nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Setenta y dos por ciento  ( 62% )  de los encuestados declararon tener condición migratoria irregular. El 28% restante declaró poseer un estatus migratorio regular, de este último grupo, el 59% accedió a una visa humanitaria y 22% tiene visa UNASUR. El 5% declaró tener un estatus migratorio de residente permanente, 5% señaló tener visa de turista, 3% fue reconocido como refugiado o es un solicitante de asilo, y cerca del 3% prefirió no responder a esta pregunta.
Adicionalmente, 44% mencionó haber realizado el Registro Migratorio para Ciudadanos Venezolanos en Ecuador y un 47% declaró estar procesando su Visa de Excepción por Razones Humanitarias  ( VERHU ) . Entre las razones por las que no se ha aplicado a la VERHU, sobresalen la falta de documentos y el desinterés con 37% y 21%, respectivamente; mientras que las principales razones para no haber realizado el Registro Migratorio de acuerdo con los encuestados son el desconocimiento  ( 40% )  seguido por la imposibilidad de cumplir con los requisitos  ( 34% ) .
Access to education has been even more limited due to the lack of connectivity, scarce economic resources, the worsening of educational quality, discrimination, and lack of educational materials.
El 76% de las familias encuestadas señalaba no contar con los recursos necesarios para garantizar la educación de los NNA y un 78% no contaba con facilidades de acceso a Internet, que es un recurso esencial.
Treinta y siete por ciento  ( 37% )  de los encuestado confirmó haber tenido alguna dificultad durante el viaje, siendo la proporción similar entre hombres  ( 38% )  y mujeres  ( 36% ) . Entre esta población, la dificultad con mayor incidencia es la falta de recursos económicos  ( 65% ) , seguida por la inseguridad o robos  ( 36% )  y falta de un sitio para dormir  ( 19% ) .
NECESIDADES BÁSICAS: El 75% de los hogares señaló que su principal urgencia era cubrir las necesidades básicas  ( alimentación, vivienda, vestido, etc. ) . La siguiente necesidad más urgente fue el acceso a trabajo y otros derechos, con un 17% del total de las familias encuestadas. Las cifras señalan claramente la precaria situación que viven las personas de interés, que no tienen lo suficiente para cubrir las necesidades más básicas.
La mayoría de encuestados declaró que el costo del viaje hasta Ecuador osciló entre los 100 y 300 dólares. En algunas ciudades como Tulcán e Ibarra, cerca del 54% y 45%, respectivamente, declaró gastar menos de 100 dólares. En Manta y Santo Domingo, la mayoría de los encuestado gastó entre 300 y 500 dólares, 23% y 24%, respectivamente
During 2020, Ecuador excess deaths amounted to 42,000 or 59.6% as compared to previous years. Official figures indicate more than 20,000 COVID19 related deaths. Emergency units at hospitals are currently at 95% of their capacity and 4% of the population has received the first vaccination dose.
Also, 75% of respondents mentioned they are mainly concerned about meeting the household's basic needs  ( i.e. water, food, housing ) . 33% of families live in overcrowded housing and 43% indicate that they do not have access to safe water.
QUITO / CIUDAD DE PANAMÁ, 25 de agosto de 2021   La situación de vulnerabilidad de los hogares en situación de pobreza con niños, niñas o adolescentes ha empeorado desde el inicio de la pandemia por COVID 19. En Ecuador, ocho de cada 10 hogares con niños han visto reducidos sus ingresos y están experimentando mayor dificultad para acceder a alimentos nutritivos, según una encuesta de UNICEF presentada hoy.
According to the latest telephone survey supported by UNICEF and implemented in January 2021, 79% of households with children and adolescents have seen their income decreased as compared to pre pandemic levels, against the 63% of those without children.
Las familias ecuatorianas, en especial aquellas con niños y que ya se encontraban en situación de pobreza antes de la pandemia se han visto dramáticamente golpeados en su economía, salud, educación y acceso a derechos básicos
La proporción de mujeres que declara no ir por desconocimiento sobre los centros de atención disponibles es mayor que la de hombres, 52% y 49%, respectivamente. Asimismo, es mayor la proporción de mujeres que dijo no buscar atención por no contar con seguro médico, 18% y 13%, respectivamente.
The latest National state of emergency declaration is in place from April 21 until May 20th requires the 415 schools that had reopened to return to online education. All 16,500 schools in the country remain closed to in person education.
La emergencia sanitaria por el COVID 19 ha cambiado las perspectivas relativas a la estancia en Ecuador en el 34% de encuestados. De estos, el 81% piensa o tiene pensado marcharse del país.
Para el 93% de los encuestados, la ruta migratoria termina en Ecuador, mientras que un 7% declaró tener como objetivo continuar su ruta a Perú  ( 3% )  y Chile  ( 2% )  principalmente, y un 2% declaró tener la intención de regresar a Venezuela. En ciudades como Quito, Manta, Ambato, Ibarra y Tulcán la proporción de personas con deseo de radicarse en el Ecuador es mayor al 95%; mientras que en Santo Domingo y Esmeraldas este comportamiento disminuye a un 87% y 89% respectivamente.
A causa de la coyuntura en países vecinos, varias localidades han informado un aumento sustancial de refugiados y migrantes venezolanos en las calles sin un plan migratorio definido, incluyendo personas con necesidades especiales de protección. Esta situación ha derivado en brotes xenófobos en ciudades como Tulcán, Ibarra, Huaquillas y Manta, donde la población local ha hecho denuncias públicas. Además, medios locales han difundido mensajes discriminatorios en contra de la población en movilidad, ocasionando mayor rechazo en la comunidad
Para que las familias puedan salir de la pobreza se requiere un conjunto de medidas económicas y sociales, que promuevan el crecimiento equitativo. Suponiendo un incremento anual del 2 por ciento en los ingresos de los hogares, les tomaría 11 años a las familias con niñas, niños y adolescentes salir de la pobreza; esto les tomará 3 veces más tiempo que a aquellos hogares sin niños.
El acceso a electricidad es generalizado entre las familias entrevistadas. En cuando al tipo de baño al que tienen acceso, en todas las regiones la opción mayoritaria es el baño privado  ( superior al 60%, en promedio ) . Sin embargo, en la Sierra hay una incidencia del 34% del baño compartido con otras familias, porcentaje que es menor con el 29% y 25% en la Frontera Norte y la Costa, respectivamente
( Las familias ecuatorianas )  
Aunque ha pasado más de un año y medio desde que inició la pandemia, en Ecuador la situación sigue empeorando para estas familias:

