nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
ARAUCA En Arauca  ( capital ) , se realizaron nueve encuestas, siete de ellas de manera individual y dos a través de discusiones grupales. Respecto a las personas víctimas de desplazamiento forzado, se encuentran ubicadas de forma dispersa a través de redes de apoyo de familiares o conocidos. 

También se cuenta con llegada de población refugiada y migrante, así como colombianos retornados provenientes de Venezuela, debido a las disputas por territorio por parte de GANE. En total se cuenta con la llegada de 450 personas  ( 26% colombianos retornados y 74% venezolanos ) , la mayor parte de las personas refugiadas y migrantes y colombianos retornados se encuentran ubicados en puntos al margen de la frontera, para ello se priorizaron los puntos: Fórum Los Libertadores  ( Comunidad Jivi ) , Vereda Monserrate  ( Sector Los Tubos ) , Vereda Los Pechos, barrio La Esperanza y 12 de octubre, Bocas del Arauca y vereda Clarinetero.
• Salud: se requieren brigadas de salud primaria. También, apoyo psicosocial a la población en general, jornadas y entregas de elementos de salud sexual y reproductiva. Por último, es necesario proveer elementos de prevención y protección COVID 19.
• Nutrición: Ante la ausencia de información de situación nutricional, se hace necesario realizar un diagnóstico de situación, especialmente en niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes y lactantes; además del fortalecimiento de la atención nutricional en zonas periurbanas y rurales
• Agua, saneamiento e higiene  ( WASH ) : se requiere el acceso a servicios básicos de saneamiento como letrinas o duchas aptas para su uso, así como acceso a agua potable. Se requieren mosquiteros, kits de dignidad para las mujeres y adolescentes, agua potable y kits de higiene bucal y corporal en los puntos mencionados en la tabla 1. Multisector  ( alojamiento y transporte humanitario ) : las familias requieren elementos básicos para preparar alimentos: ollas, platos, utensilios de cocina  ( 1 kit de menaje por hogar ) , de igual forma es necesario elementos como colchonetas, frazadas y mosquiteros.
• Recuperación temprana e integración Socioeconómica: las familias requieren apoyo para acceder a procesos de 

generación de ingresos.
• Educación: Debido al alto riesgo al reclutamiento forzado en niñas y niños provenientes de Venezuela no pueden asistir a clases, por ello, se necesitan kits escolares para los 18 niños y niñas. Por otro lado, por la presunta presencia de minas antipersonales en el territorio es necesario generar espacios de educación en el riesgo de minas.
• Comunidad indígena Jivi: la comunidad indígena Jivi proveniente de Venezuela ha llegado a este municipio desde inicios del mes de febrero del presente año, el total de la población asciende a las 81 personas  ( 24 hombres, 21 mujeres, 18 niños y 18 niñas ) , sin embargo, la comunidad ha expresado su interés de desplazarse hacia Yopal  Casanare, movimiento que inicio el 17 de marzo.
Las necesidades de la comunidad se mantienen activas, en especial en asistencia alimentaria y alojamiento, por lo tanto, se requiere la entrega de elementos como hamacas, mosquiteros, entre otros que garanticen el descanso de las personas.
También, se evidencia el miedo a retornar por el recrudecimiento de la violencia en Venezuela por lo cual, piensan quedarse en territorio colombiano.
Las necesidades en alimentación, alojamiento, agua potable, protección accesos a bienes y servicios primarios y educación siguen siendo prioritarias.
Según las cifras del Gobierno,1 el número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela aumentó en Colombia a más de 1.84 millones de en agosto de 2021, representando el 31% de todas las personas venezolanas que han salido de su país de origen
ARAUQUITA En Arauquita se realizaron nueve encuestas, siete de ellas a informantes clave y dos a través de observación directa, estas últimas en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación  ( AETCR ) , el cual se encuentra en confinamiento y cuenta ya con un proceso de toma de declaración por parte del Ministerio Público. La población total afectada en el municipio, según la Personería Municipal es de 1.524 personas por desplazamiento forzado y confinamiento incluyendo personas refugiadas y migrantes  ( 414 hombres, 350 mujeres, 392 niños y 368 niñas ) .
Adicional a la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No. 1255,4 por el medio de la cual se garantiza el acceso a la vacunación contra el COVID 19 de todos los habitantes del territorio colombiano, incluidas las personas refugiadas y migrantes venezolanas en situación irregular que viven en el país, el decreto No. 1971 del 9 de diciembre de 2021 incluyen en el plan nacional de vacunación contra el COVID 19 a las personas que transitan en zonas de frontera del país.
47% De la población encuestada son mujeres o niñas
45% De las familias tienen uno o más niños/as menores de 5 años
El 88% de la población encuestada tiene vocación de permanencia en el país a mediano plazo, mientras que el resto aún no sabe por cuánto tiempo permanecerá en Colombia  ( 8% ) , planea moverse dentro de Colombia  ( 1,5% ) , viajar a otro país  ( 0,3% ) , regresar a Venezuela  ( 0,7% )  o prefieren no decir su intención de permanencia  ( 1% ) .
Dentro de las necesidades específicas de protección más recurrentes para esta ronda y que se mantienen respecto a la ronda anterior se encuentran las condiciones médicas críticas o crónicas para el 19% de las familias encuestadas; el 12% de las familias indicó no tener acceso a tratamiento médico para atender dicha condición, mientras que solamente el 7% indicó tener acceso y recibir tratamiento.
