nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
La Alcaldía y Personería de San José de Uré realizaron el censo de la población desplazada afectada, sin embargo, aún no se toma declaración del hecho victimizante.
Se requiere entrega de Elementos de Protección Personal  ( EPP ) , kits de higiene y aseo para la población desplazada y población receptora para evitar contagio de la COVID 19.
Desde el 11 de octubre la Administración municipal ha atendido con alimentación a las 112 familias en situación de desplazamiento, mediante la modalidad de olla comunitaria.
DERECHO A UNA IDENTIDAD El derecho a la iden�dad permite que niñas y niños tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. Adicionalmente, es la puerta de entrada para la garan�a de otros derechos como la salud, la educación y la protección. El 4% de estos niños y niñas cuentan con un registro civil de nacimiento de Colombia y el 12% con cédula venezolana, que se otorga a par�r de los nueve años de edad. El 55% de los niños y niñas no cuentan con ningún documento de iden�dad.
Como consecuencia de los confinamientos derivados de la pandemia, desde marzo de 2020, tanto el Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar  ( ICBF )  como las en�dades territoriales suspendieron el acceso presencial a sus servicios de educación inicial en todas sus modalidades; lo mismo ocurrió en el territorio venezolano. Como reflejo de esta situación, solo se reportó un niño o niña  ( 1% )  asis�endo a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infan�l o colegio.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido la situación en tres alertas tempranas, una de ellas de 2018. No solo por la confrontación territorial, sino porque en esa disputa están asesinando líderes sociales y reclutando menores de edad. Organizaciones campesinas han denunciado presencia de grupos de hasta 30 armados en otros municipios como Puerto Asís.
El análisis de los indicadores antropométricos para niños y niñas de 0 a 59 meses evaluados en los tres departamentos fue posible para 134 casos. De acuerdo con el indicador de peso para la talla, 11,4% presentaron riesgo de desnutrición aguda, siendo mayor en las niñas que en los niños. 11,4% presentaron riesgo de sobrepeso, siendo mayor en los niños y 4,5% presentaron obesidad, con mayor afectación en los niños que en las niñas. A nivel departamental, los casos evaluados muestran que Norte de Santander presentó el valor más alto en riesgo de desnutrición aguda en niñas y Arauca los porcentajes más altos de sobrepeso  ( ver gráficas 41 y 42 ) .
En cuanto al indicador talla para la edad, 23% presentaron retraso en talla y 23,3% riesgo de talla baja. Los porcentajes de afectación son mayores en niños y niñas del departamento de La Guajira, seguido de Arauca. Este indicador refleja las deficiencias nutricionales prolongadas que afectan el crecimiento de los niños y niñas  ( ver gráficas 43 y 44 ) .
En cuanto a los 30 niños y niñas entre 5 y 10 años evaluados en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira, 13,3% presentaron riesgo de delgadez y 13,3% presentaron sobrepeso. Las niñas �enen mayor afectación por riesgo de delgadez  ( 18,8% )  mientras que los niños presentan mayor afectación por sobrepeso  ( 21,4% )   ( ver gráficas 45 y 46 ) .
Con respecto a los problemas de salud, el 72% refiere no haber sido diagnos�cado con una enfermedad crónica, mientras que, el 28% de los encuestados o algún miembro de su grupo de viaje ha sido diagnos�cado con enfermedades como hipertensión, salud mental, diabetes, tuberculosis, VIH, enfermedad renal o cáncer. Las principales enfermedades que padecen las personas encuestadas o algún miembro de su grupo de viaje fueron hipertensión  ( 17% ) , diabetes  ( 7% ) , enfermedad respiratoria  ( 5% )  y enfermedad renal  ( 3% ) . A
En cuanto a necesidades en Salud Sexual y Reproduc�va  ( SSR ) , de las 488 personas encuestadas el 34% reporta necesidades en SSR, es decir, 166 personas, de las cuales el 25% reporta al menos una necesidad, el 7% dos necesidades y 2% tres necesidades. Así mismo, de las 166 personas, el 63% reportó acceder a servicios de SSR  ( ver gráfica 51 ) .
A nivel departamental, de las 166 personas que informaron una necesidad en SSR, el 36% se encontraba en La Guajira, el 35% en Arauca y el 29% en Norte de Santander. De las personas en Arauca, el 41% afirma que no ha accedido, el 32% de las personas en La Guajira manifiestan que no han accedido, y finalmente, el 29% de las personas en Norte de Santander no han accedido a servicios de SSR
Respecto al apartado de alojamiento el 58% de las personas pendulares se hospedan en su casa en Venezuela, destacando que el 89% se están regresando ese mismo día, un 20% se queda con algún familiar, donde el 50% de ellos se está quedando entre una y cuatro semanas con ellos, indicando que posiblemente se queden para suplir otras necesidades. El 12% se encuentran en un hotel/habitación, y el 50% de ellos opta por estar también varias semanas desde una hasta cuatro semanas
Ahora bien, con relación a las personas pendulares que aseguraron no tener un hospedaje y que representan el 22%, destacan las siguientes razones para no tener asegurado hospedaje: i )  67% no cuentan con capacidad de pago, ii )  un 14% mencionó que necesita trasladarse a otro lugar, y iii )  un 3% mencionó que se venció el plazo para permanecer en la vivienda.
Para el presente análisis se �ene en cuenta el rango de edad de 6 a 17 años ; en este sen�do, el 18% de las personas relacionados en la encuesta se encuentran en el rango de edad de 6 a 17 años , de los cuales el 5% de los NNA cuentan con nacionalidad colombiana. El 62% de los niños y niñas entre 6 y 17 años actualmente están inscritos al preescolar, escuela o colegio, el 37% señaló no estar inscrito y el 1% no quiso responder la consult
En Colombia, según el Banco Mundial12, la tasa
de desempleo de los migrantes es del 22%, muy
por encima del 9% de la población nacional;
proporción que se ha mantenido a lo largo del
período migratorio  ( desde la salida del país
de origen hasta el asentamiento en el país de
destino ) .
Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística  ( DANE ) , entre julio de 2018
y junio de 2019, el 20% estuvo desempleado y el
94% no tenía un contrato de trabajo formal escrito
o cobertura de seguridad social.
• Entre las razones principales para elegir la ruta de entrada a Colombia y tránsito por la región, se destacan la recomendación de amigos y familiares  ( 32% ) , por razones de seguridad  ( 26% ) , porque es la única ruta que ven como opción  ( 23% )  y porque siguieron a otras personas o porque ya conocían la ruta  ( 21% cada uno ) ; en una menor proporción señalan que las autoridades colombianas y las organizaciones de atención humanitaria les han recomendado la ruta a seguir  ( 9% ) . Las personas entrevistadas podían elegir más de una razón.
En cuanto a la intención de desplazamiento de los grupos de viaje se obtuvo que: • El 51% de los grupos de viaje tienen intención de permanecer en el territorio colombiano, los principales destinos en Colombia son Norte de Santander  ( 37% ) , Bogotá  ( 22% ) , Antioquia  ( 18% )  y Valle del Cauca  ( 8% ) . Estos grupos de viaje están conformados por 1,7 personas en promedio. • Los venezolanos que retornan a su país de origen representan un 20% de los grupos de viaje en la región, y viajan en grupos de 1,5 personas, más pequeños que los de la media regional pero más grandes que en el agregado nacional  ( 1,5 ) .
Se requiere aumentar el financiamiento para el acompañamiento a las autoridades en la preparación para el retorno a clases de forma segura para niños niñas y adolescentes.
•Entre las razones principales para elegir su ruta de entrada a Colombia, se destaca que el 41% la tomó por sugerencia de amigos y familiares, el 25% no tenía otra opción, 24% porque la consideró más segura y el mismo porcentaje indicó que esta era una ruta conocida, en menor medida la eligieron por ser la ruta más corta  ( 16% ) . Cabe resaltar, que las personas entrevistadas podían elegir más de una razón.
•Entre las razones para realizar el desplazamiento, las personas encuestadas indican en primer lugar la falta de empleo y medios de vida, con un 58%, seguida de las dificultades para acceder a alimentos  ( 34% ) , en tercer lugar, dificultades para acceder a servicios médicos  ( 26% ) ; también se mencionan razones de reunificación familiar y falta de servicios públicos con un 20% para cada una.
• Apartadó con 1.871 refugiados y migrantes venezolanos es el 1er municipio en el Urabá antioqueño con mayor concentración. El 67.21% del total de venezolanos en el Urabá antioqueño se concentran en los municipios de Apartadó y Turbo. • Desde el inicio de la cuarentena nacional a finales de marzo, un aproximado de 189 refugiados y migrantes venezolanos se han ido o marchado de la región del Urabá antioqueño debido a la pandemia.
De los miembros del hogar en edad de trabajar tan solo el 31% lo hace y de estos solo el 3% está afiliado al sistema de seguridad social. Los trabajos a los que logran acceder son principalmente: por cuenta propia  ( informal o formal el 51% ) ,  trabajos en empresas  ( 14% ) , servicios domésticos remunerados  ( 4% ) , jornales  ( 6% )  y el restante 3% se distribuye en otras actividades de menor participación; el 21% de la población que trabaja no indicó un tipo de actividad. Es importante destacar que el 19% de los hogares informa que ninguno de sus miembros realiza alguna actividad económica remunerada.
En Vichada: se requiere la aplicación de más pruebas de antígeno para COVID 19, 2.000 tapabocas reutilizables de tela para personas vulnerables y la instalación de cinco lavamanos para el municipio de Santa Rosalía.
La crisis generada por la COVID 19 ha desatado un panorama difícil para las micro, pequeñas y medianas empresas  ( PYMES )  que no cuentan con las herramientas suficientes para seguir operando.
el Director General de esta entidad, Juan Francisco Espinosa Palacios, quien indicó que esta medida busca evitar que aquellos ciudadanos venezolanos que se encuentran radicados hace ya dos años en el país de manera regular, pierdan esta condición.
La Defensoría del Pueblo en Arauca ha solicitado acciones de respuesta a la Secretaría de Educación Departamental con relación a las necesidades de protección de NNA e intervenciones en el territorio referentes al riesgo de reclutamiento forzado, hasta el momento no se ha dado respuesta.
En Chocó, Nariño y Antioquia: se requiere dar una respuesta integral las comunidades víctima de conflicto 
armado, por acciones como confinamiento, amenazas y desplazamientos carecen de acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene incluyendo equipos de protección, teniendo un enfoque de prevención al contagio del COVID 19
incremento de casos de VBG con un subregistro significativo e intermitencia en los esquemas de asistencia, generan mayores necesidades de atención psicosocial para sobrevivientes. La falta de atención psicológica a estos y otros casos puede llevar a que las personas normalicen la situación de violencia.
En Nariño: se requieren instalaciones de puntos de lavados de manos con agua y jabón, entrega de kits de higiene y desinfección, para las comunidades de los municipios de Maguí Payan y Roberto Payan que presentan una doble afectación por conflicto armado y aumento de los casos de COVID 19; lo anterior sumado a la falta de cobertura de los servicios de agua, saneamiento e higiene  ( WASH )  pone a la comunidad en alto riesgo de contagio de COVID 19.
•Las principales motivaciones para iniciar el desplazamiento son la falta de empleo  ( 54% ) , la reunificación familiar  ( 31% ) , las dificultades para acceder a alimentos  ( 21% )  y las dificultades para acceder a servicios educativos  ( 13% ) .
