nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Finalmente, un factor adicional que ha agravado la situación de la población en general, pero en mayor medida o de forma diferencia a las mujeres, es la emergencia provocada por el COVID 19, en tanto el confinamiento ordenado por el gobierno ecuatoriano el 16 de marzo de 2020, ha impactado fuertemente, al menos en 3 ámbitos: 

1. Un fuerte empobrecimiento de los hogares y crecientes dificultades para acceder a medios de vida, tal como advierte un estudio de género sobre el impacto de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe, al señalar que: la pandemia llevaría “a 15,9 millones de personas más en la región a una situación de pobreza extrema… Las mujeres, las niñas, y las personas LGBTIQ+ serán de las más afectadas, especialmente aquellas pertenecientes a grupos marginados y en situación de riesgo', como es el caso de las jefas de hogar, las mujeres en movilidad humana, las que no han regularizado su estadía en el país  ( CARE y ONU Mujeres, mayo 2020: 4 ) .

2. Una significativa sobrecarga del trabajo de cuidados durante el confinamiento, como lo declararon 3 de cada 4 mujeres consultadas  ( 76% ) ; pues no solo se han domésticas tradicionalmente asignadas a las mujeres, sino que el 56% de las mujeres indica que en sus hogares ellas han sido las únicas que se dedica a apoyar a sus hijos e hijas en la nueva modalidad de educación a distancia  ( ONU Mujeres, mayo 2020 ) . 

3. Un incremento de los distintos tipos de violencia en contra las mujeres, tal como el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de las mujeres en situación de Con respecto a movilidad humana, el informe de MESECVI señala los efectos del Estado de excepción entre aquellas que requieren protección internacional, en tanto han visto complejizar su quehacer en el país de destino, por diversas razones, por ejemplo, los trámites migratorios se han detenido debido a la paralización de actividades y esto les afecta sobre todo porque no pueden contar con documentación. Además, esta situación las ubica en situaciones de vulneración de derechos debido a la necesidad de supervivencia  ( Mora Mora, 2020 )
• Aumento de la violencia al estar confinadas con los perpetradores, tanto con las parejas como con otros familiares.
• Aumento de femicidios, de violencia sexual y de las desapariciones de mujeres.
• Cese de la posibilidad de denunciar la violencia o buscar ayuda.• Aumento de la violencia contra mujeres en situación de movilidad.
• Restricciones para el acceso a los servicios de protección y de salud sexual y reproductiva
• Aumento de casos de violencia digital  ( extorsión sexual y pornografía infantil en línea ) .
De acuerdo con el Monitoreo de Protección, las principales dificultades que las familias en movilidad enfrentan son la falta de recursos económicos  ( incluyendo la capacidad para contratar internet o adquirir equipos tecnológicos )  y la falta de documentación o requisitos para acceder al sistema educativo.
El acceso a necesidades básicas es una de las principales preocupaciones de las personas en situación de movilidad humana en Ecuador. Al preguntarles por aquellas que son más prioritarias o urgentes, el 75% de las personas encuestadas respondió “Cubrir las necesidades más básicas para la supervivencia de la familia'. El acceso a empleo y servicios  ( educación, salud, etc. )  fue la segunda prioridad  ( 17% )  y el acceso a documentación y regularización la tercera  ( 6% ) . Apenas un 1,6% de los hogares encuestados señaló haber podido cubrir sus necesidades.
Del total de personas encuestadas que necesitaron atención médica, el 93% dijo haber podido acceder a un centro médico y el 90% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que recibió la atención requerida.
b. Falta de acceso a capital o medios de financiación que limita las posibilidades tanto para el emprendimiento como para la regularización migratoria.
Lasso dijo que la llegada de los migrantes venezolanos supone un reto para el país y alimenta el argumento de una necesaria reactivación económica."Los problemas de falta de empleo en Ecuador son serios y esta migración venezolana agrava el panorama", dijo.
El fuerte deterioro de sus condiciones de vida obedece principalmente a la pérdida de sus fuentes de sustento, según lo constata un estudio hecho en el Ecuador: 

• Antes de la pandemia el 10% de las mujeres estaba en desempleo, mientras al momento de la encuesta, el 45% había perdido su trabajo.

• 2 de cada 3 mujeres  ( 68,5% )  que tienen emprendimientos o autoempleo, no han podido abrir sus negocios, dejando de percibir ingresos; y, 1 de cada 3 mujeres que trabajan por cuenta propia dijeron que sus ventas e ingresos se han reducido. Esta es la realidad que vive la mayor parte de mujeres migrantes o refugiadas.

• El 48% de mujeres que tenían un empleo como asalariadas, sea permanente u ocasional reportaron haber sido separadas, despedidas o suspendidas sin aviso de retorno. Al desagregar por estrato socioeconómico se encuentra que las mujeres que más han perdido su empleo son las del estrato bajo, pues la cifra llega al 75%. ( ONU Mujeres, mayo 2020 ) .
De igual forma, al indagar la prevalencia de la violencia a las mujeres por tipo de agresión  ( Gráfico 4 ) , se encuentra algunas variaciones importantes entre las provincias pertenecientes a la zona de frontera analizada. Además, se constatan diferencias al interior de sus territorios según el tipo de violencia. Así, se encuentra que

• Imbabura es la provincia con mayor prevalencia en todos los tipos de violencia de género contra las mujeres, y solamente comparte el primer lugar con Sucumbíos en violencia patrimonial o económica.
• Esmeraldas se ubica en segundo lugar en cuanto a la prevalencia de los distintos tipos de violencia que se perpetran contra las mujeres, excepto en violencia patrimonial donde se ubica en tercer lugar con apenas 1 punto por debajo.
