nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Además de los retos anteriormente descritos, existen otros asuntos que se exponen como aler  tas de futuros obstáculos que podrían presentar  se con la ejecución del ETPV. Por ejemplo, existe limitaciones en la disponibilidad de las citas para el registro biométrico, porque el sistema está arrojándolas para el año 2022, lo que supondrá demoras excesivas para la obtención del PPT.
Las principales barreras de acceso a la educa  ción de los refugiados y migrantes venezola  nos encuestados son la falta de documentación  ( 31,98% )  y la falta de cupos  ( 30,12% ) . Aun cuando los niños y niñas logran ingresar a establecimien  tos educativos, la falta de medios tecnológicos y de conectividad para las clases virtuales sigue siendo una barrera.
Se observa que únicamente 65% de la pobla  ción con PEP está afiliada al sistema de salud y la barrera principal es desconocimiento sobre el procedimiento para afiliarse. El desconocimiento de los funcionarios sobre las normas  ( derechos y obligaciones )  sobre el derecho a la salud también implica barreras en el acceso para la población refugiada y migrante.
Se identifica  ron casos de familias que fueron desalojadas de manera forzosa o se encontraban en situación de calle y en algunos de los desalojos estuvieron involucrados actores armados ilegales, quienes mediante amenazas y violencia psicológica obli  gaban a las familias no solo a salir de sus lugares de la vivienda, sino del barrio, cortando sus redes de apoyo en la comunidad donde residen.
La mayoría de las personas viven en arriendo  ( 79% ) , al cuido  ( 7% )  y paga diario  ( 6,20% )  y el 80% de la población encuestada manifiesta ha  ber tenido problemas para pagar el arriendo y 30.9% de esta población ha recibido amanezcas por parte del propietario por no haber pagado el arriendo.
El 36% de los hogares migrantes reportaron que una mujer del hogar se encontraba embarazada o lactando. En los hogares migrantes con mujeres embarazadas o lactando, solo el 18%  ( 7 mujeres )  reportaron tener acceso a controles médicos regulares.
Principales razones reportadas por los 103 hogares migrantes con miembros no afiliados para no contar con afiliación a seguridad social*: 1. Falta de documentación, 56%  ( 48 ) . 2. Desconocimiento, 40%  ( 42 ) . 3. Falta de dinero, 37%  ( 38 ) .
En promedio: el 57% de los miembros de hogares migrantes de entre 6 y 11 años no asisten a ninguna institución educativa. el 47% de los miembros de hogares migrantes de entre 12 y 13 años no asisten a ninguna institución educativa. el 70% de los miembros de hogares migrantes de entre 14 y 17 años no asisten a ninguna institución educativa.
Ocupación de las mujeres mayores de 12 años del hogar de hogares migrantes: En promedio, el 45% de las mujeres mayores de 12 años reportaron trabajar durante la semana anterior a la recolección de datos. En promedio, el 4% de las mujeres mayores de 12 años reportaron trabajar en un negocio por una hora o más sin que les pagaran durante la semana anterior a la recolección de datos.
En estos primeros cuatro meses, documentamos 33 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Durante todo el 2020 registramos, en promedio, un caso de desaparición cada tres días. Entre enero y abril de 2021 la situación se mantuvo igual: un caso cada tres días.
In Colombia, violent armed clashes were registered in the Bolívar department between the National Liberation Army  ( ELN )  and dissidents of the FARC last week. Seven combatants were killed, and an unknown number of people were injured in the clash  ( El Tiempo, 9 July 2021 ) . Furthermore, state forces bombarded a FARC dissident camp in the Caquetá department, killing at least five dissident FARC soldiers of the Segunda Marquetalia faction  ( Infobae, 6 July 2021 ) .
Frente a la ocurrencia del Fenómeno de la Niña en el departamento, se ha de  cretado calamidad pública para 13 municipios  ( Ayapel, San José de Uré, Los Córdobas, Canalete, Montelíbano, Montería, Buenavista, Planeta Rica, San Pela  yo, Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y Moñitos )
La población ha sido gravemente afectada por la alta presencia de grupos armados no estatales, los cuales ejercen presión y amenazas a líderes, comunidades campesinas e indígenas. Lo anterior, frente a procesos de sustitución, actividades económicas, vinculación de niños y jóvenes e imponiendo control territorial sobre condiciones de movilización, restricciones y normas de conducta impuestas hacia la población.
Se ha evidenciado un aumento significativo de los hechos victimizantes por violencia armada para el año 2021, sobre todo en las amenazas  ( en este año un incremento en amenazas a docentes, líderes comunitarios e indígenas, líderes y participantes de las protestas sociales en el país ) , adicionalmente, aumento en la visibilización de casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y restricciones al acceso humanitario y a la movilización de la población civil.
Canalete, Planeta Rica, Puerto Libertador y San José de Uré poseen restricciones severas de acceso humanitario, esto se debe a que las zonas rurales de estos municipios configuran áreas estratégicas para la movilización y circulación de la cadena de economías ilícitas de los grupos armados no estatales.
Bogotá: Los paga diarios representan un riesgo de protección para las personas, debido a la ex  posición a VBG, consumo de drogas, hurtos, re  tenciones y transmisión de enfermedades como ETS, brotes de la piel y hasta tuberculosis. En lo  calidades como Suba, la rivera del Rio Bogotá se ha convertido en una zona de asentamiento con inminentes riesgos asociados a desastres natura  les y de salubridad por la presencia de plagas y vectores.
