nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
El 8% señaló que si tuvieron que efectuar algún “pago' por el ingreso. El 35% de las personas de diversidad sexo genérica, 9% de los hombres y 7% de las mujeres encuestadas indicaron que realizaron algún tipo de pago en su ingreso. Llama la atención este dato ya que, se podría inferir que un porcentaje de personas hicieron este pago en pasos regulares. Los testimonios recogidos y estos números evidencian que en el cruce de frontera se da una relación de poder de agentes migratorios y otro personal  se refieren a policías, transportistas, coyoteros, taxistas , frente a la vulnerabilidad de la población migrante, que se mantiene y genera ingentes beneficios en favor de los primeros. “… para hacer que pasen a mi hermano me tocó pagar 400USD, ahora cuesta 200 USD.' 16
Respecto al uso del preservativo, en general el preservativo masculino es conocido por todas las personas, para la prevención de embarazo y para la prevención de ITS. El preservativo femenino prácticamente no se conoce. Existe una brecha importante entre el conocimiento y el uso. Las mujeres señalan que no necesitan porque están con su pareja, o porque no tienen pareja, mientras que los hombres evaden responder y señalan que no necesitan. Esto evidencia la exposición al riesgo de ITS de la población migrante. En cuanto a las y los adolescentes, en los GF y encuestas el 33% de mujeres y 55% de hombres dice conocer sobre el uso de métodos anticonceptivos. Además, se evidencia que el ejercicio de sus derechos sexuales aún se concibe desde un punto de vista hetero normativo y patriarcal. El 100% de hombres adolescentes refieren presión social para que los adolescentes hombres tengan su primera relación sexual en edades tempranas. Se evidencia una diferencia diametralmente opuesta respecto de la visión del inicio de relaciones sexuales para las mujeres. Pese a ello, el 75% de las personas participantes en los GF indican que las mujeres inician su vida sexual alrededor de los 15 años y con personas mayores que ellas.
De las personas encuestadas el 45% de hombres refiere haber requerido atención en salud, frente al 69% 29 GF, Machala 30 GF, Quito _x000c_de mujeres que lo necesitaron y el 75% de población de la diversidad sexo genérica. De quienes requirieron cuidados de salud, el 80% de hombres, el 88% de mujeres, y el 66% de población LGBTIQ+, no recibieron atención en salud. El 88% de las mujeres que no recibieron asistencia médica reporta negativa de los servidores públicos para atenderles, o porque no sabía cómo acceder a los servicios médicos.
En cuanto a los albergues temporales en los GF y las encuestas se refieren que los servicios que están disponibles, existe presencia de agua segura, brindan ayuda alimentaria, presencia de baterías sanitarias, kits de higiene, hay espacios seguros para mujeres, etc., lo que lamentan es el tiempo de permanencia en ellos  ( en promedio tres noches ) , y el hecho de que este servicio no existe en todas las ciudades. El servicio de albergues es insuficiente para todos los grupos consultados. También se constata la existencia de albergues nformales en varias ciudades, que son operados por grupos de sociedad civil y también por familias. Las condiciones de este servicio pueden constituir riesgos para la seguridad, cuando no cumplen condiciones mínimas de seguridad, cuidado de la privacidad de mujeres, niñas, niños y personas de diversidad sexo  genérica, o apoyo en la construcción de un proyecto de vida. Estos espacios también han probado ser mecanismos de extorsión y explotación de las personas y hogares que buscan acogida.37
Agua y Saneamiento 

En cuanto este sector existe un amplio porcentaje de personas reportan acceso a agua de la red pública. 70% de los hombres y 70% de las mujeres reportan acceso a este servicio. En cuanto percepción de seguridad para acceder a la red de agua, 13% de hombres, 13% de mujeres y 100% de población de diversidad sexo  genérica reportan riesgos a la seguridad de las personas para acceder a la red de agua. Cuando se consulta sobre las estrategias usadas para disminuir el riesgo, el 88% de hombres y el 100% de la población de diversidad sexo genérica refieren que no hacen nada para disminuir el riesgo, mientras que 77% de las  mujeres reportan haber desarrollado estrategias, entre ellas, la de acudir al punto de recolección de agua acompañadas. Estas respuestas podrían explicarse por el rol social construido para los hombres, en el que no necesita solicitar ayuda o generar estrategias de mitigación del riesgo; y en el caso de la población de diversidad sexo genérica, muestra los altos índices de riesgo a los que están expuestos, incluso en el acceso a la red de agua.
2.2 Edad: La población de migrantes y refugiados venezolanos es mayoritariamente joven. Gran parte pertenece la Población Económicamente Activa  ( PEA ) . Forum Consultores  ( 2018 )  señala que el 73,84% son menores a 35 años. Peralvo  ( 2018 )  menciona que la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos que llega a Ecuador con la intención de trabajar tiene de 20 a 30 años. El Consejo Noruego  ( 2018 )  indica que la mayor parte de la población venezolana en Ecuador se concentra entre los 15 y 59 años, siendo la concentración más grande entre los 20 y 34 años. El 90 % de la población venezolana en Ecuador tiene una edad comprendida entre los 18 y los 45 años, según dicho informe. De manera similar, el estudio de HIAS  ( 2018 )  encontró que el rango de edad más representativo de los solicitantes de refugio es entre los 27 y 30 años. Ellos constituyen un 34,7% del total de las atenciones. Por su parte, Herrera y Cabezas  ( 2019 )  señalan que en el año 2018, el 76% de los ciudadanos venezolanos tenía entre 18 y 55 años. Celleri  ( 2019 )  señala que el 60% de la población migrante en el norte de Quito está en el rango de edad entre los 29 y 30 años, quienes desempeñan una actividad laboral. El 20% corresponde a niños y adolescentes entre los 1 y 19 años, y el 18,60% corresponde a las personas mayores a los 40 años.