• Sucumbíos ocupa el tercer lugar y, únicamente comparte la tasa más alta de prevalencia en violencia patrimonial. 
• Carchi, consistentemente aparece con las cifras como la provincia con el menor porcentaje de prevalencia en los cuatro tipos de violencia.
Al desagregar las distintas formas de violencia sexual, se encuentra que 1 de cada diez mujeres que residen en la franja fronteriza del norte del Ecuador han sido víctimas de violación que de acuerdo con la Ley vigente en el país, este delito se comete cuando una persona es: “obligada a tener relaciones sexuales mediante chantajes, amenazas, uso de la fuerza, armas, alcohol o drogas', en cualquiera de los ámbitos de interacción social, incluyendo el ámbito de las relaciones de pareja  ( LOIPEVM, 2018 ) . En cuanto a otra de las formas de violencia, la encuesta  ( ENVIGMU, 2019 )  revela que 13% de las mujeres ha sido víctima de abuso sexual, el mismo que en la legislación ecuatoriana es definido como aquel que: “ocurre cuando una persona en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal'  ( Artículo 170, COIP, 2014 ) . Por tanto, estas prácticas en contra de los cuerpos, la dignidad e integridad de niñas, adolescentes y mujeres adultas son un delito con graves consecuencias para sus vidas, aunque estos no siempre salen a la luz y tampoco se denuncian.

Como lo ilustra el Gráfico 5, tanto la violación como los abusos sexuales sufridos por las mujeres y las niñas tienen mayor prevalencia en las provincias de Sucumbíos e Imbabura; y, los territorios de la zona fronteriza presentan cifras un tanto mayores al compararlos con los valores nacionales.
Recognized refugees in Imbabura province: 4,550 Colombians 65 Venezuelans
Between January and September 2021, 532 asylum applications of Venezuelans and Colombians were admitted for processing in Ecuador, of which 12 percent  ( 65 cases )  were in Imbabura province.
Del total de la pobla  ción colombiana encuestada, un 76% dijeron enfrentar riesgos relacionados con grupos armados, inseguridad  ( 70% ) , amenazas directas  ( 68% ) , violencia generalizada  ( 68% ) , persecución y/o discriminación  ( 60% ) ; todos ellos recogidos como causales en la Convención. En el caso de las personas venezolanas, hay un porcentaje que señalan razones que no están tan claramente definidas en los tratados internacionales y regionales que regulan la materia, como la fata de alimentos  ( 58% )  y las limitaciones de acceso a medios de vida  ( 56% ) . Sin embargo, una proporción importante incluye también causales recogidas en la Convención y la Declaración de Cartagena: falta de acceso a servicios médi  cos  ( 57% ) , inseguridad  ( 52% ) , riesgos inminentes de salud  ( 28% ) , grupos armados  ( 21% )  o violencia generalizada  ( 18% ) .
A nivel nacional, encontramos que el 81% de las personas pu  dieron atenderse en un centro médico cuando requirieron aten  ción médica  ( sea que la persona encuestada o un miembro de su familia requirió la atención ) . De la porción restante, solamente el 2% indicó que necesitó la atención médica pero no pudo ser atendida. El resto de las personas estuvieron saludables o no acudieron por asistencia médica.
El 65% de las personas encuestadas reportaron que han tenido que pagar con efectivo a personas para poder pasar por pasos fronterizos irregulares e ingresar a Ecuador, tanto en el paso fronterizo de Venezuela a Colombia como de Colombia a Ecuador.
La mayoría de las personas ha ingresado ingresado por un paso irregular y desconocen los procedimientos para poder solicitar protección internacional en frontera.
La población encuestada en su mayoría no cuenta con los requisitos para obtener una visa regular en Ecuador. Muchas de las personas encuestadas reportaron que no tenían dinero suficiente para obtener un pasaporte ni en el país de origen ni en Ecuador, que desconocían los tramites administrativos acceder la documentación o que tenían dificultad para cumplir requisitos. Muchas personas también reportaron que su documentación ha sido robada o extraviada.
se realizaron 130 encuestas a personas beneficiarias de los servicios del sistema de albergues de las cuales 50.7% fueron de género masculino, 47.69% fueron de género femenino y 1.54% se auto _x000c_reconocieron como otros géneros. En cuanto a la composición por grupos etarios los rangos más representativos son los de 19 a 35 años  ( 53.8% )  y de 36 a 64 años  ( 30% ) , seguidos con una menor representación en menores de 18 años  ( 14,6% )  y en mayores de 65 años  ( 1.64% ) .
De las personas que se habían sentido discriminadas, el 76% a nivel nacional señalaba que la principal razón era su nacionalidad, alcanzando el 86% en el caso de personas venezolanas y el 67% en el de las colombianas.
En términos de reconocimiento de la condición de persona refu  giada, es importante destacar las significativas diferencias entre las dos poblaciones de estudio. Entre enero de 2018 y mayo de 2021, Ecuador recibió 13.375 solicitudes de asilo de personas colombianas y reconoció a 8.659 como refugiadas. Es decir, la tasa de reconocimiento alcanzó un 65%. En el mismo periodo se recibió más del doble de solicitudes de asilo de personas venezolanas  ( 33.936 ) . Sin embargo, la tasa de reconocimientos apenas alcanzó el 1%, es decir, sólo 444 personas venezolanas habían recibido el estatus de refugio  ( Gráfico 5 ) .