Actualmente, WFP está apoyando a 118.000 niños en los departamentos de La Guajira y Atlántico, y en las ciudades de Cúcuta, Valledupar y Santa Marta, incluyendo niños migrantes. En La Guajira, WFP opera el programa nacional de alimentación escolar en apoyo al gobierno nacional para alrededor de 75.000 cupos de los anteriormente mencionados.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes  ( NNAJ )  víctimas, en comunidades campesinas, indígenas o afrocolombianos, poseen grandes deficiencias de acceso a las tecnologías adecuadas que limitan su derecho a la educación aumentando las dificultades para permanecer en el sistema educativo. La falta de infraestructura y elementos logísticos que garanticen su permanencia en instituciones educativas aumenta el riesgo de reclutamiento y violencia sexual.
Perfil de vulnerabilidad de viajeros/as solos/as El 100%  ( 3 IC )  mujeres, reportó no estar viajando en estado de gestación o lactancia.
Perfil de vulnerabilidad de viajeros/as en grupo El 35%  ( 23 IC )  de los 65 IC que viajaban en grupo, reportó que ellas o mujeres dentro de su grupo se encontraban viajando en estado de gestación o lactancia
Menores viajando solos/as De lo/as 58 IC que viajaban en grupo y reportaron viajar con menores de 18 años, el 2%  ( 1 IC )  reportó que dentro de su grupo de viaje había niños/as viajando sin su acudiente legal.
Intenciones de desplazamiento Razones principales de elección de destino reportadas por los 125 IC que indicaron tener un destino final*: 1. En ese lugar viven amigos/familiares que les recibirían 62% 2. En ese lugar tendría mayores oportunidades laborales 55% 3. En ese lugar iría a reunirme/encontrarme a un familiar 24%
60% de los 72 IC que tenían una próxima parada, reportó la tractomula, mula o camión como el medio de transporte principal que usarían para desplazarse hacia la siguiente parada
Dificultades durante el viaje Principales dificultades reportadas por los 127 IC que indicaron haber sufrido algún tipo de dificultad durante el camino*: 1. Dormir al aire libre en el viaje hasta aquí 78% 2. Temperaturas extremas de calor/el sol, frío 77% 3. Falta de baños y/o lugares de aseo e higiene 67%
82% de los 45 IC que señalaron que ello/as o
alguien de su grupo de sintió enfermo/a,
indicó no acudir a ningún sitio para
recibir atención médica
24% de los 37 IC que señalaron que ello/as o alguien de su grupo de sintió enfermo/a y no acudieron a un sitio para recibir atención médica, reportó que la razón principal se debía a la falta de información.
Dificultades durante el viaje 60% de los IC reportó que ellos y/o la mayoría de su grupo de viaje estaba pasando la noche en las ciudades de encuesta
Tres principales razones reportadas por las que los IC o la mayoría de su grupo dejó el lugar de residencia de hace tres meses*: 1. Por pérdida de empleo/actividad que generaba ingresos en el lugar de residencia 50% 2. Por acompañar/reunirse con un familiar 25% 3. Por incertidumbre del futuro, no saben qué va a suceder después de la pandemia 16%
Fecha media del inicio de viaje 24 de mayo de 2021 fue la fecha media en la que la mayoría de lo/as informantes comunicó que inició el viaje él/ella y/o los integrantes de su grupo
Dos principales tipos de asistencia humanitaria reportados por los 87 IC que reportaron haber recibido asistencia durante el recorrido*: 1. Alimentos para llevar 69% 2. Alimentos calientes 34%
En cuanto a la intención de desplazamiento de los grupos de viaje se obtuvo que: • Los grupos de viaje son principalmente de personas con vocación de permanencia  ( 59% ) , estos en promedio están conformados por 1,5 miembros y señalan que los departamentos del país donde desean establecerse son: La Guajira con una intención del 27%, seguido de Bogotá con un 23%, Norte de Santander con un 15%, Atlántico y Antioquia un 12% respectivamente y el restante desea permanecer en Magdalena  ( 8% )  y Cundinamarca  ( 4% ) . • Adicionalmente, en la región se encuentran grupos de viaje que van en tránsito hacia otro país  ( 7% ) , de estos, 55% se dirigen hacia Estados Unidos, el 17% hacia Chile, 11% tiene intención de ir a Ecuador, el 9% a Perú y el 8% a Argentina. • El 19% de los grupos de viaje encuestados en la región tienen la intención de retornar a Venezuela, estos se conforman en promedio de 1,2 personas y son los grupos de viaje con menor número de miembros. • Otros grupos que en menor medida hacen presencia en la región son los pendulares  ( 9% )  y los colombianos ( as )  retornados ( as )  con un 6%. Los grupos pendulares se concentran en La Guajira, y dentro de estos hay un 37% que se auto reconocen como indígenas; esto explica el tránsito constante entre fronteras por parte de esta población que tiene alta presencia en ese departamento.
•Entre las razones principales para elegir la ruta de entrada a Colombia y tránsito por la región, se destacan la recomendación de amigos y familiares  ( 44% ) , razones de seguridad  ( 26% ) , el conocimiento previo sobre la ruta  ( 25% )  y porque es la ruta más corta o la que siguen otras personas  ( 15% )  cada una. Sólo un 5% señalan que las autoridades colombianas y las organizaciones de atención humanitaria les han recomendado la ruta a seguir  ( 5% ) .
•La población en tránsito indica movilizarse caminando en un 17%, siendo el grupo con mayor proporción de tránsito a pie en la región, seguido de la población con vocación de permanencia  ( 16% ) . La población pendular y de venezolanos retornando a su país indican transportarse en vehículos del servicio público  ( 73% y 72% respectivamente ) .
