nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Los eventos registrados ocurrieron en los siguientes departamentos: Sololá  ( derrumbes ) . San Marcos  ( inundación y fuertes vientos ) . Petén  ( fuertes vientos ) . Guatemala  ( inundaciones ) . Chiquimula  ( fuertes vientos ) .
Ante la temporada de lluvias 2020, instituciones que conforman el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED , atendieron 11 incidentes en los últimos 7 días. Dichos incidentes se dividen en 4 derrumbes, 4 por fuertes vientos y 3 a causa de inundaciones.
Desde el inicio de la pandemia a la fecha se registran 7.866 casos en total, de esta cifra un 60.54 por ciento son hombres y un 39.46 por ciento son mujeres, 6.162 casos activos y 289 fallecidos. En los últimos días se promedian entre 15 y 20 personas fallecidas al día. Los departamentos con más porcentaje de casos son: Guatemala, con un 67.84 por ciento, San Marcos  ( frontera con México )  con 5.63 por ciento, Chimaltenango con 3 por ciento, Escuintla 2.48 por ciento, Sacatepéquez 2.35 por ciento y Quetzaltenango con un 2.49 por ciento
La población más afectada es la que está en el rango de edad de 21 a 40 años con un 52 por ciento  ( 4.071 casos )  y el rango de edad de 41 a 60 años un 28 por ciento  ( 2.148 casos ) . Según la Comisión Presidencial contra la COVID 19  ( Coprecovid )  la pandemia en el país está en la fase de aceleración. Se ha socializado en cadena nacional el plan de reapertura, el cual contempla 4 fases, sin embargo, la comisión ha expresado que faltan aún varias semanas para iniciar la fase desescalada. A nivel de la región ocupa el tercer lugar con mayor número de casos.
Las lluvias también han dañado en gran medida los medios de vida en las regiones montañosas del Pacífico lo cual repercute en la inseguridad alimentaria y nutricional de población que ya venía con dificultades económicas a causa de las medidas restrictivas que ya tienen 2 meses de vigencia y han impactado de forma negativa especialmente en el acceso a los alimentos de los hogares pobres dependientes de la economía informal y de las remesas. Lo cual se considera puede incrementar casos de desnutrición y enfermedades en niños y niñas por diarreas e infecciones respiratorias propias de la época, pero considerando las circunstancias en los hospitales por atención de pacientes de la COVID 19 y falta de personal médico la crisis se agudizará para este grupo poblacional.
Del 7 de abril al 29 de mayo se recibieron 634 llamadas al Ministerio Público  MP  para atención a mujeres víctimas de violencia. Al 28 de mayo se habían reportado 221 mujeres desaparecidas, de estas un 45 por ciento después del toque de queda. Progresivo empeoramiento de las condiciones de vida en comunidades rurales e indígenas con impacto en acceso a derechos, en particular salud, agua y alimentación, y acceso a la información sobre la pandemia y derechos de forma plena y culturalmente pertinente
Durante los últimos 7 días se reportan un mil 947 personas afectadas, 60 evacuadas, 1 fallecida y 56 viviendas con daños.
Durante el período 1966 2015, 49 años, la prevalencia de desnutrición crónica se redujo en 17 puntos porcentuales  ( de 63,5% a 46,5% ) , lo cual sugiere un cambio anual de 0,35 punto porcentual. En el mismo período, la desnutrición global bajó 15,8 puntos porcentuales  ( de 28,4% a 12,6% ) , que representa una reducción de 0,32 punto porcentual al año.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  ( MSPAS )  es el principal proveedor de los servicios públicos cubriendo al 75% de la población; junto a dos sistemas de seguridad social: 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  ( IGSS )  que cubre aproximadamente al 17.5 % de la población que trabaja en el sector formal de la economía.

la Sanidad Militar que cubre 0.5% de la población que conforma las fuerzas armadas.131
Durante los hechos delictivos, el personal de salud sufre un impacto en la salud mental que requiere atención.156 Por otro lado, el personal del sector muchas veces no reporta hechos de violencia por temor a las represalias, como en el caso de niñas abusadas sexualmente que llegan en estado de embarazo, cuando el perpetrador pertenece a grupos delictivos. Se conocen casos en los cuales la denuncia de estos hechos les ha significado un desplazamiento interno como medida de protección.157
Ante las situaciones de violencia y los ataques a hospitales en el país, la respuesta del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha sido la implementación de planes, protocolos de seguridad, mejoramiento de las instalaciones y acciones de protección en los hospitales, que incluyen: construcción de muros perimetrales, señalización de rutas de evacuación, cámaras de video vigilancia y mejoras en la iluminación de ingresos a las instalaciones.158
Un análisis georreferenciado usando el Índice de Priorización Municipal para comparar los municipios con altos niveles de violencia y la infraestructura en salud pública muestra que: áreas con índices altos de violencia también tienen baja cobertura en salud pública y acceso a otros servicios básicos.
Por otro lado, los cinco departamentos con la cobertura en salud más baja son Guatemala con 38,166 habitantes por puesto de salud, Alta Verapaz 36,819, Suchitepéquez 20,544, Sacatepéquez 19,439 y Escuintla 19,294.141 En estas áreas hay presencia de grupos criminales que ejercen control territorial y limitan el desarrollo de las comunidades. De forma general se puede decir que, existe una correlación entre violencia, el acceso a servicios básicos de salud y la presencia de grupos criminales, que acentúan las desigualdades e inequidades para las poblaciones que viven en contextos de vulnerabilidad.