El gráfico anterior confirma lo que algunos estudios resaltan como un fenómeno creciente en los últimos dos años y es el relativo al incremento de la población infantil. Así vemos que la pirámide demográfica del 2018 presenta un ensanchamiento importante de la población venezolana en Ecuador, en las edades de 0 – 9 años. De acuerdo al estudio realizado por UNICEF  ( 2019 ) , para el 2014 la población menor de 20 años que migraba desde Venezuela representaba apenas el 5,5%; para el año 2018, este porcentaje corresponde al 16,4%. El monitoreo realizado por MIES y el ACNUR en el 2019 coincide con los estudios de UNICEF  ( 2019 )  y señala que en el último año un 7% de las mujeres venezolanas que ingresaron al país se encontraban en estado de embarazo y un 13,3% en estado de lactancia. Aunque estos datos no son fruto de una muestra representativa del universo de migrantes venezolanos, sí nos muestran que es muy probable que la población de infantes menores a cinco años sea cada vez más importante. Aproximadamente, un 20% de mujeres venezolanas que llegaron a Ecuador serán madres o tienen infantes menores de un año. Se calcula que ahora la cifra va en aumento a medida que incrementa la ola de migrantes y refugiados en mayores condiciones de vulnerabilidad
3.2 Autoempleo, servicios domésticos y ventas ambulantes: La inserción laboral en Ecuador de migrantes y refugiados venezolanos en condición de informales representa una de las principales fuentes de ingreso para esta población. Ante la falta de oportunidades o permisos de trabajo para acceder a un empleo en el sector formal. Según datos del MIES y el ACNUR  ( 2019 ) , aproximadamente, 21,05 % de la población venezolana en Ecuador está empleada en el sector informal. Según datos de este mismo estudio, solo el 2,88 % de la población venezolana ha logrado acceder a un empleo formal en Ecuador, lo cual tampoco garantiza el respeto a sus derechos. De acuerdo al estudio realizado por la FES ILDIS, el ingreso a los trabajos para migrantes venezolanos se realiza, frecuentemente, bajo la condición de un “período de prueba', lo cual permite el despido intempestivo del trabajador sin incurrir en ninguna obligación legal. Según encuestas realizadas a trabajadores en la ciudad de Quito, pocas veces reciben un salario básico unificado por su trabajo en los meses de prueba, lo cual representa una vulneración más a sus derechos laborales. Por su condición de capital del país, Quito es la ciudad donde más contratos se han registrado a nivel nacional en el año 2017  ( 34% ) , mientras Guayaquil registró el 27% de los contratos. De acuerdo con varias asociaciones de migrantes venezolanos y colombianos el emprendimiento extranjero se localiza en diferentes sectores, como el comercio con 33%, alojamiento y servicios de comida con 16%, agricultura con 13,5% e industrias manufactureras con 11%. Según reporte elaborado por R4V Plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 2019, el 41,03% de migrantes venezolanos que ingresaron al país se encuentra trabajando en ventas ambulantes, el 6,96% se encuentran trabajando independientemente o por cuenta propia, el 6,23% de personas realiza oficios de la casa o servicios domésticos, analizando a las personas venezolanas en Quito. Los datos de la Fundación HIAS  ( 2018 )  señala que de los solicitantes de refugio el 13,95% se dedicaba a las ventas; el 6,9% a trabajos de campo como agricultura, acuacultura, ganadería, pesca; el 3% a trabajos de alimentación y gastronomía; el 1,5% a servicios de belleza; el 1% al autoempleo; y otro 1% a la artesanía.
Rony Peralvo, investigador del IAEN, muestra que para el 84% de venezolanos no ha sido fácil conseguir empleo en su área de formación, ni siquiera en el sector industrial que tiene mayor capacidad de emplear a mano de obra calificada. La mayoría de los que han conseguido empleo en esta área lo han hecho en tareas que no requieren de su calificación. Solo el 16% de venezolanos afirma haber conseguido trabajo ligado con su profesión y habilidades. El estudio afirma que el 11% de los venezolanos no consigue un empleo. Los datos de los dos estudios precedentes coinciden con el DTM realizado a mitad del año de 2019, que señala que el 11,36% de venezolanos, en Quito, se encuentran desempleados. El monitoreo del MIES ACNUR en mayo del 2019, asimismo, muestra que el 11,54 % están desempleados. Existe una coincidencia en la mayoría de estudios que señalan que entre el 11 – 12% de la población venezolana en Ecuador se encuentra en el desempleo. Debido a que conseguir un ingreso se vuelve una necesidad imperiosa para esta población por las razones anteriormente expuestas, se intuye que las personas que no encuentran un empleo formal o que no logran autoemplearse en la venta ambulante se dedican a pedir dinero.
Miles de venezolanos han empezado a optar por esta vía para obtener su estatus legal. Desde febrero de 2017, cuando el gobierno ecuatoriano empezó a otorgarla, hasta septiembre del 2018 se otorgaron 54'219 visas Unasur. De enero a septiembre de 2018, la Cancillería entregó 37'529 visas, de las cuales el 92% fueron las visas Unasur. Como se observa en la siguiente gráfica, las visas Convenio dejan de ser utilizadas por los venezolanos desde que entró en vigencia la nueva ley y con ella la categoría de ciudadanía suramericana. Se observa claramente que la estrategia de residencia de los venezolanos en Ecuador cambió al dejar de solicitar la ‘visa convenio'  ( utilizada hasta 2016 )  y optar por la ‘visa Unasur'. Vale resalar también la disminución de la visa profesional, lo cual confirma el cambio de perfil de los últimos venezolanos en arribar al país25 y la dificultad por obtener ciertos documentos apostillados como el título profesional. Algo que llamó la atención, al analizar los datos, es que una de las vías utilizadas para obtener la residencia es la conocida ‘visa Mercosur'. Si bien Venezuela no es parte del Acuerdo de Residencia Mercosur, algunos venezolanos que se han regulado por esta vía dan a entender  ( entre venezolanos y probablemente colombianos ) , lo que les ha permitido obtener la residencia a aproximadamente unas 2'500 personas.
