nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
En los hogares en que habitan niños entre 6 y 12 años esa relación es algo mayor al doble  ( CIEDUR 2017 ) . Por tanto, esta situación puede agravarse en hogares de menores ingresos donde las demandas de cuidados son mayores, al tener más dependientes por hogar. En los 6 hogares del primer decil de ingresos, los más pobres, el promedio de niños de hasta 12 años, es 12 veces mayor que la cantidad de niños en promedio de los hogares del decil 10, los más ricos. En el caso de los hogares monoparentales femeninos,  11% del total de hogares en el país , los efectos de esta situación pueden ser aún más graves para todos los niveles socioeconómicos, ya que pueden impedir la realización del trabajo remunerado fuera de la casa o dificultarlo cuando se realiza en el hogar. Pero, puede operar en desventaja mayor para las mujeres más pobres ya que, por ejemplo, en los hogares del primer quintil este tipo de hogar corresponde al 18% del total.
También con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad mediante contagios se decretó la suspensión de clases  ( en un principio por 14 días y posteriormente por tiempo indefinido )  en todos los niveles educativos, públicos y privados, al tiempo que se garantizó la alimentación diaria a los estudiantes que asisten a centros donde almuerzan. Esto incluye el no control de asistencia para evitar la incidencia que puede generar en la aprobación del año lectivo. A partir del 22 de abril las escuelas rurales comienzan a retomar la actividad progresivamente, cumpliendo medidas de seguridad y protocolos de distanciamiento
Entre las medidas de política para enfrentar la crisis del COVID 19 se encuentra la implementación de lo que el gobierno llamó teletrabajo, en los casos que fuera posible, sugiriéndose como alternativa tanto a nivel público como a nivel privado. En realidad, sería más preciso siguiendo los lineamientos de OIT, referirse al uso de las tecnologías de la información y la comunicación  ( TIC )  como, por ejemplo, teléfonos inteligentes, tablets, computadoras portátiles y PC para trabajar fuera de las instalaciones de la empresa  ( OIT 2019 ) .
Para trabajadores dependientes en la actividad privada, mayores de 65 años, de las ramas Industria y Comercio, Construcción, Rural y Servicio Doméstico, se generaron mecanismos de subsidio por enfermedad de manera que puedan cumplir con la exhortación de las medidas de aislamiento.
Entre los estímulos económicos que se previeron para las empresas de diferentes actividades productivas y comerciales, se estableció el diferimiento de impuestos y la posibilidad de pagarlo en cuotas sin intereses, así como también la posibilidad de otorgar préstamos para las empresas unipersonales por parte de la Agencia Nacional de Desarrollo  ( ANDE ) . Esta última medida alcanzaría potencialmente a 67.000 empresas
Se anunció una campaña de sensibilización que se desarrolla a través de los medios de comunicación masiva, nuevos protocolos para el personal de la salud, compra de tobilleras electrónicas y mayor coordinación con el Poder Judicial, a fin de evitar casos de violencia de género o intrafamiliar durante el período de aislamiento por la emergencia sanitaria
Las medidas puestas en marcha a raíz de la declaración de emergencia sanitaria hicieron un fuerte énfasis en la necesidad de evitar el contagio de manera de aplanar la curva de infectados por el virus. En ese sentido, desde ese momento se enfatizó en la necesidad de quedarse dentro de casa, aunque no se tomaron medidas de carácter obligatorio o punible como en otros países. No obstante, el gobierno fue muy insistente a través de todos los medios a su alcance, para convencer a la población de la importancia del confinamiento. Para hacerlo efectivo se limitó la circulación del transporte colectivo, se suspendieron las clases en todos los niveles de la enseñanza, se suspendieron actividades económicas y se modificaron formas de trabajo.
Se ampliaron los cupos para alojar a madres que por disposición de la Justicia deban abandonar sus hogares, y se decidió el diseñó un sistema para que los niños, mediante el Plan Ceibal, puedan solicitar ayuda. Se decide convocar al Consejo Consultivo en materia de Violencia de Género.
Se acordó con la Suprema Corte que los juzgados especializados en violencia de género extendieran los plazos de las medidas cautelares, medida que fue solicitada por las organizaciones feministas adheridas dentro de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Se implementó un protocolo para que los equipos de salud, del ámbito público y privado, pudieran detectar situaciones de violencia doméstica. Con el Ministerio de Educación y Cultura, se diseñó un sistema que le permitiera a niñas y niños solicitar ayuda a través de las computadoras portátiles del Plan Ceibal.
El impacto de la crisis relacionada al COVID 19 sobre el empleo fue casi inmediato desde la irrupción del virus en el país durante el mes de marzo frente a lo cual se lanzó la medida de flexibilización del uso del seguro de desempleo. El desempleo total o parcial que trajo consigo la medida de distanciamiento social agudizó la situación ya desmejorada que se presentaba en febrero de este año. La tasa de desempleo estimada por el Instituto Nacional de Estadística para el total del país en ese mes se ubicó en 10,5%, esto es 2,1 puntos porcentuales superior respecto al mismo mes del año anterior  ( 8,4% )  y 2 puntos porcentuales de diferencia con el valor estimado en el mes anterior  ( 8,5% ) . La tasa de desempleo por sexo indica que las mujeres  ( 12,4% )  presentan mayor nivel de desocupación que los varones  ( 8,8% ) , algo que se ha sostenido históricamente.
La campaña de sensibilización parece haber dado resultados positivos tanto por las consultas recibidas como por dos denuncias de abuso infantil que se hicieron efectivas mediante la plataforma CREA del Plan Ceibal. En consecuencia, Educación Primaria acudió a la justicia y los abusadores fueron detenidos.