Las interrupciones en los servicios esenciales de salud afectan particularmente a los niños menores de 5 años: en 14% de hogares no se ha seguido el esquema de vacunación infantil. Las familias afirman que la principal causa es la falta de vacunas
La principal razón por la cual los encuestados no buscaron atención médica se debió al desconocimiento sobre los centros de atención disponibles  ( 51% )  en tanto que, un menor porcentaje indicó motivos como: falta de seguro médico  ( 15% ) , temor por situación migratoria  ( 10% ) , trato del personal de salud  ( 5% ) , costo de la atención o el traslado  ( 5% ) , distancia del centro de salud  ( 3% )  y otros motivos  ( 11% ) .
QUITO/CIUDAD DE PANAMÁ, 31 de agosto de 2021   En Ecuador, solo 4 de cada 10 hogares con niños o niñas menores de 5 años han tenido acceso a servicios de primera infancia durante la pandemia, incluida la educación preprimaria, dijo hoy UNICEF, al concluir la Directora Regional para América Latina y el Caribe el Caribe, Jean Gough, una misión de campo de cinco días en el país. La mayoría de esos niños y niñas han recibido los servicios de forma remota o mediante visitas domiciliarias periódicas.
En promedio, el 58,7% de las personas encuestadas declararon haber experimentado algún tipo de discriminación. Cincuenta y nueve por ciento  ( 59% )  de los hombres han experimentado discriminación, 71% de la población intersexual y 59% de las mujeres.
Durante la pandemia, el cierre de los servicios de desarrollo de primera infancia ha limitado el acceso de muchos niños y niñas pequeños a los programas de alimentación complementaria. En Ecuador, solo el 50 por ciento de los hogares con niños menores de 5 años que asisten a programas públicos de desarrollo infantil han recibido comidas complementarias. Las medidas también han afectado la vacunación infantil: el 14 por ciento de los hogares con niños o niñas menores de 5 años se han retrasado en sus esquemas de vacuna de rutina.
En cuanto a las repercusiones por la pandemia, en el ámbito económico, 77% de las personas encuestadas declararon haber tenido algún tipo de afectación en su trabajo o actividad económica. Guayaquil es la ciudad en la que esta respuesta afirmativa es menor, con un 55%; seguida de ciudades como Manta y Tulcán, con 73% y 72%, respectivamente. En las ciudades de Ambato, Santo Domingo y Quito se encuentra el mayor número de personas que reportan haber sufrido afectaciones, 85%, 84% y 82%, respectivamente.
a. Finalmente, el 76% de las familias encuestadas dijeron sentirse seguras en los barrios donde residen. Esta cifra es significativamente diferente en función de la nacionalidad. Mientras el 10% de la población venezolana dijo sentirse insegura, en el caso de las familias colombianas este porcentaje alcanzaba el 27%
Finalmente, 76% de los encuestados confirmó no haber tenido acceso a ningún servicio de salud sexual y reproductiva, 20% accedió a métodos anticonceptivos, 6% se realizó pruebas de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y 4% tuvo algún tipo de educación y consejería relacionada.
Personas que sufren estrés o malestar emocional Setenta y tres por ciento  ( 73% )  de las personas alcanzadas ha sufrido de estrés o malestar emocional  ( tristeza, miedo, enojo, preocupación, etc. )  en el último año. Entre las mujeres la incidencia de este malestar es mayor que entre los hombres, 77% y 69%, respectivamente. En cuanto a la frecuencia con que esto ocurre, 49% declaró que ocurre a veces, 34% casi siempre y 17% siempre.
En la ciudad de Esmeraldas se observan las mayores proporciones de personas que declararon haber sufrido o conocer algún incidente de violencia siendo las mujeres las mayores afectadas  ( 30% )  frente a los hombres  ( 26% ) . En Guayaquil también la proporción de mujeres que reporta algún incidente de violencia es más alta que la de hombres, 13% y 12%, respectivamente. En ciudades como Ibarra y Quito, la incidencia de violencia se concentra en los hombres: 21% hombres y 13% mujeres en Ibarra y 26% hombres y 17% mujeres en Quito.
En cuanto a las razones o motivos por los que sufrieron los incidentes de discriminación, 9% de los encuestados señaló haber sido por motivos de nacionalidad, un 7% por su situación económica, un 2% por sus preferencias sexuales, 1% por su edad y 1% por su identidad de género. Entre la población de hombres y mujeres se observan similares proporciones; sin embargo, entre la población intersexual la mayor proporción de actos de discriminación se debe por sus preferencias sexuales  ( 60% )  y asimismo un 40% por su identidad de género.
Un 16% de las personas venezolanas encuestadas dijo haber aplicado al asilo, frente a un 80% en el caso de las personas colombianas. Entre los motivos por los que las personas venezolanas no habían solicitado asilo estaban la falta de información  ( 48% ) , el costo del proceso  ( 31% )  y la falta de documentación  ( 19% ) . Dado que la solicitud de asilo no requiere documento alguno y no tiene costo, parecería haber un vacío de información sobre el proceso de asilo para la población venezolana.
La generación de ingresos o de empleo es la opción que aparece con mayor frecuencia entre las respuestas de la población encuestada  ( 25% )  y existe una tendencia similar entre hombres y mujeres en cuanto a esta opción. Una proporción mayor de hombres a mujeres considera como necesaria la asistencia para la obtención de documentos como segunda necesidad prioritaria, 19% y 2%, respectivamente; no obstante, entre las mujeres  ( 18% )  es mayor la proporción que considera la asistencia en arriendo como la segunda prioridad de asistencia, con relación a los hombres  ( 15% ) . En cuanto opciones como la seguridad y la educación y capacitación como terceras prioridades, la proporción de hombres y mujeres es casi idéntica
SALUD: La salud también es un derecho universal y gratuito protegido en Ecuador. La emergenia sanitaria ha desafiado a todos los sistemas de salud del mundo. Pese a ello, el acceso a salud para las personas de interés es bueno. El 81% de las familias encuestadas señalaron haber podido acceder a atención médica cuando lo requirieron, de los cuales el 97% acudió a establecimientos de salud públicos. En cuanto al servicio brindado, el 82% de los que accedieron a algún establecimiento de salud señalaron estar satisfechos o muy satisfechos con la atención recibida.
En cuanto a la trata de personas encontramos a propietarios y administradores de locales comerciales, picanterías, prostíbulos y actividades agrícolas, agentes captadores, personal de seguridad privada en los establecimientos, servidores públicos involucrados en actos de corrupción, entre otros. La mayoría son hombres adultos
Un aspecto de ello tiene que ver directamente con la violencia como factor de vulnerabilidad. Las mujeres migrantes atendidas por el Centro Emergencia Mujer  ( CEM )  son generalmente jóvenes y presentan temor de acceder a servicios públicos como la salud debido a su estatus migratorio. Se alojan en diversos lugares de la región generalmente en la zona periférica donde los costos de alquiler son menores. Desconocen que las personas migrantes víctimas de violencia puede regularizar su calidad migratoria como persona vulnerable por esta causa
