nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
nternal Displacement Disproportionately Affects Ethnic Communities On November 18, the Consultancy for Human Rights and Displacement  ( Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES )  published its latest report that revealed between January and June 2020, 54 internal displacement episodes occurred, affecting over 18,639 people. Of the total cases identified, 56% are from ethnic backgrounds; 7,000 people are from Afro descendant communities and 3,421 are from Indigenous communities. Nariño department recorded 18 displacements affecting over 8,514 persons in 2020 thus far, making it the department with the most displacements this year. Antioquia, Cauca, and Chocó also recorded a high number of displacements, which according to Jennifer Gutiérrez, coordinator of CODHES' Information and Monitoring System, is consistent with data recorded since 2018. CODHES attributes most cases to the presence and violent confrontations of illegal armed groups that operate throughout the country.
Llueve y en uno de los 250 pasos irregulares, más conocidos como trochas, que tiene el municipio de Villa del Rosario, familias enteras de venezolanos, cargadas con enormes costales, se preparan para atravesar las aguas del río Táchira, ahora enfurecidas por el invierno. Como la frontera está cerrada, los migrantes utilizan estos peligrosos caminos controlados por bandas criminales para llegar a Colombia o para volver a Venezuela. La decisión no es nada fácil, por el riesgo de lesionarse o ser abandonados en medio de estos caminos.
Durante el confinamiento y luego con el aislamiento selectivo obligatorio, muchos migrantes que hace unos meses eran pobres, pero podían sobrevivir, encontraron que sus medios de vida habían sido destruidos tras perder el empleo. Aquellos que sobreviven del rebusque no alcanzan a reunir menos de un dólar con que pagar el alojamiento en los denominados ‘paga diario' y terminan siendo desalojados.
Con la esperanza de poder vivir sin pagar arriendo, sin tener que depender de las ayudas del gobierno y para dejar atrás los efectos de la pandemia, muchas familias prefirieron dejar el país que los había adoptado y empezaron la travesía de regreso desde el altiplano nariñense, las sabanas del Caquetá, las densas selvas del Guainía o en la capital de Colombia; incluso desde territorios más lejanos como Quito, Lima o Santiago de Chile, pues la situación fue la misma en otros países de Suramérica.
Através de diez talleres virtuales sobre prevención de la xenofobia se logró capacitar a más de 600 funcionarios públicos de la Procuraduría General de la Nación, Personería, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, del SENA y mandatarios locales  ( alcaldes y gobernadores ) , entre otros, con sus equipos de trabajo.
Através de diez talleres virtuales sobre prevención de la xenofobia se logró capacitar a más de 600 funcionarios públicos de la Procuraduría General de la Nación, Personería, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, del SENA y mandatarios locales  ( alcaldes y gobernadores ) , entre otros, con sus equipos de trabajo. La formación fue posible gracias al trabajo articulado entre la Procuraduría General de la Nación  ( PGN )   a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos  y el Programa de Estabilización Comunitaria  ( CSA ) , de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  ( USAID ) , implementado por la Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM )  El ciclo de talleres, denominados Herramientas para prevenir la xenofobia desde el sector público, fueron facilitados por el Proyecto Migración Venezuela, de Proyectos SEMANA. Buscaron sensibilizar a los funcionarios públicos en todo el territorio nacional en relación con la situación migratoria por la que atraviesa el país, de tal manera que cuenten con insumos para evitar cualquier tipo de discriminación contra la población nacional venezolana en Colombia, en su trabajo diario.
El municipio de Argelia es uno de los más golpeados por presencia de grupos armados que se disputan el control del territorio y las economías ilícitas. En el marco de la emergencia se ha presentado una masacre, 5 homicidios entre ellos una mujer comerciante y un menor de edad, para un total de 10 victimas mortales.
No son días fáciles para Colombia en materia de coronavirus. Con la llegada de las fiestas de fin de año se han venido disparando el número de contagios y de fallecidos por covid 19, lo que tiene a las autoridades preocupadas y tomando medidas para contrarrestar el rápido aumento. En varias ciudades, por ejemplo, se han establecido toques de queda y en otras, restricciones a la venta de licor.
Más de 1 millón 717 mil venezolanos estarían radicados en Colombia, según las últimas cifras entregadas por Migración Colombia con corte al 31 de octubre de 2020. La cifra, que muestra un incremento del 0,1% respecto al mes de septiembre, daría cuenta que cerca del 55% de los venezolanos que se encuentran en el territorio nacional estarían en condición irregular, mientras que el 45% restante, tendría definida su situación migratoria.
Según el Ministerio de Salud, desde 2017 a agosto de 2020 se han realizado más de 8 millones de atenciones en salud a más de 947 mil personas provenientes de Venezuela, aplicado más de 2 millones de dosis de vacunación y afiliado a 285.842 personas. A la fecha se ha alcanzado, dice el Ministerio, la cobertura del 40% de la población regularizada en el país.
En la bahía de Capurganá  ( Chocó )  naufragó una embarcación pequeña que transportaba de manera ilegal a 21 migrantes, quienes pretendían cruzar la frontera con Panamá hasta llegar a Centroamérica.
. En el mes de febrero  ( 20 )  feminicidios fueron cometidos por 1 sujeto feminicida,  ( 7 )  fueron cometidos por 2,  ( 15 )  la fuente señaló la participación de varios sujetos, y en  ( 10 )  feminicidios no se cuenta con la información del número de sujetos feminicidas.
El presidente Iván Duque anunció el viernes que Colombia aseguró la adquisición de 40 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus que empezarán a ser aplicadas en febrero.
Los trabajadores de la salud, adultos mayores, personas con comorbilidades como obesidad o cáncer y profesores de educación básica harán parte del primer grupo inmunizado.
