nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Entre quienes concurrieron a hospitales públicos, la mayoría informó haber sido atendida correctamente contando solo con pasaporte  ( tal como establecen los artículos 6 y 8 de la Ley de Migraciones ) : les brindaron la atención requerida y también la medicación. En estos casos, se trató de personas que concurrieron a hospitales generales o especializados en oftalmología, odontología o pediatría. Sin embargo, varias personas reportaron situaciones de denegación de atención, incluso en los mismos hospitales donde otras personas indicaron que fueron atendidas
Vale señalar que alrededor del 8% de las personas entrevistadas  ( especialmente quienes llegaron antes de 2016 )  mencionaron la realización de estudios de posgrado como uno de los motivos  ( o el motivo principal )  de su viaje a Argentina. Todas se quedaron luego de haber concluido los estudios. Asimismo, algunas de las personas que arribaron durante 2016 o 2017 habían tenido estadías previas en Argentina  ( hacia 2010 )  vinculadas a estudios, que fueron centrales para que, cuando decidieron partir de Venezuela, se dirigieran a Argentina. 31
Además del criterio de nacionalidad Mercosur como base para la solicitud de residencia temporaria  ( art. 23 inc. l ) ,8 la ley establece que la migración es un derecho esencial e inalienable de la persona que la República Argentina garantiza sobre la base de la igualdad y la universalidad  ( art. 4 ) . Asimismo, los artículos 6, 7 y 8 aseguran el acceso de las personas migrantes a la salud, educación, justicia, asistencia social y atención sanitaria cualquiera sea su situación migratoria. Mediante el criterio de nacionalidad Mercosur y al desligar el acceso a derechos de la regularidad migratoria, la ley mejoró la situación de las personas migrantes por dos vías complementarias. Por un lado, porque facilitó la regularización y el acceso a la documentación  ( esenciales para reducir la informalidad laboral y sus consecuencias )  y por el otro porque buscó asegurar ciertos niveles mínimos de bienestar incluso para quienes, por diversas razones, no pudieran regularizar su residencia.
Es posible que esta prevalencia del traslado simultáneo del núcleo familiar completo se vincule con los temores o dificultades que muchas personas prevén en relación a la salida de Venezuela y el cruce de fronteras, pero también con las razones que impulsan la migración. Tal como se señaló más arriba, la percepción de violencia e inseguridad, las largas colas para adquirir alimentos y las dificultades para acceder a medicamentos hablan de una cotidianeidad incierta y angustiante, claramente incompatible con la crianza y el bienestar de niños y niñas. Sus padres no migran para asegurarles una vida mejor o un legado a futuro, sino para asegurarles el presente. Es por ello que si la migración es para los hijos e hijas, debe ser con los hijos e hijas.
Temple Maranatha at Campo Verde Settlement A church that takes part in the Evangelic Maranatha organization, located in the settlement “Campo Verde'  ( area with higher levels of security incidents )  since March has hosted 18 Venezuelans  ( families and individuals ) .
Más allá de cuál haya sido la estrategia, en numerosas oportunidades las personas entrevistadas dejaron entrever o mencionaron explícitamente convivencias próximas al hacinamiento, tales como las que se detallan a continuación:  12 personas en un departamento con un solo baño,  10 personas  ( 5 de ellas niños y niñas )  en un departamento de 3 ambientes,  6 personas  ( entre ellas 2 niños )  en un departamento de 3 ambientes,  10 personas  ( niños y adultos )  en una casa antigua de 5 ambientes,  11 personas adultas en una casa antigua, sin detalle sobre la cantidad de ambientes,  4 personas adultas en un monoambiente,  4 personas  ( 2 adultos y 2 niños )  en un monoambiente.
Casi todas las personas entrevistadas consiguieron un primer empleo dentro del mes de su arribo. Independientemente de las calificaciones laborales y educativas previas, la ocupación inicial de 70% de ellas fue en alguno de los rubros que históricamente se nutren de trabajo migrante: comercio  ( en locales instalados o ambulante, recorriendo las calles de la ciudad ) , gastronomía, cuidado, limpieza, construcción o mantenimiento. Las mujeres fueron meseras o recepcionistas en restaurantes, pizzerías y cafeterías; vendedoras en locales de ropa, accesorios de moda, artesanías o artículos electrónicos; repartieron comida y volantes publicitarios; cuidaron ancianos y niños en sus domicilios particulares y limpiaron casas y oficinas. Los varones fueron camareros, recepcionistas, lavacopas y ayudantes de cocina en restaurantes; hicieron delivery de comida  ( algunos través de plataformas y apps telefónicas ) ; repartieron volantes y ofrecieron paquetes turísticos y cambio de moneda a los transeúntes que circulaban por el microcentro porteño; vendieron chocolates y pañuelos de papel en la vía pública; bañaron mascotas en veterinarias; fueron serenos en obras en construcción e hicieron tareas de pintura y carpintería. El primer empleo del 30% restante  más varones que mujeres  estuvo ligado a su formación previa y a conocimientos técnicos específicos en áreas de contaduría, telefonía y comunicaciones, tecnología, comercialización, educación especial, docencia universitaria, apoyo psicosocial y distribución de medicamentos.
