nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Un número significativo de venezolanos llega con cualificaciones y habilidades con las que pueden contribuir a las economías de los países que los acogen, pero el acceso al empleo formal según se ha demostrado puede resultar sumamente complicado. “Citi está comprometida con ser parte de la solución a esta crisis humanitaria', sostuvo Alvaro Jaramillo de la Fundación Citi durante el evento de lanzamiento. “Creemos firmemente – como socios integrados a las comunidades en las que vivimos y trabajamos – que compartimos responsabilidades en cuanto a abordar los desafíos que todos enfrentamos'. La sociedad brindará capacitación vocacional y certificaciones a más de 400 jóvenes de Venezuela. El proyecto también incluye una incubadora de emprendimientos mixtos que incluyen a venezolanos, colombianos retornados y a miembros de la comunidad de acogida. El socio de la OIM sin fines de lucro, USA for IOM, organizará eventos educativos en los Estados Unidos para crear aún mayor conciencia en torno de esta cuestión.
"Como Gobierno estamos tomando medidas claras. Si lo que afecta a la economía es el fenómeno de la informalidad, en lo laboral la tarea es desarrollar un intenso control y fiscalización para laformalización laboral", señaló la ministra Sylvia Cáceres en Canal N. Indicó que, si bien los migrantes ejercen presión sobre los servicios públicos, el esfuerzo para la formalización puede aliviar este problema. "Queremos impulsar la revisión del marco regulatorio de la microempresa, para que el 90% de trabajadores que laboran informalmente en unamypepasen a la formalización", añadió. Además, explicó que la informalidad "no tiene color, ni nacionalidad, ni tinte político, porque es un problema que afecta a toda la sociedad en conjunto.No podemos discriminar". También se refirió a la brecha salarial que acosa los sueldos entre hombres y mujeres. Apuntó que, actualmente, la tasa asciende a 29%. Excerpt 2
Pese a la situación política y económica que atraviesa el país caribeño, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  ( Acnur ) cercade 3,000 venezolanos han tramitado su visa humanitaria para ingresar a Perú hasta fines de agosto. No obstante, el representante de Acnur en Perú,Federico Agusti, remarcó que “muchos más' no lo han podido tramitar debido a que el costo del pasaporte hace inalcanzable obtener el documento exigido por Perú y otros países de la región.
–¿Han aumentado las solicitudes de refugio tras la exigencia de visado?– En solicitudes de refugio, Perú es el primer país del mundo en cantidad de población venezolana que lo pide,mientras que es el segundo país del mundo en número de inmigrantes: el primer país de recepción es Colombia con millón y medio de venezolanos. En cambio, Perú acogió poco más de 870,000 ciudadanos venezolanos desde diciembre de 2016 a mayo de este año. En tanto, que las solicitudes de asilo suman 280,000 en lo que va del año porque ha tenido la valentía de llevar a la práctica la definición ampliada de asilo, que permite que aquellas personas cuya vida, seguridad o libertad se encuentra en peligro por la violación masiva de los derechos humanos, por conflictos internos o por graves disturbios que desestabilizan el orden público, puedan tramitarlo. No obstante, tras la exigencia de visado, ha bajado enormemente.Hablamos de menos de 200 solicitudes por mes en comparación a lo que había antes de junio que eran muchísimos más. Se llegó a 1,000  ( solicitudes de refugio )  por día.
–¿A qué se debe este resultado?– En general ha bajado el flujo legal de ingreso de ciudadanos venezolanos por las medidas adoptadas no solo aquí, sino también en Chile y en Ecuador. Esas medidas hacen que sea más difícil todo el tránsito. En setiembre fueron 4,200 ciudadanos venezolanos los que ingresaron al país, que es un numero muy pequeño ya que estamos hablando de 150 personas por día cuando antes se contabilizaba a 1,500 personas por día. En ese escenario,es muy posible que haya aumentado la inmigración de aquellos que están tratando de ingresar de manera irregular,no porque tengan problemas con la justicia  ( sino es porque )  necesitan salir de cualquier manera ya que tienen necesidades de trabajar o tienen una enfermedad. –¿Cómo es el trámite para obtener el refugio?– Los inmigrantes presentan una solicitud en la que manifiestan los motivos por los cuales salieron del país: por qué motivos consideran que no podrán regresar; si viven una situación de persecución por violación masiva de sus derechos humanos o si su vida se encuentra amenazada, entre otros. Con esa información, laComisión Especial para los Refugiados ( del MRE )  evalúa esa información y luego hace una entrevista en la que analizan los hechos y motivos para resolver si obtiene o no la condición de refugiado que deberá emitirse en 60 días. Mientras la Comisión evalúa el pedido de refugio, se entrega al solicitante una credencial que le permite permanecer legalmente 60 días y además, lo habilita para trabajar, pero no para obtener atención médica.
La Fundación Citi trabaja para promover el progreso económico y para mejorar las vidas de las personas que viven en comunidades de bajos ingresos en todo el mundo. En la actualidad, el éxodo de nacionales de Venezuela es una de las mayores crisis de desplazamiento externo en todo el mundo. Aproximadamente la mitad de los 4.6 millones de personas que se han ido de Venezuela desde 2015 – sobre la base de las más recientes cifras de la Plataforma Regional de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela –se encuentran en la vecina Colombia y en Perú. Se proyecta que las cifras lleguen a 2.4 millones en Colombia y a 978.000 en Perú el año próximo.
La Organización Internacional para las Migraciones ( OIM ) , dependiente de Naciones Unidas, anunció este martes el lanzamiento de un programafinanciado por el banco estadounidense Citigrouppara formar a jóvenes migrantes procedentes de Venezuela que se encuentren en Colombia y Perú, los principales países receptores del éxodo venezolano.
