PRÓLOGO Mientras que las economías de G7 tuvieron sus primeros casos de COVID 19 a finales de enero 2020, las primeras muertes en la región de Latinoamérica se registraron a mediados de marzo 2020. La pandemia ha generado una enorme incertidumbre y la mayoría de los gobiernos priorizaron salvar vidas a ‘cualquier costo' si es necesario. Los gobiernos están actuando bajo mucha presión para poner en práctica políticas que se han implementado alrededor del mundo tales como cierre de fronteras, restricción de movilidad y agrupación de personas a través del cierre de escuelas y otras instituciones. Las proyecciones sugieren que para el 2020, la región reduciría su crecimiento eco  nómico en un 5 por ciento como consecuencia del COVID 19.18 La situación en Ecuador es aún más grave porque está atravesando una crisis múltiple: la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19; una segunda dramática caída de los precios del petróleo en marzo 2020; una agudización en el deterioro de la situación financiera y fiscal interna; y, un acceso muy limitado a financiamiento internacional. Esta crisis erosionó las ganancias sociales del pasado reciente. Se espera que la economía se reduzca 6 por ciento, lo que generaría un aumento en la pobreza con tasas similares a las del 2010.19 Un millón y medio de personas caerían en la pobreza en solo un año, lo cual significaría 5 millones de pobres en Ecuador para 2021. Más aún, las condiciones de este segmento vulnerable de la población se verían agravadas con un aumento de 3,2 puntos porcentuales de la brecha de pobreza. La crisis no tendría un impacto uniforme sobre la población. Los trabajadores informales se verían más afectados que el resto de la población y constituirían un tercio de los nuevos pobres  ( 500 000 ) . Esta situación ha demandado una respuesta rápida por parte del gobierno de Ecuador desde febrero 2020 cuando se reportó el primer caso de COVID 19 en Guayaquil. Con la declaración del estado de excepción, mediante el Decreto Ejecutivo 1017, 16 de marzo 2020, como consecuencia del COVID 19, medidas extremas se establecieron inmediata  mente para evitar el contagio rápido de la enfermedad. El cierre de fronteras, el estado de sitio declarado desde 17 de marzo 2020, medidas de austeridad para crear espacio para gastos prioritarios gubernamentales y administración de la deuda. También se establecieron medidas para asistir a poblaciones vulnerables. El gobierno puso en ejercicio un nuevo programa de transferencia en efectivo a 950 mil hogres, mejoró las medidas de crédito y difirió el pago de impuestos y servicios con el objetivo de ayudar a hogares vulnerables y empresas medianas y pequeñas, flexibilizó las jornadas de trabajo y reguló el teletrabajo.20 Los migrantes venezolanos no han sido excluidos por el gobierno de Ecuador en esta difícil situación. Así, el 23 de marzo, por medio de Decreto Ejecutivo No 1020, se extendió el plazo de amnistía migratoria y del proceso de regula  rización por motivos humanitarios. Este proceso había comenzado por Decreto Ejecutivo No 826, el 26 de octubre de 2019 y concluía el 31 de marzo 2020. Además, se ratificó la validez de pasaportes de ciudadanos venezolanos hasta 5 años después de la fecha de caducidad de estos. También, el gobierno continuó el apoyo al visado de niñas, niños y adolescentes establecido en la Resolución No 000131 del 22 de octubre 2019, atención de migrantes establecido por el Decreto 826 y la ampliación de los plazos que vencían el 19 de marzo de 2020, para todas las personas extranjeras residentes temporales o permanentes por el Acuerdo Ministerial No 000035 del 19 de marzo, 2020. De la misma manera, el 18 de marzo de 2020, mediante Acuerdo Interministerial N°. 0000006, expidió el procedi  miento para la regularización de personas extranjeras, padres de niños, niñas o adolescentes ecuatorianos, que no han registrado su ingreso a través de los puntos de control migratorios oficiales. Los padres extranjeros de niños, ni  ñas y adolescentes ecuatorianos podrán acceder a la residencia permanente en el Ecuador cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios del Acuerdo Interministerial. Esta iniciativa favorece a las personas en movilidad humana, principalmente a los venezolanos que se encuentran en el país con estatus irregular, como un mecanismo adicional para buscar su regularización. El presente informe tiene como objetivo analizar la situación de la población migrante y refugiada venezolana y de las comunidades de acogida en Ecuador, para la identificación de políticas públicas. El estudio responde a una solici  tud