Por otro lado, hay que resaltar que dicho incremento de entradas de venezolanos y sus respectivas salidas nos confirma que el grueso de esta población lo hace en calidad de tránsito. Es decir, pasan por territorio ecuatoriano llegando de Colombia para irse a otros países de Suramérica, sobre todo Perú, Chile y Argentina20. Al ser Ecuador principalmente un país de tránsito, el gobierno implementó un corredor humanitario para que se trasladen desde la frontera norte hasta Perú dando movilización en buses y acompañamiento en su recorrido21. Una lectura de los principales puestos fronterizos de entrada y salida confirma lo señalado. Del total de venezolanos que entraron al Ecuador en los últimos cuatro años, más de tres cuartas partes lo hicieron por los pasos fronterizos de Rumichaca  ( 75% )  y por el puente fronterizo de San Miguel  ( 4% )  en la frontera con Colombia. Y del total de salidas en el mismo período, el 72% lo hizo por el paso fronterizo de Huaquillas, localizado en la frontera con Perú. Estos movimiento por dichos pasos fronterizos se hicieron más notorio en el 2018 cuando el 90% de venezolanos entró por la frontera norte y el 85% salió por la frontera sur. Como ya se indicó, es una migración terrestre donde se observa también un descenso en los últimos dos años de los ingresos por aeropuertos, lo que también da una idea de la condición socio económica de los nuevos migrantes. De esta población en tránsito, el 56% son hombres, el 44% mujeres y menos del 1% LGTBI. La mayoría  ( el 55% )  están en el rango de edad entre 18 y 35 años, según los datos proporcionados por el ministerio del interior.
En términos generales, la mayoría de los venezolanos migrantes en Ecuador, sobre todo los de los últimos años, han tenido que olvidarse de su formación profesional y de las condiciones laborales reglamentarias para sumergirse en un mercado laboral en el que son vulnerables, reciben menos remuneración de lo que manda la ley, pero que requieren del trabajo tanto para mantener su estadía como para enviar remesas a sus familiares32. Esta vulnerabilidad ha exacerbado la explotación laboral, el comercio informal, la desigualdad social y la xenofobia, que implica varios aspectos, entre ellos, la idea de una competencia entre migrantes y nacionales por un puesto de trabajo. VI.
Anteriores estudios, RAMIREZ y ZEPEDA  ( 2015:168 ) , delineaban ya un perfil de la sociedad ecuatoriana cerrada y con una actitud de rechazo a los migrantes que raya en la xenofobia. A parte de que la mayoría considera que los extranjeros quitan empleo como ya se indicó, el 93% está a favor de que aumenten los controlos fronterizos, el 73% cree que hay deportar a los inmigrantes a su país de origen, el 65% de los ecuatorianos creen que los extranjeros generan inseguridad y un 37% considera que hay que constuir muros en la frontera. Estas opinión, sobre todo el de la inseguridad como efecto de la mayor presencia de extranjeros, son alimentadas por comentarios, cadenas de mensajes y memes en redes sociales como Facebook, pero además, los medios de comunicación como la prensa escrita y la televisión han hecho su parte publicando noticias en las que se resaltan acontecimientos delictivos en los que han estado involucrados migrantes venezolanos
Este asunto llegó a su nivel máximo de expresión cuando a finales de enero ocurrió un feminicidio en la ciudad de Ibarra el cual fue grabado y transmitido en vivo por redes sociales. Durante aproximadamente 45 minutos una personas tuvo de rehén a su pareja amanzada con un cuchillo mientras observaba la policía y la ciudadanía. Despúes de ocurrido este crimen, se supo que el marido de la víctima era venezolano y tras las declaraciones del Presidente de la República de “conformar brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos', la población de Ibarra literalmente fue a la ‘caza' de ellos en hostales, hoteles, quemando sus pocas pertencias, insultando, golpeando y apedrando a todo venezolano que estaba por la calle sin importar sexo ni edad. El resultado de esta barbarie, denominada por los ibarremo s como “limpieza social', fue la salida masiva de venezolanos de aquella ciudad, que se escondieran y no salieran a las calles en otras ciudades del país por temor hacer agredidos, el reforzamiento de políticas para la declaración de nuevos acuerdos y reforzamientos de controles en la frontera como ya se dijo, una neva escalada de tensiones diplomáticas entre Ecuador y Venezuela y el retorno de venezolanos hacia su país35.
Finalmente, los datos de los venezolanos que han optado por quedarse en Ecuador y obtener un permiso de residencia dejan ver que muy pocos caen en la categoría de refugiados o necesitados de protección internacional. Apenas el 3% de los venezolanos, en los dos últimos años, optó por una visa humanitaria o de refugio. Como se señalaba al inicio del artículo, el principal motivo de salida de dicha población se debe a los problemas económicos y desabastecimiento que se viven en el país llanero26. El número total de visas otorgadas a migrantes venezolanos, desde 2013 a septiembre de 2018, es de 92'942. Si bien la visa Unasur ha dado facilidades para la regularización, la mayor presencia, en el último año, de migrantes venezolanos de estratos sociales 25 Según los datos de la OIM ( 2018c ) , el 59,5% de los venezolanos recién llegados tiene estudios secundarios, 17,4% técnico superior y solo el 17% universitario.