El programa tiene el objetivo deofrecer formación vocacional y titulaciones a 400 jóvenes venezolanos, además de facilitar la creación de nuevas empresas que integren a estos migrantes con las comunidades de acogida, según señaló el portavoz de la OIM,Joel Millmanal anunciar esta nueva iniciativa. La fundación queCitigroupmantiene para financiar este tipo de proyectos humanitarios, invertirá en este en concreto alrededor deun millón de dólares, equivalentes a lo que ha gastado en el resto de colaboraciones que ha mantenido con la OIM desde 2015.
Unos4,6 millones de venezolanos han dejado su paísdesde 2015 como consecuencia de la inestabilidad política y económica, yNaciones Unidascalcula que esta cifrapodría alcanzar los 5,5 millones a final de 2020si no mejora la situación. Colombia y Perúson los principales países receptores de este éxodo, y se calcula que el próximo año se alcancen2,4 millonesde migrantes y refugiados enterritorio colombianoy 978.000 en el peruano.
Y es que en Venezuelaestán reapareciendo enfermedades que estaban controladascomo la difteria y el sarampión, esta última que puede por medio de la vacunación. Entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2019, el país notificó de 283 casos de sarampión, de los que 40 fueron confirmados, según los reportes de la Organización Panamericana de la Salud. El Ministerio de Salud destacó que la Tarjeta no es un sistema de vacunación regional ni reemplaza los esquemas ya existentes en cada país, sino que es un mecanismo de inclusión. En Colombia, inicialmente, estará disponible en Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Nariño y los gobiernos harán una revisión trimestral de su implementación. Según los datos de esa cartera, se han aplicado1,5 millones de vacunas a migrantescon una inversión de más de $21 mil millones. Excerpt 3
Since the beginning of the emergency, GTRM partners have supported vulnerable refugees and migrants with some 2000 specialized mental health sessions.
En Perú se identifican personas mayores en situación de riesgo trabajando en la calle, a veces acompañadas por niños/ as.
La evidencia recogida muestra que muchas personas mayores en situación de movilidad no acceden a los procesos y la documentación que les permite disfrutar de sus derechos
On 30 March, the President increased the curfew time from 6 pm to 5 am in most of the country. Regions with the highest rate of disobedience  ( Tumbes, Piura, La Libertad and Loreto )  should curfew from 4pm
La crisis económica podría afectar a la región de manera sustantiva. En ese sentido, se espera que en 2020 las economías de Colombia, Ecuador y Perú se contraigan el 2,4%, el 6,3%, y el 4,5%, respectivamente, para recuperar una senda de crecimiento en 2021  ( FMI, 2020 ) . Tal crecimiento permitiría que Colombia y Perú sobrepasen los niveles del producto interno bruto  ( PIB )  anteriores a la crisis en 2021
Basados en estos resultados y en las elasticidades estimadas para Perú  ( Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, 2019 ) , se realizó una estimación del impacto de la disminución de la actividad económica en el empleo de los migrantes para 2020. Los principales resultados obtenidos fueron: o Si la disminución del empleo en los migrantes se diera en la misma proporción en que participan de los diferentes sectores, 8 el impacto para este grupo sería de alrededor del doble que para la población general y, entre los tres países, unos 80.000 migrantes perderían sus puestos de trabajo  ( cerca del 5% de la población migrante empleada ) .
Si la disminución fuera del doble de la proporción que los migrantes representan en la fuerza laboral de los sectores, la caída del empleo afectaría a un porcentaje de entre el 3% y el 21% de los migrantes, dependiendo del país y los supuestos sectoriales respectivos, lo que corresponde a un número aproximado de 160.000 migrantes desempleados.
El 15 de marzo, el gobierno peruano declaró 90 días de estado de emergencia por la pandemia de COVID‐19. Las medidas incluyen una cuarentena obligatoria, cierre de fronteras ahora controladas por las fuerzas armadas, toque de queda temprano y restricciones a derechos y libertades constitucionales
La cuarentena y las restricciones de movilidad impactaron a todos los sectores económicos con la suspensión de la mayoría de las actividades
El gobierno ha implementado medidas para apoyar a las comunidades vulnerables a través de bonos monetarios para familias en situación de pobreza y pobreza extrema, y para trabajadores independientes. Este apoyo no ha sido aún extendido a refugiados y migrantes, la mayoría de los cuales subsiste de la economía informal y dependen de un ingreso diario. Esta acentuada vulnerabilidad económica se ha convertdo en inseguridad alimentaria y dificultad para cubrir rentas y otras necesidades básicas. La mayoría de los refugiados y migrantes vulnerables viven en áreas con limitado acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene, incrementando los riesgos de salud.
A causa del estado de emergencia y las restricciones de movilidad, varios socios suspendieron un número significativo de actividades en todo el país y en las fronteras, aunque continúan proveyendo servicios de forma limitada a través de salvoconductos.
Los sistemas de asilo y migración están temporalmente suspendidos y el acceso a territorio restringido, incrementando el riego de casos de devolución en las fronteras. No obstante, el gobierno anunció que durante la emergencia todos los extranjeros con regularización pendiente serán considerados como regulares
El gobierno decretó igualmente la inclusión de profesionales de la salud extranjeros para fortalecer la capacidad del sistema de salud y la afiliación temporal de refugiados y migrantes al seguro integral de salud  ( SIS )  específicamente para aquellos casos sospechosos o confirmados de COVID‐19.
