8% del total de las encuestadas. Y en el seguimiento que se hizo a los seis meses, el 71,2%  ( 923 )  venezolanas aseguraron que padecen depresión.
• Promoción de la integración Para los encuestados, lo más importante de un proceso de integración de población migrante y refugiada es la promoción de oportunidades económicas para quienes no las han tenido, con un 34,7 %.
Entre algunas conclusiones, Julián Fernández Niño, director de Epidemiología del Ministerio de Salud y Protección Social, explicó que se identificaron altas prevalencias de síntomas depresivos a inseguridad alimentaria, mientras que como aspectos positivos se encontró buena percepción del sistema de salud y acceso a servicios de salud, principalmente controles prenatales en el caso de mujeres gestantes, y servicios de educación reproductiva.
Colombia es el país, diría yo, que ha mostrado mayor solidaridad para la atención y respuesta a las necesidades de los migrantes. En Colombia residen actualmente 1.742.927 extranjeros de procedencia venezolana, un número muy importante y supera a la población del 70 % de los departamentos en Colombia. Ninguna persona independiente de su condición puede decir que se le ha negado una prueba diagnóstica, una UCI, un avión para trasladarlo. Colombia ha mostrado su solidaridad, equidad y comprensión con todos los aspectos de la humanidad.", afirmó Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.
Por ejemplo, de las mujeres consultadas, 1.906  ( 82,9 % )  respondió que se realizó la citología cervical; 102 se encontraban en embarazo y 107 de ellas estuvieron en controles prenatales durante la gestación y 126 asistieron a controles entre las cuatro y seis semanas posteriores al parto.
Si bien, el 65,7 % de ellas tienen acceso a servicios sanitarios,  el sistema tiene aún grandes retos por resolver en salud mental o seguridad alimentaria, ya que las familias de estas mujeres se componen de dos a cuatro personas  ( 57% )  y el 90,9% respondió que tienen un ingreso mensual inferior a un salario mínimo. Además, el 91% considera que su hogar tiene inseguridad alimentaria severa.
Esta encuesta se realizó entre los meses de febrero y julio de 2021 en medio de la pandemia, lo que implicó un esfuerzo logístico e incluye a 2.297 mujeres con estatus migratorio regular a quienes se les realizó un seguimiento mensual para evaluar y verificar diferentes dimensiones del estado de salud, área laboral, condiciones de salud mental y seguridad alimentaria que servirán para elaborar políticas públicas para la adecuada toma de decisiones especialmente relacionadas con esta población específica de mujeres migrantes.
Desde el año 2017, en el país se han emitido nueve resoluciones que permitieron expedir o renovar Permisos Especiales de Permanencia para la población venezolana que se encontraba en el país. Si bien estas medidas promovieron la formalidad y el acceso a educación y salud, más de la mitad de los migrantes y refugiados no logró adherirse a estos permisos por no cumplir con algunas de las condiciones, en especial, con la del pasaporte sellado. Con la expedición del nuevo Permiso Especial de Protección Temporal  ( PPT )  a partir de mayo, se espera que la población migrante y refugiada venezolana pueda regularizar su estatus migratorio y así eliminar varias de las barreras que enfrentan en la actualidad.
Aun así, al indagar acerca de las principales barreras para la integración de la población migrante y refugiada, más allá de los permisos o del estatus migratorio, cerca de 4 de cada 10 encuestados consideran que el principal obstáculo es la falta de articulación institucional  ( Gráfico 6 ) .
El 34,7 % de los empresarios encuestados considera que la regularización es fundamental para el reconocimiento de derechos.
A nivel de las empresas se hace evidente la falta de información y claridad frente a los canales y rutas de contratación, lo que dificulta que las compañías interesadas en generar estos procesos de selección dentro de sus organizaciones avancen en su objetivo. Adicionalmente, se crea un imaginario frente a la complejidad del proceso, lo cual puede desincentivar la integración socioeconómica de la población migrante y refugiada. Al respecto, diversas entrevistas señalaron la importancia de contar con información de caracterización de esta población que permita conocer quiénes son, qué estudios tienen y qué capacidades poseen, para poder integrarlos al aparato económico de forma provechosa.