En relación con la crisis venezolana, según Ramírez et al.  ( 2019 ) , el crecimiento aparece en 2016 y se dispara en 2017, aumentando exponencialmente en 2018, alcanzando 954.217 personas que entran al país, lo que deja un saldo migratorio entre 2015 y 2018 de 244.334. Según las cifras del gobierno del Ecuador11, habría en el país 443.705 personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela.
De acuerdo con el Monitoreo de Fronteras de la Plataforma de Coordinación R4V, se registró más de 11.000 ingresos al territorio ecuatoriano en apenas 4 meses  ( entre septiembre 2020 y enero de 2021 ) . Por su parte, en el Monitoreo de Protección realizado por ACNUR de octubre a diciembre de 2020, basado en un método de muestreo probabilístico aleatorio, encuestó de forma telefónica a 383 hogares de personas de interés, representando un total de 1.563 personas dentro de los grupos familiares. En su mayoría son grupos familiares compuestos en promedio por cuatro personas, con aproximadamente un 2% de presencia de personas adultas mayores
El 17% de las personas dentro de los grupos familiares presentaban alguna necesidad específica de protección, siendo las más recurrentes: personas con condiciones médicas críticas o crónicas  ( 6% ) , mujeres en lactancia  ( 3% ) , madre o padre solo/a con hijos/as menores de edad  ( 3% )  y personas con discapacidad  ( 2% ) 12.
En cuanto a la distribución geográfica, las provincias Guayas  ( 29.394 personas )  y Pichincha  ( 26.206 )  agrupan la mayor cantidad de migrantes retornados, seguidas por El Oro  ( 11.289 ) , Azuay, Loja  ( Sierra Sur )  y Tungurahua. Por ciudades, Guayaquil, que posee 2,4 millones de habitantes, concentra el 21% del total de migrantes retornados del país; le sigue Quito, ciudad de 1,7 millones de habitantes, con el 13% del universo analizado; y muy por debajo Machala  ( 4% )  y Cuenca  ( 3% ) .  ( Mena & Cruz, 2017, p. 283 )
Una característica de las personas migrantes vulnerables a la trata de personas es el desconocimiento de las competencias y sus derechos ante las instituciones públicas. En ese sentido, si bien se busca sensibilizar e informar, no se logra que acudan a realizar denuncias
La trata de mujeres migrantes no solamente afecta ciudadanas de Venezuela. Un caso de 2019 describe a una joven haitiana que tenía las piernas marcadas por que había sido amarrada durante el cautiverio. Se encontraba en el Hospital Regional de Tumbes y no era posible comunicarse claramente con ella porque no hablaba castellano
Actividades de coexistencia y campañas de sensibilización sobre temas de diversidad e inclusión, tanto con funcionarios públicos como con la comunidad de acogida. Hacer entender los motivos que impulsan el desplazamiento y que cualquier persona podría verse en la misma situación.   Fortalecimiento de las redes de protección de pares y la formación de asociaciones de personas de interés para la prevención y respuesta alaVBGy otras formasde violencia.   Dar información sobre los derechos de las personas en movilidad humana y fortalecer las rutas de protección y denuncia de discriminación y violencia.
Existen graves dificultadespara acceder a alimentación suficiente y equilibrada. Muchas familias no tienen acceso a tres comidas diarias y losadultos limitan su consumo para garantizar el de NNA.
Las personas de interés sufren discriminación y xenofobia. Las principales dificultades son en el entorno laboral, al tratar de arrendar una vivienda y al acudir asolicitar serviciospúblicos.
Apoyo para acceder a regularización y documentación y acceso al mercado de trabajo formal   Sensibilizar a los empleadores sobre acoso, discriminación y explotación laboral; y a las personas de interés sobre derechos laborales,mecanismosde denuncia,etc.   Facilitar el acceso a crédito, microcrédito y capital semilla para creación de emprendimientos.   Capacitación técnica para fortalecer el perfil profesional  ( oficios, atención al público, etc. )  o en emprendimiento  ( creación de negocios, gestión administrativa financiera, marketing, creación de cooperativas, etc. ) . Generar bolsas de profesionales para poder referirlosa organizacionesque requieran esosperfiles.   Fortalecimiento de las rutas de protección en temas de explotación laboral.   Creación de espacios seguros de cuidados para NNA mientras las personasadultas trabajan
Desde el 2018 se ha producido un creciente incremente de víctimas extranjeras de nacionalidad venezolana que acuden directamente a los citados establecimientos a solicitar trabajo, aceptando las condiciones de este. En su mayoría mujeres jóvenes entre 18 y 27 años. Se le indica el tipo de actividad que deben realizar a cambio de un pago diario. En este contexto se aprovecha la necesidad económica de la víctima para ofrecerle un trabajo que vulnera su dignidad y la instrumentaliza al servicio de otros, colocándolas en un plano de absoluta desigualdad  ( Poder Judicial, 2019 ) .
n el caso de los traficantes, son sobre todo Colombianos, Ecuatorianos y Venezolanos que operan a lo largo de la ruta de las personas migrantes hasta su ingreso al Perú. Tienen diversas denominaciones según su rol, como “asesores', “trocheros', “facilitadores', empresarios y personal de las empresas de transporte, choferes de taxi en moto lineal, auto y motocarro, agentes captadores de clientes mediante páginas y grupos en redes sociales, falsificadores de documentos, así como servidores públicos involucrados en actos de corrupción  ( policías, etc. ) . En su mayoría son hombres jóvenes, con amplia experiencia en esta actividad. Integran redes delictivas que operan con impunidad a lo largo de la ruta
Esto se debe a que las víctimas de trata o delitos de explotación no siempre se reconocen como tales por las razones antes descritas, en otros casos tienen temor tanto de ser sancionadas por su condición migratoria irregular como de las amenazas de los tratantes y explotadores en un país que no es el suyo, o pese a no ser necesario se les solicita que cuenten con un documento de identidad para la denuncia o para el proceso penal.
El ingreso al Perú se realiza desde el Cantón de Huaquillas hacia el departamento de Tumbes por los distritos de Matapalo y Papayal en la provincia de Zarumilla, específicamente por las zonas de Las Palmas, Cuchareta Alta y Baja, Uña de Gato, Lechugal, Pueblo Nuevo, Quebrada Seca, Loma Saavedra, entre otras. Se utiliza como vía de ingreso los puentes clandestinos sobre el canal que bordea la zona de frontera y los pases de trocha también llamados como “caminos verdes' o “vías alternas' compuesta por zonas de matorrales y cultivo agrícola. En esta zona se encuentran personas llamadas “trocheros' que por un precio entre US $20 y US$40 brindan el servicio de guía, cruce de la frontera y alerta sobre cualquier control. Las personas migrantes mencionan que luego del ingreso al país, los pobladores de Papayal y Matapalo se muestran amables y los orientan cuando se requiere
Una segunda alternativa, menos onerosa pero más insegura consiste en realizar el viaje de forma directa sin la necesidad de contar con “asesores' a lo largo del camino, los cuales generalmente pueden ser ubicados en las afueras de los terminales de transporte de larga distancia. En otros casos contratan dichos servicios solamente para los pasos de frontera. Esta ruta generalmente la realizan varones jóvenes con poco presupuesto o personas con experiencia previa. No es recomendable para mujeres por el alto riesgo de ser víctima de alguna forma de violencia sexual o secuestro, sin embargo, cuando deciden hacerlo se les recomienda que durante el largo camino no detenga su mirada en ninguna persona, no hable, ni se retrase, “si alguien se enamora de ti, tienes que quedarte', señala una de las personas entrevistadas