La estrategia de protección del GTRM se concentra en desarrollar las capacidades de las autoridades para responder al incremento de los riesgos para la niñez, sobrevivientes de VBG y víctimas de trata de personas en el contexto de la emergencia y la prolongación de sus efectos.
Los socios priorizan el apoyo a las iniciativas de autoempleo y emprendimientos para sostener la reactivación gradual de la economía local y generar medios de vida
Junto con las CBI multipropósito, el GTRM planea asegurar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables a través de la distribución de canastas básicas mediante la provisión de apoyo logís5co y técnico al Ins5tuto Nacional de Defensa Civil  ( INDECI ) .
Finalmente, el GTRM se concentra en asegurar el acceso al sistema de educación virtual como una oportunidad para niñas y niños que no han encontrado una vacante en una institución educativa cercana a su domicilio y asegurar su permanencia. Con la inclusión temporal de refugiados y migrantes en el Seguro Integral de Salud  ( SIS ) , los socios apoyarán las infraestructuras de salud pública para garantizar el acceso a tratamiento e incrementar su capacidad con áreas de aislamiento y almacenaje. El GTRM apoyará el acceso a salud primaria y fortalecerá la provisión de apoyo psicosocial.
En el marco de la emergencia sanitaria por COVID‐19, los alojamientos temporales y viviendas adecuadas son un factor fundamental para preservar la salud y vida de las personas, sobre todo de aquellas en situación especialmente vulnerable. La población refugiada y migrante de Venezuela está en riesgo de situación de calle como consecuencia del desalojo de las viviendas por falta de recursos económicos para el pago de arriendos, así como del cierre de alojamientos temporales por la cuarentena.
En algunas zonas se reportó escasez de insumos de higiene y la falta de material de bioseguridad. Por ello, la provisión de artículos no alimentarios a través de modalidades de transferencia en efectivo, tal como la distribución de vales o “vouchers', permite a la población refugiada y migrante adquirir estos articulos de manera directa
Debido a la pérdida de empleos e ingresos, este es uno de los aspectos más delicados, ya que las personas mayores pueden ver mermada la alimentación al estar dependiendo de sus familiares. También la falta de alimentación y no llevar una dieta adecuada de acuerdo con su condición de salud pueden ser factores agravantes de la situación.
Los gobiernos regionales de las zonas en que se producen salidas o llegadas están trabajando con el Instituto Nacional de Defensa Civil  ( INDECI ) , quienes coordinan la logística del transporte aéreo o terrestre con el apoyo de la policía y las fuerzas armadas. Las autoridades están registrando y examinando a las personas, instituyendo medidas de cuarentena antes de la salida o a la llegada, según sea necesario
Cambios en contexto De acuerdo con una encuesta realizada de manera remota a venezolanos en el Perú, seis de cada diez refugiados y migrantes participantes están preocupados por la falta de alimentos durante la emergencia sanitaria.
Previo a la emergencia por COVID‐19, se había iden5ficado la falta de actores trabajando en la respuesta a las necesidades de agua, saneamiento e higiene de las personas refugiadas y migrantes. Esto aunado a problemas estructurales de acceso a agua potable y servicios de saneamiento en los asentamientos más vulnerables exacerban las limitaciones para seguir las directrices sobre el lavado de manos y la higiene para prevenir contagios por COVID‐ 19.
En plena emergencia sanitaria, el gobierno peruano dispuso la afiliación al régimen subsidiado del SIS de manera excepcional y temporal para nacionales peruanos y extranjeros, residentes o no, que se encuentren en el país y que presenten casos sospechosos o confirmados de Covid‐19. Con lo cual, refugiados y migrantes podrán presentar cualquier documento que acredite su identidad para ser atendidos hasta el alta definitiva.
El cierre y militarización de las fronteras ha limitado el acceso al territorio aumentando considerablemente las posibilidades de devolución en frontera y de separación familiar. Esto incrementa los riesgos de protección de las mujeres, niñas niños y adolescentes, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGTBIQ+ que requieren especial asistencia y salvaguarda de explotación y abuso sexual y trata de personas.
El sector educa5vo respondió a la emergencia sanitaria mediante la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en Casa', la cual comenzó a funcionar el 6 de abril del 20204. Dicha estrategia mul5canal de educación a distancia busca garan5zar el servicio educa5vo de las escuelas públicas de Educación Básica a nivel nacional en momentos de aislamiento social. Para tal propósito, se pusieron a disposición de la población una variedad de ac5vidades para ser realizadas desde el hogar, de acceso libre y gratuito, a través de la página web www.aprendoencasa.pe, Radio Nacional y TV Perú
Cambios en contexto La adopción de las medidas frente al COVID‐ 19 tuvo un impacto diferenciado sobre los niños, niñas y adolescentes  ( NNA ) , visibilizando problemá5cas sociales como la violencia y acentuando las limitaciones del sistema de protección. Existe también un impacto psicosocial por las medidas de aislamiento .
El aislamiento social dispuesto como respuesta al COVID‐19 ha acentuado las desigualdades de género potencialmente aumentando los riesgos de violencia basada de género  ( VBG ) . Algunos datos preliminares sugieren que hay un aumento extremadamente preocupante de VBG, incluyendo la violencia entre la pareja, la dependencia de mecanismos de supervivencia extremos como el sexo transaccional, la explotación y abuso sexual  ( SEA ) , abuso infantil y la trata y tráfico de personas.
Ante la imposibilidad de generar recursos económicos durante la emergencia, los refugiados y migrantes de Venezuela son más vulnerables a ser víctimas de trata de personas y/u objeto de tráfico ilícito de migrantes. En adición a sus limitadas capacidades operativas, los servicios especializados de protección suspendieron parcialmente su atención para víctimas de trata incluyendo la identtificación e inves5gación de casos, retos en materia de trata y tráfico ilícito de migrantes
Las dificuldades en el acceso a servicios públicos, tanto para las comunidades de acogida como para los refugiados y migrantes de Venezuela, se han incrementado debido a la emergencia por COVID‐19.
