nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
En el caso de las personas deportadas, vuelven a las tareas agrícolas en el sector rural, ya que la mayoría han salido de estas zonas, o intentan incorporarse en un sector laboral en donde puedan aprovechar los conocimientos y la ex  periencia que adquirieron estando fuera del país, lo que sucede con poca frecuencia. Se identiﬁcan algunos emprendimientos produc  tivos, tales como artesanías, manufactura de zapatos, panadería y fabricación de productos de limpieza.
En El Salvador se presenta un mayor porcentaje de quienes maniﬁestan con  tar con una pensión social  ( 16% ) ; así, el por  centaje de hombres  ( 22% )  que reciben pen  sión social es superior al de las mujeres  ( 7% )  y, principalmente, la reciben las personas con discapacidad  ( 21% )  frente a los que no tienen discapacidad  ( 6% ) . Otras personas también in  dican que reciben pensiones no contributivas por ser veteranos de guerra  ( 5% ) . “Algunas  [ personas ]  tienen pensiones de las que está dando el Gobierno ahora, que es pensión de veteranos, que antes era de 50 dólares, y con la entrada de este Gobierno les aumentó a 100 dólares'.  ( Mujer, organización de base, El Salva  dor, 2020 ) .
En cuanto al acceso de servicios básicos sanitarios, las condiciones en las zonas rurales suelen ser más desa  ﬁantes que las zonas urbanas. Esto se debe principal  mente a una falta de inversión por parte del Gobierno en la construcción de alcantarillado, y escasez de fuen  tes de agua potable que logren abastecer a todas las comunidades. En muchas zonas se hace uso de letrinas y construcciones de pozos sépticos, en donde el abas  tecimiento de agua se da por medio de fuentes hídricas no potables y de difícil acceso, como ríos o riachuelos. En Honduras, el servicio de alcantarillado alcanza solo a un 50% de la población y, en El Salvador, apenas un 40%. En promedio, un 20% de las personas en ambos países no cuenta con baño, y más de un 10% no tiene agua potable.
Desde el punto de vista de los riesgos de seguridad para las personas mayores, el análisis compilado global de HelpAge  ( 2020d )  reflejó cómo cerca del 40% de quienes fueron entrevistadas considera que las amenazas principales son el aislamiento y la soledad, así como la negación de recursos, servicios y oportunidades. Proporciones entre el 20% y el 30% de quienes respondieron priorizaron el abuso financiero, el abuso emocional y la ausencia de espacio para ellos en sus comunidades. A su vez, entre el 9% y el 10% refirió como riesgos principales el abuso físico y sexual, y entre el 4% y el 6%, la violencia armada.
En los países de la región norte de Centroamérica, según la tabla 19, la discrimi  nación por edad alcanza un 27%, lo que se observa con mayor notoriedad en las perso  nas deportadas tanto en Honduras como El Salvador; asimismo, en ambos países existe discriminación por la condición de movilidad humana en las personas deportadas.
En situación de discapacidad, 70% de la población encuestada manifestó no tener ninguna oportunidad o actividad de partici  pación. En los países de la región norte de Centroamérica, en Honduras, las personas con discapacidad manifiestan un 31% de participación frente a un 42% de quienes no tienen discapacidad; sin embargo, la mayor diferencia es en El Salvador, en donde el gra  do de participación de personas mayores con discapacidad es de un 51%, frente a las que no la tienen, con un 67%. En la región Andina, el porcentaje de las personas mayores que participan y tienen una discapacidad es de 36%, menor respecto a las personas mayores que no tienen discapacidad  ( 48% ) .
El 19% de las personas encuestadas no utilizó el servicio de salud cuando lo necesitó antes de la COVID 19, de los cuales un 25% no lo hizo por no tener dinero; un 11%, por no te  ner cobertura de salud o por diﬁcultades para moverse; un 7%, por desconocimiento sobre los servicios o por quedar muy lejos. Dentro de otras causas  ( 39% ) , se encuentran el mie  do por ser lisiado del conﬂicto y morir en el servicio de atención de salud, desconﬁanza general en el sistema de salud, así como por no necesitarlo.
Vigilancia de cercos epidemiológicos.  Entrega de insumos de protección a personal de primera línea de trabajo. Comunicado Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL «colaboradores médicos, enfermeras, personal auxiliar, etc. exentos de las restricciones de libre circulación, deberán ser atendidos en establecimientos sin importar terminación de su número de identidad.»
Un 15% de las familias posee al menos un miembro del hogar con algún tipo de discapacidad. Los porcentajes varían sustancialmente entre países: los mayores porcentajes de miembros con discapacidad se encuentran en Honduras y Guatemala  ( 16% y 15% respectivamente )
Un 10% de la población encuestada no tiene acceso a agua para consumo en su hogar. La mayor parte de las personas que si tienen acceso lo hacen a través de agua entubada  ( 61% ) . A nivel país, Honduras tiene la menor cobertura en agua para consumo  ( 85% ) , y Nicaragua presenta la mayor tasa de cobertura  ( 95% ) .
Según informes de 2021 de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria  ( CIF ) , el porcentaje de hogares en Honduras con brechas en su acceso a alimentos es de 21 por ciento comparado con el 8 por ciento previo a la pandemia.
La VBG, con sus consecuencias en la salud y la protección de las mujeres y niñas, sigue siendo una de las principales preocupaciones en el NCA. En Honduras, uno de los países más violentos contra las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, una mujer o niña es asesinada cada 27 horas  ( CEPAL )  mientras que el 86 por ciento de las más de 3.400 denuncias de violencia sexual en 2019 fueron niñas y adolescentes entre 0 y 19 años. Según la CEPAL, la tasa más alta de feminicidio por cada 100.000 mujeres en América Latina se encuentra en Honduras  ( 6,2 ) , seguido por El Salvador  ( 3,3 )  en segundo lugar y Guatemala  ( 2,0 )  en cuarto.