Muertes en el camino: la falta de opciones para una migración segura y legal, lleva a que los migrantes tomen rutas alternativas donde su vida corre peligro. Ante la imposibilidad de continuar el viaje trasladando un cadáver el mismo es abandonado en áreas de difícil acceso o en servicios de salud. Así mismo no se observan precauciones de bioseguridad para quienes manipulan los cuerpos en trochas o pasos irregulares. Se realizan sepulturas en el trayecto. NNA expuestos a esta problemática.
Informaci´on laboral Pondremos atenci´on, primero, a los resultados concernientes a la parroquia de El Palmar. Para esta zona geogr´aﬁca, la cantidad de encuestados que se encuentran laborando alcanza un porcentaje de 64,86 %, de ellos aproximadamente el 93,24 % no ha ﬁrmado un contrato laboral; comparado con un 58,24 % de encuestados no venezolanos que est´an laborando, pero tan solo el 25,96 % de ellos ha ﬁrmado un contrato
Adicionalmente, en El Palmar el 62,96 % de venezolanos encuestados aﬁrmaron que saben elaborar alg´un producto, de ellos, el 78,08 % puede elaborar alimentos. Por otro lado, tan solo el 39,22 % de encuestados no venezolanos puede elaborar alg´un producto, de ellos, el 62,65 % puede elaborar alimentos. Por otra parte, el 97,32 % de venezolanos inmigrantes encuestados est´a interesado en capacitarse profesionalmente, mientras que, en el caso de encuestados no venezolanos el 82,51 % se encuentra interesado en una capacitaci´on profesional. Finalmente, se evalu´o la disposici´on de los inmigrantes venezolanos encuestados para trabajar en diversas ´areas, usando una escala de 1 a 5, donde se obtuvo los siguientes resultados:

Venta de productos varios: El 44,64 % de venezolanos caliﬁc´o a su disposici´on de trabajar en venta de productos varios con un 5, el 22,32 % con 1 y el 21,43 % con 3.

Elaboraci´on de manualidades: El 36,04 % de encuestados venezolanos caliﬁc´o su disposici´on para trabajar en elaboraci´on de manualidades con un 5, el 31,53 % con 1 y el 16,22 % con un 3.

Cocina, gastronom´ıa y reposter´ıa: El 55,36 % de encuestados venezolanos caliﬁc´o su disposici´on para trabajar en cocina, gastronom´ıa y reposter´ıa con un 5 y el 17,86 % con 1.

Mec´anica y automotriz: El 49,11 % de encuestados venezolanos caliﬁc´o su disposici´on para trabajar en mec´anica y automotriz con 1 y el 27,68 % con un 5.

Construcci´on, alba˜niler´ıa, carpinter´ıa y pintura: El 53,57 % de encuestados venezolanos caliﬁc´o su dispo  sici´on para trabajar en construcci´on, alba˜niler´ıa, carpinter´ıa y pintura con 1 y el 25,89 % con un 5.

Asociatividad y generaci´on de emprendimientos: El 68,75 % de encuestados venezolanos caliﬁc´o su dispo  sici´on para trabajar en asociatividad y generaci´on de emprendimientos con un 5 y el 12,5 % con 4.
Adicionalmente, en el Palmar, el 5,41 % de venezolanos posee discapacidades  ( de ellos el 50 % posee entre 50 y 75 % de discapacidad, el restante 50 % se halla distribuido equitativamente entre porcentaje de discapacidad menor a 50 y mayor a 75 ) ; mientras que, en Tarqui el porcentaje de personas con discapacidad es nulo. Aquello denota que, en t´erminos generales, en las zonas analizadas de Manta la cantidad de personas con discapacidad es sumamente baja. En lo que respecta al estado civil, en el Palmar el estado civil del 55,86 % de los inmigrantes consta como 'soltero2 el 24,32 % como ¸casado; por otro lado, el porcentaje de no venezolanos que se encuentran solteros es de 35,52 %, casados un 31,69 % y en uni´on libre un 19,13 %. Estas caracter´ısticas develar´ıan que el grupo de venezolanos, a diferencia del resto de habitantes en las zonas analizadas, se conforma en una mayor proporci´on por solteros  ( 60 % en contraste con 30 % ) .
