nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
2. Minas Antipersonal  ( MAP )  y Municiones sin Explotar  ( MUSE )  De acuerdo con la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, Tame es el municipio del Departamento con mayor número acumulado de víctimas de MAP/MUSE, seguido por Arauquita y Saravena5. Los riesgos causados por el uso de municiones sin explotar son una amenaza para la población, en tanto siguen presentándose artefactos en cercanías a centros poblados, causando así, limitaciones de acceso humanitario y afectaciones a los sectores de Educación, al ubicarse cerca de instituciones educativas y Salud, al representar un riesgo para la integridad de la comunidad. En 2019 los Grupo Armados Organizados retomaron el uso de carros y motobombas en los municipios de Tame, Saravena y Arauquita. En este sentido, el corredor vial Arauquita  Caño Limón y Fortul Tame y la parte rural del entorno del oleoducto se vieron gravemente afectados por este tipo de armas. Así mismo, se instalaron artefactos explosivos en la granja de la Institución Educativa  ( I.E )  Aguachica en el municipio de Arauquita, lo cual generó un riesgo para los estudiantes y una afectación a su proceso educativo, al verse restringido el componente agropecuario. Sumado a lo anterior, las acciones relacionadas con bloqueos y presencia de artefactos explosivos en las vías imposibilitan la llegada de los estudiantes a sus planteles educativos; estos casos se presentan mayoritariamente en los municipios de Arauquita, Fortul y Saravena. Por otro lado, ese año la Personería de Tame tomó 70 declaraciones de personas afectadas por la volqueta bomba que explotó en inmediaciones de Villa Caro y 35 por el carro bomba que explotó en Betoyes. Es menester resaltar el impacto ambiental que generan los atentados contra la infraestructura petrolera, como consecuencia de los derrames en fuentes hídricas de las que se abastece la población rural e indígena. Finalmente, se destaca que a pesar de las acciones preventivas y de acompañamiento adelantadas por varias organizaciones, la capacidad instalada es insuficiente y las víctimas de MAP/MUSE tienen una baja representación en los espacios de participación establecidos en la Ley de Víctimas 1448/2011. Por esta razón, resulta necesario fortalecer el desminado humanitario, implementar más campañas de educación en riesgo de minas y ampliar los espacios de participación para la población afectada.
4. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género  ( VBG )  En el departamento las mujeres son violentadas sexualmente y agredidas más en su entorno familiar que en el marco del conflicto armado. De acuerdo con Medicina Legal, a junio de 2020 al menos 101 mujeres han sido víctimas de violencia interpersonal y 98 han sido víctimas de presunto delito sexual, de las cuales 86 son menores de edad. En 2019, 295 mujeres fueron víctimas de presunto delito sexual, de las cuales 259 eran menores de edad, siendo esta una de las tasas más altas del país. Al revisar los perfiles de los agresores sexuales del año 2019 se encuentra que 4 pertenecen al ELN y 3 a las Fuerzas Militares;
6. Comunidades étnicas: Los resultados del censo realizado en 2018, indican que el 1,4% de la población del departamento  ( 5.043 personas )  se identifica como población indígena22 ubicándose en 22 resguardos23 a lo largo del departamento, siendo los de mayor extensión el de Puerto Zabaló y Monochoa, ambos en el municipio de Solano. La mayoría de estos resguardos se ubican en las zonas rurales del departamento, lo que hace que se presenten un alto índice de necesidades básicas insatisfechas  NBI   ( 37% de población tiene NBI en promedio en las zonas rurales del departamento24 ) , como sucede con los resguardos del municipio de Solano, en donde la población en NBI llega a ser del 54%, y las comunidades presentan problemáticas asociadas a los costos de transporte fluvial, la ausencia de servicios de salud, la falta de servicios eléctrico y de saneamiento básico y los problemas asociados a seguridad alimentaria y generación de ingresos. Varias de las comunidades son sujetos de reparación colectiva y algunos se encuentra en la ruta de restablecimiento de derechos territoriales de la Unidad de Restitución de Tierras; en el caso particular del resguardo multiétnico Yaguara 2, este ya cuenta con medidas cautelares desde el 2018. Así mismo y como se refirió anteriormente, las comunidades étnicas también han sido víctimas recientes de desplazamientos forzados y homicidios de sus líderes. Es importante tener en cuenta el impacto diferenciado que tienen las afectaciones del conflicto armado en las comunidades indígenas, así como sus figuras y capacidades organizativas como medios para atender estas contingencias.
9. Erradicación forzada: La presencia de cultivos ilícitos se ha disminuido en el departamento en 2018 en un 7% y en 2019 en un 62%. A nivel departamental, 12.951 familias se registraron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos  ( PNIS ) , de estás sólo 3.732 han recibido la totalidad de los pagos  ( bonos de 2'000.000 COP cada dos meses )  a 30 de septiembre de 201927, indicando que cerca del 71% de las familias que dependían de cultivos ilícitos, probablemente han tenido que recurrir a otros métodos de subsistencia  ( o inclusive al mismo )  al no recibir los pagos programados. Durante 2020 la situación se ha complicado por la pandemia, debido a que la meta de erradicación a nivel nacional continua siendo 130.000 hectáreas, para cumplir con ello, las tropas están exentas de las medidas de aislamiento obligatorio y han ingresado a comunidades, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola  ( COCCAM )  y de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá  ( COORDOSAC ) , denunciaron que a pesar de la crisis sanitaria en diferentes veredas del municipio de Montañita, miembros del Ejército Nacional realizan en operativos de erradicación forzada haciendo uso de la fuerza, a través de disparos, en contra de la población cultivadora28. En algunos casos se denuncia además la falta de uso de elementos de protección de bioseguridad para evitar el contagio del COVID 19.A estas problemáticas, se suma la situación de los Parques Nacionales Naturales del departamento, los cuales se han visto afectados de manera directa y acelerada por la deforestación29, situación que ha causado enfrentamientos entre colonos de los territorios y la fuerza pública, y que ha derivado en prohibiciones para sembrar o extender la ganadería en estos terrenos30.