La desigualdad de género existente en El Salvador, Guatemala y Honduras se ha agudizado con la llegada de la pandemia de COVID 19 y las tormentas Eta e Iota que han impactado desproporcionadamente a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, evidenciando los riesgos, necesidades y capacidades de género para hacer frente a las emergencias.
En Honduras, la violencia contras las mujeres, particularmente la violencia sexual y el feminicidio, son causas identificadas del desplazamiento forzado de mujeres y niñas, en especial para jefas de hogar y defensoras de derechos humanos sujetas a mayores riesgos de violencia política. Así mismo, las personas LGBTIQ+ enfrentan riesgos por discriminación, conflictos familiares y comunitarios por su orientación sexual e identidad de género.
Tanto Eta como Iota dañaron o destruyeron cultivos y cosechas que forman parte crítica de los medios de vida para muchas familias que ya se enfrentaban a dificultades económicas como resultado de la pandemia COVID 19. Guatemala perdió más de 119.000 hectáreas de cultivos, afectando los medios de vida y seguridad alimentaria de 267.000 familias, mientras que Honduras, país donde ya un 18 por ciento de la población se enfrentaba a la inseguridad alimentaria, sufrió la pérdida de 318.000 hectáreas22
Efectivamente, los Análisis Rápidos de Género en Honduras y Guatemala muestran que el 50 por ciento en Guatemala y el 47 por ciento en Honduras de las mujeres participantes no tenían alimentos asegurados porque perdieron sus granos y cosechas, o no tienen dinero, lo que evidencia las brechas por género en seguridad alimentaria.
En Honduras, desde principios de 2020 y abril de 2021 el Sistema Nacional de Emergencias 911 contabilizó 151.264 llamadas asociadas a violencia de pareja íntima, un incremento del 49 por ciento respecto al 2018.
Las estimaciones en Honduras indican que casi el 55 por ciento de estudiantes matriculados no pudieron continuar sus estudios por estas carencias de acceso a las alternativas remotas
En Guatemala, Honduras y El Salvador, diferentes formas de malnutrición están presentes en la población. La desnutrición crónica  ( retraso en el crecimiento )  es niños y niñas menores de 5 años sigue siendo una de las principales preocupaciones de salud pública y desarrollo en estos países
En Honduras, “la mayoría de los albergues que se visitaron cuentan con sistema de agua potable y servicios sanitarios, sin embargo, el 50 por ciento de las mujeres dijeron que la cantidad de agua no es suficiente para cubrir todas las necesidades que tienen ellas y sus familias. Además, expresaron que el agua que reciben es la misma que utilizan para el aseo personal, cocinar y beber', con repercusiones en su salud77
En Honduras, entre 2020 y 2021, el 6.33 por ciento de estudiantes no se matricularon
En Honduras, las poblaciones que sufrieron las mayores pérdidas y los daños más severos a las viviendas habitan en los municipios más pequeños del país, específicamente en el Valle del Sula y sus inmediaciones. Habitan sobre todo en las áreas rurales y en aquellas periféricas de las ciudades grandes
En Honduras, un 16 por ciento de las mujeres dijo sentirse en “riesgo' se seguir viviendo en sus casas, pero con algún grado de riesgo por la posibilidad de derrumbe por saturación de los suelos, inundaciones cercanas, derrumbe de árboles o de otras viviendas. Por su parte, el 90 por ciento de las mujeres que se encontraban en albergues dijeron que habían perdido sus casas totalmente.
En Honduras, seis meses después del paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, las necesidades de alojamiento requieren soluciones de mediano y largo plazo: se estima que 88.741 personas requieren apoyo en alojamiento de emergencia.
El país enfrenta una creciente desigualdad, con un 49 por ciento de la población en la pobreza y un 20 por ciento de los niños y las niñas con retraso en el crecimiento, en medio de una creciente inseguridad alimentaria y nutricional y altos niveles de discriminación de género y violencia basada en género, y altos riesgos de protección incluidos el reclutamiento, asesinatos y otras formas de violencia como el femicidio.
En 2020, Honduras fue el tercer país de América Latina con la tasa de homicidios más alta, por debajo de Jamaica y Venezuela, y con una tasa de homicidios de hombres jóvenes de 64/100.000. Según fuentes oficiales, un 4.5 por ciento de las víctimas de los homicidios reportados en el 2020 eran niñas, niños y adolescentes111. Además, Honduras tiene la mayor tasa de femicidios de la región112  ( CEPAL ) .
El desplazamiento forzado y sus detonantes continuaron como base de la crisis de protección, con un mayor impacto debido al impacto de COVID 19 y Eta e Iota. Un reciente estudio de caracterización indica que el impacto es mayor en mujeres  ( 51 por ciento de personas desplazadas )  por razones como la violencia sexual y el feminicidio117.
De acuerdo a la UNAH, la crisis sanitaria y eventos climatológicos han aumentado el nivel de pobreza en Honduras de un 59.3 por ciento en 2019 a un 70 por ciento en 2020. A
Esta violencia generalizada, junto con carencias en oportunidades económicas, la desigualdad y la seguridad alimentaria además de los efectos de choques climáticos recurrentes, incide en el desplazamiento dentro y desde la región. Más de 549.000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras solicitaron asilo a nivel global. Las cifras sobre personas internamente desplazadas en El Salvador y Honduras oscilan entre 318.500 y 700.000 según la fuente. En Honduras, el impacto es mayor en mujeres quienes corresponden al 51 por ciento de las personas desplazadas.