La comunidad de Nuevo Olivo  ( rio Uva )  se encontraba desplazada desde mayo del 2020 en la comunidad de Tawa  ( 182 personas, 48 familias ) , ambas ubicadas en zona rural del municipio de Bojayá; además desde esa fecha no se han generado las condiciones de retorno seguro y la población ha estado a la espera de un plan de reubicación por parte de las entidades locales y departamentales, configurando así una triple afectación por todos las afectaciones paralelas;
Además de la presencia de grupos armados, entre los hechos victimizantes que configuran esta emergencia, también se registra el hurto de alimentos provenientes de programas del Estado, imposición de toques de queda y restricciones a la movilidad frente al número de personas que pueden transitar por lancha impidiendo así a las comunidades indígenas acceder a sus cultivos  ( principalmente por sus bajos niveles de ingresos ) .
Sobre la situación de confinamiento de las comunidades se resaltan diversos factores que elevan el impacto de la violencia, tales como: i )  Las comunidades indígenas ubicadas sobre el rio Bojayá  ( Chanó, Unión Chocó, Playa Blanca, Usaraga, Mojaudó, Punto Wino, Puerto Nuevo y Nambua )  han estado en confinamiento en dos ocasiones previas durante el último año  ( julio del 2020 y febrero del 2021 ) , por cuenta de la instalación de minas antipersonal  ( MAP )  y amenazas contra la población perpetradas por los grupos armados no estatales  ( GANE )
Se requiere una brigada médica, entrega de medicamentos y atención psicosocial en la totalidad de las comunidades, principalmente las confinadas y desplazadas, dado que desde el 2020 no ha ingresado una brigada de salud a la zona. Se registra falta de medicamentos en las comunidades ubicadas sobre el río Opogadó y se conoce sobre afectaciones en la salud mental, especialmente de niños y niñas que presentan cuadros de ansiedad una vez ingresan los actores armados no estatales a las comunidades.
Se requiere la activación de la ruta de protección y atención por parte de las entidades nacionales, departamentales y locales, puesto que se han observado limitaciones, tanto en la respuesta institucional para el caso de las inundaciones como para la atención a víctimas por las acciones de violencia y conflicto armado.
Entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2021, se registraron 189 eventos contra la Misión Médica, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social. De estos, 126 ocurrieron en el contexto de movilizaciones sociales y 63, en otras situaciones. En el mismo periodo de 2020, se registraron 49 eventos, lo que representa un aumento de casi un 400 %.
La situación humanitaria que describimos en nuestro balance humanitario de 2020 no mejoró; por lo contrario, entre enero y abril de 2021, hemos registrado un incremento de las consecuencias del conflicto armado y de la violencia. Además, esta situación se ha vuelto más compleja por la continuación de la pandemia por COVID 19.
Además, se registraron 46 casos de desplazamiento masivo en ocho departamentos, que afectaron a 13.695 personas, lo que equivale al 64 % del total de personas afectadas durante todo el año pasado. En estos primeros cuatro meses de 2021, Nariño fue el más afectado por esta problemática, con un evento cada 11 días.
Según cifras de la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entre enero y abril de 2021 se reportaron 11 eventos de confinamiento que afectaron a 18.152 personas, lo que representa el 64 % de la población afectada durante todo el 2020. Los hechos ocurrieron en 4 departamentos del país, el 73 % de ellos en Chocó.
Ocupación de los hombres mayores de 12 años del hogar de hogares migrantes: En promedio, el 74% de los hombres mayores de 12 años reportaron trabajar durante la semana anterior a la recolección de datos. En promedio, el 10% de los hombres mayores de 12 años reportaron trabajar en un negocio por una hora o más sin que les pagaran durante la semana anterior a la recolección de datos.
Al analizar la variación entre enero y mayo de 2020 y 2021 se evidencian diversos casos atípicos y un cambio de tendencia en las conexiones. En primer lugar, se muestra un importante crecimiento en las conexiones desde el Amazonas y la reducción en 2021 de estas en Guainía y Vichada. En segundo lugar, se observa que Córdoba mostró un incremento del 386% entre enero y mayo de 2020 en la cantidad de conexiones, hecho que estaría explicado por lo descrito anteriormente.
Con el invierno, llegaron las inundaciones y la proliferación de zancudos, malos olores y problemas de salud por enfermedades diarreas agudas, infecciones respiratorias agudas y enfermedades dermatológicas, que pusieron más presión al frágil sistema de salud del territorio.
En mayo de 2020, los departamentos que presentaron mayores conexiones de cuentas fueron Bogotá D.C.  ( 355.000 ) , Córdoba  ( 336.150 )  y Antioquia  ( 187.450 ) . Mientras que, los departamentos de Chocó  ( 2.500 ) , Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina  ( 1.000 )  y Amazonas  ( 500 )  fueron las unidades territoriales con menores conexiones.
En comparación con el mes de mayo de 2020 y 2021, se encuentra que los departamentos con aumentos en las conexiones de los migrantes fueron Nariño, Cauca y Meta, los cuales reflejaron variaciones 61,89%, 60,38% y 45,53% respectivamente. Mientras que, Amazonas, Córdoba y Chocó presentaron las mayores disminuciones de las conexiones, con valores de  60,0%,  93,11% y  100% respectivamente. Tal como se observa en el siguiente gráfico. En comparación con Enero, es visible que hay un aumento persistente en los departamentos del Cauca y del Meta, mientras que se presentan disminuciones del  100% en Amazonas, la cual se debe a que no se presentaron registros de conexiones a cuentas de Facebook en ese departamento.
Cabe resaltar que en departamentos como la Guajira se percibe una disminución de las conexiones, así como en el norte del Cesar. Igualmente para los municipios que comprenden el Norte de Bolívar y el departamento de Atlántico.
El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, confirmó este jueves desde Washington queColombia tiene el compromiso y la “obligación epidemiológica' de vacunar contra la covid 19 a los cerca de dos millones de venezolanos que residen en territorio colombiano,incluidos los más de un millón que no se encuentran regularizados.
