nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Sin embargo, pese a contar con algún documento, la gran mayoría de éstos no permiten a las personas acceder a una alternativa de regularización migratoria de acuerdo con la legislación ecuatoriana. La única excepción es la Visa de Excepción por Razones Humanitarias para Ciudadanos Venezolanos  ( VERHU ) , a la que se puede acceder con pasaporte vencido  ( máximo 5 años )  además de otros requisitos entre los que se incluye el desembolso de una tasa de 50 dólares por visa emitida.
A través de datos provistos por informantes clave y de encuestas en pasos fronterizos y terminales de bus, el Monitoreo de Fronteras de la Plataforma de Coordinación R4V registró más de 11.000 ingresos al territorio ecuatoriano en apenas 4 meses  ( entre septiembre 2020 y enero de 2021 ) , y se calcula que las cifras pueden ser mayores teniendo en cuenta el número de pasos fronterizos irregulares que no se logra cubrir.
En comparación a Venezuela, el 83% aseveró que su calidad de vida en Ecuador es mejor o mucho mejor, por lo que desean establecerse en Ecuador y crecer laboralmente para mejorar su calidad de vida.
According to the same source, school closure has a higher impact for children already in a vulnerable situation: 26% of children and adolescents of refugee/migrant households have not been enrolled in school in 2020
El 45% de personas encuestadas llegó a Ecuador por bus, mientras que el 31% caminando y el 21% por avión. El 93% entró por paso regular y el 7% admitió haber entrado por paso irregular.
Los documentos más solicitados al ingresar al país son: pasaporte y/o cédula.
Las tres principales razones de haber decidido migrar son: inseguridad  ( violencia, asaltos, etc. ) , mala calidad de vida  ( carencias y escasez )  y falta de trabajo en su país de origen.
Las mayores dificultades presentadas al llegar al Ecuador son adquirir alimentos y dinero para los pasajes de bus, dormir en la calle, caminar, conseguir empleo y encontrar un lugar para vivir.
Vivienda

Respecto a la vivienda, la mayoría de la población venezolana ha podido acceder a una. El reporte de la OIM  ( 2020a )  indica que 84,1% de los migrantes tiene acceso a alguna vivienda en Ecuador y 15,5% se encuentra sin un hogar ﬁjo. De los que tienen alojamiento, un 93,6% reside en una vivienda alquilada, 3,6% en un albergue u hogar temporal, 1,1% en hoteles y 1% en posesión irregular. Con respecto a los servicios, casi la totalidad cuenta con luz eléctrica  ( 99,7% )  y agua potable  ( 96,9% ) . Un porcentaje importante cuenta con alcantarillado  ( 81,4% ) , baño y ducha propia  ( 52% ) . Menos de la mitad  ( 39,3% )  solo tiene acceso a baño y ducha compartida. Pocos cuentan con acceso a internet  ( 25% )  o a telefonía ﬁja  ( 4,2% ) .
Las limitaciones que reportan las personas venezolanas en situación de movilidad humana para acceder al sistema educativo son la falta de recursos económicos, falta de documentación y falta de cupos en los centros educativos  ( OIM, 2020a ) . Estos resultados contrastan con la normativa ecuatoriana que garantiza el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes sin documento de identidad y sin importar su nacionalidad. En este sentido, las barreras identiﬁcadas podrían ser de otra índole como la carencia de información adecuada sobre el proceso de inscripción en las escuelas  ( Banco Mundial, 2020, pág. 26 ) . Adicionalmente, a pesar de que la educación es gratuita, existen costos que las familias incurren para permanecer en el sistema, como gastos relacionados al transporte, útiles escolares, o apoyo para el funcionamiento de los locales  ( Banco Mundial, 2020, pág. 26 ) .
Respecto a los lugares geográficos de concentración de los migrantes venezolanos, el informe estima que el 65% se asentaron en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha.
2.2.2 Trabajo y empleo en Ecuador

La encuesta de la OIM  ( 2020a )  sobre la población venezolana en situación de movilidad en Ecuador indica que la tasa de desempleo llega al 27,9%, y es mayor entre las mujeres  ( 34,6% )  en comparación con los hombres  ( 22,2% ) . El autoempleo o el trabajo independiente es la principal forma de ocupación  ( 47,9% )  mientras que los dependientes apenas llegan a ser 22,6%. Por otra parte, el número de personas que ha ﬁrmado algún contrato o entrega comprobante por el trabajo realizado se encuentra en apenas 6,1% para los hombres y 7,8% para las mujeres. Esto indica un claro descenso en las condiciones laborales respecto a su situación en Venezuela, donde apenas el 10,1% manifestó encontrarse desocupado.
A pesar de ello, el 100% de los/las administrativos/as encuestados/as refiere que han existido manifestaciones de violencia dentro del albergue, los cuales en su mayoría han consistido en violencia verbal y violencia física. Sólo en un caso se reporta violencia pública  ( Casa de Acogida Temporal en San Antonio de Pichincha ) , donde se han presentado escenarios de amenaza y confrontación con funcionarios públicos locales que han alentado reacciones xenófobas y discriminatorias contra los residentes, por parte de la comunidad de acogida. Sin embargo, los agentes comisores de los actos violentos tienden a ser en su generalidad los propios residentes de los albergues
Otro escenario se muestra con las comunidades de acogida donde son escasas las dinámicas de participación organizadas para favorecer la cohesión social. Las relaciones son calificadas como tensas en todas las instituciones salvo en el Albergue 8 de septiembre en Huaquillas que ha logrado generar una buena práctica en las relaciones con la comunidad y la incidencia conjunta para mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios básicos de las personas que viven en zonas aledañas al albergue.