Más recientemente se han registrado situaciones donde la autoridad migratoria deriva a las personas al Consulado, para que allí soliciten el apostillado pendiente. En conjunto, estas medidas contribuyeron a destrabar la mayoría de los casos donde la falta de la certificación de antecedentes penales obstruía el acceso a la regularización migratoria. Las otras dos dificultades aluden a los aumentos en el costo de la tasa de radicación y a la demora en la obtención de los turnos para inicio de trámite. Durante años, los turnos se obtenían para dos meses hacia adelante  es decir que para una solicitud de turno realizada en enero se obtenía un turno efectivo para inicio de trámite en marzo de ese mismo año . A lo largo de 2017, los turnos para las dos delegaciones ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  ( que gestionan los mayores volúmenes )  comenzaron a extenderse primero a seis meses y luego a un año o más. Una solicitud de turno interpuesta en mayo de 2018 adjudicaba un turno para marzo de 2019 y una interpuesta en julio de 2018 para agosto de 2019. 22 Asimismo, en mayo de 2018, mediante el Decreto 475/2018, se modificaron los valores de todas las tasa migratorias 23 y el pedido de adelanto de turno  ( denominado turno express )  aumentó de $ ARS 2.000 a $ ARS 10.000.24 Las demoras en los turnos  ( que afectan únicamente a las personas provenientes del Mercosur que inician el trámite de residencia bajo cualquier criterio )  llevaron a que miles de personas permanecieran como residentes irregulares durante períodos prolongados, sin contar siquiera con una residencia precaria que los habilitara para trabajar.
Los motivos de consulta de las personas venezolanas en Posadas fueron: Radicación  ( 69,1% ) ; Tramite /administrativo jurídico  ( 18,2% ) ; Refugio y temáticas asociadas  ( 5,5% ) ; Programas sociales /Seguridad social  ( 1,8% ) ; Salud  ( 1,8% ) ; Empleo  ( 1,8% )  y Reunificación familiar  ( 1,8% ) .
y en Argentina el 85 por ciento se encuentra en Buenos Aires59, donde el acceso a una vivienda adecuada y asequible es limitado.
Argentina ha reconocido unilateralmente a los ciudadanos venezolanos el criterio de nacionalidad como base para la regularización migratoria, que entre 2004 y 2018 han tramitado aproximadamente 110.000 residencias temporarias y 20.000 permanentes.
Hoy desplazaron del primer puesto en migraciones a Paraguay, que siempre estuvo a la cabeza, y a Bolivia que tenía el segundo. Hoy los venezolanos son los primeros y por supuesto que siempre decimos bienvenidos todos los que vienen a sumar al esfuerzo diario', sostiene el director de Migraciones de Argentina,
Sin embargo, el panorama que encuentran al llegar a nuestro país puede ser preocupante, según un relevamiento realizado por la consultoraGrupo Adecco Argentina, que indica que de cada 10 venezolanos no consigue trabajo estable, casi la mitad vive con $15.000 o menos y 7 de cada 10 trabajan en negro.
El país, según estándares internacionales, necesita  al menos  triplicar la cantidad de enfermeras y enfermeros; elevando su nivel de capacitación mediante la conversión de la actual dotación de auxiliares y técnicos a licenciadas/os. También se requiere mejorar la actual distribución del personal,
El 65% de las personas encuestadas afirmó que la República Bolivariana de Venezuela es el país donde residió el último mes. A su vez, el 8% se encontraba viviendo en la República del Perú, el 6% ya residía en la República Argentina, el 4% residía en la República de Chile, el 3% residía en la República de Colombia y el 3% en la República de Ecuador
El 93% de las personas consultadas afirmó no poseer ninguna condición de salud médica crónica ni discapacidad. El 88% de las personas señaló no requerir medicamentos diariamente. La mayoría de las personas encuestadas  ( 98% )  afirmó no haber sufrido enfermedades infecto contagiosas durante el último año. El 38% de las personas que respondió la encuesta afirmó haber sufrido estrés o malestar emocional durante el último año.
Los distintos trámites que se encontraban realizan  do las personas venezolanas en el momento en que se llevó adelante la encuesta son variados dado que en la República Argentina existen diferentes nive  les de permisos de residencia para los ciudadanos del MERCOSUR  ( los ciudadanos venezolanos con  tinuan siendo reconocidos dentro de este grupo ) . En primer lugar, puede obtenerse la residencia pre  caria de forma inmediata al ingreso, para luego tra  mitar la residencia temporaria que tiene una dura  ción de dos años. Por último, se puede obtener la residencia permanente, pero solo es posible luego de haber obtenido el permiso de residencia tem  poraria. Al preguntar sobre la situación migratoria al mo  mento de la encuesta, el 52% de las personas en  cuestadas señaló estar tramitando la residencia temporaria, el 28% se encontraba tramitando la residencia permanente, el 13% tenía el permiso de residencia temporaria, el 3% se encontraba con el permiso de turista vigente y el 2% la residencia per  manente.
En relación a la situación laboral por distinción de sexo, entre los varones un 63,8% se encontraba ocupado y en su mayoría en empleos en relación de dependencia  ( 58,5% ) . Solo un 5,3% dijo estar trabajando de forma independiente. Entre las mu  jeres, un 51% se encontraba ocupada; un 43,1% de ellas dijo tener un trabajo como empleada y un 7,9% dijo realizar actividades laborales por cuen  ta propia.