Una vez que se recomendó el distanciamiento social, miles de trabajadores formales afectados por cierres de empresas o reducción de horas de trabajo han accedido al seguro de desempleo.20 Durante el mes de marzo se realizaron 81.779 solicitudes de subsidio por desempleo, siete veces más que en un período normal; 68.095 de esas solicitudes tuvieron como motivo la suspensión de actividades  ( 79% ) , 6.995 por reducción  ( 8,1% ) , 6.889 fueron por despido  ( 7,7% )  y 4.265  ( 5% )  se realizaron por el seguro por desempleo parcial creado el 18 de marzo. Casi el 98% de las solicitudes fueron aceptadas. Según un informe accedido por la prensa a principios de mayo, el BPS pasó de pagar 45.937 subsidios en febrero a abonar 109.449, es decir, vio un incremento de 138% en los subsidios.
Por su parte, las personas migrantes recientes  ( llegaron a Uruguay en los últimos cinco años )  según estimaciones con base en la ECH se encuentran ocupadas en su mayoría, en sectores especialmente vulnerables a la crisis actual; aproximadamente el 50% de los hombres y las mujeres migrantes ocupadas se desempeñan en sectores de potencial impacto alto y 20% en sectores de potencial impacto medio alto. En línea similar, el impacto sobre las mujeres de ascendencia afro o indígena14 promete ser más alto que para el resto de los ocupados. Mientras el porcentaje de ocupados en sectores donde el impacto de la crisis será alto está entre 36 38% entre los hombres  ( sin distinción de raza )  y las mujeres de ascendencia blanca/caucásica, ese guarismo alcanza el 42% para las mujeres de ascendencia afro o indígena.
El impacto de la crisis sobre los mercados laborales es heterogéneo según sectores de actividad. La OIT clasifica la repercusión actual de la crisis sobre la producción económica en niveles, con base en datos económicos y financieros en tiempo real de diversas fuentes  ( OIT 2020b ) . Esta clasificación tiene pretensiones globales, pero puede utilizarse al menos de momento, para realizar algunos primeros análisis sobre el posible impacto de la crisis sobre el mercado laboral uruguayo, desde una perspectiva de género.
El riesgo para los trabajadores se distribuye también en forma heterogénea al observar las categorías ocupacionales en las que se desempeñan. Mientras los asalariados públicos tienen el menor riesgo de que sus sectores se vean afectados, alrededor de la mitad de los cuentapropistas, los patrones y los asalariados privados trabajan en sectores que sufrirán una repercusión fuerte durante los primeros meses post llegada del COVID 19. Si se observa por género, es notorio que las mujeres cuentapropistas  ( sea con o sin local e inversión )  serán marcadamente más afectadas que los hombres de la misma categoría.
Las restricciones impuestas a las actividades económicas debido a la expansión global del COVID 19 tienen en el presente y tendrán en el corto y mediano plazo diversos efectos sobre los mercados de trabajo que todavía son difíciles de estimar10 . Sin duda dan lugar a una rápida contracción del empleo en cantidad de puestos y de horas de trabajo. Algunos sectores han sufrido un impacto inmediato como los servicios de alojamiento y servicios de comida, el comercio, el servicio doméstico y las industrias manufactureras. Estos se ven seriamente afectados en algunos casos por la paralización de actividades, en otros por la caída en la demanda de bienes y servicios y por la ruptura de las cadenas de suministro.
Este efecto en la violencia doméstica del confinamiento en Uruguay fue confirmado por la directora del Instituto de las Mujeres quien afirmó que “aumentaron de forma muy significativa las llamadas de orientación y apoyo para casos de violencia doméstica'32 que recibe una línea telefónica abierta a tales efectos. Durante las primeras semanas de abril, se recibieron entre 50 y 80 llamadas diarias33  ( previamente había un promedio de 40 ) .
Los datos de la ECH del año 2019 indican que en ese año 24,8% de la población que trabaja no realizaba aportes a la seguridad social  ( 26% de los hombres y 23,4% de las mujeres27 ) .28 Es decir, uno de cada cuatro trabajadores uruguayos no cuenta con protección social contributiva y necesita de su trabajo diario para su subsistencia. Para agravar la situación, las actividades realizadas por las y los trabajadores informales se ven muy afectadas por las medidas de confinamiento. En promedio, 74% de ellos realiza tareas incompatibles con el T/TICM  ( 82% en el caso de los hombres y 64% en el caso de las mujeres ) . La extensión de la protección social a esta población es clave, buscando asegurar cobertura y suficiencia de las prestaciones para los hogares conformados por trabajadores informales.
Desde el año 2006 hasta 2017 se produjo un aumento en el nivel de empleo en Uruguay. Al mismo tiempo durante todo el período citado y hasta el presente año se viene dando un descenso en la informalidad y la desigualdad salarial y, junto con ello, un aumento del PIB per cápita y del nominal. A pesar de las buenas cifras económicas presentadas debemos destacar también las importantes brechas existentes en el acceso al empleo indicadoras de una fuerte segmentación en el mismo.
Este aumento del empleo se ha venido produciendo en un marco de formalidad constatado por la disminución del denominado empleo informal o en negro, es decir aquel en el cual no se registra a los trabajadores en el sistema de Seguridad Social del BPS. Luego de producirse una acuciante crisis económica financiera en 2002 en el país en donde se llegó a un porcentaje récord de trabajo informal del 40,7%  ( Amarante y Gómez, 2016 ) , las cifras han ido disminuyendo hasta ubicarse en el 24%, según datos brindados por Fernando Vargas  ( 2019 )  de OIT/CINTERFOR. Es decir, uno de cada cuatro trabajadores trabaja de forma irregular. A pesar de ello, Uruguay es el país con menor tasa de informalidad de Latinoamérica
PIB per cápita Junto con el aumento, en general, del empleo, y el descenso del desempleo y de su informalidad junto al constante aumento salarial, en el período analizado, se ha comprobado también un importante crecimiento del PIB per cápita, una vez superados los efectos de la crisis económico financiera de 2002  ( Statista, 2019 ) . Para el año 2006, por ejemplo, Uruguay tenía un PIB per cápita de U$S 7.043.00 y para 2018 de U$S 17.278, el más alto de América Latina y el Caribe  ( MEF, 2019 ) .
