nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Este informe describe y analiza cuatro tipos de situaciones que se repiten sistemáticamente en los servicios hospitalarios: degradación y crueldad en el trato, intromisión en la intimidad de la mujer, violación del derecho a la información y al libre consentimiento informado, y una cuarta situación observada cuando la mujer era sospechada de haberse realizado un aborto. Estas situaciones constituyen el núcleo central para comprender y calibrar lo que luego se definiría como violencia obstétrica.
Las barreras más frecuentemente detectadas y denunciadas han sido formales  ( la falta de DNI de residente extranjero o la irregularidad migratoria ) , institucionales  ( vinculadas a la gestión hospitalaria para asignar turnos o prestaciones )  y étnicas o culturales  ( ligadas a tensiones y conflictos en el momento de la consulta ) .
Cuando llegó al primer control en una maternidad de la Provincia de Buenos Aires con un embarazo de tres meses, en lugar de hacerle una ecografía, para confirmar le hicieron un tacto sumamente invasivo. Su impresión fue que se trató de un maltrato por no haber acudido antes a los controles.
Sin embargo, el foco principal de la ley se centra en el conjunto de situaciones y prácticas que pueden convertir al parto en esa experiencia “paradójica', humillante y de vulneración de derechos. Sin hacer referencia explícita a la noción de violencia obstétrica, algunos de los derechos que la ley garantiza a gestantes y parturientas claramente aluden a ella:
Todas las familias que concurrieron a la cita presencial con sus niños y niñas salieron de la oficina migratoria con el registro biométrico realizado, una residencia precaria  ( por 30 o 90 días )  y una intimación: intimación a presentar pasaporte  ( que no tenían ) , cédula de identidad  ( que tampoco tenían )  o certificado de nacionalidad.
A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales  ( Art. 2 inc. b ) . A ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto  ( Art. 2 inc. c ) .
A estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto.  ( Art. 2 inc. g ) . A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales.  ( Art. 2 inc. h ) .
Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer  ( Art. 2 inc. d ) . A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética  ( Art. 2 inc. f ) .
Suponiendo entonces que esta segunda respuesta se refería a todos los ingresos de niños venezolanos menores de 9 años, y no solamente a los que habían ocurrido en virtud de la Disposición 520/2019, CAREF hizo un tercer pedido, solicitando la cantidad de ingresos por todos los pasos de personas de nacionalidad venezolana de todas las edades por Disposición 520/2019, desde la fecha de entrada en vigencia de dicha disposición hasta el 30 de junio de 2020. En esta tercera oportuni  dad, la autoridad migratoria informó 172.000 ingresos, señalando que “se incluyen todos los regis  tros de ingreso  [ de personas venezolanas ] , toda vez que no se puede discriminar los efectuados por Disposición 520'.
Aquí, vale la pena recordar que todas estas situaciones ocurrieron no porque se trate de rutas “naturalmente' peligrosas  como podría ser peligroso atravesar un desierto o una selva . Por el contrario, se trata de rutas estables y seguras, que transitan anualmente millones de personas… que cuentan con pasaportes. Entonces, la incertidumbre, el riesgo y la inseguridad provienen directa  mente de la falta de documentación de viaje, que condujo al pago de sobornos, restringió los itine  rarios posibles, limitó los medios de transporte, alargó los tiempos y dio lugar a episodios confusos en los controles de frontera.
El trámite de obtención de residencia de los niños y niñas quedaba en suspenso hasta que la familia aportara alguno de esos documentos. Ante la encrucijada  ( y la indicación de la autoridad migratoria ) , las familias concurrieron al Consulado de Venezuela en Buenos Aires para solicitar el certificado de nacionalidad. Efectivamente, se trata de una certifica  ción que todos los consulados emiten a sus nacionales, pero únicamente a aquellos que ya estén “identificados' en su país de origen: es decir, que cuenten con pasaporte o documento nacional de identidad  en este caso, cédula venezolana . Puesto que los niños no contaban con ninguno de esos documentos, el Consulado no podía emitirles los certificados de nacionalidad solicitados por la autoridad migratoria argentina.
En enero de 2019, la Dirección Nacional de Migraciones aprobó la Disposición 520/2019 con el propósito de abordar la situación generada por la falta de ciertos documentos de país de origen  ( principalmente pasaportes vigentes )  que dificultaba el ingreso de las personas vene  zolanas a Argentina. En el marco de lo que establece la Ley de Migraciones, dicha disposición estableció excepciones relativas a la caducidad de los documentos de viaje y de identidad y autorizó, únicamente por pasos terrestres, el ingreso con partida de nacimiento de niños y niñas venezolanos/as menores de 9 años.
Ante esta respuesta, algunas familias solicitaron al Consulado una nota para presentar ante Migraciones  ( como prueba de que habían intentado obtener el certi  ficado ) , pero no la obtuvieron. Es decir que cuando volvieron a la oficina migratoria para renovar la residencia precaria, no habían logrado ninguno de los documentos indicados. Durante 2019, algunas delegaciones les renovaron la residencia precaria una o dos veces, renovando también la intimación a presentar la documentación faltante. No obstante, durante 2019 y 2020, casi todas las precarias de estos niños y niñas dejaron de ser renovadas.
En Argentina, la migración venezolana cuenta con una trayectoria un poco más extensa que en el resto de la región. Según el Censo Nacional de Población realizado en 2010, para esa fecha residían en el país casi 6.500 personas nacidas en Venezuela,5 y hasta 2015 había numerosas entradas y salidas de personas venezolanas, vinculadas a movimientos turísticos o de corto plazo  ( Gráfico 1 ) . A partir de esa fecha, las salidas comenzaron a ser menos que las entradas, de modo que el saldo migratorio acumulado entre 2015 y 2019 fue de 176.000.6 En términos generales, estas cifras mues  tran que el agravamiento de la situación económica y social en Venezuela incidió en los arribos y las permanencias.
