nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Es necesario contar con apoyo complementario en filtros de agua y tanques con tapa para abastecimiento, almacenamiento y acceso a agua y kits de higiene para las familias desplazadas interveredalmente, en el casco urbano y en las veredas confinadas. Fortalecimiento del manejo y medidas de saneamiento básico para las familias desplazadas y confinadas, para evitar el contagio de la COVID 19.
Se requiere implementar procesos para el fortalecimiento de la educación, acompañamiento a docentes en crisis y actividades lúdicas dirigidas no sólo a niños y niñas, debido a que se ha identificado la necesidad de incluir a los adolescentes y jóvenes, afectados por estas emergencias y que se encuentran en riesgo de reclutamiento.
Desde el 18 de marzo, cuando se presentaron enfrentamientos entre dos GDO en la vereda Santa Catalina y amenazas en contra la población civil, estos grupos dieron la orden de no desplazarse en zona rural, ni movilizarse en este territorio del municipio del Charco, generando inicialmente restricciones en la movilidad para siete veredas  ( Santa Catalina, Las Mercedes, Matapalo, El Carmelo, San José, Espabe y Cuil ) .
El número de personas desplazadas continuó aumentando, ante la persistencia de dichas acciones armadas, identificando así aproximadamente a 782 personas  ( 344 familias )  afrodescendientes desplazadas interveredalmente, mientras a la cabecera municipal llegaron al menos 1.237 personas  ( 495 familias ) .
Debido al hacinamiento en el albergue del municipio y en las casas de familiares y amigos de las comunidades receptoras, donde se alojan temporalmente las 839 familias desplazadas, se requiere atención complementaria con kits de cocina, albergue y hábitat, para las familias que se encuentran tanto en el casco urbano como las que se han desplazado de forma interveredal en la zona rural, de acuerdo al censo entregado a la UARIV por parte de la administración municipal.
se estima que la inseguridad alimentaria aumentó considerablemente. Mientras que se estimaba que unos 700.000 colombianos padecían una grave inseguridad alimentaria antes de la emergencia sanitaria por la COVID 198 , para septiembre de 2020 esta proyección aumentaba a 3,5 millones de personas; con un impacto mayor para hogares con jefatura femenina, que presentan mayores niveles de inseguridad alimentaria y mayor uso de estrategias de afrontamiento negativas, como la disminución del número de comidas y porciones
Se requiere asistencia humanitaria urgente con alimentos para aproximadamente 3.459 personas  ( 1.393 familias )  afectadas por confinamiento y desplazamiento, tanto en el casco urbano y en las veredas del municipio de El Charco. Se conoce que no se cuenta con tiendas en las zonas afectadas para acceder a los alimentos, situación que podría prever el desabastecimiento de alimentos y otros medios de vida.
En 2021 el municipio de El Charco, zona costanera de Nariño, se ha visto afectado por la presencia de grupos delictivos organizados  ( GDO )  e intensificación de su accionar en el marco de las disputas por el territorio, especialmente en la subregión Sanquianga. Más de 3.459 personas  ( 1.393 familias )  de población afrodescendiente se encuentran afectadas por confinamiento y desplazamientos masivo, entre las cuales se identifican a niños, niñas y adultos mayores como parte de la población víctima, y quienes hacen parte de los Consejos Comunitarios Unión y Lucha, Prominga Tapajeña, El Libertador y Progreso con Justicia y Paz.
Las comunidades confinadas presentan restricciones en la movilidad para circular en los ríos hacia las veredas y al casco urbano  ( por orden de un GDO ) , impidiendo también el acceso a fuentes de agua de la cual dependen sus medios de vida y acceso a alimentos, entre otros. Por la misma causa, al menos 10 familias manifestaron recibir amenazas y pidieron protección a la personería municipal y la alcaldía, mientras que algunas familias debieron permanecer resguardadas en la estación de policía.
ARTICULO 4.  OCUPACION DE UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO. Durante el periodo establecido en el presente decreto, deben ser suspendidos y reprogramados los procedimientos quirrgicos de baja, mediana o alta complejidad electivos o diferibles, que puedan requerir hospitalización general, unidad de cuidado intensivos o intermedios. Se exceptüa la atención oncologica y pediátrica.
ARTICULO 5.  INTENSIFICACION DE LA ESTRATEGIA DETECTO, AISLO Y REPORTO. Las EPS y demás entidades obligadas a compensar deben intensificar las acciones para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1109 de 2020 que reglamenta el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible  PRASS programa DAR para Bogota D.C
La respuesta hasta el momento no es suficiente para cubrir las necesidades del total de la población afectada en el municipio, debido a que la emergencia ya lleva algunas semanas y se presentan vacíos en la atención. Es urgente poder contar con la respuesta en subsidiaridad por parte de la Gobernación de Nariño y la Unidad para las Víctimas, y de igual manera se requiere apoyo complementario por parte del Equipo Local de Coordinación  ( ELC )  de Nariño. La Alcaldía de El Charco hizo la solicitud al ELC, ante las dificultades de acceso que ha tenido la institucionalidad para el ingreso a las zonas afectadas.
Se requieren medidas urgentes para la atención y protección de las comunidades de las veredas El Carmelo, San José, Santa Catalina, Las Mercedes, Matapalo, Espabe, Isupi y Cuil afectadas por desplazamiento y confinamiento, debido a la presencia y accionar de los grupos armados. Se solicita acompañamiento y atención de la institucionalidad, para que se garantice la seguridad en el territorio, y establecer medidas de prevención y protección para las comunidades afrodescendientes, por el miedo que manifiestan al retiro de la fuerza pública del territorio.