En promedio, 39% de los encuestados que tienen a su cargo a uno o varios NNA en edad escolar respondieron que éstos no asisten a algún centro educativo. Ambato es la ciudad en la que se observa la menor proporción de NNA sin asistencia escolar; mientras que otras como Esmeraldas, Guayaquil y Tulcán, la proporción de NNA sin asistencia escolar es mayoritaria, 64%, 54% y 63%, respectivamente. En general, la razón principal por la que los NNA no asisten a un centro educativo es por la falta de recursos económicos  ( 69% ) , seguida de alguna otra razón no especificada  ( 11% ) , falta de cupo  ( 8% )  y por trabajo  ( 6% ) .
Cuarenta y cinco por ciento  ( 45% )  de los encuestados respondió tener recursos para asegurar la provisión de alimentos por uno o dos días; 15% manifestó poder abastecerse de alimentos por al menos una semana y un 14% declaró no contar con recursos suficientes para comprar alimentos para el día en curso. Especificado por ciudades, Ambato es la localidad en la que tiene mayor incidencia la población que declaró no tener recursos para cubrir su provisión de alimentos el día en curso  ( 42% ) . Cuenca es la ciudad en la que mayor población alcanzada respondió tener recursos para 7 o más días  ( 29% ) .
En el primer caso, se puede contratar informalmente desde de Venezuela un servicio de viaje con destino a las ciudades principales del Perú. El contacto generalmente es recomendado por algún cliente que anteriormente ha hecho uso de ellos, ya que existen numerosos estafadores en las redes sociales, tanto los que desaparecen con el dinero cobrado como los que dejan a sus clientes en la mitad del camino o no garantizan su seguridad. Los costos de este servicio son variables, salen en fechas programadas, están sujetos a completar un número mínimo de viajeros y oscilan entre US$400 y US$ 700 dólares americanos, además de otros gastos que el viajero debe asumir. El pago se puede realizar en una armada o mediante abonos parciales a lo largo de cada tramo de la ruta, generalmente luego del paso de cada frontera. Un lugar de tránsito antes del ingreso al Perú es el Cantón Huaquillas donde existe una plaza pública central frecuentada por los “asesores' y “trocheros' y donde luego de ganarse la confianza de las personas migrantes pueden captarlas como víctimas de trata de personas.
Entre los aspectos negativos se mencionan las dificultades, riesgos y peligros de diferente índole que tuvieron que enfrentar durante su trayecto, entre éstas se pueden mencionar: 
• El duro y largo trayecto, para quienes tomaron la decisión de caminar, desde Venezuela haciendo escalas por algunas ciudades de Colombia hasta llegar a Ecuador. 
• Largas caminatas soportando las inclemencias del clima, con mayor dificultad y complejidad para quienes viajaban con niños y niñas; varios mencionan que se enfermaron durante el trayecto. 
• Exposición a varios peligros, por ejemplo, uno de los entrevistados compartió que el bus en que viajaba se accidentó. 
• Muchos perdieron y/o fueron víctimas de robo de sus pertenencias, dinero y documentos. Sin dinero no podían adquirir alimentos, no tenía un lugar donde dormir, tampoco podían comprar los pasajes de bus para continuar su viaje. 
• Otros factores negativos fueron el cierre de frontera en Cúcuta por decisión del gobierno venezolano, y la exigencia de visa del gobierno ecuatoriano para ingresar al país. Las dos restricciones obligaron a las personas a cruzar las fronteras por pasos irregulares  ( trochas )  arriesgando su integridad y la de su familia.
SOLICITUD DE ASILO Y SITUACIÓN MIGRATORIA: La población colombiana encuestada cuenta en su mayoría con el estatus de refugiado, tiene pendiente la decisión a su solicitud o declara la intención de solicitar asilo  ( gráfico 4 ) . Mientras que la población venezolana dice en su mayoría que aplicará al asilo  ( 48% )  o que no tiene las intenciones de hacerlo  ( 36% ) . Este hecho muestra que, en la segunda ronda del Monitoreo, la intención de la población venezolana de solicitar asilo  ( 48% )  fue ligeramente inferior a la hallada en el primer trimestre de 2021, cuando alcanzaba el 55%  ( ACNUR, 2021 ) .
Según región de estudio, en la Frontera Norte y en la Costa, el porcentaje de discriminación debido a la nacionalidad se incrementa, mientras que en la Sierra éste se reduce debido a la alta discriminación que sienten las personas en esta región por su etnia o color de piel. Además, destaca también que en la Sierra se percibe un 10% de discriminación por ser mujer  ( gráfico 11 ) .
El acceso a la educación se ha visto debilitado por falta de conectividad, dificultades económicas, falta de conocimientos para el refuerzo escolar, empeoramiento de la calidad educativa, poca implicación de los equipos docentes, desmotivación de los NNA, falta de materiales pedagógicos, discriminación, etc. Estos factores aumentan la deserción escolar.
Apoyo a las familias con dispositivos, planes de internet y espacios comunitarios de acceso a conectividad  ( infocentros, puntos wifi, etc. )    Fortalecer sensibilización y campañas de prevención de la xenofobia y el bulling   Apoyo con kitseducativos  ( útiles,libros,uniformes,materiales... )    Organización de iniciativas comunitarias: redes de pares; intercambio cultural;espacios de interacción entre padres, madres, estudiantes y docentes; espaciosde cuidado y refuerzo escolar.   Apoyo psicosocial paraNNA   Facilitar los trámites de inscripción de títulos académicos en la SENESCYT
Currently, Ecuador is one of the most affected countries by the COVID 19 pandemic in Latin America and Caribbean.
LUGARES DE PERCEPCIÓN DISCRIMINATORIA Los espacios públicos, conjuntamente con el lugar de trabajo y los establecimientos de salud, son los principales espacios en los cuales los ( as )  encuestados ( as )  han percibido discriminación
Las personas venezolanas, son informados en su país o durante el trayecto que deben contar con una visa válida y pasaporte y que, si son encontrados en frontera sin estos documentos, serán deportados; al respecto, considerando las precarias situaciones por las que salen y los días de caminata, así como, tomando en consideración que varias familias vienen con niños y niñas, la alternativa para entrar al Ecuador, es pasar por un paso irregular, conocido como la “trocha', lo cual, es un camino mucho más peligroso, pues debe cruzar ríos, selva y redes de traficantes de personas  ( compuesto por personas venezolanas y ecuatorianas ) . Al pasar por la mencionada “trocha' deben pagar una suma de dinero  ( que varía de acuerdo a quién cobra, encontrando valores desde USD 150 a USD 220 por persona ) , este dinero se paga por la asesoría brindada o por la ayuda en cruzar la frontera.
Adicionalmente, a algunos migrantes no se les informa que tienen seis meses para poder realizar todos sus papeles y los que sí conocen sobre este tiempo tienen el miedo constante de que cumplido este plazo podrían no obtener la visa humanitaria y podrían ser deportados. 