De acuerdo con los resultados de la ronda en cuestión, el 54% de las personas entrevistadas indicó que desde que llegaron a Colombia alguno de los miembros de su núcleo familiar ha necesitado recibir atención médica y fueron atendidos en un centro médico. Las personas encuestadas acudieron principalmente a hospitales públicos y privados para atención en emergencia, y a ONGs que brindan servicios de salud integrales en las diferentes zonas del país. Sin embargo, un 11% respondió que sí han necesitado recibir atención médica, pero no pudieron ser atendidos en un centro médico, siendo la falta de recursos económicos y la falta de documentación necesaria las principales limitantes al acceso.
un 6% indicó que a pesar de que han necesitado recibir atención médica prefirieron automedicarse o no buscar atención médica
Del 54% de las familias que tuvieron la posibilidad de ir a un centro médico y ser atendidos, la mayoría  ( 82% )  indicó que recibieron la atención adecuada a la necesidad médica. El 11% de las personas manifestaron que la atención les fue negada  ( 10% )  o que la atención médica recibida no fue adecuada y necesaria para suplir sus necesidades, debido a la falta de recursos  ( 31% ) , de seguro médico  ( 27% ) , de documentación necesaria para acceder al servicio integral  ( 16% ) .
Destaca que el 26% de las mujeres en estado de embarazo presentes en los grupos familiares encuestados no ha podido asistir a ningún control prenatal en los 3 primeros meses de gestación por uno de los tres motivos anteriormente destacados.  ( Falta de recursos, documentación, seguro médico )
De las familias encuestadas, el 84% indicó que había ingresado a Colombia de manera irregular, es decir, sin sellar su pasaporte al atravesar los puestos fronterizos y que en la mayoría de los casos implicó cruzar la frontera a través de puntos de tránsito no autorizados en los que los riesgos de protección se incrementan debido a múltiples factores, tales como las condiciones geográficas adversas y la presencia de actores armados ilegales.
Para esta ronda, las tres regiones del país donde se concentra el mayor porcentaje de personas que ingresaron de manera irregular son el 90% en la región Caribe  ( departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Cesar, Magdalena ) , seguido por el 88% en la zona fronteriza con Venezuela  ( departamentos de Norte de Santander, Arauca, Vichada y Santander )  y Antioquia y Chocó  ( 87% ) .
Al momento de la aplicación de la encuesta la mayoría de las personas  ( 68% )  indicó que se encontraba en situación irregular, ya sea por no poseer un permiso de residencia o visa, o porque el permiso o visa había expirado. Sin embargo, el 13% manifestó encontrarse en trámite de expedición de algún permiso de regularización o visa.
ALIMENTACIÓN: insuficiencia alimentaria y situaciones graves de desnutrición que pueden aumentar el riesgo de contagio
La información obtenida durante esta ronda arrojó que la mayoría de las personas entrevistadas  ( 90% )  inició el proceso para acceder al ETPV o piensa iniciarlo. De los que ya iniciaron el proceso indican en su mayoría  ( 73% )  que todos los miembros de su núcleo familiar pudieron completar las fases del Registro Único de Migrantes Venezolanos  ( RUMV ) , porcentaje significativamente más alto  ( 14 puntos )  respecto a la ronda anterior.
El  ( 27% )  indicó que al menos un miembro de su familia ha tenido problemas y no lo ha completado el proceso. Dentro de las principales razones por las que las personas no han podido completarlo el 53% de las personas manifiesta encontrarse a la espera de cita para cumplir con la segunda fase del registro biométrico, mientras que el 14% ha tenido problemas con la plataforma, principalmente debido a la alta demanda de citas y/o a las dificultades relacionadas con el internet para el agendamiento.
De los resultados para la ronda 4 de 2021, 8 familias encuestadas  ( 1% )  manifestaron haber sufrido una vulneración de derechos en este sentido, al haberle sido negada la entrada a Colombia, haber sido deportado o haber sufrido retorno forzado
WASH: falta de agua potable, implementos de bioseguridad  ( tapabocas, jabón antibacterial, entre otros )
Entre las cuatro rondas de 2021, se evidencia una disminución progresiva de la intención de solicitar protección internacional o de la radicación de la solicitud ante las autoridades competentes, siendo la ronda de octubre a diciembre la que ha tenido menor porcentaje en este sentido. ACNUR explica parcialmente esta disminución por inicio en la implementación del ETPV tras su anuncio en febrero de 2021. De hecho, en esta ronda, el 84% de las familias encuestadas expresó no estar interesada en solicitar protección internacional y como principales razones se encuentra la intención de aplicar al ETPV  ( 97% ) . Entre las personas solicitantes de asilo y aquellas con intención de solicitarlo respondieron que preferirían no desistir del reconocimiento de la condición de refugiado  ( 57% ) . Entre quienes indicaron preferir optar por el ETPV  ( 43% ) , destacaron la imposibilidad de obtener trabajo formal con el salvoconducto  ( 57% )  y, en segundo lugar, la incertidumbre relacionada con los tiempos del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados  ( 43% ) .
Se destaca un alto número  ( 1.163 )  de niños y niñas en edad escolar mayores de 5 años, de los cuales el 31% no cuentan con acceso a la educación y no se encuentran matriculados en una institución educativa. Entre las principales razones mencionadas se encuentran la falta de documentos para formalizar las matrículas, la falta de cupo escolar y la falta de recursos económicos.
Se resalta que 28 familias encuestadas indicaron tener algún miembro de su hogar sin ningún tipo de documentación que acredite la nacionalidad. Frente a los casos de niños y niñas nacidos/as en Colombia, esta situación podría responder a falta de información por parte de las personas encuestadas sobre los procedimientos de registro sobre todo en zona rural, así como las dificultades de acceso a servicios de registro derivados de las medidas de contención de la pandemia de la COVID 19.
