nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
El 72% de los hogares encabezados por mujeres consumen 2 o menos comidas al día  ( vs. 63% para los hogares encabezados por hombres,
De acuerdo con cifras oficiales, Colombia acoge alrededor de 1,7 millones de personas venezolanas y un 56% se encuentran en situación irregular, lo cual las hace más vulnerables a riesgos de explotación y violencia y se convierte en una barrera real para su integración en la vida socioeconómica del país. Por lo anterior, las organizaciones que integran el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos reconocen en la nueva jornada de emisión del PEP una oportunidad para impulsar la protección de los derechos y las soluciones efectivas para la población refugiada y migrante. De igual manera, reiteran la oferta de asesoría técnica y acompañamiento para explorar con el Gobierno alternativas que permitan a refugiados y migrantes, que están en el país y que no cuentan con su pasaporte sellado, encontrar vías para regularizarse.
Duque enfatizó que con muchas dificultades han sido solidarios frente a la problemática de la migración y han entendido que muchos extranjeros han salido huyendo de los estragos de la dictadura. Sin embargo, fue claro en su mensaje en contra de quienes delincan en el país."Vamos a tener siempre cero tolerancia con cualquier conducta criminal o contraria a la ley por parte de los migrantes en el territorio nacional. Donde nosotros veamos que hay una persona que está violando ese principio de fraternidad que se les ha brindado en Colombia serán deportados de inmediato", dijo este jueves el presidente desde Montelíbano.
En el caso de la Alcaldía de Pamplona, el personero Bernal explicó que dentro del Plan Único de Cuentas Públicas no están contemplados ni reglamentados ese tipo de rubros para la beneficencia pública."Dentro del presupuesto hay un rubro de libre destinación para realizar un convenio, contrato o seguro para atender este tipo de casos de emergencia, pero el presupuesto es tan bajo que cuando se lanzó la licitación ninguna empresa se ha presentado", puntualizó.
Así mismo, la población indígena se destaca en La Guajira  ( 38% de los entrevistados ) , y en menor medida en Atlántico y Cesar 7% en cada caso  ( ver gráfica 4 ) .
De los hogares con miembros que se encuentran afiliados a salud  ( 16% ) , el 92% pertenecen al régimen subsidiado y el 8% al contributivo.
En el 28% de los hogares, hay al menos una mujer embarazada y/o lactante. A nivel departamental, destaca de manera significativa la alta proporción de mujeres embarazadas y lactantes en los hogares de La Guajira, que duplica la de otros departamentos. Esto se explica por el análisis según grupos étnicos: el 12% de los hogares con mujeres embarazadas o lactantes corresponden a comunidades indígenas, cuya proporción en La Guajira es del 38%.
Además, las nuevas condiciones han requerido que el profesorado utilice plataformas y metodologías virtuales con las que no necesariamente se encontraba familiarizado. Aunque la mayoría de los países de América Latina participantes en la última encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje  ( TALIS )  de la OCDE  ( 2019 )  informan que el profesorado ha recibido formación en herramientas de TIC para la enseñanza en la educación inicial  ( en niveles que llegan al 64% en el Brasil, el 77% en Chile, el 75% en Colombia, el 77% en México y el 53% en la Ciudad de Buenos Aires ) , las y los docentes de estos países consideran que tienen una alta necesidad de formación en esta materia, que ocupa el segundo lugar entre las más demandadas. Igualmente, un alto porcentaje del personal directivo  ( el 59% en el Brasil, el 64% en Colombia, el 44% en México y el 39% en la Ciudad de Buenos Aires )  declara que la tecnología digital de la que disponen sus centros educativos es inadecuada o insuficiente  ( OCDE, 2019 ) .
Gobierno Nacional giró $128 mil millones para sostenimiento de UCI. Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, afirmó que el Gobierno Nacional ha entregado $128.118 millones a 340 hospitales del país, bajo el cargo por disponibilidad para el pago de las unidades de cuidado intensivo de acuerdo con el Decreto 800 de 2020.