El 92% de las personas venezolanas afirmó no po  seer ninguna condición de salud médica crónica y/o discapacidad y el 91% señaló no requerir el consu  mo de medicamentos a diario. El 33% de las personas encuestadas afirmó haber sufrido estrés o malestar emocional durante el úl  timo año. Dentro de este grupo, el 53% dijo no haber buscado asistencia, el 28% recurrió a un fa  miliar o amigo y el 9% buscó asistencia en la sa  lud privada para tratar este malestar. El 10% de las personas restantes respondió haber buscado asis  tencia en la salud pública  ( 2,5% ) , en una obra social  ( 2,5% ) , en centros religiosos  ( 1,7% ) , en la medicina alternativa  ( 0,8% )  y un 2,5% en otros lugares.
Según el sexo de las personas encuestadas, se re  gistran algunas diferencias. Un 65% de las mujeres y un 54% de los varones dijeron tener acceso a la salud pública. Un 19% de las mujeres tenía acceso a la salud por medio de una obra social, mientras que, para los varones, este nivel ascendía al 22%. Con respecto a la salud privada un 8% de las mu  jeres y un 13% de los varones cuentan con esta cobertura. Por último, un 8% de las mujeres y un 11% de los varones acceden a la salud por medio de otro tipo de cobertura.
National Institute against Discrimination  ( Provincial Delegate )  They have not yet received cases of reports of discrimination from Venezuelan PoC. However they have intervene in complaints against Migration for the delay in the issuance of documentation and residence permits.
Actualmente, la cantidad de personas venezolanas que llegan a la República Argentina se ha incrementado y tiene un peso relativo que ya no es marginal respecto a otras corrientes migratorias históricamente predominantes. A partir de 2015 el saldo migratorio es positivo y se produce un fuerte incremento en el registro de radicaciones tanto temporarias como permanentes.
En las capitales, donde reside la mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, los servicios básicos proporcionados por las instituciones nacionales están sobrecargados, lo cual a veces se ve agravado por una situación económica, ambiental y social ya frágil. Este también es el caso de las comunidades de acogida a nivel local, donde las capacidades administrativas para proporcionar servicios y garantizar el acceso a derechos básicos son limitadas.
In January 2017, President Macri issued Executive Order number 70/2017  ( hereinafter “DNU 70/2017' ) 1 whereby core aspects of Migration Act number 25,871 were modified. It is important to recall that the Migration Act number 25,871, enacted in 2004 and regulated in 2010, was adopted after many years of struggle demanding that Argentina have a democratic regulatory framework for migrants. The Migration Act recognizes migration as a human right and guarantees equal access to a set of basic rights to all migrants. It was described as a significant progress in human rights by international organizations and cited as a model for the region and the world2. The changes introduced by the DNU 70/2017 particularly target migrants with irregular status and/or criminal records, including misdemeanours or when records are extinct. Among other reforms, the DNU 70/2017 accelerates deportation procedures, introduces new barriers to the admission of migrants and their permission to stay, limitations to the possibility of access to free legal counselling, extension of terms and conditions of detention due to administrative reasons, reduction of procedural guarantees in deportation processes and violation of the right of defence. In parallel, changes were made to the reunification criterion as a condition to avoid deportation, curtailing the right to family unity.
The cases in which migrants can be excluded from entry or deported were expanded by the DNU 70/20173. Originally, the Migration Act established that migrants with final convictions for serious crimes that amounted to three years of custody could be subject to exclusion from entry or deportation. With the adoption of the DNU 70/2017, exclusions and deportations now extend to migrants with any custodial criminal record, no matter how many years of conviction the crime amounts to. Additionally, it allows for the deportation of migrants whose convictions are not final, violating the principle of presumption of innocence. The deportation procedure introduced by the DNU 70/2017 shortens the timeframe and can be applied to any foreigner without properly taking into consideration his/her particular circumstance. Under this new procedure, whether the person has family or roots in the country does not prevent the National Migration Office from carrying out the deportations4. Once the deportation order is issued, the new timeframe gives the person only three days to challenge the administrative decision, and, if this challenge is rejected, only three more days to dispute the rejection in court. The reduction of the timeframe –which was originally of fifteen days– directly impacts on the capacity of migrants to exercise their right to appeal. In addition, the State has now no obligation to provide free legal aid. Instead, the person has to ask for a public defense lawyer and must prove the lack of economic means –all of that within the three day timeframe. The DNU 70/2017 also removed the guarantee that the Migration Act had introduced allowing administrative decisions to be subject to review when there had been errors, omissions or manifest arbitrariness, violations to due process or when new solid facts justified the revision5. The way in which this ruling was introduced was also problematic, leading to the DNU 70/2017 being deemed unconstitutional in March 20176. The Executive challenged this decision and since 2018 the case awaits consideration by the National Supreme Court. Meanwhile, the DNU 70/2017 is still being applied and continues to reinforce a false paradigm that links migration to crime. Since the adoption of the DNU, deportation procedures have alarmed increased7 while programs dedicated to facilitating the regularization of migrants have been cancelled8 and a complex new digital system combined with expensive fees are creating many barriers for the access to regularization9.