La regularización, fundamental para el reconocimiento de derechos, fue elegida como la segunda barrera por el 34,7 % de los encuestados
el estatus migratorio irregular presenta repercusiones en las posibilidades que tiene el migrante y refugiado para crear emprendimiento en Colombia, pues deben acudir a terceros para registrar sus negocios, lo cual los expone a situaciones de riesgo o pérdida de su inversión. Incluso en los casos en los que los migrantes cuentan con estatus migratorio regular, se hace muy difícil crear negocios en Colombia.
La discriminación aparece como una de las barreras que demanda la participación activa de todos los sectores estratégicos de la sociedad. De acuerdo con el sondeo, el 29,7 % de los encuestados está de acuerdo con que la discriminación y la xenofobia por parte de las comunidades de acogida hacia la población migrante y refugiada es una de las principales barreras para la integración  ( Gráfico 6 ) .
. Según una investigadora de Dejusticia, este es el caso de algunos niños y niñas migrantes y refugiados que, a pesar de contar con su derecho a la educación, amparado por la normatividad, no pueden ingresar a los colegios debido a que “algunos rectores, coordinadores y empleados exigen requisitos que no están en la ley. Lo que subyace a esa exigencia es una discriminación'
Dentro de las barreras para la integración de la población migrante y refugiada señaladas por los entrevistados se encontró la carencia de documentos oficiales, especialmente de títulos académicos y certificados laborales. Debido a la crisis política, económica y social de Venezuela, muchas empresas han dejado de existir, imposibilitando la emisión de certificados laborales válidos en Colombia.
El gobierno colombiano ha sido desde el comienzo del fenómeno migratorio un gran aliado en la respuesta en la protección y la garantía de los derechos de los migrantes, desde el 2017 con el diseño del Plan del Sector Salud al Fenómeno Migratorio y las 11.724.833 millones de atenciones que beneficiaron a 1.301.760 personas con procedencia venezolana, de las cuales el 66,7 % se realizó a mujeres y especialmente a gestantes, que equivalen a 272.747, así mismo, 391.918 atenciones a niños, niñas y adolescentes.
Se han conocido las cifras de deforestación de 2019 reportadas por el IDEAM con un resultado alentador, a pesar de que la magnitud del daño acumulado mantenga en alto las alertas. Al mismo tiempo, otros sistemas de monitoreo señalan que, en 2020, las actividades de deforestación aún tienen una dinámica que pareciera indicar que no hay control sobre un porcentaje de variables significativo dentro de los motores que incentivan esta actividad, y cuyo impacto es todavía muy importante.
De todos los extranjeros de procedencia venezolano que residen en Colombia el 43,5 %  ( 759.584 )  ya han regularizado su condición mediante el Permiso Especial de Permanencia  ( PEP )  y de estas, 48,5 %  ( 383.384 )  ya han podido acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
• Barreras de género A todas las barreras descritas se suman factores que acentúan el nivel de vulnerabilidad de esta población, como aquellas desigualdades por género, especialmente en el mercado laboral8 , y la violencia basada en género  ( VBG )
Estas vulnerabilidades afectan a las mujeres a nivel mundial y se han hecho más profundas en el contexto de la covid 19. Según la ONU, la pandemia ha generado impactos desproporcionados en la vida económica y productiva de las mujeres, la sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado, la salud sexual y reproductiva y la VBG. Estas afectaciones se hacen más profundas si las mujeres pertenecen a un grupo étnico, trabajan en la informalidad o cuentan con un estatus migratorio irregular  ( FIP, 2020; Guías Colombia, 2020 ) .
En el sondeo, con respecto al mercado laboral, el 33,9 % de los encuestados cree que las mujeres migrantes enfrentan mayores cargas en tareas de cuidado y del hogar, lo que impide su acceso a empleos con ingresos remunerados. Además, el 31,4 % opina que las mujeres migrantes y refugiadas enfrentan mayores riesgos de explotación laboral que sus colegas masculinos  ( Gráfico 7 ) .
Infortunadamente, y pese a que cuenta con una alta disponibilidad de recursos hídricos  ( ríos, lagos y lagunas )  y una precipitación media multianual de 2 800 a 3 200 mm, el departamento del Amazonas no goza de un suministro adecuado y suficiente de agua potable.