Las tasas de empleo de hombres y mujeres llegan al 70,7% para los hombres y 54,9% para las mujeres  ( INE, 2019 ) . Sin embargo, las brechas en el acceso al empleo entre hombres y mujeres son menores en los niveles socioeconómicos altos y notoriamente mayores en los niveles de ingreso y educativos más bajos.
En términos generales hay menos desempleo entre aquellas personas con niveles educativos más altos. Existe también una significativa diferencia de salarios entre quienes cuentan con más y menos años de estudio. El promedio de ingresos líquidos por trabajador con estudios terciarios y profesionales asciende a más del doble de cobrado por un trabajador de menor calificación  ( ECH, 2018, en INE, 2019 ) .
Otra de las brechas de importancia a la hora de acceder a un empleo en Uruguay es la edad. De acuerdo con datos recabados por la ECH  ( 2018 en INE, 2019 )  el nivel de desempleo entre los más jóvenes comprendidos entre los 14 y los 19 años es de 77,8% y entre los de 20 y 24 años es del 26,1%. Los mayores de 25, en cambio, presentan un nivel de desempleo mucho menor ubicado en torno al 11,9%  ( INE, 2019 ) . Entre los menores de 20 años se comprende porque se encuentran en las edades de formación educativa de nivel secundario o técnico. Pero entre los comprendidos entre los 20 y 24 años es un porcentaje demasiado alto e indicaría problemas de calificación, relacionados con la baja preparación educacional existente en un país donde tan sólo 4 de cada 10 jóvenes finaliza la enseñanza básica secundaria  ( INE, 2019 )
2. El acceso bimodal o dual de los trabajadores venezolanos al mercado laboral uruguayo A partir de 2013 comenzó a producirse una llegada masiva a Uruguay y, de forma especial, a la capital, Montevideo, en donde se centralizan los medios de producción económica del país y también deben realizar los trámites de residencia Mercosur según lo establecido en la ley 19.254 de 2014.
La tasa de empleo en nuestro país se ha incrementado desde el 53,6% de la población económicamente activa en enero 2006 hasta 58,9% en diciembre de 2018, último dato registrado por las estadísticas nacionales. No obstante, durante el año 2019 se ha comenzado a producir una tendencia al descenso del empleo  ( MEF, 2019 ) . Esta tendencia continúa manifestándose en la actualidad como efecto de la crisis sanitaria mundial de la pandemia Covid 19.
In August, Uruguay recorded two consecutive days with no deaths from COVID 19, and by the end of the month, the country had fully inoculated 72 per cent of its population.
Uruguay administering a third booster dose of Pfizer to deal with the Delta variant and President Luis Lacalle announced that borders will be open by November for all foreigners who are fully vaccinated. The Ministry of Public Health announced the development of a border contingency plan that include a center that welcomes people in a critical context with positive COVID19 diagnosis who require quarantine.
Los sectores en los cuales se ha incrementado la creación de empleo, en los últimos años serían por este orden: comercio; enseñanza, salud y otros servicios comunitarios; servicios a empresas; construcción; restaurantes y hoteles; transporte y almacenamiento; otras industrias manufactureras; finanzas y seguros; comunicaciones; forestal  ( OPP, 2018 )
Según establece el Artículo 18 del Decreto N° 137/016, que reglamenta la Ley N° 17.692  ( Ratificación del Convenio Internacional del Trabajo N° 181 ) , las personas trabajadoras migrantes reclutadas o colocadas por estas agencias gozan de una protección adecuada a efecto de impedir abusos, pudiendo sancionarse a la agencia hasta con la prohibición o clausura de la habilitación. También se ha impulsado, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS, los Centros Públicos de Empleo.
From December 2020 to February 2021, more than 500 migrants have entered Uruguay applying for refugee status, mostly Cubans and Venezuelans. They need to wait for the COVID 19 test result in different contingency centers before continuing their migratory route.
En materia de educación universitaria, el país permite el acceso equitativo con los nacionales para todos los estudiantes internacionales, incluso manteniendo para todas estas personas acceso gratuito. El estudiantado de países del Mercosur está amparado por el acuerdo de este mecanismo regional que permite el movimiento libre. Los y las estudiantes de otros países pueden solicitar la permanencia de estudiante y tienen acceso a la educación universitaria en igualdad de condiciones que personas nacionales. La visa de estudiante, definida en el Artículo 34 de la Ley de Migración, no impone restricciones para el trabajo. Los y las estudiantes simplemente deben iniciar el trámite de residencia temporal para acceder a un número de documento que les permita la inscripción en el Sistema de Seguridad Social.
Uruguay promueve la igualdad de género para las personas migrantes en la fuerza laboral. La Ley sobre igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en la actividad laboral  ( Ley Nº 16.045 de 1989 ) , establece el principio de igualdad de trato y de oportunidades para ambos sexos en el empleo, prohibiendo toda discriminación que viole ese principio, cualquiera que sea el sector de actividad. Este principio se aplica a las personas migrantes en el país según el Artículo 1 de la Ley de Migración. Además, en el Numeral 6 del Documento Marco sobre Política Migratoria en Uruguay, se destaca la igualdad de género entre los principios generales que orientan y rigen la política migratoria, incluso en el acceso al mercado laboral.
Uruguay superó las 4.000 muertes por COVID 19 el 26 de mayo, lo que lo convierte en el país con mayor número de muertes por el virus en el mundo durante mayo a pesar de que el 47 por ciento de la población ya había recibido una dosis de vacuna y 28 por ciento había recibido las dos dosis.