El 75% de los alojamientos los baños de hombres y mujeres están en buen estado, aunque una cifra similar del espacio de duchas se encuentra en malas condiciones. Sólo los albergues de Casa Linda y la Casa de Acogida Temporal de San Antonio de Pichincha manifiestan tener baños en malas condiciones, sobre todo en las áreas de duchas  ( para el 25% del total ) .
En relación con el mercado laboral, el informe indica que menos del 15% de la población migrante venezolana tiene un estado migratorio que le permita trabajar en el sector formal; por tanto, se estima que el 57% de los venezolanos en Ecuador labora en el sector informal.
Adicionalmente, de los trabajadores venezolanos con contrato de trabajo, se estima que el 71% de estos son contratos temporales; así también, el estudio encuentra que los migrantes venezolanos trabajan 5 horas más por semana que el promedio de horas trabajadas por los trabajadores ecuatorianos; sin embargo, su salario es un 42% menor.
En cuanto a actividades laborales, el grupo de ocupación   antes de migrar de Venezuela   que mayor representatividad muestra en la distribución, es de los/as estudiantes, seguido de los/as obreros/ as, las personas dedicadas al cuidado del hogar, trabajadores/as en el área del comercio, las ventas y atención al cliente y en menor proporción otros oficios vinculados con la estética y la manipulación de alimentos, actividades profesionales y de docencia. En la actualidad el 62% de estas personas no realizan actividad laboral alguna, 23% piden dinero en las calles o alternan actividades de venta ambulante con la solicitud de ayudas a los transeúntes. Otro 15% realizan actividades laborales informales y eventuales  ( recicladores y trabajos por un día como albañiles, carpinteros, promotores comerciales de restaurantes y otros negocios locales, etc. )
Cabe señalar dos aspectos sobre el periodo de estancia: primero, el contexto de la pandemia generó una dinámica de flexibilidad del tiempo de acogida en ciertos centros.  El de la Fundación Nuestros Jóvenes se extendió hasta dos meses y Cáritas hizo lo mismo para casos particulares de mujeres solas. El de la Orden Hospitalaria, desde el primer día de la pandemia, ubicó a treinta personas en situación de vulnerabilidad y sin hogar “{…}  que se quedaron a vivir {…}, durante cinco a seis meses'; y Jubasca, quiénes también flexibilizaron su temporalidad de permanencia. Tanto los albergues San Juan de Dios como el de la Fundación Nuestros Jóvenes, se diferencian porque cobijan de manera permanente a adultos mayores que viven ahí y con extremo nivel de vulnerabilidad respectivamente.
Los servicios sanitarios se juzgan como adecuados en la generalidad, salvo para el 12,50 % de los casos que manifiestan percepciones negativas atendiendo al deterioro en baños, problemas en el funcionamiento de tuberías e instalaciones hidráulicas y espacios inhabilitados por roturas, específicamente en el alojamiento de Casa Linda, Albergue Municipal de Ibarra y Fundación de Nuestro Jóvenes. En este sentido es importante señalar la importancia que tiene contar con servicios de agua caliente en duchas en las instituciones de la Sierra ecuatoriana y de habilitar baños en las habitaciones atendiendo a las bajas temperaturas que se experimentan en el horario nocturno.
Una nota importante se deriva de las condiciones de las personas colombianas refugiadas en el país que representan el segundo grupo más numeroso después de los/las ciudadanos/as venezolanos/as. 

La percepción de riesgo de estas personas deriva de eventos traumáticos asociados con patrones de violencia sistemática de la guerrilla y el temor inminente de que puedan ser relocalizados a través de redes de información. Como parte de este estudio, fueron encuestados dos ciudadanos colombianos refugiados en el Ecuador que fueron víctimas de secuestro y para los cuales la convivencia con personas venezolanas que tienen rutas de viaje a través de Colombia, es vista como una amenaza a su seguridad individual y estabilidad emocional.
La mayoría de los entrevistados coinciden en que el mayor obstáculo para los postulantes de nacionalidad venezolana es presentar información en lo que respecta a su estatus migratorio legal que los califique para trabajar  ( visa, pasaporte ) , preparación académica  ( títulos convalidados ) , referencias personales y experiencia laboral; información con la que las empresas formales necesitan contar para luego poder validar. Adicionalmente, se mencionó que para ciertos cargos se requiere poseer experiencia en el país, como para aquellos que involucran cuestiones internas específicas, por ejemplo, los relacionados con leyes tributarias  ( contabilidad ) , aranceles ecuatorianos  ( comercio exterior ) , normativa de calidad, entre otros.
El impacto de la pandemia y las medidas adoptadas para contener la propagación del virus han sido tremendamente duros. De acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos  ( INEC )  correspondientes a septiembre de 2020, se observa que el 67% de la fuerza laboral en Ecuador se encuentra en situación de desempleo o empleo no adecuado1, totalizando alrededor de 5,3 millones de personas cuyos ingresos laborales no igualan un salario básico, tienen insuficiencia en horas de trabajo, están en condiciones de otro tipo de empleo no pleno o se encuentran en situación de desempleo.
Pero, además de los desafíos de acceso al sistema, existen otras barreras que dificultan la permanencia y aumentan los riesgos de protección. Desde abril de 2020, las escuelas se han manteni  do cerradas y se mantiene un modelo de educación a distancia. Aunque se han habilitado plataformas de aprendizaje a través de radio y televisión, el uso de internet y dispositivos electró  nicos sigue siendo la principal herramienta de aprendizaje para los NNA. Esto representa una grave barrera en el país, especial  mente para las personas en movilidad humana y para personas ecuatorianas que viven en zonas rurales.
