nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Debido a una economía cada vez más contraída y al malestar político, la población venezolana enfrenta desafíos sin precedentes para acceder a servicios esenciales, como protección, atención médica, medicamentos, vacunas, agua, electricidad, educación y acceso a los alimentos', señala el informe
Los salarios medios se han derrumbado, y el flujo migratorio, incluidos profesionales ytécnicos de todos los sectores, ha exacerbado la debacle de las condiciones de vida.
La ONU semovilizó para ampliar los esfuerzosde ayuda humanitaria en Venezuela a fines del año pasado, lanzando una estrategia para llegar a 3,6 millones de personas, pero el informe indicó que el esfuerzo no fue suficiente.
Esto significa que nuevamente disminuyó la proporción de hogares venezolanos en los que se consumían alimentos de alto valor nutricional, como las carnes, el pescado, los lácteos y las frutas y vegetales. “Menos de 30% de los hogares encuestados reportó consumir estos alimentos, lo que indica que hay una ingesta muy deficiente en proteínas y hierro de alto valor biológico'.
La mayor parte de los establecimientos de salud públicos presentan serio deterioro de sus plantas físicas, no cuentan con suficiente personal y materiales de limpieza, una adecuada disposición y traslado de residuos ni suministro regular de agua. Estas condiciones generan frecuentes problemas de saneamiento que favorecen infecciones intrahospitalarias y 50% de los hospitales con servicios complejos no tienen laboratorios de bacteriología para identificar las causas5
En este sentido, hizo un llamado a los funcionarios civiles y militares de todos los niveles a prestar toda la colaboración posible al ingreso de la ayuda humanitaria. “Los enfermos crónicos y los niños con desnutrición son la prioridad en este momento de crisis aguda en el país generada por la corrupción y políticas erradas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro'. Reiteró que solo a través de un cambio de modelo y de gobierno se podrá recuperar la capacidad adquisitiva del venezolano para que pueda acceder a una alimentación adecuada, pero por lo pronto es urgente atender la crisis humanitaria que afecta al país.
En medio de la hiperinflación en espiral, la escasez, la agitación política, la violencia y la persecución, más de 2,7 millones de venezolanos han abandonado el país como refugiados o migrantes desde 2015 para buscar seguridad o una mejor vida en el extranjero. La cocina, llamada acertadamente La Divina Providencia, sirve hasta 8.000 comidas al día y es un salvavidas para los refugiados y migrantes venezolanos que atraviesan Cúcuta pero también para personas como José Luis, que continúan viviendo en Venezuela pero cruzan la frontera para Colombia todos los días. Las duchas, consultas médicas y asistencia legal también están disponibles allí. Para ganar unos pocos pesos colombianos, lleva pesadas cargas para otros venezolanos que viajan a Cúcuta para comprar alimentos, medicinas u otros bienes que son escasos o imposibles de encontrar en su país.
Al igual que miles de sus compatriotas, se abre camino a lo largo de las trochas traicioneras, senderos embarrados que cruzan el monte bajo que cubre las orillas del río Táchira, que forma la frontera entre Venezuela y Colombia. Él vadea al otro lado con el agua turbia hasta la cintura cargando cajas pesadas, maletas o llantas de automóvil.
“La persona a la que le pagarían por matarme era uno de mis pacientes más cercanos. Él dijo que hubiera aceptado los 790 dólares que le estaban ofreciendo por matarme si no estuviera tan agradecido conmigo por atender a su familia', explicó José. “Es mucho dinero. Cualquier persona hubiera tomado esa oferta'. La búsqueda de José y Yurmi por la seguridad los llevó a un albergue en Bogotá, Colombia, apoyado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Allí pasan algunas noches hasta poder regularizar su situación, pagar renta y asentarse en seguridad.
Actualmente hay cerca de 3,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en el mundo, la gran mayoría se encuentra en América Latina y el Caribe. Debido al empeoramiento de la situación política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, considera que la mayoría de los que huyen del país necesitan protección internacional.