Aunque durante gran parte del 2020 se mostró un declive en actividades delictivas, presumiblemente por medidas de restricción COVID 19, la información disponible al cierre del año y en el primer trimestre de 2021 revela que la criminalidad, y sus impactos diferenciados por género, ha repuntado. En Guatemala, de acuerdo con el Ministerio Público, se registraron 452 feminicidios en 20202 , mientras que en Honduras se registraron 296 muertes violentas y feminicidios3 4 , datos que sugieren que la violencia está repuntando e incrementándose en comparación a años pasados
Estas agresiones rutinarias han expuesto a los niños, niñas y adolescentes a la violencia armada, sexual e intrafamiliar. En Honduras, un 4.5 por ciento de las víctimas de los casi 3.500 homicidios reportados en 2020 eran menores de edad,
En Honduras, según fuentes oficiales, un 4.5 por ciento de las víctimas de los homicidios reportados en el 2020 fueron personas menores de 18 años73.
Tanto la pandemia de COVID 19 como las tormentas Eta e Iota han profundizado esta desigualdad de género preexistente en Honduras. Entre los efectos adversos y preocupantes evidenciados por el Análisis Rápido de Género están la feminización de la pobreza, el desempleo y la migración, así como el empeoramiento de la calidad de vida y bienestar de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. La pérdida de ingresos y medios de vida viene afectando la autonomía económica de las mujeres, sumada al incremento del trabajo de cuidados no remunerado, inseguridad alimentaria y la pérdida de empleo, especialmente para quienes se encuentran en el sector informal y las trabajadoras domésticas, que son más de 116.714 mujeres  ( 87 por ciento )  y niñas  ( 12.4 por ciento, 14.527 niñas entre 12 a 18 años )  representando el 87 por ciento del total de las personas que se dedican a este trabajo118
En medio de este escenario, Honduras muestra una inclusión educativa baja, mediada por las desigualdades económicas exacerbadas por el impacto de las tormentas tropicales y la presencia de la COVID 19. La inequidad educativa se expresa en el 41.3 por ciento de NNA que no acceden a la educación. Niñas y adolescentes han perdido la escuela como espacio protector e incrementado el riesgo de enfrentar embarazo temprano, violencia de género y deserción escolar.
Es preocupante el hacinamiento identificado en la población desplazada interna en Honduras, que
alcanza un tercio de la población  ( 34% ) .
En los países de la región norte de Centroamérica, la discriminación por edad alcanza un 27%, lo que se observa con mayor notoriedad en las personas deportadas tanto en Honduras como en El Salvador; asimismo, en ambos países existe discriminación por la situación de movilidad humana en las personas deportadas y personas desplazadas.
En el norte de Centroamérica, las personas encuestadas de Honduras fueron principalmente de Tegucigalpa  ( 23% ) , Comayagüela  ( 9% ) , San Pedro Sula  ( 5% ) , Choloma  ( 4% ) , Villanueva  ( 4% ) , Choluteca  ( 2% ) , La Ceiba  ( 2% ) , Comayagua  ( 1% ) , y otras ciudades  ( 50% )  tales como, La Esperanza, Juticalpa, El Negrito, La Unión, Catamacas, Yoro, Puerto Lempira, Danlí y Tocoa.
En Honduras existe una alta proporción de personas mayores que están en movilidad por los altos índices de pobreza, desplazamiento forzado interno, inseguridad y violación de derechos.
En el plano psicosocial, algunos proveedores prestan apoyo para la contención emocional. Se identifican casos de violencia de género que requieren seguimiento y atención. Otro caso que requiere de mayor acompañamiento psicosocial, orientación jurídica y seguimiento es el de las mujeres mayores en Honduras, cuyos hijos desaparecieron durante su trayecto a los Estados Unidos, pues ellas recorren las mismas rutas en su búsqueda, expuestas a los riesgos y necesidades que tuvieron que enfrentar sus hijos desaparecidos.
En Honduras, la inseguridad, la desaparición de familiares, el despojo y el desplazamiento interno o la deportación son factores que han influido sobre la salud mental de las personas mayores. La incertidumbre y las experiencias que han tenido que pasar derivan en constantes momentos depresivos, aun cuando la compañía de los familiares exista.
En Honduras, casi un tercio de las personas desplazadas y deportadas tenía dificultades en el acceso antes de la pandemia. Las dificultades de acceso están relacionadas con las demoras en las citas médicas, el colapso del sistema de salud y la falta de recursos gubernamentales. Para las personas mayores en este país es recurrente tener que pagar médicos privados y, ocasionalmente, comprar las medicinas.
El acceso a pensiones es particularmente bajo en Honduras, donde el 91% de las personas encuestadas no tenían ningún tipo de pensión, alcanzando un 100% de las personas con discapacidad.
El Salvador y Honduras dio cuenta de al menos 440 personas migrantes varadas  ( OIM, 2020c, 2020d, 2020e ) 4 .
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2014 los costos económicos del crimen representaron  ( en relación al PIB )  6.5% en Honduras. Para tener una perspectiva más cara de lo que esto representa, el gasto en educación en ese mismo año fue de 7.1% en Honduras.
El buen desempeño económico de los últimos años no ha derivado en una mejora en la estructura productiva. La tendencia se había apoyado en un aumento de los factores productivos, marco macroeconómico sólido, alta apertura comercial, y un contexto externo favorable y la buena dinámica de su principal socio comercial, los Estados Unidos  ( EE.UU. ) . Sin embargo, los buenos resultados macroeconómicos no se han traducido en cambios estructurales, como un incremento del crecimiento potencial, ni en un proceso de transformación de la fuerza laboral hacia empleos de mejor calidad. La productividad de los factores ha permanecido relativamente estancada, explicando solamente el 5% del crecimiento observado durante los últimos veinte años, frente al 50% atribuible a la acumulación de capital físico y 45% al factor trabajo. Cabe destacar que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha caído notablemente al pasar de 86,5 a 43,6 entre 2011 2019, aunque el país todavía se posiciona entre los más violentos del mundo.
En Honduras, el problema principal es el alto coste de los servicios, como de energía eléctrica, que se considera la energía más cara de Centroamérica.