La VBG es ejercida en un: 60% hacia las MUJERES 40% hacia las HOMBRES Bajo este contexto de confinamiento, se presenta baja capacidad de identificación por parte de la institucionalidad de casos de mujeres colombianas y venezolanas que están siendo víctimas de violencia basada en género en el marco del aislamiento por COVID  19, situación que obedece a la falta de recursos de las oficinas de género para poner en marcha sus estrategias de transferencia de información a la comunidad.
En Colombia, desde la confirmación del primer caso de COVID 1918 en el país y hasta el 13 de septiembre de 2020, fueron confirmados 15.537 casos en población con pertenencia _x000c_étnica indígena, incluidas 578 defunciones  ( 3,7% )  y 13.596 personas recuperadas de la enfermedad. Esta cifra de casos representa un 2% del total de casos nacionales, con una incidencia de 815,3 casos por 100.000 habitantes con pertenencia étnica indígena. Con relación a las características de los casos, se han identificado al menos 63 pueblos indígenas con casos confirmados, 48% del total de casos corresponde a mujeres y 52% a hombres. La mayoría de los casos  ( 64% )  se concentran entre los 20 y 49 años
el 29% de los grupos reportaron haber estado expuestos a riesgos en Colombia, principalmente a robos o hurtos  ( 107 grupos ) , in�midación o amenaza  ( 36 ) , violencia �sica  ( 30 )  y trato inhumano o degradante  ( 13 ) . Esta alta exposición a riesgos podría ser una consecuencia de los criterios de elección de las rutas. La proporción es mucho mayor para los ingresos desde Ecuador  ( 65% )  que para aquellos desde Venezuela  ( 24% )
las medidas para contener la propagación de COVID 19 han tenido un profundo impacto multisectorial en grupos vulnerables de la población tales como refugiados y migrantes de Venezuela y desplazados. Es probable que el impacto continúe y empeore a medida que pase el tiempo si estas medidas se amplían, particularmente cuando los mecanismos de ayuda y suministros se acaben, y si la asistencia humanitaria no cubre las necesidades básicas.
2. Minas Antipersonal  ( MAP )  y Explosivos Remanentes de Guerra  ( ERG ) : En el transcurso de junio de 2019 a junio de 2020 se reportaron 5 víctimas  ( tres muertos, dos heridos )  de MAP en los municipios El Retorno y San Jose del Guaviare. Por su parte, Descontamina Colombia reportó 31 incidentes con MAP / MSE en actividades de desminado militar en áreas rurales de los municipios de: El Retorno  ( 15 ) , San José del Guaviare  ( 8 )  y Calamar  ( 8 ) 17. Por otra parte, OCHA reportó 10 eventos relacionados con explosivos, entre los cuales, 2 corresponden a accidentes de MAP; 5 eventos de explosivos encontrados en San José del Guaviare  ( 2 ) , Calamar ( 2 )  y Miraflores  ( 1 ) , 2 de ellos atribuidos a la estrategia militar de las Disidencias de los Frentes 1 y 7 de las FARC EP, y 2 casos de hallazgo y destrucción de artefacto explosivo improvisado  ( AEI ) ; uno de ellos habría sido el caso de dos artefactos explosivos improvisados abandonados por Disidencias del Frente 1 de las FARC EP con el fin de atentar al paso de los soldados en la vereda Charras de San José del Guaviare18. Durante 2020, se ha evidenciado un aumento en el accionar belico de los grupos armados presentes en el departamento. Las fuerzas públicas hallan frecuentemente explosivos y municiones en el departamento. San Jose del Guaviare es el municipio mas afectado por la dinámica de conflicto, seguido por El Retorno a nivel departamental durante el periodo  ( julio 2019 junio 2020 ) , pues en estos 2 municipios tienen lugar combates, atentados y eventos con minas antipersonal  ( MAP ) . Por otro lado, los municipios del sur del departamento  ( Calamar, Miraflores )  estarían siendo utilizados para almacenar los explosivos, armamento y minas antipersonal. Durante el primer semestre del 2020 las operaciones contra las disidencias de las FARC EP han dejado como resultado hallazgo y destrucción de 554 explosivos  ( 1605 kilogramos y 110 metros de explosivos )  lo que ha evitado hechos de violencia armada en el municipio de San Jose del Guaviare y municipios del sur del Meta19. El ejercito Nacional ha hallado 299 MAP, 126 AEI, 101 MUSE y 18 medios de lanzamiento improvisados en lo corrido del año 2020. Estas situaciones han dejado afectaciones y alarman por la presencia de los grupos disidentes de las FARC EP y la situación de violencia armada que puede desencadenar violaciones graves de derechos humanos como ya se ha presentado con el asesinato del líder social en el municipio de San Jose del Guaviare. Frente a estos sucesos y las repercusiones que tienen en la población civil, el ELC ha monitoreado y realizado seguimiento a estos acontecimientos.
59% no han tenido acceso a internet durante su viaje, y 29% más accede a Wifi en albergues, Espacios de Apoyo o mediante préstamos de otros grupos de viaje o población de acogida.