Además de la nacionalidad, hay otros factores determinantes en términos de acceso en el sistema educativo:
En primer lugar, los promedios de matriculación son más altos en las regiones Frontera Norte  ( 79% )  y Sierra  ( 77% )  que en la región Costa  ( 72% ) . En segundo lugar, para las familias que llegaron al país tras el inicio de la pandemia, el porcentaje de matriculados desciende hasta el 64% en el caso de las familias colombianas y hasta el 38% para las venezolanas. Esta situación parecería con  firmar el grave impacto que la pandemia ha tenido sobre el ac  ceso de la población en movilidad humana al sistema educativo
Existen grandes vacíos de información sobre el acceso al asilo, especialmente de la población venezolana. Es urgente fortalecer campañas y estrategias de difusión de información sobre el derecho al asilo, ajustadas a las necesidades y medios de comunicación más utilizados por las personas de interés.
Se mantiene alto número de personas migrantes y refugiadas, en Guayaquil y varios cantones del Guayas que no logran estabilizar su situación económica: el acceso a necesidades básicas, especialmente alimentación y arriendo especialmente se mantienen insatisfechas , según lo indica la población venezolana que se comunica con las líneas de atención de los socios del GTRM.
Prioridades: 1 )  Asegurar el acceso a la conectividad que facilite procesos de capacitación y acceso a información veraz y oficial sobre las medidas actuales, así como derechos y obligaciones;
A finales de año, el Banco Central del Ecuador  ( 2020 )  cifraba la caída interanual del PIB en casi el 9% y la pérdida de puestos de trabajo alcanzaba casi los 600.000, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo  ( 2020 ) .
Estos {refugiados}, a nivel nacional, son reconocidos como "aquellas poblaciones asentadas en las periferias de la ciudad en condiciones de precariedad, con acceso restringido a servicios básicos"
Servicio de guardería. Al interior de los albergues no existen espacios de este tipo, por el contrario, entre las normas de convivencia se refiere expresamente que los padres y madres serán responsables del cuidado y custodia de sus menores hijos/as en todos los espacios del albergue y en todo momento. Ello constituye un dispositivo de prevención de temas vinculados con el acoso y abuso infantil, pero al propio tiempo devela las insuficientes capacidades de asistencia al cuidado seguro de infantes que como resultado, son sobre expuestos a actividades de subsistencia en las calles, cuando a sus padres o familiares cercanos se les permite salir para realizar alguna actividad que les reporte ingresos económicos.
Las condiciones del lugar son cuestionables {edificio, una escuela en desuso que ha sido utilizada como una especie de refugio para inmigrantes}. Según las observaciones realizadas por la comisión de delegados de la RMHRC, este sitio, al haber estado sin uso durante un largo periodo de tiempo, no cuenta con personal ni protocolos para la seguridad y protección de población vulnerable. Además, debido al hecho irrefutable de que el lugar no es un albergue ni casa de acogida reconocida oficialmente por las instituciones públicas, esta carece de los servicios y atenciones propias de un lugar de acogida; así como también está desprovisto de muebles indispensables como camas, colchones o puertas para cada aula.
Una de las condiciones que convierte a una persona en refugia  da es la imposibilidad de regresar a su país de origen porque su vida y seguridad, o la de sus familiares, está en peligro. El 82% de las familias encuestadas respondieron estar de acuerdo o com  pletamente de acuerdo en que enfrentarían riesgos en caso de tener que regresar a su país de origen. Del total de la pobla  ción colombiana encuestada, un 76% dijeron enfrentar riesgos relacionados con grupos armados, inseguridad  ( 70% ) , amenazas directas  ( 68% ) , violencia generalizada  ( 68% ) , persecución y/o discriminación  ( 60% ) ; todos ellos recogidos como causales en la Convención. En el caso de las personas venezolanas, hay un porcentaje que señalan razones que no están tan claramente de  finidas en los tratados internacionales y regionales que regulan la materia, como la falta de alimentos  ( 58% )  y las limitaciones de acceso a medios de vida  ( 56% ) . Sin embargo, una proporción importante incluye también causales recogidas en la Convención y la Declaración de Cartagena: falta de acceso a servicios médi  cos  ( 57% ) , inseguridad  ( 52% ) , riesgos inminentes de salud  ( 28% ) , grupos armados  ( 21% )  o violencia generalizada  ( 18% ) .
Educación

La Constitución del Ecuador de 2008 y la Ley Orgánica de Edu  cación Intercultural, declaran que la educación en el Ecuador es universal y gratuita. El Ministerio de Educación ha perseguido un modelo de inclusión que garantice el acceso a este derecho sin discriminación. En este sentido, en abril de 2020 entró en vigor el Acuerdo Ministerial 25A, una normativa que garantiza el acceso y permanencia en el sistema educativo de cualquier niño, niña o adolescente en vulnerabilidad. Este enfoque ha permitido incluir en el sistema a más de 64.000 niños, niñas y adolescentes  ( en adelante NNA )  en movilidad humana, mayoritariamente de Colombia y Venezuela  ( Ministerio de Educación, 2021 ) . Sin em  bargo, la pandemia evidenció que existen todavía barreras que no permiten efectivizar este derecho humano.
De las familias encuestadas con hijos e hijas en edad escolar, el 77% señala que sus hijos e hijas están matriculados en el sistema educativo nacional. Esta cifra alcanza el 82% en el caso de NNA de Colombia y un 72% en el caso de NNA de Venezuela. Además de la nacionalidad, hay otros factores determinantes en términos de acceso en el sistema educativo:

las regiones Frontera Norte  ( 79% )  y Sierra  ( 77% )  que en la región Costa  ( 72% ) . En segundo lugar, para las familias que llegaron al país tras el inicio de la pandemia, el porcentaje de matriculados desciende hasta el 64% en el caso de las familias colombianas y hasta el 38% para las venezolanas. Esta situación parecería con  firmar el grave impacto que la pandemia ha tenido sobre el ac  ceso de la población en movilidad humana al sistema educativo. Finalmente, un 85% de quienes ingresaron regularmente tienen a los NNA matriculados, frente a un 62% de quienes lo hicieron de forma irregular. Esto apuntala la idea de que el ingreso regular al país es fundamental para acceder efectivamente a derechos.  ( Gráfico 11 )
Salud

De acuerdo con la normativa constitucional, el derecho a la salud es universal en el Ecuador. Por esta razón, los servicios de salud no deben ser excluyentes ante ningún ciudadano y por ninguna causa. En el ámbito del presente Monitoreo de Protección, el ejercicio de este derecho se ve reflejado en un alto porcentaje. A nivel nacional, encontramos que el 81% de las personas pu  dieron atenderse en un centro médico cuando requirieron aten  ción médica  ( sea que la persona encuestada o un miembro de su familia requirió la atención ) . De la porción restante, solamente el 2% indicó que necesitó la atención médica pero no pudo ser 
 atendida. El resto de las personas estuvieron saludables o no acudieron por asistencia médica.