Al ser consultadas, un 76% de las familias dijeron no contar con los recursos necesarios para garantizar la educación de sus hijos e hijas  ( Gráfico 13 ) . Además, sólo el 24% de las familias señalaba tener facilidad o mucha facilidad de acceso a internet. Según zona de estudio, en la Frontera Norte y la Costa tienen mayores dificultades que en la Sierra  ( respectivamente, 64%, 57% y 51% señalaban dificultades de acceso ) . Estas barreras fueron identi  ficadas también por un estudio de UNICEF  ( 2021 ) , que señala que sólo 2 de cada 10 estudiantes a nivel nacional cuentan con equipos para su uso personal y que 6 de cada 10 declaran estar aprendiendo menos.
El 73% de los encuestados expresó habitar con 2 o 3 familiares, mientras que el resto vive solo o con máximo una persona de su núcleo familiar. Cabe recalcar que, al estar asentados en una unidad educativa, las familias se distribuyen a lo largo de las aulas disponibles en el espacio y, aunque manifiesten ocupar cada aula con sus respectivos miembros familiares, conviven con personas ajenas a su núcleo familiar. Cada aula ha sido acomodada por los mismos ciudadanos, de acuerdo a sus necesidades, en donde disponen de cocinas, refrigeradores pequeños, mesas, sillas y colchones.
Así, el CDH realizó el levantamiento de información en el que se constató que, inicialmente, eran 25 familias venezolanas las que se encontraban viviendo en ese sector. La mitad de los encuestados  ( 12 )  afirmó haber ingresado al país con sus hijos menores de edad. De estos, seis llegaron con sus cónyuges, además de nietas y suegras; dos de ellos llegaron con su pareja; una llegó con su nuera y demás nietos; y tres manifestaron haber llegado con otro familiar que no determinaron en el momento de la encuesta. Por otro lado, tres ciudadanas aseguraron haber llegado acompañadas de sus esposos; dos, con su mamá; dos, con su pareja sentimental; dos, acompañados de otros familiares como nietos. Asimismo, tres ciudadanos venezolanos afirmaron haber llegado a Ecuador solos, sin compañía, mientras esperaban que sus familiares ingresaran posteriormente al país.
Se identificó que en la unidad educativa, a febrero del 2021, se encuentran alrededor de 15 familias originarias de Venezuela y otras dos familias ecuatorianas. Es decir, al lugar han llegado cinco familias más desde diciembre de 2020. Los datos recolectados arrojaron que las personas que ahí habitan se encuentran entre los 17 y 70 años de edad, entre ellos, dos mujeres embarazadas y dos personas de la tercera edad. El 100% de ellos se encuentra en una condición irregular aunque se identificaron casos de ciudadanos que son elegibles para solicitar el estatus de refugiado y no han podido acceder al mismo. Aunque más del 70% de ellos han ingresado a finales de 2019, casi el 30% ingresó desde mediados de 2020 e inicios de 2021, cuando la crisis sanitaria por COVID 19 agravó la situación en su país de origen.
Las formas de desplazamiento de la población venezolana tam  bién han ido cambiando con el paso del tiempo, aumentando progresivamente los riesgos que enfrentan en su viaje. Un 66% de las personas que llegaron antes de 2019 señalaban que uti  lizaron el autobús como principal medio de transporte, mientras que, de las que llegaron durante el primer trimestre de 2021, sólo el 47% lo hicieron en bus. De la misma forma, un 13% señalaban haber tenido que hacer algún tramo a pie y un 8% en autostop antes de 2019 y, en los últimos tres meses, estos porcentajes ascendían al 22% y al 15%, respectivamente. Viajar a pie o en autostop expone más a las personas durante su desplazamiento, especialmente si son familias, mujeres solas, adultos mayores o niños, niñas y adolescentes. Se puede concluir, por tanto, que los riesgos de protección en el desplazamiento han aumentado a lo largo del tiempo.  ( Gráfico 3 )
Documentación y

regularización migratoria

La mayoría de las personas encuestadas señaló contar con una cédula o documento de identidad vigente del país de origen  ( 51% ) . Sin embargo, sólo el 17% dijo contar con un pasaporte vigente y apenas el 12% en el caso de la población venezolana  ( Gráfico 9 ) . Durante un periodo, las personas venezolanas po  dían acceder a la Visa de Excepción por Razones Humanitarias  ( VERHU )  con su pasaporte vencido. Sin embargo, desde que se cerró este programa, las posibilidades de regularización disponi  bles en Ecuador se ha dificultado, especialmente para la pobla  ción venezolana.
Parece evidente que las limitaciones de acceso no están consiguiendo frenar el desplazamiento, sino que, de hecho, están poniendo en mayores riesgos de protección a las personas que se desplazan. De acuerdo con múltiples fuentes, durante los últimos meses se ha experimentado una significativa pro  liferación, a ambos lados de las fronteras, de pa  sos fronterizos irregulares controlados por grupos delincuenciales dedicados al tráfico de personas. Estos ponen en grave riesgo a las personas que cruzan, especialmente a familias, mujeres solas, niños y niñas y personas adultas mayores. Así, pa  rece seguro afirmar que el acceso al territorio para las personas de interés se ha dificultado sustan  cialmente.
Como se aprecia en el Gráfico 5, el Decreto Ejecutivo 826 y el cierre de fronteras por la pandemia habrían provocado una dis  minución considerable de solicitudes de asilo. En el caso de la población colombiana, en 2018 y 2019 se mantuvo un promedio relativamente estable de entre 450 y 500 solicitudes al mes. En un ejemplo de buena práctica, la Cancillería logró sostener el sis  tema de asilo en modalidad virtual, aunque el impacto de la pan  demia generó una caída de las solicitudes. Desde entonces, esta cifra ha ido creciendo, aunque sin alcanzar niveles anteriores. Dado que la situación en Colombia no parece haber mejorado, se requiere mantener los esfuerzos para garantizar el acceso al asilo a esta población.