Existe confusión en la información que poseen las fundaciones u organismos  ( para control interno )  con el censo migratorio y el proceso de visado, ya que unos migrantes, al haber sido ya censados o entrevistados, creen que ese es el proceso para su visa y están esperando la entrega de la misma.

 Una entrevistada  ( H.1 M )  reconoció que cuando fue asesorada por una fundación, no pudo contarles que entró por una trocha, porque tenían poco tiempo para atender cada caso y la asesoría legal que recibió fue en el entendido que entró por paso regular. En el proceso de entrevistas, se evidencia que mucha de la asesoría legal que reciben las personas migrantes viene de fundaciones y organismos multilaterales, lo que implica que existe una fuerte dependencia del Estado ecuatoriano con organismos privados para brindar información a población en movilidad humana.
Los delegados de las instituciones tienen constancia que los documentos solicitados, así como el costo de las visas, incluyendo el formulario de la visa humanitaria, están fuera del alcance de las personas venezolanas, ya que la prioridad de esta población es acceder a alimentos y pagar el arriendo, por lo que, su capacidad de ahorro es muy limitada. Es por esto, que ciertas instituciones ayudan a financiar la visa. Así también han constatado que los documentos solicitados, pueden demorar de 2 a 3 años en ser procesados en Venezuela y tienen un precio inasequible, además, muchas veces en el camino a Ecuador las personas son víctimas de robo y los pierden; adicionalmente se les solicita requisitos como tener seguro médico, el cual, es imposible obtener.
Se mencionó en una entrevista que la aplicación de la norma en cada territorio tiene cierta discrecionalidad de las autoridades y de los funcionarios, al brindar información y exigir documentos, ya que se solicitan distintos requisitos entre una ciudad u otra. Se presumió que esto puede suceder ya que los funcionarios no están bien capacitados y actualizados para asesorar en los trámites o en su defecto porque no existe un adecuado control ni sanciones administrativas. Esto implica que es sumamente complicado para las ONG y organismos internacionales asesorar en el proceso de regularización, porque no conocen en base a qué van a ser analizados los casos y solo fomentan más trabas para la población en movilidad, de nuevo basándose en criterios políticos y no en la norma nacional.
a.2. Costos y multas Uno de los inconvenientes relatados en las entrevistas que aquejan a las personas en movilidad son las multas. Considerando que varias personas migrantes no han podido terminar sus procesos de regularización, pero que de todas maneras deben generar medios de vida, recurren a trabajar de vendedores y repartidores ambulantes en las calles. Se pone de manifiesto que varios policías revisan de manera esporádica los documentos de los vendedores ambulantes migrantes, y cuando los encuentran sin papeles reciben multas. 