2.3 FAMILY SEPARATION Forced situations of family separation can lead to serious violations of the rights to family unity, identity, and personal integrity. These effects become more pressing and therefore more urgent to prevent and remedy in the case of children, where the damage caused by separation can become irreparable. As a result, the international duty of the States to grant special protection to children is especially relevant. In spite of this, the DNU 70/2017 introduced a restriction to the family unity criterion that, as an exemption, may allow a person to remain in the country despite having a deportation order issued against him/her20. With this a, family unit has become an exception to deportation orders at the sole discretion of the National Migrations Office. This decision can  and should  be revised by the Judiciary when appealed by migrants. However, in many cases of appealed deportation orders involving family separation documented by Amnesty International and other local organizations  ( see Appendix ) , the Judiciary has limited itself to confirm the National Migration Office's discretion to decide whether or not to apply the family unit criterion as an exemption to deportation. In this regard, the Committee on the Rights of the Child has recently taken a stance on how the regulatory changes introduced can impact on family unity and the best interest of the children: “The Committee is concerned about the continued application of the DNU 70/2017, despite it being deemed unconstitutional, and its potential negative impact on family unity and the best interests of migrant children. The Committee urges the State party to repeal DNU 70/2017 in order to ensure that, in migration cases, the right of a child to have his or her best interests taken as a primary consideration is upheld, while family unity is preserved.'21 By curtailing the analysis of the rights to family unity and reunification to the exclusive and discretionary evaluation of the Executive branch, the State is violating its obligations to comprehensively assess each situation on a case by case basis and with due consideration of the rights and interests at stake. The cases described in the Appendix are not extensive, but are dramatic examples that serve to illustrate how the State's shift in its migration policy is separating families and causing irreversible harm on children.
2.4 DISCRIMINATORY AND XENOPHOBIC RHETORIC Since the adoption of DNU 70/2017, biased information has been constantly used to wrongly associate migration to crime and insecurity 22. The official declarations underpinning the decree is that it is part of a wider national security policy aimed to target migrants that have criminal records with particular attention to drug trafficking. However, the scope and impact of the reforms go beyond this objective. The DNU 70/2017 and the local restrictive regulations referred to in the previous section have an impact on all migrants, specifically those at increased risk of suffering human rights violations. These concrete, regressive measures are accompanied by xenophobic public declarations of government authorities and legislators, as well as communication strategies from public officials and mass media that stigmatize migrants and intend to link them with crime and insecurity, increasing the persecution against this population. In this vein, President Macri has affirmed “because of lack of action we cannot allow crime to choose Argentina as a place to come to commit crimes'23. Security Minister Bullrich has gone so far as to publicly argue in a generalized and discriminatory manner that migrants from Bolivia, Peru and Paraguay are linked to drugs and drug trafficking. She stated that “the concentration of foreigners that commit crimes related to drug trafficking is the main concern of the country and what we want to target'24 and further assured that “20% of the detained population are foreigners' even though this number was biased and distorted to justify the passing of controverted legislation such as the DNU 70/2017. Likewise, Congressman and vice president candidate to President Macri in the coming elections, Mr. Pichetto, has associated migration with crime in several public declarations, defending the reciprocity argument and stating that Argentina serves as “social adjustment to Bolivia and crime adjustment to Peru' and that “Peru has solved its drug trafficking scheme by transferring it  ( to Argentina ) '. He further argued that Argentina is “incorporating the leftovers where we have no migration control'25. The criminalization and stigmatization rhetoric that the government is installing and translating into legislation and practices is extremely dangerous as it can encourage xenophobic episodes towards the migrant population. Amnesty International believes that the Committee should alert the State about the threat that these discriminative measures and actions pose on migrants. Conceiving migrants as a threat to national security as the government is doing can lead to very dramatic consequences.
2.5 RACIAL DISCRIMINATION AGAINST MIGRANTS As noted by the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on his mission to Argentina in 2016, discriminatory practices intersect with poverty and are affecting minority groups more severely, including afro Argentines and migrants from African descent26. These minorities are suffering harassment and violence by the police and widespread horizontal stigmatization with total absence of mechanisms of protection accessible to them. Amnesty International and other local human rights organizations have documented many violent police operations in the City of Buenos Aires that are based on racial profiling to target migrants, especially Senegalese street vendors. These groups are reportedly targeted for misdemeanors such as resisting arrest or violation of the trademark law, subjected to police violence, arbitrary detention and confiscation of goods27. The UN Working Group of Experts on People of African Descent, on its recent fact finding visit to Argentina, expressed deep concern for the long standing invisibility and the persistent structural discrimination against Afro Argentines, people of African descent and Africans. With regards to the violent behavior of law  enforcement agencies, the Working Group claimed that “Excessive policing of street vendors of African descent must come to an end' and recommended the State to undertake “an in depth independent investigation into police action targeting street vendors in the city of Buenos Aires to monitor and identify perpetrators of racial discrimination, violence and theft of goods, develop remedies and combat impunity'28.
Movimientos de entrada y salida Según surge de la información provista por la Dirección Nacional de Migraciones a partir de sus propios registros administrativos, entre 2010 y 2018 hubo 890.000 entradas y 760.000 salidas realizadas por personas venezolanas a través de todos los pasos  ( aéreos, terrestres, marítimos y fluviales ) , de modo tal que el saldo acumulado para el período de referencia  ( las entradas menos las salidas )  es de 130.000 tránsitos.
En términos generales, el pasaporte es el documento de viaje válido y exigible para el cruce de fronteras internacionales. No obstante, diversos países han establecido convenios o acuerdos mutuos por los cuales autorizan movimientos a través de sus fronteras con la presentación de los documentos de identidad nacionales. De este modo, los nacionales de los países de América del Sur que integran el Mercosur pueden entrar y salir de Argentina  ( y de otros países de la región )  con su documento de identidad de país de origen vigente y en buenas condiciones de conservación. Si bien esta disposición incluye a las personas venezolanas, el 97% de quienes fueron entrevistados contaba con pasaporte venezolano y utilizó ese documento en su traslado. Todos lo habían obtenido antes de decidir el viaje a Argentina y muchos ya lo habían utilizado con fines turísticos. Con este documento, las personas adultas realizaron sin mayores inconvenientes los diversos cruces de frontera, ya sea a pie o en transportes aéreos o terrestres internacionales.