El GTRM ha priorizado la asistencia humanitaria de emergencia para responder a las necesidades urgentes relacionadas al COVID‐19. Las intervenciones mediante ayuda en efectivo  ( CBI por su acrónimo en inglés )  han permitido al GTRM apoyar estratégicamente a hogares de refugiados y migrantes vulnerables para cubrir por seguridad alimentaria y otros servicios básicos, incluyendo vivienda. Considerando el impacto económico y social de la crisis actual, el uso de CBI permitirá a refugiados y migrantes de Venezuela integrarse y tener un rol activo en el desarrollo de las economías locales. Además, CBI mitiga los efectos del desempleo, la discriminación, el incremento de los riesgos de salud y de protección, la explotación y la trata de personas
La respuesta en Perú también prioriza la provisión de alojamientos seguros para superar los riesgos de desalojo y la situación de calle. Los socios están identificando soluciones de vivienda que cumplan estrictamente con los nuevos lineamientos para reducir el riesgo de infección por COVID‐19. Los esfuerzos en agua, saneamiento e higiene son una prioridad para reducir los riesgos de contagio y para cumplir con las medidas gubernamentales, ellos incluirán la distribución de kits de higiene. Apoyo para este sector es necesario para garantizar sostén a los esfuerzos del gobierno durante y después de la cuarentena.
La triste realidad es la de la mayoría de los refugiados venezolanos. "Muchos de los venezolanos nos dicen que solo comen una vez al día, que duermen más para tener menos hambre o que no comen para que sus hijos tengan algo para alimentarse', señala Federico Agusti, representante de ACNUR en Perú, en entrevista con DW.
Con más de 250.000 personas infectadas y casi 8.000 muertes debido al COVID 19, Perú está en tercer lugar entre los países más afectados de América Latina. El peligro es mayor para los refugiados venezolanos.
Incidencia/cabildeo a través de las autoridades nacionales para promover el acceso a condiciones de alojamiento mejorado par ambos: las comunidades de acogida afectas, los refugiados y migrantes
Compartir la información sobre el acceso al alojamiento para orientar a los refugiados y migrantes que se quedan en el Perú en cuanto a lo que deben considerar si acceden a alojamiento.
El conteo de muertes por COVID 19 de SINADEF desde marzo de 2020 ya supera el número de muertes registradas durante el conflicto armado interno de Perú entre 1980 y 1990, que fue el período más mortal de la historia de Perú.
Baños accesibles, suficientes y limpios separados por género y tomar en consideración las necesidades de las personas con discapacidad. En el caso de albergues temporales, también las duchas.
• Coordinación a nivel nacional y subnacional para establecer procedimientos estandarizados para el manejo de albergues temporales.
Desarrollo de procedimientos de orientación para el cumplimiento de los estándares mínimos para albergues temporales
• Fortalecimiento de las capacidades de gobierno en el manejo de albergues, incluyendo el Manejo del Riesgo de Desastres para situaciones de emergencias, con énfasis en los refugiados y migrantes.
WFP actively participated in the Acuerdo Nacional discussions to analyse the way forward to jointly address the threats of hunger and malnutrition. These threats have reappeared as collateral impacts of the economic slowdown triggered and deepened by the lockdown measures.
IOM Peru supports the implementation of pandemic speci c referral pathways for refugees and migrants from Venezuela who have been victims of tra cking in persons  ( TiP )  or who could be potential victims. To complement this initiative, over 1,000 public o cials, service providers and humanitarian actors nationwide have been trained to detect and refer potential victims of tra cking. In the post quarantine and economic recovery context, IOM has implemented the virtual community prevention strategy "Caja de Juegos"  ( Game Box )  to train facilitators in the identi cation and prevention of human tra cking in children and adolescents
WFP Peru has adapted its operation to start providing cashbased transfers to directly support the government's response. This is combined with its well positioned capacity strengthening role that integrates communications, social mobilization and generation of evidence. WFP has been present in Peru since 1968.
WFP distributed 900 hygiene and protection kits in Sechura and 3,700 in Ancash in coordination with national and local authorities. This is part of WFP's reprioritization of field interventions.
WFP started the focalization of participants for its cash based intervention in Ancash using SCOPE, the corporate beneficiary's targeting and registration tool. Recently recruited local staff received specific training, including biosecurity protocols to guarantee their safety.
Two WFP advisors are working at the National Council of Ministers to support the Government with the distribution of food to 200,000 vulnerable families in Lima and Callao.
WFP facilitated the participation of the Director of Qali Warma at an international social protection webinar to discuss how the national school feeding programmes in LAC have adapted to the current COVID 19 crisis.
WFP participated in the forum "Anaemia: how to deal with this increasing risk" organized by IPAE, a private business association that brings together high level representatives from the private sector and academia.
Prior to the COVID 19 crisis, Peru ranked 89 in the human development index. Despite persistent political uncertainty, its upper middle income economy showed a steady growth largely driven by mining production and exports. This resulted in significant reductions in hunger and poverty. However, the pandemic has unveiled a structural inequality gap that threatens the food security of millions of Peruvians. With one of the highest informality rates in the region  ( 72.5 percent ) , the strict lockdown measures drastically affected the livelihoods of millions of households that rely on their daily incomes for subsistence. Now Peru has the second most confirmed COVID 19 cases in the region and the fifth most worldwide.