Los departamentos y distritos que presentaron los aumentos relativos más altos de COVID 19 en las últimas 24 horas fueron: Guainía con el 6,3%  ( 55 ) , Arauca 2,9%  ( 50 ) , Quindío 1,8%  ( 68 ) , Boyacá 1,7%  ( 128 ) , Caldas 1,6%  ( 95 ) , Huila 1,5%  ( 180 ) , Cesar 1,5%  ( 301 ) , Norte Santander 1,4%  ( 228 ) , Cauca 1,4%  ( 131 )  y Guaviare con el 1,4%  ( 11 ) .
Esta situación de tenencia informal preocupa en función de la posibilidad de desalojos, lo que a la vez se relaciona con la situación migratoria irregular de refugiados y migrantes, pues esta implica la imposibilidad de acreditar documentos que les permitan la formalización de contratos, lo que a su vez disminuye las opciones para que la población tenga garantías por escrito que podrían ayudarles a negociar la permanencia en sus lugares de residencia  ( por ejemplo, en casos de falta de capacidad de pago ) .
A la fecha, en el país se han presentado 26.196 defunciones por COVID 19, de las cuales corresponden 64,1% a hombres. El 75,5% de los fallecidos están en el grupo de edad de 60 y más años. Las personas que presentan el mayor número de muertes es el de 70 a 79 años con 6.735, seguido del grupo de 60 a 69 años con 6.073 fallecidos.
A la fecha 866.707 muestras han arrojado un resultado positivo; sin embargo, este dato incluye segundas pruebas o más, a casos activos que aún no se recuperan. La capacidad máxima declarada por el INS para pruebas PCR, es de 54.681 muestras/día.
El 50,8% de los casos se reportaron en hombres. En cuanto a grupos de edad, se reportaron el 3,6% de los casos en menores de nueve años  ( 29.904 casos ) , 81,6% de los casos en población entre los 10 a los 59 años  ( 679.786 casos ) , el 14,8% son de 60 años y más  ( 123.838 casos ) .
La tasa de incidencia nacional es de 1.658,3 casos por cada 100.000 habitantes; los departamentos y/o distritos que superan la tasa nacional son en su orden: Bogotá  ( 3.493,2 ) , Amazonas  ( 3.472,5 ) , Barranquilla  ( 2.999,0 ) , San Andrés  ( 2.320,5 ) , Cartagena  ( 2.259,4 ) , Caquetá  ( 2.070,5 ) , Santa Marta  ( 1.883,9 ) , Guainía  ( 1.834,7 ) , Antioquia  ( 1.738,7 ) , Vaupés  ( 1.722,1 ) .
En el seguimiento de indicadores de oportunidad se observan los tiempos, en días, que trascurren entre el inicio de síntomas y la notificación en el sistema de vigilancia, el cual tiene un promedio de 4,3 días y en la población afrodescendiente es de 4,5; el tiempo transcurrido entre la notificación del caso y el diagnóstico, tiene en promedio 7,1 días, en población indígena es de 7,4 días y en población afrodescendiente 7,1 días.
En el país se reportan a los 1.454 conglomerados activos con 29.719 casos reportados, 29,4% de conglomerados  ( 5.199 casos )  de los cuales son reportados en empresas, el 25%  ( 3.616 casos )  en instituciones de salud, el 21,9%  ( 6.960 casos )  en Fuerzas militares y policía, 17,3%  ( 11.880 casos )  en centros de protección y población carcelaria, 3,6%  ( 638 casos )  en pueblos indígenas, plaza de mercado 1,2%  ( 920 casos )  entre otros.
La proporción de positividad es del 24,8%, donde la entidad territorial que presenta la mayor positividad es el departamento de Caquetá con el 50,1%, seguido de Magdalena con el 44,3% y Atlántico con el 36,7%. Ciudades que presentan mayor número de casos como Bogotá tienen una positividad del 24,2% Cartagena de 18,8% y Barranquilla del 16,7%.
En el caso de aquellos ciudadanos extranjeros que debían registrar su visa o expedir su cédula de extranjería, Migración Colombia aclaró que la Entidad se abstendrá de iniciar algún tipo de actuación administrativa si al ciudadano no le fue posible realizar este trámite, dentro de los términos establecidos por la ley, debido a la coyuntura actual.