En Uruguay, los socios también notificaron la situación de dos venezolanas víctimas de trata de personas y la denunciaron ante la Comisión Nacional de Refugiados  ( CORE )  con el fin de activar los mecanismos locales de protección.
Uruguay reforzó los requisitos de ingreso a su territorio ante la amenaza que representa la variante Delta del nuevo coronavirus, del cual aún no se han registrado casos en el país. Todas las personas que ingresen deben someterse a una prueba de PCR 72 horas antes y luego otra al séptimo día desde la primera prueba o, si la prueba resulta positiva, pasar por un período de aislamiento de 14 días.
Uruguay comenzó a implementar el registro de refugiados y migrantes solicitantes sin cédula de identidad uruguaya para incluirlos en el plan de vacunación.
Uruguay hopes to be able to reopen its borders next September. Based on the recommendation of the National Vaccine Advisory Commission, the Ministry of Public Health approved the supply of a third dose of the Covid 19 vaccine to all people who received the primary schedule with the Coronavac vaccine.
In Uruguay, the government loosened restrictive measures to prevent and contain the spread of Covid 19. President Luis Lacalle Pou announced that Uruguayans and residents returning from trips abroad will only be required to have full doses of immunizing vaccinations and will be free from quarantine.
In Uruguay, more than 40 foreigners per month entered the country at the Rivera Livramento border, the Secretary of the Presidency informed the press.
“Quedó habilitado un nuevo trámite en línea que permite a migrantes o solicitantes de refugio, que no tengan documento de identidad uruguayo, registrarse para ser habilitados a ingresar al Sistema de Vacunación contra Covid 19', informó este martes el Ministerio de Salud Pública en un breve comunicado.
Asimismo, resaltó que los “extranjeros que se han radicado y aún no poseen cédula de identidad uruguaya' podrán ser inmunizados “con iguales criterios de tipo de vacuna según grupo de edad'.
Entre tanto, registra 360.247 casos positivos y 5.374 muertos; y cuenta con el 62,2 % de su población vacunada y un 40 % con la pauta completa  ( 3,7 millones de vacunados; 1,5 con dos dosis ) . Las autoridades sanitarias registran
Pese a ello, y aunque durante todo 2020 tuvo una gestión ejemplar de la pandemia, en abril y mayo pasados atravesó su peor momento y actualmente es el segundo país del mundo con más muertes por COVID cada 100.000 habitantes, en los últimos 14 días, solo detrás de Paraguay, de acuerdo con cifras recopiladas por AFP.
“La decisión del Estado de #Uruguay sigue las recomendaciones de la #CIDH en sus Resoluciones 1 y 4/20, y especialmente en la 1/21 sobre vacunas contra el #COVID19'
Uruguay es uno de los tres países suramericanos con menos migrantes venezolanos. Según los datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela  ( R4V ) , en la pequeña nación hay 14.900 ciudadanos venezolanos.
Finally, in Uruguay, after the country's worst moments of the pandemic in April and May, cases declined dramatically in June and July as the result of an intense vaccination campaign which included a registry of asylum seekers and migrants without an Uruguayan identity card, in order to include them in the vaccination plan and resulted in approx. 64% of the population being fully vaccinated by end July
. El elevado costo de la vida en Uruguay y los efectos de la pandemia exigen aumentar la asistencia humanitaria a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, especialmente en lo que respecta al acceso a las oportunidades de empleo y a vivienda adecuada.
The Government of Uruguay declared a state of national health emergency, from March 13, 2020, in the face of the COVID 19 pandemic. From Tuesday, March 17, the Government decided to close the totality of land, waterways and air borders with Argentina. Citizens and residents of Uruguay, transport of goods to Argentina and humanitarian aid20 are exempt.
El deterioro de los medios de vida ha provocado mayores obstáculos para acceder a soluciones de alojamiento sostenibles en condiciones adecuadas376, particularmente en las principales áreas urbanas como el área metropolitana de Buenos Aires o las ciudades de Córdoba, Mendoza y Rosario en Argentina, La Paz en Bolivia y Montevideo en Uruguay.
Las políticas de bienestar y otras políticas públicas que se han puesto en marcha para ayudar a las personas más vulnerables quedan a menudo inaccesibles para personas refugiadas y migrantes de Venezuela debido a barreras legales o administrativas y lagunas en los planes nacionales
La crisis sanitaria ha expuesto a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela a un inmenso estrés debido al aislamiento prolongado en condiciones de hacinamiento y al miedo al futuro, que se ve agravado por un acceso limitado a servicios de salud psicosocial y mental
Uruguay cuenta con legislación para regular la inmigración y la emigración. La Ley de Migración se aplica a “la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas al territorio nacional'. El decreto reglamentario de la Ley de Migración describe las condiciones específicas de ingreso, egreso y permanencia, y la relación con uruguayos en el exterior. Asimismo, establece un marco legal que garantiza a las personas migrantes el acceso y goce de los derechos a salud, trabajo, servicios sociales y educación en pie de igualdad con los nacionales.
En la actualidad, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migración continúa otorgando residencias temporarias. De enero a abril de 2019 el Ministerio de RR.EE. y la DNM otorgaron 1.252 residencias, 1.245 permanentes y 7 temporarias, respectivamente.
La tabla anterior muestra un predominio de ocupación, tanto para hombres como para mujeres, en la categoría de empleado privado seguido de la categoría de trabajador por cuenta propia con local. Con respecto a la distribución de los venezolanos según sector de actividad reflejada en la tabla 3, se puede observar un predominio, a nivel general, de trabajadores en la categoría de comercio, restaurante y hoteles, seguidos de los que trabajan en servicios comunales, sociales y personales.