Es decir que la autoridad migratoria de Argentina estableció el mecanismo de excepción para permi  tir el ingreso al territorio de niños y niñas venezolanos menores de 9 años sin pasaporte ni cédula de identidad y habilitó el inicio del trámite de regularización con la misma partida de nacimiento que había aceptado como documento válido para el ingreso. Pero no arbitró las medidas administrativas necesarias para que el trámite pudiera continuar y culminar en una residencia temporaria y en un DNI de residente extranjero, igual al que obtuvieron los padres y los hermanos con cédula o pasa  porte. De este modo, por la desprotección de dos Estados, niños y niñas muy pequeños quedaron en un doble limbo administrativo: permanecen en Argentina como residentes irregulares  ( porque sus precarias no han sido renovadas y porque no han obtenido el DNI )  y además no pueden retornar a Venezuela  ( o ir a un tercer país )  porque no cuentan con ningún documento válido para cruzar fron  teras.
Los obstáculos que en Venezuela impidieron obtener el pasaporte de los niños y niñas dieron lugar a inciertos y riesgosos viajes familiares de miles de kilómetros, en tanto que en Argen  tina nuevos obstáculos les impidieron obtener el DNI de residentes extranjeros. Así, como resultado de la desprotección de dos Estados, se estima que entre 2.000 y 3.000 niños y niñas venezolanos que arribaron siendo menores de 9 años viven en Argentina  ( a mayo de 2021 )  convertidos en “fantasmas civiles', suspendidos en la movilidad: no pueden permanecer como residentes regulares  ( porque no tienen documentación de país de origen que acredite identi  dad )  y tampoco pueden volver, porque no cuentan con ningún tipo de documento  ni argen  tino ni venezolano  que les permita cruzar una frontera internacional.
Casi todas eran familias muy jóvenes: el padre y la madre rondaban los 30 años y la mayoría  ( 13 familias )  tenía un solo niño o niña de muy corta edad. De las demás familias, 9 tenían solo dos niños  ( también pequeños )  y las dos restantes tenían respectivamente 3 y 4 niños. Solo en estas últimas había algún niño o niña mayor de 12 años. En todas las familias, los padres y casi todas las madres tenían trabajo en Venezuela: eran profesionales, comerciantes, empleados administrativos, maestras, técnicos, fotógrafos, peluqueras, electricistas, empleados públicos, empresarios, periodistas, etcétera.
Debido a los cierres de la frontera del lado venezolano, ninguno/a de los niños/as que partieron por Santa Elena de Uairén salieron regularmente de Venezuela, a pesar de haberse presentado ante el control migratorio con toda la documentación exigible. No obstante, todos entraron regularmente a Brasil a través del dispositivo de ingreso y recepción montado en Pacaraíma. Los niños y niñas que partieron hacia Colombia  ( a quienes tampoco les estamparon el sello de salida de Venezuela )  obtuvieron allí la Carta Andina que les permitió continuar el viaje. Una vez más, es evidente que los cierres de frontera no disminuyen la movilidad, sino que solamente la vuelven más costosa  ( recordar todos los sobornos que se pagaron )  y más insegura.
A más de quince años de la aprobación de la Ley de Parto Humanizado, lamentablemente no puede decirse que sus preceptos sean moneda corriente en las instituciones hospitalarias, en el personal de salud e incluso entre las mismas mujeres cuyos derechos busca resguardar. Ello se debe a una compleja combinación de factores, que incluyen la persistencia de la naturalización de ciertas formas de violencia, las lentas modificaciones en la currícula formativa de las y los profesionales de la salud, sus condiciones laborales, las propias dinámicas de funcionamiento y atención intrahospitalarias  ( signadas por la urgencia )  y el desconocimiento de muchas mujeres, que en ocasiones consideran que recibir atención gratuita en salud las inhabilita para exigir y reclamar.
Ningún empleador puede desconocer o incumplir obligaciones laborales con un/a trabajador/a migrante, sea cual sea su situación migratoria  ( Art. 56 ) . Tampoco pueden desconocerse nunca los derechos laborales de un/a migrante que ya realizó un trabajo, aunque se encuentre en condición migratoria irregular. Además, ninguna persona migrante o de su familia puede ser expulsada por haber incumplido un contrato de trabajo  ( Art. 65 ) , a menos que esa tarea fuera una condición para su residencia en el país. Y si un/a migrante es expulsado/a, ello no es una razón para que su empleador no cumpla con las obligaciones laborales que tiene con esa persona  ( Art. 67 ) , ni para que el/la migrante no pueda reclamar, por ejemplo, el pago de salarios  ( Art. 68 ) .
Las personas migrantes tienen mayor dependencia del sistema público de atención de la salud, al contar con menores niveles de cobertura del sector privado de salud y por parte de las obras sociales, en línea con su mayor nivel de no registro laboral. Sin embargo, la cobertura de salud no necesariamente se equipara al uso efectivo de los servicios. Se observa una baja incidencia de la atención en hospitales públicos y en Centros de Atención Primaria de la Salud  ( CAPS )  por parte de los/as migrantes sudamericanos/as, que alcanza al 4% de las consultas totales  ( OIT, 2015 ) .
Durante todo su trabajo de parto fue maltratada por una profesional que se mostró abiertamente ofuscada por tener que atenderla. “La puta madre, no me puedo acostar a dormir', fueron las palabras con las que la recibió. Le recordaba permanentemente que mantuviera la distancia y se acomodara el tapabocas. Los tactos que le realizaba le resultaban sumamente “dolorosos y bruscos, era muy violenta en su trato'. Puesto que temía que decidieran hacerle una cesárea, decidió aceptar todo lo que le exigían y resignar sus necesidades y deseos para evitar mayores intervenciones.