Del 68% matriculado, el 45% retomaron clases presenciales y están asistiendo y sólo el 25% que continúa en clase virtual cuenta con los recursos necesarios para acceder a esta modalidad de educación, situación que refleja el limitado acceso a internet, la falta de equipos tecnológicos y/o recursos económicos para tener conectividad, representando una barrera adicional para el acceso a la educación.
En la ronda 4 de 2021, de los147 niños, niñas y adolescentes nacidos/as en el país luego de 1 de enero de 2015, el 93% cuenta con registro civil de nacimiento, de los cuales la mayoría  ( 73% )  cuenta con la anotación que indica “válido para demostrar nacionalidad' y el 27% indicó que no tenía forma de revisar el documento al momento de la encuesta o no contaba con la anotación mencionada.
De éstas, 197  ( 1 de nacionalidad venezolana )  son personas afectadas por desplazamiento forzado y se encuentran ubicadas de forma dispersa a través de redes de apoyo de familiares o conocidos; 340 personas están confinadas en el AETCR  ( 66 personas de nacionalidad venezolana ) , 596 están confinadas en el resguardo indígena el Vigía y 136 en el resguardo indígena Las Vegas. 

También se cuenta con población refugiada y migrante y colombianos retornados ubicados en el Sector El Troncal, Barrio Santo; en total se cuenta con la llegada de 255 personas  ( 7% Colombianos Retornados y 93% venezolanos )  de ellos 94 hombres, 71 mujeres, 40 niños y 50 niñas, la mayor parte de las personas refugiadas y migrantes y colombianos retornados se encuentran ubicados en hogares de familiares o conocidos dentro del sector mencionado.
• Salud: Se requiere atención en salud para la comunidad, especialmente a mujeres embarazadas, madres lactantes  ( más de 50 )  y adultos mayores presentes en el lugar, de igual forma se presenta la presencia de aproximadamente 30 menores de 5 años, los cuales requieren atención en temas de control prenatal y crecimiento, así como acceso a vacunación contra COVID 19 y kits de bioseguridad. También se requiere acompañamiento psicosocial, ya que es población que ha estado expuesta a los enfrentamientos entre GANE . Se requiere atención en VBG, acompañamiento en temas de métodos de planificación y orientación en salud sexual y reproductiva para la población femenina y masculina.
La población manifiesta tener poca información sobre los lugares para vivir de acuerdo con sus posibilidades económicas10, lo que ha conllevado a que se ubique en entornos no seguros. Tal es el caso de la población que habita en los “pagadiarios' o inquilinatos, que son el tipo de vivienda de bajo costo prevalente en el centro de la ciudad, especialmente en la localidad de Los Mártires11. Los “pagadiarios' en este sector generalmente son espacios compartidos y con acceso limitado a baños en condiciones de higiene dignas.
• Seguridad alimentaria: La comunidad requiere apoyo con acceso a alimentación para las personas que han llegado
• Agua, saneamiento e higiene  ( WASH ) : La comunidad en su totalidad manifiesta que requieren kits de higiene, de igual forma se requieren kits de dignidad para las 71 mujeres y adolescentes, pañales desechables para niños y niñas menores de 5 años  ( Aproximadamente 20 niños y niñas ) , acceso a agua potable para toda la comunidad y mosquiteros para las 66 familias dado que los que tienen ya están deteriorados y se aproxima el invierno.
• Multisector  ( alojamiento y transporte humanitario ) : Las familias requieren elementos básicos para preparar sus alimentos como ollas, platos y utensilios de cocina, aproximadamente 20 familias no cuentan con colchonetas en buen estado por lo que deben dormir en el suelo. Las familias manifiestan la necesidad de apoyo en efectivo para pagar sus lugares de alojamiento.
Los barrios Santa Fe y Samper Mendoza de la localidad de Los Mártires están ubicados en una de las zonas de tolerancia13 y de alto impacto de la ciudad. Un aspecto importante mencionado en las entrevistas con actores clave es que los pagadiarios suelen ser lugares de vulneración de derechos por el cobro desproporcionado de estadía, la negación de servicios públicos, el ha  cinamiento, y la exposición a acoso sexual, sexo por supervivencia y otras formas de VBG. Las personas entrevistadas también destacaron la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en estos espacios por falta de acceso a la educación.
• Protección: La población presenta riesgos para su seguridad, se ha conocido la presencia de áreas minadas del lado venezolano, lo cual dificulta sus labores de trabajo, dado que las familias deben pasar constantemente a territorio venezolano, a ello se suma el riesgo por reclutamiento latente, dada la presencia de grupos armados no estatales.
• Educación: Aproximadamente 70 niños y niñas en edad escolar están en riesgo de desescolarización debido a que la mayoría estudiaba en Venezuela, de igual forma, no cuentan con materiales educativos. Se requieren kits y materiales educativos para los niños y niñas.
• Salud: Se requiere gestionar la llegada de jornadas de salud a los resguardos, dado que no cuentan con clínicas y hospitales cerca, de igual forma se requiere atención a mujeres en estado de embarazo y mujeres lactantes  ( 10 en total ) , si bien las comunidades son visitadas por parte de la IPS una vez al mes7, debe articularse y realizar seguimiento a avances en controles de crecimiento.
De acuerdo con el reporte de distribución de venezolanos publicado por Migración Colombia en octubre de 2021, La Guajira ocupa el séptimo lugar entre los departamentos con mayores cifras de población venezolana en su territorio y también en cuanto a personas venezolanas con pre registro. En el departamento residen 106.749 personas venezolanas, lo que equivale al 5,8% de la población venezolana en Colombia. Además, Maicao y Riohacha ocupan el noveno y onceavo lugar entre las ciudades receptoras a nivel nacional. Maicao alberga 40.208 personas venezolanas y en Riohacha se encuentran 32.098.