Al observar el nivel de distribución de los ocupados venezolanos por sexo, si bien en el caso del sector de la actividad del comercio, restaurantes y hoteles el porcentaje a favor de las mujeres no es muy significativo, sí lo es en el sector de servicios comunales, sociales y personales, en el cual ese predominio se debe a las mujeres que realizan tareas de servicio doméstico, cuidados a enfermos y personas adultas mayores. En sectores como los de industrias manufactureras y en el transporte y comunicaciones los hombres presentan un nivel de ocupación bastante mayor al de las mujeres
La normativa de gestión de riesgos aborda los procesos de recuperación, pero no incluye específicamente los temas de migración. No obstante, los derechos de las personas migrantes en la etapa de poscrisis se garantizan en la Constitución y la Ley de Migración. El Artículo 7 de la Constitución garantiza a todos los habitantes sin discriminación el “derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad'.
Uruguay tiene medidas para hacer excepciones a los procedimientos de inmigración para no nacionales cuyo país de origen está en crisis. Contiene especialmente el Estatuto de los Refugiados, para lo cual cuenta con la Ley de Refugiados  ( Ley N° 18.076 ) . Tanto en la Ley de Refugiados como en la Ley de Migración, se establece que es posible iniciar la solicitud de refugio aun cuando la persona no nacional carezca de identificación válida. Los trámites de refugio son gratuitos y se deben hacer en persona de forma escrita o verbal en Montevideo, en el interior del país o en la frontera.
La Ley de Migración establece que la Dirección Nacional de Migración  ( DNM )   ( adscrita al Ministerio del Interior )  es responsable de “Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia y egreso de personas del país, en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, así como declarar irregular el ingreso o permanencia de personas extranjeras cuando no pudieran probar su situación migratoria en el país'. La DNM tiene sistemas electrónicos para monitorear el exceso de estadía. En el año 2018 se profundizó la adecuación tecnológica del Sistema Migratorio, adquiriendo 11 servidores nuevos, lo que permitió incrementar la agilidad del sistema de control migratorio
Si tenemos, nuevamente, en cuenta el nivel de calificación de los trabajadores venezolanos y los trabajos por ellos realizados, se puede observar un alto grado de sobre calificación. Esta sobre calificación alcanza cerca del 20% entre los hombres y más del 26% entre las mujeres  ( ECH, 2012 2018 ) , que contrasta con el cerca del 7% entre los hombres nativos no migrantes y un poco más del 5% entre las mujeres nativas no migrantes y del 11% entre los hombres migrantes antiguos y un 10 % entre las mujeres migrantes antiguas  ( Facal, 2017 ) . Esta circunstancia implica un riesgo para quienes los contratan
Destaca una fuerte inclusión, en el caso del trabajo por cuenta ajena para los hombres, en el sector servicios y, en concreto, en las ventas  ( 35% )  seguida del sector de ayudante de cocina y de caja en supermercados y, un poco por detrás, de cocineros, mozos, cadetes, delivery, recepcionista de hotel, etc. El resto de los trabajos se encuadran también en el sector de los servicios. Aunque más limitado, se detecta un acceso a puestos de mayor calificación. Considerando el alto grado de nivel de calificación, con los trabajos realizados al llegar al país, se aprecia una fuerte sobre calificación explicada por el hecho de verse obligados a acceder a un trabajo por debajo de su nivel de estudios con el que poder hacer frente a los gastos que conlleva vivir en Uruguay
En ambos casos destacan los emprendimientos de comida venezolana, la apertura de gimnasios y academias de baile relacionados con la enseñanza de bailes caribeños y, aunque en menor medida, la apertura de estudios de abogacía o contable. Una vez estos trabajadores venezolanos comienzan a utilizar sus redes sociales y sus titulaciones técnicas o universitarias de origen son reconocidas, se produce un interesante cambio en el acceso a puestos de mayor calificación y de salarios más elevados, por cuenta ajena, como se puede apreciar en los gráficos 6 y 7
El Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se encargan de monitorear la situación de los migrantes en nuestro país para detectar con ello posibles situaciones de xenofobia o racismo e incluso de trata de personas con propósitos de explotación laboral o sexual
Las personas no nacionales también tienen acceso a la educación profesional en igualdad de condiciones con las ciudadanas. Asimismo, de acuerdo con los Artículos 9 y 11 de la Ley de Migración, encontrarse en situación migratoria irregular no es impedimento para acceder a servicios gubernamentales relacionados con los derechos a la salud o la educación.
Según los Artículos 16 y 17 de la Ley de Migración, “Las personas migrantes tendrán igualdad de trato que las nacionales con respecto al ejercicio de una actividad laboral' y “El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que las personas migrantes no sean privadas de ninguno de los derechos amparados en la legislación laboral a causa de irregularidades en su permanencia o empleo'. Los residentes permanentes, temporales y en reunificación familiar tienen acceso al autoempleo y, en caso de adquirir la ciudadanía legal, pueden acceder a empleos en el sector público6 en las mismas condiciones que los nacionales. Los/las empleadores/as también pueden contratar personas migrantes que se encuentren tramitando su documento de identidad y residencia.
Del mismo modo, todos los residentes extranjeros temporales en Uruguay tienen el derecho a solicitar permiso de residencia permanente en igualdad de condiciones. El Decreto No 394/009 del 2009  ( Reglamentación de la Ley de Migración )  establece que todas las personas con residencia temporal pueden cambiar a residencia permanente desde el mismo territorio nacional.
La reunificación familiar es posible para todas las personas migrantes en todas las categorías de visa o residencia. En primera instancia, la protección de la familia se establece en la Constitución de 1967, en el Artículo 40: “La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad'. La Ley de Migración define específicamente la reunificación familiar para todas las personas migrantes en el país. El Artículo 10 destaca: “El Estado uruguayo garantizará el derecho de las personas migrantes a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, de acuerdo con el Artículo 40 de la Constitución de la República'.