Mediante Circular Externa 18617 del 2 de julio el Ministerio de Salud ordenó a nuevas reglas para los alcaldes y gobernadores de los departamentos en los que la ocupación de camas tiene niveles por encima del 85%.
El 15 de abril se realizó el lanzamiento de  “Todos somos Barranquilla', un programa de empleabilidad para la población migrante radicada en la capital del Atlántico. La iniciativa, liderada por la alcaldía de Barranquilla con el apoyo de The Mayors Migration Council  ( MMC ) , tiene como objetivo vencer las barreras de acceso al mercado laboral de 100 migrantes venezolanos y ofrecer alternativas para la generación de ingresos.
Las inscripciones a la convocatoria estarán abiertas hasta el 30 de abril y quienes sean seleccionados recibirán capacitaciones en áreas con alta demanda laboral, orientación profesional y psicosocial, y preparación para la empleabilidad.
En el primer trimestre, al menos 38.559 personas  ( 9,312 familias )  fueron víctimas por desplazamiento y confinamiento, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba.
Las acciones armadas  ( enfrentamientos entre grupos armados no estatales, hostigamientos, combates, incursiones, entre otras )  han causado el 80% de los desplazamientos masivos entre enero y marzo de 2021. Así mismo, acciones individuales y directas contra población civil como amenazas, atentados y homicidios causaron el 20% de los desplazamientos masivos en este mismo período.
Preocupa Murindó, ya que desde 2020 presenta paralelamente una situación de confinamiento en comunidades indígenas, además de ser uno de los confinamientos con más duración registrado hasta el momento.
América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo  ( según homicidios, ver la figura R16 ) . Además, los países de ALC exhiben tasas de victimización por delitos y homicidio mucho más altas que otros países con niveles similares de desigualdad  ( figura R17 ) . Para lograr una comprensión más amplia de cómo la violencia afecta a las personas en ALC, este capítulo sigue una tipología para distinguir los siguientes tres tipos de violencia: violencia criminal  ( violencia interpersonal o colectiva vinculada a actividades delictivas ) , violencia política  ( violencia interpersonal y colectiva que se da en relación con agendas sociopolíticas ) , y violencia social y doméstica  ( violencia interpersonal y ocasionalmente colectiva ligada a conflictos entre personas que no conviven en el mismo hogar  [ social ]  o a las que lo hacen  [ doméstica ]  ) .
Desde el 19 de febrero, al menos 1.167 personas  ( 239 familias )  de cuatro comunidades indígenas del Resguardo Embera Jurubirá Chorí  ( Jagua, Chorrito, Puerto Indio y La Loma )  se encuentran en confinamiento tras la incursión de un grupo delincuencial Organizado  ( GDO ) , quienes en su momento, a través de amenazas, restringieron el acceso de las comunidades para realizar actividades de sustento como la pesca y la agricultura. También realizaron amenazas directas contra el gobernador indígena de la comunidad de Jagua, el robo de animales de las comunidades para alimentar a los integrantes del grupo armado e impusieron restricciones para el uso de teléfonos celulares para comunicarse con el exterior. Por todo lo anterior, hubo demoras y limitaciones para acceder a información sobre la situación de confinamiento en estas comunidades.
• Protección: Se requiere el ingreso de una misión por parte de la Alcaldía municipal y otras entidades del nivel municipal y departamental para activar la ruta de prevención, protección y atención de las víctimas por confinamiento. Tambien es necesario el ingreso permanente de la Fuerza Pública  ( Armada o Ejército Nacional ) , considerando que el grupo armado normalmente ingresa a las comunidades por un periodo de 8 a 15 días y se retira cuando hay operativos militares.
Seguridad Alimentaria y Nutricional  ( SAN ) : Es necesario realizar entrega urgente de kits alimentarios con enfoque étnico diferencial en las comunidades confinadas
Medios de Vida: Se requiere la reactivación económica de las actividades de agricultura y turismo de estas comunidades, acompañada de acciones en materia de protección y prevención.
BOGOTÁ, 19 mayo  ( Reuters )    Colombia reabrió el miércoles sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas con Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, pero decidió mantener cerrados los pasos con Venezuela, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Colombia acumula 3,1 millones de casos positivos de coronavirus y más de 82.000 muertes, mientras ha aplicado 7,71 millones de dosis de vacunas contra el virus.
El presidente de Colombia, Iván Duque, descartó a mediados de abril la posibilidad de reabrir pronto la frontera con Venezuela por los altos niveles de contagio de la pandemia de COVID 19 en la nación petrolera.
Debido a las fuertes lluvias entre el 30 de abril y 2 de mayo, se generaron inundaciones en zonas rurales y urbanas de los municipios de Villavicencio, El Dorado, Puerto López, Puerto Lleras, Cabuyaro y Cumaral, afectando a cerca de 543 familias  ( >2,286 personas )  debido al desbordamiento de siete ríos  ( Guatiquia, Guayuriba, Ariari, La Cal, Humea, Metica y Rionegro ) , entre otros afluentes. Cerca de 170 personas han sido evacuadas por las afectaciones en las viviendas. En el municipio de Villavicencio se establecieron dos albergues para alojar a las familias evacuadas. Por otra parte en el municipio de Puerto López se estableció una institución educativa para este fin, así como en El Dorado.
Según los datos proporcionados por la Defensa Civil Seccional Meta, cerca del 37% del total de personas damnificadas  ( apróx. 807 personas ) , y el nivel de afectación de otros municipio es menor pero con impacto importante, como es el caso de: Puerto Lleras, seguido por El Dorado  ( 36% )  Puerto López  ( 11% ) , Cabuyaro  ( 9% ) , Villavicencio  ( 8% )  y Cumaral  ( 3% ) . De igual manera se han reportado cinco puentes con afectaciones en los municipios de Villavicencio y El Castillo, se están utilizando vías alternas para el tránsito hacia éstos.