Al menos 60% de la asistencia médica disponible en 2011 se perdió entre 2012 y 2017; prestada por servicios de salud públicos al 82% de la población usuaria. De 27 millones de personas censadas en 2011, 56% pudo ir a un servicio médico; 6,7 millones  ( 45% )  iba a hospitales públicos, 1,5 millones  ( 10% )  a hospitales y ambulatorios de la seguridad social y 3,5 millones  ( 23% )  a centros privados. Además, 5,5 millones  ( 37% )  iba a consultorios y centros de atención primaria de Barrio Adentro y 4,4 millones  ( 29% )  a los ambulatorios de la red pública1. Según el censo, los servicios de salud públicos recibían 82% de la demanda de asistencia médica. Entre 2012 y 2015, la proporción de camas ocupadas en los hospitales públicos cayó 40% y, entre 2014 y 2015, la cantidad de personas atendidas a diario en consultas, emergencias y partos se redujo 58%, de acuerdo con las últimas estadísticas de rendimiento publicadas por el Ministerio de Salud en su Memoria y Cuenta2. Además, según ENCOVI 2017, Barrio Adentro perdió 96% de sus beneficiarios entre 2015 y 20173. Ese año, el único hospital público del estado Amazonas estaba en cierre técnico4.
La tasa de embarazo adolescente, en 95 por 1.000 mujeres, es la mayor de América Latina9. Entre 2015 y 2016, las muertes maternas crecieron en 66%, alcanzando una tasa de mortalidad de 140 embarazadas por 100.000 nacidos vivos, y siguieron ascendiendo durante 2017 y 2018. Las muertes infantiles, más de 60% neonatales, subieron en 30%  ( 8.812 a 11.466 )  con una tasa de 19,0 fallecidos por 10.000 nacidos vivos10. En la ENCOVI 2017, 25.000 embarazadas nunca habían recibido control prenatal y 15.000 sólo a partir del octavo mes11. Hasta agosto de 2018, 48% de las embazadas en parroquias pobres tenía algún grado de desnutrición y 21% desnutrición severa, según Cáritas. En 2017, 117 embarazadas del estado Bolívar perdieron la vida por complicaciones a causa de la malaria12; en 2018, 10 embarazadas de 690 mujeres indígenas con malaria en el estado Amazonas también fallecieron13
Unas 74.000 personas con condiciones crónicas graves recibían medicamentos de alto costo en 58 farmacias de la seguridad social y unas 300.000 en total podían conseguir y comprar otras medicinas en farmacias privadas. A raíz de severos recortes de importaciones, en 2016 se suspendieron las compras de medicamentos de alto costo, sin otra alternativa, y se agotaron las medicinas en las farmacias, privando a las personas de sus tratamientos18. Hasta 2018, 3.000 personas trasplantadas dejaron de recibir inmunosupresores y, como consecuencia, 96 personas sufrieron rechazo de sus órganos y 12 fallecieron19; a 5.000 personas con hemofilia se negaron factores de coagulación para prevenir el sangrado y la artropatía hemofílica y, por esta razón, fallecieron 43 personas y 270 se encuentran en riesgo de morir; 33.000 personas con Parkinson perdieron sus medicamentos, causándoles terribles sufrimientos que van desde la pérdida de equilibrio hasta una rigidez total que puede provocar la muerte; también 8.000 mujeres con Cáncer de Mama, 13.000 con Linfoma, 2.700 con Esclerosis múltiple, 200 con Hipertensión Pulmonar, entre otras, han sufrido daños a su salud y corren peligro de perder la vida20. • 140.000 personas con cáncer y más de 300.000 con condiciones cardíacas severas han visto reducidas sus posibilidades de sobrevivir por ausencia de diagnóstico, tratamiento y cirugía. En los casos de personas con cáncer y problemas cardiovasculares, principales causas de muerte en el país, la esperanza de vida es muy baja. Los centros oncológicos no garantizan quimioterapia a 140.000 personas con cáncer; ya no hay radioterapias21 y las cirugías disminuyeron 50%22.
Tampoco se cuenta con equipos de mamografía, tomógrafos, aceleradores lineales y bombas de cobalto, entre otros. Igualmente, para más de 300.000 personas con condiciones cardíacas severas23, 78% de los centros públicos de referencia no están en capacidad de atender una emergencia. Según la Sociedad Venezolana de Cardiología, 39% no puede hacer un electrocardiograma, ninguno realiza exámenes en caso de infarto y 88% tampoco exámenes sanguíneos de cualquier tipo; 68% no tiene las medicinas indicadas ni efectúa cateterismos; 93% no hace angioplastias y 92% carece de aspirinas24. Al menos 4 servicios de cirugía cardiovascular han cerrado25, no existen suficientes dispositivos de electro estimulación, especialistas ni insumos para una cirugía cardiovascular adecuada26. •
Más de 79 mil personas con VIH dejaron de recibir antirretrovirales desde 2017 y el número de defunciones aumentó de 1.800 en 2014 a posiblemente más de 5.000 en los últimos años. En Venezuela se estiman 154.000 personas con VIH, aunque no existen estudios de prevalencia e incidencia de coberturas significativas. La falta de acceso a pruebas diagnósticas y de seguimiento, preservativos y fórmulas lácteas para madres con VIH, ha persistido en la última década. Las comunidades Warao de Delta Amacuro corren riesgo de ser diezmadas por una veloz epidemia de VIH27. Hasta 2017, 79.400 personas con VIH estaban inscritas en el Programa Nacional de Sida del Ministerio de la Salud para recibir tratamiento antirretroviral  ( TAR ) 28. Desde 201629, el acceso a los TAR bajó de forma alarmante hasta casi desaparecer en 2017 y 2018 al interrumpirse las compras internacionales. En 2018, fueron retiradas 10.000 personas inscritas por posibles defunciones o migración30. Las muertes pasaron de 1.800 en 2014 a 2.400 en 2015, aumentando 33%, y posiblemente escalaron a más de 5.000 en los años 2017 y 2018 por el incremento de personas hospitalizadas, muertes por SIDA y otras enfermedades oportunistas, reportadas por ONG31 y servicios de salud en VIH32.