Mientras que, en mayo de 2020, los municipios de Argelia  ( Antioquia ) , Briceño  ( Antioquia )  y Cañasgordas  ( Antioquia ) , son los territorios que presentan menores conexiones, con valores de 500 para cada uno y, para el mismo mes de 2021, los municipios de Santafé de Antioquia  ( Antioquia ) , Granada  ( Antioquia )  y Sáchica  ( Boyacá ) , son los territorios que presentan menores conexiones de cuentas, con valores de 500 para cada uno.
Destaca el caso de Córdoba que mostró un comportamiento inverso al de Valle del Cauca, con importantes aumentos y disminuciones en las conexiones, lo cual podría ilustrar: a )  la existencia de una ruta migratoria en este departamento, ya sea hacia Antioquia o el Darien,  ( BBC, 2021 )  b )  la presencia de población flotante no residente en el departamento, c )  una movilización hacia dicho departamento en búsqueda de fuentes de ingresos provenientes de economías ilícitas y d )  una mayor presencia de retornados colombianos. No obstante, la información disponible para contrastar estas hipótesis es insuficiente, por lo cual no se pueden ofrecer conclusiones al respecto.
Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios  ( ESMAD ) .
Resalta que durante Enero Mayo de 2020 prácticamente todos los departamentos mostraron incrementos en las conexiones a Facebook, sin embargo, en el mismo período de 2021 estas se redujeron. Esta situación muestra una desaceleración del flujo migratorio y/o un menor uso de la plataforma durante la reactivación económica de 2021. Sin embargo, se debe recordar que en términos generales, existe un incremento significativo entre enero 2020 y mayo 2021.
Según la gráfica, los departamentos del Valle del Cauca y Amazonas presentan la mayor disminución en el porcentaje de conexiones entre los años 2020 y 2021, con porcentajes de  55,98% y  100,0% respectivamente. Lo cual contrasta con el comportamiento de las conexiones en los departamentos del Cauca, Guaviare y Meta, los cuales presentaron el mayor aumento de cuentas con conexión al tener un 143,35%, 100% y 86,9% respectivamente. Lo cual, puede deberse en gran medida al contexto actual de crisis sanitaria provocada por el COVID 19 y retorno de cierta población venezolana.
Respecto a mayo de 2021, los departamentos que presentaron mayor registro de conexiones de cuentas fueron Bogotá D.C.  ( 315.000 ) , Antioquia  ( 194.300 )  y Atlántico  ( 142.800 ) . Mientras que, los departamentos de Guainía  ( 1.350 ) , Chocó  ( 1.000 )  y Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina  ( 1.000 )  fueron las unidades territoriales con menores conexiones reportadas.
Las cifras de detenciones arbitrarias denunciadas por organizaciones consultadas por Amnistía Internacional ascienden a 2.000 casos aproximadamente
Se puede observar, que en enero de 2020, las ciudades de Bogotá D.C.  ( Bogotá D.C. ) , Cali  ( Valle del Cauca )  y Barranquilla  ( Atlántico ) , son los territorios que presentan mayores conexiones de cuentas originarias de Venezuela en Facebook, con conexiones de 300.000, 290.000 y 125.000 respectivamente. Mientras que, para el mismo mes de 2021, las ciudades de Bogotá D.C.  ( Bogotá D.C. ) , Barranquillas  ( Atlántico )  y Medellín  ( Antioquia ) , son los territorios que presentan mayores conexiones de cuentas de Facebook, con conexiones de 375.000, 140.000 y 130.000 respectivamente.
quinientas piezas audiovisuales que dan cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza y la violencia desplegada contra las personas que ejercían su derecho a la protesta pacífica.
Se puede observar que en el mes de mayo de 2020, las ciudades de Bogotá D.C.  ( Bogotá D.C. ) , Montería  ( Córdoba )  y Barranquilla  ( Atlántico ) , son los territorios que presentan mayores conexiones de cuentas de Facebook provenientes de Venezuela, con conexiones de 355.000 para el caso de la ciudad capital y 325.000 en las dos ciudades restantes. Mientras que, para el mismo mes de 2021, las ciudades de Bogotá D.C.  ( Bogotá D.C. ) , Barranquilla  ( Atlántico )  y Medellín  ( Antioquia ) , son los territorios que presentan mayores conexiones, al registrarse entre 315.000, 115.000 y 110.000 respectivamente.
Para los casos atípicos como Cali y Medellín, que destacan por su incremento en las conexiones del primer trimestre del 2019 al 2020, explicación más detallada por informes anteriores iMMAP  ( 2020 ) , donde en resumen para el caso de Cali es una ciudad que cuenta con mayores puntos de acceso de internet gratuito  ( vive digital ) , proyectos de internet promovidos desde el gobierno local y adecuados puntos de conexión distribuidos en toda la ciudad, lo cual facilita un mayor flujo de conexiones; en contraste al caso de Bogotá, donde los puntos gratuitos se concentran en ciertas localidades como Candelaria. Por lo cual estos datos no implican que haya una mayor población migrante venezolana, sino que hay un mayor número de conexiones mensuales en cada ciudad.
Redesperanza es un proyecto que hace parte del programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDIVOCA, que son los cooperantes internacionales, y en conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena, vienen desarrollando competencias psicosociales y productivas con énfasis en la integración social a migrantes venezolanos y nacionales en situación de vulnerabilidad.
En Amazonas  ( azul oscura punteada )  ha muerto una persona por cada 330 habitantes  ( 3 personas por cada 1000 ) , hasta hace poco, la más alta del país desde el inicio de la pandemia  ( recientemente superada por Atlántico y Bogotá ) . Caquetá, Putumayo y Guaviare aumentaron de manera importante la tasa de mortalidad durante el último trimestre. En contraste, Guainía y Vaupés no han tenido mayores modificaciones. Al comparar esta gráfica con la tasa de incidencia acumulada por departamento es evidente la gran diferencia en la distancia que hay entre la curva nacional y las de Amazonas, Caquetá y Putumayo en ambos indicadores. La tasa de mortalidad es muy superior a la de incidencia. Esto ocurre porque, a pesar del subregistro de casos y muertes, el de las muertes es menor. Esto explica parcialmente porqué es mayor la letalidad en varios departamentos y municipios amazónicos en comparación con el resto del país.