, La Guajira, es uno de los departamentos más afectados por la corrupción, la ausencia del Estado, la pobreza y la desnutrición infantil, y la población venezolana enfrenta barreras para ejercer el derecho a la salud también en Colombia
Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística  ( DANE )  indican que la proporción de personas en La Guajira con necesidades básicas insatisfechas  ( NBI )  es del 53,3%. En Riohacha, esta cifra es del 36,3% y en Maicao es del 59,2%. Además, en el año 2016 se registraron 355 muertes de niños menores de cinco años por desnutrición en todo el país, de las cuales 70 ocurrieron en La Guajira
. En el año 2020, La Guajira aportó 1121 de los 9902 casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que se presentaron en el país
Colombia es miembro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  ( PIDESC ) , que garantiza a todas las personas el derecho a servicios e infraestructura de salud. La obligación de los Estados de respetar, proteger y cumplir este derecho incluye la obligación "inmediata" de garantizar que los servicios e instalaciones sean accesibles a todos sin discriminación de ningún tipo. Como estado miembro de la Organización Panamericana de la Salud  ( OPS ) , Colombia también está llamado a poner en práctica lo dispuesto por la Declaración de la 61ª Asamblea Mundial de la Salud  ( 2008 ) . En particular, la resolución 61.17 aborda la salud de los migrantes y exhorta a los países a fomentar el acceso equitativo de esta población a la prevención de enfermedades, la promoción y la atención en salud
el Decreto 866 de 2017 estableció el mecanismo de transferencia de recursos a las entidades territoriales para garantizar la atención de urgencias de las personas extranjeras, de forma que la falta de recursos no constituya un pretexto para negarles la prestación de este servicio.
Conforme a los preceptos de la Corte y la Ley 1751 de 2015, las personas con enfermedades catastróficas deben recibir atención médica óptima y, de ser necesario, las instituciones prestadoras del servicio de salud deben remitir estas personas a otras instituciones de mayor nivel que puedan brindarles los servicios y atención que requieren, de acuerdo con cada caso
La información recolectada por la encuesta hogar indica que el 16,3% de las personas venezolanas monitoreadas tienen una condición médica seria, al igual que el 9,5% de las personas en riesgo de apatridia
En los grupos focales de discusión y la gestión de casos se señalaron enfermedades frecuentes en la población de interés, como el cáncer, el VIH y la insuficiencia específica orgánica  ( renal, cardiaca o hepática ) , que tienen un alto costo de tratamiento y requieren tratamientos oportunos para salvaguardar la calidad de vida y el alivio del sufrimiento. También se destacaron enfermedades como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardiaca, el aneurisma, las varices y la trombosis venosa, que se identifican a menudo en población adulta y en mayores de 60
Personas con discapacidad: La baja disponibilidad de los servicios en el departamento afecta particularmente a la población con discapacidad, que según los datos del monitoreo de protección corresponde al 7% de las personas venezolanas y en riesgo de apatridia encuestadas
Adicionalmente, se registraron casos de enfermedades neurológicas como el alzhéimer, la parálisis cerebral, la meningitis y la epilepsia, las cuales están entre las causas de pérdida de la movilidad, generando la necesidad de rehabilitación física a las personas que las padecen
En este contexto, los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela que llegan a La Guajira encuentran un sistema de salud sobrecargado y con poca disponibilidad de servicios, especialistas e infraestructura. Además, las barreras incrementan si no cuentan con documentación de permanencia, ya que solo se le permite acceso a atención médica en urgencias.
Los Wayuú son el pueblo indígena más numeroso en Colombia y Venezuela. Como se mencionó antes, representan aproximadamente el 45% de la población del departamento de la Guajira en Colombia y el 11% de la población del estado Zulia en Venezuela. Se trata de un pueblo transfronterizo, ya que su territorio ancestral trasciende las fronteras entre Colombia y Venezuela, como se consigna “en la cosmovisión indígena, la Ley de Origen y el derecho propio de los pueblos amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo'
Niños, niñas y adolescentes con problemas de salud: La mayor proporción de niños, niñas y adolescentes con problemas de salud se presenta en el rango de edad de 0 a 5 años. Además, el monitoreo de protección permitió identificar que el 51,2% de menores de edad no están afiliados a una EPS, y al desagregar este dato por etnia, se obtuvo que el 54,8% de los menores Wayuu no están afiliados. Asimismo, en las actividades de la Unidad de Protección se conoció que hay niños, niñas y adolescentes separados sin afiliación al sistema de salud, lo cual implica barreras para acceder a servicios más allá de la atención en urgencias y un riesgo para su integridad y bienestar
• Seguridad alimentaria: se requiere apoyo para la asistencia alimentaria y la implementación de proyectos de medios 

de vida agropecuarios de acuerdo con las necesidades de las comunidades.
• Agua, saneamiento e higiene  ( WASH ) : Las comunidades requieren urgente el acceso a agua potable, de igual forma se requieren kits de aseo para las familias y acceso a mosquiteros para salvaguardarse en época de invierno de vectores y mosquitos. Las escuelas que atienden a niños y niñas no cuentan tampoco con agua potable y las baterías sanitarias no funcionan.
• Multisector  ( alojamiento y transporte humanitario ) : se requieren elementos básicos para preparar alimentos: ollas, platos, utensilios de cocina  ( 1 kit de menaje por hogar ) , de igual forma es necesario elementos como hamacas, frazadas, ropa y ropa para los niños y niñas.
Cuando esta población no está afiliada, es poco probable que logre acceder a los tratamientos médicos que necesita, a pesar de que la falta de estos puede poner en riesgo su vida. Aunque es posible que accedan a una valoración médica por parte de organizaciones no gubernamentales presentes en Riohacha y Maicao, los tratamientos no están cubiertos por ningún actor o entidad de salud
• Educación: Las escuelas requieren de material educativo, kits escolares para niños y niñas y acceso a internet8.