6. Desastres naturales: Durante el primer semestre del 2020 se presentaron inundaciones a finales del mes de junio. Estas emergencias afectaron el municipio El Castillo, en donde resultaron afectadas 105 familias  ( 420 personas )  y en Guamal donde se afectaron 400 familias  ( 1600 personas ) ; en este último evento, al menos 200 viviendas resultaron averiadas, y se evidenciaron afectaciones en un puente vehicular y un centro educativo. Los riesgos para la población debido a las emergencias naturales son frecuentes en el departamento del Meta, principalmente durante las temporadas de lluvias. Estos sucesos pueden afectar al 55% del territorio según información de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres  ( UNGRD )  26. Se espera que la situación de emergencia continue durante los meses siguientes debido al caudal de varios de los ríos del departamento. La UNGRD ha brindado una respuesta adecuada a las situaciones de emergencia que se han presentado en el departamento, junto al accionar de las autoridades locales como la Defensa Civil, la Fuerza Publica y algunos miembros del ELC, como el valioso esfuerzo que ha realizado la Cruz Roja olombiana del Meta, se ha establecido una respuesta eficaz frente a las emergencias de origen natural. Por otra parte, aun se evidencian ciertos vacios en la coordinación de la ayuda humanitaria en temas de desastres naturales, pues se hace necesario establecer una comunicación efectiva entre las autoridades locales y los miembros del Equipo Local de Coordinación Meta Guaviare, para articular rutas de asistencia efectivas frente a las brechas y necesidades de la población damnificada. Durante enero y febrero se registraron incendios forestales que afectaron 7.300 hectareas de los municipios de Puerto López, Puerto Rico y La Macarena.
Niños, Niñas y Jóvenes en conflicto armado: Durante el primer semestre del 2020 se confirmo que en el corregimiento Charras en el municipio de San Jose del Guaviare, durante el mes de septiembre de 2019 una niña de 15 años de la comunidad Nukak Maku habría sido victima de secuestro y violencia sexual por 8 miembros del Ejercio Nacional de Colombia de la Cuarta Division   Batallon de Infanteria No. 19 Joaquin Paris; la menor habría sido abusada durante seis días hasta que logró escaparse del batallón e informar a su comunidad del hecho20. Los perpetradores hacen parte del ejército. Ademas, miembros del ELC y el Ministerio Publico informaron que se han identificado 13 casos mas de violencia sexual contra mujeres de la comunidad Nukak Maku, 3 de ellos habrían sido perpetrados también por miembros del Ejercito Nacional. La Defensoria del Pueblo tuvo conocimiento del hecho y se realizó acompañamiento con agencias de las Naciones Unidas . Actualmente, los miembros del ELC realizan acompañamiento a las comunidades y seguimiento a las denuncias para la protección de los derechos e integridad de los menores de edad, pues la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Maku es grave21. Se destaca que, en el segundo semestre de 2019, la UARIV reportó 211 menores de edad víctimas de conflicto  ( 53% niños y 47% niñas ) . De ellos, 41 por ciento tenían de 0 a 5 años, 30 por ciento de 6 a 11, y 29 por ciento de 12 a 17 años. La UARIV tiene registro de hechos victimizantes con afectación en NNA como desplazamiento, con 180 víctimas menores, y amenaza, con 31 víctimas. Del total de menores víctimas en el departamento, 12 son indígenas  ( 9 desplazados y 3 amenazados ) , 14 afrodescendientes  ( 12 desplazados y 2 amenazados )  y 3 raizales  ( desplazados ) 22. Aunque ante la UARIV no hubo declaración por reclutamiento forzado, organizaciones del ELC han evidenciado reclutamiento y entrenamiento militar en los internados y comunidades de zonas rurales de todo el Guaviare por parte de los grupos disidentes FARC EP; según información proporcionada por miembros del ELC aunque no existan declaraciones formales o numero de casos, esta situación se presenta en el municipio de San Jose del Guaviare y los municipios del sur del Meta en las veredas aledañas al rio Guayabero, convocando a reuniones obligatorias en las cuales estarían realizando un censo poblacional pues mencionan que harán reclutamiento para estructurar su poder militar en la zona.23 Esta situación se asocia a amenazas a docentes, padres y madres de familia para coartar las denuncias24. Este hecho pone en manifiesto que el reclutamiento forzado de menores es un fenómeno que sigue vigente en el departamento del Guaviare pese a la dificultad de visibilizarlo. El ELC hace seguimiento a través de organizaciones como MAPP/OEA, BENPOSTA y Consorcio MIRE.
MOTIVACIONES PARA EL RETORNO Las principales razones reportadas por los grupos para viajar de regreso a Venezuela son la reunificación familiar  ( 66% )  y la tenencia vivienda en Venezuela  ( 32% ) , seguidas por el cuidado de familiares en Venezuela  ( 28% ) , la reducción de los ingresos en Colombia  ( 19% )  y desalojo o falta de alimentación  ( 12% cada una ) .
31% de los grupos reportaron haber estado expuestos a riesgos en Colombia, principalmente a robos o hurtos  ( 16 grupos ) , violencia �sica  ( 7 grupos ) , trato inhumano o degradante e in�midaciones o amenazas  ( 5 grupos cada uno ) .
4. Comunidades étnicas: Del total de víctimas registradas por la UARIV en el segundo semestre de 2019, solo el 11.6 por ciento tenían alguna pertenencia étnica: 32 indígenas, 27 afrodescendientes y 6 raizales. Al menos 25 indígenas fueron víctimas de desplazamiento y 7 más de amenazas; por su parte, 22 afrocolombianos fueron víctimas de desplazamiento y 5 de amenazas; respecto a la población raizal, 5 personas fueron víctimas de desplazamiento y una más de amenazas29. Las comunidades indígenas Jiw, Sikuani y Nukak, en su mayoría, son víctimas históricas del conflicto y aún hoy, a pesar de ser sujetos de especial protección30, tienen amplias necesidades humanitarias y no tienen garantía de sus derechos fundamentales. En la cabecera municipal de San José del Guaviare se encuentran familias Jiw, Sikuani, Nukak y Nasa desplazadas en precarias condiciones de vida; en estos casos se evidencian amplias carencias en la atención gubernamental e incumplimientos a los llamados jurídicos de protección31. A pesar de que las comunidades indígenas comparten territorios étnicos tradicionales entre Meta   Guaviare, los procesos institucionales no obedecen a estas dinámicas y niegan la atención a personas provenientes de la jurisdicción vecina por cuenta de hechos de conflicto armado como por desastres naturales que se originan en la frontera de los dos departamentos. Se identificó que en el departamento no hay proceso diferencial en la ruta de incorporación de que, según el acuerdo de paz, debe garantizar que excombatientes indígenas retornen a sus resguardos. Se reconoce la delicada situación humanitaria que presenta la comunidad Nukak Maku del corregimiento de Charras, debido a las denuncias de casos de violencia sexual perpetrados por el Ejercito Nacional en contra de menores de edad, además de la situación de problemas con adicción a las drogas que algunos miembros de la comunidad indígena presentan. También se conoce sobre los conflictos entre indígenas y campesinos, debido a presuntas denuncias de agresiones entre ellos32. Además existe estigmatización social y etnica que tiene la población campesina y la Fuerza Publica en contra de los indígenas, asociándolos a grupos armados organizados. Frente a estas situaciones de violencia sexual se ha evidenciado un vacio en la falta de seguimiento por parte de las autoridades locales a las denuncias, además del apoyo que debe realizarse con enfoque diferencial33. Los miembros del ELC han realizado un acompañamiento constante a esta comunidad la cual presenta una grave situación humanitaria.