Un análisis realizado por una investigadora de la FIP concuerda en este punto, al argumentar que las migrantes cuentan con más dificultades que sus pares hombres, sobre todo en el contexto de salud pública actual. Este cambio de panorama implicó que los sectores que presentaban mayor participación de mujeres migrantes  ( servicios domésticos, hoteles, restaurantes y el comercio al por menor )  estuvieran cerrados al público, impactando su estabilidad económica
El bajo rendimiento de su acueducto y el alto costo que representa el poder contar con dicho servicio son las mayores limitantes para que sus habitantes tengan la posibilidad de abrir el grifo y recibir agua de calidad para su consumo y las labores domésticas. Las nueve áreas no municipales cuentan con acueductos viejos y obsoletos, condiciones a las que se suma el hecho de tener las bocatomas en ríos donde se presenta minería ilegal, lo cual expone a estas comunidades a la contaminación por mercurio.
"Colombia ha recibido y acogido a toda esta población, incluso el presidente Duque ha establecido un Estatuto Temporal en el país lo que genera una protección especial a esta población", agregó Moscoso
Por su parte, durante el confinamiento estricto por la pandemia, la VBG en población migrante y refugiada aumentó en un 39,7 %, equivalente a 909 casos adicionales  ( según cálculos del Observatorio PMV entre enero y septiembre de 2020 con base en información del SIVIGILA, del Ministerio de Salud y Protección Social ) 9 . Por esto, cabe resaltar que el 30,5 % de los encuestados considera que una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas es la violencia sexual, intrafamiliar, física y psicológica. Un 33,9 % considera también que la estigmatización y la discriminación impiden su proceso de integración y el 17,8 % también ve como dificultad el acceso a la salud, incluyendo la sexual y reproductiva  ( Gráfico7
Además, a las mujeres migrantes y refugiadas que continuaron trabajando en el servicio doméstico, donde se destaca la baja remuneración y la alta informalidad laboral, se les exigió en muchos casos continuar sus labores sin garantías ni medidas de bioseguridad  ( Correa y Marín, 2020 ) .
De igual forma, el 29,7 % considera que lo más importante es lograr que personas distintas puedan convivir juntas en un mismo espacio libre de xenofobia y se promueva la diversidad. Además, el 20,3 % opina que es importante que se promueva la participación y el empoderamiento de grupos marginados  ( Gráfico 8 ) .
• Principales retos Los empresarios consideran que los principales retos que enfrenta el Gobierno son aquellos relacionados con la articulación entre los diferentes niveles institucionales y las entidades relacionadas con esta temática  ( 50 % ) , con la falta de recursos para la atención de la población migrante y refugiada  ( 37,3 % ) , la regularización  ( 26,3 % )  y la falta de capacidad para controlar el paso de migrantes y refugiados en frontera  ( 25,4 % )  que, dada su dimensión, es porosa y difícil de controlar
La expedición del EPTV es una medida sin precedentes que marca un cambio de enfoque institucional sobre la migración, pasando de la asistencia humanitaria y las soluciones a corto plazo a la concepción de este fenómeno como una potencialidad para el país, generando una garantía de estatus migratorio por 10 años.