En Honduras también se registran casos de violencia intrafamiliar, lo que ha llevado incluso a que personas mayores sean expulsadas de sus propios hogares, cuestión que afecta en mayor grado a las mujeres.
Las principales causas detonantes para que las personas tengan que salir de sus territorios, tanto dentro del mismo país como fuera de él, están relacionadas con la violencia e inseguridad que azota al país por conflictos entre pandillas  ( maras )  y grupos armados al margen de la ley. Por lo mismo, muchas familias se han desplazado desde zonas rurales y urbanas a causa de amenazas, intimidación, extorsión y secuestro, según uno de los actores entrevistados.
La dimensión del sistema de movilidad en Honduras está centrada en deportación, migración en tránsito; desplazamiento forzado interno, y solicitud de la condición de refugiado/a, principalmente. Las solicitudes de la condición de refugiado/a se han hecho por parte de personas provenientes de Nicaragua, El Salvador y Venezuela, con algunos casos de persecución política.
El acceso al sistema pensional para personas mayores es verdaderamente insuficiente. Como en muchos países solo está contemplado para quienes han llevado varios años trabajando de manera formal, por medio de una empresa o afines. Las personas mayores, al no contar con un auxilio pensional, están totalmente expuestas a un nivel de vulnerabilidad y precariedad muy alto. La dependencia familiar aumenta considerablemente, así como la presión de los problemas económicos, y es bastante riesgoso para personas que ya no las quieren contratar en ninguna parte. Bajo estas condiciones no existe una protección económica por parte del Estado.
Antes de la COVID 19, el 73% de las personas tenía acceso a tres comidas al día; un 15%, solo a dos comidas; un 7%, a más de tres comidas, y un 5%, en ocasiones a ninguna. A un 39% de las personas encuestadas se le ha disminuido el consumo de comidas durante la pandemia. El acceso a la alimentación fue principalmente por medio de ingresos económicos propios  ( 54% )  y por el apoyo de familiares  ( 48% ) .
menos del 40.92% de los estudiantes en Guatemala, Honduras y Nicaragua terminan el nivel educativo de secundaria
Aumento del número de mujeres lesionadas, en contraposición a la reducción de las lesiones en los hombres, lo que refuerza los datos y argumentos de un aumento en la violencia contra las mujeres durante la vigencia de medidas de confinamiento por la pandemia.
HONDURAS La ocupación de los hospitales oscila entre el 94 por ciento y el 145 por ciento, lo que supera la capacidad operacional y pone de relieve la falta de personal, medicamentos, tratamientos y suministros. Alrededor del 40 por ciento del personal médico informa de que ha dado positivo para COVID 19.
Se ha identificado la existencia de una forma de alimentación autosostenible, de las mismas personas mayores en situación de movilidad humana que trabajan la tierra, en compañía de organizaciones aliadas que buscan estrategias para disminuir la precariedad alimentaria dentro de estas poblaciones por medio de cultivos. Así, por ejemplo, se menciona en una de las entrevistas la capacidad de las personas mayores que trabajan la tierra para producir sus propios alimentos, en función de poder tener a corto plazo una alimentación sana.
La pandemia adicionalmente ha empeorado la situación de vulnerabilidad de las personas mayores en situación de movilidad humana. El 54% de la población encuestada no recibió tratamiento para estas condiciones de salud.
Del total de las personas encuestadas antes de la COVID 19, el 39% se sentía una parte del tiempo nervioso, ansioso, deprimido, irritable, agotado o con dificultades para conciliar el sueño; un 18%, la mayor parte del tiempo, y un 7%, todo el tiempo. Un 75% no recibió tratamiento para esta condición de salud, lo que muestra un enorme vacío en esta área de la salud.
Municipios que concentran mayor inseguridad y violencia coinciden con el destino de una alta proporción de personas retornadas de forma involuntaria. Asimismo, estos territorios son identificados como aquellos de donde salen el mayor número de personas migrantes, es decir, que las personas que emigran regresan a su lugar de origen donde las condiciones de vulnerabilidad y violencia permanecen.
Vigilancia y supervisión desde puntos fronterizos, controlando el ingreso de personas y vehículos. 

 Vigilancia y control de personas que permanecen en los Centros de Aislamiento Temporal CAT. 

 Seguimiento capacidad hospitalaria y atención médica en Centros de Triage CT a nivel nacional. 

 Desinfección vehicular y verificación documentación de personas autorizadas para poder circular.
La violencia generalizada en el Norte de Centroamérica tiene impactos directos sobre la salud de las personas afectadas. Por ejemplo, se registraron en Honduras 1,073.58 Las lesiones59 y homicidios a su vez inciden en la saturación de los servicios de salud ya limitados
Esto quiere decir que más de la mitad de los hogares no consiguen satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y se ven obligados a vender sus herramientas y bienes productivos, o a utilizar otras estrategias de sobrevivencia que impiden su recuperación tras la crisis. En las familias con mujeres como cabeza de hogar este porcentaje fue del 63%. Nuevamente, vemos como las brechas de género profundizan la crisis alimentaria.
Más de 27 mil centroamericanos/as han retornado a su país de origen gracias al trabajo articulado de los Países miembros del SICA, en el marco del Plan de Contingencia Regional, a través de los planes de retorno, ejecutados y coordinados por las Cancillerías para repatriar a los connacionales a sus hogares, tomando en consideración todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, cuarentenas adoptadas por cada país, entre otras, a su llegada al país para evitar la propagación del virus. Honduras suma un total de 2,970
Atenciones médicas llevadas a cabo desde los CT.  Traslado de paciente desde CAT INFOP Miraflores hacia 

 Labores de limpieza, desinfección y descontaminación de los CAT y CT. 

 Labores preventivas por parte de los Equipos de Respuesta Inmediata ERI asegurando el bienestar de la población. 

 Detención de personas por el incumplimiento de las disposiciones de seguridad por parte de Las Autoridades.
