nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
He said that, despite suffering from continued attacks and stigmatization, the majority of former FARC EP combatants are committed to Colombia's peace process. Many are working alongside their families and communities to withstand the health and economic impacts of the COVID 19 pandemic.
Otros indicadores como el IPC, ISE, han empezado a mejorar mes a mes,¿eso es que la economía está recuperándose? Por el momento lo que podemos decir es que tocamos fondo. Creo que las estadísticas que tenemos a la fecha, que tienen que ver con la contracción de empleo, la que vino en agosto fue 44% de la contracción en abril y la expansión de desempleo a menos de 60% de la que vimos en junio, muestran que fue el mercado laboral el que tocó fondo. La gran señal que debemos plantear es a qué velocidad saldremos de ese fondo. El mercado laboral muestra señales alentadoras pero hay elementos preocupantes que deben ser tenidos en cuenta por política pública, como la informalidad.
En julio, las ventas reales del comercio minorista registraron una variación anual de  10,0% respecto al mismo mes de 2019. Excluyendo las ventas de combustibles el crecimiento real del comercio minorista se ubicó en  7,3%, mientras que el crecimiento de las ventas excluyendo vehículos se ubicó en  7,6%.
The Dominican Republic's representative also voiced concern about continued attacks against human rights defenders and women leaders, urging the parties to redouble their commitment to the Peace Agreement's gender elements.
Entonces, ¿cuál es el ADN del desempleado? El mayor aporte de esa población desempleada entre mayo y agosto, casi 70% fueron personas con nivel de educación media, y que tiene componentes vocacionales, es la que más está llamada a ser el vendedor de una tienda de abarrotes, el cajero de un supermercado, el vendedor de una tienda de ropa, o ferretería. El hecho de que el sesgo fue sobre las actividades de comercio, que aportan en la pandemia la mayor cantidad de contracción la ocupación, lleva que esos desempleados subieran 70%. Entonces su mitad es educación media y son esas personas llamadas a ser jóvenes y mujeres de bajo capital humano, que están sobreexpuesto en tareas de servicio doméstico, al comercio, asistencia educativa en jardines infantiles, etc. Y buena parte de esa población está concentrada en las ciudades.
El índice de precios al consumidor  ( IPC )  registró una variación anual en agosto de 1,88%, mientras que hace un año esta variación fue de 3,75%. En este mes la inflación mensual fue de  0,01%, inferior a las expectativas de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo  ( 0,04% ) .
En agosto, la inflación de regulados, no transables, alimentos y transables disminuyó 5,2, 1,8, 1,3 y 0,6 pps respecto al mismo mes del 2019. Ubicandose respectivamente en  0,45%, 1,74%, 4,18% y 0,93%.
El índice COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia cerró el pasado 31 de agosto en 1.216,03 puntos, con una desvalorización interanual de 22,0% y una valorización intermensual de 7,2%.
Tenemos que ser cuidadosos de la recuperación de esos puestos de trabajo. La población ocupada, entre a abril y agosto es 3,2 millones más en situación de ocupación, pero ese incremento está en una parte asociada al hecho de que hay algunas contracciones de la población ocupada que se han venido mitigando. Hemos llamado nuevamente a personas que estaban confinadas en el trabajo, o quienes estaban confinadas, pero eran informales, ellas han vuelto a prender motores.
El economista también resaltó que, sin disciplina social no habrá una mejora de la economía, y que, de hecho, es un problema que 33% de los colombianos no vean como preocupante contagiarse de covid 19.
Introducción El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID 19 como pandemia e instó a los países a tomar estrategias de contención y prevención1. En consecuencia, se decretaron medidas estrictas para mitigar el contagio y esto conllevó a una recesión económica mundial, con efectos en desempleo, disminución de ingresos y aumento de la pobreza2. En la región de América Latina y el Caribe, una de las poblaciones más afectadas por los efectos secundarios de la pandemia incluye a migrantes y refugiados venezolanos.
Preocupa la situación del centro carcelario del municipio de Granada debido al contagio de 10 guardianes del INPEC y la muerte de uno de los reclusos por el COVID 19.
Se presentan casos de personas de las comunidades indígenas del municipio de Mapiripán con enfermedades debido a la mala calidad del agua
Continúan las afectaciones multisectoriales de población afrodescendiente e indígena por parte de los GAO que tienen presencia en el territorio. A la fecha, Chocó es el segundo departamento con más emergencias humanitarias durante el 2020 y a nivel municipal, Alto Baudó es el segundo municipio con más eventos por desplazamiento  ( 8 )  y Bojayá, el primer municipio a nivel nacional con más eventos por confinamiento  ( 7 )
La legislación colombiana prevé la ayuda funeraria para la población vulnerable, sin distinción de nacionalidad, en el Decreto 1333 de 1986 por el cual se expide el Código de Régimen Municipal sobre la conformación de las Alcaldías.En sus artículos 268 y 269 señala que se debe disponer de este gasto para los municipios a fin de establecer una ayuda de servicios funerarios para personas de escasos recursos. Sin embargo, esto no se cumple en la mayoría de los municipios, ya que depende en gran medida del presupuesto que tengan.
más del 90% de los empleados domésticos reportados son mujeres. Además, es evidente cómo a partir de abril, este tipo de ocupación cayó y no ha podido alcanzar el nivel previo a la pandemia, lo que significa que estas mujeres seguramente han pasado a la informalidad, el desempleo o la inactividad y han dejado de percibir ingresos. Aunado a lo anterior, de acuerdo con Corewoman  ( 2020 ) , alrededor del 70% de las empleadas domésticas son jefes de hogar, lo que significa que en un contexto de confinamiento como el actual deben dedicar la mayor parte de su tiempo a trabajos de cuidado. Por otro lado, alrededor del 60% del trabajo en el hogar no remunerado lo realizan mujeres  ( Gráfico 9, panel B ) , lo que significa que son ellas en su mayoría quienes continúan haciéndose cargo de los oficios de manutención del hogar además del cuidado de niños y adultos mayores.