Protección: Se requiere incidencia para la prevención de casos de VBG, así como orientación y creación de espacios protectores para niños, niñas y adolescentes para prevenir el reclutamiento forzado. Por otro lado, debido a la amenaza de AEI, es necesario educar a la población en riesgo por minas.
Entre enero y diciembre más de 15.152 familias  ( 57.464 personas )  han sido confinadas en los departamentos de Antioquia , Arauca, Cauca,
Chocó, Nariño, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca. En el mes de diciembre se presentó un nuevo confinamiento en el departamento de
Antioquia, de la comunidad indígena Arenales, del municipio de Urrao, que afectó a 24 familias  ( 110 personas ) . La causa del confinamiento fue
principalmente enfrentamientos entre actores armados ilegales.
Se resalta la persistencia del confinamiento en el departamento del Chocó a lo largo del año, donde 41.959 personas fueron afectadas, es decir, 73% del total de la población afectada por confinamientos en Colombia este año. La causa principal sigue siendo los enfrentamientos entre actores armados ilegales, que han avanzado hacia el sur del departamento, en límites con el Valle del Cauca. Asimismo, se resalta el aumento de los confinamientos en el departamento de Nariño, que afectaron a 8.000 personas, frente a 1.285 personas en 2020.
Se entrevistó a 301 personas refugiadas y migrantes para este proyecto: el 47% de las personas encuestadas fueron hombres y el 53% fueron mujeres. La mayoría de las personas encuestadas tenía entre 25 y 34 años  ( 41% ) , había completado la educación secundaria  ( 52% )  y tenía un estatus migratorio irregular  ( 72% ) . La mayoría de las personas encuestadas mencionaron ser solteros/as  ( 55% )  o formar parte de una pareja no casada  ( 32% ) .
Los datos de la encuesta también incluyen alguna información sobre el hogar de la persona encuestada. El hogar promedio estaba compuesto de 4,6 personas; en total, la encuesta recopiló datos sobre 1.388 personas. La mayoría de los miembros del hogar tenía entre 0 24 años y el 81% eran de nacionalidad venezolana, mientras que el 19% restante eran colombianos. El 86% de los hogares incluían al menos un niño o niña y el promedio de niños, niñas y adolescentes por hogar era de dos. El 23% de las personas encuestadas eran cabeza de hogar solteras con hijos. Además, el 58 % de personas encuestadas mencionó que en su hogar había al menos una persona con necesidades específicas, incluidas mujeres lactantes  ( 19% )  y personas con discapacidades  ( 17% ) .
A pesar de los desafíos, la mayoría de las personas encuestadas consideró que Barranquilla les ha ofrecido algo a ellas y a sus familias, especialmente las que llevan más tiempo en la ciudad. Solo el 1% de las personas encuestadas considera que la ciudad no les ha ofrecido nada. El 93% de las personas encuestadas tenía la intención de quedarse en Barranquilla, mientras que solo el 3% tenía la intención de mudarse a otra ciudad dentro de Colombia. Específicamente, los datos cualitativos sugieren que Barranquilla es un destino común para personas refugiadas y migrantes con discapacidades, ya que los servicios de salud en la ciudad se perciben como de buena calidad.
En declaraciones a EL COLOMBIANO, la Personería de Medellín informó que hasta finales de junio atendió a 432 ciudadanos bolivarianos, brindándoles asesoría en temas relacionados con acceso a salud, trámites migratorios y derecho al trabajo.
Una de las preocupaciones para las elecciones del 27 de octubre es el fraude electoral por la alta presencia de venezolanos en el país.Sin embargo,Migración Colombiadio a conocer que solo 368 extranjeros provenientes de Venezuela podrán participar en las votaciones.
Más del 70 por ciento de los venezolanos que, durante los últimos meses, han renovado el Permiso Especial de Permanencia  ( PEP ) , se encuentran actualmente trabajando, mientras que cerca del 54 por ciento, se han afiliado al Sistema de Seguridad Social, según lo informó el Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.
La cifra, según lo indicó el jefe de la autoridad migratoria colombiana, evidencia el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno Nacional, pasando de una etapa inicial de asistencia a esta población, a una de incorporación a la vida productiva del país.
Debido al aumento de los migrantes que visitan Colombia para trabajar, estudiar o abastecerse de bienes y servicios, identificados como pendulares, en 2016 Migración Colombia creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza  ( TMF ) .El director de Migración Colombia, Christian Krüger, informó que a la fecha más de 4.315.000 ciudadanos venezolanos tienen la TMF. Diariamente se registran, en promedio, más de 32 mil entradas al país con este documento.
De acuerdo con los datos de corte de junio de 2019, el 48 % de los venezolanos en el país son mujeres y el 52 %, hombres. Casi la mitad de estos, 563.404, están en edades entre los 18 y los 29 años, e también hay ciudadanos que superan los 70 años de edad.
Con corte a julio de 2021, se encontraban afiliadas al sistema de salud en Barranquilla 12.103 personas con Permiso Especial de Permanencia  ( PEP ) , lo que representa alrededor del 12% de la población mi  grante venezolana que se calcula reside en la capital del departamento.
No obstante, existen muchas barreras para que la po  blación migrante y refugiada venezolana pueda acce  der a su derecho a la salud. El 76,3% de la población monitoreada por DRC refirió como principal barre  ra la falta de regularización del estatus migratorio en Colombia. De acuerdo con lo manifestado en los diversos grupos focales, se identificó que el acceso a salud está fuertemente correlacionado con el esta  tus migratorio, ya que la población regularizada y los colombianos retornados tuvieron menos dificultades en afiliarse al sistema de salud colombiano y acceder a tratamientos médicos. De la población irregular, los niños, las niñas y mujeres gestantes son quienes más acuden a solicitar servicios de salud y quienes más barreras encuentran para recibir atención oportuna y de calidad. En el caso de las mujeres gestantes, se ha encontrado que les niegan exámenes diagnósticos debido a la falta de comunicación entre la red pública de atención y la Secretaría de Salud.