Dos problemas principales se plantean alrededor de la situación narrada, primero, es difícil conseguir los papeles para regularizarse; y segundo, de comprobarse que estén en el país de manera irregular por un período de tiempo superior al permitido, tienen que pagar una multa entre uno y dos salarios básicos unificados  ( SBU )  es decir entre USD 400 y USD 800. 

Una entrevistada  ( Q.1 M )  contó que tuvo que ahorrar trabajando en la calle durante 2 meses para conseguir los USD 50 para pagar su visa humanitaria, al ser encontrada por la policía fue multada y tuvo que trabajar de irregular durante casi un año más para conseguir el dinero para pagar la multa, éste, era el único impedimento que tenía para concretar su proceso de regularización. 

Por su parte, los delegados de las instituciones entrevistadas, mencionan que las multas impuestas son un impedimento para el proceso de regularización, de ninguna manera se lo considera como un mecanismo de control, sino como una crueldad del sistema para hacer las cosas difíciles a quienes ya lo tienen difícil. Se aclara que las personas irregulares no van a dejar de trabajar, lo único que ocasionan es que tengan que huir de la policía y que se sometan a trabajar clandestinamente
Las instituciones frente al tema de salud En materia de salud, las instituciones privadas/multilaterales reconocen que el acceso al asistema ha aumentado, sin embargo, existe un problema de capacidad de respuesta, por ejemplo el tiempo de atención y el otorgamiento de citas.

Un delegado de una institución comenta que por falta de recursos en los centros médicos, se está buscando alternativas para tener presupuesto dirigido a comprar medicamentos para personas en movilidad humana, siendo en algunas ocasiones las fundaciones las que deben asumir ese desabastecimiento, a pesar de que tienen receta del Ministerio de Salud Pública.

Para el Ministerio de Inclusión Económica y Social  ( MIES ) , el tema de movilidad humana constituye un trabajo reciente e innovador, puesto que en la política de protección no se tenía incorporado este enfoque. El flujo migratorio inusual puso en jaque al sistema de salud y al personal técnico de las instituciones
Se menciona también que a pesar de que el acceso a la educación por ley debe ser gratuito y de libre de acceso, existe discrecionalidad de los funcionarios para brindar estos servicios a personas en movilidad. En todo caso, en materia educativa, se evidencia ciertos avances, pues se han elaborado protocolos que consideran la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes venezolanas, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación ya no se exige, como sucedía en el pasado, documentos de estudios realizados en el país de origen  ( notas y pases de año )  o visa, sin embargo aún existe deserción escolar. Se han valorando alternativas para que accedan al sistema educativo y se atendieron casos que fueron luego remitidos a la Defensoría del Pueblo para que se puedan admitir las inscripciones, logrando respuestas positivas.
Cabe señalar que este Plan surge como una necesidad, ya que el último Plan de Trata aprobado fue el del año 2006 por el presidente Alfredo Palacios, bajo el Decreto 1.823 y a partir de ello se dieron una serie de directrices y lineamientos normativos en los años 2013 y 2014, tales como la creación de mesas operativas, designación de instituciones coordinadoras y la tipificación del delito en el Código Orgánico Integral Penal.