El flujo migratorio mixto proveniente de Venezuela trae importantes retos para Colombia, pero a la vez grandes oportunidades que requieren del involucramiento de todos, en particular, del sector empresarial. Por esta razón, desde el Proyecto Migración Venezuela  ( PMV )  y la Fundación Ideas Para la Paz  ( FIP )  se realiza una investigación con el fin de indagar y difundir las percepciones, posturas y acciones del sector empresarial2 frente a la inclusión socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos
, el contexto colombiano cuenta con dinámicas de conflicto armado desde hace más de 60 años, lo cual promovió movimientos de emigrantes colombianos que fueron recibidos por otros países de Latinoamérica  ( Ramos & Rodríguez, 2019 )  y consolidó a Colombia como un país expulsor, mas no receptor de personas. A pesar de encontrarse en un proceso de construcción de paz, el país presenta unos retos adicionales a los que se podrían dar en cualquier otro que reciba una migración masiva. Con relación a este punto, históricamente, la paz se ha definido en relación con el concepto de guerra o conflicto. Por lo tanto, la imagen más común que se tiene de la paz dentro de la filosofía política es un escenario en el cual las tensiones se resuelven sin violencia. Sin embargo, el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung  ( 1969, citado en FIP, 2021a )  resaltó la relación directa que tiene la paz con la teoría del desarrollo, al hacer una distinción entre la “paz negativa' que supone la eliminación de la violencia directa  ( física, verbal o psicológica )  , la “paz positiva'  que abarca la ausencia de la violencia estructural  ( aquella inherente a la explotación y represión de los sistemas sociales, políticos y económicos )   y la violencia cultural, entendida como los aspectos de la cultura en el ámbito simbólico que justifican la violencia directa o estructura
Históricamente, Colombia ha sido un país de emigrantes, por lo cual la inmigración masiva de venezolanos generó un gran impacto en la sociedad colombiana, que no estaba preparada para convertirse en una comunidad de acogida. Así, algunas creencias y mitos sobre esta población han conformado imaginarios sociales sobre los venezolanos, los cuales han variado según las olas migratorias, siendo la última la que ha despertado un mayor rechazo en la población de acogida. Ejemplo de ello se muestra en las redes sociales, donde un 33,1 % de los usuarios colombianos mostró sentimientos negativos sobre la migración desde Venezuela durante el año 20203
Al preguntarles a los participantes del sondeo las tres primeras palabras que utilizarían para describir a un migrante venezolano, se destacan términos como oportunidad, superación, trabajadores y emprendedores  ( Ilustración 2 ) . Asimismo, palabras como necesidad, vulnerabilidad y discriminación revelan que los empresarios y el personal de gestión humana son conscientes de la situación que viven muchos migrantes y refugiados en el país. Estos resultados coinciden con los de un análisis de medios realizado por la FIP en 2019, en el cual se evidencia la aparición de un nuevo discurso que muestra al migrante como víctima, al retratar las duras condiciones bajo las cuales se encuentra esta población en el país; esto ha funcionado como un incentivo para la ayuda humanitaria por parte de diferentes países y organizaciones  ( FIP, 2019 ) .
Colombia, el vecino con una histórica relación más intensa, destaca por recibir flujos diarios de centenares e incluso miles de venezolanos, que ya suman casi 1,8 millones en su territorio, y por disponer para ellos un Estatuto de Protección Temporal que les otorga documentación y acceso a empleos, servicios y disfrute de otros derechos.
De la acogida y auxilio a los desplazados es ejemplo la colombiana Fundación Renacer, que ha asistido a miles de niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de explotación sexual comercial y de otros tipos de violencia sexual y de género.
En el caso de Colombia “ha sido impresionante recibir a casi dos millones de venezolanos, en un país de 50 millones de habitantes de los cuales 40 por ciento vive en la pobreza', observó a IPS Iván Briscoe, responsable regional del observatorio de conflictos International Crisis Group, basado en Bruselas.
Renacer, con activistas como Mayerlin Vergara, merecedora en 2020 del premio anual Nansen que otorga Acnur a socorristas destacados, rescata niñas y jóvenes incluso de prostíbulos y bares donde son forzadas a explotación, sexual o laboral, a menudo por redes de trata que capturan a las migrantes más vulnerables.
En ese contexto pudieron manifestarse expresiones de xenofobia, como diversos medios interpretaron declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien tras un crimen cometido por un venezolano planteó la conveniencia de deportar a los nacionales del país vecino que se considerasen indeseables.
En toda la región se han multiplicado las organizaciones no solo de socorro sino de activa búsqueda de inserción de los venezolanos, incluso con ellos mismos en el papel de líderes, como ha sido el caso de la fundación Fundacolven en Bogotá.
Finalmente, concluyó asegurando que el mensaje que enviamos con el Estatuto de Protección es que finalmente entendimos que esta población tiene vocación de permanencia, "que construirá su vida aquí y nosotros como Estado no tenemos opción diferente que brindar las herramientas para que esa población se integre de la mejor manera", concluyó el viceministro de salud.
Una nueva resolución del Ministerio de Salud, que aún está en borrador, ordena a los departamentos y distritos censar a las extranjeros sin documentos expedidos en Colombia para que puedan acceder a las vacunas contra la covid 19.
Según cifras de Migración Colombia, en el país se registran 1.742.927 migrantes venezolanos, de los cuales 759.584 están en condición regular y 983.343 en condición irregular
El Centro Distrital de Integración y Derechos  ( Cedid )  a migrantes, refugiados y retornados abrió sus puertas el jueves 22 de julio para continuar con la integración económica, social y cultural de los migrantes en Bogotá, Colombia.