As part of the government's efforts to tackle the economic and social impacts of COVID 19, a logistics plan was developed in direct coordination with INDECI. Through this plan, it is estimated that around 20,000 families in quarantine, both migrants and host population will be assisted. In June, around 3,000 vulnerable households from the Lima and Callao areas received humanitarian assistance and an additional 1,000 Venezuelan families received humanitarian kits to support them during the COVID19 crisis. This was coordinated with INDECI in close collaboration with UNHCR, IOM, OCHA and the OCR.
After almost four months since the first declaration of a national health emergency and the corresponding lockdown measures, the widespread loss of livelihoods is evident. According to WFP's estimates, around 1.9 million Peruvians suffered from moderate food insecurity prior to the crisis. No estimates were available for severe food insecurity. As the crisis unfolds, a remote survey conducted by WFP in May 2020 estimates that now 12,62 million people are moderately food insecure and an additional 3.56 million are severely food insecure, thus bringing the total number of estimated food insecure people in Peru to 16,18 million. This demands greater flexibility in terms of adjusting operational plans in coordination with cooperating partners and donors.
Amid the declaration of the state of emergency and the mobility restrictions, many partners suspended a significant number of activities across the country and at the borders, where limited services are being provided by partners using safe conduits. The asylum and migration systems are temporarily suspended and access to territory is restricted increasing the risk of refoulement at the border. However, the government announced that for the duration of the emergency all foreigners pending regularization are considered as regulars. The government decreed both the inclusion of foreign health professionals to strengthen the national healthcare capacity during the emergency, and the temporal affiliation of refugees and migrants to the health insurance system  ( SIS for its acronym in Spanish )  specifically for those suspected or confirmed as COVID 19 positive.
Over 10,130 highly vulnerable cases, i.e. some 3,100 families have received emergency Cashbased assistance since the Emergency Started.
UNHCR continues working on new agreements to enhance support as well as to increase the CBI transfer limit amount and thus benefit more vulnerable families.
Options continued to be explored to scale up CBI by raising the ceiling for each bank account and through new partners to deliver vouchers to cover urgent food needs.
. El 76% de los encuestados reportaron haber consumido menos alimentos o haber cambiado su dieta para hacer frente a la situación.
Podemos concluir que el inmigrante venezolano, varón y mujer, se inserta en una estructura laboral altamente informal y de baja productividad, donde las actividades económicas que concentran mayor empleo son servicios, comercio, manufactura, las cuales no requieren mano de obra calificada
WFP started implementing virtual learning groups in three schools in Ventanilla as part of its strategy to promote healthy nutrition at schools. An additional eight schools in Sechura will also take part in this initiative.
Cerca de 70% de las familias tiene menos de 30 soles de ingresos diarios
Más de 20% no cuenta con ningún documento de su país de origen o estos se encuentran expirados
Más del 90% de entrevistados reportó haber experimentado afectaciones psicosociales como consecuencia de la emergencia COVID 19
Más del 55% de entrevistados se ha sentido discriminado en Perú, y 12% se siente indeciso al ser preguntado
Sin embargo, solo un 20% de las personas encuestadas reporta la disponibilidad de albergues especializados, lo cual es un reto para la recuperación psicosocial y la seguridad física de las personas víctimas de trata de personas.
El 41% de las personas encuestadas no utilizó el servicio de salud cuando lo necesitó antes de la COVID 19, en un 28% de los casos, por no tener cobertura de salud o no tener dinero para pagar, y en un 11% por falta de documentos, mientras que en un 5% fue por el desconocimiento sobre los servicios. En el caso de las personas de 80 años en adelante, el 100% que no utilizó los servicios de salud cuando lo necesito ha sido por no tener dinero para pagar.
con un 17%, aparecen cansancio, agotamiento e incremento del estrés; esto se vincula con la salud mental, uno de los ámbitos priorizados dentro de las problemáticas de la salud, así como desmejora de la calidad de vida personal o familiar. Un 16% advierte discriminación y xenofobia, cuestión que vimos que está vinculada como una forma de maltrato reconocida por las personas encuestadas.
Uno de los riesgos a los que se ven enfrentadas las personas mayores es no poder contar con un control de sus enfermedades crónicas. Precisamente porque el acceso a salud es bastante limitado, muchas personas mayores se han visto en la obligación de pagar un médico privado, costear los medicamentos con recursos propios, o acudir a jornadas de atención en salud que hace la Cruz Roja.
De este modo, las jornadas de trabajo son largas y no se condicen con las remuneraciones obtenidas. Así, el estudio mencionado mostró que el 53% de las mujeres venezolanas trabajan 10 o más horas al día; mientras que el 41% de las mujeres encuestadas declaró ganar menos del salario mínimo143.
El 31 % de las personas manifiestan no haber recibido información sobre la prevención de la transmisión de la COVID 19
 Menos de 2 de cada 10 personas  ( 17 % )  cuenta con la entrega de ARV hasta su domicilio.
PROTECCIÓN SOCIAL Algunas personas enfatizaron que la pérdida de empleo o la falta de ingresos era
una de sus principales preocupaciones.
PROTECCIÓN SOCIAL 4 de cada 10 personas manifestaron que tenían que salir de sus casas para obtener ingresos para vivir, a pesar de estar en cuarentena.
El 41% de las personas migrantes y refugiadas entrevistadas también indicó otras maneras en las que la pandemia impactó sus vidas diarias, principalmente mencionando falta de recursos financieros y dificultades para pagar el alquiler.