En el marco de la nueva aprobación del Plan de Acción de Trata, se está gestionando un sistema de monitoreo que está próximo a ser lanzado, en el cual, en tiempo real en la página web www. tratadepersonasecuador.gob.ec va a observarse cómo se implementa cada uno de los indicadores, la intención del Ministerio de Gobierno es que la población conozca cómo está avanzando el tratamiento a la temática.
Se menciona por parte de las instituciones que se visibilizan dos problemas en cuanto al acceso a vivienda y uno adicional a raíz del coronavirus. Previo al COVID 19 existía discriminación generalizada por parte de los arrendadores hacia personas migrantes, en especial venezolanas; y adicionalmente los costos asociados al alquiler de una vivienda están fuera del alcance para personas migrantes, incluidas las garantías que se solicitan.

Con la llegada de la pandemia, se han visto una serie de desalojos a personas migrantes, puesto que al depender de empleos informales y no tener la capacidad de trabajar por el confinamiento, no les ha sido posible pagar sus alquileres. Se comenta que se está trabajando con la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública para que se lleguen a acuerdos entre arrendatarios y arrendadores.
El derecho al trabajo y las instituciones

En las entrevistas a instituciones privadas/multilaterales se menciona que en el ámbito laboral, solicitantes de refugio  ( sin mencionar el número específico )  no pudieron acceder a oportunidades de trabajo, aunque cumplían todos los requisitos, y se menciona que dichos casos se encuentran ya en conocimiento de la Defensoría del Pueblo.

Las instituciones en general mencionan que las personas venezolanas en su mayoría se dedican a actividades informales, que no tienen un salario apropiado y que sus condiciones laborales son injustas. Se hace también hincapié en la importancia de una correcta integración social de estas personas en el país, así como de la necesidad de procesos de fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, en la generación de emprendimientos y asociaciones
Las instituciones y el refugio

Se comenta en las entrevistas a instituciones privadas/multilaterales que existen 3 causas para que las personas venezolanas no acceden al proceso y por tanto condición de refugio/asilo:

· La primera es que al requerirse visa para entrar al país, ya no pueden acceder al territorio, y por tanto no pueden solicitar refugio/asilo.
· La segunda es que existe desconocimiento por parte de la población venezolana de que pueden requerir protección como refugiados.
· Y tercero, es un proceso que puede tomar varios meses, y las personas en movilidad humana buscan maneras más expeditas de conseguir su regularización.