En materia de seguridad, la situación mayoritariamente de las personas en reincorporación es muy complicada. Las medidas implementadas hasta ahora para garantizar su vida e integridad se presentan insuficientes frente a la gra  vedad de la situación. De acuerdo con el informe del secretario general de la ONU sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, tri  mestre septiembre diciembre de 2020, la misión ha verificado desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 28 de diciembre de 2020, el asesinato de 6 mujeres excombatientes, así como el intento de asesinato de 3 más. Es clave mencionar que, durante el segundo semestre de 2020, se aprobó la estrategia de seguridad y protección para mujeres exintegrantes de las FARC EP.
La situación de riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos y constructoras de paz, a cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz, muestra a todas luces que los esfuerzos desplegados por el Gobierno Nacional no son suficientes: en el primer semestre de 2020, 10 defensoras fueron asesi  nadas, en 3 casos se trató de feminicidio  ( Programa Somos Defensores, 2020a ) . De acuerdo con información presentada por la Defensoría del Pueblo en la Co  misión Intersectorial de Garantías  ( CIG )  de noviembre de 2020, 19 defensoras fueron asesinadas en 2020. En este mismo periodo, 2 mujeres trans y una mujer lesbiana defensoras fueron asesinadas  ( Colombia Diversa, 2021 ) . Entre 2013 y 2019, 84 defensoras fueron asesinadas  ( Programa Somos Defensores, 2020b ) .
2. Según el mismo informe, el Fondo de Tierras dispone de aproximadamente un millón de hectáreas. Aunque no todos los bienes del Fondo están caracte  rizados, los que ya cuentan con caracterización técnica se encuentran ocu  pados, es decir, son predios para ser formalizados  ( reconocimiento de dere  chos de propiedad )  en el marco de la meta de siete millones de hectáreas. Así las cosas, actualmente no hay claridad acerca de las hectáreas que deben ser entregadas/distribuidas  ( asignación de derechos de propiedad )  en el marco de los tres millones de hectáreas. Esto es muy importante, en tanto miles de mujeres campesinas no ejercen ocupación directa sobre ningún predio y requieren para poder garantizar su derecho a la tierra, que el Fondo cuente, efectivamente, con bienes que puedan ser distribuidos.
Si bien, durante 2020 se ha avanzado en el cumplimiento de los compromisos en los Planes de Atención Inmediata  ( PAI )  dirigidos a las familias, los efectos de los retrasos acumulados desde 2017 han implicado impactos negativos en la subsistencia de las fami  lias cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras, en la autonomía económica de las mujeres que encontraron en el cultivo y recolección de la hoja de coca una oportunidad de garantizar mínimos de bienestar para ellas y sus familias, ante la falta de otras oportunidades de generación de ingresos, y ha amenazado la sostenibilidad del Programa en sí mismo ante la posibilidad de la resiembra.
3. A partir de los reportes del Gobierno Nacional, presentados en los informes trimestrales de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Conso  lidación  ( CPEC ) , sobre los indicadores de género del PMI, se evidencia el poco avance que lleva la entrega de hectáreas de tierra a través del Fondo de Tierras desde el inicio de la implementación en 2017. A septiembre de 2020, solo 775 mujeres habían sido beneficiarias. Pese a que las mujeres son el 53 % de las personas beneficiarias, en promedio han recibido menos tierra que los hombres beneficiarios. Las mujeres campesinas han recibido 1,7 ha en promedio y los hombres 3,4 ha. Esta situación no solo refuerza la brecha histórica en el acceso a la tierra que enfrentan las mujeres, sino que, además, va en contravía de la distribución equitativa que debe ser eje de este Fondo.
A diciembre de 2020, la CNGS no contaba aún con lineamientos de la Política Pública para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales. Durante el 2020, a partir de dos propuestas de lineamientos, una presentada por los/las representantes de sociedad civil y otra por el gobierno, se trabajó en su estudio y discusión. No obstante, la regularidad en las discusiones al respecto no ha sido suficiente, dando como resultado que a la fecha no esté listo este insumo fundamental. También se avanzó en la construcción del Plan de Acción de la CNGS y en su reglamento, pero al cierre de 2020 tampoco estaban terminados y aprobados ninguno de los dos.
Sobre el Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades, líde  res, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género, la información disponible sobre sus avances es limitada. No hay reportes en el SIIPO sobre el indicador relacionado y en el último informe del Ministerio del Interior de rendición de cuentas sobre construcción de paz, los avances están centrados en la creación del programa, mediante el Decreto 660 de 2018. De acuerdo con el Instituto Kroc, en el primer semestre de 2020 se reactivaron los comités técnicos de este. Sin embargo, este instituto señala, también, que el programa presenta escasez de recursos lo que implicará retrasos en todos sus componentes. En general, se considera que son pocos los avances  ( Instituto Kroc, 2020 ) .
Se resalta que, para el caso de Lorica, no se cuenta con un alojamiento temporal para las personas afectadas por la destrucción parcial o total de sus casas
En Colombia, la planeación estatal está determinada por los periodos de gobierno, de tal manera que cada cuatro años el gobernante elegido presenta un Plan de Desarrollo, acorde con el programa de gobierno que presentó en su candidatura, como instrumento guía para la acción estatal durante su mandato. Esta estructura de planeación dificulta la consolidación de políticas de Esta  do y, por lo general, implica que muchas de las estrategias incorporadas en un Plan de Desarrollo se queden en mitad de camino, sean desconocidas en el periodo siguiente e incluso reemplazadas por otras absolutamente contrarias.