Las personas en contextos de migración, solicitantes de asilo y deportados tienen derecho a los servicios de salud y a ser atendidos según lo establecido en la ley  ( Código de Migración/ Decreto 44 2016 ) . Sin embargo, barreras como la falta de información sobre sus derechos y el temor a ser deportados al país de donde salieron, limitan el acceso; y en el caso de enfermedades crónicas, a las personas se les dificulta continuar con los tratamientos o controles médicos ya que el expediente suele quedarse en sus lugares de origen o en algún servicio médico en la ruta migratoria, lo que les obliga a someterse nuevamente a evaluaciones que retardan la continuidad de los tratamientos.147
Los municipios que se encuentran en las rutas de trasiego de drogas regularmente tienen presencia de crimen organizado y narcotráfico. Como parte del control territorial estos grupos buscan tener personas infiltradas ocupando puestos administrativos y de toma de decisiones en las municipalidades para operar libremente en el territorio.145 El control territorial por medio de puestos políticos a nivel local y central limita el desarrollo de las comunidades, ya que las decisiones políticas benefician los intereses de los grupos criminales y la inversión en áreas como salud y educación no es priorizada.
En los últimos cinco años, en la Ciudad de Guatemala se han reportado varios ataques a los principales hospitales del país perpetuados por personas que pertenecen a maras y pandillas, principalmente relacionados con el traslado de reos a los hospitales para atención médica.154 No son situaciones comunes, pero sí evidencian la debilidad del Sistema Penitenciario y la escasa seguridad en los centros asistenciales. Es importante señalar que el registro y la documentación de situaciones de violencia contra servicios de salud, personal médico y de primeros auxilios no ha sido ampliamente documentado, sin embargo, no se descarta que ocurran incidentes en las zonas con niveles altos de violencia, según refirieron las organizaciones no gubernamentales.155
Instituciones que conforman el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED , han atendido 580 incidentes en la temporada de lluvias 2020. Desde el pasado mes de abril, hasta la mañana del jueves 23 de julio, se reportan 937 mil 230 personas afectadas, 3 mil 240 damnificadas, 7 mil 225 evacuadas, 13 mil 529 atendidas y un mil 339 albergadas. Asimismo, se registran un mil 236 viviendas dañadas, 135 carreteras y 7 puentes afectados.
Para las personas deportadas las principales limitaciones para acceder a los servicios de salud gubernamentales o privados, radican en la falta de dinero para el pago de servicios privados cuando los servicios públicos están saturados o son inexistentes, la existencia de cuotas de turnos que reducen el acceso administrativo, la falta de medicamentos a la hora de consultar y la distancia geográfica.149 Además, la invisibilización de las personas en contexto de migración en los registros de atenciones médicas, impide identificar necesidades o problemas específicos que sirvan de insumo para la creación de programas de atención diferenciada, ya que ingresan a las estadísticas nacionales como parte de los registros de morbilidad general.
De los 46 hospitales públicos con los que cuenta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 26 refirieron que dentro de su presupuesto tienen designado algún rubro para la seguridad del plantel, algunos contratan empresas privadas de seguridad otros lo hacen por medio de contratación directa de guardias; es importante resaltar que tres centros asistenciales reportaron contar con la asignación de agentes de la Policía Nacional Civil y soldados.152 De las 24 Direcciones de Áreas de Salud  ( DAS )  tres reportaron no contar personal para el resguardo de los centros asistenciales del área, en total las 21 DAS que cuentan con presupuesto para seguridad tienen un gasto anual de 8,827,175 GTQ  ( 1,161,470 USD )  para el pago de guardias contratados de forma directa y contratación de empresas privadas.153
El 15 de enero, cientos de migrantes, en su mayoría hondureños, salieron en caravanas desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia Guatemala con destino a Estados Unidos. El Instituto Guatemalteco de Migración  ( IGM )  informa de que unas 3.500 personas cruzaron a Guatemala entre el 15 y el 16 de enero.
Falta de acceso al territorio para mecanismos de asilo y soluciones duraderas, el cierre de fronteras que aún persiste en el Norte de Centroamérica, México y Estados Unidos mantiene a las personas en un confinamiento obligado en contextos de violencia. Las instancias gubernamentales del país tienen dificultades para mantener un control migratorio efectivo en el cual las personas hondureñas y salvadoreñas que quieren regresar a sus países puedan hacerlo de forma segura y el cierre de fronteras obliga a esta población a utilizar pasos ciegos en los cuales no existen controles sanitarios.
El jueves 1 de octubre un grupo de aproximadamente 4.000 personas migrantes y refugiadas hondureñas ingresaron a territorio guatemalteco de forma irregular y sin cumplir con las medidas migratorias y protocolos establecidos por el MSPAS y el Instituto Guatemalteco de Migración  ( IGM ) , con el objetivo de transitar hacia México y Estados Unidos. Las autoridades migratorias en Guatemala reforzaron las fronteras con personal y presencia de fuerzas de seguridad armadas; no se reportaron eventos violentos. Se destacó la necesidad de garantizar los protocolos de prevención de la COVID 19, especialmente en los departamentos de la ruta migratoria y las medidas de protección diferenciada de las personas migrantes, con énfasis en niñez y niñez no acompañada, y personas mayores, entre otros.
Tras la salida de 4.000 personas de la ciudad norteña hondureña de San Pedro Sula hacia Guatemala en ruta hacia los Estados Unidos el 30 de septiembre, el Instituto Guatemalteco de Migración  ( IGM )  informa que más de 3.700 personas de la denominada caravana de migrantes han sido retornadas. Bajo un estado de prevención declarado para los estados por donde cruzaban los migrantes, las fuerzas de seguridad guatemaltecas detuvieron y devolvieron a miles de personas que habían pasado a la fuerza por los puestos fronterizos sin presentar las pruebas COVID 19 negativas requeridas
Dentro de las consideraciones tomadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y cumpliendo con los protocolos y disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  ( MSPAS ) , resaltan que toda persona que ingrese o salga del país deberá cumplir con las disposiciones emitidas por el MSPAS y los protocolos sanitarios de cada entidad responsable de los procedimientos migratorios en cada frontera, puerto o aeropuerto. Los extranjeros o connacionales que deseen ingresar a Guatemala deberán presentar una constancia reciente de prueba de la COVID 19 con resultado negativo; de lo contrario, deberán realizar cuarentena. El uso de mascarilla, distanciamiento social y número de aforo en los espacios públicos siguen vigentes.