Uruguay adoptó una política para combatir los delitos de odio, violencia, xenofobia y discriminación contra las personas migrantes. La Ley de Migración garantiza “el derecho a la igualdad de trato con el nacional en tanto sujetos de derechos y obligaciones'. La Ley de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación  ( Ley No 17.817 del 2004 ) , creó la Comisión Honoraria homónima con el objetivo de proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir toda forma de discriminación.
El país involucra formalmente a las organizaciones de la sociedad civil y la diáspora en el establecimiento de la agenda y la implementación de temas relacionados con la migración. El Consejo Consultivo Asesor de Migración  ( CCAM ) , creado por el Artículo 26 de la Ley de Migración, está integrado por organizaciones sociales y gremiales especializadas en la temática migratoria y en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.
Although the Southern Common Market  ( MERCOSUR for its acronym in Spanish )  suspended Venezuela, the Uruguayan government has provided Venezuelan migrants access to the formal labor market and basic services. However, since March 2020, the borders with Argentina and Brazil remain closed. Despite the border closure currently in place, migrants from Colombia, Cuba, Venezuela, and other nationalities continue entering the country through Rivera, Chuy, Rio Branco, and Fray Bentos.
Uruguay: URC has printed and distributed 1,381 guides for migrants with the resources available for them in the communities. The last 1000 got distributed in December 2020.
Uruguay: In the context of the health emergency in response to COVID 19, the host community's unmet basic needs have increased xenophobic behavior towards people in a migration context. That is because the people's collective imagination in Santa Rosa's community identifies the Uruguayan Red Cross as a unilateral response to the needs of migrants.
En cuanto a la distribución por edades, existe un predominio de personas comprendidas en las edades activas laboralmente y principalmente entre los 26 y 35 años en donde es mayor y entre 36 y 45 años  ( ECH, 2012 2018; Encuesta realizada para esta investigación entre 2019 y 2020 ) . Esta información revela como la población venezolana llegada a Uruguay, se encuentra en edades adecuadas para incorporarse a la fuerza de trabajo nacional y, en el caso de las mujeres, se en edades fértiles. Este último dato es relevante en un país caracterizado por tener una baja natalidad y presentar una tasa global de fecundidad de 1,6 hijos por mujeres, y ser, al mismo tiempo, el más envejecido de Latinoamérica  ( INE, 2019 ) . De la mano de lo anterior, destaca también, en la información brindada por las ECH un importante porcentaje de población menor de 18 años cuya incidencia es significativa en un país como Uruguay en donde la población menor de dicha edad no llega a representar el 30% de la población total  ( INE, 2019 )
Nivel de estudios Esta variable se encuentra muy conectada con la inclusión de los venezolanos en el mercado laboral uruguayo. La misma permite conocer el grado de calificación de estos trabajadores y, al mismo tiempo, saber si presentan sobre calificación para los puestos de trabajo a los cuales acceden. Es destacable el alto porcentaje, tanto para hombres como para mujeres, que poseen titulación universitaria completa, casi un 60% en promedio, e incluso posgrados, cercana al 10%, muy por encima de la media de la población uruguaya que alcanza apenas el 12,3%  ( ECH, 2012 2018; Encuesta realizada para esta investigación entre 2019 y 2020 )
Categorías y sectores de trabajo ocupados por los trabajadores venezolanos En primer lugar, es destacable el alto grado de ocupación de los trabajadores venezolanos en el mercado laboral uruguayo. De acuerdo con la información brindada por las ECH del período 2012 2018 analizadas de forma combinada para asegurar un número de casos aceptable para el análisis inferencial de la información obtenida, existe una ocupación del 90% de media entre hombres y mujeres, en las edades comprendidas entre los 18 y los 64 años contra una un poco superior a la del 60% de la población uruguaya.
1.710 venezolanos migrantes en condiciones de vulnerabilidad.
El 60% de esta población son menores de edad  ( aprox. 1.020 niños )
+5.000 posiciones publicadas

Clasificados Veneguayos Instagram: + 17.000 seguidores Facebook: + 18.000 seguidores
• Creación del Fondo Coronavirus para financiar gastos extraordinarios por la crisis.
En un contexto en el cual muchas personas perdieron su ingreso, mantener el acceso a una vivienda se tornó casi imposible para ellas, y a su vez los retos de cubrir las necesidades básicas de alimentación y vivienda han hecho difícil dar continuidad a la búsqueda laboral.
La reducción general de fuentes laborales en Uruguay a causa de la emergencia sanitaria COVID 19 ha profundizado las necesidades básicas de las personas refugiadas y migrantes. Muchas personas que tenían empleo han sufrido la suspensión de contratos, reducción de sus horarios laborales, despidos injustificados, falta de pago de sueldos, violaciones de los derechos laborales, falta de nuevas oportunidades laborales, entre otros. Las personas que trabajaban de manera informal se han visto afectadas particularmente en este período por la reducción de la actividad económica y la oferta laboral.
• Proyecciones de crecimiento del PBI de Uruguay son del  4%
Asimismo, el acceso a la vivienda se volvió aún más desafiante por la emergencia, ya que el atraso en el pago del alquiler ha generado desalojos  ( sobre todo de pensiones temporales que son habituales entre refugiados y migrantes ) , y porque para rentar una nueva casa o departamento se requiere la presentación de tres recibos de sueldos.
• Promoción del teletrabajo.
Según datos oficiales en Uruguay, la mayor concentración de población de interés se presenta en los departamentos Montevideo, Canelones, Rivera, Maldonado y Colonia.
• Subsidio a monotributistas equivalente a 170 dólares mensuales  ( por dos meses )  que alcanzará a 10.000 monotributistas registrados.