Desde enero, el país ha sido testigo de65 masacres, en las que han muerto 260 personas. A pesar de luchar también contra la pandemia de coronavirus, el nivel de violencia ha aumentado rápidamente: el número promedio de masacres mensuales se ha duplicado de cinco en la primera mitad del año a 11 en los últimos tres meses.
Ongoing killings must end, vulnerable individuals and groups must be protected and those responsible for violations should be prosecuted.
Más de la mitad de las personas mayores encuestadas  ( 55% )  vivían con una discapacidad12  ( 61% mujeres y 48% hombres ) .
La nueva versión del certificado de movimientos migratorios en línea, la cual está dirigida solo a ciudadanos colombianos mayores de edad,
La mayoría de los hogares acceden a vivienda bajo la modalidad de alquiler de habitación o casa, este grupo representa el 82% de los hogares encuestados. Tan sólo un 10% residen en la casa de alguien más, y un 1%  ( 19 hogares )  se encuentran en situación de calle.
En la actualidad, cerca del 37% del total de ciudadanos venezolanos radicados en Colombia, ‪1.788.380‬, cuenta con el PEP.
Del 6 de julio al 14 de agosto de 2020, los más de 281 mil ciudadanos venezolanos titulares de un Permiso Especial de Permanencia  ( PEP–RAMV )  cuya fecha de vencimiento está próxima a cumplirse, podrán iniciar su proceso de renovación ante Migración Colombia.
De acuerdo con laResolución 0918, del 19 de marzo de 2020, a partir de la fecha se suspenderá, de forma provisional, el conteo del tiempo para los Salvoconductos de Permanencia, las Prórrogas de Permanencia y el Permiso Especial de Permanencia  ( PEP ) .
Los problemas de movilidad de las mujeres mayores pueden ponerlas en riesgo de abuso y aislamiento.
El 21% de los encuestados dijeron que tenían dificultades para recordar a menudo o todo el tiempo y el 14% dijeron que tenían dificultades para recordar muchas cosas o casi todo. El 14% dijo tener dificultades para comunicarse
El 60% de los encuestados dijeron que estaban cuidando a niños y niñas. Si tienen que enviar a los niños y niñas, que están bajo su cuidado, a recoger agua para ellos, pueden exponerlos a otros riesgos de protección y seguridad.
El 45% de los encuestados dijo que había tenido que recurrir a vías extremas para hacer frente a la vida, como la mendicidad, para satisfacer sus necesidades básicas
Más de la mitad de los encuestados  ( 53% )  dijeron que eran migrantes. Casi una cuarta parte  ( 23% )  se identificó como retornados, 15% como refugiados, 8% como miembros de la comunidad de acogida y 3% como solicitantes de asilo.
25% de los hogares declaró que no tiene asegurado un lugar en donde vivir el próximo mes. El 17% ha cambiado su lugar de vivienda desde que iniciaron las medidas de aislamiento. El 63% porque no tienen capacidad de pago, el 17% por problemas con el propietario y el 13% por vencimiento de plazo para ocupar la vivienda.
El 24% de los hogares ahora depende en mayor medida de asistencia de parte del Gobierno u otras organizaciones, así como de apoyo de comunidad, amigos y familia  ( antes lo hacía el 12%, ver gráfica 13 ) , donde cabe resaltar la percepción de solidaridad entre miembros de la comunidad, aportando con algún tipo de apoyo  ( p.ej. mercados )  a las familias venezolanas que lo necesitan.
Dado que la visión y la movilidad son las áreas clave de preocupación para las personas mayores en esta encuesta, existe evidencia clara de que las gafas y las ayudas para la movilidad han estado disponibles para satisfacer sus necesidades, pero en su ubicación actual, los productos de asistencia pueden no estar disponibles y pueden aumentar su nivel de dependencia y aislamiento en la comunidad.
Casi dos tercios de los encuestados  ( 65% )  dijeron que dependían de su familia para satisfacer sus necesidades básicas. El 10% dijo que podía hacer frente sin ningún tipo de apoyo adicional, el 80% dijo que podría hacer frente a la ayuda y un 10% dijo que no podía hacer frente en absoluto.
Los cambios de comportamiento más comunes fueron limitar la cantidad o calidad de los alimentos, pedir dinero prestado, limitar el consumo de alimentos para priorizar a los niños, trabajar para obtener bienes, vender propiedades u objetos de valor y reducir el gasto en artículos no esenciales  ( como artículos de higiene )
El equipo entrevistó a 107 personas mayores de la Casa del Abuelo, de las cuales el 63% eran mujeres y el 37% hombres. De estos, el 23% se identificó como personas provenientes de Venezuela, y el 77% como colombianas. El 9% dijo que eran miembros del grupo étnico Wayúu.
Sin embargo, aunque cerca de 60.000 personas de Venezuela utilizaron servicios de salud entre el 1 de marzo de 2017 y el 30 de noviembre de 2019, el 31% de los encuestados  ( 34% hombres y 28% mujeres )  dijeron que no tenían acceso a los servicios de salud.
El pueblo Wayúu es conocido por la artesanía, y las bolsas tejidas llamadas "mochilas" son artesanías apreciadas en diferentes mercados de Colombia y el mundo. Las personas mayores a menudo participan en la fabricación de artesanías como parte de su tradición cultural. Siendo las mujeres las que usualmente tejen.