En agosto de 2019, por medio del Decreto Ejecutivo 826, Ecua  dor empezó a solicitar visa a las personas venezolanas para in  gresar al país. El 84% de las familias venezolanas encuestadas que ingresaron al país antes del Decreto, dijeron haberlo hecho de forma regular. Tras su entrada en vigor, este porcentaje bajó hasta el 30%.  ( Gráfico 4 ) . A esta situación se sumó el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres, como medida de preven  ción por la pandemia por COVID 19. Esto podría haber gene  rado un fenómeno similar para la población colombiana, ya que su principal vía de ingreso al país son las fronteras terrestres del norte del país.
Este relato se corresponde con los resultados de la encuesta, don  de el 80% de las familias colombianas había solicitado asilo en el país y, de este grupo, más de la mitad señalaba contar con estatus de refugio reconocido. En el caso de la población venezolana, el 55% declaraba tener intenciones de hacerlo y un 16% de quienes respondieron a la encuesta había aplicado al asilo. De éstos, más de la mitad señalaba que su aplicación había sido rechazada  ( Grá  fico 6 ) . 

Al ser consultadas por los motivos por los que no solicitaron asi  lo, las personas venezolanas señalaban tres: falta de información  ( 48% ) , costo del proceso  ( 31% )  y falta de documentación  ( 19% ) . Dado que la solicitud de asilo no requiere documento alguno ni  tiene costo, los resultados parecerían confirmar una notable des  información sobre el proceso entre la población venezolana.  ( Grá  fico 7 )
Incidentes de protección

Como ya hemos señalado, las personas en movilidad humana sufren múltiples riesgos de protección, tanto en sus países de origen como durante el desplazamiento y en Ecuador. 

Las 799 familias encuestadas reportaron un total de 710 inci  dentes de protección. Los más recurrentes son la amenaza fí  sica  ( 30% ) , el robo  ( 19% ) , la agresión o maltrato físico  ( 11% ) , la amenaza de desalojo  ( 8% )  y el desalojo de la vivienda  ( 6% ) . Sin embargo, existen diferencias sustanciales si comparamos las dos nacionalidades de estudio y el lugar donde ocurrió el incidente.
Esta realidad se ve reflejada en el estatus migratorio de las per  sonas que respondieron a la encuesta. En el caso de la población venezolana, un 73% de las personas encuestadas señalaba en  contrarse en situación irregular, un 16% contaba con una visa VERHU y el resto contaba con otro tipo de visa temporal o per  manente  ( 11% ) . En el caso de las personas colombianas, el 42% dijo encontrarse en situación irregular en el país, un 36% señala  ba contar con una visa de solicitante de asilo o estar pendiente de su emisión, y el resto contaban con visa temporal  ( 15% )  o permanente  ( 6% )  de otra categoría. Pese a que las personas co  lombianas tienen mayor acceso al asilo, sigue habiendo un por  centaje muy significativo que no cuenta con regularidad en el país.  ( Gráfico 10 )
Educación

La Constitución del Ecuador de 2008 y la Ley Orgánica de Edu  cación Intercultural, declaran que la educación en el Ecuador es universal y gratuita. El Ministerio de Educación ha perseguido un modelo de inclusión que garantice el acceso a este derecho sin discriminación. En este sentido, en abril de 2020 entró en vigor el Acuerdo Ministerial 25A, una normativa que garantiza el acceso y permanencia en el sistema educativo de cualquier niño, niña o adolescente en vulnerabilidad. Este enfoque ha permitido incluir en el sistema a más de 64.000 niños, niñas y adolescentes  ( en adelante NNA )  en movilidad humana, mayoritariamente de Colombia y Venezuela  ( Ministerio de Educación, 2021 ) . Sin em  bargo, la pandemia evidenció que existen todavía barreras que no permiten efectivizar este derecho humano.

De las familias encuestadas con hijos e hijas en edad escolar, el 77% señala que sus hijos e hijas están matriculados en el sistema educativo nacional. Esta cifra alcanza el 82% en el caso de NNA de Colombia y un 72% en el caso de NNA de Venezuela. Además de la nacionalidad, hay otros factores determinantes en términos de acceso en el sistema educativo:
n lo que respecta a las razones de salida de sus países de ori  gen, los resultados muestran que en el caso de las personas co  lombianas éstas responden a las dinámicas de violencia en el país y, por tanto, muchas de ellas acceden al asilo bajo causales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. En el caso de las personas venezolanas existe una narrativa en toda la región que tiende a identificarlas como migrantes que huyen de la crisis económica de Venezuela. Sin embargo, al profundizar un poco más en sus motivos de huida, muchas de las razones que argumentan podrían caer bajo causales de la Convención y, también, de la Declaración de Cartagena de 1984.
En primer lugar, la población venezolana reporta muchos menos incidentes que la colombiana, 153 frente a 587, respectivamen  te. En segundo lugar, el 57% los incidentes reportados por per  sonas venezolanas se produjeron ya en Ecuador, mientras que, en el caso de la población colombiana, el 68% se produjeron en Colombia. Finalmente, el 12% de los incidentes reportados por personas venezolanas se produjeron durante el viaje, frente a apenas el 1% en el caso de Colombia. Llama la atención el bajo número de incidentes reportados durante el viaje por las personas venezolanas. Los temas más recurrentes en las con  versaciones con población venezolana fueron los riesgos en la frontera entre Venezuela y Colombia, los grupos armados y de  lincuenciales que operan a lo largo de las rutas migratorias, y las dificultades de acceso por trochas en la frontera entre Colombia y Ecuador.  ( Tabla 1 )
En relación con la salud mental, se consultó sobre el sentimien  to de soledad durante el tiempo de residencia en el Ecuador. A nivel nacional, un 59% de las personas encuestadas se habían sentido solitarias frente al 35% que no lo habían sentido así. Este sentimiento parece estar algo más presente entre la población colombiana  ( 61% )  que venezolana  ( 56% ) . Si bien esta investiga  ción no tiene por objetivo profundizar sobre el estado de la salud mental de las personas en movilidad, es importante considerar el impacto que los fenómenos de desplazamiento tienen sobre las personas. Múltiples estudios señalan la importancia de la solida  ridad y el soporte comunitario para prevenir patologías mentales asociadas al desplazamiento, como el trastorno por estrés pos  traumático, la depresión crónica, la ansiedad o los problemas de sueño  ( Ventevogel et al., 2015 ) .
