El deterioro de las condiciones económicas y políticas, caracterizado por la hiperinflación y la contracción económica severa en Venezuela ha reducido el acceso de los ciudadanos a alimentos1, medicina, electricidad, agua y cuidados de salud; han contribuido a incrementar las necesidades humanitarias y ha exacerbado los flujos de población en situación de vulnerabilidad hacia los países vecinos, incluyendo Ecuador. De acuerdo a Naciones Unidas2, se estima que 5,8 millones de personas han abandonado Venezuela, y se espera que el número alcance a 6 millones hasta finales de diciembre. De estos números, al menos 4 millones requieren asistencia humanitaria. La escala de las necesidades es significativa y creciente. El Ecuador se ha convertido gradualmente de ser un país de tránsito de población venezolana, a ser un lugar de destino. Aproximadamente 500,0003 personas se encuentran con condiciones de permanecer en el país y en tránsito a otros países. Cada día arriban un promedio de 200 personas por cruces regulares y un número más alto, que incluso puede bordear los 5,000 diarios en ciertos picos , por cruces irregulares. En el contexto de la crisis venezolana, hay mujeres que a las razones de su migración, añaden escapar de situaciones violencia ejercida por sus exparejas. Desde julio 2019 el gobierno ecuatoriano impuso una serie de medidas migratorias para controlar el flujo de migrantes venezolanos, luego de que Chile y Perú pusieran en vigencia el requisito de visa para venezolanos. En la práctica el flujo de personas en necesidad de protección internacional no se ha detenido, pero ha significado, que al menos el 80% de los recién llegados ingresen por cruces irregulares, muchos de ellos controlados por grupos irregulares que incluyen guerrilla, narcotraficantes, bandas de contrabando y redes de crimen organizado. La crisis humanitaria que vive el continente es una crisis de género, que afecta los derechos sexuales y reproductivos y el bienestar de mujeres, niñas y adolescentes. Las mujeres en movilidad que abandonan Venezuela viven profundas vulnerabilidades. Se evidencia altos niveles de violencia sexual y normalización de la violencia basada en género. Las entrevistas de trabajadores sociales con participantes de los proyectos de asistencia humanitaria sugieren que la mayoría de las mujeres experimentan acoso y violencia sexual al cruzar las fronteras4  ( especialmente por pasos irregulares ) . El sexo transaccional5 y el sexo por sobreviviencia son comunes entre las personas forzadas al desplazamiento. Las niñas y las mujeres enfrentan riesgos significativos riesgos relacionados con trata de personas, operados incluso por individuos vinculados a la policía y redes de narcotráfico. Pese a todo ello, el reporte de violencias permanece extremadamente bajo. Las víctimas de violencia temen la deportación o retaliación si ellas llegan a reportar estos incidentes a las autoridades. Por otro lado, como resultado de los servicios de asistencia psicosocial y talleres desarrollados por CARE con población en movilidad humana, varios testimonios sugieren que algunos hombres, especialmente los jóvenes, que no encuentran oportunidades de vinculación laboral y ejercicio de su rol tradicional de género de proveedores para sus hogares, se ven obligados a asumir estrategias de afrontamiento de la crisis, de grave riesgo para su bienestar y el de sus familias: abuso de alcohol y estupefacientes, y vinculación con redes delincuenciales. Según datos del Ministerio de Gobierno entre enero de 2016 y septiembre de 2019 al Ecuador ha ingresado un total de 1.845.068 personas venezolanas a través de los diferentes puntos de control migratorio, de los cuales queda un saldo migratorio de población venezolana de 373.089. Esta información no incluye toda la población que ingresa por pasos irregulares y que no puede ser registrada. De acuerdo a esta información solamente en el 2019, 55% de las personas que han ingresado son mujeres y 45% hombres, 65% de las personas que han ingresado están en el rango de edad de 18 a 55 años; 29% son niñas, niños y adolescentes y 4% adultos mayores.6 En el caso de las migraciones y partiendo del género como categoría analítica, las mujeres, las niñas y las personas de diversa condición sexo genérica migrantes están expuestas a una doble vulnerabilidad, la derivada en consideración al género, otras por factores de edad7, sobre todo en el caso de niñas. En el Grupo focal  ( GF )  con mujeres en Lago Agrio informaron del caso de una adolescente que fue víctima de violencia sexual a quien no le administraron anticoncepción de emergencia en el servicio de salud aduciendo que no estaba realizada la denuncia.8 Esta oleada migratoria trajo aparejado un cambio en la dinámica propia de los territorios y los servicios. Así, el número de atenciones en la red de salud pública a migrantes venezolanos tuvo un incremento exponencial. En 2018, ya sea en consultas ambulatorias, egresos hospitalarios o emergencias se atendió un total de 194.543 personas de esa nacionalidad, mientras que en 2015, las prestaciones no llegaron ni a 2009. Por otro lado, el sistema nacional de educación tiene registrados a 16.851 estudiantes venezolanos. Aún cuando un sondeo realizado por el MIES y ACNUR refleja que, en Quito siete de cada 10 niños oriundos del país caribeño no van a la escuela.10 Además, en el marco de una aguda crisis económica y política del país, que se ha constituido en el escenario por disputa de los escasos recursos y limitados servicios para la población local y la recién llegada, el discurso xenófobo ha ido calando aún más en la sociedad ecuatoriana, generando altos riesgos de protección a la población que llega al Ecuador, durante el mes de noviembre se conoció del casos de un niño de seis años agredido físicamente por sus compañeros de clase11 y a finales del mismo mes, tres hermanos habrían sido también violentados en el establecimiento educativo frente a lo cual el Grupo Rescate Escolar en coordinación con la Junta de Protección de Derechos emprendieron acciones para frenar estos ataques.