La minería ilegal está generando efectos nocivos e irreversibles por la degradación medioambiental sobre las fuentes hídricas y los bosques, pero sus afectacio  nes son mayores, a saber:  ( 1 )  a la salud y a la vida de los pueblos indígenas, especialmente por la utilización y descarga de mercurio en los cuerpos de agua;  ( 2 )  a la integridad cultural, manejo tradicional y gobernabilidad local del territorio de los pueblos indígenas;  ( 3 )  al esta  blecimiento de estrategias de sostenibilidad económica para la conservación y uso sostenible del territorio; y  ( 4 )  al patrimonio natural y cultural de la nación.
La legislación colombiana antes de 1991 establecía el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de la tierra bajo la figura de resguardos indígenas. Fruto de esa normatividad, los pueblos de la Amazonia lograron la titulación de aproximadamente 20 millones de hectáreas. La Constitución Política con  solidó ese derecho elevando su protección normativa, en relación directa con el principio fundamental mediante el cual «El Estado reconoce y protege la diversidad ét  nica y cultural de la Nación colombiana»  ( art. 7, C. P., 1991 ) .
Hurtado  ( 2016 )  nos muestra, a través del caso de La Macarena, cómo la población del Piedemon  te Andino Amazónico han pasado de representarse de colonos a cocaleros, y de cocaleros a campesinos agroecologistas y ambientalistas, y cómo estos cam  bios han incidido en la lucha por la defensa del te  rritorio. Esta reorganización ha buscado reconstruir relaciones de solidaridad, de articulación con la na  turaleza, dar nuevos sentidos al territorio, recuperar prácticas y conocimientos, modificar los usos de la tierra y el ordenamiento del espacio. En gran parte estos procesos responden a las relaciones conflictivas que se establecen con los proyectos de ordenamiento territorial estatales, que insisten en la separación en  tre naturaleza y culturas campesinas, y en negarles la ciudadanía.
Merece especial atención el uso de mercurio en la extracción aurífera. Caso diciente de la situación es el del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, el cual tiene doble condición, al ser también Resguardo Indí  gena. En el año 2016, un estudio36 de evaluación de la exposición ambiental a mercurio en las comunidades de la AATI Acitava37 en el Departamento de Vaupés, arrojó en sus conclusiones que más del 80 % de la po  blación indígena evidencia una elevada exposición a mercurio, y que el 71.4 %, presentan casos de intoxi  cación, haciéndose necesarias acciones correctivas y/o preventivas en las comunidades evaluadas. Estos valo  res, de los cuales existen fuertes indicios de que están directamente relacionados con el consumo de pescado, pueden causar enfermedades neurológicas, sensoriales y reproductivas. Es decir que de no tomarse las medidas correctivas necesarias se estarían poniendo en alto ries  go la vida de esta población  ( Guio Rodríguez, 2018 ) .
La identificación de las causas de deforestación ha tenido varios acercamientos, pero todos ellos muestran la expansión de la frontera agrícola y la colonización como las principales causas; adicionalmente, se han considerado causas importantes la construcción de in  fraestructura, los cultivos de uso ilícito, la extracción de madera, las actividades mineras y los incendios, entre otras  ( Ideam, 2018c ) . Para la Amazonia, en los últimos periodos se ha contemplado la incorporación de tierras al mercado35 como una nueva causa de la deforestación, en gran parte estimulada por las expectativas de mejo  ramiento de la red vial primaria.
Al ser ésta una enfermedad que se transmite a través del contacto, los funcionarios de las diferentes dependencias de salud recomendaron a los sabedores evitar realizar rezos que implicaran cualquier intercambio físico con sus pacientes, como compartir el mambe o las cucharas para éste, soplar tabaco o pasarse el hueso para inhalar, también compartir el cigarrillo o la cuya de la chicha y realizar fiestas tradicionales o recibir visi  tantes en sus comunidades, sin importar que fueran familiares; así mismo insistieron en que las gentes permanecieran la mayor parte del tiempo en las chagras.
El nororiente amazónico colombiano está compues  to desde el punto de vista político administrativo por los departamentos amazónicos de Vaupés y Guainía, con un área aproximada de 12'400.473 hectáreas. Las cobertu  ras vegetales nos muestran que aproximadamente el 96 % de sus ecosistemas se encuentran en muy buen estado de conservación. De igual forma, se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos indígenas, la cual está compuesta por alrededor de 30 grupos étnicos di  ferentes, pertenecientes a las familias macro lingüísti  cas: Tucano Oriental, Tucano Medio, Caribe, Arawak, Maku, Puinawe, Guahibo.
Contario a esto, en el actual Plan Nacional del De  sarrollo que se presentó al Congreso, se propone dismi  nuir el límite anual de hectáreas de bosques que serán deforestadas. En vez de tomar o reducir el límite de 90.000 hectáreas anuales que asumió  ( e incumplió )  el gobierno anterior, se propone mantener la inaceptable situación actual, es decir, la tala de 220.000 hectáreas de bosques al año  ( Rodríguez, 19 de marzo de 2019 ) . Esta situación es grave, ya que en el nuevo Boletín de Alertas Tempranas de deforestación del Ideam, para el cuarto trimestre de 2018  ( octubre, noviembre y di  ciembre ) , se identificaron situaciones complejas para la Amazonia colombiana: la región concentró el 75 % de las alertas; cinco de los seis principales núcleos de de  forestación están en la Amazonía; Cartagena del Chairá  ( Caquetá )  es el municipio más deforestado del país; en  tre las áreas protegidas del Sistemas de Parques Nacio  nales Naturales más afectadas por este fenómeno están las amazónicas de Tinigüa, Serranía de Chiribiquete y La Macarena.
ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA  ( AMEM ) : Se observa una actividad concentrada en la zona sur oriental del AMEM, principalmente en los municipios de Macarena, Vis  tahermosa, Puerto Rico y San José del Guaviare  ( imagen 1 ) . Una importante actividad se detecta en el interior del Parque Nacional Natural Tinigua, en su zona sur, entre los ríos Guayabero y Perdido, en donde según los datos de IDEAM 2019, 6.527 ha fueron deforestadas  ( la FCDS indica que, en el primer cuatri  mestre de 2020, una cifra cercana a esta ha sido deforestada, lo que muestra la intensidad de la transformación en esta parte ) .