recibida por el Gobierno de Ecuador para contar con información que facilite la toma de decisiones que permitan cumplir el deber constitucional de garantizar la movilidad humana y los servicios de salud y educación. De esta manera, el reporte es exhaustivo en las dimensiones para las que se contaba información: mercado laboral, servicios de migración, educación, salud y protección social. Cabe destacar que, a pesar de que la información recopilada por la encuesta a hogares, grupos focales y registros administrativos llega hasta mediados del 2019, los hallazgos hacen referencia fundamentalmente a problemas estructurales que enfrentan grupos de población vulnerable que pueden exacerbarse dada la crisis actual. Este informe fue liderado por el Banco Mundial y contó con el apoyo de 6 agencias de Naciones Unidas: UNICEF, AC  NUR, OIM, PNUD, PMA y UNFPA. Los hallazgos del informe provienen de la Encuesta a Personas en Movilidad Humana y en Comunidades de Acogida en Ecuador  ( EPEC ) 21, grupos focales, e información recabada a través de numerosas instancias participativas con actores del gobierno y otros colaboradores que apoyan la respuesta a la migración ve  nezolana en Ecuador y la región. Se realizaron 10 talleres de enero a octubre del 2019, con contrapartes de gobierno y Naciones Unidas y se llevaron a cabo reuniones regulares con el equipo del Viceministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Se llevaron a cabo reuniones de consulta sectoriales con otros ministerios para el levantamiento de información y su validación: Ministerio de Economía y Finanzas, Educación, Gobierno, Inclusión Económica y So  cial, y Trabajo. En estas reuniones también participaron de manera estrecha las diferentes agencias de las Naciones Unidas: UNICEF, ACNUR, OIM, así como también el PNUD, PMA, UNFPA, ONU Mujeres. El equipo también participó en varias reuniones convocadas por el Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes. Por último, es importante destacar los esfuerzos realizados por el gobierno posteriores al intervalo de tiempo pre  sentado en el estudio. Principalmente, la implementación del acceso a la Visa de Excepción por Razones Humani  tarias  ( VERHU )  establecida por el Decreto 826 de octubre, 2019. A marzo de 2020 se tenían registrados 230 000 personas de las cuales 143 000 tenían registro22 biométrico23. Así también se reconocen acciones para prevenir la discriminación y xenofobia como por ejemplo, la campaña a favor de la inclusión y la diversidad realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, por medio de la cual se sensibilizó a 19 140 personas. El proyecto Ciudades de Acogida del Ministerio de Inclusión Económica y Social que se implementó en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ibarra, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manta. El proyecto “Seamos Amigos' liderado por el Ministerio de Educación y UNICEF, para promover la empatía en las escuelas y colegios, para generar ambientes inclusivos y hacer frente a la violencia. El Proyecto para prevenir la xenofobia y promover la inclusión y la no violencia en el ámbito educativo. Tanto el Banco Mundial como la comunidad internacional reconocen los esfuerzos realizados por el gobierno hasta la fecha, al otorgar una donación a través del Global Concessional Financing Facility  ( GCFF )  como parte del Proyecto Segundo Préstamo de Crecimiento Inclusivo y Sostenible. La situación económica y social sumada a la crisis generada por COVID 19 determinan una importante falta de recursos por parte del Estado para hacer frente a los diversos retos. Esto evidencia la necesidad de recurrir a la cooperación internacional para mejorar las capacidades de integración de la población migrante a iniciativas pro  ductivas, generadoras de empleo y de valor agregado. En otras palabras, para promover el desarrollo de capacidades, el autoempleo y el emprendimiento de los ciudadanos inmigrantes a fin de lograr su propio desarrollo y el de las comunidades de acogida. De esta manera, los beneficios de una migración ordenada, segura y regular –que se evidencian en el proceso de regularización que lleva a cabo el gobierno ecuatoriano– se maximizarán tanto para las comunidades inmigrantes como para las comunidades de acogida. Este estudio aporta la evidencia para que los actores de la cooperación internacional identifiquen posibles áreas de acción para complementar la gestión que desarrolla el Estado ecuatoriano y en la cual requiere actualmente coope  ración, financiamiento, y ayuda humanitaria, enmarcados en el principio de responsabilidad compartida.