El patrón de enfermedad fue similar para mujeres y hombres, con condiciones clasificadas en el mismo orden. Sin embargo, significativamente más mujeres dijeron que tenían dolores y molestias en las articulaciones, hipertensión y problemas gastrointestinales, y más hombres tenían problemas cardíacos.
Las personas mayores con discapacidad clasificaron las mismas condiciones en el mismo orden. Sin embargo, más personas mayores con discapacidades  ( 60% )  dijeron que tenían al menos una condición de salud, y significativamente más  ( 67% )  dijeron que tenían dolores y molestias en las articulaciones.
Los problemas cardíacos fueron reportados por el 12% de los que tenían entre 50 y 59 años, y aumentaron al 18% de los mayores de 80 años. Tanto los problemas respiratorios como los problemas cardíacos fueron reportados por mujeres y hombres en cada cohorte de edad. Uno de cada cuatro encuestados  ( 26% )  dijeron que vivían con más de una condición de salud  ( 27% hombres y 24% mujeres ) .
El acceso parece mejorar con la edad. Los encuestados que dijeron que no podían acceder a los servicios de salud incluían un 40% de los mayores de 50 a 59 años, alrededor del 30% de los de 60 a 79 años y sólo el 9% de los mayores de 80 años.
Las tasas de discapacidad aumentan con la edad. Entre las personas con discapacidad, el 39% tenía más de 70 años, frente al 29% de 60 a 69 años y el 32% de 50 a 59 años. De las 204 personas mayores con discapacidad encuestadas, el 54% eran venezolanas y el 46% colombianas.
El 4% dijo que no podía hacer frente a su situación, sin embargo, es importante reconocer que una cierta proporción de personas mayores encuestadas pueden hacer frente sin apoyo adicional  ( 27% )  y con un poco de apoyo adicional de otros el 71% dijo que podría hacer frente. Sin embargo, dado que el 60% de las personas mayores encuestadas dijeron que estaban cuidando a los niños, estos hallazgos ponen de relieve la importancia de establecer fuertes mecanismos de apoyo para las personas mayores, en particular los cuidadores mayores, para ayudarles a hacer frente a su situación actual y mejorar su sensación de bienestar.
El 3% de las personas mayores encuestadas  ( 35% mujeres y el 25% hombres )  dijeron que se sentían agotados o muy cansados la mayoría de los días. El 28% dijo que sentía dolor todos los días o la mayoría de los días  ( 37% de las personas con discapacidades ) .
Ingresos Una alta proporción de encuestados  ( 77% )  dijo que actualmente no tenía ingresos. Más de la mitad  ( 53% )  dijo que había pedido dinero prestado desde que comenzó la crisis. Una gran mayoría  ( 85% )  dijo que podrían usar efectivo de forma segura si se les proporcionara.
Una gran mayoría de los encuestados  ( 82% )  dijeron que habían realizado al menos un cambio en su comportamiento para satisfacer sus necesidades básicas. Los cambios más comunes fueron limitar la cantidad o calidad de los alimentos, pedir dinero prestado, limitar el consumo de alimentos para priorizar a los niños, trabajar para conseguir alimentos, el alojamiento, etc., confiar más en el apoyo familiar y gastar menos en artículos no esenciales  ( como artículos de higiene )
Las razones que dieron las personas mayores por no poder acceder al agua potable incluyen que los puntos de agua están demasiado lejos  ( 29% ) , no hay ningún lugar para almacenar agua  ( 25% ) , no pudieron llevar agua de vuelta a su alojamiento  ( 14% )  y no había suficiente agua potable  ( 11% ) .
En promedio, la situación era peor para las mujeres mayores que para los hombres. Por ejemplo, el 87% de las mujeres mayores dijeron que no tenían acceso a instalaciones de lavado de manos, en comparación con el 80% de los hombres.
Más de dos tercios de los encuestados de la muestra de hogares de cuidado  ( 68% )  dijeron que tenían un documento de identidad civil válido, el 29% dijeron que tenían "otro" documento y el 3% dijeron que no tenían ningún documento.
La seguridad fue una preocupación importante en términos de acceso a las instalaciones de baño  ( 62% ) , instalaciones para lavarse las manos  ( 80% )  y baños  ( 70% ) . Además, el hecho de que el 20% de los encuestados dijeran que tenían problemas gastrointestinales y el 24% tenía dificultades para caminar, pone de manifiesto que cualquier instalación de agua, saneamiento e higiene, que no esté dentro o cerca de su alojamiento estará demasiado lejos para acceder.
En Colombia, durante el 2019 fueron desplazados forzadamente por la violencia más de 25.000 personas, según el reporte de fin de año del Gobierno Nacional. De ellas, 8.000 eran familias en su mayoría pertenecientes a la región del Chocó.
El 51% de los hogares migrantes no tiene una cama para dormir y el 80% no tiene acceso a un refrigerador.
El departamento de Córdoba presenta diferentes situaciones humanitarias relacionadas con el conflicto armado y con la violencia generalizada que afectan a la población civil, tales como: amenazas y homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos, control social y violencia sexual basada en género  ( VBG ) . Actualmente, la dinámica de la violencia armada en la región se atribuye a la disputa territorial a través del control social por parte de los Grupos Armados Organizados  ( GAO ) 5; así mismo, la relación con los intereses de estos en los corredores estratégicos para el desarrollo de sus economías ilícitas  ( extorsiones, minería ilegal, cultivos ilícitos ) , principalmente en los lugares que dejaron las FARC EP, luego de su proceso de agrupamiento y desmovilización en el marco del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional.