En cuanto a la intención de desplazamiento de los grupos de viaje se obtuvo que: • El 38% de los grupos tienen intención de permanecer en el territorio colombiano y viajan en grupos conformados por 1,4 personas en promedio. Los venezolanos ( as )  que retornan a su país de origen representan un 31% de los grupos de viaje en la región, y viajan en grupos de 1,5 personas. • Adicionalmente, en la región se identifican grupos de viaje que van en tránsito hacia otro país  ( 19% ) , siendo Perú el principal destino  ( 36% ) , seguido de Ecuador  ( 32% )  y Chile  ( 12% ) ; otros países como Argentina, Estados Unidos y México también son referenciados. Los grupos en tránsito se conforman en promedio por 1,5 personas. • En la Región Oriental se identifica una proporción importante de población pendular, 8% de los grupos de viaje manifiestan ingresar temporalmente y lo hacen en grupos de 1,3 personas. Los colombianos retornados representan un 3% de los grupos de viaje.
Solamente dos tercios de los hogares tienen acceso a internet, y quienes lo hacen, tienen una alta dependencia de los teléfonos celulares para ello: el 55% de los hogares acceden a Internet con celulares, mientras que menos del 2% utilizan computadores y el 37% de los hogares no tienen acceso a Internet, proporción que incrementa a 69% en el caso de los hogares que pertenecen a un pueblo indígena38.
De igual manera, los hogares con alta tasa de dependencia, los hogares conformados únicamente por venezolanos y los hogares en los que el jefe de hogar tiene una discapacidad presentan estrategias de supervivencia más severas.
Refugiadas y migrantes venezolanas enfrentan necesidades básicas insatisfechas en entornos difíciles en términos de alojamiento y privacidad, lo que, sumado a carencias en medios de vida y la incertidumbre ante la coyuntura, puede causar estrés y otras situaciones de salud mental. Así mismo, la necesidad de buscar ingresos puede causar separación física de madre y bebé, sin mayores posibilidades de alternativas como la conservación de la leche.
Por otra parte, 67% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de hacinamiento, considerando que esta se configura cuando hay más de tres personas por cuarto o habitación39. De acuerdo con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares  ( GEIH )  del DANE, antes de las medidas de aislamiento por COVID 19 esta proporción era del 49%; ahora, en 11% de los hogares encuestados han dormido en promedio seis personas por cuarto en los últimos siete días, y en 18% de los hogares han dormido siete o más personas por cuarto  (  Este indicador es de especial preocupación en vista del aislamiento obligatorio, en el contexto de la emergencia sanitaria, en tanto evidencia precarias condiciones de habitabilidad aún en aquellos hogares que actualmente cuentan con una vivienda.
Los jefes de hogar que mayoritariamente manifiestan tener alguna discapacidad son mujeres entre los 30 y 49 años, con casi el 38% del total de personas identificadas con discapacidad, seguido por hombres en el mismo rango etario con más del 15%.
El alto porcentaje de niños y/o niñas sin acceso a estos dos tipos actividades educativas es preocupante: el 27% de los hogares con niños y/o niñas de 6 a 11 años y el 37% de hogares con niños y/o niñas de 12 a 17 no tienen acceso a actividades educativas. Esto, además de retrasar su proceso educativo e incrementar las posibilidades de deserción escolar, implica desafíos en el uso del tiempo de niños y niñas y el acompañamiento de los padres que ello implica, el cual queda sujeto a posibles mecanismos de afrontamiento negativo en el contexto del COVID 19  ( llevar los niños, niñas y adolescentes consigo en la búsqueda de medios de vida, dejarles al cuidado de terceros, etc. ) , lo que a su vez les expone a otros riesgos, tales como el trabajo infantil, la mendicidad, reclutamiento forzado por grupos armados, el maltrato y otros tipos de violencia.
El 55% de los encuestados indicó acceder al agua pagando en si�os públicos y privados o comprando agua embotellada o en bolsa  ( ver gráfica 65 ) ; esta es una situación a la que se enfrentan 47% de las personas viajando en grupo y 62% de aquellas viajando solas. En general este es el mecanismo de acceso del 73% de la población pendular encuestada en el departamento de La Guajira. En este contexto se destaca la importancia del acceso al agua gratuito para garan�zar unas condiciones mínimas de hidratación y prác�cas de higiene para la población pendular.
En cuanto a saneamiento, se resalta que el 34% de población debe pagar para hacer uso de letrinas o sanitarios; lo cual, en un contexto de barreras de acceso por costos, fomenta las prác�cas de defecación al aire libre, como es el caso del departamento de La Guajira donde 15% de la población pendular encuestada y en su mayoría mujeres, indicaron tener prác�cas de defecación al aire libre  ( ver gráfica 67 ) . Esta situación implica riesgos de protección, así como riesgos a la salud para quienes lo prac�can y para las personas que residen cerca. Las personas que realizan estas prác�cas están en su mayoría entre los 20 y 30 y 36 a 40 años de edad.
El 25% de la población pendular ha sufrido algún episodio o situación de discriminación o señalamiento por ser venezolano o venezolana  ( ver gráfica 71 ) .Esta situación se reporta con más frecuencia entre las personas en Arauca  ( 32% )  y Norte de Santander  ( 29% )  que en La Guajira  ( 16% ) , también la perciben con más frecuencia las mujeres  ( 26% )  que los hombres  ( 22% ) ; asimismo, para quienes viajan en grupo, los episodios de discriminación y señalamiento son más frecuentes  ( 27% )  que para quienes viajan solos/as  ( 23% ) .
Entre quienes han experimentado estas situaciones durante su visita a Colombia, el 69% reporta que sufrió estos incidentes en la calle, al 34% le ocurrió al buscar trabajo, al 12% cruzando la frontera, al 9% en el lugar de trabajo entre otras. En el caso de las mujeres el 72% percibe esta situación en la calle mientras que los hombres con más frecuencia lo perciben al buscar trabajo  ( 42% ) .