Entre las particularidades de estos trabajadores  [ personas que para septiembre de 2020 cuentan con un empleo adecuado ]  se observa:1 )  la mayoría  ( 76% )  son empleados asalariados  ( empleados públicos o privados ) , 2 )  son principalmente hombres 65%, 3 )  el 40% tiene educación superior, y 4 )  esencialmente trabajan en empresas o tienen emprendimientos que cuentan con RUC  ( 81% )  y, por tanto, son parte del sector formal.
[ Requisitos ] 
a. Haber ganado el concurso de méritos y oposición. 

b. Acreditar una residencia en el país de al menos cinco años consecutivos. Extranjeros no residentes durante al menos cinco años consecutivos no pueden acceder a puestos de carrera. 

c. Cumplir los requisitos fijados para ciudadanos ecuatorianos, en la medida que sean aplicables:
Meanwhile, 37 per cent of households reported having experienced discrimination and/ or xenophobic incidents in Ecuador.
Desplazamiento y acceso al territorio En lo que se refiere al desplazamiento de las personas de interés hasta Ecuador, los resultados arrojan diferencias de magnitud entre la Frontera Norte y el promedio nacional. El principal medio de transporte utilizado para el viaje es el bus con un 61% a nivel nacional y un 51% para la Frontera Norte  ( gráfico 2 ) . De las personas que llegaron por otros medios, vemos que el número de familias que lo hicieron caminando o haciendo autostop es ligeramente inferior para la Frontera Norte. Así, un 17% llegaron caminando  ( frente al 16% nacional )  y un 9% haciendo autostop  ( frente al 12% nacional )
En lo que respecta a su ingreso al país, el 39% de las personas a nivel nacional declaraban haber ingresado de manera regular, mientras que en la Frontera Norte este porcentaje era del 49%  ( gráfico 3 ) . Si se analiza esta variable por la nacionalidad de la persona, se encuentran resultados similares tanto para personas venezolanas como colombianas, donde la mitad de ellas ingresó de manera regular al país y la otra mitad lo hizo de manera irregular.
luego de las restricciones de movilidad impuestas al inicio de la pandemia por COVID 19, se ha respetado el derecho a la libre movilidad de las personas dentro del territorio ecuatoriano. Sin embargo, la no apertura de los pasos fronterizos regulares y la utilización de “trochas' desencadena diversos riesgos de protección que incrementa la vulnerabilidad de las personas de interés, como se lo verá en el capítulo de los mapeos participativos. Así también, los requisitos de documentación impuestos por el gobierno ecuatoriano en agosto de 2019, antes del cierre de las fronteras por la pandemia, crearon barreras para ingresar de manera regular a Ecuador.
Asilo y regularización migratoria Una de las diferencias más notables halladas durante el análisis de información es la que tiene que ver con la situación de asilo y regularización migratoria de las personas de interés. Mientras que la media nacional de personas que solicitaron la condición de persona refugiada es del 48%, en la Frontera Norte asciende al 69%  ( gráfico 5 ) . Además, entre quienes solicitaron asilo, el porcentaje de personas reconocidas  ( 42% frente al 25% a nivel nacional )  y pendientes de resolución  ( 17% frente al 13% a nivel nacional )  es mayor en la Frontera Norte que a nivel nacional, tal vez debido a que la mayoría de las personas solicitantes de asilo en la zona son de nacionalidad colombiana
as personas señalaron que la falta de documentos de identidad de su país de origen dificulta su acceso a la regularización migratoria en Ecuador, y al ejercicio de sus derechos. Por esta razón, coinciden en que la regularización de su estatus migratorio es una de las necesidades más prioritarias y urgentes que buscan resolver.
Sin embargo, una vez logrado este proceso, surgen nuevas necesidades y desafíos asociados al acceso a empleos formales con pagos justos, reconocimiento de sus capacidades, al acceso a servicios bancarios, acceso a viviendas en condiciones dignas, entre otras.
Habitabilidad Uno de los principales desafíos de las personas en movilidad humana en Ecuador es el acceso a condiciones de habitabilidad dignas y seguras. En los ejercicios cualitativos, las personas de interés señalaron que la vivienda es una de sus principales necesidades y preocupaciones.
La pandemia complicó aún más esta situación pues impactó severamente la capacidad de generación de ingresos de las familias, tanto para las que se encuentran en situación de movilidad humana como para aquellas de la comunidad de acogida.
En los grupos focales se mencionaron los inconvenientes que pueden emerger en cuanto a la permanencia en el sistema educativo como situaciones de xenofobia, discriminación, y acoso escolar que sufren sus hijos/as en las instituciones educativas
Educación Acerca del acceso y permanencia en el sistema educativo, los resultados reflejan ligeras ventajas para la Frontera Norte frente a los valores nacionales. En términos de acceso, el promedio nacional de familias que respondieron que sus hijos e hijas estaban matriculados en el sistema educativo es del 77%, cuando para la Frontera Norte es del 80%.