Se explicó también que las personas en movilidad humana sí pueden aplicar al proceso de visa humanitaria  ( u otra visa )  y paralelamente aplicar a la condición de refugio/asilo, el único
condicionamiento es que de ser aprobada el asilo/refugio deberán renunciar a la otra visa o seguir dicho procedimiento.
Women and girls who have fled Venezuela are at particular risk of sexual exploitation, especially those who are in an irregular migratory situation and/or undocumented. There are persistent reports of survival sex, assault, and sex trafficking. Survival sex is often the only option available to Venezuelan women and children, in order to ensure their own survival and that of family members who are dependent on them.
Del análisis se puede evidenciar, que las niñas, mujeres adolescentes y mujeres adultas, junto a población de la diversidad sexo genérica son más vulnerables a situaciones como la violencia sexual y la trata de personas, por su parte la población masculina está más expuesta a situaciones de violencia como el robo o las estafas.
La situación de población retornando desde países del sur de la región ha influido mucho en la dinámica del cantón y las operaciones por parte de los diferentes socios del GTRM que tratan de aliviar las necesidades de esta población.
Dentro de las medidas tomadas por los Gobiernos para prevenir la propagación de la pandemia COVID 19, Ecuador y Perú decretaron el cierre total de fronteras desde el 16 de marzo de 2020;
• A pesar de que Huaquillas es una ciudad fronteriza, se concentran varios perfiles de población venezolana. Además de aquella en tránsito, también hay población radicada en la localidad. De estos dos perfiles, existe un importante pocertaje de población en situación de calle.
el GTRM de Huaquillas ha mantenido un monitoreo del impacto de esta situación en personas refugiadas y migrantes retornando desde diferentes ciudades de Chile y Perú hacia Ecuador, Colombia y Venezuela por pasos fronterizos irregulares, así como personas en situación de calle en Huaquillas y Machala.
Entre los perfiles se identifican mayormente hombres jóvenes solos, así como madres gestantes, niños y niñas.
27.801 personas asistidas en respuesta de protección  ( área 2 )  •
Entre los mayores riesgos de la población está la trata y tráfico al tener que pasar por cruces irregulares, inseguridad alimentaria, aumento del riesgo de infección COVID 19, aumento de población en situación de calle, discriminación y xenofobia, no acceso a bienes y servicios de salud y/o albergue, multas por incumplimiento de toque de queda y no uso de elementos de bioseguridad.
Hasta 2015, Ecuador era un país de tránsito de desplazados venezolanos en su ruta hacia el sur del continente. Paulatinamente se convirtió en un lugar de destino. El migrante de origen venezolano es usualmente parte de un grupo poblacional joven que registró su ingreso en Ecuador. Sin embargo, más de la mitad de las personas de este grupo se quedó en situación irregular, fenómeno que tendería a acentuarse durante los próximos años conforme se vayan caducando los documentos de identidad y pasaportes emitidos en Venezuela.
La falta de actividades generadoras de ingresos exacerba los riesgos para las mujeres, niñas y jóvenes en particular, exponiéndolas a diferentes formas de explotación y abuso.
Respondents in Peru reported having perceived the hostility of the local population while in Ecuador.
Desafortunadamente las mujeres y mujeres adolescentes, por el estereotipo e hipersexualización que pesa sobre ellas, son las más buscadas para la industria del sexo y en algunas ciudades se han convertido en un grupo mayoritario de personas que realizan trabajo sexual por sobrevivencia, según lo refiere una de las organizaciones sociales que participó en el estudio.
To ensure the protection of the most vulnerable cases, additional funds were allocated to expand cash based assistance.
However, in March 2019 the Ecuadorean Constitutional Court suspended the new requirement.
The RMRP has elements that focus on humanitarian aid and others that focus on longer term economic and social integration.
As in Colombia, xenophobia has also increased in Ecuador, partially due to the media coverage of criminal acts committed by Venezuelans refugees and migrants.
But need for a focus on comprehensive protection programs for groups at higher risk, not just on documentation
Las medidas del Gobierno de Perú, que desde junio requiere la visa humanitaria, han hecho que muchos venezolanos busquen llegar al Perú de cualquier manera. El gran temor es que sea por canales irregulares. Eso ha provocado que deseen quedarse en el Ecuador.
Ecuador's response has been inconsistent, reflecting the complex political tensions and insti  tutional challenges it faces.
Se ha previsto además un sistema informático en línea para las solicitudes de visa y su procesamiento.
the difficulties Ecuador faces in responding to the crisis may soon worsen. Austerity measures introduced by the More  no administration's economic “Prosperity Plan' for 2018–2021 will increase under a new agreement reached with the Internation  al Monetary Fund  ( IMF )  in February 2019.
Ninety percent of the Venezuelans who have obtained legal status in Ecuador percent have been granted UNASUR visas.17 A further 30,000 of these visa applications are in process. However, these visa applications are expensive  ( US$250, plus extra costs associated with obtaining necessary documents )  and the applicant has to have a valid passport and a certified document showing no criminal history both of which may be impossible for a Venezuelan applicant to obtain. Because of agreements between Ecuador and Colombia, Colombians in Ecuador can obtain a MERCOSUR visa for just US$50. With the UNASUR visa, a person can apply for permanent residency, but this involves additional costs and requirements that are difficult for Venezuelans to meet. If a person overstays their visa in Ecuador, they may be heavily fined.18 Temporary UNASUR visas can be renewed.
There are a few shelters for GBV survivors in Ecuador, most of which lack the necessary multi  disciplinary specialized staffing, especially psychologists. There is a need for improved support for these shelters, and increased capacity so that all women requiring this support have access to a shelter space regardless of whether they decide to denounce their abuser.
There are concerns that many women and/or children cross borders with their abuser or trafficker, and states' protection systems are struggling with how to differentiate between those who are their genuine family members and those who are accompanying them in order to exploit them.
Ecuador itself, the convening state for the Quito Process, suddenly changed its entry requirements in January 2019 following a criminal incident committed by a Venezuelan citizen and a xenophobic backlash by host communities.
Every interview that WRC conducted with Venezuelan women in Ecuador and in Peru included references to these risks that they had faced in their host countries, including sexual harassment and pressure to provide sexual services. They also referred repeatedly to their awareness of the resentment that their presence can cause for employees in the host community. This is exacerbated by the fact that many labor abuses are committed against Venezuelan women, particularly in relation to their levels of pay. For example, in Ecuador, WRC was told that the average informal daily pay for Ecuadorean men is US$12, for Colombian men is $10, and for Venezuelan men it can be just US$4. It can be even less for Venezuelan women.
IOM, however, provides information about risks of trafficking at this border. It also conducts training to organizations working at the border, including justice officials. There were calls by humanitarian agencies for a focus on training about combating trafficking for the government's Fiscalía  ( Prosecutor's Department ) .
With regard to trafficking, government agencies and NGOs report that, despite the very high levels of serious exploitation of Venezuelan women and children, few Venezuelans have come forward to denounce their traffickers. This is thought to be because of fears of repercussions against themselves and their families, and because of the sense of responsibility that they have for continuing to send back money to family members in Venezuela who are dependent on them for survival
There are some difficulties in practice, due to over stretching of the health system  ( which was the case even before the mass arrival of Venezuelans
There are some concerning problems of discrimination against Venezuelan children in schools, often by teachers and school directors.
In Ibarra in Ecuador on January 19, 2019, a Venezuelan man stabbed a pregnant Ecuadorean woman  ( apparently his partner ) . The incident took place in public, with police officers present, and members of the public filmed the tragic killing of this young woman and put the footage online. That same night, it is reported that groups of Ecuadoreans took to the streets seeking revenge indiscriminately against any Venezuelans they came across. Venezuelans who had fled to Ecuador for safety found themselves having to hide or to run again, and some fled to Peru without any of their belongings. This incident appears to have been the culmination of a build up of tensions and resentments against Venezuelans in the country. The concern is that similar situations could occur again or could easily happen elsewhere in the region.
Venezuelans' decisions about their destination countries are heavily influenced by the issue of access to livelihoods. As many Venezuelan women stated to WRC, employment is a key source of protection.
On arrival in Ecuador, most Venezuelans are granted a 180 day tourist visa, which does not permit them to work legally. In 2017, Ecuador began offering two year residence visas with work rights for nationals of Union of South American Nations  ( UNASUR )  Member States, including Venezuela.
The response must include a greater focus on comprehensive protection programs for high risk populations whose safety and well being is linked to their ability to safely access shelter, health services, psychosocial support, family reunification services, and livelihoods support.
the lack of response services for survivors is a key issue, since there is limited safe shelter and durable solutions for survivors. Also, access to most state services is linked to reporting abuses. As noted, many survivors of trafficking do not want to report the abuses because of fears for their safety or because sometimes state actors could be complicit.