En sus países de origen, las principales ocupaciones de las per  sonas se distribuían en tres principales categorías: empleo formal  ( 35% ) , empleo informal  ( 26% )  y emprendedores o propietarios de negocio  ( 18% ) . Si comparamos esto con las ocupaciones que tienen en Ecuador, vemos que en su situación se ha precarizado considerablemente. El 90% de la población se concentra en dos categorías: el 51% se dedica al empleo informal  ( de los que casi la mitad realizan venta ambulante )  y el 39% está en situación de desempleo. El desempleo tiene una particular incidencia en las personas que llegaron semanas antes de los confinamientos y ya durante la pandemia, donde el porcentaje alcanzaba el 50%.  ( Gráfico 16 )
A la luz de estos datos, la población con estatus regular parecería estar en una situación ligeramente menos precaria que aquella que está en condición irregular. En las conversaciones mante  nidas con población de interés para complementar el presente ejercicio, las personas participantes decían sentirse discrimina  das en su acceso a empleos formales y denunciaban severas condiciones de explotación laboral: jornadas laborales muy ex  tensas, largos periodos impagos o menor pago que las personas ecuatorianas por el mismo trabajo. 

Parece pues importante que cualquier proceso de regularización migratoria venga acompañado de un plan de inclusión económi  ca y financiera para personas refugiadas y migrantes, que garan  tice su acceso a mejores condiciones de generación de medios de vida y les permita también fortalecer su aporte al país.
En torno a las necesidades prioritarias que declaran tener las personas de interés, encontramos que a nivel nacional el 75% de hogares indica que sus necesidades urgentes son aquellas relacionadas a la alimentación, la vivienda y el vestido. Un 17% reporta que sus necesidades prioritarias están ligadas a oportu  nidades de trabajo y acceso a otros servicios, mientras que un 7% indica que su urgencia es el acceso a documentación. Estas cifras reflejan con claridad la emergencia humanitaria por la que atraviesan las personas en movilidad en el país.  ( Gráfico 18 )
Según Zapata Barros y Ugando Peñate  ( 2018 ) , desde el punto de vista macroeconómico, la economía santodomingueña se valora como poco innovadora, ya que la mayoría de empresas  ( más del 90% )  en la provincia son microempresas, la mayoría de las cuales no ha realizado estudios de mercado y destina poco o nulo presupuesto a la innovación. El impacto de la pandemia en la dinámica económica ha sido alta, según la información recaudada en entrevistas con actores clave. La mayor parte del comercio pertenece al sector informal, que en su mayoría son intermediarios comerciales, quienes han visto afectadas sus operaciones e ingresos. A pesar de que la crisis sanitaria ha impulsado la adopción de tecnología e innovación en las pymes, aún existe una necesidad de acompañamiento técnico que permita adoptar dichas herramientas.
En el Ecuador, se encontró que el 85,1% de los hogares declara no haber recibido algún tipo de agresión durante el último año. Este resultado es muy similar entre nacionalidad y género. Entre la formas de violencia de género que si registran ocurrencia, se encuentran la violencia económica con el 11,8%, es decir, la reducción unilateral de dinero, con una proporción ligeramente superior en la población en situación de movilidad humana. En segundo lugar, se encuentran las agresiones físicas, reportada principalmente por las mujeres.
En Ecuador, existe una clara diferencia por nacionalidad. Apenas un 9,6% de la población ecuatoriana mencionó haberse sentido discriminada mientras que un 55,4% de la población venezolana en situación de movilidad humana manifestó lo mismo. Dividido por género, un 58,4% de las mujeres venezolanas declara haberse sentido discriminada, porcentaje mayor a la población de hombres venezolanos en situación de movilidad humana.
De acuerdo al estudio, tanto en Ecuador como en Perú, del grupo que expresa no poder asistir a clases, identifican como principal barrera la falta de acceso a internet, la carencia de un dispositivo electrónico  ( computadora, tableta o celular ) .
En medio de la pandemia del COVID 19, gran parte de la población se encuentra trabajando en la calle exponiéndose al contagio  ( comercio ambulatorio, entregas a domicilio ) . A partir de las entrevistas a profundidad se identificó que antes del estado de emergencia, la fuente directa de ingresos para muchos venezolanos era el empleo diario e informal. Es así que, al iniciar la cuarentena, la economía de los hogares venezolanos se vio duramente afectada, incluso presentándose casos de desalojo.
En cuanto a las barreras para avanzar con el proceso de homologación, en Ecuador y Perú se menciona que el problema se debe, en buena parte, al hecho de que los documentos para avanzar con el trámite los tienen en Venezuela y hay muchas limitaciones para enviarlos a Ecuador y Perú, así como también destacan el costo y desconocimiento del proceso.
Esto se encuentra alrededor de 17 puntos porcentuales por encima de los ecuatorianos, de los cuales el 7,8% indicaron contar con educación universitaria y 8 puntos por encima del 4,2% de aquellos que han recibido una educación superior técnica. Por su lado, un porcentaje importante de la población receptora, el 28,9% declara haber recibido sólo educación primaria, lo cual representa 21 puntos por encima de la población venezolana.
