La reunificación familiar, es decir, no separar familias. La expulsión tras "un procedimiento contencioso administrativo insuficiente, que no le permita al ciudadano extranjero ejercer sus derechos"; la no perseverancia o el desestimiento del Ministerio Público en las causas que inicia, y la demora en el procedimiento de expulsión  a veces años  son los argumentos principales que la Corte Suprema ocupa para rechazar expulsiones de migrantes. Pero, a partir de 2020, se ha agregado otro motivo:la emergencia sanitaria por el covid 19. Es un argumento en el que la Corte Suprema se ha referido por la situación de otros países, como Venezuela. Uno de estos fallos es el que la Sala Penalemitió el 7 de junioal rechazar la expulsión de un ciudadano venezolano, quien ingresó ilegalmente a Chile. Si bien el motivo principal  que la Suprema ya ha argumentado en otras resoluciones  fue que la expulsión se adoptó después de un procedimiento insuficiente, "por cuanto la parte recurrente no fue oída ni pudo presentar las pruebas que estimare del caso", la Corte también habló del contexto de su país. Al respecto, el fallo dice que en este caso debía tenerse en cuentala epidemia del coronavirus. Es una enfermedad "que amenaza la vida y salud individual de la totalidad de la población mundial, misma que no ha sido controlada", plantea. A eso se agregan "las persecuciones políticas y dificultades económicas, más las carencias sanitarias que padecen en sus paísesde origenquienes ingresan irregularmente a Chile, las que son de público conocimiento y que incluso, como es sabido, han llevado a naciones, a autorizar, recientemente, visas temporarias a cientos de ciudadanos extranjeros que han acudido hasta sus respectivas fronteras", por lo que, "de mantenerse el decreto de expulsión del territorio nacional de un ciudadano extranjero bajo tales circunstancias, implicaría necesariamente una afectación de la integridad física, síquica y seguridad personal de los mismos". Es la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, que preside el ministroHaroldo Brito, la que al menos desde hace tres años ha ido razonando en base de estos criterios en los casos de migrantes que presentan recursos de amparo después de sus expulsiones administrativas. El tribunal también está integrado por Manuel Valderrama,Leopoldo Llanos,Jorge Dahmy, desde este 8 de junio, porMaría Teresa Letelier, la primera mujer que se suma a esta sala. Uno de los varios ejemplos en que ha anulado las expulsiones por el principio constitucional de reunificación familiar puede leerse enun fallo de la Sala Penal de 31 de mayo pasado. Allí se impidió la deportación de una ciudadana haitiana, que entró en forma ilegal desde Brasil, y cuya familia reside en Valparaíso. Al respecto, la Sala Penal señaló que, debido alprincipio de reunificación familiar, "de mantenerse la decisión de la autoridad administrativa ocasionará la separación de ella, al residir parte de la familia de la amparada en Chile, por lo que la concurrencia de tal supuesto implica que la medida de expulsión infrinja lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de la República, en sus incisos primero y último, en cuanto establecen quela familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección". En sus resoluciones, la Sala Penal además ha invocado tratados internacionales. Entre ellos, laResolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Migración Forzada de Personas VenezolanasylaDeclaración de Cartagena de 1984, que recoge las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso dela declaración de Cartagena, el fallo del 7 de junio recuerda que esta precisa elconcepto de refugiado "al incluir en él a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; lo que es recogido posteriormente en laDeclaración de San José de 1994". Y añade que, "por consiguiente, resultan aplicables en la especie, esta vez como principios propios del derecho humanitario internacional, el de defensa, revisión de la medida y decisión judicial previa, de la no devolución y no rechazo en frontera, haya sido o no reconocida la condición de refugiados, hayan ingresado o no regularmente al territorio nacional, normas del derecho internacional reconocidas a partir de laConvención de 1951, y artículo VII delProtocolo de 1967y que proviene de la condición de aquellos. Esto ha sido reconocido, asimismo, de acuerdo alius cogensen forma expresa en laDeclaración y Plan de acción de México, para fortalecer la protección internacional en favor de las personas en América Latina".