Se identificaron necesidades en seguridad alimentaria y nutrición de la población damnificada, pues algunas familias perdieron la totalidad de sus enseres, presentándose necesidad de kits alimentarios. También se reporta la pérdida de cultivos y animales de cría en las zonas rurales perjudicadas, generando afectación a la subsistencia de estas familias, especialmente en municipios que ya han sido afectados durante el 2021, como El Dorado, Villavicencio y Puerto Lleras
Descripción de la buena práctica: Del esfuerzo de las autoridades Awá, mayores, consejeros, madres y padres, docentes, niños, niñas y adolescentes del pueblo ɨnkal Awá por desarrollar el PEC ɨnkal Awá UNIPA  ( Riveros y Marroquín, 2020 ) , surgió de la necesidad de contar con una etnoeducación que respondiera a las demandas y características de los estudiantes, dando continuidad a los conocimientos y valores del pueblo Awa, para mantener su identidad y garantizar su pervivencia. Se asume que la educación propia abarca todo el ciclo de vida del ser humano, por lo que va más allá de la escolaridad. Desde esta perspectiva se han desarrollado lineamientos educativos para una formación integral de los educandos, permitiendo que adquieran las habilidades necesarias para desenvolverse en su medio y en diversos contextos.
Agua, Saneamiento e Higiene: Es importante acompañar con kits de higiene y que además la población afectada pueda contar con agua potable para su aseo personal y preparación de alimentos de manera higiénica. Se requieren kits de prevención COVID 19, ante posibles casos de contagio de COVID 19 que puedan presentarse en las comunidades afectadas, especialmente en los albergues establecidos por los municipios para atender a las personas evacuadas.
Albergues y elementos de hábitat: Se evidencian necesidades en kits de noche, ya que las familias damnificadas perdieron enseres como colchonetas, frazadas, camas, entre otros como kits de cocina.
Salud: Se evidencia la necesidad del acompañamiento en campañas de salud, en especial para niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y mujeres gestantes, debido a las plagas que surgen por las inundaciones; las cuales pueden propagar enfermedades como: Hepatitis A, diarrea, dengue, fiebre amarilla, entre otras que pueden afectar a la población damnificada.
El Gráfico 25 muestra las cifras globales anuales de personas anteriormente apátridas que, según los informes, han adquirido o confirmado la nacionalidad. Desde el inicio de la campaña, una cantidad especialmente elevada de personas ha visto confirmada su nacionalidad en Tailandia  ( 72.400 ) , la Federación Rusa  ( 67.200 ) , Tayikistán  ( 44.600 ) , Uzbekistán  ( 41.500 ) , Suecia  ( 37.400 ) , Kirguistán  ( 28.800 ) , Colombia  ( 28.500 ) ,116 Kazajistán  ( 8.700 ) , Côte d'Ivoire  ( 8.500 )  y Vietnam  ( 7.100 )
Actores que participan: Líderes indígenas, autoridades comunales, sabios, padres, madres y cuidadores, dinamizadores educativos y estudiantes.
Recursos y medios tecnológicos y audiovisuales utilizados: Emisoras de radio. Materiales educativos utilizados: Desarrollo de sus propios materiales educativos: guías y fichas para estudiantes, etc.
Actores que participan: Estudiantes, profesores, padres, madres y vecinos. Recursos y medios tecnológicos y audiovisuales utilizados: Teléfono celular  ( cuando está disponible ) . Materiales educativos utilizados: Guía de trabajo escolar en español, que los docentes traducen al wayúu para trabajar con los estudiantes.
This economic crisis has made it increasingly difficult to meet basic needs. In some instances economic hardship has led to worsened food security, and many families are increasingly resorting to making their children work and contribute to meet basic needs. 143In May 2020, 40% of households in a national survey declared having to reduce their number of meals in the previous week  ( Warren et al., 2020a, p. 16 ) . To cope with the economic crisis, many Colombians and Venezuelans have resorted to illicit economies, which offer ample opportunities in both Cauca and Catatumbo.
Lecciones aprendidas: El diseño de estrategias de comunicación debe considerar que se utilicen todos los recursos disponibles en cada contexto. Aun en cuarentena, el fomento de proyectos interesantes, como el de ajedrez, permite que los estudiantes permanezcan motivados y aprendan.
Denominación: Servicio de comunicación a las comunidades de La Chorrera.
Antecedentes: La Chorrera es un área no municipalizada, ubicada en el departamento del Amazonas, que cuenta con una población de 3.878 habitantes de los pueblos indígenas Uitoto, Bora y Okaina. En este territorio no hay servicio de energía
eléctrica ni internet.
Pueblos indígenas: Uitoto, Bora y Okaina.
Ubicación: La Chorrera, Putumayo , Departamento de Amazonas.
Estudiantes y escuelas que atiende 22 escuelas bilingües.
742 estudiantes de primaria y secundaria
• Seguridad Alimentaria y Nutricional  ( SAN ) : Es necesario realizar entrega urgente de kits alimentarios con enfoque étnico diferencial en las comunidades confinadas. • Medios de Vida: Se requiere la reactivación económica de las actividades de agricultura y turismo de estas comunidades, acompañada de acciones en materia de protección y prevención. • Salud: Es necesario el ingreso de una misión médica para verificar las condiciones de salud y atención psicosocial para todas las personas confinadas.