Algunos empleadores mencionaron que uno de los retos para la contratación está relacionado con la realidad del mercado laboral ecuatoriano. En este sentido argumentaron que no existen suficientes plazas de empleo debido al bajo desempeño económico por el que está atravesando el país.
La necesidad de economizar gastos explicaría que las familias venezolanas en situación de movilidad humana, se decidan por alquilar departamentos o habitaciones independientes, sin embargo, esto representa un mayor riesgo si se considera que sus hogares pueden llegar a estar compuestos por más de seis miembros.
Tanto en Ecuador como en Perú, se observa que las familias venezolanas en situación de movilidad humana tienen un menor número de hijas e hijos.
Los entrevistados opinan que se han dado avances en la inserción de personal extranjero, pero que aún se percibe cierto nivel de xenofobia.
Algunos entrevistados también perciben cierto nivel de precarización laboral entre las personas venezolanas  ( menor salario y condiciones más duras de trabajo )  en empresas pequeñas o sectores sin controles.
Casi todas las visas que otorga el Estado ecuatoriano brindan este permiso, con excepción de la visa de turismo. Esta visa con permiso de trabajo es el documento indispensable que las empresas solicitan al momento en el que un postulante de nacionalidad diferente a la ecuatoriana decida participar en un proceso de selección para una vacante.
A pesar de registrar tan solo el 9% del total de unidades económicas del sector formal, las sociedades con fines de lucro generan la mayor proporción de las plazas de empleo en el sector formal  ( 44% ) , con 1,3 millones de plazas de empleo registradas en promedio, seguidas por las instituciones públicas  ( 20% )  y las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad  ( 19% ) .
Al analizar las plazas de empleo según el tamaño de empresa, se observa que las grandes empresas6 concentran cerca del 40% del total de empleo del sector formal y registrado en el IESS; a continuación, el 25% lo agrupan las microempresas, seguidas de las pequeñas empresas, con el 18% de las plazas de empleo registrado.
Para paliar la crisis producto de la pandemia, la respuesta de política pública podría ser generar medidas de activación del gasto; sin embargo, dado el comportamiento fiscal desordenado de los últimos 12 años, con déficits crónicos y endeudamiento elevado, no existe espacio fiscal para un impulso a la actividad económica ni para sostener políticas activas de demanda laboral.
El Ecuador ha buscado agilizar el proceso de concesión de visas para ciudadanos venezolanos, debido a la emergencia migratoria que ha impactado al continente latinoamericano. En tal sentido, las autoridades competentes ecuatorianas han emprendido acciones para garantizar la movilidad humana y facilitar el proceso de regularización. La principal evidencia de lo antedicho fue la amnistía migratoria y el otorgamiento de la visa de residencia temporal de excepción, ordenadas mediante Decreto Ejecutivo.
En lo que respecta a la normativa laboral que regula las relaciones laborales en el Ecuador entre privados, es necesario referirse al Código del Trabajo. Este no establece distinción alguna entre trabajadores ecuatorianos y extranjeros para efectos de derechos y obligaciones derivados del desempeño del trabajo. La normativa en cuestión ordena de forma general que todo trabajo tiene que ser remunerado, reconociendo la libertad de trabajo y contratación, lo cual es una garantía tanto para empleadores como para trabajadores
La situación económica de las unidades productivas formales ha sido gravemente afectada por la pandemia. De acuerdo con los datos reportados7 al Servicio de Rentas Internas  ( SRI ) , existe una caída de las ventas totales acumuladas de marzo a diciembre del 2020 del 18,7% frente al mismo periodo de 2019. El 86% de esta caída lo absorbe el sector privado conformado por las sociedades, las personas naturales y la economía popular y solidaria. Esta caída en las ventas incide directamente en los niveles de empleo observados.
El Fondo Monetario Internacional  ( FMI )  estima que el déficit del Sector Público no Financiero  ( SPNF ) , que incluye al Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las empresas públicas y otros, será del 8,9% del PIB en 2020, lo que implica que el país no cuente con las medidas de apoyo y soporte a su sector privado que otros países de la región han puesto en marcha.
Respecto a movilidad humana, la carta magna reconoce el derecho a migrar y no considera a ninguna persona como “ilegal' por su condición migratoria13. Uno de los pilares de las relaciones internacionales del Ecuador consiste en el reconocimiento de la libre movilidad de todos los habitantes del planeta. Las garantías reconocidas en la Constitución, en materia de movilidad humana, enaltecen la protección de los derechos de las personas con independencia de su país de origen.
Cabe mencionar que en esta sección se encontraron muchos elementos positivos. En una de las entrevistas se señaló lo siguiente: “Las referencias personales y referencias laborales son difíciles de conseguir, pero se pueden efectuar visitas domiciliarias, conocer dónde viven y preguntar a los vecinos.
Para extranjeros con categoría migratoria de no residentes que deseen ocupar puestos de libre nombramiento y remoción y para los contratos de servicios ocasionales, se deben cumplir los requisitos del precedente literal “c'. Todo ciudadano extranjero que ingrese al servicio público, independientemente de la forma en que lo haga, requerirá de un dictamen favorable proporcionado por la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral del MDT.
Con respecto al trabajo en el servicio público, no existe restricción alguna de orden constitucional o legal para que las personas extranjeras residentes en Ecuador puedan prestar sus servicios en calidad de servidores públicos17. En la norma mencionada, al igual que en su reglamento, se establecen de forma expresa los requisitos que deben ser cumplidos por los ciudadanos extranjeros previos al ingreso al servicio público de acuerdo con la modalidad contractual para ser aplicada y según la condición migratoria de la persona, conforme se resume a continuación.