Desastres naturales: En el marco de la temporada de lluvias durante los meses de junio y julio de 2019 se presentaron deslizamientos, vendavales e inundaciones en siete barrios del municipio de San José del Guaviare; la afectación del desastre natural es de 10.305 personas  ( 2.061 familias ) , entre las cuales, 962 pertenecen a seis comunidades indígenas ubicadas en el margen del río Guaviare. En el mes de julio, la UNGRD en coordinación con instituciones locales, la Fuerza Pública y la Cruz Roja Colombiana hicieron entrega de kits de alimentos, kits de aseo, frazadas, kits de cocina, hamacas, tejas de zinc y cuerdas a las familias damnificadas y aledañas en el departamento de Guaviare36. El ELC de Meta Guaviare, en cabeza de Pastoral Social Sur Oriente, realizó monitoreo periódico de la situación. Por otro lado, según la UNGRD, durante el segundo semestre de 2019 se presentaron cuatro reportes de emergencias, entre los cuales, dos se originaron en el municipio de Miraflores y dos en San José del Guaviare. Miraflores concentró el 78% de las personas afectadas por desastres naturales37, con un reporte de 3 familias damnificadas por inundaciones  ( 15 personas )  en septiembre y 3 personas heridas en un accidente de transporte terrestre. El departamento del Guaviare tiene afectaciones frecuentes causadas por desastres naturales. Según el plan departamental de la Concejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres del departamento del Guaviare, la mayor probabilidad de ocurrencia de desastres de origen natural son las inundaciones, vendavales y remociones, por otra parte las emergencias de origen antropico con mayor ocurrencia son los incendios forestales38. La UNGRD ha brindado una respuesta adecuada a las situaciones de desastres naturales que se han presentado durante el segundo semestre de 2020, junto al accionar de las autoridades locales y algunos miembros del Equipo Local de Coordinacion como Pastoral Social Sur Oriente y la Cruz Roja Colombiana se ha establecido una buena respuesta frente a los sucesos frecuentes que ocasionan emergencias en el departamento.
[ MAICAO   LA GUAJIRA ]  El perfil pendular corresponde con población proveniente de Venezuela que cruza la frontera de manera recurrente, manteniendo su residencia habitual en Venezuela y con intención de permanecer en Colombia por un periodo no superior a 30 días. Estas personas ingresan al país con el fin de abastecerse de bienes y servicios básicos, acceder a derechos como salud y educación y para obtener medios de vida  ( empleos e ingresos ) . Con el fin de comprender mejor este perfil poblacional, y bajo un criterio de suficiencia de datos disponibles, de manera exploratoria para este análisis se ha seleccionado la población pendular entrevistada en el municipio de Maicao  ( La Guajira ) , par�cularmente en las inmediaciones del paso fronterizo de Paraguachón. Cabe señalar que esta región presenta dinámicas históricas de movimientos pendulares, marcados por los movimientos de la etnia Wayúu  ( pueblo indígena binacional )  y por el intercambio comercial en la frontera.
, se evidencia una mayor proporción de personas adultas, par�cularmente mujeres  ( 17 puntos porcentuales mayor ) , en contraste con una menor incidencia de niños, niñas y adolescentes. Además, el porcentaje de mujeres gestantes y/o lactantes es menor, y no se iden�fica ninguna persona mayor de 60 años dentro de las personas pendulares entrevistadas
64% de los grupos de viaje manifiestan movilizarse en transporte público  ( incluyendo vehículos no formales que ofrecen este servicio ) , 43% caminando y 7% en transporte par�cular. A pesar de la fuerte tradición de tránsito pendular en la región, el hecho de que una alta proporción de estos movimientos se dé por ‘trochas' y las restricciones a la movilidad por la emergencia sanitaria implican una mayor exposición a riesgos en la ruta, aun cuando la movilidad en vehículos puede ser menos arriesgada que el tránsito caminando.
RAZONES DE INGRESO PENDULAR 68% ingresan para acceder a medicinas y alimentos cada uno. Un 5% de los grupos con fines laborales, 2% para visitar a familiares y 1% por acceso a educación de los niños y las niñas
En línea con la información obtenida en las rondas anteriores, el 75% de las personas indicó que, al momento de la encuesta, se encontraba en situación irregular, ya sea por no poseer un permiso de residencia o visa, o porque el permiso o visa había expirado  ( ver gráfico 4 )
El 91% de la población encuestada tiene vocación de permanencia en el país a 

mediano plazo, mientras que el resto aún no sabe por cuánto tiempo permanecerá en 

Colombia  ( 5% ) , planea moverse dentro de Colombia  ( 2% ) , viajar a otro país  ( 1% )  o 

regresar a Venezuela  ( 1% ) .
Durante esta ronda del HFS en Colombia, el 61% de las personas encuestadas indicó 
 que uno o más miembros de su familia tenían necesidades específicas. Además, dentro de este grupo, el 39% manifestó contar con dos o más necesidades específicas en el grupo familiar  ( ver gráfico 2 ) .