A nivel departamental, como se señala en la gráfica 76, La Guajira muestra niveles mucho más altos de respuestas afirma�vas que el resto de departamentos: mientras que allí el 13% manifestó conocer a una persona que ha sido forzada a realizar alguna ac�vidad, en Arauca y Norte de Santander respondieron afirma�vamente el 6% y el 5%, respec�vamente. No obstante, estos dos departamentos muestran niveles de incer�dumbre mucho más altos, por lo que el porcentaje de la población que respondió que no conocían a nadie en medio de ac�vidades forzadas es similar en las tres regiones: 87% en La Guajira, y 90% en Norte de Santander y Arauca.
Las personas o grupos de viaje en movimientos pendulares que entraron por Arauca adoptaron alguna estrategia de emergencia en mayor medida que las que entraron por La Guajira y Norte de Santander  ( 45% y 28% respec  �vamente ) . Llama la atención que el 25% de las personas o grupos de viaje que entraron por La Guajira, no adoptaron ninguna estrategia de las cinco por las que indaga la evaluación. No obstante, pueden estar adoptando otras estrategias de estrés, crisis o emergencia no no mencionadas en la encuesta, dada su alta vulnerabilidad.
De las 488 personas entrevistadas, el 54% viaja sola y el 46% viaja con un grupo, donde en su mayoría el acompañante es el hijo/a, seguido del esposo/a y su padre y/o madre. El 66% de los acompañantes son mujeres y el 34% restante son hombres. En términos de edad, estos acompañantes son en su mayoría niños y niñas entre los 0 y 10 años  ( 36% de la muestra ) , seguido de personas entre los 20 y 30 años  ( 19%, ver gráfica 3 ) .
El 86% de las personas encuestadas no tiene discapacidad, el 13% de las personas encuestadas tiene al menos un tipo de discapacidad y el 1% no sabe o no respondió a estas preguntas  ( ver gráfica 4 )
A nivel departamental, Norte de Santander �ene el mayor porcentaje de encuestados que han sido diagnos�cados con alguna enfermedad como hipertensión, salud mental, diabetes, tuberculosis, VIH, enfermedad renal o cáncer  ( ver gráfica 48 ) .

Ahora bien, del total de grupos de viaje con al menos un miembro que ha sido diagnos�cado con alguna de estas enfermedades  ( 28% ) , el 18% no �ene acceso al tratamiento en Colombia, lo �enen pero no con la frecuencia requerida o no saben si pueden acceder a este. No estar afiliado al sistema de salud  ( 26% )  o la falta de documentación  ( 10% ) , fueron las principales limitaciones para acceder al tratamiento.
En términos de infraestructura sanitaria, preocupa que solo el 48% de la población tenga acceso gratuito a letrinas y sanitarios  ( ver gráfica 68 ) , dado por el contexto actual por COVID 19 pero también previendo el momento en el que las restricciones en los pasos fronterizos se normalicen posiblemente conlleven a un incremento de movimientos de población proveniente de Venezuela.
HIGIENE El 16% de la población mencionó que no �ene acceso a un lavamanos, aún así el 77% señaló que para realizar el lavado de manos usa agua y jabón; sin embargo, el comportamiento frente a las prác�cas de higiene es deficiente, pues no hay conocimiento sobre los momentos clave para el lavado de manos. En general solo el 63% de la población indicó que se lava las manos antes de comer; las demás opciones están por debajo del 43%  ( ver gráfica 69 ) . En algunos casos, se iden�fica un sesgo ya que se respondió NO a preguntas que quizá no aplicaban para la persona encuestada, por ejemplo, las relacionadas con el aseo a niños y el cuidado de enfermos.
A nivel departamental, La Guajira es la región que presenta mayores restricciones para acceder a infraestructura como lavamanos, lo que agrava la situación ya que es el departamento donde además se concentran las prác�cas de defecación al aire libre, las barreras de acceso al agua por costos y el precario comportamiento de higiene de manos posterior al uso del baño
Las medidas tomadas para contrarrestar la pandemia han reducido las capacidades locales de respuesta en salud que de por sí ya eran limitadas en municipios rurales y ubicados en zonas remotas.
Los movimientos de la población pendular entrevistada iniciaron con mayo frecuencia a par�r del año 2013, y se han incrementado sustancialmente hasta el 2018, desde entonces se han mantenido. La emergencia sanitaria por cuenta del COVID 19 generó barreras para que las personas que ahora se movilizan con frecuencia tuvieran en 2020 su primer viaje a Colombia, en relación con los años anteriores y el 2021. La gráfica 11 muestra que, por un lado, los movimientos pendulares en las zonas de la frontera son históricos, y responden a unas relaciones de vecindad que superan los límites polí�co administra�vos de ambos países. Además, es posible ver que la fecha de primer ingreso a Colombia, en algunos casos  ( 2% )  es anterior a la década de los 70s, y en otros casos ocurrió entre la década de los 80s y los 2000s  ( 12% ) ; luego, a par�r del 2014, el movimiento pendular aumenta significa�vamente en la población encuestada, con excepción de 2020, donde por cuenta de las restricciones por aislamiento para la prevención del contagio, los flujos se redujeron a niveles cercanos a los de los años 80  ( 9%, ver gráfica 11 ) .
Las principales barreras iden�ficadas en el cruce de la frontera  ( en ambos trayectos )  son: la falta de recursos financieros  ( 47% ) , la falta de documentación  ( 32% ) , la seguridad  ( 15% ) , la falta de información  ( 11% )  y la discriminación o xenofobia  ( 6% ) . No hay diferencias amplias entre departamentos, perfiles de viaje o grupos demográficos respecto a estas barreras.
En el caso de Arauca por ejemplo, el 86% de la población entró por pasos irregulares, especialmente por el río, que es una prác�ca co�diana y normalizada, que no necesariamente ocurre por cuenta de los cierres de los pasos fronterizos oficiales.
En cuanto a las 10 madres en lactancia evaluadas, 5 de ellas  ( 50% )  tenían sobrepeso u obesidad, y una madre tenía bajo peso  ( ver gráfica 34 ) . Al igual que en las mujeres gestantes, la malnutrición es un factor de riesgo que afecta la prác�ca de la lactancia materna, esto debido a barreras culturales de acceso limitado a apoyo médico y social que fortalezca la prác�ca, entre otros factores .