En comparación con el estándar mínimo mundial de 2,3 camas por 1.000 habitantes, Venezuela presenta un déficit de 64% en la cantidad de camas con un total de 26 mil disponibles  ( unas 20 mil en hospitales públicos y 6 mil en privados ) . De 18,300 camas evaluadas en 104 hospitales públicos y 33 privados, la ENH 2018 encontró que 40% estaba fuera de servicio88. El déficit es más alto en el número de camas de terapia Intensiva, el cual es superior a 60%. Las pocas camas existentes en las Unidades de Cuidado Intensivo  ( UCI )  colapsan sólo atendiendo al gran número de casos de urgencia que llegan por accidentes de tránsito y lesiones de arma de fuego. La EHC 2018 mostró que 25% de las UCI para adultos y niños habían cerrado y que entre un 79% y 83% presentaba fallas intermitentes, lo cual obedece a que no se cuenta con monitores, ventiladores, bombas de infusión, aires acondicionados, termocunas, incubadoras, personal médico y de enfermería.
En 2017, el país acumulaba 34% de los casos de América Latina, ocupando el primer lugar de incidencia. La OMS ha reconocido la emergencia y ha dispuesto apoyar a Venezuela junto a Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, con situación similar43. En 2017, los casos aumentaron 200%, pasando de 136.000 en 2015 a 406.289 en 2017 extendidos a 10 estados del país por los desplazamientos de población minera44, escasez de medicamentos antipalúdicos y debilitamiento del control de vectores según OMS45. En 2018, la OMS alertó que Venezuela presentaba el mayor incremento de casos del mundo debido a la drástica reducción de las campañas antipalúdicas46. La malaria dejó de estar en áreas remotas para extenderse a zonas urbanas y peri urbanas47. Los especialistas estiman para 2018 al menos 700 mil casos48 y, registros hasta abril de 2018 muestran la extensión de la epidemia a todo el territorio nacional, pasando a concentrar 60% de los casos de América Latina y generando posiblemente unas 1.500 muertes49. • 10.952 nuevos casos de Tuberculosis ocurrieron en 2017, intensificándose en las cárceles debido a las condiciones inhumanas de hacinamiento y desnutrición de la población reclusa. Los casos de tuberculosis aumentaron 67% entre 2011 y 2017, pasando de 6.552 a 10.952, según OMS50. Los datos publicados por el Ministerio de Salud arrastran un subregistro mayor a 100%51. El repunte de esta enfermedad es reflejo del empeoramiento de la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de la población, siendo más vulnerables las personas con VIH, las personas reclusas y los pueblos indígenas. De acuerdo con OMS, 60% de los casos en 2017 correspondía a personas con VIH; pero, entre 2011 y 2015, se intensificaron en la población carcelaria, aumentando 833%52. Entre 2017 y el primer semestre de 2018, Una Ventana a la Libertad registró un incremento de 18 a 54 personas reclusas fallecidas por tuberculosis, falta de atención médica y desnutrición en centros de detención preventiva bajo custodia y responsabilidad del Estado, los cuales presentan condiciones inhumanas con un hacinamiento de 300% y falta de alimentación, salud e higiene personal. El peso de estos casos, pasó de 18% a 33%, en el total de defunciones registradas durante el período53.