Migrantes y vacunación: mecanismos y documentación solicitada 

Como explicitó el Ministerio de Salud de la Nación en el “Plan Estratégico para la Vacuna  ción contra la COVID 19 en la República Argentina', la vacunación se realizará indepen  dientemente de la nacionalidad de origen de la persona que la solicite. No obstante, una de las principales dificultades de orden administrativo para el acceso a la vacuna de la población migrante radica en no contar con DNI argentino  ( de residente extranjero ) , que es el requisito principal a la hora de inscribirse en los sitios oficiales mediante los cuales las di  ferentes provincias asignan los turnos para la aplicación de la vacuna. Las excepciones son la Provincia de Buenos Aires, CABA y Misiones  ( esta última bajo modalidad diferenciada )  donde para las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo se habilitaron otros documentos: pasaporte o cédula de identidad de país de origen vigentes, o certificado de residencia precaria emitido por la Dirección Nacional de Migraciones.
Los mecanismos para acceder a la vacunación se han ido ampliando con el paso de los meses. Inicialmente, la asignación de turnos fue mediante la inscripción en las apps o plata  formas oficiales dispuestas por cada provincia. Sin embargo, a partir de mayo, en algunas provincias se vacuna por demanda espontánea, directamente en centros de vacunación y sin turno previo. Por ejemplo, en Jujuy se vacuna a mayores de 60 años, personas entre 18 y 59 años con comorbilidades y mayores de 40 años, en Chubut se avanzó a la vacunación de población entre 18 a 59 años sin turno previo, en Misiones se vacunan sin turno previo personas mayores de 40 años y población vinculada a la actividad turística mientras que en San Juan se vacuna a demanda para todas las personas que requieren la segunda dosis de AstraZeneca y Sinopharm.
Los resultados generales de la ENMA revelan que la mayor parte de las personas migrantes encuestadas migró a la Argentina por motivos que pueden agruparse en la categoría “económicos', es decir, a personas que adujeron razones laborales  ( 38% )  o no poder cubrir sus necesidades básicas en los países de origen  ( 38% ) . En orden de relevancia, les siguen quienes migraron para estudiar  ( 22% ) , para tener nuevas experiencias  ( 16% ) , quienes lo hicieron para reunirse con su familia  ( 14% ) , y por último quienes se desplazaron debido a violencias y/o persecuciones  ( 12% ) .
crece un 18% las personas en posesión de una visa temporal para residir en Argentina  ( 51% ) ,
Si se analiza específicamente la región de origen de las migraciones que arribaron en los últimos 5 años a la Argentina, se observa que una abrumadora mayoría proviene de países sudamericanos  ( 83% ) . A su vez, en relación con las características etarias de esta migración reciente, la ENMA arrojó que el 54% tiene entre 18 y 34 años, mientras que el 32% tiene entre 35 y 54 años y solo un 14% declara tener 55 o más años. Es decir, el 85% de esta población se encuentra en la franja de edades económicamente activas, dato que da cuenta del carácter eminentemente laboral de esta migración
Durante el año 2020, en el contexto de la pandemia, los problemas de comunicación reseñados se agravaron. Los testimonios recuperados por la ENMA demuestran que la información sobre las disposiciones de prórrogas de las residencias transitorias, temporarias o permanentes no llegó oportunamente a la población migrante. Ante los rezagos e interrupciones en la gestión de los trámites de radicación debido al ASPO, muchas personas migrantes no pudieron iniciar, avanzar o culminar su proceso de regularización documentaria y se vieron expuestas a una gran incertidumbre.
CANTIDAD DE MUJERES ADULTAS • En 13.8% de los casos, no habían mujeres adultas dentro del grupo familiar • En el 82.5% de los casos, habían entre 1 y 2 mujeres adultas en el grupo familiar • En el 3.2% de los casos, habían entre 3 y 4 mujeres adultas en el grupo familiar • En el 0.5% de los casos, habían más de 5 mujeres adultas
As the pandemic has increased the difficulties of meeting with others, technologies have enabled the interviews to be conducted remotely, allowing the program to continue functioning and reaching people with more significant needs.
Due to the COVID 19 pandemic, the Argentinian Migration Office established the automatic extension of visas as well as the suspension of administrative deadlines. Furthermore, the Government recently derogated a decree which allowed expedited expulsion of migrants without due process.
En relación a la situación laboral de las personas migrantes, las respuestas indican que antes del ASPO un 37% se encontraba con trabajo en relación de dependencia o con salario fijo. Se reconoce una fuerte presencia del autoempleo, ya que el 22% de respondientes se identificó como trabajadores independientes  ( monotributistas sociales o trabajadores de la economía popular ) . Este último dato es convergente con el informe de la OIM  ( 2019 )  titulado Condiciones de vida de migrantes en la República Argentina, en el que se identifica como cuenta propia a un 25% de les trabajadores migrantes.
Estudios exploratorios sobre el impacto del Covid 19 en la población migrante indican que, en Argentina, hasta el 30 de septiembre de 2020, el 7% de las personas contagiadas correspondía a personas migrantes  ( Debandi, 2020 ) . Estos valores son superiores al peso poblacional de las personas migrantes sobre la población total del país, presentando algunos picos de incidencia llamativos en ciertas jurisdicciones.