Sin embargo, un 11% de las familias encuestadas refiere no saber si sus hijos e hijas están registrados según lo dispuesto por la medida legislativa anteriormente citada. Asimismo, un 10% de los niños y niñas no cuentan con la anotación que indica “valido para demostrar nacionalidad' y es requerida para evitar posibles situaciones de apatridia. Adicionalmente se ha evidenciado que es importante reforzar la realización del registro civil de nacimiento desde los hospitales para evitar que los niños y niñas posean únicamente el certificado de nacido vivo. Ahora bien, 53 familias encuestadas alegaron tener algún miembro de su hogar sin ningún tipo de documentación que acredite la nacionalidad, en su mayoría se trata de niños y niñas nacidos en Colombia  ( 58% ) , Venezuela  ( 43% )  o en un tercer país como Bolivia  ( 2% ) . Entre otros factores, ACNUR considera que se podría deber a una falta de información por parte de las personas encuestadas sobre los procedimientos de registro e impedimentos para registrar a los niños y niñas en Venezuela y Colombia debido a la dificultad de acceso a servicios de registro derivados de las medidas de contención de la pandemia de la COVID 19  ( ver gráfico 9 ) .
Entre las necesidades específicas, las tres más recurrentes eran: condiciones médicas críticas o crónicas  ( 28% de las familias ) ; madre/padre sola/o con hijos/as menores de edad 

 ( 18% ) ; y mujeres en periodo de lactancia  ( 14% ) . Asimismo, aunque la muestra es 
pequeña, 40 de los hogares encuestados declararon que algún miembro de la familia habría sido víctima de violencia o abuso físico, psicológico o sexual  ( ver gráfico 3 ) .
Ahora bien, en la segunda ronda de 2021 se evidencia una disminución significativa  ( 16% menos con relación a la primera ronda de 2021 )  sobre la intención de solicitar protección internacional o ya haber radicado la solicitud ante las autoridades competentes. ACNUR explica parcialmente esta disminución en el interés de solicitar protección internacional por el comienzo de la implementación del ETPV tras su anuncio en febrero de 2021, el cual ha levantado altas expectativas entre la población, para acceder a un mecanismo de regularización ágil y con garantías jurídicas. De hecho, en esta ronda, el 61% de las familias encuestadas expresó no estar interesada en el procedimiento de protección internacional en favor de aplicar al estatuto temporal de protección ofrecido por el Gobierno de Colombia.
( Regularization and documentation ) 
 68%DO NOT HAVE a regular status in Colombia
facing more
difficul�es to
access basic
goods and
services.
79% of households that priori�ze food and 46% of those that priori�ze housing support men�oned cash as their preferred response modality
This year, increased mobility restric�ons at official border crossings points have led to an increase in entries through non official ones  ( 72% in 2020 and 94% in 2021 compared to approximately 50% in previous years ) .
40% of the 8.037 people interviewed finalized the virtual pre registra�on process within the Na�onal Registry of Venezuelan Migrants  ( RUMV ) .
90% of households Paid work is s�ll the most common income source among interviewed households.
Health 24% indicate that they have, but not with the required frequency
Health 26% of interviewed households at least one member has a chronic disease diagnosis  ( hypertension, diabetes, kidney disease, cancer or HIV infection )
Water, sanitation and hygiene 25%of households pointed out that the water they consume has a bad or regular quality  ( it has smell, color and/or flavor ) .
Water, sanitation and hygiene 20% of households access water only three days per week.
Water, sanitation and hygiene 8% of households with girls and/or women do not have access to menstrual hygiene materials.
31% of households stated being at risk of evic�on. This percep�on was more common in households with debt, with more than five members, and those whose head has a disability or is a woman.
Housing 36% of interviewed households live in overcrowding condi�ons
Education and communication 24% of the households of Venezuelan refugees and migrants living in Colombia have no access to the Internet
Education and communication 25% of boys, girls and adolescents are not enrolled in school.
Education and communication 1% are looked a�er by a rela�ve under 18 years old.
Education and communication 5% of girls and boys under five years of age are looked a�er by their parents at their workplace;
8% of the 1,763 women interviewed reported knowing at least one girl, women, transgender or binary person who has suffered from gender based violence.
Protection and security risks 6% of men interviewed reported knowing at least one boy or man who has suffered from this type of violence
Debido a la flexibilización de las medidas de aislamiento preventivo en Colombia, según Migración Colombia** al 31 de enero 2021, más de 1.742,000 venezolanos se encontraban en Colombia, radicados en los departamentos de Bogotá D.C y Norte de Santander entre otros.
El flujo de personas entre diciembre 2020 y enero 2021 fue cercano a 13 mil registros, correspondiente a ingresos irregulares**.
Menores viajando solos/as

De los 298 IC que viajaban en grupo y reportaron viajar con menores de 18 años, el 5%  ( 5 IC )  reportó que dentro de su grupo de viaje había niños/as viajando sin su acudiente legal.
Perfil de vulnerabilidad de viajeros/as solos/as
El 3%  ( 2 IC )  de las 57 IC mujeres, reportó estar viajando en estado de gestación o lactancia.

Perfil de vulnerabilidad de viajeros/as en grupo
El 28% de los 94 IC que viajaba en grupo, reportó que ellas o mujeres dentro de su grupo se encontraban viajando en estado de gestación o lactancia.
15%  ( 65 IC )  de los 425 IC que viajaban en grupo y que indicaron no tener nacionalidad colombiana reportaron contar con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza  ( TMF )  como documento migratorio válido para estar dentro de territorio colombiano.
9%  ( 19 IC )  de los 206 IC que viajaban solos/as y que indicaron no tener nacionalidad colombiana reportaron contar con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza  ( TMF )  como documento migratorio válido para estar dentro de territorio colombiano.
95% de los 217 IC que viajaban solos/as, reportó nacionalidad venezolana como la principal nacionalidad. Seguido de un 6%  ( 12 IC )  que reportó tener nacionalidad colombiana*.