“De acuerdo con el Decreto 109 de 2021 modificado por el Decreto 744 de 2021, todos los departamentos y distritos del territorio nacional deben realizar un censo de las personas que habitan en sus territorios y no cuenten con un documento de identidad expedido por el Estado colombiano para identificarse, con el fin de que puedan acceder a la vacunación contra la covid 19", refiere el texto de la resolución.
Para medir el nivel de gobernanza del riesgo de desastres, el BID desarrolló en 2012 el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres  ( iGOPP ) , conformado por 245 indicadores que reflejan las condiciones normativas, institucionales y presupuestales para implementar una política pública en GRD efectiva. El iGOPP se ha aplicado en los 26 países de América Latina y el Caribe que son miembros del BID.9 El valor promedio regional obtenido es de un 31% sobre 100%, un porcentaje que indica que existe un margen amplio para mejorar la gobernanza del riesgo de desastres. Los seis países mejor puntuados son México  ( 62% ) , Colombia  ( 58% ) , Bolivia  ( 54% ) , Perú  ( 52% )  y, con 51%, Costa Rica y Ecuador  ( gráfico 6 ) .
El Ministerio de Salud tiene listo el borrador de una nueva resolución en la que especifica que la población migrante y refugiada venezolana en condición irregular entrará al Plan Nacional de Vacunación contra la covid  19.
La cartera de salud exhorta a las entidades territoriales del orden departamental a garantizar que todos los municipios de su jurisdicción realicen el envío de la información.
The labour market impacts of the crisis also have repercussions on the coverage of social security benefits: the number of contributors to pension systems in 11 Latin American countries decreased by 5.3% between the fourth quarters of 2019 and 2020  ( see table 6 ) . In general, the reduction appears to have been greater among female than male contributors.
No se ha identificado la necesidad en centros hospitalarios, pero se conoce que también han sido afectados por las inundaciones.
Sin embargo, la integración sociolaboral de la población migrante requiere también apoyo de otros actores como, por ejemplo, del sector empresarial. Este juega un rol central en la generación de empleo, la creación de fondos que facilitan el emprendimiento y la inclusión financiera, entre otros. Además, propician entornos de gobernanza, confianza y convivencia durante los procesos de construcción de paz e integración migratoria  ( FIP & Fundación COMPAZ, 2021 ) .
Una primera constatación es que en este territorio la tasa de mujeres que han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida  ( prevalencia )  es más alta  ( 68,4% )  con respecto a la nacional  ( 64,9% ) . Como se observa en el Gráfico 1, la zona de frontera arroja porcentajes más altos  ( en alrededor de 5 puntos )  para la tasa de violencia total como también en cuanto a violencia física, psicológica, patrimonial o económica. En el único caso donde el porcentaje se ubica un punto por debajo de la media del país es en la prevalencia de violencia sexual.
El análisis de la de la VGM según provincias ubicadas en la frontera norte  ( Gráfico 3 )  muestra que existen diferencias entre ellas, tanto en las tasas de prevalencia de la violencia total  ( cualquier tipo de agresión a lo largo de la vida de una mujer ) , como también en los distintos tipos de agresiones  ( física, psicológica, sexual, económica o patrimonial )  y ámbitos de ocurrencia sobre los que indagó la encuesta.
Al desagregar las distintas formas de violencia sexual, se encuentra que 1 de cada diez mujeres que residen en la franja fronteriza del norte del Ecuador han sido víctimas de violación que de acuerdo con la Ley vigente en el país, este delito se comete cuando una persona es: “obligada a tener relaciones sexuales mediante chantajes, amenazas, uso de la fuerza, armas, alcohol o drogas', en cualquiera de los ámbitos de interacción social, incluyendo el ámbito de las relaciones de pareja  ( LOIPEVM, 2018 ) .
De acuerdo con los testimonios de víctimas directas, indirectas e información recabada de actores humanitarios, de organizaciones de la sociedad civil y voceros de instituciones estatal, los tratantes han diversificado las modalidades para cooptar a las víctimas; ya que en unos casos someten a las mujeres de forma violenta y, en otros, las reclutan a través de engaños como ofertas de empleo y de vivienda para luego esclavizarlas y explotarlas sexualmente  ( Muñoz Núñez et al., 2018; CARE, 2019; Defensoría del Pueblo de Colombia, 2019; UNDOC, 2011; Ministerio de Gobierno de Ecuador, 2019 ) .