WFP continúa recibiendo solitudes de asistencia alimentaria para personas afectadas por los efectos socioeconómicos del COVID 19. Desde el inicio de la crisis, se han recibido solicitudes con necesidades de atención temporal para 1.3 millones de personas en estado de vulnerabilidad en 13 departamentos del país.
Las comunidades doblemente afectadas por desastres y aumento de casos de COVID 19 como son los casos ocurridos en Maicao  ( La Guajira ) , Arauquita  ( Arauca ) , Mallama  ( Nariño )  Nuquí y Certegui  ( Chocó )  carecen de acceso a EPP, kits de higiene y desinfección, tanques de almacenamiento, sistemas de tratamiento de agua y baterías sanitarias.
Por último, aquellos ciudadanos extranjeros que debido a la situación actual no pudieron abandonar el territorio nacional antes del vencimiento de su Permiso de Ingreso y Permanencia, el cual les fue otorgado al momento de entrar al país, Migración Colombia aclaró que no deberán realizar la prórroga de permanencia, con el compromiso de que salir del país, una vez se normalice la situación en materia de vuelos.
Es necesario garantizar medidas de bioseguridad que permitan un retorno de los NNA a las aulas en condiciones adecuadas, debido a que se ha observado que los planteles educativos no cuentan con condiciones adecuadas de agua y saneamiento.
La persistencia de desplazamientos masivos y confinamientos en el Pacifico y Bajo Cauca Antioqueño, requiere la inclusión de componentes de prevención de contagio, acceso a agua segura, que no se logra garantizar en todos los casos por parte de las autoridades locales.
Según el jefe de la autoridad migratoria colombiana, el objetivo con la implementación de estos dos trámites en línea, no solo es reducir los tiempos de atención por parte de la entidad, sino el número de interacciones entre los ciudadanos y los funcionarios, evitando el contacto y la aglomeración de personas en las oficinas de atención al público, dentro de la llamada “nueva normalidad'.
Hasta el 21 de septiembre un total de 770.435 casos confirmados en los 32 departamentos de Colombia, mientras que 640.900  ( 83.1% )  se han recuperado, 14.057 pacientes se encuentran hospitalizados por COVID 19 en área general y 1.242 en Unidades de Cuidado Intensivo  ( UCI ) . Un total 24.397 personas han fallecido.
Desde el 1 de septiembre se entró en la fase de aislamiento selectivo, lo que ha permitido que el Gobierno emita decretos e implemente nuevos pasos para la reactivación económica gradual. Esto ha permitido apertura de los espacios públicos, transporte público, y apertura del espacio aéreo y terrestre, siguiendo lineamientos y protocolos de bioseguridad.
La modalidad de crédito preferencial, que representa la mayor participación en la categoría de cartera comercial  ( 35% por desembolsos ) , presentó reducciones en su tasa de interés, pasando de 7% en febrero de 2020 a 5,5% en agosto  ( Gráfico 3 ) . Este cambio de 151 pbs es consistente con una reacción del 75% respecto a la tasa de política monetaria.
Los departamentos que han presentado mayores aumentos en casos activos de COVID 19 durante las últimas dos semanas son Guainía y San Andres  ( entre un 413 y 912% ) , mientras que los aumentos de Vaupés, Guaviare, Meta, Huila, Antioquia, Santander, César estuvieron entre un 204 y 412 por ciento  ( ver mapas anexos )
Dentro de los elementos centrales se enfatiza que la actual situación causada por la COVID 19 puede significar retrocesos en la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la garantía de sus derechos, si no se toman medidas oportunas para mitigar sus efectos, pues la mayoría de las víctimas están vinculadas a la economía informal.
En Vaupés: Es necesario realizar campañas de concientización sobre el uso adecuado del tapabocas y otras medidas preventivas de la COVID 19, especialmente en áreas no municipalizadas en donde habitan grupos indígenas cuyo desconocimiento sobre la enfermedad repercute en mayores contagios; por ejemplo, las comunidades deciden unirse para contagiarse todos, una vez saben que una persona está contagiada. Así mismo es necesario realizar campañas de pruebas masivas, pues el departamento está experimentado una alta tasa de contagio.