En la parroquia el Palmar, el nivel de estudio de los inmigrantes venezolanos se encuentra distribuido en un 40,54 % bachilleres, un 19,82 % poseen estudios secundarios y el 18,92 % estudios universitarios. En contraste con los encuestados no venezolanos, un 29,35 % son bachilleres, el 24,46 % poseen estudios secundarios y un 21,20 % posee estudios primarios. En Tarqui, por otra parte, tal como se puede observar en la Figura 1, los resultados se muestran similares: el 50 % de los inmigrantes venezolanos ﬁnaliz´o la secundaria, mientras que el 19,51 % no ha culminado sus estudios secundarios, por otro lado, en el caso de los encuestados no venezolanos, el 33,65 % de ellos han culminado sus estudios secundarios, frente a un 18,27 % que tiene estudios primarios completos y el 16,35 % que no ha ﬁnalizado la secundaria. Esta informaci´on dar´ıa cuenta de que en estas zonas analizadas de Manta, el migrante venezolano tiene cierta diferencia particular con el resto de locales en torno a su instrucci´on formal: una mayor parte de la poblaci´on se concentra en estudios de bachillerato/secundaria y universitarios  ( 60 %, en comparaci´on a un 40 % entre el resto de locales ) . En la parroquia el Palmar, los inmigrantes venezolanos que poseen una certiﬁcaci´on profesional, t´ecnica o de oﬁcio representan el 65,77 %; de ellos, el 37,33 % posee certiﬁcaci´on t´ecnica, el 29,33 % certiﬁcaci´on profesional, y un 29,33 % de oﬁcio. Cabe mencionar que, de la totalidad de venezolanos que poseen certiﬁcaci´on, en un 80,95 % estas no est´an apostilladas. Por otro lado, en esta parroquia apenas el 41,24 % de encuestados no venezolanos se˜nal´o que posee certiﬁcaci´on; de ellos, el 40 % posee certiﬁcaci´on de oﬁcio y un 36 % certiﬁcaci´on profesional. Por otro lado, en la parroquia Tarqui, los venezolanos encuestados que no poseen certiﬁcaci´on profesional, t´ecnica o de servicio alcanzan un porcentaje de 73,17 %. El 95,08 % de venezolanos que poseen certiﬁcaci´on aﬁrman que no est´a apostillada. En contraste, un 73,03 % de encuestados no venezolanos tampoco poseen certiﬁcaci´on. De aqu´ı que, evidentemente, se puede observar que mayormente el venezolano recientemente llegado tiene en alrededor de un 30 % una certiﬁcaci´on por su nivel de instrucci´on, y esta est´a tan solo el 15 % de las veces apostillada.
un 78.4 % de los migrantes analizados declara trabajaral menos una hora en la semana, y un 43.5 % incluso trabaja m´as de 40 horas por semana. Finalmente, la mayor parte de migrantes en situaci´on de empleo recibe ingresos mensuales entre los $200 y los $300  ( un 25.3 % ) , lo cual permite resaltar tambi´en el hecho de que apenas el 12.7 % del grupo analizado en el estudio de Daniela C´elleri  ( 2019 )  gana un salario mensual mayor a $400  ( que es actualmente el valor del Salario B´asico Uniﬁcado en Ecuador ) . Es importante, adem´as, mencionar que apenas un 12 % de quienes se encuentran empleados declara estar aﬁliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  ( IESS ) .
Fuentes del Ministerio de Inclusión Económica y So  cial  ( MIES )  informan sobre casos de reclutamiento de adolescentes para el conflicto armado. También des  tacan el hecho de que las víctimas mujeres cada vez son más jóvenes, algunas incluso de 12 años de edad. También reportan una mayor incidencia de la mendi cidad ajena en ciertas épocas, como fin de año, e in  forman de casos de niños y niñas venezolanos explo  tados en esta modalidad. Asimismo, mencionan casos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral cuyas víctimas son niños, niñas y adolescen  tes, que son entregados por sus familias a madrinas, padrinos, vecinos u otros familiares, para su traslado a otros países.
3.1 Papeles y Responsabilidades de Género La división del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados no remunerado las mujeres en el Ecuador dedican 37 horas a la semana a estas tareas  ( 27 horas más que los hombres )
Trabajadoras Domésticas Más de 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico en ALC, de las cuales el 93% son mujeres.74 El trabajo doméstico representa hasta un 14% del empleo asalariado femenino en la región,75 y más del 78% de estas mujeres trabajan en el sector informal. Eso significa que carecen de acceso a prestaciones de salud, sociales o de retiro. en el Ecuador el 76% de las trabajadoras domésticas carecen de contratos formales con sus empleadores.78 Esto obliga a las mujeres a realizar trabajos precarios sin acceso a protección de sus derechos laborales.
Violencia Basada en Género Casi el 12% de las mujeres de entre 15 y 49 años  ( o 19.2 millones )  en ALC han experimentado situaciones de Violencia de Pareja Íntima  ( VPI )  actual o pasada en los últimos 12 meses157 y, en promedio, casi una tercera parte de las mujeres que alguna vez han vivido en unión libre reportaron situaciones de abuso físico y/o sexual a manos de una pareja en algún momento de sus vidas. La proporción de mujeres que reportaron haber experimentado alguna vez situaciones de VPI de naturaleza física y/o sexual es de más del 43% en el Ecuador,
Alojamiento Temporal La COVID 19 también ha agravado las situaciones difíciles que ya existían para las personas refugiadas, desplazadas internas y migrantes en ALC. Por ejemplo, antes de la COVID 19, los hombres jóvenes migrantes venezolanos en el Perú, el Ecuador y Colombia ya se encontraban durmiendo más tiempo al aire libre, en las calles, en comparación con venezolanas migrantes.240 Aunque se desconoce la razón de lo anterior, se han observado patrones similares en otras áreas. Existe la conjetura de que esto se debe a que muchas mujeres migrantes viajan con niñas, niños y/o con otros familiares con fines de reunificación familiar, mientras que muchos de los hombres que migraron inicialmente viajaban solos.
Se han identificado que hay 5 situaciones que ponen a los pueblos indígenas en especial vulnerabilidad:  Pueblos indígenas en aislamiento voluntario: el virus podría causar mayor afectación en su población;  Sistema inmunológico tiene una menor respuesta en relación con el de mestizos ante enfermedades respiratorias;  Debilidad sistemas de salud pública en las zonas cercanas a los territorios indígenas;  Falta de insumos, prevención y atención temprana a la emergencia;  Exposición de pueblos indígenas, en especial de la Sierra, que dependen de vender sus productos a la ciudad;  Actividades extractivas no se han parado y siguen ingresando personas a esos territorios.