En Colombia, el concepto de la salud como derecho fundamental fue ratificado en la Constitución de 1991, principalmente en sus artículos 44, 48 y 49, en el marco del Estado Social de Derecho y del principio fundamental del Estado como garante de derechos. Pese a que la Constitución ubica el derecho a la sa  lud como uno de los derechos sociales, económicos y culturales, ha sido el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional el que ha precisado su naturale  za jurídica como derecho fundamental autónomo y no sólo conexo a los derechos a la vida, la integridad y la dignidad humana. Este enfoque fue ratificado con la expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
La Ley 1438 de 2011 estableció un mecanismo de in  corporación al sistema de salud para todas las per  sonas, independientemente de su nacionalidad. Más adelante se implementaron otros esfuerzos del Esta  do colombiano para atender a la población refugiada y migrante venezolana, como el Decreto 780 de 2016, que buscó ampliar la cobertura del sistema de salud y facilitar la afiliación de las poblaciones vulnerables al sistema a través del régimen subsidiado. Las herra  mientas de focalización fueron el SISBEN y los lista  dos censales, que se implementaron, entre otras nor  mas, a través de la Resolución 3015 de 2017, la cual reconoció el Permiso Especial de Permanencia  ( PEP )  como documento válido para la afiliación al sistema de salud. 

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Sin embargo, el SISBEN como herramienta de fo  calización y la cobertura incompleta de los listados censales que dejaban por fuera del sistema al 5% de los colombianos exigieron esfuerzos para lograr la cobertura universal del sistema de salud. En conse  cuencia, una de las apuestas del gobierno, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022, fue re  forzar la responsabilidad de los entes territoriales en la promoción de la afiliación al sistema de salud, en coordinación con las aseguradoras o EPS y los demás actores del sistema. 

Adicionalmente, con el objetivo de lograr la cobertu  ra universal del sistema y garantizar la continuidad de la atención, el Ministerio de Salud y Protección So  cial expidió el Decreto 064 de 2020, con el cual bus  có priorizar la afiliación de la población de escasos recursos no asegurada, niños y niñas recién nacidos, menores de edad y su grupo familiar, así como mi  grantes venezolanos con el PEP. Este decreto accedió el derecho de la afiliación de oficio sin requerimiento previo del SISBEN, permitiendo la afiliación temporal de los usuarios del sistema, mientras se realiza la de  bida categorización de la situación socioeconómica del ciudadano.
O las grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín que concentran el 33,94% de la migración con vocación de permanencia: Bogotá con 313.528 migrantes lo que representa el 3,74% de su población, Barranquilla con 89.823 con el 7,26% y Medellín con 74.816 con el 2,96%, respectivamente. Un fenómeno creciente que puede llegar a los 2,7 millones para finales de 2020, según las proyecciones más austeras de la OEA, ello puede significar de mantenerse las actuales proporciones que la migración sería el 7,17% de la población de Bogotá, un 13,87% de la de Barranquilla, y el 5,59% de la de Medellín.
el 16 % de los migrantes en Bogotá lo hizo considerando que en su país no ha  bía educación ni futuro para sus hijos.
570  ( 1,1% )  en UCI, 3.141  ( 5,9% )  en hospitalización general,
El 92,5% de la población entrevistadas es de nacionalidad venezolana,
En los espacios acogedores para la infancia en Cucuta, Guajira y Arauca combinados, más de 6.000 niños recibieron asistencia y protección.
Los controles prenatales son uno de los obstáculos. De las 8.200 mujeres que se han registrado, 6.300 no han asistido a una sola cita médica.
Actualmente 190.942 venezolanos estudian en colegios públicos, según cifras oficiales.
La crisis por la migración venezolana tuvo un impacto en el índice de pobreza multidimensional en Colombia durante el 2018.Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  ( Dane ) , que este viernes informó que la cifra durante el año anterior subió 1,8 puntos porcentuales a nivel nacional, respecto a 2016.
En UCI la mayor proporción se observó en Córdoba  ( 4,3 % ) , Valle del Cauca  ( 2,3% )  y Buenaventura  ( 1,8% ) ;
el Decreto 677 que subsidia el 40 por ciento de las nóminas, se extendió el pago de tres a cuatro meses  ( a la fecha se han beneficiado 2.4 millones de personas con el subsidio de la nómina ) .
The Venezuelan mixed migration flow has been characterized to a large extent by self organized movement. With borders in the region relatively easy to cross, Venezuelan nationals would simply look up some basic information on the internet, get together the little money they could, and leave.
Este encuentro fue convocado por el grupo de trabajo regional de Comunicación con Comunidades y Comunicación para el Desarrollo  ( CwC/C4D, por su sigla en inglés )  de R4V, como parte del plan de trabajo 2019, que identifica la AAP como una de las áreas a fortalecer, en cumplimiento con el Gran Acuerdo, la Norma Humanitaria Esencial  ( CHS )  sobre Calidad y Rendición de Cuentas y los Compromisos del IASC.
Las comunidades no disponen de suficientes lugares para el abastecimiento de alimentos, lo que obliga a la población, muchas veces, a tener que desplazarse hasta la cabecera municipal de Maicao para obtener alimentos.