Respecto a la permanencia en el sistema educativo, las familias tienen muchas dificultades para contar con los recursos necesarios para que sus hijos e hijas puedan estudiar
Esto se refleja al ver que alrededor de una de cada cinco familias señalaba contar con estos recursos en la Frontera Norte  ( gráfico 13 ) , además que sólo un 18% de familias indicó tener un acceso fácil o muy fácil al Internet, recurso indispensable para la educación a partir de la llegada de la pandemia por COVID 19.
Salud La salud es uno de los derechos con mayor acceso en el país para las personas refugiadas y migrantes. Los resultados del Monitoreo de Protección muestran que el 85% de las personas que necesitaron atención médica pudieron asistir a un establecimiento de salud en la Frontera Norte  ( frente al 81% a nivel nacional ) .. El 98% lo hizo a través de establecimientos públicos  ( 58% a centros de salud y 40% a hospitales ) . El 75% de los que acudieron por asistencia médica dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que recibieron la atención requerida, apuntando a un alto nivel de satisfacción con el servicio de salud en la región.
Cuando se indagó en los grupos focales, se identificó la necesidad de brindar también atención de salud mental. Muchas personas manifestaron sentirse tristes, ansiosos/as, desesperados/as por la situación que viven a diario, pero son muy pocos/as quienes han acudido a organizaciones como HIAS para recibir asistencia psicológica
Las mujeres señalaron también que han podido acceder a información sobre salud sexual y reproductiva y planificación familiar; así como, a métodos anticonceptivos de manera gratuita en los centros de salud pública
Estos datos son similares los resultados a nivel nacional y dan cuenta de las dificultades que las personas de interés enfrentan para su integración económica, asunto que fue ampliamente debatido en los grupos focales. Las personas refugiadas y migrantes se han visto forzadas a desempeñar trabajos que no están relacionados a su formación académica o experiencia laboral previa. En los testimonios se identifica que muchos cuentan con títulos de educación superior; sin embargo, estos no están siendo reconocidos en el país, por lo que optan por empleos informales, pequeños emprendimientos y comercio en las calles.
En torno a la seguridad alimentaria, se identificó una reducida posibilidad de acceso a formas sanas de alimentación, ya que las personas han tenido que decidir entre alimentarse o pagar de manera diaria por un lugar en el cual dormir o guardar para pagar el arriendo.
Cuando existen dificultades para satisfacer las necesidades urgentes, los principales mecanismos de afrontamiento en la Frontera Norte son: reducir el consumo de alimentos  ( 15% ) , reducir el uso de artículos no esenciales  ( 14% ) , pedir dinero prestado  ( 13% ) , limitar el consumo de alimentos de los adultos para priorizar a niños y niñas  ( 12% ) , y, no pagar la renta  ( 11% )
Integración local En torno a la integración de las personas de interés con su comunidad de acogida se observan resultados muy similares entre la Frontera Norte y el promedio nacional. Así, el 60% de personas dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que se han sentido solitarias en algún momento durante su estancia en Ecuador. No obstante, un 63% mencionó tener una relación positiva o muy positiva con la comunidad de acogida, considerando que a nivel nacional este porcentaje desciende al 57%.
Además, al consultar sobre haberse sentido discriminadas, el 49% de las personas indicaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta percepción  ( frente al 51% a nivel nacional ) ; y un 48% dijo no estar de acuerdo con dicha afirmación  ( con un 47% a nivel nacional ) . El porcentaje restante corresponde a personas indecisas en torno a esta pregunta
En los testimonios se identifica que muchos cuentan con títulos de educación superior; sin embargo, estos no están siendo reconocidos en el país, por lo que optan por empleos informales, pequeños emprendimientos y comercio en las calles.
Dentro del ámbito laboral han sufrido con frecuencia actos de discriminación y precarización laboral, especialmente aquellos cuya situación migratoria es irregular. Esta misma situación la experimentan quienes se dedican a las ventas ambulantes, sumado a que se encuentran expuestos a un mayor riesgo de contagio de COVID 19 o abusos de parte de agentes de control.
En la zona urbana de Tulcán, la mayoría de las personas en movilidad humana se dedican a la venta informal de comida, accesorios y al reciclaje, especialmente en la zona del Centro, las calles Boyacá y Bolívar; en las inmediaciones de mercados y centros comerciales como el Supermaxi, el Coral o el Mercado Popular; o en zonas más periféricas como el Estadio Olímpico o el Control Sur.
Cómo punto de entrada principal en Ecuador, Tulcán es el primer lugar de entrega de información a la población en movilidad humana sobre sus derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, la justicia, y el acceso al asilo. Debido al alto flujo de población en tránsito, muchas personas no pueden acceder a la información para ejercer sus derechos
Los cuatro sitios con mayor riesgo de protección en Tulcán son las trochas, el Parque Ayora, el Barrio Tajamar y el Terminal Terrestre. Se tienen numerosos reportes de violencias basadas en género, sexo por supervivencia, robos, delincuencia, microtráfico de sustancias ilícitas, etc
Ibarra la ciudad de Ibarra también recibe a personas quienes están en tránsito, sobre todo personas venezolanas que pernoctan en los principales parques de la ciudad o en zonas públicas cubiertas. Los principales son el Parque de la Cometa, el Parque El Ejido, el Parque Ciudad Blanca, el Parque de la Familia, las zonas aledañas al Coliseo y bajo el puente del anillo vial.
la población venezolana está esencialmente dedicada a la venta informal o, en algunos casos, al subempleo en restaurantes y pequeños comercios familiares, donde trabajan sin contrato, en largas jornadas y por salarios muy por debajo del mínimo de ley.