A pesar del continuo incremento en la incidencia la del COVID 19, ambos gobiernos iniciaron la reapertura de las actividades de comercio e industria, el 15 de junio en El Salvador y el 8 de junio en Honduras.
El 32% de las personas encuestadas no utilizó el servicio de salud cuando lo necesitó antes de la COVID 19, sin diferencia de género, de los cuales un 23% no tenía dinero para pagar los servicios y otros no lo usaron por el hecho de que el centro de salud quedaba lejos, por miedo al contagio, por considerar que ir al servicio de salud es una pérdida de tiempo, y muchos reafirman que no lo necesitaron.
Las probabilidades de acceso a servicios de salud para las personas mayores en situación de movilidad humana no presentan grandes diferencias del resto de la población. No es notorio un enfoque diferencial o preferencial, puesto que se ha encontrado que, si bien existen las posibilidades de acceso, la atención en ocasiones es cuestionable, por la falta de medicamentos, las constantes demoras en las citas médicas, el colapso del sistema de salud y la falta de recursos gubernamentales.
Las condiciones de vivienda han desmejorado en promedio durante la pandemia en un 27%, y el 5% de las personas ha sido desalojado. En su totalidad, las personas desalojadas tienen una correspondencia con las personas deportadas. En relación con esto, el 91% de todas las personas encuestadas no conoce medidas frente al desalojo.
La mitad de las personas mayores encuestadas ha sido afectada por situaciones de discriminación. Es preocupante que los mayores porcentajes de discriminación sean por edad  ( 33% )  y por la condición de persona en situación de movilidad humana  ( 12% ) .
Al igual que otros países del norte de Centroamérica, Honduras es un país de origen de personas migrantes que se dirigen principalmente hacia los Estados Unidos de América. Para el año 2020, contaba con un total de 28.300 personas migrantes, la cifra más pequeña de los países de Centroamérica y México. Si bien esta población representa cerca de un 0,4% del total de sus habitantes y ha disminuido en las últimas décadas, pues en 1990 era superior al 5%, en términos absolutos ha experimentado un aumento, pasando de 28.300 personas migrantes en el 2015 a 39.200 en el 2020  ( DAES, 2020 ) .
Para el año 2020 la población migrante en Honduras estaba compuesta por un 53% de personas en edad productiva, un 7% de adultos mayores y un 35% de menores de edad. Cabe resaltar, además, que Honduras contó con la segunda cifra más alta de personas migrantes menores de edad de la región para dicho año y, en ese sentido, fue únicamente superado por México  ( Portal de Datos Mundiales sobre Migración, s.f.a ) .
Honduras, al ser el país con la menor cantidad de personas inmigrantes de la región, es al mismo tiempo, uno de los Estados que establece una menor cantidad de procesos extraordinarios para abordar de manera específica a las personas migrantes en condición irregular. El país concentra de forma exclusiva sus opciones de regularización en los trámites ordinarios contemplados en la Ley de Migración y Extranjería del año 2003.
• Decreto Legislativo n° 86 2016 Requisitos y procedimiento para aplicar al beneficio de amnistía migratoria Este Decreto es la única iniciativa extraordinaria elaborada por autoridades hondureñas para la atención de la migración irregular y promover su regularización. Tuvo como objetivo promover el cambio de estatus de esta población, mediante exoneraciones temporales de multas para que pudieran normalizar su situación, ya que esta es una de las mayores dificultades de las personas al enfrentarse a los procesos migratorios. No se cuenta con registros estadísticos sobre la cantidad de personas que se vieron beneficiadas por esta iniciativa.
They also experience limitation in accessing humanitarian aid, health care, and economic opportunities during the pandemic.
UNHCR delivered personal protective equipment to 50 leaders within various LGTBI groups in San Pedro Sula to support efforts to monitor the human rights situation, and to six community health clinics to strengthen the delivery of medical and social services.
Honduras extended their respective quarantine measures and curfews.
Según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada  ( COHEP )  en el 2019, un número importante de pequeñas empresas ha sido afectado por las extorsiones y la violencia. La extorsión es una fuente de ingresos clave para los grupos criminales conocidos como pandillas o maras, localmente. Muchos negocios han cerrado o han perdido ingresos durante la pandemia, lo que les ha impedido pagar las rentas de las pandillas. Como resultado, los ingresos por extorsión han disminuido en la región
El Banco Central pronostica que, como resultado de la pandemia, la economía hondureña se contraerá de 2.7por ciento a 3.1 por ciento a 1.5  2.5 por ciento, una caída de casi 2 puntos del PIB
. En Honduras, por ejemplo, el brote se concentra a lo largo de la costa norte del país, donde vive gran parte de la población garífuna. En esta comunidad, que tiene raíces tanto entre los grupos indígenas como entre los descendientes africanos, muchos hogares están encabezados por mujeres o abuelas, y uno o ambos padres trabajan en el extranjero para enviar dinero a casa. Como en otras comunidades afrohondureñas e indígenas, algunos barrios y hogares carecen de electricidad, acceso a Internet y agua entubada
{EL IMPACTO DE LA PANDEMÍA SOBRE LOS FLUJOS DE REMESAS}
De hecho, las medidas de confinamiento y cierre de las actividades provocaron un derrumbe de las remesas para muchos países de la región en marzo y abril  ( Figura 11 ) . Las remesas se desplomaron en marzo y abril para alcanzar su nivel más bajo del año. Abril 2020 fue el mes con mayores caídas para las remesas con 40% para El  Salvador,  20%  para  Guatemala,  28%  para  Honduras  y  33%  para  República  Dominicana.  Haití  y  México  se demarcaron de esa tendencia con caídas inferiores al 5%, sugiriendo un rol contra‐cíclico de las remesas en estos  países.