En el caso del acceso a la salud se recibieron consultas de la mayoría de las personas que ingresaron. La gran mayoría de las personas asistidas en La Quiaca realizó el aislamiento obligatorio en hoteles o albergues facilitados por las organizaciones en frontera por ser desconocida su situación frente al COVID 19. De todas formas, fue implementado un sistema de monitoreo diario en esos albergues y hoteles que vinculó a las personas migrantes con el sistema sanitario de manera directa. Una sola familia llegó con el test PCR realizado 72 horas antes y otra con resultados de 4 días antes. Esto implicó un desafío técnico debido a que no existen en la zona tantos alojamientos disponibles con la infraestructura necesaria para sobrellevar los aislamientos.
Según un referente consultado, durante la pandemia, hubo tres personas con sospecha de la COVID 19 que resultaron, dos casos negativos y uno positivo luego de realizar el test. En cuanto a factores de riesgo sanitario adicionales se registraron personas migrantes con enfermedades cardíacas, diabetes, asma, hipertensión y problemas de salud mental. Por otra parte, se detectaron personas con secuelas por haber sufrido un accidente cerebrovascular  ( ACV )  en su país de origen. El resto de las organizaciones mencionaron haber registrado casos sospechosos de COVID 19 que resultaron negativos.
Según un informante consultado, la relación entre las personas migrantes varadas y la comunidad de acogida de esta localidad es mala. Se reconoce históricamente un nivel importante de xenofobia en la zona, que se profundizó por el contexto de pandemia en el que se suma el miedo a contraer el virus COVID 19 por parte de los habitantes de la localidad. Se suele vincular su transmisión con las personas migrantes, perspectiva que algunos medios de comunicación locales exacerban.
como parte de las medidas de contención del nuevo coronavirus todos los países de la región cerraron las escuelas desde marzo, y hasta octubre muchos gobiernos locales aún no habían podido adoptar las medidas sanitarias necesarias para el retorno seguro a las aulas presenciales.
Los niños, niñas y adolescentes migrantes son parte de los grupos que tienen mayores limitaciones para el acceso a la educación, y en el contexto de la pandemia, las brechas para obtener tecnología y conectividad son barreras para su acceso a la educación virtual  ( UNESCO & CEPAL, 2020 ) .
Aquellas personas que requirieron atención médica, un 92% reportó haber recurrido a un centro de salud  ( público o privado )  y consideraron que recibieron la atención médica necesaria.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Es de las pocas jurisdicciones en la que se aceptan documentos diferentes al DNI para la inscripción a la vacunación de personas migrantes.
Los gráficos muestran cómo el cierre de fronteras detuvo los tránsitos  ( entradas y salidas )  que no estaban contemplados en las excepciones, especialmente los movimientos turísti  cos y los ingresos de personas extranjeras que estaban en camino hacia Argentina o tenían previsto viajar por motivos laborales, familiares o de estudio.
Argentina: marco regulatorio e información epidemiológica En Argentina se diseñaron tempranamente estrategias para mitigar los efectos de la crisis socio sanitaria, resultado de la propagación de la COVID 19. Para la tercera semana de marzo de 2020 se dictaron distintos Decretos de Necesidad y Urgencia  ( DNU )  orientados a reducir el impacto sanitario, económico y social de la COVID 19 en el territorio nacional. Así se estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ASPO  ( DNU 297/2020 ) , se amplió la emergencia sanitaria  ( DNU 260/2020 )  y se restringió el ingreso al país de perso  nas extranjeras no residentes  ( DNU 274/2020
En los canales oficiales de cada provincia aún es escasa la información relativa al acceso a la inmunización de la población migrante, refugiada y solicitante de asilo que no cuenta con DNI. Sin embargo, progresivamente ha avanzado su inclusión, aunque esta ha sido dife  rencial en concordancia con cada situación  ( esto es: presencia y organización de población migrante para la exigibilidad del derecho ) .
Córdoba En esta provincia, la inscripción a la vacuna se realiza a través de la plataforma electrónica, en la que el único documento válido para anotarse es el DNI. Para las personas migrantes, ha resultado que sus DNIs no son identificados por dicha plataforma. Como es el caso de un migrante que vive en la provincia de Córdoba hace más de cinco años y cuenta con residencia precaria.
Mendoza En el caso de esta provincia también se valida la inscripción a la vacuna de personas mi  grantes con otro tipo de documentos, tales como pasaporte o cédula de país de origen. Esta opción fue habilitada tras una petición formal presentada ante el Ministerio de Salud, Desarrollo y Deportes de la provincia por la Asociación Ecuménica de Cuyo en el mes de mayo de 2021.
Pandemia y cierres de fronteras internacionales A partir de marzo de 2020, diversas normas fueron estableciendo restricciones o prohibi  ciones de ingreso al territorio nacional, dirigidas principalmente a personas extranjeras no residentes en el país. Las prohibiciones, que alcanzaban a todos los puntos de acceso  ( aéreos, terrestres, marítimos y fluviales )  exceptuaban a las personas extranjeras “que in  gresaran con el único propósito de proseguir viaje a otro país'  ( Disp. DNM 1709/2020 ) .
Los tres gráficos a continuación muestran el impacto del cierre de fronteras sobre tres gru  pos puntuales: nacionales argentinos; nacionales de países del Mercosur; y nacionales de países por fuera del Mercosur. Como puede observarse, si bien las magnitudes son diferen  tes, en todos los casos se verifica el mismo patrón de descenso brusco. Entre las personas argentinas se registran levemente más ingresos que egresos, en las personas de países del Mercosur hay una equivalencia entre unos y otros, en tanto que entre para los países no Mercosur los egresos son levemente mayores.