En 2016 inició un brote de Difteria en los estados Bolívar y Monagas, luego de dos décadas sin casos notificados54. El personal de salud55 y las sociedades científicas56 denunciaron la reaparición de la enfermedad y 17 defunciones infantiles en abril de 2016, que desestimaron las autoridades nacionales y regionales. De septiembre de 2016 a agosto de 2018, la Difteria se transformó en epidemia, subiendo de 320 a 1.217 casos confirmados de 1.992 sospechosos y se extendió a 20 estados del país con 168 personas fallecidas, en su mayoría niños y niñas57. El primer caso de Sarampión se confirmó en 2017. Desde ese año hasta septiembre de 2018, los casos aumentaron de 727 a 5.332 confirmados, sobre 7.370 sospechosos en total, en todos los estados del país con 64 defunciones y una mayor incidencia en los estados Delta Amacuro, Distrito Capital y Amazonas58. Las bajas coberturas de vacunación son su principal causa. En la ENCOVI 2017, 54% de los niños no había recibido la primera dosis contra Sarampión y a 30% le faltaba las vacunas contra la Difteria59.
El gasto público en salud de Venezuela representa 1,5% del PIB. Este gasto es 75% inferior al 6% recomendado por la OMS y está ubicado en el último lugar de América Latina y el Caribe, a una distancia de 40,5% por debajo del 3,7% en promedio que destinan los países de la región66. Venezuela es el único país que retrocedió a menos de lo que gastaba en 1995, año donde era 1,8% del PIB. La mayor caída de recursos ocurrió entre los años 2007 y 2014, período en el cual disminuyeron 40%, luego de haber alcanzado un máximo de 2,5% del PIB en 200767. La reducción del presupuesto público para la salud por tantos años se ha hecho a expensas de mantener altos niveles de “gasto de bolsillo'68 cargados al presupuesto de las familias. El pago por medicinas y servicios médicos en 2014 fue 64,3% del gasto familiar en salud, siendo uno de los más altos del mundo y el mayor de América Latina y el Caribe, en 59% superior al promedio regional69.
El gobierno ha venido otorgando títulos a más de 20.000 médicos integrales comunitarios  ( MIC )  y 12.000 médicos generales62, sin haber cursado los programas de formación de las facultades de medicina ni hacer revalidas en las universidades públicas que acreditan a todos los médicos en Venezuela.
De 2012 a 2017, las importaciones cayeron 70% sin previsión ni plan de contingencia. Los cuantiosos recursos extraordinarios que recibió Venezuela en divisas, bajo control del Estado desde 2003, se utilizaron para privilegiar las importaciones antes que la producción interna. En el sector salud, las importaciones alcanzaron 95% del abastecimiento en medicinas, insumos, materias primas70, equipos y repuestos. Estos niveles de importación se mantuvieron a través de endeudamiento y, a partir de 2010 el gobierno fue reduciendo la asignación de divisas a las empresas importadoras, hasta detenerlas en el año 2017, dejando una elevada deuda sin cancelar71. En 2018, 74,5% de estas empresas había cerrado72, así como la mayoría de los laboratorios internacionales73. Entre 2012 y 2016, el recorte de divisas para importaciones del sector salud fue de 70%74, precipitando una extensa y grave escasez sin ninguna previsión ni plan de contingencia. Entre 2016 y 2017 las importaciones para bienes esenciales cayeron 37%, siendo salud el sector más afectado75.
La escasez de medicamentos en farmacias es de 85% y en hospitales de 88%. Entre los años 2014 y 2018, el consumo de medicinas bajó de 22 a 1,5 unidades per cápita. Hasta 2018, las empresas de la industria farmacéutica nacional reportaban una caída de la producción interna de medicamentos entre 60% y 70%, debido a los excesivos recortes en la asignación de divisas para la compra de materia prima, 98% de la cual es importada76, así como la pérdida de aproximadamente 60% de los trabajadores de la industria77. Entre los años 2016 y 2018, la red de farmacias privadas registró una escasez de medicinas en sus anaqueles que osciló entre 80% a 85%78. En 2016 cerraron 40 farmacias, en 2017 habían quebrado 125 y, en 2018, se esperaba el cierre de 100 más79. En los hospitales, la escasez de medicinas aumentó de 55% a 88% entre los años 2014 y 2018, de acuerdo con los datos proporcionados por la V Encuesta Nacional de Hospitales  ( ENH 201880 ) . Entre 2016 y 2018, las políticas oficiales se han limitado a medidas de racionamiento en la distribución de medicinas, cuyo acceso está sujeto a criterios y condiciones de carácter político81.