Otros casos como Perú, Venezuela, Guatemala, Jamaica, Belice, Barbados, Chile y Ecuador han optado por ofrecer a sus maestros recursos libres y abiertos para la gestión virtual de aulas. La implementación de estos sistemas web dinámicos, creados para gestionar entornos de enseñanza virtual, es todavía incipiente. En algunos casos, están dentro de las plataformas y, en otros, son facilitados para su uso de modo complementario. Asimismo, en ocasiones, solo pueden compartirse contenidos entre docentes y estudiantes y, en otras, se desarrollan sesiones en vivo, se atienden consultas y evaluaciones de los participantes. Algunos países privilegian el uso del software libre y otros poseen licencias restringidas y de uso cerrado, dependiendo de ellos algunos son personalizados a los grupos de aprendizaje y otros menos flexibles.
El COVID 19 y las medidas de salud pública relacionadas afectan desproporcionadamente a los refugiados y migrantes en la región, especialmente a mujeres y niñas. Si bien los datos específicos sobre roles y relaciones de género apenas están surgiendo, la exacerbación del trabajo de cuidado no remunerado del hogar entre mujeres y niñas. En la región de América Latina y el Caribe  ( ALC ) , las mujeres en promedio destinan cada día tres veces más tiempo que los hombres a labores domésticas y de cuidado no remuneradas. Antes de la crisis, esto significaba que las mujeres en América Latina destinaran un total de 22 a 42 horas a la semana al trabajo doméstico no remunerado.21 Si bien no hay datos recientes para Venezuela, según la CEPAL, las mujeres en Perú destinan aproximadamente 39.9 horas a la semana a trabajos de cuidado no remunerados  ( 24 horas más que los hombres peruanos ) , mientras que las mujeres en Ecuador asignan 37 horas  ( 27 horas más que los hombres ) , y las mujeres colombianas 32.9 horas a la semana  ( casi 20 horas más que los hombres ) . No existe razón para suponer que esta tendencia sea diferente para las mujeres y los hombres venezolanos, considerando el acceso limitado a la atención infantil o a otros servicios de atención en sus países de acogida. Las mujeres que habitan en hogares con acceso limitado al agua potable, como los asentamientos en condiciones de hacinamiento, destinan entre 5 y 12 horas más por semana a trabajos domésticos y de cuidado no remunerados que las mujeres que viven en hogares sin tales privaciones.22 Las medidas de cuarentena y las normas de distanciamiento social, como el cierre de escuelas y el tránsito limitado, se combinaron con las desigualdades preexistentes para aumentar extraordinariamente la carga de atención de las mujeres ante la crisis del COVID 19; este factor ha impactando negativamente la salud física y emocional, así como su capacidad de acceder a oportunidades de generación de ingresos.
ATENCIÓN A PERSONAS QUE VIVEN CON VIH Para que no se expongan al COVID 19, el Gobierno ha decretado que las personas que viven con VIH: Recibirán atención prioritaria de consulta externa, donde podrá realizarles la carga viral y CD4. Podrán retirar la medicación en la ventanilla preferencial de la farmacia de la Unidad de Atención Integral  ( UAI )  que les corresponde. Si es que, por las medidas decretadas por la emergencia sanitaria no pueden acercarte a la UAI que les corresponde, podrán ir a la más cercana a su ubicación. Les entregarán medicación hasta por dos meses. Podrán delegar a una persona para el retiro de la medicación mediante una simple carta de autorización y la presentación del documento de identidad de la persona que vive con VIH.
Es decir que casi 5 millones de personas económicamente activa tenían una situación laboral precaria antes de la crisis del COVID 19. Desde el 17 de marzo 2020, por la declaración del Estado de Excepción para contener la propagación del coronavirus, solo están autorizadas a seguir funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud y las encargadas de los servicios básicos. Por lo cual los trabajadores por cuenta propia  ( artesanos, albañiles, mecánicos o carpinteros ) , empleados domésticos, patronos y asalariados de pequeñas y medianas empresas relacionadas con sectores de la economía que ya no pueden seguir con sus actividades normales  ( ventas y servicios, turismo, cultura, etc. )  serán económicamente muy afectados y reducirán su capacidad adquisitiva. Si bien no es inmune al virus, el sector agroalimentario debería verse menos afectado por el virus que partes de la economía más expuestas a problemas de oferta o demanda debilitados. No existen datos actualizados sobre la capacidad de ahorro de las familias, pero según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos  ( ENIGHUR 2011  2012 ) , 41% de los hogares tenían gastos mayores que ingresos y no podían ahorrar y entonces no podrían enfrentar la crisis ni en sus inicios.
Los sectores más afectados por el cese de actividad son, en líneas generales, sectores altamente feminizados como el turismo, hoteles, restaurantes, entre otros. Las interrupciones, incluidas las restricciones de movimiento, pueden eliminar la capacidad de las mujeres para ganarse la vida y satisfacer las necesidades básicas de sus familias, como se vio en la crisis del ébola. Las mujeres están sobre representadas en los sectores con mayor impacto de la crisis. Las mujeres son las más afectadas por la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado. Debido a la saturación de los sistemas sanitarios y al cierre de las escuelas, la carga de trabajo se multiplica para las mujeres, quienes, por lo general, tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, adultos mayores y niñas y niños. Las mujeres cuya ocupación consiste en la realización de labores de cuidado de otras personas o trabajo doméstico se han visto afectadas desde una doble dimensión: por una parte, al verse imposibilitadas de acudir a su lugar de trabajo  ante el riesgo de contagio y la falta de transporte público  y por otro, por la sobrecarga de labores en sus hogares, pues sobre ellas recaen principalmente estas tareas, sumando al cuidado y seguimiento de las actividades escolares de hijos e hijas o el cuidado permanente de niños y niñas más pequeños.