8. Desastres naturales: Según cifras reportadas por la oficina departamental de gestión de riesgos y desastres, durante el primer semestre de 2020 han resultado afectadas 4 familias y 20 personas por erosión costera en el municipio de Moñitos, se han reportado eventos de incendios en los municipios de Chinú, Ciénaga de Oro, Ayapel, Cereté, Tierralta y San Antero, de los cuales han sido afectadas 441 hectáreas de cobertura vegetal. Además, 3 familias para un total de 15 personas han sido afectadas en los municipios de San Pelayo, Ayapel y Canalete, producto de incendios estructurales. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  ( UNGRD )  en su Boletín Externo de reporte al día a mayo de 2020, aseguró que la temporada seca del presente año ha afectado a los municipios Ayapel, Buenavista, Canalete, Chima, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, San Andres Sotavento, San Antero, San Bernardo del viento, San Carlos y San Pelayo. Esta condición de sequía ha ocasionado el desabastecimiento de agua en algunos municipios del departamento: Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún13. En la temporada de lluvias del año 2019, el Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastre declaró la calamidad pública luego de que 16 municipios14 comenzaran a reportar inundaciones por causa del desbordamiento de las aguas de los ríos Sinú y el San Jorge. Los municipios priorizados por esta causa fueron San Pelayo, Valencia, Cereté, Cotorra, Lorica, Tierralta, Montería, y San Bernardo del Viento, afectados por el río Sinú; los municipios de Buenavista y La Apartada también tuvieron impacto debido a que las poblaciones se encuentran bajo las aguas del río San Jorge; finalmente, Ayapel está expuesto a riesgos por el río Cauca. En 2019 se emitió decreto de calamidad pública15para 9 municipios por afectación en cultivos  ( Arroz, Ahuyama, Maíz, Plátano, Yuca, Berenjena Ají ) , dada la pérdida de más de 400 hectáreas inundadas; algunas instituciones educativas también fueron afectadas en los municipios de Buenavista, La Apartada, Lorica y Moñitos. La gobernación entrego algunas ayudas donadas por el grupo de EPM  ( colchonetas, frazadas, carpas, kit de aseo, almohadas )  y la Corporación del Valle del Sinú   CVS   ( Madera ) 16. Contrario a la temporada de lluvia, el intenso verano que azotó el departamento por la sequía afectó a cerca de 16.000 familias en el primer trimestre del año, las regiones con mayor impacto fueron la zona costanera, el medio y bajo Sinú17
Save the Children Colombia continues its operations in the regions of Arauca, La Guajira, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Nariño and Bogotá, the country's capital. The Health, WASH, EiE, and Protection programs have adapted their operations to the bio security protocols. In this way, we've provided PPE  ( personal protection elements )  to our staff throughout the country. There have been a few incidents of social unrest in several towns and cities due to the lack of income during quarantine. The national government has extended the national quarantine until August 31, however local governments have the possibility to extend special measures. Most local governments have done so until further notice. All business has to implement COVID 19 protocols and those have to be approved by government entities in order to be able to reopen offices and public spaces. Colombia is expected to reach its pandemic peak by mid august. Bogotá is on red alert, with 84% of ICUs occupied. Over 90.000 Venezuelans have return to their country due to the pandemic  ( 4,5% of total Venezuelan migrants in Colombia )
Hechos, a los que la región de Norte de Santander no ha sido ajena con detonaciones y secuestros en sus municipios, que empañan las oportunidades de la niñez colombiana. Es de recordar que, a inicios de año, la población de Norte de Santander vivió un paro armado que dejó como resultado el desplazamiento de familias, entre ellos niños, niñas y adolescentes alejados de las aulas y siendo vulnerables ante actores armados en busca de reclutamiento.
Las estadísticas son los mejores indicadores de que la inclusión financiera de Bancamía ha dado buenos resultados. Por ejemplo, después de los dos años, el 51% de los clientes con productos de ahorro o de créditos supera el nivel de pobreza y al menos generan una fuente de empleo."Son personas que son capaces de mejorar sus condiciones de vida. Los migrantes venezolanos son una fuente de talento y destrezas nuevas que Colombia debe aprovechar a largo plazo", destacó el directivo de Bancamía.
Durante el webinar, Bancamía también contó que este semestre firmará una alianza con la IFC  ( Corporación Financiera Internacional )  para diseñar conjuntamente una oferta de valor que resulte adecuada a la población migrante venezolana. La iniciativa tendrá una orientación especial hacia las mujeres y se espera que, del total de beneficiarios con productos financieros, el 54% corresponda a ellas.
Hundreds of women who arrived in Colombia before the COVID 19 outbreak have found themselvesevictedand sleeping on the streets with their children during the pandemic – some waiting to return to Venezuela, others hoping to remain in Colombia.
El gerente  también anunció queen alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  ( USAID ) , que realiza un aporte de US$ 2 millones, la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, se ampliará el alcance del programa Emprendimientos Productivos para la Paz  ( Empropaz ) , para atender a migrantes venezolanos, con procesos de inclusión financiera.
Entre los principales desafíos que han enfrentado para lograr esta inclusión, Romero refiere quecon la pandemia tuvieron que diseñar unos planes especiales de alivio y apoyo para ajustar las condiciones de pago de los créditos.Señala que a veces los migrantes venezolanos se abstienen de acercarse a los bancos porque creen que les van a poner muchos obstáculos. Para evitar esto han realizado convocatorias y dan charlas en las comunidades de acogida de la población extranjera para invitarlos a participar.
A finales del mes de mayo, un vocero de Nicolás Maduro, el secretario de gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, declaró sobre los venezolanos retornados:"Toda persona que viole el sistema migratorio e ingrese en el país será considerada arma biológica y encarcelada. Hay una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia".