La violencia social y doméstica también está muy extendida en la región y afecta especialmente a las mujeres  ( figura R18 y figura R19 ) . Este tipo de violencia a menudo se manifiesta de diferentes formas, incluido el abuso físico, sexual y psicológico, y puede estar motivada por el género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima. Tanto la violencia social como la doméstica son problemas graves en ALC. De hecho, la región tiene algunas de las tasas más altas del mundo de violencia sexual y violencia contra las poblaciones LGBT+, y el feminicidio es un tema crítico en muchos países de la región  ( figura R20 ) . La violencia social y doméstica también afecta a los niños y adultos mayores dentro del hogar y ha sido un área de creciente preocupación durante los confinamientos a raíz del COVID 19.
La combinación de programas de salud y pensiones contributivos y no contributivos en la región, junto con las transiciones entre el estatus formal e informal, las asimetrías en el tiempo de formalidad entre los trabajadores con salarios bajos y altos y, en ocasiones, reglas y condiciones de acceso caprichosas genera dos resultados: menor eficacia del aseguramiento e impactos contradictorios sobre la desigualdad. La seguridad social y la asistencia social son complementos y no sustitutos en un sistema de protección social en funcionamiento. Los hogares pobres necesitan transferencias de ingresos y seguridad social, no uno u otro. Y, para los hogares que no son pobres, la seguridad social es clave, especialmente cuando se encuentran en una posición vulnerable
En 2020, antes de la pandemia de COVID 19, el 7,2 por ciento de las personas de ALC vivían en situación de pobreza multidimensional. Las carencias en el nivel de vida de los hogares son las que más contribuyen a la pobreza multidimensional  ( el 37,9 por ciento ) , seguidas de las insuficiencias en el ámbito de la salud  ( el 35,9 por ciento )  y la educación  ( el 26,2 por ciento ) .
Descripción de la buena práctica: El profesor Fausto Buinaje tuvo la iniciativa de transportar los libros y materiales del programa Todos a Aprender del MEN y repartirlos a las 22 comunidades para que los jóvenes y niños pudieran estudiar. Él traslada los materiales con el apoyo de otro colega y coordina con los demás docentes de las comunidades para que trabajen con sus respectivos estudiantes. En los encuentros, los profesores les ayudan con los ejercicios y tareas asignadas en las guías de trabajo.
. Los factores de edad y género pueden agravar las vulnerabilidades ya existentes de algunos grupos. Los niños, niñas y adolescentes en movimiento pueden sufrir con la ausencia de oferta educativa, privaciones en la salud y en la nutrición, lo que impactará severamente su desarrollo en otras etapas del ciclo de vida  ( Cecchini et al., 2015 ) . Más aun, los niños y niñas no acompañados o separados de sus familias corren riesgos mayores de abuso y explotación. Su vulnerabilidad aumenta al no contar con redes de apoyo que aboguen por su acceso a sistemas nacionales de protección infantil, servicios básicos y justicia  ( R4V, 2020f ) . También mujeres y niñas están más expuestas al riesgo de sufrir violencia y trata de personas en el proceso migratorio
En términos de género, el flujo migratorio de Colombia y Perú tiende a estar compuesto por un 51 52% de hombres y un 49 48% de mujeres, respectivamente en cada país  ( Gobierno de Colombia, 2020d; Gobierno de Perú, 2019 ) . De acuerdo con los datos de las encuestas DTM5 de 2019, el 60% de encuestados eran mujeres en Guyana y Brasil, mientras que en Chile y Trinidad y Tobago eran el 42%  ( Chaves González & Echeverría Estrada, 2020 ) . Frente a los grupos más vulnerables, organismos internacionales han alertado de la presencia de familias monoparentales, mujeres embarazadas y lactantes, familias con niñas y niños pequeños, niñas y niños no acompañados y separados, personas adultas mayores y personas con discapacidad  ( R4V, 2020h
Actores que participan: Dos maestros y un motorista –para el reparto de los materiales– y todos los docentes de las 22 escuelas para el trabajo con los estudiantes.
Recursos y medios tecnológicos y audiovisuales utilizados: Bote de motor.
Materiales educativos utilizados: Libros de texto del programa Todos a aprender sobre: matemáticas, sociales, lenguaje y ciencias naturales. Están disponibles en español, pero los profesores los explican en la lengua de los estudiantes, cuando son del pueblo y hablan la lengua.
El 58% de los venezolanos en Colombia tienen entre 18 y 39 años, el 24% son menores de edad y el 18% son mayores de 40 años, según informes del gobierno  ( Gobierno de Colombia, 2020d ) . En Perú también los migrantes venezolanos entre 18 y 29 años se constituían en mayoría con 42%, seguido por 29.8% que tenía entre 33 y 44, y 18.7% entre 0 y 17 años  ( Gobierno de Perú, 2019 ) . Y en Ecuador, la mitad tiene entre 19 y 35 años  ( con una edad promedio de 26 años )  siendo incluso más jóvenes que inmigrantes de otras nacionalidades, y uno de cada tres migrantes venezolanos son niños, niñas y adolescentes  ( Banco Mundial, 2020a )
Condición socioeconómica  ( pobreza e inseguridad alimentaria )  La vulnerabilidad que supone tener ingresos insuficientes e inestables es una consideración importante en la toma de decisión respecto a un proyecto migratorio, en busca de empleos con salarios más altos. En el país de destino son factores determinantes en su condición de pobreza variables como los ingresos, escolaridad y acceso a la educación, condiciones de vivienda, y acceso a los servicios de salud, entre otros. La condición socioeconómica de la población migrante y sus vulnerabilidades inherentes al proceso migratorio suelen exponerlos a niveles de pobreza más altos que la pobreza promedio de las comunidades de acogida  ( Maldonado et al., 2018 ) .