En febrero de 2018, por iniciativa propia, el Ministerio de Educación de la Nación incorporó unilateralmente a la República Árabe – Siria y a la República Bolivariana de Venezuela al procedimiento unificado que rige para los países con convenio.26 El trámite de convalidación se inicia a través de la plataforma de trámites a distancia27 que exige contar con una clave fiscal específica. Una vez que la persona carga en la plataforma la totalidad de los documentos requeridos  ( entre ellos el escaneado del DNI de residente temporario o permanente ) , el Ministerio de Educación los controla o verifica y pone a su disposición un listado de universidades nacionales que cuentan con comités de expertos en condiciones de evaluar el diploma obtenido en país extranjero y decidir en relación a su equivalencia con el que emite esa casa de estudios.
Algunas de las personas que no poseían cuentas propias o que no habían intentado abrirlas tenían cónyuges o hijos/as adultos que sí tenían acceso al sistema bancario. Quienes intentaron abrir una cuenta y no lo lograron fue por los requisitos que exigía el banco en el que habían consultado, tales como DNI, DNI de residente permanente, recibos de sueldo de los últimos 6 meses, boleta de servicio  ( agua, electricidad, etc. )  o contrato de alquiler a nombre de la persona. Entre quienes no habían intentado abrir una cuenta, los motivos fueron falta de interés o considerar que no sería posible hasta que contaran con el DNI.
Las estadísticas educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires30 muestran el incremento de alumnos y alumnas de origen venezolano en el conjunto de escuelas primarias y secundarias comunes, de gestión pública y privada, de la jurisdicción. En 2014, sobre 280.000 niños y niñas en escuelas primarias, 7,5% habían nacido en otro país. De ellos, solo 120 provenían de Venezuela  ( 0,0% ) . En 2017, sobre 285.000 estudiantes, 6,1% eran niños y niñas migrantes. Del total, 0,3%  ( 959 )  había nacido en Venezuela. En lo que respecta a las escuelas secundarias, en 2014 contaban con 180.000 estudiantes, 9% de ellos migrantes y 0,1%  ( 145 )  provenientes de Venezuela. Para 2017, sobre 188.000 alumnos, 8,5% provenía de otro país y 0,2 %  ( 311 adolescentes )  de Venezuela. Si bien los niños y niñas venezolanos conforman una porción muy pequeña dentro de la matrícula educativa total, su incremento en el período de referencia es consistente con el aumento de arribos señalado en las diversas secciones de este informe.
En 2016, mediante un acuerdo de asociación con ACNUR, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales  ( ADRA )  puso en marcha el Centro de Apoyo al Refugiado  ( CAR ) , que trabaja en articulación con la Comisión Nacional para los Refugiados  ( CONARE )  en la asistencia e integración de la población refugiada y solicitante de asilo. 2 Efectivamente, gran parte de las personas que llegan al CAR lo hacen por derivación directa de la CONARE en los inicios de su solicitud de reconocimiento del estatuto del refugiado. El CAR cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario que evalúa las distintas situaciones que atraviesan las personas y las familias y asiste y acompaña mediante distintos recursos y estrategias. El coordinador del Centro de Apoyo al Refugiado3 indicó que en 2016 recibieron menos de media docena de personas venezolanas, en 2017 atendieron a 21 y entre enero y septiembre de 2018 habían recibido a 79  en todos los casos se trataba de solicitantes de asilo . Este incremento de consultas convirtió a la población venezolana en la segunda nacionalidad de atención del CAR y representa aproximadamente el 20% de los casos asistidos. 4
En general, las principales dificultades refieren a la vivienda. Tal como fuera señalado en el capítulo II de este informe, los costos y los requisitos para alquilar llevan a muchas personas a alquileres informales y a mudanzas frecuentes. Para estos casos, el Centro de Apoyo al Refugiado brinda una ayuda de $ 10.7005 por persona durante 3 meses  ( a partir de un coeficiente se calculan los adicionales según la composición de las familias ) , que permite pagar el alojamiento en una red de hoteles familiares más económicos previamente identificados por la institución.
La Fundación Mirares  ( Migrantes, refugiados y argentinos emprendedores sociales )  es una organización con fines solidarios que acompaña a la población refugiada, migrante y solicitante de asilo en la búsqueda e inserción laboral. 6 Como agencia socia de ACNUR en Argentina, Mirares lleva adelante proyectos de capital semilla para iniciar emprendimientos, provee microcréditos para emprendimientos en curso y fortalece la comercialización mediante el trabajo en red entre emprendedores y ferias. Las personas refugiadas o solicitantes de asilo llegan a Mirares por derivación de la CONARE, del Centro de Apoyo al Refugiado  ( CAR )  o de la Secretaría de Niñez, adolescencia y Familia  ( SENAF ) . Si bien Mirares trabaja principalmente con personas provenientes de Haití, en los últimos dos años han incrementado las derivaciones de personas venezolanas.
En general, vemos que las mujeres que aún no tienen residencia precaria realizan tareas de limpieza, cuidan enfermos o personas mayores o venden distintos productos en lugares de gran circulación, tales como las estaciones de trenes. Algunas de las que tienen documento comienzan trabajando como «franqueras» en tiendas de ropa. De los varones, unos cuantos empezaron haciendo delivery  [ a través de plataformas ] , los que trabajan como choferes es porque ya tienen DNI y registro de conducir'.