Esta realidad no es novedosa para las comunidades amazóni  cas que ya entre el 2015 y 2019 reportaron cerca de 3.000 casos de malaria; pero a esto es necesario sumar que los picos de dengue y malaria suelen darse entre julio y septiembre, lo que adiciona otra variable al complejo escenario que enfrentan los habitantes del Amazonas este año. Se ha reportado que las zonas con mayor incidencia de dichas enfermedades son las zonas no municipalizadas, como La Pedrera y Tarapacá, donde se sospecha hay casos de COVID 19. Lo que más preocupa es no saber cómo reaccionaría al dengue o malaria una persona infectada con el virus  ( Ardila, 2020 ) .
Los seis departamentos que constituyen la región amazónica han estado relacionados con la dinámica de los cultivos de coca para uso ilícito en alguna de sus etapas  ( producción, procesamiento, cristalización, co  mercialización y tráfico ) . Históricamente, Putumayo, Caquetá y Guaviare se han caracterizado por tener gran  des extensiones de cultivos de coca para uso ilícito y de laboratorios para su procesamiento. Por su parte, Vaupés, Guainía y Amazonas, si bien han registrado bajos índices de hectáreas de siembra de cultivos de coca, son terri  torios fundamentalmente funcionales para el tráfico de estupefacientes por parte de actores ilegales debido a sus características geográficas, pues cuentan con vías fluvia  les que conducen a zonas fronterizas  ( Munar, 2018 ) .
2. Amazonas, Vaupés y Guainía presentaron un aumento leve del 6 % del área con coca. Existen dos dinámicas que deben ser tomadas como una alarma:  ( 1 )  el aumento en el departamento de Vaupés se da como una extensión de los focos de concentración de cultivos en el sur de Mira  flores en el departamento de Guaviare, por el cual está avanzando los frentes de colonización y deforestación hacia la planicie amazónica.  ( 2 )  En el departamento de Guainía, el incremento está relacionado con la dispersión de lotes de coca del núcleo del Guaviare sobre el río Iníri  da. Esta expansión hacia el oriente constituye una señal de alerta por cuanto los cultivos de coca se acercan a las zonas de frontera con Bra  sil y Venezuela.
5. Las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se han visto afectadas por la presen  cia de actividades ligadas al narcotráfico, en especial la siembra de cultivos de uso ilícitos. El Simci llama la atención sobre los casos de la Sierra de La Macarena que continúa como el área protegida con mayor afectación en el país, con 2.832 ha. Igualmente, se señala el caso de Alto Fragua Indi Wasi, que muestra en 2017 un crecimiento significativo de área con coca, con aumento del 96 % frente al área reportada en 2016. Asimismo, resalta, en lo positivo, que en el 2017, dentro de la estrategia de reducción del área sembrada con coca se ha priorizado la intervención a través de la erradicación manual forzosa en algunas áreas protegidas seleccio  nadas. Esto ha favorecido la reducción de la afectación en el Parque La Paya y la Reserva Nükak.
Al cerrarse y/o restringirse los puertos comerciales aéreos y fluviales, se esperaría una buena capacidad de autoabaste  cimiento para soportar la cuarentena, sin embargo, las únicas fuentes de provisión local de alimentos como las chagras, han sido desplazadas por el suministro de alimentos procesados; causa de esto es la dedicación de las comunidades locales a otras actividades productivas como el turismo, que proveen ingresos monetarios que son intercambiados por este tipo de alimentos.
La medida de este indicador en las entidades territoriales de la región amazónica para el año 2019 revela que la mitad de ellas no alcanza a tener una cama por mil habitantes. Entre una y dos camas por mil habitantes están disponibles en 23 entidades y más de dos camas por mil habitantes se registran en apenas 12 entidades, lo que da cuenta de la precariedad regional  ( 1,6 camas por 1000 habitantes )  para atender la salud de sus pobladores, por debajo del indicador nacional  ( véase tabla 2 del Anexo ) .
Un ejemplo de la diversidad étnica de en la región Amazónica, es el departamento del Vaupés, el cual es reconocido por su alta pluralidad cultural a nivel nacional, ya que alberga en su terri  torio 27 etnias pertenecientes a tres grupos de filiación lin  güística: Tucano Oriental  ( Cubeos, wananos, desanos, sirianos, yurutí, piratapuyos, pizamiras, tuyucas, tucanos, carapanas, curripacos, letuamas, cabiyaries, tanimukas, bara, tariano, tatuyo, barasanos y desanos ) , Arawak  ( Makunas )  y Maku Pui  nave  ( Hupda, juhup y kakuas ) . Estos pueblos son dueños de un conocimiento ancestral que es reconstruido continuamente de manera oral por medio de diferentes actividades cotidianas y otras relacionadas con la ritualidad.
De acuerdo a conversaciones sostenidas con algunos líde  res, autoridades tradicionales y representantes legales de asociaciones indígenas, una de las razones que hace más difícil el control y prevención de la pandemia es el desconocimiento por parte de la población indígena sobre todo lo concerniente a esta enfermedad, considerando además que el concepto de enfermedad y curación tiene otra acepción y significado bien disímil al concepto occidental. Si el desconocimiento mundial, debido a la novedad del virus y su alta tasa de contagio, no per  mitió un proceso adecuado e inmediato de capacitación para su prevención, ¿qué se puede esperar en los territorios indígenas? Ante las debilidades del Estado y de los gobiernos depar  tamentales para brindar asistencia médica y alimentaria de manera eficaz e inmediata  algo a lo que ya están habituadas las poblaciones de la zona , la mayoría de las comunidades indí  genas han optado por recurrir al auto aislamiento y a la práctica de sus saberes ancestrales para la prevención de enfermedades, con el fin de paliar y contener el virus.