Solo existe una institución educativa que brinda los tres niveles de educación  ( preescolar, básica primaria y secundaria ) , la cual se encuentra ubicada en la vereda Santa Cruz. En este establecimiento se evidencian falencias en la infraestructura de las instalaciones educativas, en mobiliario, en herramientas pedagógicas y adecuación de las aulas de clases. La institución no cuenta con las condiciones idóneas para el retorno a la presencialidad.
At the Riohacha hospital, the government run maternity ward is often overwhelmed with women in labor. “I would say that 95 98 percent  ( of the women giving birth )  are Venezuelan patients,' said Maria Suárez, a doctor with the Ministry of Health. “Eighty percent of the  [ Venezuelan patients ]  we see have had no prenatal check ups.' That means neither the patients nor the medical staff know whether there might be dangerous complications until labor is underway.
Debo resaltar la labor de los rectores y los docentes, porque hay salones en donde tenemos 50 niños, que están desfasados de la norma técnica para esto. Desafortunadamente, nos toca trabajar así para poderlos atender. Los docentes han entendido que esto es un tema de ayuda humanitaria.
In Colombia, the Interagency Group for Mixed Migration Flows  ( GIFMM in its Spanish acronym )  has 53 members in its national chapter, including international and local NGOs, UN agencies and members of the Red Cross movement. Eight local GIFMM branches have also been created in the Colombian departments with the largest presence of Venezuelan refugees and migrants.
In the Cúcuta area, interviews with refugees and migrants indicated that extortion at the border has been somehow normalized. When describing border crossings, respondents referred to “normal fees' – for bribes of 5,000 Colombian pesos per person  ( about $1.5 )  – and “excessive fees' for those who were requested to pay more.
Estas intimidaciones se presentaron a través de panfletos dispuestos en el barrio San Alonso, que están firmados, supuestamente, por las Águilas negras. En estos se lee que es momento de la“limpieza social'y se arremete contra la población migrante, quienes los protegen y sus empleadores
In children under 14, the most common problems were related to diarrhea and intestinal parasites.
Respecto al aseguramiento, a abril de 2021, se registraba que 73.133 personas venezolanas con Permiso Especial de Permanencia  ( PEP )  estaban afiliadas al SGSSS. Esto significaría que cerca del 53% de la población venezolana en Antioquia estaría sin afiliar, tomando en consideración que, según datos de Migración Colombia, a enero 31 del 2021 habitaban en el departamento casi 158.000 personas17. La mayoría de estas afiliaciones corresponden al régimen contributivo, con cerca de 53.000 afiliaciones
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos  ( DIDH )  señala que todas las personas tienen « ( … )  el derecho  ( … )  al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental»18, y que ello es esencial para el goce y ejercicio de cualquier otro derecho. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  ( PIDESC )  establece una serie de obligaciones para los Estados, que suponen el deber de garantizar a todas las personas una atención que va más allá de la atención de urgencias. Así, el Estado debe reducir la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños; prevenir y tratar enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y crear condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos
el acceso y permanencia de las personas al SGSSS sigue dependiendo de la situación migratoria. Así, el Decreto 780 de 2016 continúa exigiendo, para el aseguramiento de una persona, la presentación de un documento de identificación válido, y la Ley 1438 de 2011 señala que: « [ a ]  quienes ingresen al país, no sean residentes y no estén asegurados, se los incentivará a adquirir un seguro médico o Plan Voluntario de Salud para su atención en el país de ser necesario»
Se han identificado temores de deportación o expulsión del país si se intenta acceder a servicios de salud y algunas personas solicitantes de refugio temen que el proceso de aseguramiento revele información sensible que ponga en riesgo su permanencia en el país 47
Otras personas  ( incluso con un PEP )  han manifestado temores frente al uso de datos personales, y la relación entre los sistemas de información del SGSSS y de Migración Colombia48. Igualmente, el temor de padecer xenofobia o discriminación hace que algunas personas eviten acercarse a las entidades del SGSSS para informarse, acceder a servicios de salud o afiliarse a la EPS, a pesar de tener derecho y/o cumplir con los requisitos correspondientes49
Una vez las personas ingresan al SGSSS, continúan las barreras y vacíos de protección que ponen en riesgo la continuidad de su afiliación. Las personas migrantes que se afilian con PEP bajo la figura de listado censal tienen la obligación de actualizar su información de domicilio cada cuatro  ( 4 )  meses64, o pueden perder la afiliación65. No obstante, las personas desconocen esta obligación y desde el Estado66 y el sector privado67 no se han adelantado estrategias para subsanar ese vacío.
Los NNA con enfermedades están en una situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de una respuesta reforzada; sin embargo, enfrentan distintas barreras para acceder a servicios de salud. En un estudio de World Vision se identificaron como principales afectaciones de NNA venezolanos en Colombia, la falta de ingresos, comida, productos de higiene y acceso a la salud.
9 También desde el programa de ACNUR en Medellín se ha identificado que algunos nacimientos de NN de padres venezolanos no han sido registrados80, lo que imposibilita que sean afiliados al SGSSS. Por otro lado, desde IPS como la E.S.E Metrosalud han evidenciado que el acceso a servicios de la salud sexual y reproductiva está supeditado a la afiliación al SGSSS81, por lo que tanto niñas como mujeres se exponen a infecciones de transmisión sexual y a embarazos no deseados.