Según la ENH 201889, 71% de las salas emergencia en los hospitales públicos no prestaba servicios de manera regular, 22% había dejado de funcionar y 53% de los quirófanos en 730 pabellones, se encontraba cerrado. La severa interrupción de los servicios de emergencia y cirugía obedece al elevado deterioro de las instalaciones, el gran número de equipos averiados, la extrema escasez de insumos y medicinas, el cierre o parálisis de laboratorios y la falta de personal médico y de enfermería. La ENH 2018 también reportó fallas en 97% de los tomógrafos, 94% de los servicios de Rayos X y 86% de los servicios de ecografía; así como escasez de 84% en catéteres y sondas y 79% en material médico quirúrgico. En el principal Hospital Cardiológico Infantil G.R. Ochoa, las cirugías disminuyeron 42%90. Hasta 2016, se estimaba una deuda quirúrgica de 450.000 personas91. En 2017, el gobierno implementó un Plan Quirúrgico Nacional para cirugías menores y esterilizaciones92, dejando sin atender a quienes están en espera de cirugías complejas y urgentes93.
100% de laboratorios presentan fallas severas para realizar pruebas diagnósticas y 69% de los bancos de sangre no pueden garantizar tratamientos de transfusión seguros. Casi 100% de los laboratorios del sector público no pueden pruebas de rutina ni de emergencia frente a un 90% de escasez de reactivos, repuestos para equipos, insumos y materiales básicos como tubos de ensayo, inyectadoras, algodón, alcohol, guantes y recolectores de muestras94. En 2018, 38% de los laboratorios estaban técnicamente cerrados95 y 69% de los bancos de sangre que hacían pruebas serológicas a donaciones no contaban con reactivos e insumos para tamizaje de enfermedades transmisibles como hepatitis B, hepatitis C, VIH, enfermedad de Chagas, sífilis y virus linfotrópico humano. Las extremas carencias de laboratorios y bancos de sangre son la principal causa de la suspensión de cirugías96 y no permite garantizar tratamientos transfusionales seguros a personas con anemia, cáncer, problemas renales y hematológicos, entre otros, así como realizar otro tipo de exámenes, y el almacenamiento y transporte de la sangre y hemoderivados97.
Los sistemas de vigilancia epidemiológica y ambiental han decaído, aumentando los sub registros y los vacíos de información sobre los graves problemas en la situación de salud. El menoscabo y destrucción de las capacidades sanitarias a nivel nacional afecta también los alcances y calidad de los datos que recogen los sistemas de vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental, lo cual aumenta los niveles de sub registro de mortalidad y morbilidad y los vacíos de información sobre sus causas y patrones. Además, estos sistemas han perdido capacidades para el control, investigación y seguimiento de casos por la ausencia de transporte terrestre y aéreo, y de presupuesto para gastos logísticos, trayendo como consecuencia que los equipos de trabajo no puedan realizar actividades en terreno de supervisión e inspección de establecimientos de salud, visitas a comunidades, traslado de muestras, control de vectores, aguas y residuos sólidos, así como la distribución de vacunas, medicamentos y material médico quirúrgico. A esto se suma en 2018, la falta de formas de papel para suministrar a las familias actas de nacimiento100 y defunción101.
El colapso de servicios básicos a nivel nacional agrava los problemas de saneamiento de los centros de salud públicos, la mayoría con precarias condiciones de infraestructura. En 2018, la ENH encontró que 79% de los hospitales públicos carecía de suministro regular de agua, lo cual genera serios problemas de higiene y falta del líquido para la hidratación y alimentación de las personas hospitalizadas. Entre 2012 y 2017, las denuncias por escasez de agua subieron 8 puestos en los problemas que presentan los hospitales públicos monitoreados por Provea anualmente98. Los cortes de luz, intensificados los dos últimos años por la caída de las capacidades de energía eléctrica en el país, también constituyen un aspecto de enorme preocupación dado que al menos 33% de los hospitales públicos no cuentan con plantas para mantener encendidos equipos de soporte vital en caso de fallas dentro de áreas críticas como emergencias, quirófanos y unidades de cuidado intensivo99.
Entre enero y agosto de 2018, el OVCS registró 296 protestas pacíficas del personal de salud y personas afectadas por la escasez de medicinas y las graves fallas de la atención médica102. Quienes denuncian y ejercen la protesta pacífica están sometidos a prácticas de intimidación y represalia por autoridades públicas, cuerpos de seguridad y grupos de civiles violentos. Entre 2015 y 2018, varios médicos fueron interrogados y amenazados de acusaciones penales por denunciar103 e incluso publicar trabajos de investigación que documentan muertes por la grave situación dentro de los hospitales104; directores de hospitales han sido suspendidos de sus cargos por pronunciarse ante el precario estado de sus centros de salud105; trabajadores del personal de salud han sido agredidos y privados de libertad por protestar y exigir respuesta a reclamos laborales106; periodistas y medios de comunicación han sido censurados y bloqueados en sus páginas web por investigaciones periodísticas, entre las cuales destacan las de salud107; y defensores han sido objeto de campañas de descrédito a causa de su trabajo108.