NORORIENTE Y SUR DE GUAVIARE: La región del nororiente y sur de Guaviare, presenta una de las secuencias más completas del fenómeno de deforestación en todos sus estadios de desarrollo: desde la fase inicial de tumba, quema y actividades ilegales en lotes de pequeña escala asociada a población vulnerable, hasta su adquisición en gran  des áreas para agroindustria, inversiones en mecanización de tierras e inversión pública en mejoramiento de vías, energía y formalización de veredas en áreas con restricción legal.
La región se encuentra fuertemente amenazada por el avance de los “proyectos de desarrollo', origen de la deforestación y la consecuente destrucción de la biodiversidad que conllevan; en especial la expansión de la frontera agropecuaria, la colonización, la contaminación del agua resultante de la minería legal e ilegal, los cultivos ilícitos y desde luego por el cambio climático. A estos factores se unen los intereses que buscan modificar los límites entre la Orinoquia y la Amazonia para dar espacio en ella a grandes proyectos agroindustriales y mineroenergéticos.
La razón por la cual las vías de abastecimiento a estas pobla  ciones se mantienen abiertas se debe al fenómeno de urban  ización en la Amazonia, que ha suscitado que las comunidades indígenas por las presiones externas sufran una pérdida de gran parte de sus prácticas ancestrales de cultivo y autonomía ali  mentaria, lo que ha generado a su vez un incremento en la des  nutrición y morbilidad de la población, añadiendo un agravante más a la sobrevivencia de estas culturas. Estos hechos plantean una enorme contradicción, pues es fundamental no cortar las vías de suministro de alimentos para estas comunidades, pero al permitir el acceso se facilita el contagio del virus  ( El coronavirus amenaza a los indígenas del Amazonas colombiano, 2020 ) .
Este proceso coincide con las declaraciones de organizaciones campesinas locales, sobre la presencia y liderazgo de las disidencias de las FARC en ese proceso de colonización armada en algunas áreas. En la misma AMEM, se puede observar con preocupación que en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena se man  tiene constante el proceso de deforestación en su periferia, en los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico y San José del Gua  viare, y se consolidan nuevos frentes en su interior, en dirección norte sur norte, en los ejes de los ríos Cabra y Cafre y Yarumales, así como en el eje vial de la trocha ganadera y Barranco  Bocas del Cabra.
Con los resultados conciliados del Censo DANE 2018 se cal  cula que en 2020 habitan en el país 50'372.424 personas, de las cuales un 76,02% se ubica en el área urbana y en el área rural el 23,98%. Por su parte, la región presenta al 47,63% de su población habitando en áreas urbanas y al 52,37% en el resto rural  ( véase la tabla 1 ) . Si bien el crecimiento urbano es menor en la región compa  rado con el total nacional, la tendencia de los pobladores amazó  nicos a ocupar las zonas urbanas se mantiene creciente. Es decir que las demandas por servicios crecen en tanto que la oferta de los centros urbanos está rezagada para atender los requerimien  tos básicos en servicios públicos, de salud y educación.
Hoy también se sabe del fallecimiento de muchos de los habitantes mayores de las comunidades indígenas, que además significa la muerte absoluta de un conocimiento ancestral incon  mensurable que, al darse a través de la oralidad, se pierde para siempre con la desaparición de aquel que lo transmitía; al ser la de los adultos mayores la población más afectada y que rep  resenta la mayoría de muertes según las estadísticas, el mundo podría ser testigo también de la desaparición del invaluable legado cultural de estos pueblos, ante la falta de acción de los gobiernos centrales
A pesar de los esfuerzos y del intento de muchas comunidades por cumplir con las disposiciones sanitarias, la llegada del Covid  19 ha sido inevitable; el casco urbano de Mitú y algunas de las comunidades, principalmente aquellas que se encuentran en el río Papurí ubicado en la frontera con la República Federativa de Brasil, como Yavaraté, Monforth, Teresita y Olinda han confir  mado varios casos positivos, igualmente el Bajo Apaporis en las comunidades de Vistahermosa y Bocas de Uga.
Se sabe que para la actual pandemia muchos Payes, Kumus y Bayas, en algunos lugares que conservan esta tradición ances  tral, se encuentran realizando rezos de protección y curacio  nes para el territorio, ponen en práctica el aislamiento en sus chagras y recomiendan el uso de algunas plantas medicinales y frutos que pueden ayudar a mitigar los problemas de salud generados por el virus. Este conocimiento antiguo es reconocido por funcionarios de salud indígenas y no indígenas radicados en la zona y cono  cedores de la cultura, pertenecientes a instituciones como la Secretaría de Salud Departamental del Vaupés, institución que al comienzo de la pandemia retomó estos conocimientos ancestrales para la elaboración de una guía de prevención comunitaria en respuesta al coronavirus Covid–19. Hasta el 11 de agosto las medidas tomadas por la Secretaria de Salud del Vaupés fueron eficientes para Mitú, pues solo se reportaron 45 casos positivos de indígenas y no indígenas que llegaron reintegrados por su EPS a un albergue desde la ciudad de Villavicencio. Esta buena estrategia de mitigación planteada por la Secretaría de Salud Departamental se puede quebrar por la irresponsabilidad y el egoísmo de algunas personas. Espe  remos que los Payes, Bayas y Kumus de Vaupés sigan haciendo sus rezos de poder y protección para este territorio y que la pandemia no se expanda más.