Sobre el grupo poblacional con comorbilidades, el ministro afirmó que ya se encuentran plenamente identificadas las personas a las cuales se les aplicará el biológico, que suman 11.035.970 pacientes con enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis C y obesidad.
1.7 millones De refugiados y migrantes venezolanos se estiman están presentes en Colombia, de los cuales la mayoría se encuentra en necesidad de protección internacional.
Además, 7.644.171 personas de 60 años en adelante, y 1.217.971 trabajadores de la salud, incluido el personal de apoyo logístico, hacen parte del grupo priorizado para la primera fase de vacunación.
Como consecuencia de la pandemia de COVID 19, que ha conllevado el cierre de las escuelas, el cuidado de los pacientes en casa y la adopción de medidas de cuarentena, el trabajo doméstico no remunerado ha aumentado. Esto cobra especial relevancia si se considera que las mujeres  en particular, las migrantes  están sobrerrepresentadas en estas labores. Las mujeres también están sobrerrepresentadas en sectores como el turismo, el transporte aéreo, el entretenimiento, los servicios de limpieza y el trabajo doméstico y de cuidados remunerado, que son algunos de los sectores más afectados por el COVID 19.
En el caso de Colombia, el censo de 2018 muestra que, en Bogotá, un 37% de las personas nacidas en el exterior se encuentran en condición de hacinamiento. Se destacan las personas nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo caso la proporción es de un 39%. Asimismo, se observa que los municipios en que hay más hacinamiento de las personas migrantes son Cota  ( 51,3% ) , Facatativá  ( 47% )  y Tocancipá  ( 46% ) .
Las brechas más grandes se presentan en la disponibilidad de computadora o de tableta: 70% de estratos 1 y 2, vs 87% estrato 3 y 100% estratos 4 al 6.
Las brechas en la exclusividad de los dispositivos en el hogar se mantienen por estrato, donde los estratos 1 y 2 son los afectados.
“Las condiciones que describieron los retornados en algunos centros no cumplen con sus necesidades básicas, y en algunas instancias su gravedad podría constituir trato degradante, el cual está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes', señala el documento.
Asimismo, segmentos importantes de la población indígena tienen un acceso limitado a los servicios de saneamiento básico en la vivienda. Esta situación afecta al 50% en Colombia; es decir, proporciones muy superiores a las registradas entre la población no indígena en cada uno de esos países, con brechas extremadamente amplias en Colombia y México
Evadiendo las patrullas de las Fuerzas Armadas, atravesando ríos, desafiando las bajas temperaturas de los Andes, aguantando hambre y sin dinero en los bolsillos, cientos de venezolanos pasan a diario la frontera de regreso a Colombia en busca de un mejor futuro, pese a que la pandemia de COVID 19 continúa.
Colombia se convirtió en los últimos años en el domicilio de más de 1,7 millones de venezolanos que huyeron de la crisis política, económica y social de su país bajo el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro.
La autoridad migratoria y las Fuerzas Armadas estiman que 300 venezolanos pasan a diario por trochas ilegales hacia Colombia, corriendo riesgos ante la crecida de los ríos por la temporada de lluvias y la presencia de grupos armados ilegales.
“Si la intensidad de la lluvia es suficientemente alta, sí, podría destruirlos', añade. Todo el sistema alimentario colombiano sufriría las consecuencias. “Por un lado, las lluvias torrenciales podrían acabar con los cultivos de los agricultores de subsistencia. Esto no solo limitaría su acceso a alimentos en el presente, sino también en el futuro cercano ya que restringiría sus reservas de grano', explica González Romero. “Por otro lado, los grandes productores, asociados a un gremio y con mayor capacidad tecnológica, también podrían sufrir pérdidas. Esto generaría un círculo vicioso ya que los jornaleros que trabajan para estos productores perderían sus empleos y salarios. Además, las lluvias torrenciales podrían dañar la infraestructura civil, dificultando el acceso a los mercados, que son esenciales para la seguridad alimentaria del país', añade.
Ahora, la pandemia y la cuarentena resultante han agravado la inseguridad económica y el daño que esto crea. Con imposibilidad de pagar su renta y enfrentándose al desalojo, decenas de miles de venezolanos se han visto orillados a tratar de volver a Venezuela un país que permanece inseguro, económicamente devastado, y con una gran falta de equipo para manejar una crisis de salud pública.
“We are very concerned about the decision to exclude a significant number of Venezuelans in vaccination efforts. Vaccines will only curb the pandemic if everyone can get them. Leaving Venezuelans out puts them and their Colombian neighbors at risk.
La falta de oportunidades laborales ha llevado a muchos venezolanos a ejercer una actividad económica independiente. La mayoría encuentra oportunidades de trabajo a través de la comunidad migrante. Aparte de un trabajo remunerado, hay otras maneras en las cuales los refugiados y migrantes se ganan la vida en Bogotá: principalmente reciclando basura y/o vendiendo sus pertenencias, lo cual ha incrementado durante la pandemia del COVID 19, de acuerdo con los actores humanitarios entrevistados para este estudio de caso.
Deilin Salazar y Rosaria Piermattei son dos mujeres nacionales venezolanas unidas por un mismo propósito: rehacer sus vidas en Colombia y darle a sus hijas un futuro lleno de oportunidades. Desde el Centro de Atención Transitorio al Migrante  ( CATM )  de la Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM )  en Villa del Rosario, Norte de Santander, nos compartieron sus historias y su firme determinación por salir adelante.