La frontera colombo ecuatoriana es un territorio marcado por una serie de complejidades sociopolíticas que incluyen la presencia de bandas delictivas y una situación de inseguridad y violencia, contexto que afecta a la población en movilidad humana que la transita, pero sobre todo a las mujeres que corren riesgos específicos como es sufrir violencia de género, violencia sexual, prostitución forzada, trata de personas o explotación sexual.
La frontera norte del Ecuador presenta tasas más altas de violencia de género contra las mujeres si se las compara con el promedio nacional, según los resultados arrojados por la encuesta nacional aplicada en 2019 para medir la magnitud de estas violencias, lo que da cuenta de un contexto de alta conflictividad y violencia de carácter estructural.
La crisis provocada por el COVID 19 y las medidas de confinamiento han producido efectos particularmente negativos para las mujeres: a )  la mayor pérdida de empleo, la imposibilidad de mantener sus medios de vida y contar con ingresos para cubrir sus necesidades básicas y las de sus hogares; b )  un aumento significativo del trabajo de cuidado y del tiempo que han debido dedicar a ello; y, c )  el incremento de los riesgos y de todas las formas de violencia de género contra las mujeres. Estos impactos negativos de la pandemia han afectado de forma desproporcionada a las mujeres jefas de hogar, a las de los estratos socioeconómicos más bajos, y a las mujeres en situación de movilidad humana.
Desde el inicio del éxodo masivo del vecino país en el año 2015, el crecimiento de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia ha sido sostenido. A pesar de la pandemia y todo el contexto de retornos de estos ciudadanos generado por esta situación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  ( Dane )  cuantificó en el año 2020 que el total de migrantes con más de cinco años de permanencia alcanzó los 2,26 millones de personas. De estos, el 50,2 por ciento son mujeres y el 49,8 por ciento son hombres.
La caracterización del problema de las drogas en los ocho resguardos objeto de estudio arrojó la presencia de 228 hectáreas de coca en los resguardos Inga  ( 5 resguardos )  y 191 hectáreas en los Awá  ( 3 resguardos )  para el 2019. Esta cifra corresponde al 67 % del área cultivada en coca en todos los resguardos Inga, y al 23 % del área total en los resguardos Awá del Putumayo. Ahora bien, aunque el área cultivada es mayor en los resguardos Inga, tan solo en el 2 % de los hogares hay predios con cultivos de coca, ya que su población es también mayor; en contraste, en el pueblo Awá, que tiene una población menor en los resguardos incluidos en el estudio, el porcentaje de hogares que cultiva coca aumenta al 41 %, lo que indica que existe un mayor nivel de dependencia económica de la producción de cultivos de coca.
Estos datos fueron revelados recientemente por el Dane, en una nota estadística que muestra un panorama de las condiciones de vida de la población migrante venezolana en el país, con enfoque de género. La cifra contrasta con el último reporte de Migración Colombia, a cierre del mes de enero, que contabilizaba 1'742.927 de venezolanos radicados en el país, de los cuales 759.584 están en condición regular y 983.343 en situación irregular.
No existe información de contraste de estos indicadores a nivel nacional, excepto en el indicador de educación. El porcentaje de mayores de 14 años que para 2018 en Colombia tienen como máximo logro educativo la primaria es 22,7 %, lo que significa un retraso de más de 25 puntos porcentuales respecto del dato nacional.
La información recolectada por el programa Cosas de Mujeres, implementado por Ladysmith en Colombia, refiere que algunas barreras de ingreso al mercado laboral para las mujeres migrantes venezolanas tienen que ver con responsabilidades de cuidado. Además, un diferencial para ellas como migrantes consiste en las dificultades para obtener permisos oficiales de trabajo, especialmente si han perdido, dañado o ha caducado su identificación, lo que incrementa su probabilidad de participar en trabajos informales
Los programas de integración de Bogotá buscan combatir la xenofobia, orientar retornos voluntarios y apoyar la implementación del Estatuto de Protección Temporal  ( Eptve ) .