En la Argentina, alrededor del 4,5% de la población total son migrantes  ( un millón ochocientas mil personas en 2012 ) , de los cuales el 84,6% provienen de países cercanos; es decir, migrantes limítrofes y del Perú son entre el 2% y 3% de la población total [ 1 ] . . Según el último Censo 2010 el 53,9% de la población migrante son mujeres, la mayoría en edad activa  ( entre 15 y 64 años ) . La mayoría de la población migrante está concentrada en la Provincia de Buenos Aires  ( 52,2% )  y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   CABA  ( 21,1% )   ( OM, 2012 ) . En estas regiones argentinas marcada por la migración europea, miles de mujeres bolivianas, paraguayas, peruanas, colombianas, dominicanas y de otras nacionalidades, damos un nuevo rostro a las urbes y zonas rurales.
Los profesionales venezolanos del campo de la Salud llegados a la República Argentina han constituido asociaciones según su profesión y no en función de otros factores. Lo cual da cuenta de que se trata de un desplazamiento de personas en el que pesan las credenciales académicas y laborales
Abordaje de la violencia basada en género . Los organismos gubernamentales reconocen la violencia basada en género como una problemática de relevancia entre las mujeres migrantes: El 27% del total de los casos atendidos por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el período 2012 2013 corresponde a mujeres procedentes principalmente de Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia; y en CABA, desde el 2006 hasta septiembre del 2013 la Dirección General de la Mujer asistió a aproximadamente 6.000 mujeres migrantes  ( casi el 24% del total de víctimas )  [ 2 ] . La cantidad de mujeres migrantes atendidas  ( en su mayoría de Paraguay, Bolivia y Perú )  incrementó del 19,4% en el 2006 al 25,5% en el 2013.
Alojamiento ● Como destino de tránsito, la PV permanece algunos días en hoteles hasta el día de la conexión a la ciudad argentina de destino. ● No se observó PV en situación de calle. ● La Quiaca cuenta con una importante capacidad hotelera. Los hoteles relevados se encuentran en zonas aledañas a la terminal de ómnibus de La Quiaca  ( Tabla 3 ) . ● Se solicita documento de identidad y comprobante de ingreso al país para poder alojarse en los establecimientos hoteleros de La Quiaca. Los controles por parte de la Gendarmería se han intensificado. Todos los huéspedes deben contar con un permiso legal de ingreso al país.
La Secretaría de Desarrollo Social de La Quiaca reportó que ha atendido un número bajo de personas venezolanas, “unas cuatro o cinco personas en el último año'. En algunos casos, fueron derivados al comedor municipal ya que reportan estar de tránsito. En general, predomina la asistencia municipal a turistas sin recursos. 4. Situación humanitaria de la PV y la capacidad de ADRA en La Quiaca La Quiaca es una ciudad de tránsito. La PV ingresa desde el Bolivia y utiliza a La Quiaca como enlace hacia las ciudades de destino: Córdoba, Rosario y Buenos Aires.
La Quiaca es una ciudad fronteriza que se encuentra en el extremo norte de la provincia de Jujuy. Tiene un clima semiárido frío con una temperatura media anual de 9,7C y con escasas precipitaciones. La temperatura baja media en invierno es de  7C. Se accede a La Quiaca desde San Salvador  ( capital provincial ) , 300 km al norte por medio de la RN 9  ( pavimentada ) . Se conecta con la ciudad boliviana Villazón por medio del Puente Internacional y cuenta con una terminal de ómnibus de larga distancia que conecta a la ciudad con los principales destinos del país
El nivel de desempleo en La Quiaca es alto  ( Ver Sección 4.7 ) . La Secretaria de Desarrollo Social de La Quiaca cuenta con recursos principalmente destinados a la atención de la población local en situación de vulnerabilidad extrema. El municipio cuenta con el comedor municipal “Mickey' y apoya a 14 merenderos y a “hornos comunitarios' autogestionados en barrios periféricos. En cuanto a las políticas sociales, las pensiones no contributivas por invalidez son administradas desde la Secretaría de Desarrollo Social de La Quiaca.
“Resulta conveniente dictar una medida que propenda a la flexibilización, simplificación y eventual eximición, previa evaluación de cada caso en particular, de los requisitos documentales exigidos en la Ley y su Reglamento', publicó entre los considerandos de la norma, el Gobierno, al tiempo que expresa una “firme voluntad de ayudar al pueblo venezolano que vive una crisis humanitaria sin precedentes en la historia', según aparece en el Boletín Oficial de la República Argentina, del 31 de Enero de 2019.
Entre 2009 y 2018 se radicaron en Argentina 130.820 venezolanos. Pero de ese total, el 53,91% llegó en 2018. Así, 70.531 venezolanos se radicaron en Argentina en 2018 frente a 47.391 provenientes de Paraguay, y 37.203 originarios de Bolivia, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones argentina.
En 2018, de acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas durante la misión por la DNM en Posadas, se iniciaron 195 MERCOSUR residencias de personas venezolanas y 6 casos realizaron la solicitud de la condición de refugiado. En Iguazú, 32 casos realizaron solicitud de la condición de refugiado en el paso fronterizo  ( 22 en los últimos 3 meses ) .