Después de seis meses de cierre de las actividades comerciales y económicas, el 27 de julio el país inició la apertura de restaurantes, centros comerciales, transporte público e iglesias; y el pasado 18 de septiembre también se abrieron sus fronteras terrestres y el Aeropuerto Internacional La Aurora. El Gobierno confirmó la no renovación del Estado de Calamidad, con lo que finalizó el toque de queda a partir del 1 de octubre, mecanismo que fue utilizado como una medida para detener el contagio de la COVID 19.
El grupo de Protección estima que el 36 por ciento de los migrantes son unidades familiares, niños y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas y miembros de la comunidad LGBTI. IGM también informa que el 64 por ciento de los migrantes son de Honduras, mientras que el 36 por ciento restante son personas de El Salvador, Nicaragua y Cuba. Se espera que grupos de guatemaltecos se unan a los grupos mientras se dirigen a la frontera con México.
Unos 1.000 migrantes ya han llegado a Tecún Umán, al otro lado del estado sureño mexicano de Chiapas, con 500 personas en refugio y otras 500 en los alrededores de los puntos de aduanas y en las calles. En Tecún Umán también hay personal de la policía, la Procuraduría de derechos humanos y la Procuraduría General de la República de Guatemala, quienes esperan que la presencia de migrantes aumente. En El Ceibo, en el norte de Guatemala, también hay unas 800 personas, de las cuales 200 están en refugio y 600 cerca de la frontera y en las calles.
GUATEMALA El Gobierno lanzó 11 programas sociales para apoyar a las poblaciones vulnerables afectadas por la pandemia, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Los programas están dirigidos principalmente a las personas que trabajan en la economía informal, las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, las familias pobres de los asentamientos y los niños y niñas. Los programas, que requieren 2,1 millones de dólares, se financian con préstamos del Banco Mundial y ajustes del presupuesto nacional.
2.4 millones de estudiantes de 29,533 centros educativos de todo el país están siendo beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar durante la pandemia de COVID 19.
para el año 2015, se reporta una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 63,2% a nivel nacional, lo que puede dar indicios de la velocidad de urbanización de las áreas rurales y rompe el esquema en el cual la epidemia del sobrepeso y la obesidad se consideraban problema exclusivo de las áreas centrales urbanizadas, siendo ahora, también, de gran importancia en las áreas rurales.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH , registra avalanchas moderadas y fuertes a las barrancas Seca, Taniluyá, Ceniza, Lajas y Honda, según se menciona en su boletín vulcanológico.
Por lo tanto, Guatemala tiene algunos de los más altos índices de desnutrición y sobrepeso/obesidad en la región, en donde cerca de la mitad de la población infantil padece de desnutrición crónica y más de la mitad de la población adulta padece de sobrepeso/obesidad, lo cual ilustra el concepto paradójico de doble carga de malnutrición.
En concordancia con la epidemiologia global, se presenta una mayor prevalencia de sobrepeso en hombres y una mayor prevalencia de obesidad en mujeres.
Este proyecto busca que las poblaciones jóvenes mejoren sus habilidades paras identificar noticias falsas, ofertas fraudulentas y engaños en redes digitales que pudieran ponerles en riesgos, especialmente en el contexto de la pandemia por la COVID 19, cuando los escenarios económicos locales se han transformado.
En Guatemala, las actividades contarán con el acompañamiento artístico de El Tambor de la Tribu, un grupo de cinco jóvenes que interpreta la canción oficial Pensalo 2 Veces y llevarán el mensaje principal a los públicos meta. "Nos sumamos a esta iniciativa de la OIM para aconsejar a la juventud guatemalteca sobre los peligros de la migración irregular", dijo Alejandro Puga, vocalista de la banda.
Alexandra Bonnie, Coordinadora Regional del Programa sobre Migración Mesoamérica Caribe, enfatizó que "en contextos de crisis, como la pandemia por la COVID 19, las juventudes se enfrentan a situaciones de riesgo debido a la desinformación y los engaños. Esta campaña llama a la acción y a buscar información oficial, confiable y verificada,".
GUATEMALA Tras la salida de 4.000 personas de la ciudad norteña hondureña de San Pedro Sula hacia Guatemala en ruta hacia los Estados Unidos el 30 de septiembre, el Instituto Guatemalteco de Migración  ( IGM )  informa que más de 3.700 personas de la denominada caravana de migrantes han sido retornadas. Bajo un estado de prevención declarado para los estados por donde cruzaban los migrantes, las fuerzas de seguridad guatemaltecas detuvieron y devolvieron a miles de personas que habían pasado a la fuerza por los puestos fronterizos sin presentar las pruebas COVID 19 negativas requeridas.
La Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM )  lanzó hoy  ( 22/10/2020 )  la campaña "Pensalo 2 Veces", creada en conjunto con gobiernos locales, funcionarios públicos, líderes y lideresas comunitarias, así como las propias juventudes de Salcajá, Quetzaltenango, y San Pedro Sacatepéquez y la cabecera departamental, de San Marcos. La iniciativa llama a reconocer los engaños para prevenir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la migración irregular.