Por su parte, las tasas de interés de los créditos ordinarios, que representan el 33% de los desembolsos de la cartera comercial, registraron una disminución menos acentuada, donde la reducción en 133 pbs frente a febrero del presente año equivale al 66% del ajuste de la tasa de intervención.
En la tercera fase de aislamiento selectivo responsable, se reinicia la apertura económica. Es prioritario reactivar las jornadas de atención en salud en zonas de asentamientos urbanos y rurales, para lo cual se requiere el fortalecimiento en la atención en salud por parte de la Cooperación que permita realizar atención con entrega de medicamentos.
Con relación a los elementos del hogar se encontró que en el 87% de los hogares falta, o es insuficiente, al menos uno de los siguientes artículos para el hogar: elementos de cama o dormida, –cobijas, colchón o colchoneta, almohadas, etc.–  ( 80% ) , aseo y limpieza –escoba, trapero, cloro, productos de desinfección–  ( 75% ) , de cocina –ollas, sartenes, etc. –  ( 68% ) , de consumo de alimentos –platos, cubiertos, vasos–  ( 64%,
El 22% de los hogares cuentan con una tasa de dependencia alta18, es decir que son hogares donde por cada miembro no dependiente  ( personas entre los 18 y 59 años )  hay más de 1,5 miembros dependientes  ( personas menores de 18 años y mayores de 60 años ) .
Border restrictions have stimulated the increased use of informal smuggling routes, as well as violent disputes between illegal armed groups over the control of this trade; directly impacting security in Venezuelan indigenous communities.
Indigenous communities on the Colombia border are not impacted evenly by the COVID 19 border restrictions. Different challenges exist along its length depending on the local history, geography and economies; however, all areas have witnessed a decline in security and livelihoods.
The livelihoods of the indigenous people are highly dependent on a basic level of security to undertake both their formal and informal economic activities, including farming, commerce and limited cross border trade. The sudden rise in criminal activity has significantly undermined this security and consequently the local capacity to maintain traditional and other forms of livelihoods.
Preocupa la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas de la etnia Jiw y Sikuani del municipio de la Macarena.
Así mismo, los departamentos que tienen cero disponibilidades de UCI son Guainía y Amazonas, mientras que Antioquia, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Vaupés disponen del 30 por ciento de su capacidad de las UCI disponible1.
Son necesarias medidas de protección de la población indígena del departamento del Meta para evitar el ingreso y contagio del COVID 19 en estas zonas. Algunas de estas comunidades han evitado el ingreso de sujetos foráneos como el resguardo Naexal Jalt, Mapiripan.
La fuente de agua para consumo humano más frecuente en los hogares encuestados es el acueducto. El 77% de los hogares manifestaron recibir el agua por este medio, con una notable brecha entre capitales departamentales  ( 85% )  y ciudades intermedias  ( 59% ) , lo que se contrapone al abastecimiento vía carrotanques, que es mucho mayor en ciudades intermedias  ( 20% )  que en capitales 2%,
2.1. Total nacional 

La tasa de desempleo nacional del trimestre móvil junio   agosto 2020 fue 18,9%, lo que significó un aumento de 8,6 puntos porcentuales comparado con el trimestre móvil junio   agosto 2019  ( 10,3% ) . La tasa global de participación fue 57,7%, lo que representó una disminución de 5,4 puntos porcentuales frente al mismo trimestre móvil del 2019  ( 63,1% ) . Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 46,8%, lo que significó una reducción de 9,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo en el 2019  ( 56,6% ) .
2.3. Cabeceras En el trimestre móvil junio   agosto 2020, la tasa de desempleo para las cabeceras fue 21,3%, lo que significó un aumento de 10,0 puntos porcentuales comparado con el trimestre móvil junio   agosto 2019  ( 11,3% ) . La tasa global de participación fue 58,8%, lo que representó una disminución de 5,7 puntos porcentuales frente al mismo trimestre móvil de 2019  ( 64,5% ) . Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 46,3%, lo que significó una reducción de 10,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019  ( 57,2% ) .
De las 2.447 mujeres y personas transgénero encuestadas  ( 79% del total de entrevistados ) , 7% de las personas conocen a alguna mujer que durante el aislamiento obligatorio ha experimentado alguna situación de violencia por su pareja, expareja o algún familiar.