Deilin, su esposo y sus hijas pasaron “unos días de campo' viviendo en la ribera de un río en la frontera entre Venezuela y Colombia. Así se lo explicó Deilin a las niñas para restarle crudeza a esta situación. Hace un año llegaron a Cúcuta buscando mejor suerte y al poco tiempo encontraron opciones de vida en la venta callejera de bebidas. Sin embargo, la pandemia por el COVID 19 derrumbó lo que habían logrado.
Recomendaciones La organización recomendó lo siguiente a los ministros de Relaciones Exteriores que se reunan en octubre como parte del proceso de Quito  ( espacio de análisis de la situación de los migrantes ) : 🔵Comprometerse a presentar un plan de acción para proteger los derechos de los venezolanos en los países donde se encuentran. 🔵Adoptar una respuesta colectiva a la migración venezolana, que les conceda un estatus legal durante un tiempo determinado mientras se encuentren en trámite de sus solicitudes individuales ante las autoridades. 🔵Soliciten al Secretario General de la ONU, António Guterres, su intervención para formalizar un programa eficaz de apoyo a los retornados en la frontera colombo venezolana. 🔵Destinar recursos a financiar los esfuerzos humanitarios en zonas fronterizas. 🔵Trabajar con el Secretario General de la ONU, su equipo humanitario, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países para instar a las autoridades venezolanas a permitir la implementación de una respuesta humanitaria a gran escala. 🔵Condenar el maltrato de las autoridades venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno hacia los retornados
Existen diferencias basadas en género en cuanto a las tendencias laborales de los venezolanos. Las mujeres suelen trabajar en la economía del cuidado como trabajadoras del servicio doméstico, cuidadoras de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, y personas en situación de discapacidad o con enfermedades crónicas. Según algunos expertos, este tipo de economía es ignorado por las políticas sociales y laborales del país. Algunas mujeres venezolanas también recurren al sexo por supervivencia, en conjunto con un porcentaje reducido de hombres.
La producción real del sector industrial presentó una contracción promedio de 11,9% en el segundo trimestre del año, producto de la menor dinámica en la producción de textiles y cueros y sustancias y productos químicos. En los meses siguientes se observó una recuperación de la producción, alcanzando un crecimiento anual de  4,3% en el tercer trimestre. En octubre, la región Pacífica fue la única región que registró un incremento anual en su producción  ( 1,0% ) . En contraste, la confianza industrial del Valle del Cauca volvió a terreno negativo, pasando de un balance de +3,4% en septiembre a  9,5% en octubre.
Las zonas fronterizas han sido azotadas por un conflicto de baja intensidad por décadas, lo cual evidencia el abandono estatal del que son objeto, al igual que la fuente de riquezas ilícitas que representan. Desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  ( FARC )  se desmovilizaron después del acuerdo de paz de 2016, una gama de actores armados se ha enfrentado entre sí por el control de una porción del botín fronterizo, ya sea la producción y tráfico de coca y cocaína, el contrabando, la extorsión o la minería ilegal. La fuerza guerrillera colombiana más grande que subsiste en la actualidad, el Ejército de Liberación Nacional  ( ELN ) , ha aprovechado la oportunidad para expandirse en ambos lados de la frontera. Restos de grupos paramilitares colombianos y nuevas bandas que acechan territorios indígenas, disidencias rebeldes de las FARC, fuerzas parapoliciales venezolanas y carteles de droga mexicanos completan el mosaico cambiante de grupos armados. Los enfrentamientos entre estos grupos y los asesinatos de civiles en las zonas en disputa han continuado durante la pandemia.
Percepción sobre la integración a largo plazo El acceso a derechos civiles y políticos para la población migrante, en general, aún no es muy aceptado por los colombianos. Incluso, a nivel regional el porcentaje de aceptación respecto a brindar la nacionalidad a todos los migrantes y otorgar el derecho al voto están por debajo del 30 %. Se exceptúa la pregunta sobre brindar la nacionalidad a los hijos de migrantes, donde la respuesta resulta positiva para más de la mitad de los colombianos en todas las regiones. En particular para esa pregunta se observa mayor aceptación en el Caribe  ( 86 % ) , región Central  ( 82 % )  y Pacífico  ( 81 % ) , en comparación, por ejemplo, con Bogotá, donde el porcentaje de aceptación es del 63 %, lo que indica una diferencia de 14 p.p. frente al total nacional
Por otro lado, las ciudades que presentaron una mayor tasa de pobreza monetaria extrema fueron Quibdó  ( 23,8% ) , Riohacha  ( 19,5% )  y Santa Marta  ( 13,5% ) , mientras que los menores niveles de pobreza monetaria extrema los presentaron Manizales  ( 1,9% ) , Pereira  ( 2,6% )  y Cartagena  ( 3,0% ) . Las ciudades que tuvieron un mayor incremento en sus niveles de pobreza monetaria extrema durante 2019 fueron Santa Marta, cuya tasa de pobreza monetaria extrema aumentó en 4,5 pps, y Riohacha, en donde la pobreza se incrementó en 3,1 pps. Por su parte, la mayor disminución en la tasa de pobreza monetaria extrema la tuvieron las ciudades de Cartagena  ( 1,4 pps )  y Pasto  ( 1,3 pps )   ( Gráfico 4 ) .
Amazonía – Orinoquía La región Amazonía Orinoquía tiene la menor participación dentro del PIB nacional  ( 2,8% ) , y está conformada por los departamentos de Casanare, Arauca, Putumayo, Guaviare, Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés. En esta región, el sector de explotación de minas y canteras representa el 38,7% del PIB y es la principal actividad en los departamentos de Casanare, Arauca y Putumayo. Al igual que las demás regiones, el comercio, transporte y alojamiento y la administración pública cuentan con una participación mayoritaria.