Hermelinda Velásquez, joven lideresa maya k'iche', de Salcajá, hizo un llamado a las juventudes guatemaltecas para que se involucren en la campaña, se informen, aprendan sobre los peligros que asechan principalmente a niños, niñas, adolescentes mujeres y jóvenes, los grupos más vulnerables a los engaños. "Las campañas como la de OIM nos servirán mucho para aprender más sobre procesos migratorios seguros y regulares, así como crear estrategias a lo local para orientar a otras poblaciones que lo necesitan", aseguró.
Las restricciones de movilidad por COVID 19 han hecho poco para frenar la violencia crónica en Centroamérica y México. Honduras reporta más de 2.500 muertes violentas en lo que va del año 2020, con un promedio de 9 muertes diarias y sólo 1 menos que en 2019.11 Guatemala indica más de 5.600 denuncias de violencia sexual hasta la fecha.
Interrupción de clases: A pesar de los esfuerzos para garantizar la continuidad educativa, según la encuesta realizada, el 49% de los entrevistados reporta tener hijos menores de 18 años, de los cuales el 81% estudia y el 19% no.
Mayor vulnerabilidad a violencia: Los resultados de la encuesta también revelaron que un 50% de las personas consideran que durante la pandemia se ha incrementado la violencia familiar y en específico un 30% considera que la violencia hacia los niños se ha incrementado.
Caída de la cobertura de servicios de salud: Debido al temor a ser contagiados, se ha visto un descenso de afluencia en los centros de salud, lo que ha impactado en un aumento de la mortalidad infantil y materna. Entre abril y junio de 2019, se registraron 86 muertes maternas. Para los mimos meses de 2020, esta cifra se incrementó a 103.  ( Fuente: MSPAS ) .
Así mismo, la encuesta realizada por UNICEF reveló que el 50% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero; el 24% dejó de comer un tiempo o más de comida por falta de alimentos y el 35% está comiendo menos en cada comida por falta de alimento. De igual forma, 6 de 10 adolescentes y jóvenes encuestados dice que el COVID 19 ha dificultado comer saludablemente más que antes. La mayoría dice que la causa es que su familia tiene menos dinero para comprar comida.
Así mismo, 2 de 10 adolescentes y jóvenes encuestados cree que el COVID 19 puede generar más conflictos con el acceso a servicios en su comunidad. Comparando datos de cobertura de servicios de salud de los meses de abril, mayo y junio de 2019 con los datos de los mismos meses para 2020, se observa una caída del 31% en la primera visita de cuidados prenatales y del 66% para la cuarta visita; respecto a los partos institucionales, se observó una caída del 24% en el mismo periodo; finalmente, también se registró una disminución del 13% en el número de vacunas sumistradas contra la difteria, tétanos y tos ferina.
Y de los que estudian, el 31% dice no estar recibiendo clases a distancia durante la pandemia. Esta situación amenaza el logro de los aprendizajes y aumenta el riesgo del abandono escolar, lo que puede repercutir en el incremento de la desigualdad y la exclusión en el país. 8 de 10 de adolescentes y jóvenes encuestados opinó que su educación se ha visto afectada por el COVID 19.
Así mismo, 2 de 10 de adolescentes y jóvenes encuestados decía resolver los conflictos en su hogar por medio de discusiones fuertes, gritos y golpes. Sin embargo, a pesar del aumento de la violencia, debido a las medidas de confinamiento, ha habido una disminución en las denuncias, lo cual obstruye la lucha por obtener justicia.
Mayor vulnerabilidad de niñez migrante retornada: Debido a las nuevas medidas de contención del virus, se registró un aumento de niñez migrante retornada. Al 31 de agosto de 2020 han sido retornados 2,229 niños no acompañados, de ellos 869 retornados de Estados Unidos, cifra superior a la de todo el año 2019  ( 831 )  y la más alta de los últimos años.
Adicionalmente, los temores de virus agravan la discriminación y la violencia existentes para los niños migrantes que regresan, dejándolos doblemente en riesgo. Según la encuesta realizada por UNICEF, un 40% de las personas consideran que los migrantes, incluidos niños, sufrieron acoso o discriminación por ser posibles portadores del coronavirus. Y 8 de 10 adolescentes y jóvenes encuestados por U Report, cree que el COVID 19 está generando estigma contra cierto grupo de personas, la mitad considera que el estigma es más dirigido hacía migrantes, refugiados y retornados.
Niños, niñas, adolescentes en instituciones, con reducido acceso a servicios especializados de protección ante la reducción de estos por parte de las instituciones públicas con mandato.
Durante los meses de marzo a mayo del presenta año las remesas provenientes del extranjero presentaron una reducción comparado al año anterior lo cual puede haber afectado la inversión en cultivos de los hogares receptores de estas remesas.
También se ha identificado la necesidad de desarrollar estrategias de base comunitaria para atender a los niños/as en riesgo de desnutrición, identificados en la búsqueda activa pero que no tengan acceso al ATLU por la brecha existente en el Ministerio de Salud.
La Evaluación de Seguridad Alimentaria de Emergencia de 2019 realizada por el PMA, con el apoyo de la SESAN, determinó que 2.3 millones de personas se encuentran en InSAN y estableció que el mayor porcentaje se concentra en los departamentos de San Marcos y Chiquimula.
La llegada de la pandemia a Guatemala evidenció la debilidad que existía en el país en cuando a la cobertura de servicios de salud y protección social. P
El programa Bono Familia busca dar prioridad a personas en pobreza, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o degenerativas y familias con niños o niñas en estado de desnutrición.
Actualmente se realizan monitoreos remotos por vía telefónica por parte del WFP y se refleja un deterioro del consumo alimentaria a nivel nacional y actualmente se estima que 4.2 millones de personas presentan una reducción considerable en su dieta diaria lo cual pone en gran riesgo su salud y principalmente la de los niños.