Medio de transporte más usado hasta el lugar de la encuesta

El 57% de los IC reportó la caminata a pie como el principal medio de transporte, desde el lugar de partida del viaje hasta el lugar de la encuesta.
Cruce por un paso fronterizo oficial
14%  ( 14 IC )  de los 103 IC que señalaron como país de residencia de hace tres meses un país diferente a Colombia, reportó que él/ella o la mayoría de su grupo cruzaron por un paso fronterizo oficial para llegar  Colombia.
39% de los IC indicó que en los tres meses previos a la recolección de datos, ellos y/o la mayoría de su grupo de viaje consumía tres comidas al día.

25% de los IC mencionó que ellos y/o la mayoría de su grupo de viaje, consumía tres comidas al día durante los siete días previos a la recolección de datos.
Tres principales barreras de acceso
reportadas por los 2 IC que reportaron haber tenido dificultades de acceso a los mercados durante la ruta*:
1. No se permiten entrar a la tienda o mercado debido a su nacionalidad 47%
2. No les venden los productos que necesitan debido a su nacionalidad 38%
3. No tiene los recursos suficientes 38%
Tres principales necesidades reportadas por los IC*:
1.  Alimentos 82%
2. Transporte 52%
3. Hospedaje 34%
Principales condiciones de salud reportadas por 189 IC que indicaron que ellos/as o alguien de su grupo se sintió enfermo/a*:
1. Dolor de cabeza 50%
2. Dolencias musculares y articulares 27% 
3. Fiebre 20%
75% de los 189 IC que señalaron que ellos/as o alguien de su grupo de sintió enfermo/a, indicó no acudir a ningún sitio para recibir atención médica.
Principales dificultades reportadas por los 645 IC que indicaron haber sufrido algún tipo de dificultad durante el camino*:

1. Escasez de alimento 72%

2. Escasez de agua 62% 

3. Temperaturas extras de calor/sol/frío 47%
Durante los meses de junio y julio, se recogió la información sobre la población pendular en los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander. Los resultados del perfil de las personas entrevistadas que se presentan a con�nuación, corresponden a las caracterís�cas de las personas consideradas como elegibles3 para la evaluación. De esta manera, de las 488 personas encuestadas consideradas con el perfil pendular, el 76% eran mujeres y el 24% restante hombres. La mayoría eran personas jóvenes entre los 18 y 32 años, concentrando el 50% de la muestra. El promedio de edad de la persona encuestada fue de 36 años  ( ver gráfica 1 ) .
De las personas encuestadas, el 79% inició su viaje en los estados de Zulia  ( 40% ) , Táchira  ( 21% )  y Apure  ( 19% ) , es decir, aquellos que limitan en la frontera con los departamentos encuestados. Las personas entrevistadas en La Guajira provenían principalmente de Zulia  ( 96% ) , y en este caso la mayoría de la población es indígena  ( 69% ) . Quienes estaban en Norte de Santander provenían de Táchira  ( 79% )  en su mayoría, pero también de otros estados como Carabobo  ( 5% ) , Lara  ( 4% ) , Aragua  ( 3% )  y el Distrito Capital  ( 2% )  entre otros  ( ver gráfica 10 ) . Las ciudades o municipios, que con más frecuencia mencionan como lugar de origen son: Maracaibo  ( 17% ) , Ureña 11% y Guajira  ( 7% ) . 

La población que viaja en grupo, con mayor frecuencia proviene de estados diferentes a los que están en la frontera. Entre quienes viajan solos el 83% de la población salió de Zulia, Táchira y Apure, mientras que entre quienes viajan en grupo el 75% salieron de estos estados. Esto ocurre de manera similar, según el sexo de las personas encuestadas: con más frecuencia son mujeres quienes hacen los trayectos más cortos  ( estados de la frontera – 80% ) , mientras los hombres provienen en mayor proporción de otros estados.
Esta proporción depende de la zona de ingreso, en el caso de Norte de Santander, el 53% ingresó de forma irregular, y el 47% de forma regular. Asimismo, entre quienes viajan solos o solas con más frecuencia ingresan por pasos regulares  ( 51% ) , y en contraste, los grupos de viaje con más frecuencia entran por pasos irregulares  ( 57% ) .
Asimismo, entre la población indígena el 78% planea quedarse un día o menos. No hay diferencias significa�vas entre quienes viajan solos y solas y quienes viajan en grupo. Las mujeres con más frecuencia �enen estancias de unas horas: el 50% de las mujeres no completa un día y el 17% se queda como máximo un día. En el caso de los hombres el 39% se queda solo por unas horas, y el 20% como máximo un día.
En general las principales mo�vaciones de la población encuestada para viajar a Colombia son: acceder a alimentos  ( 57% ) , acceder a medicinas  ( 52% ) , acceso a tratamiento médico  ( 44% )  y a oportunidades de trabajo  ( 43% ) . Otras razones menos frecuentes son visitar a su familia en Colombia 13%, 10% acceder a ar�culos para el hogar, 7% acceder a educación de niños y niñas y el 2% acceso a educación a adolescentes, entre otras.
Menos de la mitad de las personas que buscan oportunidades laborales las �enen, y las condiciones bajo las cuales la realizan no son óp�mas, siendo en su mayoría informales, donde el 95% no co�za a seguridad social en Colombia. Finalmente, la tasa de dependencia es del 66%, es decir, por cada 100 personas en edad de trabajar, hay 66 que no lo están haciendo.
Perfil de vulnerabilidad de viajeros/as solos/as
El 4%  ( 2 IC )  de las 45 IC mujeres, reportó
estar viajando en estado de gestación o
lactancia.
Perfil de vulnerabilidad de viajeros/as en grupo
El 13% de los 137 IC que viajaba en grupo,
reportó que ellas o mujeres dentro de su grupo
se encontraban viajando en estado de
gestación o lactancia
Menores viajando solos/as
De los 103 IC que viajaban en grupo y reportaron
viajar con menores de 18 años, el 6%  ( 6 IC ) 
reportó que dentro de su grupo de viaje había
niños/as viajando sin su acudiente legal.