. Como se tendrá la oportunidad de mostrar más adelante, precisamente, es en estas actividades donde se inserta laboralmente el grueso de los inmigrantes venezolanos y compiten con jóvenes peruanos poco calificados. Es decir, esta migración ejerce presión sobre el sector informal laboral, donde los salarios son bajos, y muy residualmente se emplea en el sector formal.
En el gráfico n.° 11 podemos observar que existe una mayor proporción de personas varones  ( 5.2 % )  que ganan más que el sueldo mínimo respecto a las mujeres  ( 0.8 % ) ; asimismo, existe mayor proporción de mujeres  ( 80.6 % )  que ganan menos del sueldo mínimo que los varones  ( 70.3 % ) .
Ahora bien, respecto a los factores que explican este incremento de actitudes discriminatorias y negativas hacia la migración venezolana, pueden encontrarse las desigualdades sociales, económicas y culturales dentro de la misma sociedad peruana. En general la sociedad peruana ha tenido un discurso excluyente también hacia el propio migrante interno en décadas pasadas y, por eso, se puede intuir que la discriminación hacia el extranjero  ( en particular en Lima )  tiene raíz en la cultura local81.
3. Mujeres embarazadas y lactantes: El 28% de los hogares tenían al menos una  ( 1 )  mujer embarazada y lactante. 4. Niños: Casi el 38% de los hogares tenían al menos un niño menor de cinco años. 5. Dependientes: El 21% tenía al menos un  ( 1 )  miembro del hogar con una enfermedad crónica y/o discapacidad
Respecto al Ítem 17 del test SRQ 18, el 94%  ( 290 )  respondieron que no han tenido la idea de acabar con su vida.
6. Tamaño promedio del hogar: El tamaño promedio del hogar era de 2.4 miembros por hogar. 7. Antes de recibir asistencia, la mayoría de los hogares beneficiarios  ( 93% )  reportaron haber dormido en un espacio público como la calle o albergues en la semana anterior, 89% de los cuales viajaban con niños.
Por su parte, la experiencia de las mujeres migrantes en su inserción laboral con empleadores peruanos es variada. Sin embargo, buena parte de las mujeres que participaron del estudio elaborado por IDEHPUCP y CARE Perú declararon haber atravesado experiencias negativas en sus lugares de trabajo, muchas de ellas relacionadas a acoso sexual, incumplimiento de pagos y explotación laboral. Varios de estos incidentes fueron tolerados debido a la situación de necesidad que enfrentan las mujeres migrantes.
En Perú, los movimientos mixtos se caracterizan por la movilidad de personas refugiadas, migrantes o solicitantes de la condición de refugiado/a venezolanos que han salido del país hacia Perú, atravesando Colombia y Ecuador en autobús o caminando, realizando una larga travesía para llegar al país.
En Perú, un 30% de las mujeres no ha accedido a procedimientos de regularización frente a un 19% de los hombres, y un 28% de las personas con discapacidad no ha accedido a estos procedimientos, comparado con un 19% de quienes no tienen discapacidad.
Por otro lado, la cuarentena prolongada ha tenido y aún tiene un fuerte impacto sobre los NNA migrantes190, que en muchos casos han tenido que pasar el periodo de encierro en situaciones de precariedad, hacinamiento, pobreza y hambre. Todavía no se cuenta con información sobre el impacto que esta situación tiene en su salud física y mental, ni hay datos respecto a posibles violaciones y abusos o casos de trata de personas. La falta de información al respecto es alarmante.
44% De los albergues ha limitado el ingreso y salida de los albergados por la Emergencia Nacional.
11. Niños: Casi dos tercios de los hogares  ( 65% )  tenían al menos un  ( 1 )  niño menor de cinco años. 12.Dependientes: El 24% tenía al menos un  ( 1 )  miembro del hogar viviendo con enfermedades crónicas y/o discapacidades. 13.Tamaño promedio del hogar: El tamaño promedio del hogar fue de 3.3 miembros por hogar.
En Perú se identifican porcentajes significativos en las diferentes limitaciones en el acceso a la salud, principalmente en la falta de cobertura, con un 34%, y en la falta de dinero, con un 25% de la muestra. En este país, uno de los riesgos a los que se ven enfrentadas las personas mayores es no poder contar con un tratamiento y control de sus enfermedades crónicas.
15.Alrededor de un tercio de los hogares también informó haber retirado a los niños de la escuela  ( 29% )  debido a la falta de recursos o a que su hijo o hija tenía que participar en actividades generadoras de ingresos o en la mendicidad para apoyar financieramente al hogar  ( 34% ) .
14.Antes de recibir la asistencia, la mayoría de las familias beneficiarias  ( 86% )  informaron de que alquilaban una habitación en un apartamento, de las cuales el 88% tenía un  ( 1 )  hijo, el 89% tenía dos  ( 2 )  hijos y el 86% tenía tres  ( 3 )  hijos.
En el plazo de un mes, el 88% de los hogares informaron que habían perdido TODOS sus ingresos del hogar. Cuando se les preguntó sobre el poder adquisitivo, solo el 32% informó ser capaz de pagar tanto los alimentos como los productos de higiene.
No obstante, al final del programa, el 71% de los beneficiarios tenía acceso a agua segura para beber, cocinar y limpiar; poco más de la mitad de ellos  ( 53% )  tenía acceso a un retrete privado, y la mayoría  ( 89% )  tenía acceso a una estación de lavado de manos.
en abril de 2020, casi todos los hogares  ( 89% )  mostraron características consistentes con una fase 3/4/5  ( crisis/emergencia/hambruna )  de la CIF, 9% con la CIF 2  ( estrés )  y solo 2% con la CIF 1  ( mínima ) .