La Secretaría de Salud del respectivo municipio donde se encuentra el ciudadano venezolano, antes de partir hacia frontera, hace un proceso de tamizaje."Ahí estamos trabajando con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y un gran apoyo de la cooperación internacional. Cuando esos venezolanos llegan a zona de frontera se hace un nuevo proceso de tamizaje y de verificación en salud. Claro que hemos tenido contagios de población venezolana, como lo hemos tenido en población colombiana.Ese cuento de que los venezolanos que están saliendo son personas con padecimientos de covid  19 es totalmente falso.Nos lo tomamos a pecho, nos lo tomamos como un tema de responsabilidad y así seguiremos trabajando", indicó Espinosa.
De acuerdo con el director de Migración Colombia, a la fecha ya han retornado de manera voluntaria a Venezuela más de 76 mil ciudadanos venezolanos y se estima que serían más de 24 mil los que estarían a la espera de poder hacerlo.Un proceso que, de acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, podría tardar hasta seis meses de debido a las restricciones actuales que tiene Venezuela para la recepción de sus connacionales.
Asimismo, reiteró Espinosa Palacios, se calcula de cerca del 80% de los venezolanos que han regresado a su país en los últimos tres meses, volverán a Colombia, dada la situación que atraviesa Venezuela desde hace años y que empeora día tras día.
Afirmó que Colombia sigue viendo a los venezolanos como hermanos y que seguirá trabajando por garantizar el derecho a migrar, dentro de un marco de orden y seguridad.
La primera prueba de fuego del proyecto de ley la pasó el 12 de junio, cuando la Comisión Segunda del Senado de la República aprobó la ponencia presentada por los senadores Ana Paola Agudelo, Emma Claudia Castellanos, José Luis Pérez Oyuela, Lidio García y Juan Diego Gómez. Académicos y asociaciones de derechos humanos de migrantes quedaron sorprendidos con esta aprobación "exprés", que solo le falta dos discusiones en el Congreso para que finalmente sea sancionada por el presidente Iván Duque.
However, the Venezuelan government announced on 6 June that it wouldrestrict re entry, following a COVID 19 outbreak on its side of the border, leaving over 1,000 Venezuelans stranded near Cúcuta.
Ramírez indica quees indispensable que el documento contemple la aplicación del debido proceso en el caso de las deportaciones, expulsiones y sanciones de la población migrante.Además, llama a que con la Ley se defina mejor los términos para el reconocimiento de la condición de refugiado, pues en la actualidad no hay una fecha límite para que el Estado responda a las solicitudes."Los solicitantes pueden pasar años sin tener una respuesta, y en ese tiempo no están autorizados para trabajar. Es un tema urgente que hay que resolver", advierte.
For women who remain at home, violence at the hands of intimate partners while under lockdown appears to be on the rise – as in many other places around the globe. Calls todomestic violence hotlinesacross Colombia ballooned early in the lockdown, averaging 122 a day between 25 March and 11 April versus 53 a day in the same period of 2019. In Bogotá, home to an estimated350,000 Venezuelans, Mayor Claudia López said in early April that one out of six calls to the capital'sLínea Púrpurahelpline were from Venezuelan women.
Colombia closed its border with Venezuela on 15 March and ordered most residents to stay indoors. The country also suspended international flights through August in an effort to contain the spread of COVID 19
The risks for a woman or a girl sleeping on the streets are different than those for a man, said Carolina Moreno, director of the Migration Studies Center at Universidad de los Andes in Bogotá, pointing to increased vulnerability to sexual exploitation and abuse. “The risk of being sexually abused is enormous, and that – added to the fear of reporting  [ abuse ]  – puts them in the worst scenario when it comes to lack of protection,' Moreno said.
Gabriela Mota sells ice from her home to earn enough money to feed her two young children and pay the rent in Cúcuta, near the border with her native Venezuela. Since strict social distancing measures to fight COVID 19 were put in place mid March, she can no longer sell food on the street or take on any sewing – the work that had been helping her get by.
To ease Venezuelan returns, the Colombian government established “humanitarian corridors' at several checkpoints along the border – the main one being across the Simón Bolívar International Bridge that traverses the Táchira River to connect the Norte de Santander region with Venezuela. As of 16 June, Colombian migration authorities had registered more than 76,000 returnees since March through these “humanitarian corridors'. More than 500 Venezuelans had been returning every day
None of the shelters are currently full, because they are following social distancing rules. The shelter for women who have experienced gender based violence is hosting 18 women  ( out of 25 beds ) ; the one serving women who have experienced sexual exploitation and abuse hosts 10 women  ( out of 16 spots ) ; and at the third – for pregnant women and women with babies – there are 13 women in 32 available spots. UNHCR says women stay in the shelters only temporarily – for about three months on average – and then receive psychosocial and economic support for another six months.
Even with restrictions on mobility, Venezuelans continue to cross into Colombia during the pandemic in search of food or work, arriving as living conditions in Venezuela continue to sink. Those who make the trip must travel via irregular crossings known astrochas. For women, that puts them at risk of sexual abuse at the hands of gangs who control those pathways.
Uniandes, a civilian non profit on the Venezuelan side of the river that separates the two countries, calculates that about 4,000 people cross the river from Venezuela into Cúcuta every day through thetrochas.These crossings are controlled by criminal gangs and trafficking networks that charge around 10,000 Colombian pesos  ( $2.65 )  per person – a sizable sum considering the basic monthly salary in Venezuela isless than $4. Roughly 90trochasextend along the Norte de Santander border region.
Frente a la atención al público Migración Colombia aclaró que con el fin de ayudar a prevenir la propagación del Coronavirus y con el fin de cuidar a sus funcionarios, el servicio en sus 27 Centros Facilitadores de Servicios Migratorios será suspendido hasta el próximo 13 de abril, de acuerdo con la instrucción de aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional.