{EL IMPACTO DE LA PANDEMÍA SOBRE LOS FLUJOS DE REMESAS} En virtud de sus altas tasas de emigración, la región es muy dependente del flujo de remesas familiares, sobre todo de Estados Unidos. Los países de la región recibieron más de US$73,9 millones de remesas en 2019, un récord histórico.  La región de CID recibe en promedio dos veces más remesas  ( 12,7% del PIB )  que el promedio de América latina y Caribe  ( 6,3% del PIB ) . Sin embargo, existen muchas diferencias entre países de le región. En efecto, las remesas superaron el 20% del PIB para tres países: Haití  ( 38,5% del PIB ) , Honduras  ( 21,5%del PBI )  y El Salvador  ( 20,9% del PBI ) . Guatemala, Nicaragua, República dominicana recibieron 13,9, 13,2 y 8,3% del PIB en 2019, respectivamente  ( Figura 8 ) . Las remesas provienen principalmente de los migrantes de Estados Unidos, especialmente para México, El Salvador y Guatemala que recibieron más del 95% de sus remesas de Estados Unidos  ( Figura 9 ) . Para República Dominicana, Haití, Nicaragua y Honduras, una proporción significativa de sus remesas provienen de Centroamérica y Europa.
La administración americana continuó su política migratoria restrictiva y las deportaciones de migrantes de
Centroamérica directamente en la frontera. 
Entre el 15 de marzo y 24 de abril, ICE realizó 21 vuelos de deportaciones a Guatemala, 18 a Honduras, 12 al El Salvador y 3 a Nicaragua, Haití y República Dominicana14. Sin embargo, la administración Trump autorizó a CBP con el título 42
para procesar y acelerar las deportaciones de migrantes ilegales en la frontera. En efecto, a raíz de una orden
emitida el 20 de marzo por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades  ( CDC, por sus siglas en inglés ) ,
se suspendió el ingreso de "ciertas personas de países donde existe un brote de una enfermedad transmisible".
Con esa orden, el gobierno americano autorizó a los agentes de control de fronteras del departamento de CBP
procesar las deportaciones de migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras antes de que puedan
entrar en una estación de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU15.
Más recientemente, el último Informe del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones  ( MIRPS, 2020 )  establece que en Honduras existen 247.090 personas en situación de movilidad humana correspondientes a los flujos de desplazamiento interno forzado, retornados, solicitantes de la condición de refugiado/a, refugiados/as o de migración irregular. De estos, el 85% corresponde a personas víctimas del desplazamiento interno forzado o en riesgo de estarlo; el 12,7% corresponde a nacionales hondureños retornados al país luego de su deportación; el 2,2%, a migrantes transitorios irregulares, y apenas 110 casos, menos de 0,5%, a personas que formalmente han solicitado la condición de refugiado/a en el país.
En términos generales, los reportes recientes de la Organización Panamericana de la Salud  ( OPS, 2019 )  señalan que en Honduras el 6,2% de la población total corresponde a personas mayores.
Los entornos humanitarios y en desarrollo que no cuentan con recursos suficientes plantean desafíos particulares para la prevención y el control de enfermedades infecciosas.115 En países como Venezuela, Haití y Honduras, la razón de camas a pacientes es de menos de 1 por cada 1,000 pacientes,
El Informe de la CEPAL sobre los impactos económicos y sociales de la COVID 19 destaca que las desigualdades en las tasas de conectividad entre segmentos de ingresos son extremas, y que "la brecha entre los quintiles más ricos y pobres más grande  ( se encuentra )  en Honduras  ( 58 puntos porcentuales )  y el Perú  ( 60 puntos porcentuales ) ,
Antes de la COVID 19, un 50% de las personas mayores mantenía contacto con familiares o amigos todos los días; un 22%, dos o tres veces a la semana; un 20%, dos o tres veces al mes; 4%, dos o tres veces al año, y en un 5% no mantiene contacto. Durante la pandemia disminuye un 6% el contacto diario, aumentando 5% quienes no mantien en contacto.
El sur de México, particularmente, es receptor de personas trabajadoras provenientes de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras que migran con el objetivo de insertarse en el sector agrícola, trabajo doméstico y turismo.
Además de estos instrumentos e iniciativas, existen otras iniciativas internacionales sobre migración, que vinculan el reclutamiento de personas trabajadoras migrantes y los principios del reclutamiento ético. La más importante es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual alienta a tomar en cuenta el Sistema Internacional de Integridad en el Reclutamiento  ( IRIS, por sus siglas en inglés )  para facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente
La complejidad de algunos procesos migratorios y la falta de reglamentación pueden repercutir también en que las personas o empresas contratantes opten por utilizar servicios de intermediarios que operan fuera del marco legal para contratar mano de obra migrante. Estos procesos pueden verse asociados a prácticas fraudulentas, así como a un incremento en los riesgos a los cuales se ven expuestas las personas trabajadoras migrantes
Un caso común es que se responsabilice a las personas trabajadoras migrantes de asumir los costos asociados de reclutamiento, lo cual, además de no atender a los estándares internacionales, también aumenta el riesgo de que las personas trabajadoras terminen envueltas en condiciones de trabajo forzoso  ( OIT, 2015 )
En el caso de Belice, de acuerdo con la Encuesta de Fuerza Laboral  ( Labour Force Survey en inglés )  los países de origen de personas trabajadoras migrantes son Guatemala  ( 36,9% )  y Honduras  ( 18,1% ) 13  ( Statistical Institute of Belize, 2020 ) . Estas personas trabajadoras se suelen ubicar en los distritos de Cayo, Stann Creek y Toledo, donde se encuentran las principales empresas de cítricos  ( BID, 2017 ) .
En el caso de las personas nacionales de El Salvador y Honduras que no pueden aplicar para la TVTF se dificulta aún más su inserción regular en el mercado laboral y promueve la utilización de otras formas de migración, como el mecanismo del CA 414  ( OIM, 2021a ) .