En el caso de Uruguay, el porcentaje de mujeres fue de 34% y un 7% eran niños, niñas o adolescentes.
La Cruz Roja Uruguaya brinda asistencia remota, distribuye kits de asepsia, de protección y alimentos para las perso  nas mayores, comunidades vulnerables, jóvenes detenidos, personas migrantes, además de atender y realizar acom  pañamiento remoto de las personas mayores y cursos online sobre primeros auxilios y coronavirus.
Dependiendo de la base de cálculo, estas personas representan entre el 11% y 15% de los venezolanos que residen en Uruguay. El 11%  ( aprox. 200 personas )  son población de riesgo del COVID 19*.
+ 800 profesionales asesorados

Enfermería, contaduría, ingeniería, medicina, entre otras. Taller de emprendimiento con destacadas incubadoras de negocios de Uruguay
Donación de 25 calentadores de agua y 20 máquinas lavadoras de alta presión para Uruguay para mejorar la higiene de la población del penal y prevenir el contagio y la propagación del virus en el sistema penitenciario del país, que cuenta con 12 mil personas privadas de la libertad.
Entre aquellas mujeres que viajaron solas, 39 por ciento reportó ser víctimas de violencia física, 24 por ciento reportó sufrir violencia verbal, 12 por ciento dijo ser víctima de violencia sexual y 9 por ciento expresó haber vivido violencia psicológica
Se observa que el 73 por ciento de las mujeres empleadas trabaja en el sector informal. De ese porcentaje, la gran mayoría tenían 18 34 años  ( 69% )
La amplia mayoría de los encuestados afirmó tener planificado quedarse en Uruguay, particularmente el 62% declaró que su estancia en Uruguay es indefinida. El 3,5% declaró no tener planeado quedarse en el país, y el 34% restante no saberlo aún.
En cuanto a la edad, las mujeres entre los 18 y 24 años son el 28 por ciento, entre los 25 y 34 años son el 38 por ciento, entre los 35 y 44 son el 19 por ciento y el 10 por ciento corresponde a las mujeres entre los 45 y 54. Solo el 5 por ciento de las mujeres tienen 55 años y más.
Los resultados obtenidos muestran que el 96% de los ciudadanos poseía documento de identidad. El documento utilizado hasta la llegada a Uruguay para cruzar fronteras fueron principalmente el pasaporte con un 97% y el 3% para la cédula de identidad.
Resumen de la situación Entre el 1 de enero y el 22 de febrero de 2020, 6 países notificaron casos confirmados: Argentina  ( 45 casos, incluida una defunción ) , Brasil  ( 338 casos, incluida una defunción ) , Canadá  ( 1 caso ) , Chile  ( 2 casos ) , Estados Unidos de América  ( 5 casos )  y Uruguay  ( 2 casos ) .
En ese sentido, es posible que una proporción significativa de mujeres jóvenes migrantes y refugiadas de Venezuela se sientan inseguras al intentar acceder a servicios de salud porque no tienen estatus migratorio regular y ninguna prestación laboral en los trabajos precarizados a los que acceden por razones de género, como es el de trabajo doméstico.
En cuanto a la situación migratoria al momento de la encuesta, el 36% de los venezolanos declararon tener residencia permanente, el 30% se encontraban tramitando la residencia permanente, el 18% declararon estar tramitando la residencia temporal, y el resto de las categorías consultadas tienen un peso inferior al 3%.
El 34 por ciento de mujeres entrevistadas reportaron viajar solas de las cuales 67 por ciento tenían entre 18 34.
El 15 por ciento de los migrantes venezolanos han experimentado discriminación, identificándola en un 75 por ciento con su nacionalidad, un 9 por ciento con su situación económica, un 9 por ciento con su preferencia sexual y un 2 por ciento con su identidad de género. Cabe destacar que las personas que respondieron por situación económica e identidad de género son todas mujeres.
The average number of hospital beds in LAC is 2.1 per 1,000 population, that is less than half of the OECD average of 4.7.
Cuando se les consultó sobre cómo evaluaban el acceso al alimento en Uruguay, el 33% manifestó Excelente, el 52% Bueno, el 14% Adecuado, y el 1% Insuficiente.
Health spending in Latin America & the Caribbean  ( LAC )  was about USD 1,000 per person in 2017, only ¼ of what was spent in OECD countries  ( adjusted for purchasing power ) . At the same time, health systems' capacity is also considerably lower, including the ability to provide access to services of good quality to the most vulnerable groups.
Así, el total de nacionales recientes venezolanos es inferior al stock, sin embargo, el 80% del total de ciudadanos venezolanos en Uruguay, llegó al país entre 2012 y 2017.
También se les consultó sobre si desempeñaron alguna actividad sin recibir el pago acordado, arrojando que el 89% respondió que no, el 8% que sí recibió como pago menos de lo acordado y el 1% que no recibió ningún pago. El 8% representa a 33 casos, los cuales se distribuyen 2 en Argentina, 5 en Brasil, 1 en Colombia, 3 en Ecuador, 5 en Perú y 17 en Uruguay.
Considerando el momento en que se realizó la encuesta  ( diciembre 2020/enero 2021 )  el 39 por ciento de los encuestados tenían un tiempo de haber llegado al Uruguay de entre 13 y 24 meses, un 26 por ciento entre 24 y 36 meses y un 26 por ciento entre 6 y 12 meses. Se puede observar por estos porcentajes que la gran mayoría de los encuestados ya llevaban por lo menos seis meses viviendo en Uruguay. Solo un 1 por ciento informó que había llegado entre una y cuatro semanas antes del momento de la encuesta.