Ingreso al territorio y acceso a los procedimientos de RSD, especialmente niños y grupos vulnerables. Demoras y costos de alternativas migratorias  ( RADEX )  Reunificaciones familiares, con familiares en tránsito y en país de origen. Riesgo de apatridia y/o de confirmación de nacionalidad para niños nacidos en desplazamiento. Acceso a DESC con documentación precaria.
Documentación: rechazo de fotocopias, o documentación visiblemente deteriorada. Se registraron casos de NNA VEN que cuentan con certificado de nacimiento como documento de viaje, la cual no es acepatada por autoridades argentinas en frontera. En La Plata se rechazaron trámites migratorios con carta de pobreza. Se señala con frecuencia la escacez o ausencia de información tanto en DNM como en la CONARE
En la publicación, el Gobierno nacional también resalta que la Resolución de la Organización de Estados Americanos  ( OEA )  del 5 de junio de 2018 “reitera que ha ocurrido una alteración del orden constitucional' en Venezuela y urgió a su gobierno a dar pasos para “garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el Estado de Derecho y las Garantías y Libertades de la Población e instruyendo al Consejo Permanente para que identifique medidas apropiadas para apoyar a los Estados Miembros que están recibiendo un creciente número de migrantes y refugiados venezolanos'.
Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, la mayoría de los venezolanos se radicaron en la Ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, en las provincias. En esa misma línea, un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo señala que nueve de cada diez trabajadores registrados provenientes de Venezuela se desempeñan entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el mismo análisis, realizado en base a datos de 2017, entre los trabajadores venezolanos registrados, el 39% se concentra en el área de comercio, restaurantes y hoteles, y el 26% en establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios técnicos y profesionales . Libertades de la Población e instruyendo al Consejo Permanente para que identifique medidas apropiadas para apoyar a los Estados Miembros que están recibiendo un creciente número de migrantes y refugiados venezolanos'.
Acceso a la salud: en Misiones se detectó la aplicación de una disposición del Ministerio de Salud de esa provincia que exige a los extranjeros el pago de la atención médica en Hospitales Públcos. Dificultades para el acceso a medicamentos para enfermos crónicos e.g. caso de una niña diabética que no tiene acceso a las tiras reactivas
Posadas se configura como un lugar de residencia para la población, en general todas las personas manifestaban haber encontrado empleos en áreas de servicio/profesionales. Iguazú, es un lugar principalmente de paso, sin embargo la mayor parte de las personas venezolanas que participaron del DP lo veían como un lugar de permanencia, todos habían encontrado posibilidades laborales en un mercado dinámico del sector servicios/turismo; no ocurre lo mismo en otras áreas como la industria donde la oferta es más limitada para perfiles profesionales.
En el paso internacional de Posadas se advierte un desconocimiento de la situación de la población venezolana y de los procedimientos que corresponderían en caso de recibir población que podría requerir protección internacional. En Iguazú, a partir de algunos casos recientes de familias que solicitaron la condición de refugiado en frontera el Jefe de Paso y personal encargado tienen mayor conocimiento sobre procedimientos y se identifica que han recibido instrucciones.
Documentation: rejection of photocopies or visibly deteriorated documentation. There were cases of NNA VEN who have a birth certificate as a travel document, which is not accepted by Argentine authorities at the border. In La Plata, immigration procedures with a poverty certificate were rejected. Lack or insufficient information on asylum procedures at National Migration Directorate  ( DNM )  and CONARE.
De acuerdo a la información obtenida, y los testimonios de PoC el cobro se implementa de manera heterogénea y según los criterios de cada hospital. En virtud de esto, las personas venezolanas se ven afectadas en la atención primaria de salud en hospitales públicos, independientemente de la edad y nacionalidad. INADI envió una nota al Ministerio de Salud advirtiendo de esta situación y solicitando información sobre su aplicación, pero no obtuvo respuesta. Se advirtieron casos de personas venezolanas  ( menores )  con problemas crónicos de salud que no tienen accesos a tratamiento/medicinas  ( diabetes ) .
Documentación: se advirtieron demoras en los trámites de documentación  ( residencia /DNI )  y falta de información sobre el nuevo sistema RADEX. Demoras en entrega de certificados de residencia precaria. PoC manifiesta que se dificulta la obtención de los antecedentes penales que requiere el trámite migratorio por falta de recursos  ( recientemente se anunció que es presencial ante el Consulado VEN en Buenos Aires ) . A partir de esto, en algunos casos manifiestan imposibilidad de tomar contacto con autoridades de país de origen, o consultas sobre si es seguro para ellos. A su vez, implica un costo y pérdida de días laborales, y es en algunos casos de cumplimiento imposible. Esta situación dificulta y genera más demoras para el acceso a la documentación, la integración local y el acceso a determinados derechos.
During a peak of arrivals in March, SENAF took the initiative to convey an interinstitutional coordination meeting  ( that was called “Comite de Asistencia'   COA )  with all actors involved in the response to try to articulate the response in a timely fashion. Unfortunately this good practice was suspended after one meeting and a tense face to face with VEN population and ANDHES  ( VEN went on TV to complain about the lack of response and local authorities felt not only threatened but also disappointed by the lack of gratitude and recognition of what was done up to that moment ) .
If a PoC  ( and by it we mean Venezuelan population ) , individual or family, need support  ( shelter, food )  the competence falls within the Ministerio de Desarrollo Humano  ( Provincial Ministry of Human Development )  and the Secretaria de Ninez  ( Secretary of Childhood )  when children are involved. The two branches work side by side in this kind of responses. However the Migration Office does not have any coordination and would not know where or to whom should refer such cases and Migration does also not coordinate of work with INADI  ( The national Institute against discrimination, xenophobia and racism ) .