Sin embargo, uno de los entrevistados considera que la migración venezolana afectó negativamente el mercado laboral ecuatoriano debido a una percepción negativa de la población migrante en temas de seguridad. Además, se considera que es más sencilla la inserción laboral de migrantes venezolanos en puestos de trabajo relacionados con salud y tecnología, y es más compleja en las áreas tributarias, contables, de logística y de temas laborales.
Al respecto, los entrevistados resaltaron que, en posiciones laborales relacionadas con áreas de tecnología y de salud, el conocimiento necesario y su aplicación son muy similares entre Ecuador y Venezuela, situación que facilita la inserción laboral en estas posiciones. Sin embargo, en áreas tributarias, contables, de logística y de temas laborales es necesario contar con experiencia, ya que hay un desconocimiento de la normativa y del contexto local, lo que dificulta la inserción laboral.
Un resultado importante es que la contratación de personal no está discriminada por la nacionalidad en todas las empresas entrevistadas. Por el contrario, las empresas en lo general no suelen enfocarse en la nacionalidad del postulante. Los aspectos más importantes al momento de realizar una vinculación laboral son el nivel profesional, las expectativas sobre lo que la persona puede aportar a la empresa y las habilidades blandas que posee; es decir que las empresas buscan y contratan a la persona más idónea para el puesto desde una óptica profesional.
En general, en la mayoría de las entrevistas sobresalieron frases como “se escogería al mejor postulante', “no existe discriminación por salario', “no hay que aprovecharse de la situación', “la empresa paga lo que la posición tiene presupuestado', “la empresa cuenta con bandas salariales preestablecidas', “una buena organización no paga a la persona sino paga la posición', “se escoge en función de las competencias, el salario no es un primer requisito', “se escoge siempre al mejor talento independientemente de su nacionalidad' y “en este caso se efectúa una prueba de competencias en cuanto a habilidades blandas'.
Finalmente, en la última sección de las barreras tácitas se preguntó acerca de los documentos de respaldo que no pueden presentar las personas de nacionalidad venezolana en los procesos de selección. Como conclusión de las respuestas obtenidas en esta sección, se tiene que las referencias personales y laborales, la cédula y el récord policial son los documentos que en su mayoría no pueden ser fácilmente validados.
Estas cifras son publicadas por fuentes oficiales, no obstante, debe ser considerada la entrada y salida de migrantes que no se registran, por lo que, se puede concluir que el saldo no es un referente completo del número de personas venezolanas que pasan y se quedan en Ecuador, es tan solo un indicador referencial. El Gobierno ecuatoriano, sin embargo, a través del Viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui, en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, llevado a cabo en Quito el 21 de enero de 2020, mencionó que en el Ecuador hay alrededor de 500.000 personas venezolanas: 354.538 regularizadas y 145.400 en situación irregular. Así también precisó que se prevé que, durante el 2020 ingresen alrededor de 274.000 venezolanos, de los cuales 109.000 permanecerán indefinidamente.
Es importante advertir que un 15% de las empresas sí contrataría a una persona venezolana que tuviera menores expectativas salariales, por temas económicos, y siempre que presente toda la documentación. Sin embargo, esta respuesta fue matizada señalando que “se escogería al venezolano y se le pagaría lo mismo, porque quizá valoraría más el trabajo y habría más compromiso'.
En la investigación, se indagó por la tenencia de algún tipo de seguro integral. En el caso ecuatoriano se encontró que un porcentaje importante del total de la muestra no cuenta con seguro alguno, esto corresponde al 75%. Esta situación es más crítica en la población venezolana en situación de movilidad humana alcanzando el 86,8%, aspecto que va de la mano con la situación de informalidad laboral en la que se encuentran y la irregularidad de su estatus migratorio.
Se comentó en las entrevistas que una contratación es una inversión, por tanto, se busca cierto grado de estabilidad en el puesto de trabajo; en este sentido, la percepción acerca de los migrantes y su continua movilización puede ser una barrera.
Los empleadores consideran que es un reto lograr una cohesión interna con un equipo de trabajo multicultural y mencionan que la idiosincrasia ecuatoriana podría ser un limitante. Estiman que el mayor desafío es lograr la aceptación y el cambio cultural de no discriminación e igualdad de oportunidades.
Según el reciente informe “Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador'  ( Banco Mundial, 2020 ) , Ecuador pasó de ser un país de tránsito para los migrantes venezolanos a ser un país de destino. Eso quedó en evidencia por el incremento paulatino del saldo migratorio a partir del 2017 en relación con los años anteriores.
También se encontró que pueden existir importantes barreras de entrada en el mercado laboral para las personas venezolanas. En un caso específico se mencionó que la empresa requiere que las personas extranjeras estén al menos tres años viviendo en el país para de esta forma asegurar que cuenten con las referencias profesionales y personales, y con los documentos regularizados. Si bien esta práctica se observó solo en una de las empresas entrevistadas, complicaría mucho la inserción temprana de las personas de nacionalidad venezolana en el mercado laboral formal.
Pese a los beneficios que recibe la empresa al contratar a personal extranjero, existen problemáticas o situaciones negativas que involucran al personal de nacionalidad venezolana. Una de las principales dificultades que la mayoría de las empresas ha identificado y enfrentado es la comunicación entre personal local y personal de nacionalidad venezolana y, más aún, cuando la empresa se ubica en la sierra ecuatoriana.
Sin embargo, existen casos en que, debido a la situación actual económica y social que atraviesa el país y sumado a la crisis que ha generado la pandemia por la COVID 19, ciertas empresas emplearon a personal de nacionalidad venezolana bajo contratos por obra cierta y contratos especiales emergentes.
En un análisis más generalizado, se observa que las personas de nacionalidad venezolana en su mayoría ocupan cargos de técnicos y profesionales de nivel medio dentro de la estructura laboral de la empresa. La jornada laboral de todas las personas de nacionalidad venezolana que trabajan en las empresas entrevistadas es de tiempo completo y el contrato, en su mayoría, es de tipo indefinido.