En relación con el sexo y edad de las víctimas de violencia, se encontró que el 52% fueron niñas y adolescentes y el 46% niños y adolescentes.
En algunos territorios de Colombia, las lideresas han visto obstaculizada su labor de liderazgo y han reportado a la Oﬁcina de la Mujer querer renunciar a su rol político y social dentro de sus comunidades debido a que no cuentan con los insumos o recursos para responder a las necesidades de sus hogares.
El estigma y la xenofobia limitan muchas veces el acceso a recursos y derechos en el país
De igual forma, para el 2020, se presentaron 1.689 casos de violencia sexual contra NNA, y nuevamente la cifra de casos continúa siendo mayor para las niñas y adolescentes mujeres, con un total de 1.401 casos.
Desde el inicio de las medidas de aislamiento obligatorio han sido asesinadas al menos dos defensoras. Estos asesinatos representan un incremento del 100% respecto al año anterior, si se toma como referencia el periodo de aplicación de la medida de Aislamiento Preventivo hasta hoy.  ( 20 de marzo al 22 de abril ) .
Con el cierre de fronteras, las mujeres y niñas provenientes de Venezuela, incluyendo colombianas retornadas y refugiadas migrantes, intentan ingresar a Colombia o regresar a Venezuela por trochas o pasos informales, exponiéndose a redes de tráﬁco, trata de personas y a violencia sexual.
De esta información se puede decir que, en este lapso de 100 días en 2020, bajo condiciones atípicas, asociadas a las medidas de aislamiento preventivo por Coronavirus, el número de llamadas a la línea 155 que reportaron hechos asociados a violencia intrafamiliar creció en 5.318 llamadas, lo que representa un incremento del 148%.
En el periodo señalado para 2020 se recibieron en total 32.571 solicitudes asociadas a casos de violencias, expresando un aumento de 10.153 llamadas lo que representa un aumento del 45% respecto del número de interacciones atendidas en el mismo periodo de 2019. *Solicitudes asociadas a violencia: Violencia Física, psicológica y/o negligencia, violencia sexual, situación de alta permanencia en calle, situación de vida en calle.
En el 2019, se presentaron 4.131 casos de violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes  ( NNA ) , de éstos casos 3.840 fueron contra niñas y adolescentes mujeres.
La Línea 155, es una línea a nivel nacional para la orientación a Mujeres Víctimas de Violencia. Ésta fue una iniciativa por parte de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en Colombia.
Las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal evidenciaron una disminución de los casos de Violencia Basada en Género  ( VBG ) , al comparar el periodo entre el 25 de marzo al 2 de junio de este año con el año anterior. El total de casos presentados para ambos sexos en el 2019 fue de 37,574, en cambio para el 2020 ésta cifra disminuyó a un total de 13,892 casos.
La Institucionalidad del municipio de Soledad, encargada de la atención y respuesta de los casos de Violencia Basada en Género, menciona lo siguiente: “Durante la cuarentena nos encontramos realizando teletrabajo y en esta modalidad hacemos seguimientos diarios telefónicos a los casos que se han presentado. Por ejemplo: el día 26 de marzo, vía WhatsApp atendimos 1 caso de abuso sexual que notiﬁcó la clínica Adela de Char. El 30 de abril se atendieron 2 casos de mujeres notificados por la IPS Nuevo Horizonte, el 8 de mayo se atendieron 2 casos notiﬁcados por el Materno Infantil de ciudadela y el más reciente fue el día 15 de mayo, una menor venezolana notiﬁcada por el Materno Infantil de ciudadela, todos estos casos han sido notiﬁcados por el SIVIGILA y alternamente vía WhatsApp en donde se le realiza seguimiento y derivación al ICBF para que se dé el restablecimiento de los derechos'.
Es posible aﬁrmar que las medidas de aislamiento obligatorio implican un mayor riesgo de violencia contra las mujeres y niñas, teniendo en cuenta la permanente convivencia con los agresores y condiciones de hacinamiento.
Las mujeres y niñas migrantes no cuentan con suficientes redes de apoyo en la comunidad receptora, esto dificulta aún más el proceso de integración y el acceso a los canales de información sobre los servicios de atención a las violencias en el país, colocándolas en una mayor situación de vulnerabilidad
Durante la pandemia, no solo el acceso a los servicios de salud se ve afectado. El difícil acceso a los servicios de denuncia, atención y protección de derechos, el aumento de la inseguridad alimentaria, hace más vulnerables a las mujeres y niñas frente a las diferentes formas de violencia. Esta condición se agudiza aún más para la población proveniente de Venezuela.
Por otro lado, 7 de cada 10 personas ocupadas en actividades relacionadas con la atención de la salud y atención residencial medicalizada son mujeres. Ello implica que las mujeres representan el 73% del sector salud en nuestro país.
El trabajo realizado por parte de las lideresas en los distintos municipios a nivel nacional, también se ha visto afectado: “Algunas  ( defensoras )  son víctimas de la violencia doméstica por su activismo, cuando sus parejas o padres las someten a malos tratos físicos y verbales para presionarlas para que abandonen sus actividades. Los maridos las separan de sus hijos como forma de castigo. A veces, las mujeres sufren agresiones de camino a casa o en su propio hogar."
El 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social  ( MinSalud ) 1 de Colombia declaró una emergencia sanitaria en el país, adoptando medidas de aislamiento preventivo obligatorio con el propósito de limitar la propagación del virus COVID 19. Como consecuencia de estas medidas, hubo un aumento considerable de población en tránsito en diferentes ciudades del país. Según ‘Migración Colombia' al 6 de agosto2, más de 95 000 venezolanos habrían retornado a Venezuela de manera voluntaria entre el 14 de marzo y el 3 de agosto de 2020.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó un total de 2.116 casos de VBG en el departamento del Atlántico entre el 25 de marzo al 2 de junio del año 2019, en cambio para el 2020 durante esas mismas fechas en el aislamiento social, se reportaron un total de 574 casos de VBG en el departamento.