Vale destacar que, en Argentina, el trabajo no registrado no está necesariamente ligado a la irregularidad migratoria. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo  ( OIT, 2016 )  señaló que el 86% de las personas migrantes que trabajaban de manera no registra  da contaban con DNI vigente  ( OIT; 2016: 60 ) . Es decir que en el caso de las y los migrantes, la prevalencia del trabajo no registrado no se debe a la falta de documentación sino a la segmentación del mercado laboral: en Argentina  ( igual que en otros países ) , las diversas modalidades de estructuración de la fuerza de trabajo implican que la obtención de un em  pleo  ( y más aún de un empleo registrado )  no depende solo de la calificación, sino también del género, la edad, la raza,5 la etnia, la nacionalidad, la condición migratoria6 y el estatus legal  ( entre otras )   ( Castles, 2013 ) .
A estas dos cuestiones  ( el trabajo no registrado y las demoras en la regularización migra  toria )  se suman las dificultades en el acceso a la vivienda, que no afectan únicamente a las personas migrantes. En casi todas las regiones del país  y en particular en las grandes ciu  dades  dos factores han contribuido a la expansión de modalidades informales de acceso a la vivienda: por un lado, el alza sostenida de los costos de compra o de alquiler  ( impulsa  dos por la especulación inmobiliaria )  y por el otro, el deterioro progresivo de los ingresos de los trabajadores  ( Rodríguez, Rodríguez y Zapata, 2018 ) . Así, “los perfiles sociales más vulnerables y excluidos del acceso al hábitat en la ciudad  que conjugan posición de clase, género, dinámicas migratorias e intergeneracionales  son los que configuran la demanda efectiva del mercado informal de alquiler'  ( Rodríguez et al; 2018: 487 ) .
La informalidad en el acceso a la vivienda significa que los acuerdos entre inquilinos y locatarios son “de palabra', y en tanto que tales no están encuadrados dentro de las normas que regulan y protegen a las partes. Los contratos informales o de palabra son frecuentes en lo que res  pecta a sub arriendos  ( tales como una pieza en una vivienda )  o al alquiler de viviendas en villas o barrios populares donde la tenencia de la propiedad no está formalizada. Por otra parte, muchas personas y familias migrantes residen en hoteles familiares, pensiones, hos  tels u otras formas de vivienda colectiva. Estas viviendas, que no se rigen por la normativa relativa a contratos de alquiler, presentan un panorama muy diverso en cuanto a infraes  tructura, mantenimiento, servicios, condiciones habitacionales y costos.
Sin buscarlo, las medidas de cierre de fronteras, confinamiento, aislamiento y restricción de circulación impuestas para frenar los contagios y las muertes por COVID 19 agudizaron el impacto de la desigualdad estructural y dejaron en evidencia la fragilidad de las condi  ciones de vida de millones de personas, entre ellas de las personas migrantes residentes en Argentina.
El gráfico 7  ( a continuación )  muestra el total de radicaciones otorgadas entre 2018 y 2020, según tipo  ( temporaria o permanente )  y según se trate de personas que provienen de paí  ses dentro o fuera del Mercosur. La comparación con los dos años anteriores permite ana  lizar en mayor detalle las cifras correspondientes a 2020. En 2020, todos los trámites se redujeron casi a la mitad en comparación con el año anterior: de 149.000 trámites Mercosur se bajó a 81.000, y de 13.000 extra – Mercosur a 7.000. El cie  rre de fronteras permite entender, al menos en parte, la fuerte reducción de los trámites de residencias temporarias tanto Mercosur como no Mercosur: si las fronteras están cerradas, las personas no pueden ingresar8 y disminuyen los trámites de residencia.
Sin embargo, el aspecto más preocupante de las radicaciones exitosamente tramitadas en 2020 refiere al reducido número de residencias permanentes Mercosur, habitualmente so  licitadas por personas ya establecidas en el territorio  ( y no por personas con ingreso recien  te ) . Históricamente, por las características de la ley migratoria argentina, entre el 50% y el 65% de las residencias permanentes de personas del Mercosur surgen de la renovación en tiempo y forma de residencias temporarias por dos años, dinámica conocida como “cam  bio de categoría migratoria'  ( ver CAREF, 2019 ) . Si la solicitud de “cambio de categoría' se hace antes del vencimiento de la residencia temporaria, el trámite no suele presentar dificultades. Si la solicitud se demora, la persona pierde la posibilidad de convertir su resi  dencia temporaria en permanente, y debe solicitar una segunda residencia temporaria  ( que recién dos años más tarde le permitirá aplicar al “cambio de categoría' ) . Es decir que en base a la evidencia de períodos anteriores, muchas de las 127.000 personas provenientes de países del Mercosur que obtuvieron una residencia temporaria por 2 años en 2018 estaban en condiciones  ( y muy probablemente interesadas )  de solicitar la residen  cia permanente en 2020 a través del mecanismo de “cambio de categoría'. Desde esta pers  pectiva, al menos 63.000 de las 127.000 residencias temporarias otorgadas en 2018 deberían haberse convertido en residencias permanentes en 2020. Puesto que 2020 se otorgaron solo 40.000 residencias permanentes Mercosur, es posible que esta brecha remita a entre 20.000 y 40.000 personas de países de la región con por lo menos dos años de residencia regular en el país que “perdieron' su oportunidad de “cambiar de categoría' y obtener la residencia permanente, debido a las dificultades administrativas que trajeron las sucesivas medidas de confinamiento y cierre de oficinas públicas.
A estos 200.000 “extranjeros/as con datos insuficientes'10 se agregan dos motivos más de rechazo que afectan únicamente a las personas migrantes: “extranjero sin requisito de re  sidencia'  ( 57.000 rechazos )  y “residencia no permanente'  ( 14.000 rechazos )   ( ver Cuadro 13, en ANSES, 2020: 33 ) . Es posible que estos motivos estén en la base de los rechazos a las personas venezolanas. Por las características de esta migración, puede suponerse que muchas de las personas inscriptas no contaban aún con DNI de residente permanente, y quienes sí lo tenían lo habían obtenido en una fecha reciente, con lo cual la fecha registrada en el documento no era anterior a marzo de 2018 ) . Si bien la inscripción para percibir el IFE se abrió por una única vez, tanto los reclamos como los cambios en las situaciones de las personas dieron lugar a variaciones entre quie  nes recibieron la primera transferencia, la segunda y la tercera. Como puede observarse en la Tabla 2, la segunda transferencia alcanzó a casi 50.000 personas más que la primera  ( un incremento del 0,5% ) , en tanto que la tercera fue percibida por 260.000 personas menos que la primera.