Con respecto a los niños, niñas y adolescentes que sí están inscritos ( as )  en preescolar, escuela o colegio, el 62% asiste a una ins�tución educa�va en Venezuela y el restante 38% a un colegio ubicado en Colombia  ( ver gráfica 63 ) . Entre Colombia y Venezuela hay una tradición de movimientos pendulares de estudiantes venezolanas y venezolanos residentes en el lado venezolano de la frontera a Colombia para acceder a educación, lo cual implica un tránsito riesgoso bien sea por �erra o fluvial, y unos impactos diferenciales como consecuencia de las dinámicas fronterizas recientes y par�cularmente de los cierres de los pasos oficiales debido a la con�ngencia por COVID 19.
Frente al úl�mo nivel educa�vo alcanzado por las personas encuestadas que están relacionadas en su entorno con NNA de 6 a 17 años  ( es decir, que �enen niños, niñas y adolescentes en su grupo de viaje ) , se encontró que el 37% �enen bachillerato completo, siendo el grado de instrucción más comúnmente alcanzado, 35% �enen un grado superior a este y 26% están por debajo de éste, con un 2% que no �enen ningún grado de instrucción  ( ver gráfica 64 ) .
El Clúster de Protección y sus subgrupos, quieren relevar las observaciones de la Comisión de seguimiento a la Ley de víctimas, en su séptimo informe  ( agosto 20/2020 ) 7, por tanto coinciden en señalamiento hechos por la Corte Constitucional en el auto 149 de 2020 y algunas de las referencias ya advertidas en informes anteriores.
El  impacto del COVID 19 puede significar 
retrocesos en la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la garantía de sus derechos, si no se toman medidas oportunas para mitigar sus efectos, pues la mayoría de las víctimas están vinculadas a la economía informal. Paralelamente ha habido una preocupante reducción en las tomas de declaraciones, en los casos de reclutamiento y violencia sexual por temor a represalias, además persisten las dificultades en los procedimientos de censo ante desplazamientos y confinamientos.
En la evaluación se preguntó por la úl�ma fecha en la cual el niño o la niña recibió alguna vacuna de acuerdo con el esquema de vacunación. Para fines de este análisis, el equipo técnico ha planteado, siguiendo las directrices de seguimiento de la polí�ca de primera infancia, que todos los niños y niñas entre 0 y 5 años hayan recibido al menos una vacuna al año. De acuerdo con este umbral y tal como lo indica la tabla 4, es posible afirmar que se reportó información sobre el esquema de vacunación de 120 niños y niñas de 0 a 5 años que equivale al 86% del total de niños en la primera infancia incluidos en la encuesta. De este grupo, 97  ( 81% en turquesa )  se vacunaron entre el 2021 y el 2020, lo cual significa que se encuentran dentro de un rango de oportunidad según el indicador de seguimiento del Ministerio de Salud. El 19% restante  ( en azul )  se encuentran por fuera de este rango, lo que los deja expuestos a mayores riesgos de contagio por enfermedades infecciosas que pueden derivar en enfermedades graves e incluso la muerte.
El cierre de los servicios de educación inicial ha tenido como consecuencia que los niños y niñas en la primera infancia se queden en sus casas. Según los datos, el 66% de estas niñas y niños se encuentran la mayor parte del �empo de la semana en sus hogares, ya sea al cuidado de su padre o madre  ( 63% )  o por una persona mayor de 18 años o más  ( 3% ) . E
Mientras el proceso del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos  ( ETPV ) 7 se está desarrollando, otros mecanismos continuarán dando estatus regular a venezolanos en Colombia. El Gobierno de Colombia ha adelantado acciones para brindarles estatus regular: en particular, el Permiso Especial de Permanencia  ( PEP )  permite a los venezolanos permanecer en Colombia hasta dos años, y acceder al mercado laboral y a servicios básicos como salud y educación.
Como indica la gráfica 13, el PEP es el instrumento más común dentro de los hogares encuestados: el 15,2% de las personas encuestadas, que no tiene nacionalidad colombiana, tiene PEP. Sin embargo, al igual que durante las otras rondas en el GIFMM, el 68% de las personas no tenía estatus regular en Colombia durante la recolección de los datos, sin diferencias importantes entre mujeres y hombres  ( 65,5% de las mujeres y 65,9% de los hombres )
El 82,8% de los niños, niñas y adolescentes no tiene estatus regular o nacionalidad colombiana, en comparación con el 65,6% de los adultos. Si bien los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al acceso a educación y salud aun sin tener estatus regular, el no estar de manera regular afecta su acceso a otros servicios, bienes básicos y derechos mínimos.
Los resultados confirman el acceso mínimo al asilo – con solo el 2% de las personas teniendo acceso a un salvoconducto. Sin embargo, otras evaluaciones muestran que la gran mayoría de los venezolanos encuestados expresaron que estarían en riesgo si regresaran a su país de origen, incluyendo riesgos como la falta de alimentos, la falta de oportunidades de empleo, la imposibilidad de acceder a los servicios médicos y los riesgos de seguridad  ( incluida la violencia generalizada, la violencia selectiva o la persecución, que puede incluir la violencia basada en género ) 9
En el 41% de los hogares con deuda, ninguno de los miembros tiene estatus regular en Colombia, lo que imposibilita su bancarización, razón por la cual los hogares se ven obligados a acudir a prestamistas informales, en vez del sistema financiero, y pueden enfrentar altos intereses y riesgos de extorsión.
El aumento de restricciones a la movilidad, a través de los pasos regulares y ordenados en las fronteras, ha significado un aumento de la proporción de personas que ingresan al país por pasos irregulares. Esto supone mayores riesgos para las personas refugiadas y migrantes, especialmente para las mujeres, niñas y niños.