La provisión de anticonceptivos modernos, información, asesoramiento y servicios  ( incluida la anticoncepción de emergencia )  debe estar disponible y accesible durante la respuesta a la pandemia de COVID 19. Las cadenas de suministro están siendo afectadas por la pandemia. El cierre de las fronteras y las restricciones en los flujos de entrega de los fabricantes están afectando negativamente la importación y la disponibilidad en los países y la distribución de anticonceptivos, medicamentos esenciales para la salud materna y otros medicamentos esenciales, incluidos los antirretrovirales  ( ARV ) . Esto podría tener consecuencias potencialmente mortales y revertir los logros recientes para garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva  ( SSR ) .
Dada la alta proporción de mujeres en situación de trabajo inestable e informalidad, se espera un impacto en la pérdida de medios de vida e ingresos de difícil recuperación inmediata. En circunstancias regulares, la probabilidad de estar en desempleo entre las mujeres  ( de buscar y no encontrar trabajo )  es 1.5 mayor que la de los hombres, y esta probabilidad se duplica en el caso de las mujeres jóvenes, al igual que las mujeres en situación de movilidad humana. La brecha de acceso al financiamiento productivo es de 20%, y la probabilidad de estar en trabajos inadecuados es 30 puntos mayor, y la probabilidad de estar en pobreza es 15% mayor. Considerando el proceso de recuperación de la economía ecuatoriana, particularmente en los sectores más impactados de la crisis  ( feminizados en su mayoría ) , se proyecta una caída en pobreza por ingresos de mediano plazo con un fuerte deterioro en la vida de las mujeres, más aún en hogares monoparentales que en un 80% son dirigidos por mujeres.
Los riesgos inminentes de que esta población estuviese pasando la noche en las calles son muchos, entre ellos: ser víctimas de trata de personas, robos o asaltos que pueden ser violentos, e incluso separación familiar por el hecho de no poder llegar a su país de destino.
En la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo  ( ENEMDU ) , realizada por el INEC, se observa que el empleo pleno16 a diciembre de 2017 llegó al 42,3%, a diciembre de 2019 había llegado a su punto más bajo, en los últimos diez años, con el 38,8%. Tras el impacto del COVID 19, una encuesta telefónica del ENEMDU, realizada entre los meses de mayo y junio, marcan el empleo pleno en 16,7%.
Cuando se preguntó a las personas sobre las causas generadoras de la violencia expresan que el origen nacional constituye la primera causal de violencia, seguido de “ser mujer' y “ser LGBTIQ+'. Este dato ha sido corroborado por el grupo focal LGBTIQ+, dónde confirmaron que sentian más descriminación por estigmas relacionado con la xenofobia que por su identidad sexo génerica.
1. _x000c_ADHESIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

1.1. Gobernanza de la migración: ejemplos de áreas bien desarrolladas Existen medidas para garantizar el acceso de las personas extranjeras a la educación pública a nivel primario y secundario. El Código Municipal, en el artículo II.5.148 del capítulo II referente a la implementación de acciones en la estructura municipal, otorga “acceso preferencial a los programas educativos formales y extracurriculares a los hijos de personas en situación de movilidad humana, particularmente de quienes se encuentran en situación de riesgo y exclusión social'18 independientemente de su situación migratoria. En caso de que no posean la documentación necesaria para acceder al sistema educativo, no se les separa del mismo, sino que se aclara al Ministerio de Educación la situación particular de cada uno de estos estudiantes. En el Acuerdo Ministerial 25A emitido por el Ministerio de Educación en 2020, se determina que se deberá remitir a conocimiento de las entidades competentes todos los casos de niños, niñas y adolescentes  ( NNA )  que no cuenten con un documento oficial de identificación a fin de que dichas entidades realicen las gestiones pertinentes para que la o el estudiante cuente con su documentación de identidad19. 

La normativa municipal en materia de educación se encuentra en concordancia con lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador  ( CRE )  de 2008, la cual establece que la educación “es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado'. Además, establece que “la educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive'20. Por su parte, a través del proyecto de inclusión educativa del Distrito Metropolitano de Quito  ( DMQ ) , las personas en movilidad humana, así como de la comunidad de acogida, tienen las mismas oportunidades para ser beneficiarias de una beca al participar de convocatorias abiertas. Existen otras leyes y regulaciones que protegen el derecho a la educación, en particular de las personas vulnerables. Entre estos se encuentran el Código de la Niñez y Adolescencia  ( 2003 ) , el cual define la obligatoriedad de la educación hasta el décimo grado, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural  ( LOEI )   ( 2015 )  y su asociado Reglamento General de la LOEI  ( 2015 ) , que hacen énfasis en la protección del derecho a la educación de personas vulnerables, incluidas las que se encuentran en condiciones de movilidad humana.
La legislación y la normativa vigentes señalan a la salud como un derecho humano para todos los habitantes del DMQ, y existen medidas para facilitar el acceso de las personas extranjeras a servicios de salud pública. El Código Municipal determina que el gobierno local será quien promueva las “condiciones sociales que contribuyan y permitan garantizar a todos los ciudadanos que habitan en el territorio del Distrito, sin discriminación alguna, la plena vigencia y el efectivo goce del derecho a la salud y demás derechos relacionados'21. En congruencia, el Sistema de Protección Integral del DMQ tiene como propósito definir, evaluar, ejecutar y controlar las políticas, planes, programas y acciones para garantizar la protección integral de las personas que se encuentren en situación de riesgo o de vulneración de derechos. 