. Según las encuestas realizadas en el marco de este estudio, Belice es el país donde más frecuentemente las personas trabajadoras migrantes que trabajan en la agricultura reciben un contrato por escrito  ( aproximadamente un 73% de las personas encuestadas ) , a diferencia de Guatemala y México, en donde se identificó que, de 84 personas encuestadas, solamente 25  ( aproximadamente el 28% )  afirmaron haber recibido un contrato, y de ese total, 20 fueron establecidos de manera verbal
Con respecto a los costos asociados al reclutamiento, la mayoría de las personas encuestadas indicaron que no pagaron ningún costo asociado al reclutamiento; sin embargo, señalaron haber cubierto la totalidad de los costos de transporte, hospedaje y alimentación con su dinero. Es decir, las personas trabajadoras migrantes en la agricultura no contemplan estos gastos como costos asociados al proceso de reclutamiento a pesar de que sí lo son.
Informantes clave expresaron en entrevistas que se dan casos de sobornos, especialmente de contratistas y/o intermediarios, a agentes gubernamentales que se encuentran en las fronteras, con el objetivo de obviar los trámites migratorios y poder llegar al lugar de trabajo sin tramitar ningún permiso laboral. Ello concuerda con lo ya señalado por varias investigaciones, en donde se indica que muchas prácticas de reclutamiento informales conllevan a acciones fraudulentas y al margen de la ley, que incrementan la vulnerabilidad de las personas trabajadoras migrantes, y dificultan un adecuado seguimiento y regularización de los flujos migratorios laborales  ( OIT, 2021c; OIM, OIT, Gobierno de México y COLEF., 2020; OIT, 2019 ) .
El trabajo doméstico ha sido una de las principales actividades económicas afectadas por la pandemia de la COVID–19. Para las personas trabajadoras migrantes que se desempeñan como trabajadoras domésticas, la emergencia sanitaria ha implicado el despido, la reducción de las horas de trabajo y con ello una reducción del ingreso o bien un aumento en el volumen de trabajo del hogar.
A pesar de que la TVTF es uno de los programas más utilizados en México  ( Gobierno de México, 2020a ) , varias personas migrantes encuestadas en el marco de este estudio comentaron no haber podido acceder a este programa debido a los requisitos: contar con una oferta de empleo por escrito y pagar 416 pesos mexicanos  ( aproximadamente 20 dólares de los Estados Unidos ) . Esta dificultad para tramitar la TVTF se relaciona con el hecho de que el 60% del total de las personas migrantes encuestadas señalaron no contar con ningún tipo de contrato cuando comenzaron su viaje y que uno de los principales factores de impulso para migrar fue el desempleo, y por ende la escasez de recursos económicos.
Considerar, por parte del sector privado, los lineamientos para empleadores y empresas para mejorar la protección de personas trabajadoras migrantes durante la pandemia ocasionada por la COVID 19.
Generar investigaciones orientadas a identificar las prácticas de reclutamiento de personas migrantes en otras actividades económicas y los impactos que estas prácticas generan en las economías de los países de origen y destino.
Documentar las prácticas de reclutamiento de mujeres y niños, niñas y adolescentes migrantes en todos los sectores de la economía y su relación con la trata de personas, el trabajo forzoso y la explotación laboral.
[ Convenios y marcos internacionales relacionados con reclutamiento ético ] En los instrumentos enlistados anteriormente se establece la obligación de los Estados de regular el empleo y supervisar que el reclutamiento se realice de manera clara y transparente. En ese proceso, las personas trabajadoras migrantes son especialmente vulnerables a la explotación, la trata de personas y el trabajo forzoso, así como a sufrir tratos discriminatorios, recibir salarios reducidos y enfrentar restricciones en el disfrute pleno de sus derechos fundamentales  ( IRIS, 2020b, p. 1 ) .
Las recomendaciones de Montreal sobre la contratación constituyen el documento más reciente vinculado al reclutamiento ético y tienen por objetivo trazar una hoja de ruta en dicha materia Estas recomendaciones surgieron en el marco de la Conferencia Global sobre la Regulación del Reclutamiento Internacional realizada por la OIM, en Montreal, Canadá en junio de 2019. Se elaboraron 55 recomendaciones en total, las cuales toman en consideración los estándares planteados previamente como los Principios generales y directrices para la contratación equitativa de la Organización Internacional del Trabajo  ( OIT ) .
[ Legislación sobre reclutamiento ]  La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente la Dirección General de Empleo tiene por mandato  ( de acuerdo con la Constitución de la República en su artículo 7 )  la regulación, supervisión y control del funcionamiento de las agencias privadas de empleo garantizando los derechos fundamentales del trabajador y el registro de estos. Es así como la Secretaría centraliza un listado de Instituciones autorizadas para el reclutamiento y colocación de personal.
[ Legislación sobre reclutamiento ]  Cabe destacar que en su artículo tres el reglamento dispone de los principios fundamentales de la norma, dentro de los cuales se encuentran: no discriminación, de abolición efectiva del trabajo infantil, de reserva de información, de la solidaridad y de la dignidad humana  ( Gobierno de la República de Honduras, 2017 ) . Si bien este instrumento no incluye una definición clara del proceso de reclutamiento o de reclutamiento ético; estas bases se asimilan a los dos principios generales y cinco principios específicos del Estándar del IRIS
La incorporación de personas provenientes de El Salvador y Honduras en el trabajo doméstico en México, Guatemala y Belice es más reciente, pero según las encuestas realizadas en el marco de este estudio también se da de manera informal. La mayoría de estas personas emigran por factores asociados a la violencia, violencia basada en género y/o inseguridad, y encuentran el trabajo como trabajadoras domésticas en el mismo país de destino  ( CEPAL, 2020 ) . Ello coincide con las encuestas realizadas, en donde el 85% señaló que fue reclutada en el país de destino.