Las personas de nacionalidad venezolana dentro de las empresas ocupan cargos laborales según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones  ( CIUO ) , que resultaron ser los siguientes: técnicos y profesionales de nivel medio  ( supervisores, ventas, control de operaciones, etc. ) , seguido por operarios de máquinas y artesanos, personal administrativo  ( recursos humanos, financieros y contables ) , personal de apoyo  ( personal de aseo, choferes, repartidores, mensajeros, personal de cocina, desechos, etc. )  y directores generales y gerentes generales.
Es necesario considerar que todas las categorías de visa temporal y permanente, salvo pocas excepciones, exigen el pago de una tasa o arancel consular, que puede resultar impagable para ciudadanos extranjeros que se ven forzados a desplazarse fuera de su país ante la fragilidad de la economía y falta de oportunidades, como ocurre con ciudadanos venezolanos.
La posibilidad de obtener tales documentos por parte de ciudadanos venezolanos supone una gran dificultad debido a los casos de corrupción en el andamiaje burocrático venezolano, denunciado por los nacionales del país bolivariano  ( Peinado, 2018 ) . La obtención de distintos elementos documentales puede encontrarse supeditada al pago de sobornos; sin considerar la demora generalizada en la atención al público de dependencias gubernamentales a nivel internacional debido a la pandemia de la COVID 19.
En similar sentido, la norma ordena que las entidades competentes en materia laboral garanticen los derechos laborales de las personas extranjeras en el Ecuador, tanto en el sector público como en el privado18. Esta normativa contiene algunos supuestos de protección internacional de personas, lo cual otorga el reconocimiento del Estado ecuatoriano de las categorías –según corresponda– de refugiado, asilado o apátrida.
En cuanto al perfil de las personas de nacionalidad venezolana que residen en Ecuador, el informe del Banco Mundial indica que este grupo de población es mayoritariamente joven  ( 55% en edades entre 19 y 35 años )  y principalmente de género masculino  ( 57% ) . Además, el informe menciona que los recientes migrantes venezolanos tienen un perfil más vulnerable en relación con la migración de años anteriores  ( cerca del 86% de los arribos de 2018 se realizaron por vía terrestre y para 2019 el 54% de los migrantes venezolanos que decidieron permanecer en Ecuador tenían un estatus migratorio irregular ) .
Ley Orgánica de Movilidad Humana y su Reglamento Los cuerpos legales que titulan este acápite contienen los derechos y las obligaciones de las personas en situación de movilidad humana. Una obligación categórica fijada para las personas extranjeras en el Ecuador es la de permanecer en el país con una condición migratoria regular.
En definitiva, conforme se ha revisado en líneas precedentes, no existe una barrera explícita respecto a la contratación de trabajadores extranjeros para que presten servicios en el sector público. De cualquier forma, es evidente la existencia de requisitos formales adicionales para que un ciudadano extranjero pueda desempeñarse como servidor público en el Ecuador.
El nivel de desempleo es uno de los efectos más marcados en épocas de pandemia. La tasa actual representa el valor más alto evidenciado en un mes de septiembre  ( 6,6% ) , desde el 2014, con 522.000 personas sin empleo y con disponibilidad para trabajar. Esta situación solo puede ser comparable a lo evidenciado en diciembre de 2009  ( una tasa de desempleo del 6,5% ) , coincidente con la crisis financiera mundial. La mayor parte del desempleo  ( 62% )  se concentra en edades entre los 15 y 34 años, lo cual demuestra que el segmento juvenil tiene problemas para encontrar un empleo.
La crisis económica y social que generó el aparecimiento del virus SARS CoV 2, responsable de la enfermedad denominada COVID 19, ha causado un profundo impacto en todo el tejido social que vive y reside en Ecuador. El golpe sobre el mercado laboral lo han sentido todos sus participantes, sin distinción de su lugar de nacimiento. Las oportunidades de acceso y participación en este mercado se han visto mermadas para todos los oferentes de empleo, incluyendo a nacionales y extranjeros.
El mercado laboral ecuatoriano para el 2019 ya evidenciaba un deterioro en la calidad del empleo. Esto se debió a la reducción de la actividad económica luego del choque petrolero de 2014 –del cual el país nunca se recuperó en su totalidad–, a la imperiosa necesidad de ajustar los equilibrios macroeconómicos para hacer sostenibles las finanzas públicas y a la emisión de normativa que endurecía la contratación laboral. En los últimos años se observan incrementos en la tasa de subempleo y reducciones del empleo adecuado en contraste con las mejoras registradas en años anteriores.
Ante la crisis migratoria de venezolanos que empezó con mayor fuerza en 2018, Ecuador, a través de varios actos normativos, ha buscado facilitar la regularización migratoria, con miras a garantizar que los extranjeros puedan ingresar al mercado laboral y obtener un empleo formal sin obstáculos. El requisito para que una persona extranjera pueda participar en este mercado de manera formal es la obtención de una visa con permiso de trabajo.
Resurgence in non State armed groups activity has led to further military restrictions on civilians and greater scrutiny of humanitarian organizations. In Borno, aid workers, and the assistance they deliver, are constrained to garrison towns or Maiduguri and neighbouring areas. There are also significant bureaucratic impediments restricting the humanitarian response, especially for international non governmental organizations.
Many civilians were reportedly executed and many others abducted by armed groups yesterday in northern Borno State in Nigeria and on the Damaturu Biu road, linking Yobe and Borno states. The UN and humanitarian partners condemned the violent incidents and urged the Nigerian authorities to do their utmost to prevent further violence and brutality and to protect the civilian population, including aid workers.