El director del hospital de San Antonio dejó claro que las limitaciones en recursos e insumos no han paralizado al centro de salud. “Estamos trabajando con lo poco que tenemos, y estamos brindando la atención con el personal médico y de enfermería que todavía da la cara', recalcó
La alcaldía del municipio Bolívar, en conjunto con la Unicef, tiene previsto la construcción, a corto plazo, de una nueva batería de baños, con 20 piezas sanitarias, duchas y espacios especiales para personas con discapacidad
Las estadísticas oficiales sobre la situación de salud y rendimiento de los establecimientos sanitarios desaparecieron completamente en 2016. Desde 2013 no se publican los anuarios de mortalidad y en 2016 se suspendió el acceso a los boletines epidemiológicos y muertes de notificación obligatoria. En 2018 se eliminó la página web del Ministerio de Salud donde estas estadísticas se publicaban. Desde 2016 tampoco se presentan las memorias de gestión y presupuesto público al parlamento nacional. Numerosas denuncias señalan la orden de no registrar causas de enfermedades y muertes en centros de salud públicos que perjudiquen al gobierno. En 2018, se eliminó el Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades  ( CEVECE ) , que velaba por la integridad y calidad técnica de los registros y estadísticas epidemiológicas y de salud109. Las autoridades sanitarias han informado internacionalmente sobre una extensa red de establecimientos públicos de salud sin proporcionar datos sobre sus reales condiciones de funcionamiento y capacidades de respuesta.
La destrucción y contaminación de cuencas y acuíferos, impide el acceso a fuentes del recurso hídrico, incluso en espacios supuestamente "libres de contaminación", como zonas rurales o la propia Orinoquia y la selva amazónica venezolana, cuya tasa de deforestación es una de las más altas del mundo; transformando pulmones vegetales en lugares de destrucción de la vida y su biodiversidad, e impactando a poblaciones y etnias originarias, ya de por sí vulnerables.
Concretamente en el Hospital Infantil J.M. de los Ríos, un hospital de referencia tipo IV ubicado en Caracas, se puede anotar: "El 70% de las muertes se debe a sepsis, infección respiratoria y diarrea..." y "El problema más grave es el sistema de tuberías de aguas servidas, las cuales, están percolando en 30% del área del hospital. El servicio de Oncología está cerrado porque las aguas servidas de pisos superiores se filtran hasta su nivel, estando ubicado debajo de Emergencia y Cuidados Intensivos.
Un gran número de niños, niñas y adolescentes solo asiste a la escuela luego de cerciorarse que han llegado alimentos o dejan de asistir por no poder llevar comidas que complementen lo que suministra el Programa de Alimentación Escolar  ( PAE ) .
Desde la presentación de mi informe a este Consejo el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región.
En 60% se ha incrementado el abandono del sistema escolar. Existe más de 1.000.000 de niños desescolarizados, afectando la calidad de vida actual e incrementando la entronización de la pobreza. Según declaraciones oficiales, en el año escolar 2016 2017 se redujo la matricula en 250.000 alumnos3 y se estima que el 40% de los alumnos culmino el año escolar 2017 2018. En cuatro estados de país, la matrícula 2018 2019 fue inferior a 60% en 50% de las escuelas4. Son sus principales causas la incorporación al trabajo de los estudiantes para ayudar a sus familias, la cantidad de niños y niñas que son puestos al cuidado de otros familiares o de sus propios hermanos debido a la migración masiva, capacidad económica para escolarizarlos.
En el año escolar 2016 2017, 69 % de las escuelas dejaron de proveer desayunos12. En estas comidas solo se suministra verduras o carbohidratos, sin proteína, careciendo del nivel mínimo de calorías y nutrientes. Lácteos como el queso están ausentes, mientras que la leche es consumida una vez cada tres meses en promedio.
Se ha elevado significativamente el riesgo para grupos vulnerables en la escuela. La mayoría de los planteles no cuenta con materiales ni docentes preparados para atender alumnos con discapacidad y el embarazo precoz ocurre en 5% de las alumnas.