A diferencia de los peruanos más vulnerables, los migrantes venezolanos no han tenido acceso a ninguna asistencia del gobierno del Perú. Solo algunas familias han recibido donaciones menores de las Naciones Unidas o las ONG internacionales
Los beneficiarios comenzaron a recurrir a estrategias negativas de afrontamiento perjudiciales para los niños, como el trabajo infantil  ( 3% )  o la mendicidad  ( 1% ) , a pesar del confinamiento
Otras razones que dificultan el acceso a la salud tienen relación con la idea de que ir al servicio de salud puede ser una pérdida de tiempo, lo cual está relacionado con la desconfianza en dicho servicio, dilaciones en la atención y dificultad en el acceso a medicamentos. También es relevante que un cuarto de la población mayor  ( 25% )  manifiesta que tiene dificultad en el acceso y movilidad en los centros de salud, por falta de rampas o atención para personas mayores o personas con discapacidad.
Las personas mayores encuestadas viven principalmente en Lima  ( 69% ) , Arequipa  ( 10% ) , Tacna  ( 7% ) , Callao  ( 3% ) , Cuzco  ( 3% )  y Piura  ( 2% ) .
Es considerable el porcentaje de personas que no han recibido tratamiento, que alcanza un 55%. En el caso de los hombres, llega al 63%, y en el de la población afrodescendiente e indígena, el porcentaje alcanza el 77%.
Actualmente, debido a la exigencia de visa, muchas personas ingresan de manera irregular al Perú. Los actores consultados indican que en las cifras de población refugiada y migrante actualmente no se tiene claridad del número exacto de personas sin documentación en el país, lo que resulta aún más complejo de identificar en las personas mayores.
La falta de respuesta o poca claridad en los procedimientos y los costos del proceso de regularización son las problemáticas principales en lo relacionado con la documentación, tanto para las personas solicitantes de la condición de refugiado/a como para los migrantes.
Las personas solicitantes de la condición de refugiado/a encuestadas no han aún podido acceder al procedimiento para el reconocimiento como tal. Un 50% informa haber accedido a los procedimientos para la obtención del refugio, pero es un proceso lento y siguen sin respuesta, lo que implica dificultades en el proceso de integración.
El acceso a la seguridad social es muy limitado entre las personas encuestadas, pues el 91% no recibe ningún tipo de pensión. En el caso de las personas con discapacidad, el porcentaje alcanza el 95%. Solo nueve personas mayores reciben pensión de Venezuela; otras personas han perdido la pensión, ya que no la han podido cobrar en Perú. En muchos casos las personas dependen del apoyo de sus hijos/as.
Antes del COVID 19, el 81% de las personas tenía acceso a tres comidas o más al día; un 17%, solo a dos comidas; un 2%, a más de tres comidas; un 1%, a una comida, o en ocasiones a ninguna comida. El acceso a la alimentación fue principalmente por medio del apoyo de familiares en un 63%, así como de ingresos económicos propios en un 52%.
Es importante destacar que, en promedio, a un 35% de las personas mayores se les ha disminuido el número de comidas diarias, especialmente a las personas con discapacidad, alcanzando un 42% versus un 31% de quienes no tienen discapacidad, lo que puede estar relacionado con la dificultad de movilizarse para conseguir recursos; en la misma relación de porcentajes, a los hombres se les ha disminuido más que a las mujeres.
• El 11% NO CONSUMIÓ NINGUN ALIMENTO en las 24 horas anteriores • El 20% ha pasado REGULARMENTE DÍAS SIN COMER en el ultimo mes • 2 de cada10 dependen de la ayuda de familiares/amigos  ( 11% )  o asistencia alimentaria  ( 9% )  para cubrir sus necesidades alimentarias
La mayoría alquila la vivienda que habita y comparte habitación con dos o más personas
Some countries – such as Argentina, Chile, Mexico and Peru – included Venezuelan and other foreign health workers in their response plans to join the fight against COVID 19. These foreign health workers, as well as those working in the agricultural sector and food distributors, were considered “essential' jobs, which highlighted the contribution of refugee and migrant populations to the economies of host countries and to the mitigation of COVID 19. Yet this also exposed their lack of labor protection, a problem which continues to demand urgent measures to regularize those with irregular status, protect their labor rights and formalize their work.
Unemployment reached 15 percent in Lima, with higher rates among women and refugees and migrants, as the service and commerce sectors were the most affected.
Mobility restrictions and the intermittent suspension of the asylum system limited access to territory and increased irregularity and protection concerns. However, in October the GoP expressed its willingness to regularize foreigners in irregular situations through the introduction of a “humanitarian residence' scheme.20
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL Y
ACCESO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
5 de cada 10 personas han presentado dificultades para obtener su tratamiento
Información de Retornos a Ecuador: Durante el trabajo de campo, se puso observar una cantidad importante de personas venezolanas con intención de retornar hacia Ecuador. Los horarios de mayor afluencia de retornos son durante la tarde y se pudo contabilizar un aproximado de 250 personas retornantes que llegaron a lugares aledaños al Puente de Aguas Verdes en Tumbes.
Las cifras indican que, a nivel nacional, un 70,5% de los peruanos considera que la migración tiene un impacto negativo en el país, mientras que solo un 10,8% cree que esta es positiva, un 10,1% señala que esta no tiene mayor impacto y un 8,1% no responde la pregunta.