Las enfermedades psicológicas también han afectado a esta población. El 34,3% de las personas que han sido entrevistadas por DRC en el monitoreo de protección en Medellín11 manifestó haber experimentado síntomas leves de ansiedad, el 31,6% niveles moderados y un 28,4% niveles severos. Asimismo, el 30,2% expresó padecer síntomas leves de depresión, el 29,5% síntomas moderados, mientras que un 28,8% indicó síntomas leves. Estas afectaciones a la salud mental podrían estar conectadas con los complejos procesos de tránsito migratorio que deben afrontar las personas, como lo han señalado algunos estudios12
Las personas venezolanas en situación de calle se encuentran en una circunstancia similar, pues el sistema jurídico también da posibilidades para que se garantice su afiliación, con independencia de su situación migratoria, pero no existen lineamientos o información suficiente sobre su aplicación. De acuerdo con los hallazgos, en municipios como Bello se observa que existe una práctica de adelantar este tipo de afiliaciones88, en la que se requiere de un trabajo articulado con la Secretaría de Inclusión Social, pero la situación en municipios como Medellín sería mucho menos favorable, pues la Secretaría de Salud de Medellín ha expresado dudas sobre la posibilidad de estas afiliaciones89
Personas con discapacidad A pesar de que las personas con discapacidad  ( PcD )  suelen recibir un tratamiento jurídico que se resalta su protección en el ámbito de la salud, este grupo poblacional no ha recibido ninguna medida diferencial o afirmativa para que se garantice su acceso al SGSSS, con independencia de su situación migratoria. Muchas PcD se encuentran en situaciones que requieren de asistencia médica, medicación y rehabilitación, además de dispositivos de apoyo, pero la denegación de estos servicios obstaculiza el acceso a los demás derechos en igualdad de condiciones.
En este sentido, algunas PcD han manifestado que la falta de afiliación al SGSSS les ha dificultado el acceso a citas médicas, procedimientos de rehabilitación y acompañamiento psicológico; también manifestaron dificultades para obtener dispositivos médicos, medicamentos, e incluso para acceder a servicios de urgencias95. Esta situación podría afectar de una forma acentuada a NN con discapacidad, particularmente al momento de acceder a servicios educativos, en los que se puede requerir de una intervención conjunta entre el sector educativo y el sector salud
A los solicitantes de refugio se les entrega un salvoconducto de permanencia SC2, un documento válido de identificación que permite la permanencia regular del solicitante de manera temporal en Colombia. Sin embargo, prácticas institucionales indebidas hacen que este documento resulte deficiente en la garantía de acceso y que las personas solicitantes de refugio padezcan una alta desprotección en salud, a pesar de ser una de las principales razones por las que muchas personas han tenido que salir de Venezuela y solicitar refugio
Mujeres gestantes y lactantes El monitoreo de DRC ha evidenciado casos de mujeres gestantes que requieren controles prenatales a quienes se niega tal atención por no contar con afiliación al SGSSS94. De igual forma, estas mujeres tienen barreras diferenciales para acceder al SGSSS, en la medida en que afrontan altas tasas de informalidad laboral,
La población de las cinco veredas evaluadas sufre graves restricciones a la movilidad y acceso a servicios básicos. El 100 por ciento de los encuestados manifestó que existe un problema severo en la comunidad debido a que las personas no pueden movilizarse de un lado a otro
Estas restricciones de acceso humanitario se dan principalmente por los altos índices de delincuencia en la zona y en la vía que comunica el corregimiento de La Majayura con la cabecera municipal de Maicao y la presencia de Grupos Armados no Estatales  ( GANE )  que realizan cobros de peajes a población que transita de un lado a otro de la frontera con Venezuela y que ejercen control social sobre la población.
El mal estado de las vías de acceso y las internas del corregimiento restringen fuertemente la movilidad de la población para acceder a bienes y servicios que solo pueden obtener en la cabecera municipal de Maicao
La delicada situación de seguridad en la zona también se ha manifestado en eventos de violencia que interfieren en la implementación de actividades humanitarias, en especial robos e intentos de robos de vehículos de organizaciones humanitarias. Tres eventos se han presentado desde noviembre de 2.020 afectando a aproximadamente 750 personas. Estos hechos han provocado la cancelación de varias misiones de asistencia o de identificación de necesidades y la renuencia de varias organizaciones a iniciar acciones humanitarias y de desarrollo en el territorio.
El corregimiento no dispone de un centro de salud. El lugar más cercano para recibir atención médica es la cabecera municipal de Maicao que está a 27 km, entre 1 y 2 horas de viaje dependiendo del estado de la vía por condiciones cíclicas y la disponibilidad de vehículo y recursos para movilizarse. Muchas urgencias que se presentan en horas nocturnas solo son atenidas al amanecer por falta de medios de transporte.
. Según la población, la Entidad Promotora de Salud Anas Wayuú es la única institución que realiza brigadas de salud esporádicas, a las que no tiene acceso la población no afiliada, que representa una proporción importante de la comunidad, y que solo accede a servicios de salud cuando la Cruz Roja Colombiana programa atenciones en el corregimiento.
La situación de salud en la zona es crítica de acuerdo a la jornada de atención en salud paralela a la evaluación realizada por facilitadores de salud del ELC La Guajira . En el diagnóstico identificado en salud se evidencia que hay enfermedades crónicas no controladas como la hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas y afectaciones visuales. Se identificaron mujeres embarazadas sin controles prenatales, adultos mayores en abandono, y niños y niñas con características de desnutrición crónica como delgadez extrema, cabello amarillo y piel seca. Hay un gran número de personas en la comunidad con sintomatología respiratoria asociada al Covid 19 y a Ómicron, con la imposibilidad de confirmación con pruebas por las restricciones para movilizarse
Por otra parte, hay enfermedades diarréicas agudas por el no consumo de agua potable, y enfermedades dermatológicas como brote, sarpullidos y llagas llenas de pus que afectan especialmente a los niños y niñas.
Las comunidades evaluadas no disponen de un manejo adecuado de residuos ni control de vectores. Esto aumenta la presencia de roedores, moscas, mosquitos, e incluso presencia de serpientes dentro de las viviendas. Se han presentado casos de mordeduras provocadas por estas últimas. También se evidencian afectaciones a la salud mental de la población.