El 42% de las personas indicaron tener alguna necesidad específica  ( condición médica crítica, personas mayores de 60 años, etc. ) , lo cual se duplica cuando se compara con los ejercicios de Monitoreo de Protección conducidos en Argentina en el segundo semestre de 2019  ( 23% ) .
TAMAÑO DE LOS GRUPOS FAMILIARES • En 19% de los casos, el grupo estaba integrado por una persona • En 15.3% de los casos, el grupo estaba integrado por dos personas • En 30.7% de los casos, el grupo estaba integrado por tres personas • En 18% de los casos, el grupo estaba integrado por cuatro personas • En 16.9% de los casos, el grupo estaba integrado por más de cinco personas
Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela siguen teniendo necesidades críticas de servicios básicos, en particular alimentos y alojamiento. Para 2021, se prevé que seguirán enfrentándose a dificultades en el acceso a medios de vida y al trabajo decente en el mercado laboral estructurado. Se estima que alrededor del 84 % del total de la población refugiada y migrante de Venezuela proyectada en la subregión del Cono Sur  ( integrada por Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay )  necesitará asistencia en 2021, lo que representa un aumento del 21 % en comparación con 2020.
El 29 por ciento de las mujeres entrevistadas que tuvieron acceso a servicios de salud acudieron a un hospital de seguridad social en comparación con el 24 por ciento de los hombres. De este grupo de mujeres, el 37 por ciento eran refugiadas o solicitantes de asilo, el 34 por ciento eran residentes y el 6 por ciento no tenían un estatus migratorio regular.
se detectaron traslados intempestivos a la provincia de Buenos Aires por parte de las autoridades provinciales. Específicamente se trata de un grupo de personas venezolanas que en el mes de marzo de 2020 fue retenido por las autoridades en la frontera y no lograron desplazarse hacia su destino final. Estuvieron dos semanas varadas sin coordinación de ninguna organización hasta que finalmente la municipalidad de La Quiaca y el gobierno provincial gestionaron la salida hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de forma sorpresiva. Antes de ingresar a la provincia de Buenos Aires quedaron varados nuevamente debido a las restricciones sanitarias que limitaron el acceso. Entre las personas que viajaban se registraron niños pequeños menores de cinco años, mujeres solas y mujeres embarazadas que requerían de atención médica.
desde principios de 2021, las fronteras no se han flexibilizado pero la cantidad de personas ingresando se encuentra en ascenso a tal punto que el número de ingresos es similar al de enero de 2020.
Entre las personas de origen venezolano, se detectaron al menos niños menores de ocho años, algunos menores de 18 años, es decir adolescentes, personas con discapacidades, mujeres embarazadas y adultos mayores. En general, estas personas ingresaron con su grupo familiar pero también hubo casos de varones viajando solos y de familias monoparentales con mujeres adultas.
Since 22 July the online asylum claim registration system in the country stopped working. This situation is particularly concerning for those refugees and migrants arriving in the north in the city of La Quiaca  ( border with Bolivia ) , since they cannot regularize their situation or file for asylum in person in this city, as Migration premises at the border are not authorized to receive this type of cases.
El siguiente gráfico pone en evidencia un predominio de mujeres  ( 53% )  sobre varones  ( 45% )  y la presencia de una pequeña comunidad LGTBI+ en la población inmigrante en la Argentina  ( 2% )  3. Esta información es consistente con análisis previos que señalan este leve predominio femenino en el agregado de la población nacida en el exterior, peso que es más notable en algunos colectivos migratorios  ( como por ejemplo entre las personas oriundas de Perú y Paraguay ) .
En cuanto a los perfiles etarios, cabe recordar que la ENMA sólo incluye respondientes de 18 años o más. El siguiente gráfico muestra una elevada presencia de población adulta y mayor: el 38% señaló tener 55 años o más, mientras que un 35% entre 35 y 54 y un 27% entre 18 y 34. Esta información, a su vez, es consistente con la que arroja el último Censo Nacional de Población y Vivienda de 20104.
Cabe mencionar que un 35% de les encuestades declara no haber accedido a trabajos vinculados a su conocimiento o experiencia previa. Entre los principales motivos señalados se encuentran: la imposibilidad de conseguir trabajo, la edad, las dificultades y demoras en los trámites de convalidación de títulos, no contar con documentos y la discriminación sufrida por su condición de extranjería.
Tratándose de población adulta, no sorprende que la mayoría de las personas migrantes se encuentre en pareja, en uniones matrimoniales o en uniones de hecho. Sin embargo, hay algunas diferencias de género interesantes para resaltar. Entre las mujeres, es mayor el porcentaje de quienes no conviven en pareja  ( 35,7% entre estas y 24,8% entre los varones ) . 9 Esta mayor incidencia de mujeres sin pareja conviviente es un hecho interesante presente también en otros procesos migratorios, particularmente regionales  ( Cerrutti y Gaudio, 2010 ) .
Otro aspecto clave en los procesos de incorporación social es el manejo del idioma español. Sobre este importante factor nunca se había registrado información para el conjunto de las personas migrantes en la Argentina, por lo que la ENMA provee datos inéditos al respecto. El siguiente gráfico muestra que el 66% de la población migrante tiene un excelente manejo del idioma, el 26% bueno y solo 8% medio o bajo.