Las personas refugiadas y migrantes también enfrentan dificultades en el acceso a derechos, especialmente salud y educación. Aunque en algunos casos se tienen reportes de discriminación en el acceso a estos derechos, lo cierto es que es un problema que afecta también a la población de acogida. El impacto de la pandemia sobre los sistemas de salud y educación ha provocado una saturación que dificulta el acceso.
Se tienen también reportes de otros riesgos de protección, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia ejercido por personas en movilidad humana, fundamentalmente mujeres con altas vulnerabilidades. Se han registrado algunos incidentes y disputas por competencia de mujeres que ejercen trabajo sexual, tanto con personas de la comunidad de acogida como entre personas venezolanas y colombianas.
Otro grave riesgo es el del trabajo sexual y la trata con fines de explotación sexual. De acuerdo con las personas participantes, en numerosas zonas de la ciudad existen prostíbulos controlados por redes de tratantes, que explotan a mujeres y niñas en movilidad humana. Pareciera que la llegada de personas venezolanas ha desplazado a la población colombiana y ecuatoriana de esta actividad, lo que estaría generando desavenencias entre ellas
En las trochas, los principales riesgos los enfrentan mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, que están expuestas a robos y violencia sexual. En la zona urbana, existen lugares públicos dónde mujeres, tanto ecuatorianas como refugiadas y migrantes, son víctimas de acoso sexual y están en riesgo de diversas formas de violencia basada en género. Además, existen reportes de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ que se han visto obligadas a ejercer sexo por supervivencia en lugares públicos y privados, incluyendo situaciones de explotación sexual
El impacto negativo que tuvo la pandemia de COVID 19 en la generación de ingresos de las familias provocó un proceso de desalojo en la ciudad, que impactó especialmente a las familias venezolanas de las áreas urbanas, con menos acceso a medios de vida. Muchas personas desalojadas se enfrentaron a mayores riesgos de protección durmiendo en la calle. Algunos venezolanos decidieron regresar a Venezuela o viajar a Colombia cuando fueron desalojados. Los altos niveles de desalojos pusieron a prueba los servicios y recursos de las agencias humanitarias y del gobierno
a gran mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela concentra sus actividades de generación de ingresos en el sector centro de la ciudad, especialmente en los barrios Central y Guayaquil. Otro sector de generación de ingresos es el sector de Puerto Aguarico donde se ubica un balneario, q
Las personas refugiadas y migrantes se dedican mayoritariamente al comercio informal, por lo que estos sectores, al ser el epicentro comercial y bancario de la ciudad, presentan mayor dinamismo económico y facilitan la generación de ingresos
Los hombres venezolanos se dedican a trabajos que involucran esfuerzo físico como construcción por obra, estibadores y tricicleros. Además, se dedican al comercio informal de alimentos y ropa. Finalmente, la población LGBTIQ+ trabaja en el área de belleza  ( estilistxs, maquilladoxs )  y preparación de alimentos
Narcotráfico, presencia de nuevos actores armados que disputan el control de los cultivos ilícitos en Colombia y las rutas de salida o traslado por Ecuador. Esta situación genera un impacto negativo y xenofóbico hacia la población desplazada que llega a la localidad, especialmente la población colombiana, estigmatizada como partícipe de estas economías ilícitas
Tráfico y trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo con las personas participantes en el mapeo, en numerosas zonas de la ciudad existen prostíbulos controlados por redes de trata que explotan a mujeres y niñas en situación de movilidad humana. La llegada de mujeres venezolanas vinculadas al trabajo sexual ha desplazado a la población colombiana y ecuatoriana de esta actividad, dinámicas que generan conflicto entre ellas.
Criminalidad debido al incremento de la violencia en Colombia, la presencia de actores externos que se disputan el control del territorio, microtráfico, delincuencia organizada, e incluso asesinatos que se reportan en diversos sectores del cantón, especialmente en localidades cercanas de la frontera como General Farfán
Más de dos tercios de la población mayor en situación de movilidad humana encuestada no tienen ingresos propios. De los que sí cuentan con ingresos, un 79% gana menos de un salario mínimo, y solo para un 43% sus ingresos alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas.
El acceso a la alimentación es principalmente por medio del apoyo de familiares, en un 56%; ingresos económicos propios, en un 50%, pero muchos dependen de organizaciones humanitarias  ( un 24% ) . Organizaciones encuestadas ofrecen asistencia alimentaria y bonos de mercado, pero la oferta de estos servicios ha sido impactada por la pandemia
El acceso a la alimentación, que es una de las principales motivaciones para la movilidad de personas refugiadas y migrantes, es también uno de los temas de mayor dificultad para las personas mayores en Ecuador. Casi un quinto de las encuestadas no tiene acceso a tres comidas diarias  ( 19%, solo a dos comidas y un 4%, a una comida ) . La pandemia ha tenido un impacto bastante significativo en la seguridad alimentaria de las personas mayores encuestadas.
La salud mental es claramente una preocupación importante entre la población mayor en situación de movilidad humana en Ecuador. Las personas encuestadas manifiestan problemas de angustia por la incertidumbre y por querer volver al país de origen. Más de un tercio de las personas encuestadas ( 40% )  se sentía ansioso, deprimido, irritable, agotado o con dificultades para conciliar el sueño por lo menos parte del tiempo; un 14% se sentía así la mayor parte del tiempo, y un 5%, todo el tiempo.
Las personas mayores en situación de movilidad humana manifiestan afectaciones mentales de tristeza profunda y desarraigo por el país que tuvieron que dejar. Para una persona mayor en situación de movilidad humana, poder empezar una nueva vida es más difícil, porque son quienes han dejado gran parte de sus vidas en el país de origen. Revelan, además, la constante dificultad para adaptarse a las nuevas formas de vida.