On the Venezuelans, the “certificado de residencia precaria'  ( the paper issued by Migration that allows a foreigner to work passed from being received in 2 days to 4 or more ) . ANDHES explained in detail the provincial program that envisage Venezuelan doctor's assignment to isolated/rural areas. The salary is 60,000 pesos  ( against 29,000 of ARG )  but the Government retains their title for 2 years and they cannot accept any other job or transfer until the end of their assignment; also the salary includes all other travel costs they have to take care of on the weekly missions to smaller rural areas under their coverage;
UNHCR wanted to learn more about the implementation/regulation of the new provincial health law passed in 2019 which foresees the payments for treatment of chronic diseases for foreigners  ( claiming that is targeting only tourists but it is unclear the position vis à vis other migrants, PoC and Venezuelans ) . The law is still under discussion and UNHCR offered its services to support the ministry in ensuring that the right to health of Venezuelan population be included and uphold in particular in the drafting of the regulation.
Se mantuvo reunión con el Defensor del Niño de la Provincia de Misiones, siendo éste uno de los 5 presentes en el país. Nuestro contacto con el Defensor del Niño había sido en oportunidad de estar acompañando desde CAREF el ingreso de un niño venezolano con su madre. En ese entonces habían tenido muy buena predisposición y colaboración por lo que retomamos dicha articulación
Se realizó una reunión con los y las integrantes de Arepa Viva, realizamos una jornada de capacitación y orientación e intercambio. Participamos también en la reunión que mantuvo AREPA VIVA con Karin de SEDi  ( Servicio Evangélico de Diaconía ) , quien se refirió a la cuestión laboral y la posibilidad de armar emprendimientos colectivos con subsidios de dicha organización.
Con la espontaneidad que la caracteriza, Susana Giménez añadió: "Estamos llenos de venezolanos". "¿Y se están portando bien?", preguntó El Puma. "Todos tienen trabajo. No sé cómo hacen, pero hay trabajo", afirmó la conductor
Algunas líneas de acción se tornan imprescindibles luego del análisis volcado en el presente documento. Resulta fundamental comprender el entramado de situaciones que se verifican en el marco de la Economía de Plataformas, desde las relaciones comerciales y laborales legítimas hasta las relaciones de dependencia encubiertas.
En la provincia de Misiones hemos observado que se han aprobado trámites pendientes que llevaban más de 10 meses sin resolución, por los cuales consultamos regularmente. No obstante, continúan las intimaciones para quienes no presentan el Certificado de Antecedentes Penales, así como también para los niños que no cuentan con Certificado de Nacionalidad.
Dicho eso, Susana planteó que como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro, muchos venezolanos buscaron refugio en países de la región
para el caso de los niños y niñas menores de nueve años que ingresen vía terrestre con uno o ambos progenitores se podrá aceptar excepcionalmente la partida de nacimiento como documento de viaje.
En Buenos Aires, se siguen observando dificultades en la aplicación de la disposición 165/2014 para la que, además de la “Carta de Pobreza' que extienden autoridades competentes, se exige la presencia de dos testigos que acrediten la falta de recursos de la persona migrante  ( los testigos deben tener DNI, ser mayores de edad y no ser familiares ) . Los testigos deben disponer de un día para ir a la DNM lo que dificulta el avance del trámite.
El hecho de que la migración esté protegida internacional y globalmente implica un nivel de acuerdo global que califica a los Estados y a sus sociedades en cuanto a su capacidad de inclusión, de respeto a los derechos humanos y de construcción de políticas públicas de largo plazo. Además de esta preocupación específica referida a los trabajadores de la Salud, la migración se enmarca en un contexto más amplio.
Al igual que en otros países de la región, la prestación de servicios es compartida por tres grandes sectores: el público, la seguridad social y el privado. El sector público, representado por el gobierno nacional, el provincial y el municipal, tiene a su cargo una diversificada gama de servicios que comprende desde instituciones destinadas a brindar rectoría,
La actual Secretaría de Salud de la Nación, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ejerce funciones de rectoría, entendida como dirección política y técnica del sistema de salud, a través de su capacidad de matricular, certificar, aprobar todo lo relativo a las condiciones de prestación de servicios de salud
La Dirección Nacional de Calidad en Servicio de Salud y Regulación Sanitaria de la Secretaría de Gobierno de Salud posibilitó la construcción de un consenso para que todas las provincias aporten datos nominalizados  ( provenientes de los respectivos Colegios profesionales o de los Ministerios de Salud )  sobre los profesionales de la salud trabajando en sus territorios. Gracias a esa labor de articulación política se ha podido establecer una base de datos que identifica las matrículas activas en cada jurisdicción, y datos sobre sexo, edad, especialización y ámbito de trabajo de los profesionales registrados
La distribución de profesionales de la salud expresa una muy alta densidad en CABA, tanto de médicos/as como de enfermeros/as. Triplicando la tasa promedio nacional en medicina y excediendo la tasa promedio nacional de enfermería en casi un 80%. A pesar de tratarse de indicadores que resumen una situación general de cada provincia, lo que no posibilita ver la desigual distribución interna en cada una de las jurisdicciones, es válido asumir que, en las provincias con mayores carencias, los recursos existentes se concentran a su vez en sus ciudades capitales y principales centros urbanos