El panorama laboral de la población migrante en la región de ALC antes de la pandemia ya mostraba la difícil situación de las personas venezolanas. El desempleo, pagos inferiores a lo prometido y la alta participación en el trabajo informal daban cuenta de ello  ( OIT, 2020 ) . Adicionalmente, las condiciones inseguras e insalubres son una característica de la mayoría del trabajo informal que realizan, y en muchos casos no cuentan con acceso a los derechos laborales básicos, ni a salarios mínimos de acuerdo con las normas de los países de acogida  ( Chaves González & Echeverría Estrada, 2020 ) . Cabe destacar que esta inserción informal ocurre aun cuando los migrantes venezolanos tienen características de empleabilidad más adecuadas que los ciudadanos locales.17
En Colombia, sólo el 25% de los migrantes venezolanos tiene un contrato regular de trabajo y la informalidad y la falta de seguridad social afectan a alrededor del 90% de los venezolanos que trabajan  ( Farné & Sanín, 2020 ) . La situación no es alentadora tampoco en Ecuador, donde casi el 60% de los migrantes venezolanos que trabajan lo hacen sin un contrato formal  ( Banco Mundial, 2020a ) . En Chile, de los venezolanos que trabajan, el 31,1% no cuenta con contrato de trabajo, y sólo el 29,6% del total de extranjeros cotizantes en la seguridad social es venezolano.18
En el contexto de la pandemia de COVID 19, las medidas de distanciamiento social han afectado a la población de migrantes venezolanos, en gran medida por su sobrerrepresentación en el sector informal, en pequeñas empresas, en el sector de servicios  ( como turismo, hoteles y transporte )  y en el sector de construcción, todos drásticamente impactados por las medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus  ( OIT, 2020; R4V, 2020g ) . 21 A mediano y largo plazo, una depresión económica prolongada impactaría las oportunidades laborales para trabajadores migrantes que no gozan del mismo estatus que los nacionales  ( Banco Mundial, 2020 ) . A pesar de pocos datos regionales sobre los impactos en el empleo de la población migrante, en Chile encuestas señalaron que entre abril y mayo de 2020, la tasa de ocupación de los inmigrantes disminuyó 8,4 puntos  ( del 67,4% al 59,0% )  en comparación con los 3,6 puntos porcentuales  ( del 47,7% al 44,1% )  en que se redujo la de los nacionales  ( CEPAL, 2020b ) .
Existe una capacidad estadística limitada para recopilar datos a través de encuestas de hogares nacionales, a tiempo y de alta calidad, en muchos países del Caribe. En consecuencia, los datos sobre indicadores de la desigualdad tienden a ser escasos y desactualizados, lo que dificulta la comparación fiable de las mediciones entre países y el seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.
Los riesgos enfrentados por los migrantes a lo largo del ciclo migratorio suelen ser agravados por factores sociodemográficos, como la condición socioeconómica, género, edad, raza, etnia y territorio, y de la composición familiar; político institucionales, como la condición migratoria  ( regular o indocumentada ) ; y por factores de mercado, como la inserción en el mercado laboral   formal o informal  ( Maldonado et al., 2018 ) . Estos riesgos, si no son mitigados adecuadamente, llevan a los migrantes a una situación de vulnerabilidad particular. La Tabla 1 resume las principales vulnerabilidades por factor de riesgo de la población migrante venezolana, que se caracterizan más adelante a detalle.
89.258 refugiados y migrantes venezolanos en Valle del Cauca. Mas de 8.000 víctimas de desplazamientos masivos y confinamientos en 2021.
Doble afectación dadas las emergencias humanitarias por amenazas y desplazamientos forzados causados por el conflicto armado a población refugiada y migrante
A la fecha, el departamento del Valle alberga a mas de 59.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, comunidades indígenas y consejos comunitarios de población afrocolombiana; estas poblaciones, como principales víctimas de las emergencias humanitarias recurrentes
Pathway 1: Governance and State Society Relations: in Colombia struggled to adapt to virtual activism while enduring one of the world's longest lockdowns. They have also been targeted with violence by gangs, paramilitaries, and FARC dissidents and Ejército de Liberación Nacional  ( ELN )  rebels seeking to expand their influence, a longstanding tactic employed by these groups to remove sources of resistance. The killing and displacement of community leaders has significantly weakened grassroots organizations and hindered reporting of human rights abuses in many Colombian communities, especially indigenous and Afro Colombian communities  ( Uribe et al. 2020 )
The Ombudsperson office reported 26 people killed due to police violence until May 9th, and human rights organizations reported 47 people killed until May 9th. Confrontations between police forces and protesters continue. President Ivan Duque is running a concertation table with different political, economic, and social representatives with no results, as he continues to support the actions of the national police. On May 10th, indigenous communities from the Regional Indigenous Council of Cauca  ( CRIC )  joined the manifestations in Cali and were attacked by armed civilians, with dozens hurt.
According information provided by the Pan American Health Organization, Colombia is the third country in the Americas with the highest rate of COVID 19 daily cases  ( 17,222 )  and deaths  ( 495 ) , only surpass by the United States and Brazil. Most of the important cities of the country, including the capital Bogota, keep the health system on red alert as result of a third wave of contagious. Vaccination process has reached 6 million people, only 4.4% of the country population.