Los lugares de destino más frecuentes en
estos movimientos son Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca  ( 60% ) . De la población que vivía en otro país, el 94% proviene de Venezuela, el 4% de Ecuador y el 1% de Perú
Usando las preguntas del Grupo Washington14 para recolectar información sobre discapacidad de los y las jefes del hogar, se encontró que el 74% de las personas encuestadas no presenta ningún tipo de discapacidad, el 15% no sabe o no quiso responder y el 11% sí tiene algún tipo de discapacidad. De las mujeres encuestadas, el 14% tiene discapacidad, del total de hombres, el 10% tiene discapacidad y de las personas transexuales encuestadas ninguna tiene discapacidad
Los motivos para moverse de un lugar a otro son diferentes entre quienes vivían en Venezuela hace un año, y quienes estaban en otro municipio dentro de Colombia: En el primer caso, el motivo principal es tener acceso a alimentos  ( 65% ) , para el 61% es por trabajo, el 48% temía por la situación general de violencia e inseguridad, el 28% por salud física o mental y el 25% por educación, entre otras razones. En el caso de la población encuestada que se movió dentro de Colombia, la principal motivación fue trabajo  ( 62% ) , seguida por alimentos  ( 12% )  acompañar a otros miembros del hogar  ( 9% ) .
Si bien la búsqueda de trabajo es una razón para salir de su lugar de vivienda tanto para quienes viven dentro de Colombia como para quienes residían en Venezuela en similar proporción, el acceso a derechos como salud, educación y alimentos son las razones principales para salir de Venezuela hacia Colombia, mientras en Colombia, estas no son razones para desplazarse en la misma proporción.
Del total de los niños, niñas y adolescentes reportados en la evaluación  ( 4.320 ) , el 40% son niños y niñas entre los 0 y los 5 años, es decir, en su etapa de primera infancia. El 34% están entre los 6 y los 11 años y 26% entre los 12 y los 17 años. Del total de los niños y niñas de primera infancia incluidos  ( 1.711 ) , el 47% están entre los 0 y los 2 años y el 53% entre los 3 y los 5 años
Siete de cada diez de los hogares con mujeres gestantes y/o lactantes usaron sus ahorros en los últimos treinta días para cubrir necesidades básicas y alimentación, y redujeron sus gastos relacionados con la salud y educación. Cuatro de cada diez hogares vendieron sus bienes indispensables para cubrir las necesidades de alimentos, tres de cada diez pidieron donación en la calle para comprar comida.
Antioquia no ha sido ajeno a la realidad del país, con relación a la Violencia Basada en Género. De acuerdo con el Observatorio de Medicina Legal, con corte al 3 de agosto, durante el primer semestre de 2020 se registraron 2.575 casos de VBG, que resulta de la sumatoria de eventos de: feminicidios, delitos sexuales y violencia de pareja, presentados en este reporte, con un especial énfasis en víctimas de nacionalidad venezolana.
The impact of the COVID 19 border restrictions, increased security threats and declining livelihoods now affects all aspects of indigenous communities' social environment and long term sustainability. The limitations on cross border trade has reduced the income for those individuals and families that were directly involved in the importation of goods, as well as those who received these goods for commercial sale elsewhere in the country. It has also diminished income from traditional activities such as farming, fishing and hunting as illegal armed groups expand both their control and demands, and as illicit economies, such as the production of coca plant, increase. This reduced income impacts the capacity of families to access basic goods, including medicines and sanitary supplies, which, in the context of the COVID 19 pandemic, represents an existential threat to their communities. While accurate statistics are not available, the deterioration in livelihoods and income will also likely impact all other humanitarian sectors, including access to health services, shelter for displaced families, capacity to access education, and families' ability to maintain minimum standards of nutrition. Moreover, the declining security environment increases access issues for governmental and humanitarian organizations seeking to undertake programmatic interventions within these communities. The increasing profits to be earned by smuggling also provides the opportunity for criminal and dissident groups to grow their recruiting pool through drawing upon the increasingly desperate indigenous population and, if the trend follows the recent Colombia experience, such recruitments will likely include children. In turn, this growth will be exploited to enhance the presence of these groups in a range of other areas. Their strategies will likely include the use of violence and intimidation to extort money from vulnerable families, and armed displacement and disappearances within indigenous communities to secure increased control of territory for narcotic production and distribution. In addition, the increased movement of people across indigenous territories poses an increased risk to the health of these communities in the context of the pandemic. According to the PAHO Epidemiological Alert COVID 19 report published on July 15, 2020, 152 COVID 19 cases had already been reported within the indigenous population, with communities in border states significantly impacted. The potential result of this combination of factors is a permanent displacement to an extent where their culture and community cannot be sustained, with the loss of their cultural heritage for Venezuela and the region.
Para las tarjetas de crédito, que presentan tasas considerablemente más altas que las demás tasas de créditos de consumo, debido al mayor riesgo asociado por la ausencia de colateral y de control en el destino del crédito  ( Chavarro et al., 2015 ) , se evidenció una disminución en las tasas durante el mes de abril hasta niveles no observados desde 2011  ( 24,5% )  y, posteriormente, la tendencia ha sido al alza, pero a un nivel moderado. Aún con el aumento paulatino en los últimos meses, la tasa para las tarjetas de crédito fue menor en el mes de agosto frente al mes de febrero de 2020 en 48 pbs, pese a las mayores percepciones de riesgo. Esta disminución representa una transmisión del 24% de la variación de la tasa de política monetaria  ( Cuadro 1 ) .
Rionegro es el primer municipio en el Oriente Antioqueño con mayor concentración de población venezolana. A su vez es el 30° municipio con mayor número de venezolanos en Colombia, por encima de algunas ciudades principales. El 85.27% de los venezolanos en el Oriente Antioqueño se concentran en Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Santuario y Guarne. • Desde el inicio de la cuarentena nacional, a finales de marzo, un aproximado de 295 refugiados y migrantes venezolanos han salido de la región del Oriente antioqueño debido a la pandemia.