Perfil migratorio de viajeros/as en grupo
99% de los 137 IC que viajaban en grupo, reportó
tener nacionalidad venezolana como la
principal nacionalidad. Seguido de un 5%  ( 7 IC ) 
que reportaron tener nacionalidad colombiana*.
95% de los 128 IC que viajaban en grupo y que
indicaron no tener nacionalidad colombiana
reportaron no contar con ningún documento
migratorio válido para estar dentro de
territorio colombiano.
El 71% de las personas encuestadas tuvo acceso
a información antes de comenzar su viaje
El 71% de las personas encuestadas reportó haber obtenido información antes de comenzar
su viaje. No hubo diferencias significativas en la proporción de personas encuestadas que
tuvieron acceso a la información antes del viaje entre los países de la encuesta. Las diferencias estadísticamente significativas2 en el uso de fuentes de información indican
que las personas encuestadas en Perú tenían más probabilidades que las de Colombia de
haber contactado a amigos o familiares en los países de tránsito o destino para recopilar
información antes de partir  ( 81% vs. 62% ) , mientras que las personas encuestadas en
Colombia tenían más probabilidades de haber obtenido información de amigos o familiares
en el país de origen  ( 43% vs. 11% ) , de migrantes retornados  ( 37% vs. 6% ) , de otros/as
migrantes  ( 32% vs. 11% )  y de traficantes de migrantes  ( 17% vs. 7% ) .
Cruce por un paso fronterizo oficial
2% de los 220 IC que señalaron como país de
residencia de hace tres meses un país
diferente a Colombia, reportó que él/ella o
la mayoría de su grupo cruzaron por un
paso fronterizo oficial para llegar a
Colombia
Migrar a Colombia
desde Venezuela se considera más fácil y una proporción significativa de personas
venezolanas viaja periódicamente de ida y vuelta entre los dos países, por lo que muchas
personas creen que requiere menos preparación y/o información.3 Los migrantes pendulares,
junto con los retornados, son considerados como una valiosa fuente de información para
quienes planean migrar de Venezuela a Colombia, ya que conocen las rutas, el costo del
viaje y las condiciones de vida en el destino.
Las personas encuestadas también reportaron un vacío de información sobre los derechos
como migrantes o refugiados y sobre los procedimientos legales relativos a la migración
y el asilo  ( mencionado por el 25% de todas las personas encuestadas )
2%  de los 254 IC que indicaron tener un
destino final, reportó que él/ella o la
mayoría de su grupo tenían la intención
de estar en Colombia porque deseaban
acogerse al Estatuto Temporal de
Protección para Migrantes Venezolanos.
En el marco de la pandemia persisten otras afectaciones causadas por la ola invernal y que repercuten en la salud de niños y niñas, en especial de la primera infancia a nivel de vías respiratorias y en la piel
51% e los 55 IC que señalaron que ellos/as o alguien de su grupo de sintió enfermo/a y no acudieron a un sitio para recibir atención médica, reportó que la razón principal se debía a la falta de información.
Lugar de hospedaje 100% de los IC reportó que ellos y/o la mayoría de su grupo de viaje estaba pasando la noche en las ciudades de encuesta.
De los 113 IC que reportaron que ellos y/o la mayoría de su grupo de viaje, estaba pasando la noche en las ciudades de encuesta, el 43% indicó que lo estaban haciendo en una calle o vía pública, como principal lugar para pernoctar o pasar la noche
23% de los IC mencionó que ellos y/o la mayoría de su grupo de viaje, consumía tres comidas al día durante los siete días previos a la recolección de datos.
Tres principales necesidades reportadas por
los IC*:
1. Alimentos 85%
2. Transporte 41%
3. Agua limpia 35%
Este último hecho está vinculado en que gran parte de los casos se encuentran en situación irregular, aunque se espera que esta tendencia cambie con la implementación del ETPV. También, es importante resaltar la falta de información que tienen las personas en situación regular  ( 18% )  respecto al acceso a derechos de salud y afiliación a los mismos con documentación regular en el país.
Entre las tres rondas de 2021, se evidencia una disminución progresiva de la intención de solicitar protección internacional o de la radicación de la solicitud ante las autoridades competentes, siendo la ronda de julio a septiembre la que ha tenido menor porcentaje en este sentido. ACNUR explica parcialmente esta disminución por inicio en la implementación del ETPV tras su anuncio en febrero de 2021. De hecho, en esta ronda, el 73% de las familias encuestadas expresó no estar interesada en solicitar protección internacional y dentro de las principales razones se encuentra aplicar al ETPV. Las personas solicitantes de asilo y aquellas con intención de solicitarlo respondieron que prefieren optar por el ETPV en su mayoría  ( 51% )  y desistir de su solicitud de asilo, debido principalmente a la imposibilidad obtener de trabajo formal con el salvoconducto  ( 40% )  y en segundo lugar  ( 32% )  porque no saben cuánto tiempo tardará el reconocimiento de la condición de refugiado. Las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado indican como necesidades más urgentes el acceso a oportunidades de trabajo y a ciertos servicios, cuales salud y educación.