Promover la creación de reglamentos a lo interno de las agencias de empleo privadas para prohibir cualquier tipo de discriminación garantizando la igualdad de oportunidades según lo cual el reclutamiento debe vivirse con dignidad, respeto, libre de acoso o discriminación.
Capacitar a las personas involucradas en el proceso de selección de candidatos a que se garantice la confidencialidad y la protección de los datos de las personas trabajadoras migrantes.
Promover en el sector privado la importancia de que antes de que las personas trabajadoras migrantes sean colocadas en sus empleos cuenten con contratos escritos en un idioma que puedan entender y donde se establezcan con claridad los términos y condiciones de las labores que realizar
Existen diversos instrumentos o categorías migratorias que no fueron creados específicamente para facilitar la migración laboral, sin embargo, muchas personas trabajadoras migrantes los utilizan con ese fin. Así, por ejemplo, personas provenientes de El Salvador y Honduras comúnmente utilizan el CA 425 para laborar en Guatemala, debido a que este mecanismo facilita la movilidad de los nacionales de los países signatarios y les permite ir de un Estado a otro; sin embargo, este Convenio no cuenta con provisiones laborales  ( OIM, 2021a, p. 32 ) .
Con respecto a la selección de las personas trabajadoras, el primer acercamiento suelen realizarlo personas particulares; así, el 56% del total de las personas trabajadoras migrantes señalaron que las contactó una persona contratista informal, mientras que el 14% indicó que fue una persona empresarial.
Fomentar campañas en redes sociales sobre los riesgos de ofertas fraudulentas de empleo y la importancia de utilizar medios oficiales de reclutamiento.
Shrinking remittances alone, which the World Bank estimates will decrease globally by about 20 per cent in 2020, will add to the diminishing livelihoods, particularly in countries where they constitute a large share of Gross Domestic Product  ( GDP )  like in Honduras, Nicaragua, Guatemala and Haiti.
With dwindling production and purchasing power, over 18.5 million acutely food insecure people are at greater risk, more than half of which are Venezuelans  ( more than 7 million in the country, and 1.2 million, as refugees and migrants, in Colombia and Ecuador ) . The rest are concentrated in Central America, including in the “Dry Corridor', a drought prone area susceptible to recurrent climate shocks  ( 4.4 million in El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua ) , and in Haiti  ( 3.7 million ) .
Protests are on the rise despite movement restrictions like in Colombia where food shortages and the slow processing of government subsidies have led to street protests in Bogotá, Medellín and Cali; similar protests have been reported in other countries, including Honduras and Venezuela, Bolivia, Chile, Peru, Ecuador, and Brazil.
There are more than 26,300 cases in Central America,
{EL IMPACTO DE LA PANDEMÍA SOBRE LOS FLUJOS DE REMESAS} Las remesas son cruciales para los hogares vulnerables ya que completan los ingresos laborales y sirven para necesidades básicas. Según el FOMIN8, se benefician de las remesas internacionales 1 de cada 5 salvadoreños, 1 de cada 10 guatemaltecos y 1 de cada 6 hondureños. Los hogares las usan principalmente para cubrir el pago de necesidades básicas de sus familiares tales como los gastos de consumo, pero también de salud y educación. De  hecho, las remesas representan el 38%, 44% y 50% de los ingresos del hogar receptor para Honduras, Guatemala y El Salvador, respectivamente  ( Figura 10 ) . Alrededor del 80% de los beneficiarios de las remesas son hogares pobres  ( menos de US$4 por día en PPA )  o vulnerables  ( entre US$4 ‐ 10 dólares per cápita por día ) .
Coordinación recibimiento vuelos humanitarios y de hondureños retornados.
El 67.8 por ciento de los hogares tienen teléfono celular, principalmente los jefes de hogar o su esposa 30 por ciento, los hijos varones 14.9 por ciento, y las hijas mujeres en menor grado 12.9 por ciento.
La severidad y la magnitud de la inseguridad alimentaria aguda alcanzó niveles sin precedentes y las proyecciones del análisis CIF indica que la situación empeorará en los próximos meses4 . Las principales causas de esta preocupante situación son las cuantiosas pérdidas ocasionadas por los huracanes Eta e Iota de categoría 4 que en noviembre 2020 que destruyeron viviendas y medios de vida de la población, sumado a las pérdidas de ingresos por las restricciones de movilidad y transporte derivadas de la pandemia de COVID 19.
La severidad y la magnitud de la inseguridad alimentaria aguda alcanzó niveles sin precedentes y las proyecciones del análisis CIF indica que la situación empeorará en los próximos meses4. Las principales causas de esta preocupante situación son las cuantiosas pérdidas ocasionadas por los huracanes Eta e Iota de categoría 4 que en noviembre 2020 que destruyeron viviendas y medios de vida de la población, sumado a las pérdidas de ingresos por las restricciones de movilidad y transporte derivadas de la pandemia de COVID 19.
Los factores determinantes de la inseguridad alimentaria entre hogares pobres son: la pérdida de empleos  ( principalmente en el sector informal, turismo, industria, construcción, maquila, transporte y agrícola ) , la reducción de las reservas de granos básicos en el hogar, la tendencia al aumento de precios de granos básicos y la limitación de la movilidad y transporte que ha disminuido grandemente los desplazamientos de población, limitando poder ofrecer mano de obra y llevar a cabo comercio informal. Estas limitaciones están mayormente asociadas a las medidas tomadas para enfrentar la pandemia de la COVID 19 y al efecto de huracanes  ( Eta y Iota )  a nivel nacional.
alrededor de 3 a 4 hogares no cuentan con servicio sanitario conectado a alcantarillado o pozo séptico, lo cual ha sido exacerbado por los efectos de los huracanes. I.II Índice de Riesgos a Nivel Municipal Las condiciones de vulnerabilidad, exposición ante amenazas ha sido uno de los mayores desafíos a nivel de país, en ese sentido se ha diseñado una metodología de cálculo que permite conocer el nivel de riesgo por cada municipio,