In Colombia, demonstrations against the government continued for the second consecutive week. The wave of protests, initially triggered by proposed tax reforms, led to the resignation of Finance Minister Alberto Carrasquilla and the withdrawal of the proposal on 3 May  ( Reuters, 4 May 2021 ) . However, thousands of people continued to demonstrate, expressing their discontent with policies on health, education, and social equality  ( France 24, 4 May 2021 ) . The Mobile Anti Disturbances Squadron police forces  ( ESMAD )  violently intervened, despite the vast majority of protests being peaceful. ESMAD's heavy handed response has further outraged protesters. In Cali, Valle del Cauca, three people died, and 19 more were injured following an intervention by ESMAD  ( Q'hubo Cali, 4 May 2021 ) . At least 37 people have been killed by police forces, and at least 471 have been reported missing since political unrest began on 28 April  ( France 24, 8 May 2021 ) .
Si bien, en general, la protesta se está dando de manera pacífica, una minoría está recurriendo a actos vandálicos y la respuesta de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios  ( ESMAD )  está siendo desproporcionada en el uso de la fuerza. Hasta la fecha se han denunciado graves violaciones de derechos humanos, con casos de homicidio, violencia sexual y desaparición forzada; así como numerosas personas heridas en el contexto de las manifestaciones. También se han producido ataques de civiles armados contra los pueblos indígenas, que están siendo objeto de una creciente y preocupante estigmatización en el contexto del Paro Nacional.
La diferencia entre el nivel de ingresos de la población más rica y más pobre no ha dejado de agravarse desde 2017. Además, es el país más desigual de América Latina a nivel interno  ( ningún otro país de Latinoamérica tiene brechas tan grandes entre sus regiones en niveles de desarrollo ) . El pasado 29 de abril el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  ( DANE )  señaló que el porcentaje de personas clasificadas como pobres respecto al total de la población nacional para el año 2020 fue de 42,5%.
While mines may have been planted with the aim of reaching other armed groups or the military, it is civilians and communities who are the main victims. Until you see the effects of landmines every day and you have to live knowing they are out there, you can never really understand. We are afraid to enter certain parts of the finca  ( farm )  because of the landmines. I have seen people have accidents; mutilated, without feet, and hands."  ( Resident of Canyon de las Hermosas, Colombia )
Anti personnel mines in Colombia ** Following more than five decades of internal conflict, Colombia is second to Afghanistanin being the world's most densely landmined country, suffering from widespread landmine and explosive remnants of war  ( ERW )  contamination. Throughout the armed conflict, mines and explosives were planted across rural areas by armed groups. Despite being a weapon that violates International Humanitarian Law, Colombia has seen nearly 12,000 injuries and deaths as a result of landmines since 1990.
En particular, el riesgo de soborno y extorsión parece ser especialmente frecuente en Norte de Santander, donde grupos armados que hacen parte del conflicto armado colombiano y otros grupos criminales luchan por el control de la zona.
This is sadly not an issue of the past, however, as armed groups continue to replant mines throughout the country. According to the ICRC, in 2020 there were 389 victims of explosive hazards in Colombia, the highest number in four years. While progress has been made in demining various municipalities, forests and nature reserves such as those in Chocó and Antioquia remain heavily mined.
In the four years since the signing of the Peace Accord, the majority of the victims of landmines have been civilians, which seems to indicate that new explosives are being installed in areas that were previously thought to be free from contamination.
According to the UN Verification Mission in Colombia  ( March 2021 ) , the indigenous peoples have been disproportionately impacted by the continuous use of anti personnel mines in their territories. In particular, the report notes the confinement of 2,107 Emberá Indigenous Peoples in Murindo, Antioquia, while 140 were forced to displace. In February 2021, two members of the Emberá community in Antioquia were injured as a result of mines planted by armed groups, one of them being a 13 year old boy lost his right leg.
16 grupos focales en cuatro puntos de recolección indicaron que las actividades para promover la seguridad son una prioridad para la comunidad de acogida. En dos lugares en la Vereda de Cájaros, los equipos de recolección de los datos reportaron que la población no tiene liberta
Armed groups in some areas of the country such as Chocó, Antioquia, Nariño and Norte de Santander are using antipersonnel mines as part of their military strategy, in territorial disputes with the neo paramilitary groups. Between January and May 2020, Pares report that 92% of the victims of antipersonnel mines occurred in areas with ELN presence. Reports also show a correlation between the placement of landmines and coca plantations, suggesting their use by armed groups to prevent coca crop eradication campaigns.
En tres puntos de recolección, Alcaraván, La Esmeralda y el Sector Urbano   Riberas, reportaron
que las personas que tienen la intención de movilizarse a otra área enfrentan barreras por motivos
de seguridad.
Equipos de evaluación identificaron riesgos y afectaciones asociadas a reclutamiento forzado, sobre todo para niños, niñas y adolescente.
Efectos negativos generados por el COVID 19, reportados por los prestadores de servicios:
1. La demanda del servicio disminuyó  ( 1 Prestador de aseo y 1 Prestador de agua ) 
2. Por las restricciones de movilidad debido a la pandemia no se puede llegar a zonas de venta habituales.  ( 1 Prestador de Agua  ) 
3. Los estándares de calidad del agua ahora son más estrictos.  ( 1 Prestador de Agua )
En 41 grupos focales, o 82%, el acceso a SALUD y medicamentos fue priorizado por los participantes como necesidad principal
El acceso a AGUA, SANEAMIENTO y/o HIGIENE fue priorizado por 39 grupos, o 78%. Casi todos los informantes claves, 17 de 18, mencionaron el acceso a servicios y artículos de higiene como problema importante, sobre todo porque no hay suficiente infraestructura como duchas y lavamanos
En 42 de los 50 grupos de discusión, 85%, los participantes destacaron el acceso a saneamiento y productos de higiene como prioridades principales para niñas y mujeres. Ilustrativamente, más grupos priorizan kits de aseo  ( 29 grupos ) , que alimentos  ( 24 )  para niñas. Por su parte, los informantes clave en siete puntos de concentración resaltaron que el acceso a agua potable es un problema importante porque no hay un acueducto, el agua es de baja calidad o no hay suficiente agua
Además, el acceso a productos higiénicos es limitado debido a la falta de recursos económicos y, en algunos casos, debido a distancia de los mercados. Los informantes claves y los equipos de recolección reportan la falta de implementos de bioseguridad, como tapabocas, alcohol, gel y jabón
Adicionalmente, el confinamiento por la emergencia sanitaria, facilitó los homicidios y amenazas a líderes comunitarios y de derechos humanos en general, quienes encontraron múltiples limitaciones para salir de los territorios como mecanismo de protección.