La Secretaría de Salud de Soledad, del municipio de Soledad, notiﬁcó un total de 84 casos de Violencia Sexual desde febrero a abril del 2020. 75 casos de los presentados, correspondieron a nacionalidad colombiana y 9 casos con nacionalidad venezolana. Dentro de este número de casos reportados en el territorio, 14 casos ocurrieron durante el periodo de aislamiento social. Las víctimas de los casos presentados en el conﬁnamiento pertenecían al grupo de edad entre 1  16 años.
A nivel departamental, Soledad cuenta con una línea de atención a las Violencias Basadas en Género “Contamos con una línea de atención departamental que funciona 24/7 y que se encuentra publicada en las redes sociales.
Se presenta baja capacidad de identificación por parte de la institucionalidad de casos de mujeres colombianas y venezolanas que están siendo víctimas de violencia basada en género en el marco del aislamiento por COVID 19, situación que obedece a la falta de recursos de las oficinas de género para poner en marcha sus estrategias de transferencia de información a la comunidad.
Entre el 22 de marzo y el 16 de mayo del 2019, el municipio de Soledad reportó en el SIVIGILA un total de 118 casos categorizados como violencia*, en colombianos y venezolanos; por el contrario, para el presente año en las mismas fechas mencionadas anteriormente, se reportaron un total de 32 casos.
Aunque la mayoría  ( 92% )  de los consumidores entrevistados declararon tener acceso físico al mercado en el momento de la recopilación de datos, un poco menos de la mitad  ( 49% )  declaró no tener acceso en algún momento en los 7 días previos a la recopilación de datos. Un patrón presentado en la primera ronda, aunque en una proporción levemente menor.
483 Mujeres venezolanas víctimas de violencias basadas en género atendidas en la Secretaría de las Mujeres en los mecanismos de atención a violencias**
Casi uno de cada tres hogares  ( 32% )  está actualmente endeudado por el pago del alquiler  ( 32% de los hogares migrantes y 29% de hogares de acogida ) .
“Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente', señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covid 19'.
En los últimos años, las autoridades gubernamentales han implementado una amplia gama de programas y políticas para abordar la crisis de desnutrición, incluyendo intentos de ampliar el acceso al agua. No obstante, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins concluyeron que estos programas han presentado graves deficiencias y generado resultados limitados.
La vulnerabilidad y afectación que enfrentan actualmente los pueblos indígenas de Colombia frente a la pandemia del COVID 19, hace urgente el fortalecimiento inmediato de respuestas coordinadas con las autoridades étnicas, las comunidades y las organizaciones indígenas y afrodescendientes a nivel nacional y local. El ACNUR en coordinación con la Organización Nacional Indígena de Colombia  ( ONIC )  y las autoridades étnicas, promueve acompañamiento a los pueblos indígenas en frontera, fortalecimiento de las autoridades, diagnósticos participativos y monitoreo de la situación de derechos humanos para la identificación conjunta de riesgos y vacíos de protección de estos pueblos, así como la identificación de sus necesidades urgentes. Dado que los diversos pueblos indígenas en Colombia continúan expuestos a riesgos de desplazamiento forzado, la protección de esta población es una prioridad para el ACNUR
De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno de Colombia tiene la obligación de asegurar, sin discriminación alguna, que todas las personas en el país gocen de un estándar de vida adecuado. Esto incluye como mínimo un suministro suficiente  físicamente accesible y asequible  y seguro de agua, acceso a alimentos nutritivos y a otros bienes esenciales que permiten una vida digna. Las normas internacionales de derechos humanos también protegen el derecho al disfrute del nivel más alto de salud posible y obligan a Colombia a asegurar que la atención médica sea accesible y asequible. Estos servicios deberían brindarse de modo que resulten culturalmente apropiados y tomen en cuenta las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.
En Atlántico: Los habitantes del municipio de Barranquilla carecen de acceso a puntos de lavados de manos con jabón en los sitios críticos de la ciudad, como son: plazas de mercados, parques, estaciones y paraderos de los sistemas de transporte masivos, entre otros. En total la ciudad ha priorizado 206 sitios críticos con necesidad de ser dotados de estos sistemas.
En el departamento del Meta han aparecido panfletos con amenazas directas a comunidades y ONGs internacionales, en los cuales se prohíbe cualquier tipo de cooperación entre dichas partes para implementar proyectos en el territorio.
En Norte de Santander: los niños, niñas y adolescentes no acceden a servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad en las instituciones educativas, lo cual impide el regreso pronto y seguro a clases. Debido a que 105 Instituciones educativas no cuentan con el servicio de agua y 503 no cuentan ni con alcantarillado ni con una fosa séptica. Así mismo, 490 no tienen lavamanos y 1.329 manifiestan no tener recursos para adquirir elementos para el lavado de manos
ELN has also been expanding its areas of influence, for example, in northern Boyacá and southern Bolívar  ( Semana 13/05/2020; FIP 24/05/2020 ) .
En Norte de Santander y Nariño: Ejercicios de mapeo de necesidades realizados por las Secretarías de Educación en asocio con UNICEF y NRC demuestran que existen barreras de acceso a las plataformas virtuales de aprendizaje a distancia; se evidencia una falta de materiales pedagógicos para apoyar las actividades escolares en casa; los estudiantes no cuentan con acceso a internet para conectividad en el aprendizaje en casa, las sedes educativas no cuentan con acueducto y/o alcantarillado, es necesaria la dotación de elementos de aseo como jabón y gel antibacterial que apoyan las prácticas de higiene y prevención del COVID 19 y hay una necesidad general de ampliar la cobertura de los planes de alimentación escolar y mantener la continuidad de los planes actuales.