Además, entre quienes prefieren no contestar o respondieron “No lo sé' se agrupa un 37% de respondientes dentro de un proyecto migratorio que podría calificarse de “incierto' pero que, en una buena proporción, también podría terminar decidiendo su instalación permanente. Por último, con valores mucho más reducidos, figuran quienes tienen planificado retornar a su país de origen  ( 8% ) , migrar a un tercer país  ( 6% )  o a otro destino argentino  ( 5% ) .
Del siguiente gráfico se desprende que el universo de personas naturalizadas  ( 8%17 )  o que ha iniciado el trámite  ( 4% )  en Argentina es relativamente pequeño en comparación con otros países.18 El bajo número de personas naturalizadas constituye un elemento común a todos los países América Latina que requiere mayor estudio.19 A su vez, este gráfico nos da algunas pistas preliminares del porqué de estos bajos números: la mitad de las personas encuestadas informó desconocer que tenía este derecho  ( 35% )  o no entender en qué consiste el trámite  ( 16% ) . También, llama la atención que un 37%, el grupo con mayor peso relativo, haya señalado no querer naturalizarse.
A su vez, cuando las delegaciones provinciales de migraciones reabrieron sus puertas, esta vuelta no se produjo de manera ordenada ni se comunicó oficialmente. O, lo que es más grave aún, aquellas personas que tenían trámites pendientes no recibieron una reasignación de turno
En este sentido, si bien el grupo mayoritario ha reportado no tener problemas en el acceso a la salud, debe tenerse en cuenta que el 18% ha indicado dificultades en la obtención de turnos. En un segundo lugar, el 10% indicó haber sufrido discriminaciones o malos tratos en el contexto, lo que debe profundizarse en una segunda etapa, indagando si existen ciertos grupos migratorios que se encuentren más expuestos a estas situaciones.
Generalizando el acceso a servicios, se observa que el 51% de las personas migrantes no cuenta con acceso a alguno a los tres servicios mínimos  ( agua corriente, gas en red y servicio cloacal ) 32, presentando una diferencia porcentual de 6 puntos con relación con la situación de la población en general del país  ( INDEC, 2020 ) . Esto es coincidente con la observación de mayor precariedad habitacional de la población migrante que se ha registrado en estudios previos  ( Marcos y Mera. 2018; Di Virgilio y Rodríguez, 2018 ) .
Como se observa en el siguiente gráfico, los cuatro países del MERCOSUR con presencia más reciente en Argentina son Ecuador, Venezuela, Colombia y Brasil  ( en orden de relevancia ) . Esto da cuenta de una diversificación de los países de origen dentro de la migración regional. La migración venezolana, por su parte, acumula el mayor porcentaje de personas con menos de 5 años de residencia  ( 93% ) . Resulta interesante, a su vez, señalar un porcentaje para nada desdeñable de personas con menos de 1 año de residencia oriundas de Ecuador y Venezuela  ( 15% y 11% respectivamente ) , teniendo en cuenta el cierre casi absoluto de fronteras a lo largo del año 2020, a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid 19.
Este nuevo sistema de radicación en línea también puso de manifiesto los débiles canales de comunicación e información con los que cuenta la DNM para asesorar e informar a las personas migrantes acerca de los circuitos a seguir en la gestión de trámites. Cuando se lanzó el Radex se divulgó un video explicativo, pero no se dispusieron líneas telefónicas gratuitas para saldar dudas y realizar consultas. Las personas que enfrentan inconvenientes sólo cuentan con una cuenta de correo electrónico de la DNM  ( único medio también utilizado para la recepción de notificaciones )  y con la posibilidad  ( muy limitada )  de realizar consultas directas en las distintas delegaciones.
Contrariamente a lo que podría pensarse, las personas con menos años de residencia en el país  ( hasta 5 años )  son las que han experimentado, en menor medida, problemas para acceder al sistema de salud  ( 35% ) . En cambio, entre quienes tienen entre 5 y 9 años de residencia en Argentina este porcentaje es del 45%. Este grupo también registró el mayor porcentaje de migrantes que nunca accedieron al servicio de salud  ( 16% ) .
En Argentina, en 2018 el 44% de los migrantes venezolanos que trabajaban lo hacían en empleos con relación de dependencia, es decir, con contrato de trabajo, el 36% como trabajadores no registrados, y el 20% eran monotributistas  ( OIM, 2019a ) .
según el INDEC  ( 2020 ) : el 12,3% de las personas en Argentina no cuenta con acceso a agua corriente, dato aproximado a los valores que se obtienen en la ENMA  ( 13,8% ) . Del mismo modo, al comparar el acceso al servicio cloacal, mientras el 33% de la población de Argentina no cuenta con este servicio, en el caso de la población migrante esta proporción alcanza al 40%.
Otro aspecto fundamental de las trayectorias migratorias se vincula a las escalas que las personas o familias migrantes transitan hasta establecerse en una ciudad o provincia en el país de destino. En este punto, la ENMA evidencia que el 26% del total de las personas encuestadas vivió más de 2 meses en una provincia argentina distinta a la de su residencia actual. Se trata de un dato interesante si se tiene en cuenta que la migración suele concebirse como el desplazamiento entre dos puntos  ( uno de partida y otro de llegada ) .
Como fuera planteado de manera general al comienzo de este apartado, el 19% de las personas encuestadas indicó haber venido a Argentina para reencontrarse con su familia o para acompañar a algún integrante de su grupo familiar. Dentro de este universo, 6 de cada 10 son mujeres, y existe una distribución relativamente equitativa entre los diferentes grupos etarios: las personas mayores de 55 años representan el 38%, las de 25 a 54 años el 35% y las más jóvenes  ( de 18 a 34 años )  el 27%. Se evidencia así una creciente participación de las mujeres en proyectos migratorios autónomos entre la población más joven.