Participantes en 25 de los 50 grupos mencionaron que algunas personas están enfrentando dificultades especiales para suplir sus necesidades básicas o acceder a servicios, sobre todo las personas en condición de discapacidad y adultos mayores, que tienen difícil acceso a salud, saneamiento y otros servicios.
Entre 2017 y 2020 se presentaron 27 eventos relacionados con minas antipersonal, de los cuales 22 fueron por desminado en operaciones militares, 2 por accidentes relacionados con MSE y 3 por accidentes con MAP, en los municipios de Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Solano. Durante este mismo periodo se presentaron 7 víctimas por accidentes por MAP/MSE, todos civiles. La Educación en Riesgo en Minas  ( ERM )  llegó a un total de 8.953 personas. A pesar de los avances en la reducción de eventos con MAP/MSE, aún se presentan desafíos en el desminado del departamento, relacionados con amenazas por parte de GGV contra los operadores en el territorio, y ataques contra la fuerza pública que acompaña las labores, especialmente en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
De la misma manera, las estadísticas delictivas de la Policía Nacional34 reportaron 137 casos de lesiones personales contra mujeres  ( 14 menores ) , menos de la mitad de los reportados en 2019, y 358 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres  ( 46 menores ) . Estos resultados no solo ponen de manifiesto el riesgo que corren las mujeres y en especial las niñas en casi la totalidad de los municipios del departamento  ( Únicamente San Vicente del Caguán, San José del Fragua, Florencia, Solano y Albania no registran un crecimiento estadístico significativo en la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes35 ) , sino también evidencian que la emergencia sanitaria limitó el número de denuncias hechas e invisibilizó a una parte de las víctimas de la VBG.
La E.S.E Hospital San Rafael de Leticia desplazó un equipo de vacunación al Hospital local de Puerto Nariño y comunidades indígenas de ese municipio, para inmunizar a la población con la vacuna contra la COVID 19 y avanzar en la creación de un muro biológico, actividad que inició en marzo y se extenderá todo el mes de abril. La E.S.E ha realizado acciones para el fortalecimiento de los puestos de salud en las zonas no municipalizadas adscritas, enviando suministros de medicamentos y médicos, pruebas para COVID 19, sueros antiofídicos, insumos de laboratorio, materiales para odontología y elementos de protección para el personal asistencial en Mirití, Puerto Santander, Tarapacá, Puerto Arica, Chorrera y San Rafael del Encanto.
The effect of COVID 19 responses on state capacity has also resulted in a substantial worsening of recruitment of minors into illegal armed groups and the illicit economies they control. Recruited minors take on a variety of roles within armed groups, not only as fighters. Many young persons are recruited into armed groups via the coca value chain and other roles in drug trafficking.88 They are also being recruited often for menial or logistical tasks  ( as cooks, cleaners, couriers, or patrols ) .89 Some are being recruited in urban areas or municipal centers like Popayán or Sardinata, mostly by criminal gangs.90 However, most cases of recruitment of minors are happening in rural areas, with little security presence.
The pandemic has also impacted drivers of conflict and instability through its effect on social and family relations. Our findings evidence that responses to COVID 19 have worsened dynamics around gender based and intra familiar violence, and the vulnerability of civil society. Prolonged periods of lockdown, amid a climate of anxiety and vulnerability have exacerbated gender based violence and child abuse.
The COVID 19 pandemic is increasing insecurity through its impact on economic hardship and illicit economies. The advent of COVID 19 responses without remedial support has exacerbated socio economic vulnerabilities. Concretely, an unemployment crisis in urban areas and increasing difficulties for Colombians depending on agricultural livelihoods have cornered many into economies that went largely without disruption from COVID 19 responses. In rural Cauca and Catatumbo, this meant mostly a growing reliance on illicit crops, predominantly coca.
Así mismo, por las medidas gubernamentales para controlar la propagación de la COVID 19 los actores humanitarios vieron limitada su capacidad de hacer presencia en las zonas de mayor afectación, razón por la cual las necesidades de protección de las comunidades se vieron aumentadas considerando el fortalecimiento territorial en algunas zonas por parte de los grupos armados ilegales en el marco del aislamiento preventivo decretado en todo el territorio nacional durante más de cinco meses22. Esta situación afecta particularmente a mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y comunidades étnicas,
Comunidades indígenas y afrocolombianas en condiciones de pobreza y aislamiento localizadas en territorios de interés de actores armados y economías extractivas. Población de nivel socioeconómico muy bajo y bajo, especialmente comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes.
Infraestructura de vivienda, productiva y de sistemas de servicios públicos domiciliarios sin especificaciones técnicas necesarias para resistir a los impactos de eventos por amenaza natural y cambio climático.
Población expuesta a múltiples riesgos en albergues no adaptados, incluyendo riesgo de contagio de la Covid 19.