Se resalta que 45 familias encuestadas alegaron tener algún miembro de su hogar sin ningún tipo de documentación que acredite la nacionalidad, en su mayoría  ( 90% )  se trata de niños, niñas y adolescentes menores de 17 años nacidos/as en Venezuela  ( 51% )  y en Colombia  ( 49% ) . Según el análisis de los expertos en terreno, se considera que estos casos responden a que las familias se vieron en obligación de abandonar su país y no lograron realizar tramite de nacionalidad de niños y niñas en su país de origen. Sin embargo, frente a los casos de niños y niñas nacidos/as en Colombia, esta situación podría responder a falta de información por parte de las personas encuestadas sobre los procedimientos de registro sobre todo en zona rural, así como las dificultades de acceso a servicios de registro derivados de las medidas de contención de la pandemia de la COVID 19
La mayor parte de la población tiene intención de permanecer en el territorio colombiano como destino ﬁnal; sin embargo, a nivel regional se identiﬁca una importante concentración de grupos en tránsito hacia terceros países en la región suroccidental y de venezolanos ( as )  retornando a su país en las regiones oriental y central
De las 488 personas encuestadas el 34% reporta necesidades en SSR, es decir, 166 personas. En cuanto a los servicios relevantes a la preconcepción, el 45% de quienes accedieron a servicios requirieron atención por el servicio de ginecología, de las cuales el 47% logró acceder al servicio. Asimismo, 37% requirieron atención por servicios de an�concepción, de éstas el 61% accedieron al servicio. Por su parte, 36% requirieron servicio para gestantes, de éstas el 73% lograron acceder. Finalmente, el 13% afirma necesitar servicios relacionados con preserva�vos u otras acciones en prevención y tratamiento de ITS y/o VIH, de estas el 50% accedió al servicio
De acuerdo con los resultados de la ronda en cuestión, el 54% de las personas entrevistadas indicó que desde que llegaron a Colombia alguno de los miembros de su núcleo familiar ha necesitado recibir atención médica y fueron atendidos en un centro médico. Las personas encuestadas acudieron principalmente a hospitales públicos y privados para atención en emergencia, también a las diferentes ONGs que brindan servicios de salud integrales en las diferentes zonas del país. El 10% respondió que sí han necesitado recibir atención médica, pero no pudieron ser atendidos en un centro médico, siendo las principales razones mencionadas por las personas la falta de recursos económicos y el no tener afiliación al sistema de salud. Finalmente, un 6% indicó que a pesar de que han necesitado recibir atención médica prefirieron automedicarse o no buscar atención médica
En los países de la región Andina, se observan principalmente los movimientos mixtos  ( refugiados y migrantes )  producto de la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, que ha llevado el éxodo de millones de personas. En el caso de Colombia, dentro de los flujos estudiados, están las personas mayores en situación de desplazamiento interno por el conflicto armado interno.
Es preocupante la falta de acceso a servicios de salud en los países de la región norte de Centroamérica, así como en Colombia. En general, en el resto de los grupos de población en situación de movilidad humana, el acceso sigue siendo muy bajo.
Además, dos tercios  ( 66% )  de las personas mayores en situación de movilidad humana de los países de la región Andina no tenían ingresos mensuales, y un 57% consideraba que sus ingresos no eran suficientes para atender sus necesidades básicas, cifra que alcanza el 70% en Colombia.
La población mayor en movilidad humana presenta una baja seguridad en el derecho a la vivienda. Se presentan casos de hacinamiento en Honduras, Colombia y Perú. El desalojo es otro de los riesgos graves para las personas mayores y se presenta como una forma de maltrato hacia esta población y sus familias. También preocupa el alto porcentaje de personas que desconocen sus derechos frente a este flagelo. Las principales causas de dificultad para conseguir vivienda son la falta de recursos económicos y el rechazo por la condición de persona en situación de movilidad humana, específicamente en los países de la región Andina, lo que puede estar relacionado con la xenofobia, ya que, como forma de maltrato, esta alcanza a un quinto de la población.
En la región Andina, las personas encuestadas de Colombia fueron principalmente de Bogotá  ( 54% ) , Medellín y su área metropolitana  ( 8% ) , Cali  ( 6% ) , Cúcuta y su área metropolitana  ( 5% ) , Putumayo  ( 4% ) , Bucaramanga  ( 3% ) , Nariño  ( 3% ) , Arauca  ( 2% )  y Barranquilla  ( 2% )  y en otras ciudades  ( 13% ) .
Los diez primeros lugares del país  ( Migración Colombia, 2020a )  en que se ubica la población venezolana son Bogotá  ( 333.680 ) , Norte de Santander  ( 191.484 ) , Atlántico  ( 158.662 ) , Antioquia  ( 154.302 ) , La Guajira  ( 148.171 ) , Santander  ( 110.575 ) , Cundinamarca  ( 94.125 ) , Valle del Cauca  ( 88.414 ) , Magdalena  ( 86.848 )  y Bolívar  ( 79.626 ) .
Existen riesgos de protección a líderes, lideresas sociales y funcionarios públicos. Se hace necesaria la activación de un Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, debido a las amenazas contra la comunidad, líderes y miembros de la Alcaldía.
Según el último informe de ACNUR  ( 2020a )  sobre desplazamiento forzado, había en Colombia en 2019, 189.454 refugiados y personas en situación similar a la de refugiados; 75.550 solicitantes de asilo; 31 refugiados retornados, y 7.976.412 personas desplazadas internas de interés para la Organización. El desplazamiento tenía como causa principal el conflicto armado: “el desplazamiento forzado ha sido generado principalmente por los hechos violentos que cometen los grupos armados en contra de la población civil, como una manera de ejercer control sobre los territorios y de esta manera expandir su influencia'  ( Duarte, C., Montoya, L., & Aliaga. F., 2020.p.83 )
La falta de información afecta principalmente a las mujeres mayores que hicieron parte de la muestra. Por ejemplo, en Colombia un 38% de las mujeres no ha accedido a procedimientos de regularización por falta de información, comparado con un 29% de los hombres. De las personas que aún no han accedido a los trámites administrativos para el reconocimiento de la condición de refugiado/a, son las mujeres las que han evidenciado un mayor problema con la falta de información en un 30%, frente a los hombres con un 19%.
En la región Andina la discriminación por edad es más notoria en Colombia, en donde el promedio de las mujeres es un 15% y los hombres casi duplican este porcentaje, alcanzando un 28%. En este país, se observa la discriminación por discapacidad en los diferentes flujos,
Seguridad alimentaria y nutricional: Se requiere asistencia alimentaria para la población desplazada ya que se evidencian afectaciones relacionadas con el abandono de sus cultivos, actividades de autosostenibilidad y acceso a medios de vida.
46 Afrocolombianos desplazados