El 22% de las personas encuestadas no utilizó el servicio de salud cuando lo necesitó, y de estas un 10% no lo ha hecho por no tener cobertura de salud o dinero para pagar. Otras barreras identificadas incluyen el desconocimiento sobre los servicios, la falta de documentos y discriminación, hospitales siempre llenos y dificultad de conseguir consultas; la distancia hasta los centros de salud y la dificultad de movimiento también hacen parte de los problemas referidos.
La falta de movilidad contribuye al aislamiento de las personas mayores y a la falta de acceso a servicios esenciales como los servicios de salud; en efecto, un tercio de las personas encuestadas manifestó dificultad en acceder a los centros de salud, porcentaje que sube al 68% en el caso de la población refugiada y solicitantes de la condición de refugiado/a. El acceso es particularmente limitado para las personas mayores y personas con discapacidad. Algunas presentan, además, un estado de abandono por parte de sus familiares.
El 86% de las personas no ha recibido ninguna capacitación, y solo en porcentajes muy bajos las personas mayores encuestadas han tenido capacitación en temas de derechos  ( 11% )  e incorporación a la vida productiva  ( 4% ) .
Como se reafirma en el relato de los actores, hay casos de desalojos donde no se contemplan medidas de protección para las personas mayores. Los desalojos son frecuentes, pero un 84% del total de las personas encuestadas no conoce qué acciones de protección existen en caso de ser desalojados y, según los actores institucionales, estos se hacen sin el debido proceso.
Debido a la falta de oportunidades las personas de interés optan por el comercio informal con la expectativa de generar ingresos que permitan financiar gastos de alimentación, vivienda y educación. Frente a la intención de formalizar su actividad económica, además de tener una condición migratoria regular, requieren medios para la adquisición de las herramientas para su emprendimiento y contar con el RUC o RISE. El procedimiento para lograrlo no es claro y no tienen medios para obtenerlos. En ese afán, buscan financiamiento a través de prácticas riesgosas que incluyen: prestamistas informales, venta de activos, entre otros.
La crisis económica que se vive en el país, exacerbada por la pandemia de la COVID 19, hace que los servicios tengan menos insumos médicos y medicinas, lo que provoca que las personas en movilidad humana deban acudir a medicina privada pese a tener menos recursos económicos para cubrir los gastos. Por otra parte, la automedicación, con los riesgos inherentes que tiene, es una práctica que se ha incrementado entre las personas en movilidad humana.
Las personas de interés consideran a la alimentación y el arriendo como necesidades esenciales a cubrir. Sin embargo, frente el temor al desalojo y quedar en situación de calle, el pago de arriendo pasa a ser la primera prioridad para algunas familias, incluso sobre su alimentación. La falta de empleo y recursos para atender las necesidades alimentarias, de vivienda, energía eléctrica, agua potable, ítems de higiene, conectividad, entre otras, genera profundas preocupaciones en las personas, que afectan su estado de ánimo y, en general, dificultades a su salud mental y física.
Existen riesgos de protección a los que se enfrentan las niñas y los niños no acompañados y separados de sus familias, quienes son especialmente vulnerables a la violencia basada en género y la trata de personas.
La población LGBTI+ considera que son discriminados por su orientación sexual y diversidad de género, por lo que enfrentan desafíos en su integración local y no disponen de espacios seguros. Esta situación repercute especialmente en el espacio laboral, en el cual la población trans se ve más afectada.
Las mujeres se sienten menos seguras que los hombres. Experimentan constantemente hipersexualización, ofrecimiento de trabajo sexual, acoso sexual en calle, etc. Las mujeres adolescentes, además de estas vulneraciones, han sido víctimas de intentos de secuestro
En los grupos focales, un número representativo de personas de origen venezolano que accedió al proceso de asilo indicó que sus casos fueron rechazados sin que se les haya explicado claramente los motivos por los que sus solicitudes no eran compatibles con la protección internacional. Además, señalaron estar en situación migratoria irregular y no poder acceder al trámite para regularizarse por el alto costo de los visados y por la exigencia de pasaporte válido y vigente.
Las personas de interés reportan un vacío en la información que reciben sobre asilo y regularización migratoria, el acceso a servicios de justicia, educación y salud  ( especialmente sexual y reproductiva ) . También necesitan contenidos sobre medios de vida con énfasis en la obtención de documentos que permitan facturar la venta de bienes y servicios, y conocer sobre emprendimientos, oficios, trabajos formales y manejos de redes sociales.
Referente a las condiciones de vida, las personas se encuentran alojadas en viviendas que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad. Los espacios habitacionales son reducidos y familias completas viven en cuartos sin divisiones o comparten espacios con otras, provocando el hacinamiento y posibles situaciones de SGBV.
El acceso justo a una vivienda y la seguridad legal presenta abusos. La mayoría de las personas han sufrido casos de discriminación como incremento del precio de alquiler.
En las viviendas, la falta de espacios privados y seguros  ( falta de cerraduras, seguros en puertas, dormitorios abiertos, etc. )  es un elemento de preocupación para las mujeres. Las viviendas con baterías sanitarias compartidas las ponen en mayor riesgo, en particular a las NNA.
1.100 funcionarios públicos y personal de salud capacitados en varios temas  ( área 4 )
Se han entregado 1.868 kits de aseo
Moreno reconoció que la situación de crisis que está viviendo el "hermano país" está por encima de "la capacidad de acogida" de Ecuador.
• Distribution of 30 blankets and earmuffs to women and children who are sleeping in the square and without access to shelter, plus 50 nutritional kits and 5000 proteinic cookies.
RESPUESTA Gobierno Institucionalidad del sistema de justicia para abordar la trata de personas. Capacitación y uso de técnicas por parte de funcionarios de justicia en la comprensión extendida del derecho a la no victimización
Sex work is legal in Ecuador and USCRI that can make it challenging to investigate where places where sex is being sold.