El jefe de la cartera de Salud indicó desde Inírida, donde se reúne con autoridades locales para analizar acciones frente al covid 19, que se realizó una evaluación con la ADRES sobre la ejecución durante junio, julio y agosto. Meses en los que "se ha podido pagar por las unidades de cuidado intensivo que se encuentran desocupadas para la atención de las personas que puedan tener covid 19.
Esa es una garantía de seguridad para la población colombiana, en la medida que les permite tener camas disponibles para la atención", aseguró.
Yurilla, al que solo se puede llegar por bote, es un corregimiento clave porque es la puerta de conexión entre Putumayo y Caquetá. Es un corredor importante para la retaguardia militar  ( Leguízamo y Solano, en Caquetá, son los municipios más grandes e inhóspitos de los dos departamentos )  pero también para el transporte y comercialización de coca y marihuana. La Mafia entró a marcar territorio en Yurilla porque allá, históricamente, tuvieron control las Farc a través de los Frentes 32 y 48 . Ese control lo ha buscado recuperar un grupo que se hace llamar ‘Carolina Ramírez' que fue el que se formó entre los exFarc que no quisieron meterse en el Acuerdo de La Habana desde un principio, y que tienen conexiones con ‘Gentil Duarte', el jefe máximo de las disidencias.
El fin de semana, la Defensoría del Pueblo y sectores políticos alternativos, denunciaron una incursión armada en el corregimiento de Yurilla de Puerto Leguízamo, el municipio más militarizado del departamento. Hasta allá llegaron integrantes de La Mafia, un grupo armado que se creó con disidentes de las Farc y otras bandas que históricamente han movido el narcotráfico en la región. La intención de La Mafia, según le confirmaron a La Silla cuatro fuentes en terreno, era presentarse ante la comunidad y anunciar su presencia y control del territorio.
Esta incertidumbre se profundiza para aquellos hogares que están en situación de calle  ( 87% ) . La proporción de hogares en arriendo o subarriendo que manifiestan dicha inseguridad sigue siendo alta  ( 55% )  para esta modalidad de vivienda, aparentemente más ‘estable' que las ya mencionadas. Esto podría relacionarse con la informalidad de la contratación  ( p.ej. acuerdos verbales )  y/o preocupaciones por una baja capacidad de pago en el futuro cercano. Cabe señalar que ambas variables se relacionan con el riesgo de desalojo: de acuerdo con el monitoreo a desalojos, liderado por los sectores de Protección y Multisectorial del GIFMM, tres de cada cuatro de estos incidentes ocurrieron en acuerdos de tenencia sin contrato formal  ( 79% ) ; así mismo, 95% de los riesgos y 80% de los incidentes de desalojo señalan como motivo la incapacidad de pago40.
Es necesario fortalecer la ruta de atención frente a las afectaciones de las víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar  ( MAP/MSE )  en comunidades indígenas. La recurrencia de estas situaciones desafía las estrategias de Prevención y Educación en el riesgo de Minas en medio de la pandemia. . En este periodo de reporte preocupa la situación ocurrida en el municipio de Ituango  ( norte de Antioquia ) , donde un miembro de la comunidad de Jaidukamá  ( hombre 32 años ) , fallece al pisar una mina antipersonal ubicada en la zona de cultivo de la comunidad. Las autoridades tomaron más de una semana para hacer el levantamiento del cuerpo.
Con el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, porque aunque hay unas 15 mil familias inscritas, no les están cumpliendo con los pagos y proyectos para arrancar las matas. Tres años después de la firma del acuerdo, sólo unas pocas familias han recibido los giros para comenzar con sus proyectos productivos. Un asunto que, en cualquier caso, no dista de lo ocurrido en otras zonas,como lo hemos contado. Eso generó, por ejemplo, que hace dos meses, en medio de la pandemia, unos mil campesinos salieran de sus parcelas y marchar por las calles de Puerto Asís exigiendo que lo cumplieran. La línea de la erradicación forzada también está en veremos y está causando tensiones.
La principal razón que se reporta para tener la intención de retornar corresponde a las limitaciones de acceso a ingresos en Colombia, que se han acentuado dadas las actuales circunstancias de aislamiento preventivo obligatorio. Esta fue reportada como causa en el 46% de los hogares en donde alguna persona tiene la intención de retornar. Le siguen, reunirse con la familia en Venezuela  ( 36% ) , tener vivienda en Venezuela  ( 19% )  y no tener acceso a alimentación  ( 18% ) , En línea con lo anterior, cabe señalar que entre quienes menor número de comidas están consumiendo al día  ( una comida al día ) , hay un mayor porcentaje de personas que tiene la intención de retornar  ( 12% ) .
Eso generó, por ejemplo, que hace dos meses, en medio de la pandemia, unos mil campesinos salieran de sus parcelas y marchar por las calles de Puerto Asís exigiendo que lo cumplieran. La línea de la erradicación forzada también está en veremos y está causando tensiones. Esta semana, más de 500 campesinos del municipio de San Miguel  ( frontera con Ecuador )  montaron un cordón de resistencia para evitar que soldados y erradicadores del Gobierno entraran a sus territorios a arrancarles los cultivos de coca que siguen siendo su principal fuente de ingresos. Ayer, una comunidad indígenas de Orito hizo lo mismo aunque en ese caso sí se presentaron disturbios. Eso, a pesar de que el martes el consejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarín, visitó el departamento para comentar que ese proceso de erradicación marchaba bien. En ambos casos, las comunidades exigen que antes de permitir la erradicación les garanticen qué otras actividades pueden hacer para generar recursos. Plantean la posibilidad de que abran un nuevo censo en el Pnis, otros que se habilite un programa mejor.