Percepción sobre impactos y costos de la migración en la economía En cuanto a la percepción de los impactos que tiene la migración sobre la economía, en la región Nororiente sorprende que los porcentajes estén por debajo del total para la pregunta de inversión, pues por lo menos Arauca y Norte de Santander compartían antes del cierre de frontera vínculos comerciales muy estrechos con el país vecino. Por el contrario, la región Caribe se muestra 4 p.p. más a favor que el total nacional de facilitar la inversión por parte de los migrantes  ( Tabla 5 ) . Con respecto a la percepción que tienen los colombianos sobre los costos que implica la migración en el país, en Bogotá y la región Suroriente por lo menos 7 de cada 10 colombianos consideran que la migración aumenta los niveles de pobreza en el país  ( Tabla 5 ) . Esta proporción es similar en regiones como la Nororiente  ( 68 % )  y la Caribe  ( 67 % ) .
El miedo y la desinformación crecientes han generado tensión y estrés entre las personas privadas de libertad  especialmente entre aquellas que viven con sus hijos en las cárceles , lo cual ha aumentado significativamente los niveles de violencia dentro de los penales. Como consecuencia, se han producido fugas, motines, riñas y muertes en cárceles de Argentina, Brasil, Bolivia  ( Estado Plurinacional de ) , Chile, Colombia, y Perú, entre otros  ( 69 74 ) .
a economía de Bogotá D.C., que representa el 25,5% del PIB nacional, ha visto afectada su estructura productiva en lo corrido del año, siendo el segundo trimestre el de mayor caída en distintos sectores económicos. El sector de comercio, transporte y alojamiento, con la mayor participación en el PIB de la ciudad, presentó una contracción en su actividad desde abril del presente año. Según la Encuesta Mensual de Comercio  ( EMC ) , Bogotá es de los departamentos con la mayor caída interanual de las ventas totales de comercio minorista y vehículos desde el inicio de la crisis  (  29,6% en el segundo trimestre )
Finalmente, es necesario mencionar los efectos que la pandemia de COVID 19 tiene en las personas LGBTI, ya que es posible que estas deban enfrentarse a discriminaciones acentuadas, tanto por ser migrantes como por su identidad de género u orientación sexual. En esta línea, la Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM )  ha advertido sobre las dificultades que estas personas tienen para acceder a los servicios de salud, sobre la posibilidad de que se profundice la estigmatización, la discriminación, los discursos de odio y los ataques contra ellas, y sobre los obstáculos para acceder al trabajo y a los medios de vida. Esto ocurre sobre todo en el caso de las personas migrantes transgénero y no binarias, que son particularmente vulnerables a la explotación debido a la discriminación 9 laboral por su identidad de género o nacionalidad. Ello abre una ventana para que las organizaciones dedicadas a la trata de personas aprovechen esta vulnerabilidad y busquen de forma activa víctimas trans y no binarias  ( Astles, 2020 ) .
En línea con la actualización metodología de las líneas de pobreza en Colombia, en 2019 el porcentaje de la población en condición de pobreza monetaria se ubicó en 35,7% para el total nacional, aumentando 1,0 pps frente al resultado de 2018  ( 34,7% ) .
• Adicionalmente se adoptan medidas tales como prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia de más de 50 personas. Los eventos públicos o privados en los que concurran hasta 50 personas deben garantizar que no exista aglomeración y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
Percepción sobre la integración productiva y económica En cuanto a las preguntas de percepción relacionadas con la inclusión de los migrantes en el mercado laboral, de nuevo Bogotá y la región Nororiente arrojan diferencias considerables y peores indicadores en relación con el total nacional; particularmente para las preguntas que tienen que ver con generar mecanismos de inserción laboral, como la convalidación de títulos profesionales y los documentos legales para acceder en igualdad de condiciones que los connacionales al mercado laboral y otros servicios  ( Tabla 3 ) . Por el contrario, la región Caribe y Central mostraron mayor favorabilidad hacia las medidas de inclusión laboral, con resultados por encima del promedio nacional. Es probable que esto se explique porque, por ejemplo, la costa Caribe tiene una historia de recepción de migración importante y la población migrante que se ha instalado allí tiene mayor tiempo de residencia en la región
La industria manufacturera, que corresponde a la segunda actividad con mayor participación en la región Central [ 1 ] , disminuyó  27,3% en el segundo trimestre y ha comenzado a repuntar con un crecimiento de  6,7% en el tercer trimestre y de  1,7% en octubre  ( Gráfico 2 ) . En línea con lo anterior, el Índice de Confianza Industrial  ( ICI )  de Antioquia y del Eje Cafetero, que volvieron a terreno positivo desde agosto  ( 3,0% )  y desde julio  ( 0,5% ) , respectivamente, en octubre se ubicaron en 6,7%  ( Antioquia )  y en 5,5%  ( Eje Cafetero ) .
Por su parte, para el total nacional, el indicador de pobreza monetaria extrema se ubicó en 9,6% en 2019, mostrando un incremento de 1,4 pps frente al resultado de 2018  ( 8,2% ) . El número de personas en situación de pobreza monetaria extrema aumentó en 729 mil durante 2019, ubicándose en 4,7 millones de personas. Para las cabeceras y los centros poblados y rurales, el indicador de pobreza monetaria extrema se ubicó en 6,8% y 19,3%, respectivamente. Este resultado representa un incremento de 1,0 pps frente a 2018 en las cabeceras  ( 5,8% )  y 3,1 pps en los centros poblados y rurales  ( 16,2% ) .