Dos venezolanas fueron víctimas de secuestro exprés al salir de su trabajo, ubicado en la avenida Francisco de Orellana y Carlos Luis Plaza Dañín, en el norte de Guayaquil.
Noting the near impossibility of obtaining official documents in Venezuela, Ecuador's changing requirements, and associated appli  cation costs that prevent many Venezuelans from obtaining the UNASUR visas for which they are eligible, UNHCR reported in early February that the government had “indicated its willingness to lower these barriers as part of a national response plan.'48 This may not be enough, however. Venezuelans fleeing today are poorer than those who left in earlier waves and often arrive with only a little worth  less currency, if anything at all.
Ecuador suffers from a slug  gish economy and rising public debt, which limits the state's capacity to meet even the most basic needs of displaced Venezuelans. Indeed, the rising number of Venezuelans arriving and settling in Ecuador is severely straining the full gamut of national social services.
Se propone un trámite más expedito para poder deportar a las personas que cometen delitos y contravenciones; para ello, se acortan los tiempos y participarán menos autoridades, porque a su criterio actualmente los procedimientos son más engorrosos y vuelven casi imposible este trámite y se demoran hasta ocho meses. Aclaró que las reformas a la Ley de Movilidad no tienen nada que ver con la regularización de los extranjeros que están en el país; pues eso está resuelto con el Decreto Ejecutivo 826, que se expidió hace días.
• 39.795 personas recibieron asistencia de protección
• 34% de las personas asistidas fueron mujeres y 40% NNA3
La cifra de venezolanos que abandonaron el país asciende a 3,4 millones, y la comunidad mundial está esperando para ver cómo responde la región.1 Quito III debe ser un nuevo llamado a la acción y un compromiso renovado con las promesas del pasado
En 2018, tanto Perú como Ecuador pasaron a exigir pasaportes para ingresar a sus países, aunque en ambos casos, los tribunales encontraron que estos requisitos violan la movilidad humana y la libertad de movimiento. Del mismo modo, algunos países que permitieron el acceso a su territorio sin una visa ahora han cambiado las regulaciones
El 29 de marzo de 2019, el Tribunal Constitucional de Ecuador suspendió el requisito de que los venezolanos presenten un pasaporte válido para ingresar al país. Sin embargo, durante la visita del Grupo de Trabajo a Tulcán en la frontera entre Ecuador y Colombia, el Grupo de Trabajo fue testigo de una aplicación inconsistente de esta política. Los funcionarios de la frontera ecuatoriana no estaban aceptando pasaportes caducados de migrantes y refugiados venezolanos.
Alrededor del 22 por ciento de los venezolanos encuestados mencionaron no tener suficiente dinero para comprar alimentos al día siguiente de la encuesta; y 98 por ciento manifestó sufrir discriminación relacionada con su nacionalidad.
50.576 personas recibieron asistencia humanitaria
• 1.091 personas asistidas en integración socioeconómica y cultural
• 28% de las personas asistidas fueron mujeres y 52% niños, niñas y adolescentes
• 770 funcionarios públicos fueron capacitados en temas de derechos humanos, movilidad humana, protección infantil y acceso al asilo.
Freddy Carrión, defensor del Pueblo, pidió que el plan también incluya un componente que garantice la seguridad de los migrantes, de tal forma que no sean presas de mafias o redes de trata de personas.
El presidente Lenín Moreno aseguró este martes 16 de julio del 2019 que medio millón de venezolanos viven hoy en día en Ecuador, lo que le supone para las arcas públicas un desembolso anual de unos USD 500 millonees.
families in which parents were able to obtain visas in Ecuador, but because their children did not have identifying documents, the children were not. the children were living in Ecuador with an irregular status.
there is virtually no prosecution of trafficking cases. The government officials do not have the training and capacity to do this and political will may be lacking.
los requisitos legales que no pueden cumplir las personas que deben cruzar las fronteras hacen que más venezolanos vivan en la sombra, lo que aumenta dramáticamente su exposición a los riesgos de protección en cada etapa del ciclo de desplazamiento. Estos riesgos incluyen, entre otros, la trata, el reclutamiento forzado, la explotación sexual y laboral, la apatridia y la discriminación. Además, debido a que son tratados como migrantes irregulares, generalmente no pueden acceder a derechos y servicios básicos.
UNICEF has also installed tents to temporarily host vulnerable families crossing into Ecuador. Families can receive blankets, hygiene supplies for babies and cash transfers.
UNICEF is establishing temporary learning spaces for refugee and migrant children across the region as well as supporting protection and counseling services.
los principales impulsores de la huida de Venezuela son la crisis humanitaria, el aumento de la violencia generalizada y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, todo lo cual ha perturbado gravemente el orden público. Existe una creciente mal nutrición y una ausencia casi total de medicamentos que salvan vidas de pacientes con enfermedades crónicas; ahora hay 81 homicidios por cada 100.000 habitantes y la persecución,la tortura, la represión de manifestantes, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos y la impunidad generalizada son violaciones de los derechos humanos amplia mente documentadas.
incluso ahora, se estima que 5.000 venezolanos cruzan la frontera hacia Colombia diariamente y otros 2.500 ingresan a Ecuador. El total de nuevos solicitantes de asilo venezolanos de 2014 2017 fue de 80,00090; –un importante número de casos por derecho propio, ya que Venezuela no ha sido tradicionalmente un país productor de refugiados–. El último total conocido, que se remonta a diciembre de 2018, creció a poco menos de medio millón. Los sistemas de asilo existentes están bajo una enorme presión debido a que están mal equipados o no cuentan con los recursos para procesar tales casos