La necesidad principal continúa siendo el acceso a alimentos en cantidad y calidad que supla la falta de cosechas de la temporada y la falta de capacidad de compra de las familias afectadas.
En Guatemala alrededor del 60% de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema y alrededor del 11.8% de los hogares no tiene acceso a energía eléctrica*. Asimismo, el 70% de la economía es informal, lo que significó que la gran mayoría de las familias en el país se vieron seriamente afectadas por el confinamiento.
Aun cuando se ha iniciado un proceso de reapertura del país las consecuencias de la paralización económica seguirán sintiéndose durante los próximos meses y se podrían incrementar debido a la experiencia en otros países que al haber un mayor contacto de personas se pueda producir una segunda oleada de contagios, lo cual podría provocar una nueva reducción de movilización. Adicionalmente el sector de turismo no presentara una pronta recuperación y de él dependen comunidades enteras.
Un 38 por ciento de la población  ( 6.6 millones de personas aproximadamente )  reportan tener que estar tomando medidas de mitigación debido a la reducción de ingresos, basado en esto se estima que un 43 por ciento de los hogares que se encuentran en etapa 3 de la CIF han pasado de un 21 a 43 por ciento durante los últimos 3 meses.
En esta situación de pandemia por COVID19, continúa la pérdida de medios de vida y la baja en la recepción de remesas en dólares además del incremento de la canasta básica, lo cual inevitablemente se ver reflejado en los niveles de inseguridad alimentaria y nutricional lo cual es un riesgo para el incremento de la desnutrición aguda. Adicionalmente, también hay un traslape con la época de “hambre estacional', que aumenta el riesgo para las familias más vulnerables.
En un estudio reciente realizado por Oxfam2, en los municipios Chiquimula y Baja Verapaz, se evidencia que los hogares que requieren asistencia alimentaria se han incrementado; la inseguridad alimentaria severa pasó de 7.4% en 2019 a 28.8% en 2020 y la inseguridad alimentaria moderada pasó de 17.8% a 28.8%.
Las personas con enfermedades crónicas: Con relación a la asistencia médica ligada a laCOVID 19 y otra especializada las cuales están expuestas al cierre de las consultas externas o la reducción de servicios.
Esta mesa permitirá crear protocolos, manuales y procedimientos para la atención y abordaje de los niños, niñas y adolescentes no acompañados y las mujeres que han sufrido algún abuso en el trayecto', dijo el canciller guatemalteco, Pedro Brolo.
Dicho mecanismo, en el que también participará el Instituto Guatemalteco de Migración, fue establecido mediante la firma de un convenio en materia migratoria y de refugio entre las instituciones.
La crisis se ha enmarcado en un contexto de profundas desigualdades sociales y económicas, expresadas en diferentes formas, entre ellas, seis de cada diez personas en el país experimentan pobreza multidimensional3, afectando en su mayoría a pueblos indígenas y comunidades rurales.
El diplomático destacó que la mesa de trabajo dará la oportunidad de conocer la capacidad instalada para atender el fenómeno social, además, permitirá “hacer un llamado a la comunidad internacional para que ayude a fortalecer la atención de los retornados', expresó.
Las personas en situación de movilidad humana  ( personas retornadas, refugiadas, solicitantes asilo, personas en tránsito, migrantes, y entre estos en particular niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas o en riesgo de GBV, y personas LGBTI ) . Como afirma la Red de las Naciones Unidas sobre Migración8, “los migrantes y las personas en movimiento enfrentan las mismas amenazas de salud del COVID 19 que las poblaciones de acogida, pero pueden enfrentar vulnerabilidades particulares debido a las circunstancias de su viaje y las pobres condiciones de vida y trabajo en las que pueden encontrarse
Entre los primeros temas que se analizarán está la atención a menores no acompañados, para crear conciencia de los riesgos y peligros que sufren los niños, niñas y adolescentes al cruzar la ruta migratoria.
Brolo comentó que Guatemala trabajará con El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos para estrechar, fortalecer y dinamizar los canales de comunicación para tomar acciones preventivas cuando se den los flujos masivos de migrantes.
: El 10.4% de la población tiene al menos una dificultad para realizar actividades cotidianas  ( Fuente: Censo INE, 2018 ) . Según la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad4, “muchas de ellas pertenecen al grupo de alto riesgo... [ .. ] muchas personas con discapacidad dependen de servicios que han sido suspendidos, o no tienen los suficientes recursos para hacer reservas de alimentos y medicinas o pagar los costos adicionales de las entregas a domicilio'
rupos de riesgo Los grupos de mayor riesgo incluyen menores de 5 años, personas con comorbilidades, inmunosuprimidas, adultos mayores y mujeres gestantes. Así también las personas migrantes, poblaciones internamente desplazadas, comunidades rurales e indígenas en pobreza o pobreza extrema con limitado acceso a los servicios de salud constituyen grupos en condición de vulnerabilidad. Guatemala tiene alrededor de 1.2 millones de personas de 60 años y más  ( Fuente: Censo INE, 2019 ) . Como se aprecia en las gráficas 1 y 2, la letalidad es más alta en las personas mayores  ( a partir de los 60 años ) , lo que coincide con lo descrito en otros países. En Guatemala, desde la confirmación del primer caso de COVID 19 y hasta el 31 de julio de 2020, se registró la información de 23,730 casos confirmados. De ellos, 1633 se definieron como parte de pueblos indígenas  ( Tabla 1 ) , incluidas 58 defunciones. La letalidad registrada en casos definidos como mayas era 1.8 veces mal alta que la letalidad en casos definidos como ladinos.