Con los protocolos se busca generar normas que permitan aplicar elementos de
bioseguridad para el proyecto de retorno a clases de la instituciones educativas, bajo el
sistema de alternancia, según el cual los niños van a clase unos días y otros no. Las
entidades territoriales deben establecer en su jurisdicción el plan territorial de alternancia
educativa, que debe respetar la integralidad del protocolo. Algunos de los principales
parámetros son: asistencia solo de quienes no presenten síntomas, uso del tapabocas,
establecimiento de horarios para lavado de manos, no compartir alimentos, guardar el
tapabocas en bolsa de papel mientras se come, evitar tocarse la cara, la nariz o evitar
frotarse los ojos, distancia física de al menos dos metros con otras personas y no
recomendar el uso de guantes, excepto para las personas encargadas de limpieza, entre
otros.
La región Central tiene la segunda mayor participación dentro del PIB nacional  ( 22,6% ) , y está conformada por los departamentos de Antioquia, Tolima, Huila, Risaralda, Caldas, Quindío y Caquetá. El sector de comercio, transporte y alojamiento es el que más aporta en la caída del PIB de la región. Particularmente, las ventas del comercio minorista del departamento de Antioquia sufrieron una reducción sustancial en el segundo trimestre, con una disminución de 22,5% en promedio.
Conflictos entre múltiples grupos armados afectan a la población civil a lo largo de una frontera marcada por abundantes cultivos de coca y cruces informales. Las altas tensiones bilaterales podrían incrementar las hostilidades fronterizas y a la vez perpetuar el maltrato contra migrantes y refugiados, cuya circulación ha sido restringida por el COVID 19.
2019, 17,5 millones de personas se encontraron en situación de pobreza monetaria, un incremento de 662 mil personas en situación de pobreza frente a los 16,8 millones de personas pobres observadas en 2018. En las cabeceras, el nivel de pobreza monetaria en 2019 se situó en 32,3%, mientras que en los centros poblados y rurales fue de 47,5%. Este resultado representa un incremento de 0,9 pps frente a la cifra de 2018 en las cabeceras  ( 31,9% )  y 1,5 en los centros poblados y rurales  ( 46,0% ) . En niveles, el número de personas en situación de pobreza monetaria en las cabeceras en 2019 fue de 12,2 millones, mientras que en los centros poblados y rurales fue de 5,2 millones. Esto representa un incremento de 468 mil y 194 mil personas frente al resultado de 2018, respectivamente  ( Gráfico 2, Panel A )
Para la mayoría de las personas a lo largo de la frontera, este rompimiento bilateral se ha traducido en una dolorosa ruptura de lazos familiares y comerciales transfronterizos. Pero para algunos, ha generado beneficios. Los repetidos cierres de los cruces fronterizos oficiales desde 2015 han enriquecido a los grupos armados más grandes y a comerciantes locales que trafican combustible, bienes y personas a través de los cruces ilegales. Los cultivos de coca han seguido creciendo en el departamento de Norte de Santander, que según la ONU contaba en 2019 con la mayor superficie cultivada en toda Colombia  ( el mayor proveedor de coca del mundo ) . Algunos de los venezolanos que viven en la frontera incluso expresan su gratitud porque el ELN, ahora respaldado o al menos tolerado por el Estado y las fuerzas de seguridad venezolanas, se ha convertido en el nuevo grupo armado dominante en su área y ayudó a erradicar los delitos menores.
La pandemia presentó fugazmente la posibilidad de un deshielo en las relaciones, ya que los gobiernos establecieron un canal para intercambiar información de salud. Ahora deben hacer mucho más para evitar malentendidos a lo largo de la frontera y sus consecuencias potencialmente letales. Colombia y Venezuela deberían acordar un método conjunto para monitorear la frontera, quizás mediante la creación de un mecanismo para resolver incidentes bajo auspicios internacionales. Ambos países deberían apoyar los esfuerzos para reiniciar las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, suspendidas a principios de 2019 tras un atentado letal con carro bomba. Mientras tanto, incrementar la ayuda humanitaria será crucial para evitar que la reapertura formal de la frontera genere grandes flujos de personas pobres y desprotegidas en ambas direcciones.
La pandemia de COVID 19 tuvo – y aún sigue teniendo – un fuerte impacto negativo para los venezolanos, especialmente aquellos que trabajan en el sector informal, llevándolos a perder sus medios de vida.
La pérdida de ingresos a menudo trajo como consecuencia la pérdida de alojamiento. En abril del 2020, el gobierno promulgó un decreto nacional para suspender temporalmente los desalojos. Esta fue la única política pública de la cual  ( algunos )  venezolanos   junto a los colombianos   se beneficiaron. La efectividad de esta política, en la práctica, ha sido limitada. La indigencia y el desamparo condujeron a muchos venezolanos a regresar a su país.
Las preocupaciones principales en materia de seguridad en las zonas donde viven las personas refugiadas y migrantes incluyen la presencia de bandas criminales,
robos en las calles, y el tráfico de drogas. La presencia de disidencias de grupos guerrilleros y/u otros grupos armados, además, implica un mayor riesgo
del reclutamiento de niños, niñas, y adolescentes, afectando tanto a la población infantil venezolana como a la colombiana
La crisis humanitaria que se está viviendo en Arauca continúa ante los enfrentamientos, según el gobierno venezolano, entre las disidencias de las Farc y el Ejército de ese país en el estado Apure. Estos combates dejan otros 300 desplazados que llegaron hasta el municipio de Saravena.
Cerca de 16.000 colombianos han retornado a su país en más de 100 vuelos de carácter humanitario desde el inicio de la pandemia por COVID 19. La Cancillería colombiana señaló que la repatriación de los ciudadanos a su país ha sido lograda gracias a los oficios de los consulados colombianos en más de 30 países y agencias de cooperación internacional con el fin de superar la emergencia sanitaria generada por la enfermedad. Para esta semana se espera que lleguen al territorio nacional ciudadanos de países como México, España, Perú, Italia, Panamá, Chile, Estados Unidos y Australia.