En 75% se ha incrementado la violencia dentro de las escuelas por crimen organizado, micro tráfico de drogas, violencia de odio y agresiones a estudiantes y docentes. En un número significativo de planteles de 6 estados, directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo son amenazados por estudiantes armados, quienes consumen y trafican drogas30 y pertenecen a grupos delictivos quienes permanecen en impunidad pues los organismos de seguridad no hacen presencia a pesar de las denuncias realizadas.
Todos tienen mucho que contar en unas instalaciones que no se dan abasto frente al gran número de venezolanos, de diversas regiones del país,que visitan constantemente esta zona con intenciones migratorias o para adquirir productos de primera necesidad en Colombia y, ante cualquier emergencia de salud, acuden como primera instancia a este centro.
Der ser un hospital tipo 2, cuya capacidad de atención no debe ser mayor a las 600 personas, según informó José Villasmil, director del sanatorio, pasó a recibir a más de 1.000 pacientes diariamente, producto del masivo flujo de venezolanos que circulan ahora por la frontera. “Nos hemos excedido de nuestra capacidad', apuntó el médico, quien destacó el gran esfuerzo que hacen los galenos por cumplir con su trabajo.
Los fines de semana el escenario puede ser mucho más alarmante. Los sábados han llegado a tener alrededor de 3.000 pacientes, “la mayoría de ellos son personas de tránsito', que arriban para ser atendidas por cualquier tipo de enfermedad o emergencia. Cuando la medicina no la tienen en los diversos consultorios, el paciente  o quien le acompañe  debe buscar la forma de conseguirla en alguna farmacia.
De la cifra mensual, la institución estima que 70.000 usuarios entran y salen del puerto semanalmente, mientras que 9.000 frecuentan sus instalaciones a diario. Este dinamismo, con incremento en los últimos años, se observa desde las primeras horas de la madrugada, cuando empiezan a arribar los diversos autobuses provenientes de otras regiones.
El alcalde del municipio Bolívar, Willian Gómez, señaló que la actual movilidad que registra el terminal llevó a su equipo de trabajo a implementar estrategias para las mejoras de las instalaciones. En primer lugar, “el índice delincuencial en los alrededores y dentro, es cero', aseguró en entrevista concedida en su despacho.
Además de los usuarios, el terminal lo frecuentan grupos de trabajadores, formales e informales. 16 son los empleados de la alcaldía que laboran allí, mientras otras 6.000 personas lo hacen indirectamente. Hay carretilleros, mototaxistas, taxistas, vendedores de comida rápida, de desayunos, de almuerzos y de café. También están los conductores y quienes actúan como colaboradores para atraer a los usuarios a las diversas agencias que emiten pasajes.
De su labor, lo que lamenta es enfrentare a las pésimas vías de comunicación. “Deberían arreglarlas, porque los carros sufren. En cuanto a la inseguridad, aquí en el terminal no se ve, es muy tranquilo; el peligro está en otros, como el de Valencia', añadió.
“Acá trabajamos para cumplir con los pasajeros, que logren embarcarse en las rutas buscadas', aseveró. Dijo que anteriormente la gente que entraba a la jurisdicción se bajaba de la unidad en cualquier esquina; “eso cambió, se acabó la anarquía, ahora deben llegar al terminal'.
El agua de pozo se ha popularizado en la frontera de San Antonio del Táchira. Solo en el barrio Lagunitas existen cuatro puntos de llenado que surten a las comunidades que van a esa zona, cercana al río Táchira, con sus tobos o cualquier tipo de envase, y a los camiones cisterna que laboran en la ciudad
Quienes se estacionan con sus camiones deben cancelar 1.000 pesos o su equivalente en bolívares, por cada mil litros. El proceso solo tarda minutos, ya que el caudal de agua del pozo que fluye por las tuberías permite que los interesados puedan abastecerse rápidamente.
Sin duda los venezolanos están viviendo un viacrucis por culpa de la mayor crisis que afronta el país. Las historias que muchos connacionales comparten más allá de las fronteras no dejan de ser menos que dramáticas, todo por tratar de conseguir un futuro mejor.