Población expuesta a múltiples riesgos en la movilización y tránsito propios del desplazamiento masivo forzado
Población víctima de confinamiento por eventos de violencia armada, sin acceso a fuentes de abastecimiento de agua, cultivos de autoconsumo, economías familiares y locales, zonas de comercio y abastecimiento, instituciones educativas
Pathway 3: Social Cohesion and Intergroup Relations In Colombia and Afghanistan, pandemic restrictions had a deleterious effect on social relations. Community leaders and organizations in Colombia were unable to meet due to the country's prolonged lockdown.
NNAJ vulnerables al impacto negativo en procesos y rutinas escolares que se suspenden durante emergencias por desplazamiento, confinamiento y la Covid 19.
Aún se requiere apoyo para el acondicionamiento de instalaciones en agua, saneamiento e higiene que ayuden a mitigar la propagación del virus a través de la implementación de protocolos de bioseguridad.
IMPACTO REGIONAL: ANTIOQUIA 300 528 
La comunidad del resguardo indígena de Las Palmas en Cáceres fue desplazada tras combates constantes y denuncias por amenazas que reciben de parte de un GANE
con presencia en esa zona. Ante las preocupantes condiciones de seguridad, las personas desplazadas temen regresar a sus hogares. Debido a las necesidades intersectoriales que presenta esta comunidad indígena
se requiere urgentemente incluir el enfoque diferencial étnico en las actividades de respuesta que se realicen.
IMPACTO REGIONAL: CÓRDOBA 294 Una misión interinstitucional confirmó el desplazamiento y posterior confinamiento de la comunidad indígena de Zabaleta  ( Tierralta ) , causado por las constantes operaciones militares que tuvieron lugar dentro del resguardo indígena. Adicionalmente, la población desplazada desde finales de abril  ( aprox 1,493 personas )  continúa desplazada en el parque central de Montería con necesidades intersectoriales severas en alojamiento, salud, protección.
Indigenous peoples and Afro Colombian communities have been, along with rural communities, among the people most affected by the conflict in Colombia and its resulting displacement, for example.
Pathway 3: Social Cohesion and Intergroup Relations

In Colombia, workshop participants noted that girls were increasingly being recruited, often as forced sexual companions. These testimonies are not unique. Research by international organizations points to an uptick in high risk coping mechanisms among women and children, along with an increase in human trafficking, child labor, and sexual exploitation as criminal organizations capitalize on vulnerable communities' growing  desperation during the pandemic  ( Human Rights Watch 2021; ILO and UNICEF 2021; Singhateh 2021; UNODC 2021 ) .
The very measures imposed by the state to contain the virus significantly affected its ability to fulfill
key functions, creating a void that illegal armed groups have exploited: security presence decreased
in conflict affected areas, human rights protection institutions became inaccessible to victims, crucial peace process programs were delayed, and schools were closed for months. 
In conflict affected communities, the response to
COVID 19 created an important window of opportunity for illegal armed groups to increase their presence and
social control. In this context, and having lost school as a protective space, minors were increasingly recruited into
illegal armed groups or the illicit economies they control.
En Chocó: Las emergencias y multi afectación de algunas comunidades rurales afrocolombianas e indígenas se concentra en los medios de vida, seguridad alimentaria y salud asociada a necesidades de agua y saneamiento. Sólo el 12 por ciento del departamento está destinado a la producción lo que impacta la disponibilidad de recursos sobre todo en comunidades anfitrionas.
Also in Colombia, clashes continued between the Carlos Patiño Front, a FARC dissident faction, and the Colombian armed forces in Argelia, a rural municipality in the Cauca department. As a result, at least 10 FARC dissidents and one soldier were killed. Moreover, 250 civilians fled the area due to the escalation of violence, and at least three were heavily injured by a landmine while they attempted to flee the region  ( Infobae, 18 April 2021 ) .
Mujeres y niñas expuestas a violencias basada en género históricas y conductas culturales arraigadas de machismo y micromachismos exacerbadas en el marco del conflicto armado y la pandemia, con poco o nulo apoyo técnico para acceder a vías de atención y denuncia. • Mujeres con impedimentos para la participación en espacios comunitarios de toma de decisiones.
In Colombia, the indigenous governor of the La Laguna Sibera indigenous reserve, Sandra Liliana Peña, was killed in the Cauca region. Peña was a leader of the Nasa indigenous population and had led local efforts to eradicate the farming of illegal coca plants. In the days leading up to the attack, she had publicly condemned the cultivation of illicit crops that had spread in the region  ( Frontline Defenders, 22 April 2021 ) . Following the attack, members of the Cauca National Indigenous Council  ( CRIC )  held a demonstration to denounce the killing of Peña, to demand respect for their territory, and to call for the eradication of illegal crops.
El impacto sobre la economía departamental, que se refleja en los indicadores de desempleo mencionados anteriormente, ha desincentivado la aplicación de nuevas medidas estrictas. Igualmente, pueden observarse efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, pues al no existir una fuente de ingresos, las familias recurrieron a disminuir el consumo de alimentos; la deserción escolar, que aumentó especialmente en las zonas rurales; e incluso en la dificultad para pagar arriendos y servicios básicos necesarios para el cuidado.
Durante el 2020, no se han reportado casos de confinamiento en el departamento, sin embargo, se han presentado 4 eventos de limitaciones al acceso humanitario, que han afectado tanto a la población como a las agencias del Sistema de Naciones Unidas  ( SNU )  y a misiones médicas. En el sur del departamento, por efecto de la emergencia sanitaria, los GGV amenazaron a la población que incumpliera sus toques de queda con el cobro de varias “multas'. Mientras en la zona limítrofe entre San Vicente del Caguán y la Macarena, circularon audios atribuidos al frente Jorge Briceño que amenazaban de muerte también a quienes incumplieran sus toques de queda.