Guatemala pidió que los EE.UU. suspendieran el acuerdo y suspendieran también los vuelos de deportación. Según Giammattei, Guatemala ha acogido a unos 1.100 migrantes y solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras a Guatemala en el marco del acuerdo, aunque muchos prefieren regresar a sus países de origen en vez de buscar refugio en Guatemala
durante la pandemia del COVID 19 ha habido pocas interrupciones en la red de abastecimiento alimentario, la cual incluye el camino que siguen los alimentos desde el campo hasta las mesas de los hogares, lo cual involucra a una extensa red de actores y conexiones: productores, proveedores de insumos agrícolas, producción y procesamiento de alimentos, almacenamiento, transporte, distribución y puesta a disposición del consumidor en los puntos de venta. Esta red afrontó una mayor complejidad a medida que aumentaron los casos de contagio por el virus y el Gobierno tomó acciones más restrictivas para contener su propagación y salvaguardar la salud de sus ciudadanos, aun así, las interrupciones han sido mínimas.
En Guatemala los departamentos con mayor número de casos acumulados son Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Sacatepéquez, San Marcos y Suchitepéquez. El mayor número de casos confirmados se registra en hombres y en el grupo etario de 20 49 años, que corresponde a la población económicamente activa. Según datos de la
Actualmente los más afectados por los impactos del COVID 19 son los segmentos más pobres y vulnerables de la población, estos hogares tienen menos recursos para hacer frente a la pérdida de puestos de trabajo e ingresos, aumento de los precios e inestabilidad de la disponibilidad de alimentos, por lo tanto, han tenido menos capacidad para adaptarse a la crisis. Se encuentran en mayor riesgo frente a la pandemia las familias que residen en regiones del país que han venido sufriendo de Inseguridad Alimentaria y Nutricional  ( INSAN ) , la cual se agravó en estos últimos meses debido a que entre mayo y septiembre todos los años se presenta el periodo de hambre estacional.
as familias del área rural, quienes en su mayoría se dedican a la agricultura han tenido una disminución de sus ingresos y por lo tanto de su poder adquisitivo. Esto debido a la falta de empleo, pérdida de acceso al mercado, por ejemplo los agricultores de pequeña escala que han sido proveedores del Programa de Alimentación Escolar, debido al COVID 19 perdieron temporalmente esa ventana de mercado, así mismo productores de hortalizas han visto reducidas sus ventas a nivel nacional e interrumpidas totalmente con países vecinos, esto repercute en las familias que venden su mano de mano, en las que comercializan y en los venderos de insumos agropecuarios, entre otros.
Ante la falta de ingresos económicos las familias están optando por la venta de sus activos  ( herramientas, animales y otros enseres ) , utilizar sus ahorros familiares y solicitar préstamos, lo cual les permite obtener temporalmente fondos para la compra de alimentos. Debido al COVID 19 las familias han realizado cambios en el consumo de los alimentos, han dejado de consumir o consumen menos que antes de la pandemia: frijol negro, arroz, papa, carne, leche, pastas y pan, mientras que ahora consumen más maíz, hortalizas, principalmente hierbas, frutas y huevos.
El precio del frijol negro durante los últimos 3 meses supero aproximadamente en un 20% el precio máximo reportado durante los últimos 10 años, actualmente aun cuando inicia a presentar una estabilización y una pequeña reducción el precio se mantienen muy por arriba de la capacidad adquisitiva de los hogares vulnerables. El precio del maíz durante el mismo período también fue superior al precio promedio de los últimos cuatro años, actualmente he disminuido a los precios del año pasado en la misma fecha. Los mercados hasta la fecha no han presentado un desabastecimiento, pero el incremento de los precios ha dejado sin acceso a los alimentos a las familias afectadas por COVID y falta de ingresos debido a la temporalidad.
El personal de salud es de los grupos de mayor vulnerabilidad y más expuesto ante la COVID 19. Al 31 de julio se tienen registrados 2,899 casos confirmados y 221 trabajadores de salud fallecidos  ( ver Tabla 2 y gráfica 4 ) .
El Gobierno de Guatemala ha iniciado la distribución de alimento a los hogares más vulnerables del país y este proceso podría extenderse hasta el mes de octubre del presente año aun cuando es una sola entrega por familia, adicionalmente se mantiene la transferencia de alimentos a familias que tienen niños en escuelas públicas. Las organizaciones no gubernamentales han iniciado a ejecutar sus planes de respuesta con fondos obtenidos de forma directa  ( US$1.4 millones )  y tienen intervenciones en los departamentos donde ya cuentan con presencia operativa y que coinciden en la mayoría de las áreas con mayor déficit de consumo alimentario.
De acuerdo con los registros del MSPAS, hay una tendencia al aumento de casos de desnutrición aguda  ( DA ) . A nivel nacional, en el 2019 se registraron 15,332 casos, lo cual representó un aumento del 24% en comparación con el 2018  ( 2,950 casos más ) . En 2020, se ha visto un incremento aún más pronunciado en los casos de desnutrición aguda. A la semana epidemiológica 29  ( 18 de julio 2020 ) , las niñas y niños afectados por desnutrición aguda son 18,717 comparado a 9,206 en la misma semana en 2019. Los departamentos más afectados son San Marcos, Escuintla, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quetzaltenango. Aunque ha habido un cambio en el sistema de información del Ministerio de Salud, y puede haber sobreestimación de  ( aún no determinada y bajo revisión ) , se considera que sí existe aumento debido al contexto actual.