En el reporte más reciente del Proceso de Comunidades Negras  PCN4 las ciudades de Quibdó,
Buenaventura, Guapi, Timbiquí y Tumaco no cuentan con condiciones para atender la pandemia. Los
tres hospitales principales de la región carecen de la infraestructura médica y hospitalaria para aplicar
las pruebas de COVID19 o atender casos de cuidados intensivos, ofrecer atención de manejo en las
casas. Los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura se han visto afectados por las
restricciones al turismo, el cierre de restaurantes y cafeterías, y la suspensión de los almuerzos
escolares ( FAO, 2020 ) .
Las afectaciones más comunes son el aumento de los precios de los agroinsumos, con casos críticos en Córdoba, Boyacá y Tolima. Le siguen en importancia los problemas de transporte para sacar los productos a la venta, especialmente en Antioquia y Putumayo. De igual manera, el 92% de los comerciantes encuestados  ( minoristas )  reportan impactos por la crisis del Covid 19. El incremento en el precio de los alimentos, principalmente en huevos, arroz, arveja, cebolla, aguacate, fresa, mora y queso, afecta la capacidad adquisitiva de las familias, disminuyendo su acceso a alimentos de la canasta básica y limitando sus posibilidades de una alimentación adecuada
Sin embargo, a pesar de la respuesta constructiva de Colombia, aún existe mucho progreso por hacer. Aunque muchos venezolanos en Colombia están trabajando, la mayoría se encuentran dentro del sector informal y enfrentan altos niveles de pobreza y grandes niveles de problemas de protección. Más de un millón de venezolanos carecen de estatus regular, impidiéndoles el trabajar legalmente o el acceso a servicios que podrían ayudarlos con dichos problemas.42 Y un número de otros factores – desde la dificultad para verificar sus credenciales hasta un limitado acceso financiero – han creado barreras adicionales para el acceso al mercado laboral. Como resultado, los venezolanos tienen resultados laborales más pobres  ( en términos de sus ingresos laborales y tarifas formales )  a comparación de los colombianos. Esto indica un nivel relativamente bajo de inclusión para los
La inseguridad económica puede aumentar los riesgos en seguridad física. Los venezolanos llegan y frecuentemente se instalan en las mismas áreas donde suceden la mayoría de los conflictos y desplazamientos internos de Colombia, concretamente las regiones fronterizas y ciertas vecindades urbanas donde los costos de vida son menores. Teniendo pocos medios financieros o posibilidades económicas, los venezolanos son susceptibles a hostigamiento, explotación y reclutamiento por grupos armados. Los venezolanos que llegan enfrentan regularmente riesgos especialmente altos, ya que los grupos criminales controlan los cruces fronterizos ilegales  ( conocidos coloquialmente como trochas ) . Estos grupos exigen sobornos para el pasaje y recurrentemente roban lo poco que los venezolanos llevan consigo, haciendo su situación aún más precaria. Similarmente, desesperados por trabajar, las mujeres venezolanas en particular son vulnerables a ser víctimas de redes de tráfico de personas o explotación sexual.100 Los IDPs, que viven ampliamente en las mismas áreas y enfrentan sus propios retos económicos están expuestos a muchos de los mismos riesgos.1
Los venezolanos en Bogotá perciben estigmatización y discriminación en todos los ámbitos de la vida. Las entrevistas a actores clave señalaron que los refugiados y migrantes experimentan mayor discriminación aquí que en otras ciudades.
Los refugiados y migrantes venezolanos – incluso aquellos con estatus regular – tienen acceso limitado a los servicios de salud en Bogotá. En este punto, los datos de 4Micorroboran los resultados de las entrevistas cualitativas. Las principales barreras para acceder a los servicios de salud identificadas en las entrevistas a actores clave incluyen: estatus migratorio irregular; no estar afiliado a un seguro médico; discriminación y xenofobia  ( algunos centros de salud le niegan la atención a esta población ) ; la estigmatización percibida; miedo a ser denunciado a las autoridades migratorias; y desconocimiento de la ley  ( sin importar su estatus migratorio, toda persona en el país tiene derecho al acceso a la atención médica de urgencia ) . Por un lado, las personas refugiadas y migrantes desconocen sus derechos, y por el otro lado, los centros de salud desconocen el marco legal.
Los venezolanos dependen, en su mayoría, de trabajos informales y a menudo enfrentan prácticas
de explotación laboral: incertidumbre en los ingresos; sueldos no pagados; inseguridad laboral  ( trabajo sin
contrato ) , explotación laboral  ( horas excesivas de trabajo, salario por debajo del mínimo legal establecido
y sin permiso a tomar descansos ) . Adicionalmente, las personas refugiadas y migrantes entrevistadas también
identificaron la extorsión, la discriminación y la xenofobia, como algunos de los riesgos relacionados con el trabajo
que enfrentan los venezolanos.
Los refugiados y migrantes venezolanos – incluso aquellos con estatus regular – tienen acceso limitado a los servicios de salud en Bogotá. Las principales barreras para acceder a los servicios de salud identificadas en las entrevistas a actores clave incluyen: estatus migratorio irregular; no estar afiliado a un seguro médico; discriminación y xenofobia  ( algunos centros de salud le niegan la atención a esta población ) ; la estigmatización percibida; miedo a ser denunciado a las autoridades migratorias; y desconocimiento de la ley  ( sin importar su estatus migratorio, toda persona en el país tiene derecho al acceso a la atención médica de urgencia ) . Por un lado, las personas refugiadas y migrantes desconocen sus derechos, y por el otro lado, los centros de salud desconocen el marco legal.