Uno de los grandes hallazgos de la encuesta es el alto grado de desinformación de la población peruana en torno a la dinámica migratoria. Se revela que existe una sobreestimación de la cantidad de migrantes venezolanos en el país: En promedio, los encuestados consideran que un 25% de las personas que actualmente viven en el Perú son venezolanas; es decir, 1 de cada 4 personas cuando, en realidad, la población migrante representa alrededor del 3,2% de la población residente en el país.1
En el 2019, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reportaba que más del 35% de la población venezolana residente en el Perú había sufrido discriminación.1 No obstante, de acuerdo con esta última Encuesta, alrededor del 68% de la población peruana entrevistada considera que en Perú existe discriminación hacia las personas venezolanas mientras que un 15.5% afirma que no existe discriminación y un 14% expresa que quizás exista discriminación. Estas cifras deben alertarnos sobre la magnitud de la discriminación en el país.
Solo a 3 de cada 10 personas se les ofreció la opción de telemedicina.
40 % de las personas no saben adónde acudir o llamar en caso de sufrir algún tipo de violencia o discriminación por vivir con VIH.
Los tres países de acogida de las niñas y adolescentes refugiadas y migrantes venezolanas presentan situaciones de trabajo infantil. El país con mayor ocurrencia es Perú, pero Colombia es el país en donde más se presentan situaciones de trabajo no remunerado, engaños y estafas contra las niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil.
44% De albergues se tienen duchas separadas por hombre y mujer.
40% De albergues tienen disponibilidad de baños y/o letrinas separadas por hombre y mujer.
Se identificó un albergue que no cuenta con duchas para los albergados
60% De los albergues no pueden garantizar kits de higiene para las personas albergadas durante el periodo de cuarentena. El 4% Kit de Higiene indica necesitar kits de higiene femenina
Más del 65% de inmigrantes mayores de 14 años envían remesas y lo hacen, principalmente, con frecuencia semanal o quincenal
En muchos casos, la carga del cuidado del hogar es agravada por la presencia de personas con necesidades específicas. De hecho, más del 60% de la población encuestada indicó que al menos un miembro de su familia tiene algún grado de alguna discapacidad
Solo el 22 % de las personas perciben el uso de la mascarilla como medida de prevención
Ahora bien, las nuevas cifras que arroja la Encuesta deben mirarse a la luz de un contexto de exclusión y rechazo estructural prexistente, analizado también en otros tipos de encuesta. Por ejemplo, de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional sobre Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico racial, de 2018 más del 50% de las personas entrevistadas considera que los/as peruanos/as son racistas y más de la mitad de peruanos/as se ha sentido discriminado.2
Más de la mitad  ( 56 % )  no cuentan con suficientes elementos de protección personal.
El flujo migratorio de Venezuela a Perú, iniciado en el año 2016, tuvo su mayor cuota durante el año 2018 y a septiembre del 2019 alcanzó la cifra oficial de 850,000 personas
Se espera que la población de migrantes y refugiados venezolanos en el Perú sean afectados significativamente por el choque dadas sus características y condiciones en el mercado laboral en el Perú y por su acceso a servicios.
Recomendaciones: • Reforzar el monitoreo de los riesgos y necesidades de protección asociados a los hogares monoparentales. • Reforzar el seguimiento de personas con necesidades específicas y condiciones médicas graves que permanecen sin tratar.
Refugees and migrants from Venezuela were disproportionately affected: while governments introduced distance learning systems such as online and tele schooling, these were unable to benefit all students. For example, the National R4V Platform in Peru  ( GTRM )  estimated that over 50 percent of refugee and migrant children remained outside of the Peruvian education system, while the National R4V Platform in Colombia  ( GIFMM )  reported that 27 percent of households with Venezuelan children aged 6 to 11 and 37 percent of households with children aged 12 to 17 did not have access to formal learning activities.
The Peruvian economy contracted and GDP decreased by 11.5% in 2020, according to the Peruvian Central Bank
Refugees and migrants were not included in most government social assistance programmes, further increasing their vulnerability.
Los desencadenantes de este desplazamiento masivo en la región fueron asociados por Población de Interés  ( PdI )  encuestada a su incapacidad para satisfacer las necesidades esenciales y la falta de acceso a los servicios básicos en Venezuela, mientras que la inseguridad fue el principal factor de desplazamiento aproximadamente el 25% de la población encuestada
De hecho, la documentación se considera la principal barrera interseccional para acceder a la salud, la educación y los trabajos formales. El acceso a la documentación regular de residencia también ha sido reportado como la principal prioridad para los hogares que han ingresado de manera irregular a Perú. En general, más de la mitad de las personas refugiadas y migrantes encuestadas no tiene un estatus migratorio regular que les permita acceder a medios de vida formales y estables, y solo cuatro de cada diez personas de interés tienen derecho a acceder a servicios de salud y educación.
En cuanto a posibles soluciones duraderas, la población encuestada ha mostrado una clara voluntad de establecerse en el Perú tanto a corto  ( menos de 3 años desde la fecha de la encuesta )  como a medio largo plazo  ( 3 años en adelante ) . La baja tasa de “intención de retorno' ante la mejora de la situación en Venezuela marca el vínculo entre la situación política y económica en el país de origen y la voluntad de volver el desplazamiento en un estatus permanente
Más importante aún, la modalidad de ingreso en el país ha demostrado ser un factor determinante para el estatus legal de la población. Los que ingresaron de manera irregular a Perú muestran tasas significativamente más altas de falta de permisos  ( 30% por encima del promedio )  y mayor tendencia a optar por mecanismos de solicitud de refugio  ( 8% por encima del promedio ) . Estos datos muestran que la entrada irregular perpetúa la exclusión de las Personas de Interés del sistema de regularización de residencia, lo que tiene un impacto directo en el acceso a los derechos y servicios básicos.
La Población de Interés encuestada muestra un interés limitado en la opción de refugio, ya que no asocia el marco de protección internacional como un medio para garantizar su estadía en el país y acceder a los servicios.