En la Guajira: se nota en particular el deterioro de los medios de vida de las mujeres artesanas Wayuu que viven de la venta informal de mochilas. La precariedad de los medios de vida lleva a mayores riesgos de protección, destacándose el riesgo de explotación sexual, incluso con relación a niños y niñas, tomando en cuenta que los colegios no están funcionando.
En Antioquia, Chocó, Nariño y en diversas regiones del país, incluso se observa afectaciones negativas a la seguridad alimentaria y fuentes de ingreso de mujeres trabajadoras informales y población LGTBI, incluso en zonas rurales, debido a las restricciones de movilidad.
Debido a la persistencia de emergencias humanitarias  ( Desplazamientos masivos y confinamientos )  en Norte de Santander, Chocó, Nariño y Cauca, por el reposicionamiento y accionar de grupos armados organizados, se deben reactivar planes de contingencia en los cuales se ha hecho necesario disponer de elementos de protección personal ante contagio por COVID 19 en las zonas en las cuales las comunidades permanecen; para esto se requiere el apoyo subsidiario y/o complementario de entes regionales y nacionales responsables en la garantía y protección de derechos humanos. De estos últimos hechos preocupa el número de nuevas víctimas y la recurrencia de emergencias con impactos desproporcionados en comunidades indígenas y afrocolombianas
Un poco más de la mitad de los comerciantes  ( 53%: 39 comerciantes )  informó que las medidas oficiales 

habían tenido un efecto negativo sobre sus negocios, en particular estos comerciantes se concentraron en los departamentos fronterizos.
Profundización de las dificultades socioeconómicas y perdida de medios de vida de víctimas por emergencias prolongadas, lo cual afecta posibilidades de gestionar el mínimo vital con alto impacto en comunidades de periferia urbana  ( asentamientos humanos informales ) , aumentando la vulnerabilidad y la exposición a mecanismos negativos de afrontamiento.
WFP continúa recibiendo solitudes de asistencia alimentaria para personas afectadas por los efectos socioeconómicos del COVID 19. Desde el inicio de la crisis, se han recibido solicitudes de atención temporal para más de 1.2 millones de personas en estado de vulnerabilidad en 13 departamentos del país.
Personas afectadas por emergencias como desplazamientos masivos y confinamientos en los departamentos de Chocó, Nariño y Norte de Santander, también requieren atención con alimentos de manera urgente, en especial personas vulnerables pertenecientes a comunidades étnicas.
Decreto 417  ( 17.03.2020 ) : Se declara estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional. Circular 001  ( 17.03.2020 ) : El Consejo Comunitario del Rio Baudó y sus afluentes  ( ACABA )  dicta medidas de prevención por COVID 19 a Consejos Comunitarios locales, territorios colectivos y organizaciones humanitarias. Decreto 0081  ( 20.03.2020 ) : Se declara calamidad pública para el departamento. Circular 008  ( 10.04.2020 ) : Se conforma la mesa para la coordinación y entrega de ayudas humanitarias. Decreto 0136  ( 06.06.20 ) : Modificación del decreto 0134. Se establecen medidas más estrictas relacionadas con toques de queda de 6:00p.m. a 05:00a.m., horario de atención de establecimientos comerciales de 07:00a.m. a 05:00p.m. y ley seca de jueves 06:00p.m. a martes 06:00a.m. En Encuentro presencial  ( 19.06.20 )  entre el PMU y Ministerio de Salud, se estableció la necesidad de fortalecer las medidas de aislamiento obligatorio en un número de municipios determinados  ( en espera de la resolución formal por parte de la Gobernación del Chocó ) .
Preocupa la falta de condiciones de bioseguridad del personal médico y administrativo asociado en términos de disponibilidad de EPP, la necesidad de capacitación sobre el uso adecuado de estos elementos y formación en el manejo de las 142 UCI que serán equipadas, de acuerdo con el Plan de Respuesta de COVID departamental  ( actualmente la ocupación de las UCI en el departamento es del 100% ) .
Autoridades étnico territoriales insisten en la necesidad de habilitar canales de comunicación con la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas  ( UARIV ) , para avalar su concepto como parte del proceso. Lo anterior, como una alternativa extraordinaria para el proceso de verificación como se establece en el proceso ordinario, ante las dificultades generadas por el conflicto y por COVID 19 para el acceso directo de funcionario de la UARIV a los territorios afectados
Fortalecer con asistencia técnica remota a redes regionales de protección y sistemas locales de atención a víctimas en las regiones más afectadas por el conflicto y la violencia
Incidir ante escenarios nacionales de coordinación del SNARIV  ( Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas )  para favorecer la gestión de riesgos advertidos, promover esquemas de protección y generar garantías de no repetición para las víctimas. Identificar impactos por desalojos en población victima y/o vulnerable.
Persistencia de cuadros de enfermedad diarreica aguda  ( EDA ) , infección respiratoria aguda  ( IRA )  y malaria que han tenido poca atención por cuenta de la saturación del sistema de salud en el marco de la pandemia.
En los municipios donde se registran desplazamientos activos  ( Alto Baudó, Bojayá, Nuquí, Medio Baudó y Tadó )  preocupan las condiciones de hacinamiento que, sumadas a la falta de agua potable, disposición de aguas residuales y condiciones óptimas de habitabilidad pueden convertirse en vectores de contagio del COVID 19.