La población venezolana encuestada en Uruguay durante esta ronda se caracteriza por ser joven en las edades activas centrales y con poco peso de personas en edades de retiro económico. El rango de edad del 75 por ciento de las personas encuestadas oscila entre los 25 a los 44 años. De ellos, el 40 por ciento tiene edades entre los 25 y 34 años mientras que el 35 por ciento tiene entre 35 a 44 años. Las personas mayores de 55 años son el grupo etario con menor presencia, representando el 4 por ciento de las personas encuestadas. Sin embargo, es un grupo importante al que tener en cuenta en el contexto de la pandemia de COVID 19.
En el momento en el que se realizó la encuesta, más de la mitad de los venezolanos encuestados reportaron tener residencia permanente  ( 58% ) , seguido de un 17 por ciento que declararon estar tramitando su residencia permanente y un 8 por ciento que tramitaban su residencia temporal. En menor proporción, el 7 por ciento declaro tener un permiso de residencia temporal, el 5 por ciento un permiso de ingreso como turista de turista y el 2 por ciento eran refugiados/ con solicitud de refugio.
Al ser consultados si la situación en la que sus ingresos se vieron afectados se había solucionado, el 40 por ciento expresó que la situación no había llegado a resolverse. Un 18 por ciento indicó que retomaron el trabajo, seguido de un 18 por ciento que confirmó que le habían vuelto a aumentar las ventas o clientes, un 17 por ciento que manifestó que le habían vuelto a asignar sus horas de trabajo, un 17 por ciento consiguió un nuevo empleo y a un 14 por ciento le volvieron a subir el salario.
Teniendo en cuenta el contexto actual, es de especial relevancia entender las particularidades de este segmento de encuestados expresamente en relación a su situación de vivienda. De esta manera, del total de encuestados que reportaron que en su hogar hubo algún miembro que tuvo síntomas del COVID 19, un 82 por ciento vive en una vivienda alquilada, y un 18 por ciento en vivienda compartida  ( Gráfico 38 ) . A su vez, el 41 por ciento de este grupo especifico de encuestados respondió que comparten el hogar con personas que no son de su núcleo familiar  ( Gráfico 39 ) . Finalmente, en los últimos seis meses, de este grupo de encuestados que declaró que algún miembro de su hogar tuvo síntomas del COVID 19, un 14 por ciento expresó haberse enfrentado a falta de capacidad de pago en el lugar en el que está habitando, seguido de un 9 por ciento que manifestó enfrentarse a condiciones de hacinamiento, un 9 por ciento reportó vivir en una estructura insegura y un 5 por ciento subrayó enfrentarse a un riesgo de desalojo  ( Gráfico 40 ) .
Principalmente entre el porcentaje de mujeres que se declararon en situación de desempleo en Uruguay con relación al porcentaje de hombres que declaran lo mismo. Tal es así, que el 46% de las venezolanas encuestadas se encontraban desempleadas frente al 33% de los hombres que también lo estaba. En Venezuela, estos porcentajes eran de 12% entre las mujeres y de 10% entre los hombres.
Del total de 303 personas encuestadas el 43 por ciento son hombres y el 57 por ciento mujeres, lo que da cuenta de un perfil levemente feminizado. Así mismo, de todas las personas encuestadas, solo un 4 por ciento reportaron tener doble nacionalidad.
El 55 por ciento de la población venezolana encuestada en Uruguay manifestó estar soltera mientras que un 34 por ciento reportó estar casada o contar con algún conviviente en estos momentos. Con un menor porcentaje, el 8 por ciento reportó estar divorciado y el 3 por ciento viudo.
La gran mayoría de los encuestados reportaron que el documento que usaron para ingresar en Uruguay fue el pasaporte  ( 81% ) , seguido de la cédula de identidad venezolana/DNI  ( 17% )  y finalmente, la partida de nacimiento  ( 2% ) .
Como se muestra en la Figura 2, la gran mayoría de los migrantes venezolanos encuestados manifestaron ser residentes del departamento de Montevideo  ( 80% ) . Otros departamentos que fueron mencionados donde los encuestados son residentes fueron los siguientes: Canelones  ( 11% ) , Maldonado  ( 5% )  y Colonia  ( 3% ) .
Al ser Montevideo el lugar donde la mayoría de los encuestados reportaron ser residentes, se consideró necesario analizar su residencia a nivel barrio. El barrio que fue mayormente mencionado por los migrantes venezolanos fue el Centro  ( 9% ) , seguido de Barrio Sur  ( 7% ) , Cordón  ( 7% ) , Pocitos  ( 5% )  y Aguada  ( 5% ) .
Del total de venezolanos encuestados, la gran mayoría manifestó no haber experimentado ningún problema de movilidad desde el comienzo de la pandemia  ( 89% ) . Sin embargo, un 4 por ciento reportó haberse quedado varado en Uruguay, otro 4 por ciento mencionó que un familiar había quedado varado en Uruguay y un 1 por ciento dijo que quedó varado en otro país.
En lo referente al trabajo en sector formal vs informal, el 79 por ciento de los migrantes venezolanos encuestados reportaron trabajar en el sector formal, mientras que un 17 por ciento declaró trabajar en el sector informal. En ambos sectores, es mayor la proporción de mujeres que de hombres, 42% y 37% en sector formal, 9% y 8% en sector informal respectivamente.
En lo referente al envío de remesas, el 40 por ciento de los migrantes venezolanos encuestados respondió que si enviaba remesas. Al ser preguntados si su capacidad para enviar las mismas se había visto afectada desde el comienzo de la pandemia, el 41 por ciento reportó que sí, un 31 por ciento expresó que no y un 27 por ciento manifestó que no se lo habían solicitado.
Al ahondar entre los encuestados sobre a dónde acuden cuando tiene alguna situación de salud, el 47 por ciento declara a la Mutualista por FONASA, un 42 por ciento al Seguro médico del estado, un 2 por ciento no buscan asistencia, un 2 por ciento se apoya en un amigo o familiar y, por último, un 2 por ciento acude al servicio de emergencias.