Frente a esta situación, las personas refugiadas y migrantes han adoptado estrategias alternativas como: consultar a un doctor particular  ( los pocos que
pueden permitirse el lujo ) ; auto medicarse; consultar, de forma remota, a un doctor en Venezuela; esperar a los médicos voluntarios que van mensualmente a su
barrio; o simplemente esperar no enfermarse. Los grupos más vulnerables en esta situación son los refugiados y migrantes con VIH, sífilis, cáncer, enfermedades crónicas de alto costo, enfermedades raras o poco frecuentes, y aquellos con condiciones médicas que requieren de un tratamiento periódico.
Hay 4.741 personas que han llegado hasta el departamento debido a la violencia que han generado los combates, según el gobierno de Venezuela, entre las disidencias de las Farc y el Ejército de ese país.
Durante el período de junio a agosto, los precios del arroz disminuyeron en Colombia, como consecuencia de la mejora de las disponibilidades en el mercado de las nuevas cosechas y el retorno a los niveles normales de la demanda minorista, que aumentó notablemente al iniciarse la pandemia de COVID 19 en abril. Sin embargo, los precios se mantuvieron por encima de los valores de un año antes, debido en gran parte a los altos costes de producción derivados de una moneda más débil.
La pérdida de ingresos desde la mirada de los niños y niñas En las preguntas cualitativas realizadas a los niños y niñas, la pérdida de empleo y de ingresos en la familia es un tema recurrente y genera estrés e incertidumbre en ellos y sus familias, ya que no saben si van a poder dinero para alimentarse y pagar las cuentas.
Muchos de los cerca de 947.106 venezolanos en estatus irregular en el país no tienen acceso a una EPS o servicios de salud especializados.
Según Migración Colombia, en este momento hay 4.741 personas desplazadas, distribuidas en 19 albergues. Alrededor de 1.700 son menores de edad. Además el ente confirmó que cerca de 3.000 son venezolanos, por lo que la presencia de colombianos en este desplazamiento es alto.
Pero el caso también se está dando en Atlántico  ( con un 18.8% de disponibilidad UCI ) .
According to external sources, between November 1 and 15, seven massacres have been registered in the municipalities of Nechí, Támesis and Betania  ( Antioquia ) , Argelia  ( Cauca, with two events ) , Tierralta  ( Córdoba )  and Soledad  ( Atlántico ) . Persistent violence due to territorial disputes by illegal armed actors in the Bajo Cauca region, southern Córdoba, southwestern Antioquia and in the municipality of Argelia in Valle del Cauca are of great concern, and some have caused recent displacements.
Gender, Centrality of Protection, and environmental approaches have been integrated into every stage of the planning process. Partners have self evaluated their Regional Refugee and Migrant Response Plan  ( RMRP )  2021 interventions using the Gender Age Marker  ( GAM ) , as seen in 89 per cent of the submissions. 80 per cent of organizations reported having integrated gender analysis to identify the needs and response strategy; this proportion is 18 per cent points higher than the one in the RMRP 2020. In addition, the protection mainstreaming approach is strengthened across all Sectors through capacity building on the principle of Centrality of Protection to partners, ensuring safety and dignity, avoiding incidental harm, promoting safe access without discrimination, participation, and empowerment of affected people, particularly the ones with specific needs.
El casco central de la ciudad de Cúcuta fue militarizado para evitar eventos multitudinarios y hacer cumplir las normas de bioseguridad, a fin de controlar la pandemia de la covid 19. La orden fue dada por el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, en vista de que en los últimos días se ha visto gran cantidad de personas sin tapabocas aglomeradas en las calles.
A nivel nacional, por ejemplo, la empresas productoras y comercializadoras agremiadas de la ANDI, están funcionando al 105% de su capacidad.
Taking into special consideration the COVID 19 preventative measures, such as temporary school closures and implementation of virtual learning models, the main needs for 2021 are: i )  access to and inclusion in the Colombian education system; ii )  educational models adapted to the needs of refugee and migrant children and youth, including with pedagogical and curricular adjustments in case of a reopening of schools and in compliance with COVID 19 prevention measures , to support school returns in a gradual and safe manner; and, iii )  access to materials and devices required to continue learning, through virtual education and other alternative learning modalities. In addition, for girls and boys in transit, non formal learning strategies are required, including early childhood education as well as educational activities in temporary shelters and in Support Spaces along transit routes
In Docordó, capital of the Municipality of Litoral de San Juan, 99 families  ( 276 persons )  were displaced; 11 communities of approximately 590 families  ( 2,200 persons )  are confined. In López de Micay, 18 families  ( 40 persons )  of the El Playón Community Council were displaced, while 120 families  ( 290 persons )  are confined. Finally, in Olaya Herrera, 223 families  ( 543 people )  were displaced from the villages of Vuelta Larga and Boca de Prieta
Agregó que, por el contrario, se deben implementar otras estrategias como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica binacional, prestando especial atención a la complejidad de la implementación de protocolos de bioseguridad para el ingreso al país, evitando aglomeraciones y desestimulando la migración a través de pasos no autorizados, caso en el que realizar evaluación del riesgo resulta aún más dificultosa.
The Sector's response priorities are: i )  Immediate and regular access to quality and nutritional food assistance for the most vulnerable, considering the geographic context, demographic profile, gender and age requirements and vulnerabilities; ii )  Preventing all forms of malnutrition, promoting an adequate diet in pregnant and lactating women and guaranteeing the treatment and recovery of children under five years of age with acute malnutrition; iii )  Building productive skills and agricultural and non agricultural livelihoods and related access to employment for refugees, migrants, returnees and host communities, while at the same time promoting resilience and socioeconomic inclusion, taking into account differential approaches such as gender and ethnicity as well as environmental considerations.