El Gobierno también se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales, y mi Oficina ya ha remitido 27 casos prioritarios que esperamos se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de algunos detenidos. Además, el Gobierno está avanzando con respecto a su invitación al país a diez Procedimientos Especiales en los próximos dos años.
sta es la historia de Víctor Antúnez, un joven de 24 años de edad, quién construyó su humilde hogar debajo del Puente Internacional Simón Bolívar. Allí pasa la noche con su hijo de dos años y su esposa. Antúnez, oriundo del estado Zulia, expresa que su sueño es ser boxeador profesional para salir adelante, y que en Colombia, se dedica “a las trochas'. “Desde hace dos meses y medio estoy viviendo aquí porque no me da la base para pagar el arriendo', expresó Entre tablas, maderas, cartón y colchones es la pieza que Antúnez comparte con su familia, y que se vino de Venezuela porque “la situación allá en Venezuela está durísimo  ( … )  mientras esté haciendo aquí billete estoy bien
El Grupo de Lima presentará una nueva resolución sobre la crisis de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas  ( ONU ) , informó este martes 10 de septiembre, Silvia Elena Alfaro Espinosa, representante diplomática de Perú
“Adjetivos como grave, seria, profunda, no alcanzan para describir la crisis en Venezuela, el único país del mundo en el que sin existir un conflicto armado genera el segundo mayor número de refugiados e emigrantes en el mundo', dijo. Alfaro Espinosa afirmó que más de 4 millones de venezolanos han salido desesperanzados del país desde 2015 para escapar del hambre, de la crisis en los servicios médicos y del miedo en el que vivían constantemente. Añadió que todos los hechos quedaron registrados en la actualización del informe sobre Venezuela presentado por Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En Boca del Grita es la misma situación. Ha crecido, pero la economía informal, porque los vendedores quieren ganar pesos del lado venezolano. Esa zona está “colombianizada', es plena frontera. Todo el mundo quiere irse a esa zona a vender cualquier rubro, porque es allí donde está el dinero, los pesitos, y ahora más que bajó la moneda  ese día el bolívar se cotizó a 0.13 .
El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones*.
La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales  ( FAES ) , en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad', en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.
Por otro lado, la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.
El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. Si bien la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.
La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos. A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno.
El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados. “La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, …ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra', señala el documento
Alrededor de 3,2 millones de niños de Venezuela necesitan ayuda humanitaria debido a que las condiciones en todo el país continúan deteriorándose', dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “Estamos intensificando nuestro trabajo para ayudar a los niños y las familias que luchan contra la escasez de alimentos y el acceso limitado a servicios esenciales como la atención de la salud, el agua potable y la educación'.
Por lo menos 4,3 millones de personas no tienen acceso a agua potable en toda Venezuela; han resurgido enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión y la difteria, mientras que la fiebre amarilla y el paludismo están en aumento. Se calcula que 1,3 millones de niños y adolescentes necesitan servicios de protección, mientras que más de un millón de niños no asisten a la escuela.
Desde 2018, UNICEF ha enviado a Venezuela cerca de 200 toneladas de suministros básicos de salud, nutrición, educación y agua y saneamiento.
En lo que va de año, UNICEF y sus aliados sobre el terreno han ayudado a más de 180.000 personas a obtener acceso al agua potable, han proporcionado a más de 60.000 niños acceso a materiales de aprendizaje y han suministrado suplementos de micronutrientes a 76.000 niños menores de cinco años, así como a mujeres embarazadas y lactantes.
Al día de hoy, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación.
En este contexto, el 8 de agosto pasado expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto  ( over compliance )  del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas.
Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35 por ciento de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados.
En relación con el derecho a la salud, me preocupa particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400,000 personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Adicionalmente, debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera. Un paso positivo es que según la Organización Panamericana de la Salud se ha ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.
Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional   conocidas como FAES   en algunos barrios del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno.
Uno de los factores que incide sobre la calidad de vida de las familias venezolanas es la cobertura: la continuidad del agua que llega por tuberías. Según datos extraídos de los registros del INE, la ENH y la Encovi, en 2001, 85% de las viviendas contaba con el suministro a través de los sistemas regulares; en 2018, esta proporción bajó a 77%. El economista afirmó que esa caída de casi 10% significa que se triplicó la cantidad de casas sin servicio.
En el mes de julio, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena en contra de un miembro de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional  ( SEBIN )  por el homicidio de Bassil Dacosta, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas anti gubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego durante las manifestaciones convocadas por la oposición en 2017. Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas.
Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados.
Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente. Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto.
Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.
Me preocupan las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria.
Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos.
La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición.
Según las últimas cifras de Naciones Unidas hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo. Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, Representante Especial del Secretario General para los refugiados y migrantes venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular, las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación. Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redoblo mi pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Mi Oficina ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe.
Me preocupa la información recibida por mi Oficina según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi último informe a este Consejo, fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación. Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención.Mantengo la certeza de que las recomendaciones de mi informe puedan servir como una guía para superar la actual situación. Mi Oficina seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que seguirá monitoreando y reportando.
Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación. Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad internacional está impulsando.