El dato más relevante al respecto es que el 43% de las personas encuestadas manifestó haberse establecido definitivamente, lo cual representa una información central en términos de la generación de políticas públicas de integración de la población migrante en todos los órdenes sociales, en tanto se trata de grupos con vocación de arraigo que han elegido este país para vivir, desempeñarse laboral o profesionalmente, formar su familia, criar a sus hijes y, en fin, desarrollar su vida.
Respecto de la situación laboral por género, la ENMA muestra que entre las mujeres existe una mayor propensión al trabajo no remunerado  ( 14% contra el 0% entre los hombres )  y, complementariamente, una menor inclinación al trabajo independiente  ( 17% y 34% respectivamente ) . También se encuentran el doble de afectadas por el desempleo abierto  ( 9% )  en comparación a los varones  ( 4% ) . Cabe remarcar, a su vez, que no se observan diferencias notables en la propensión al trabajo en relación de dependencia, ni en cuanto al trabajo esporádico, estacional o en cooperativas.
Un aspecto adicional a tener en cuenta en relación con las condiciones del hábitat de las personas migrantes, es el régimen de tenencia de la vivienda. Como se observa en el siguiente gráfico, una gran proporción de las personas encuestadas alquila, ya sea de modo formal  ( 19% )  o sin contrato  ( 22% ) , mientras que un 52% es propietaria o habita en una vivienda cuya propiedad es de alguien perteneciente a la familia. Comparado con los valores que presenta la población nacional propietaria, la cual supera el 63%, la población migrante registra 10 puntos porcentuales menos  ( INDEC, 2020 ) .
Al analizar la relación entre nivel educativo y tiempo de residencia en la Argentina, se manifiestan diferencias de gran magnitud, probablemente ligadas a la dinámica migratoria y a la variación en la composición por origen de migrantes con distinta antigüedad en el país. Quienes han arribado más recientemente cuentan con perfiles educativos significativamente más altos que quienes llevan 10 años o más viviendo en Argentina. Vale la pena recordar que la mayoría de las personas de la muestra tienen mucha antigüedad, mientras que las cohortes más recientes son relativamente más pequeñas. En estas cohortes con menos de 10 años de residencia, el porcentaje de personas que completaron el nivel terciario, y que al menos accedieron al universitario, alcanza a más de dos terceras partes del total,
La ENMA incluyó una pregunta para relevar la condición de discapacidad dentro del colectivo migrante a partir de la pregunta: “¿Usted o algún miembro de su hogar  ( personas con las que convive )  tiene alguna discapacidad?' que dio como resultado una incidencia de discapacidad del 6% entre las personas encuestadas, así como un 11% que informó tener hijes o familiares y convivientes con alguna discapacidad. Si se asumiera que las personas respondientes pertenecen todas a hogares diferentes, se podría afirmar que cerca del 17% de los hogares migrantes tienen en su composición al menos una persona con discapacidad, proporción bastante inferior al 25% que arrojó a nivel nacional el INDEC.10
Al considerar esta variable de manera conjunta con la ascendencia étnico racial, se pone de manifiesto que las personas con ascendencia africana, asiática o indígena tienen más dificultades en el manejo del español que quienes no tienen dicha ascendencia. En efecto, entre las primeras, el 13% indicó que su manejo del español era muy bajo, bajo o medio, mientras que entre las personas que declararon que no tenían dichas ascendencias ese porcentaje es de casi la mitad  ( 7% ) . De algún modo, estos datos ilustran cómo las dimensiones que afectan los procesos de incorporación de las personas migrantes se intersectan generando mayores dificultades en grupos específicos.
La brecha entre el número de solicitantes de la condición de refugiade y el número de quienes efectivamente la obtienen solo puede comprenderse teniendo en cuenta el origen nacional. En efecto, sobre la base de las estadísticas de la CONARE, si bien las personas de origen senegalés ocupan, desde los últimos años, el segundo lugar en el número de solicitudes de la condición de refugiade  ( 1.609 entre 2016 y 2020 ) , durante ese mismo período ni una de ellas ha sido reconocida como refugiada. Una dinámica similar puede observarse con las personas solicitantes de la condición de refugiade provenientes de Haití  ( 1.267 solicitudes, 10 reconocimientos ) , Cuba  ( 885 solicitudes, 11 reconocimientos )  y República Dominicana  ( 705 solicitudes y ningún reconocimiento ) . Ahora bien, en sentido contrario, es notorio el hecho de que las personas solicitantes de la condición de refugiade de nacionalidad siria y boliviana suelen obtener una decisión positiva a sus solicitudes: entre 2016 y 2020, 151 sobre 164 personas sirias y 62 sobre 125 personas bolivianas fueron reconocidas como refugiadas28
En relación con la situación documentaria, la ENMA arrojó que más de 8 de cada 10 personas migrantes encuestadas cuentan con una residencia permanente  ( 76% )  o temporaria  ( 8% )  en Argentina. Si se suma el porcentaje de personas naturalizadas  ( entre 7 y 8% ) , el grupo con una situación documentaria favorable asciende a un 91% de la muestra. Si bien las personas con residencia precaria  ( 3% )  se encuentran en una situación administrativa regular, esa condición suele operar en la práctica como una barrera para el acceso a otros derechos, de modo que es importante su diferenciación. El 6% restante nuclea a un conjunto diverso de personas que no cuenta con una residencia regular, ya sea porque se le venció la documentación  ( 3% ) , porque inició muy recientemente el trámite  ( 2% )  o porque aún no inició el trámite  ( 1% ) .