Es necesario la identificación oportuna de la desnutrición aguda para su tratamiento oportuno y referencia a un nivel superior si presenta complicaciones. Asimismo, asegurar los insumos necesarios para la tención nutricional es indispensable, y sobre todo considerando que con la búsqueda activa los requerimientos de insumos serán mayores por la identificación de niños y niñas menores de 5 años afectados que se espera encontrar.
Los adultos mayores: Según la primera Experta Independiente en el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores6, las personas mayores ya se enfrentan a una discriminación particular por su vejez  ( “ageism' )  y, por lo tanto, requieren protección de derechos específicos, representan para 2020 el 7.5% de la población total. Destacó la necesidad urgente de un enfoque holístico de los derechos humanos para las personas mayores que garantice la realización equitativa de todos sus derechos, incluido el acceso a la atención médica.
Las personas en situación de calle, así como las personas en riesgo de desalojo, sin reales opciones de observar las medidas de aislamiento y prevención recomendadas y, por tanto, quedando más expuestas al contagio del virus. Según indicado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada como elemento del derecho a un nivel de vida adecuado7, “La vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Pocas veces anteriormente el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte.'
Las personas privadas de libertad, detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, con especial preocupación para las mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos e hijas. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado que, “el COVID 19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad'9. En este sentido, en junio la tasa de hacinamiento en el sistema penitenciario era del 300% según la Dirección General del Sistema Penitenciario  ( DGSP ) 10. Hasta principios de julio, se reportaron 11 personas fallecidas y 113 contagios entre personas privadas de libertad11, y al menos 57 agentes penitenciarios.
Los pueblos indígenas y campesinos, y las y los trabajadores del sector informal, quienes en un contexto de pobreza generalizada han seguido enfrentando brechas de acceso a salud, agua, saneamiento, vivienda, información, entre otros derechos humanos, y se han visto afectados por posibles recortes de servicios básicos, el impacto económico de la emergencia en su economía y capacidad de resiliencia, en un marco de limitados mecanismos estatales de apoyo.
Educación

Como consecuencia del COVID 19, se prevé un período más prolongado de la suspensión de clases presenciales y ante ello, se requiere continuar con las estrategias de aprendizaje remoto, tanto impreso como digital y audiovisual. Esto se traduce en un incremento de estudiantes  ( 4,034,909 )  y familias de todos los niveles que necesitarán materiales educativos. Esto implica el diseño, desarrollo, impresión y distribución de material 

educativo, considerando además que deberá dotarse de material específico para niñez y adolescencia indígena y estudiantes con discapacidad. Habrá que producir más material audiovisual para continuar con las estrategias de televisión y radio y actualizar el material en las soluciones digitales que ofrece el Ministerio de Educación en el sitio Aprendo en Casa. Será indispensable realizar un diagnóstico de los aprendizajes alcanzados para poder determinar el tipo y estrategia pedagógica para recuperarlos y nivelar a los estudiantes al grado que cursen en el año 2021. También es fundamental considerar la impresión y distribución de material para salud mental y apoyo psicosocial para los diferentes actores de la comunidad educativa.
OMS, a nivel global no se observa una situación similar  ( ratio hombres: mujeres = 1:1 ) . El grupo de niños es el menos afectado, lo que corresponde también con lo que se observa a nivel global, con una alta proporción de niños y jóvenes con síntomas muy leves o asintomáticos. La letalidad es más alta en hombres que en mujeres, lo que coincide con datos de otros países. En términos generales, esto puede deberse a que los hombres presentan más factores de riesgo que las mujeres, así como a otras explicaciones fisiológicas y genéticas.
Es importante destacar que el Ministerio de Educación únicamente cuenta recursos para cumplir con 180 días de clase según la Ley de Alimentación Escolar. Sin embargo, como resultado de la pandemia se extendió el ciclo escolar para que los estudiantes alcanzaran las competencias básicas; para estos días adicionales de aprendizaje, no existen recursos para la dotación de raciones de alimentación escolar. Se requerirá recursos para la dotación de raciones de alimentación escolar con productos no perecederos durante los próximos meses, entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre y luego, de enero al 15 de febrero, particularmente a estudiantes de preprimaria y primaria que ascienden a 2.4 millones de niños y niñas. Esta es una estrategia de apoyo importante para las familias porque estos alimentos son en muchos casos, un plato de alimento para los estudiantes en mayor vulnerabilidad.
os grupos de alimentos de mayor valor nutricional y considerados perecederos, como las frutas y verduras y, en menor medida, las legumbres, han sido las más afectadas por lo complejo de sus cadenas de distribución, almacenamiento y conservación. La disponibilidad de maíz y frijol en los mercados locales ha sido normal durante la pandemia, los precios si sufrieron un alza considerable, de febrero a julio de 2020 el precio del quintal de maíz se incrementó en un 23% y el precio del frijol se incrementó en 42% en esas mismas fechas. Los factores que provocaron este incremento fueron la demanda que generaron las familias a mediados de marzo, acaparamiento por parte de intermediarios y disminución de la movilidad entre departamentos, municipios y comunidades. Las reservas familiares de granos han sido similares a años anteriores, actualmente cuentan con reservas mínimas, la cual les alcanza en promedio para 0.5 meses.
Actualmente las personas que se dedican a la agricultura familiar expusieron que los principales problemas que experimentan en la producción de alimentos son: contar con poca o ninguna disponibilidad de insumos  ( semillas, fertilizantes, etc. ) , los insumos han presentado un incremento en los últimos meses, han tenido dificultades para movilizar sus productos al mercado, ha habido una interrupción de la asistencia técnica y que han tenido pérdidas de las cosechas, principalmente en productos perecederos. Expresaron además que actualmente su autoproducción cubre en su mayoría una tercera parte de lo que consumen en el hogar, teniendo que comprar el resto de los alimentos.