The Sector's response priorities are: 1. Improve access to water, sanitation and hygiene services to optimize installed capacities under agreed quality standards and promote compliance with regulations and good environmental practices. 2. Implement strategies to improve essential hygiene practices, including the provision of hygiene, cleaning and disinfection kits, and water treatment devices at the household level. 3. Promote synergies across response frameworks in areas affected by multiple crises, due to the presence of armed actors, natural disasters and COVID 19
. El retorno a la actividad escolar bajo el modelo de alternancia con todas las medidas de distanciamiento, con los protocolos de bioseguridad con un sentido de proteger la salud de los niños y, al mismo tiempo, la salud de los padres.
En Colombia, los informes de violencia doméstica durante el confinamiento aumentaron
en 175% en comparación con el mismo período del año pasado. En México, las llamadas a las líneas de
ayuda para violencia doméstica aumentaron en 60% en las primeras semanas de cierre. En República
Dominicana, el servicio de violencia del Ministerio de Asuntos de la Mujer recibió 619 llamadas durante los
primeros 25 días de cuarentena. Estos datos evidencian un aumento en el riesgo de violencia que puede
aumentar dramáticamente si se prolonga el tiempo de cuarentena. En otros países el número de denuncias
se ha reducido, lo que sugiere nuevas barreras de acceso para las supervivientes por la reorganización o
limitaciones en la disponibilidad de servicios de salud y de protección
Esta marea de violencia no se puede desconectar de las tensiones internacionales, sobre todo de la ruptura de relaciones entre los dos vecinos. El conflicto político interno de Venezuela se ha propagado por toda la región, lo que ha llevado al gobierno cada vez más autoritario del presidente Nicolás Maduro a una acalorada disputa con el presidente colombiano de centroderecha Iván Duque, quien insiste en que Maduro salga del cargo antes de una nueva elección presidencial en Venezuela. Lazos diplomáticos rotos, acusaciones mutuas de apoyo a “terroristas' y ejercicios militares a lo largo de la frontera marcan un peligroso punto bajo en las relaciones bilaterales. Ante la ausencia de canales de comunicación y confianza entre las partes, persiste el riesgo de que un incidente violento en la frontera pueda convertirse en una crisis interestatal a gran escala.
Las fronteras terrestres y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela se mantendrán cerradas hasta el próximo 16 de enero de 2021. Mediante el Decreto presidencial 1550, se amplían las restricciones sanitarias en las conexiones territoriales en aras de prevenir nuevos focos de contagio con la pandemia del coronavirus en el país suramericano. El decreto exceptúa situaciones de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía, así como la salida de ciudadanos extranjeros
From 15 October to 3 November, 10,139 applications for the new PEP VI have been registered,  ( this latest round of the Special Stay Permit PEP allows Venezuelans who have entered Colombia prior to 31 August 2020 to regularize their status and access basic rights ) . Additionally, as of 3 November, 127,884 out of 281,770 PEP RAMV have been renewed as of 30 October. 6,923 PEPFF permits  ( PEP for labour purposes )  have been issued since the introduction of the PEPFF in early 2020, including more than 5,000 which were processed virtually
La situación humanitaria e interna del país determinada en gran parte por el reciente impacto de la pandemia del COVID 19, junto a dinámicas de violencia, la pobreza, los desastres naturales tuvo un deterioro considerable de las consecuencias humanitarias, reflejado en un aumento del 31 por ciento de las personas con necesidades respecto al año anterior. El análisis de severidad de las necesidades que prioriza grupos vulnerables y las zonas más afectadas se llevó a cabo a través de un análisis cuantitativo y cualitativo en consulta con los equipos de terreno en varias regiones del país.
There are reports in Putumayo of increased protests by illicit armed groups against actions of the AntiNarcotics police such as fumigation and other methods of eradicating illicit crops, especially around the border region of San Miguel. There are also reports of youths  ( 15 25 years old )  being forcibly recruited in the coca production cycle.
Los resultados de la EDAN arrojaron que las principales afectaciones en el municipio se relacionan con la pérdida de los medios de vida de las comunidades tras la destrucción de más de 197 hectáreas de cultivos para el autoabastecimiento y comercialización, y las afectaciones a pequeñas y medianas empresas de la cabecera municipal que han visto una reducción en la comercialización de sus productos.
Seguridad alimentaria y nutricional y medios de vida Las comunidades coinciden en que se ha dado una reducción de alimentos para el consumo de las familias tras las inundaciones; algunas familias han pasado de tres a un plato de comida al día y disminuyó el consumo de proteína animal. Sumado a ello, se observan dos dinámicas relacionadas con la pérdida de cultivos para el autoabastecimiento: por una parte, se estima que los cultivos de cacao, chontaduro, caña, yuca, arroz, plátano, ñame y maíz que no fueron afectados, podrán abastecer a la población máximo dos o tres meses. Por otra parte, los efectos del agua y los sedimentos en los cultivos están impidiendo la recuperación de estos en el corto plazo. Ambas situaciones preocupan, en tanto se observa un escenario de desabastecimiento que puede tener impactos diferenciales en materia de nutrición especialmente en niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores y personas con discapacidad
Los niveles de malnutrición en Colombia han aumentado de manera drástica desde que la pandemia llegó al país en marzo. La covid 19 ha dejado más de 37 000 muertes a sus espaldas y un aumento de 6,4 % de desempleo en octubre comparado con el mismo mes en 2019. Este porcentaje no incluye a los trabajadores informales, que forman 47 % de la población, según el Departamento Administración Nacional de Estadística  ( Dane ) .