RÍO SENCEYA Y ZONAS DE PIEDEMONTE CHURUMBELOS FRAGUA En esta porción del área al norte del PNN La Paya, se observa un progresivo aumento de cultivos de coca. Las rutas de comu  nicación hacia el río Putumayo son varias y también están en ampliación; es muy probable que estén asociadas a las rutas del narcotráfico en esa zona fronteriza. En particular, el fenómeno se observa hacia las zonas de la cuenca media y alta del Senceya, con muy ocasional presencia de áreas de cultivos agrícolas o ganadería. Una situación de expansión de pequeñas zonas de cultivos de coca, se ve hacia el piedemonte amazónico, entre la serranía de los Churumbelos y el municipio de Belén de los Andaquíes. Lo anterior, refleja una condición de mercado óptima para este cultivo y la necesidad de atención a las poblaciones vulnerables a estas economías ilícitas.
En el caso de Montería, la mayoría de las familias han improvisado cambuches en tanto se tengan dispuestos los lugares e albergue dispuestos por la administración municipal.
Desde el 10 de agosto, 2.694 personas  ( 578 familias )  pertenecientes a cinco resguardos indígenas Wounaan de los municipios de Litoral del San Juan  ( Chocó )  y Buenaventura  ( Valle del Cauca )  se encuentran en situación de confinamiento debido a la incursión de un Grupo Delictivo Organizado  ( GDO )  a la zona.
Agregó que el Fondo de Mitigación de Emergencias  ( Fome ) , a la fecha, ha invertido cerca de 4 billones de pesos para la compra de biológicos, jeringas, cajas, materiales de refrigeración, transporte y aplicación de estos.
Se requiere un tamizaje de la población afectada con el fin de determinar las necesidades en salud, para así brindarles la atención requerida. Debido a la temporada de lluvias, se aumenta la posibilidad de los casos de infección respiratoria aguda  ( IRA ) , en particular para los menores de cinco años, por lo cual se requiere dar atención preventiva a la población. También, es necesario brindar kits de aseo a las familias, así como kits de bioseguridad para la prevención del contagio por la COVID 19.
Desde el 15 de agosto, al menos 935 personas  ( 380 familias )  de la comunidad afrodescendiente de Dipurdú de Guasimo, pertenecientes al Consejo Comunitario ACADESAN, se desplazaron hacia las comunidades de La Unión, Isla de Cruz y San Miguel luego de tres días de continuos enfrentamientos entre un Grupo Delictivo Organizado  ( GDO )  y un Grupo Armado Organizado  ( GAO )  que tuvieron lugar cerca de esta comunidad  ( un civil resultó herido ) .
Albergues temporales: Se requiere la adecuación de espacios de albergue como la casa comunitaria o la escuela de la comunidad de San Miguel para las familias desplazadas, considerando que actualmente existe hacinamiento en las viviendas donde las 935 personas desplazadas están siendo alojadas.
Dada la magnitud de la emergencia, la administración municipal de Medio San Juan ha declarado que no tiene capacidad presupuestal para dar una atención humanitaria rápida a las comunidades afectadas. Situación que estaría dando paso al retorno sin condiciones de seguridad de algunas familias desplazadas.
Protección: Se requiere la articulación de las entidades departamentales y nacionales para generar estrategias que logren prevenir el incremento de los niveles de violencia en la región del San Juan, la activación de las rutas de atención y protección a las personas desplazadas por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas  ( SNARIV ) , apoyo a la Personería municipal con el diligenciamiento del Anexo 13, fortalecimiento y acompañamiento al Consejo Comunitario ACADESAN, presencia de la Fuerza Pública en la zona para garantizar el retorno a clases de los y las estudiantes y misiones de protección por presencia a las comunidades indígenas cercanas que estarían en riesgo de sufrir el impacto de estos eventos de violencia.
Desde el 16 de agosto se conoció sobre la emergencia causada por el desbordamiento de los ríos Nechí y Tarazá que resultó en inundaciones que dejaron al menos a 7.240 personas  ( 1.810 familias )  damnificadas en los municipios de Tarazá  ( aproximadamente 1000 familias ) , El Bagre  ( 700 familias )  y Zaragoza  ( 110 familias )  ubicados en la subregión del Bajo Cauca.
La Alcaldía municipal expresa que se requiere ayuda humanitaria para las personas afectadas por la ola invernal, debido a que los recursos del municipio no logran cubrir la totalidad de las necesidades. Se requiere kits de alimentos, kits de aseo e higiene, elementos de albergue  ( frazadas, colchonetas, almohadas ) , capacitación a niños, niñas y adolescentes en actividades de uso del tiempo libre, así como kits de uso del tiempo libre.
Específicamente, se conoce que los GANE ordenaron a la población no movilizarse dentro ni fuera de las comunidades, impidiéndoles así ejercer actividades de pesca, caza, agricultura y otras actividades culturales/deportivas. Además, la ocupación de la escuela de una de las comunidades por parte de miembros de un Grupo Delincuencial Organizado  ( GDO ) , generó la suspensión de clases –los estudiantes estaban en el modelo de alternancia .
Se requiere tamizaje en población afectada para identificar presencia de enfermedades transmitidas por vectores.
Las atípicas lluvias de agosto ya dejan en lo corrido de estos 20 días el registro de 109 eventos en 85 municipios de 20 departamentos, los cuales han afectado a 3.226 familias y han generado la pérdida de 4 vidas y que 5 personas hayan sufrido heridas.
Así mismo, 2.083 viviendas se han visto averiadas y otras 16 destruidas. Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Meta, Sucre, Córdoba y Magdalena han sido los departamentos más afectados por estas lluvias. Los movimientos en masa, las inundaciones y los vendavales, son los eventos que más han ocurrido en lo corrido del mes.
Gracias a este excelente dinamismo, el empleo en el sector edificaciones también sigue recuperando terreno. En junio de 2021, según estadísticas reveladas por el DANE, el sector edificador ocupó a 941.000 trabajadores, creando 122 mil puestos de trabajo más que en el mismo mes del año pasado. Esto confirma el éxito de las estrategias del Gobierno Nacional para generar más empleo y aportar a la productividad del país.