Al comparar los datos de 2020 con los de 2019 en hogares vulnerables, los resultados indican un preocupante y acelerado deterioro de la situación, incrementándose la población con necesidad de asistencia alimentaria en 38.0%  ( InSA Severa + InSA Moderada ) , siendo más acentuado en la Inseguridad Alimentaria Severa, la cual se ha incrementado en 165.6%, pasando de 25.9% en 2019 a 68.8% en 2020. En el caso de la Inseguridad Alimentaria Moderada y Leve presentaron una reducción de 40.0 y 83.3% respectivamente, la cual se produjo debido a que los hogares reportados en InSA Moderada en 2019 pasaron a InSA Severa en 2020. En la siguiente gráfica se puede apreciar esa tendencia.
Guatemala anunció el 17 de marzo que suspenden los vuelos que transportan a deportados y solicitantes de asilo de los Estados Unidos durante el estado de calamidad COVID 19 de Guatemala. La medida suspende el envío de personas de Centroamérica por parte de los EE.UU. para que esperen los procedimientos de asilo de los EE.UU., o soliciten asilo, en Guatemala bajo los términos de un acuerdo bilateral firmado en julio de 2019.
Sobre la situación de la Desnutrición Aguda: 5. Los registros de casos de Desnutrición Aguda del Ministerio de Salud indican un incremento de 129.8%  ( n=9,037 )  hasta la semana epidemiológica 24; de este incremento, en las primeras 15 semanas epidemiológicas de 2020  ( antes del primer caso de COVID 19 en Guatemala ) , se presentó un 221.4%  ( n= 9,037 ) , en tanto que de la semana 15 a la semana 24, el incremento es de 18.1%  ( n= 567 ) . 6. La tendencia del incremento en los casos de Desnutrición Aguda, en dónde el mayor incremento de casos se presentó antes de registrado el primer caso de COVID 19 en Guatemala, lo que parece indicar que el incremento está relacionado con el cambio de sistema de registro de casos del Ministerio de Salud, combinado con el deterioro alimentario producto de las sequías de 2018 y 2019, y no directamente al impacto de la crisis del COVID 19 como se ha especulado. Parece que el incremento interanual de la Desnutrición Aguda asociado a las crisis recientes  ( seguías y COVID 19 )  es de 18,1%, aunque se requiere de una depuración de los datos para establecerlo de manera apropiada. 7. No obstante, a lo indicado en los dos puntos anteriores, las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno para frenar el avance de la pandemia del COVID 19 y sus implicaciones en la economía del país, especialmente en la economía informal, están generando un deterioro alimentario importante, el cual tiene el potencial de incrementar los casos de Desnutrición Aguda, especialmente entre los meses de julio y agosto de 2020, meses más críticos del período del Hambre Estacional.
5. CONCLUSIONES Sobre la situación de Inseguridad Alimentaria: 1. Los datos agregados de todos los hogares evaluados en 2020, muestran un incremento de 102.8% en los hogares que requieren asistencia alimentaria  ( InSA Severa + InSA Moderada )  en comparación con 2019, presentando el mayor incremento  ( 289.2% )  en la Inseguridad Alimentaria Severa, la cual casi se cuadriplicó, pasando de 7.4% en 2019 a 28.8% en 2020. 2. En el caso de la inseguridad alimentaria moderada, se ha incrementado en 25.3%, pasando de 17.8% a 22.3%. Esto se explica debido a que muchos hogares que estaban en Inseguridad Alimentaria Moderada, pasaron a Inseguridad Alimentaria Severa y los hogares en InSA Leve a Moderada. 3. La Inseguridad Alimentaria Leve, presentó una reducción, pasando de 14.9% a 5%, lo cual no representa una buena noticia, puesto que los hogares que antes estaban en Inseguridad Alimentaria Leve pasaron a Inseguridad Alimentaria Moderada o Severa. 4. El análisis comparativo entre la situación alimentaria de hogares liderados por hombres y los liderados por mujeres no muestra diferencias tan significativas, en general los datos muestran que hay una menor proporción de hogares en Inseguridad Alimentaria Severa liderados por mujeres  ( 7.2% )  y con un Punteo de Consumo de Alimentos  ( PCA )  menos precario  ( 1.5% ) . Los hogares liderados por mujeres aplican más estrategias de Estrés  ( 7.6% )  y de Emergencia  ( 1.3% )  que los liderados por hombres.
Sobre la situación de la Violencia Contra las Mujeres  ( VCM ) : 8. El sondeo efectuado indicó que el 90.7%  ( n=1496 )  de las mujeres contestó que se sentían seguras en su casa, en tanto que 7.3%  ( n=116 )  manifestó que no se sentían seguras y el 2%  ( n=31 )  indicó que algunas veces se sienten seguras en su hogar. 35 9. El 8.7%  ( n=138 )  de las mujeres entrevistadas reportó que le tiene miedo a su pareja y el 2.8%  ( n=44 )  reporto que algunas veces ha sentido miedo de su pareja, y el 10.3% indicó conocer o haber escuchado de algún caso de violencia contra mujeres. 10. Aunque los porcentajes que muestran situaciones de VCM son relativamente bajos, el hecho de que las mujeres indiquen no estar seguras en sus hogares o que tienen miedo de sus parejas a través de un mecanismo tan impersonal como una encuesta que tampoco es específica para identificas casos de VCM, debe ser un aspecto al que se le debe prestar atención, puesto que eso representa que al menos 217  ( 13.7% )  hogares no son seguros para ellas. 11. Otros aspectos que deben de priorizarse para prevenir la violencia contra las mujeres es promover el conocimiento de otras formas de violencia, puesto que aún el 34.8% de las entrevistadas consideran que la Violencia contra las Mujeres es sólo física.