La reglamentación local se encuentra en concordancia con la CRE que establece igualdad de derechos entre las personas nacionales y las extranjeras. Por su parte, la Ley Orgánica de Salud de 2006 delinea que todas las personas sin discriminación alguna tienen “acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud; y acceso gratuito a los programas y acciones de  _x000c_salud pública, dando atención preferente en los servicios de salud públicos y privados'22. El Ministerio de Salud Pública  ( MSP )  señala que el agendamiento de citas no implica costo alguno y que se puede acceder a servicios de salud sin importar el tipo de seguro al cual la persona se encuentre afiliada. Además, se informa que se requiere presentar el número de cédula de identidad, si bien se podrá recibir el servicio, aunque no posea este documento23. En caso de que existan personas que requieran acceder a atención en salud en las Unidades Metropolitanas de Salud sin documentación de identificación, se procederá con la normativa del MSP; es decir, con la creación de un código para la apertura de una historia clínica que garantizaría la atención en salud.
2. _x000c_FORMULACIÓN DE POLÍTICAS BASADAS EN DATOS Y APLICACIÓN DE ENFOQUES DE GOBIERNOS INTEGRALES

2.1. Gobernanza de la migración: 
2.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional A la fecha de publicación del presente documento, no existe al interior del MDMQ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito un proceso regular de consultas con los diferentes niveles de gobierno para mejorar la coherencia de las políticas sobre asuntos relacionados con la migración. Este proceso de consultas, históricamente, se ha realizado desde el nivel central de gobierno hacia los niveles regionales y locales. Por ejemplo, en febrero de 2020, los funcionarios de la Agencia de Promoción Económica CONQUITO fueron invitados por el Gobierno Central a participar  _x000c_en la XVI Mesa Nacional de Movilidad Humana. Concretamente, CONQUITO participó en la mesa sobre Medios de Vida para dar aportes sobre su experiencia en la generación de medios de vida para personas en situación de movilidad humana.
3. FORJAR ALIANZAS DURADERAS PARA HACER FRENTE A LA MIGRACIÓN Y A LAS CUESTIONES CONEXAS

3.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional Las autoridades locales colaboran de manera limitada con la academia para informar políticas y programas sobre la migración. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  ( FLACSO )  colaboró con el gobierno local en la elaboración del Plan de Acción contra el racismo, la discriminación y la xenofobia del DMQ  ( 2019 2023 ) , desarrollando un documento metodológico de trabajo para estudiar los problemas relacionados con el racismo, la discriminación y la xenofobia de manera conjunta en las ciudades de Medellín  ( Colombia ) , México D.F.  ( México ) , Montevideo  ( Uruguay )  y Quito  ( Ecuador ) .

No se han desarrollado programas bilaterales para la cooperación entre ciudades dentro del país o con otros países en materia de migración internacional. Hasta la fecha de elaboración del presente documento, no se han desarrollado iniciativas para intercambiar información o generar alianzas encaminadas a fortalecer las políticas migratorias de las ciudades.
4. FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y DE LA SOCIEDAD
4.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional Las autoridades locales no han desarrollado evaluaciones ni listas de escasez ocupacional para monitorear la demanda de inmigrantes en el mercado laboral local. Tampoco se cuenta con evaluaciones para monitorear los efectos de la emigración en el mercado laboral local.
5. ABORDAR EFICAZMENTE LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA MOVILIDAD EN SITUACIONES DE CRISIS
5.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional Los sistemas de comunicación establecidos a nivel local para recibir información sobre el carácter evolutivo de las crisis y sobre cómo acceder a los servicios de asistencia y comunicar con las autoridades locales no tienen en cuenta las vulnerabilidades y condiciones específicas de la población en situación de movilidad. El COEM es el encargado de informar a las autoridades del DMQ sobre el carácter evolutivo de la crisis. Este sistema de comunicación utiliza medios como el correo electrónico, las redes sociales y la página web de la institución. En esa línea, a partir de esta información generada por el COEM, las autoridades del DMQ son quienes informan a la ciudadanía sobre la evolución de la crisis30.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 2025 del MDMQ no incluye medidas relacionadas con refugio ni con personas desplazadas internas. Sin embargo, la guía operacional para la gestión de alojamientos temporales en Ecuador toma en cuenta medidas para proveer protección y asistencia para establecer un sistema de comunicación que permite al público comunicar sus necesidades a las autoridades locales. A nivel nacional se cuenta con el servicio de Sistema Integrado de Seguridad ECU9 1 1 al que está adscrito el ECU9 1 1 cantonal.
6. VELAR POR QUE LA MIGRACIÓN SE EFECTÚE DE MANERA SEGURA, ORDENADA Y DIGNA
6.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional Los programas para capacitar a los funcionarios públicos a nivel local sobre las reglas de migración y los derechos de las personas migrantes se realizan de manera ad hoc. La Secretaría de Inclusión Social desarrolla procesos de capacitación en torno a la normativa migratoria y derechos de las personas migrantes dirigidos a sus funcionarios/as, y al personal de las administraciones zonales que brindan servicios de manera directa al usuario. De igual manera, el personal de la Unidad Patronato San José, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  ( ACNUR )  y otras organizaciones internacionales y no gubernamentales recibe, eventualmente, capacitaciones sobre temas de refugio. Por otra parte, el Instituto Metropolitano de Capacitación, organismo encargado de la formación y capacitación de los servidores públicos municipales a través de procesos de formación continua, ofrece cursos relacionados con la inclusión y los derechos humanos y, en diferentes ocasiones, contrata personal experto para impartir capacitaciones específicas sobre algún tema en particular, por ejemplo, el de movilidad humana.

A nivel local no se cuenta con medidas específicas para facilitar la llegada de poblaciones de personas en situación de movilidad humana. En esos casos, se articula con el Gobierno Central, agencias del Sistema de Naciones Unidas y demás organizaciones no gubernamentales para atender a esta población con ayuda humanitaria.