Múltiples eventos de desastres naturales como inundaciones han generado brechas en agua, saneamiento e higiene de la población.
4. POBLACIÓN OCUPADA POR POSICIÓN OCUPACIONAL TRIMESTRE MÓVIL JUNIO   AGOSTO 2020 4.1. Total nacional En el total nacional, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación en la población ocupada con 44,6% y 37,6%, respectivamente. La posición ocupacional que más cayó fue Empleado doméstico con una variación de 39,1%, seguida de Patrón o empleador con 25,9% Obrero, empleado particular, y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que más restaron a la variación de los ocupados con 8,4 y 4,5 puntos porcentuales, respectivamente.
En cuanto al tipo de implementos a los que acceden los hogares para la higiene menstrual, el más común es la toalla higiénica, seguido de las compresas y los tampones, y otros implementos como las copas y esponjas menstruales se utilizan en menor medida.
La gran mayoría de los hogares se encuentran en situación de arriendo o subarriendo siendo el 76% de estos, mientras 8% se encuentran en casa de alguien de más, sean familiares o amigos. El 6% respondió posesión sin título.
Government of Venezuela COVID 19 border restrictions With the arrival of the COVID 19 pandemic, in March 2020, the Venezuela government authorized the near complete restriction on transit for migrants and goods through all international borders. This was particularly felt on the border crossings with Colombia, where the previously busy trade was suddenly limited to humanitarian requirements, although returning Venezuelans were, in theory, still permitted unhindered return. With the collapse of regional economies, however, large numbers of Venezuelan migrants living in neighboring countries began to seek a return to their homeland. This increased reverse migration flow rapidly escalated the stress on formal border crossings and health facilities within Venezuela as the government sought to control the spread of the pandemic. Faced with this situation, on June 8, 2020, the Venezuelan government limited the arrival of Venezuelan nationals entering from Colombia to Mondays, Wednesdays, and Fridays, at a rate of 300 people per day via the Simon Bolivar International Bridge  ( Táchira )  and 100 people per day via the José Antonio Páez Bridge  ( Apure ) , rising to 350 and 250 respectively in September. This number of legal entry permits, however, remains insufficient for the demand from Venezuelan nationals seeking a return to their country, the total number of which is estimated to be over 100,000 since the start of the pandemic. This unmet demand has caused long lines to form on the Colombian side of the border, and fueled pressure for individuals to pay illegal armed groups and risk the informal trails.
La proporción se duplica en el caso de las personas indígenas entrevistadas  ( 14%, correspondiente a 33 de 236 mujeres y transgénero )
Por otro lado, las tasas de los créditos para los hogares han presentado una tendencia decreciente desde marzo del presente año, exceptuando las tasas de crédito hipotecario. Las tasas de interés para los créditos de consumo presentaron una leve caída de 50 pbs en agosto frente a la tasa registrada en febrero de 2020. Aunque la reducción en la tasa se acentuó más en los últimos meses, el comportamiento a la baja se venía presentando desde comienzos del 2017 pero a un ritmo más moderado
Las medidas de aislamiento preventivo por COVID 19 ha aumentado el riesgo de violencia basada en género y las agresiones a mujeres o casos de violencia sexual contra NNAJ. Durante el 2020 del total de casos de violencia sexual, el 47 por ciento se reportaron en Villavicencio, de estos el 85 por ciento de las víctimas fueron mujeres.
Los municipios más afectados han sido Villavicencio con el 79% del total de los casos, seguidos por Acacías con el 6%, Puerto Gaitán con el 5% y Granada con el 4%. La OMS reportó para el 19 de septiembre que el porcentaje de ocupación de UCI en el departamento del Meta es de 76%.
El número de días promedio a la semana que los hogares encuestados consumen cada grupo alimentario refleja pobreza en la diversidad de la dieta promedio para los grupos de frutas, verduras, leche, carne y azúcares
Las situaciones reportadas con mayor frecuencia por aquellas mujeres que conocen de estas violencias corresponden a agresiones físicas, con un 70%, y maltrato emocional con un 59%. 7% de los reportes se relacionan a violencia sexual  ( 13 casos,
Según una encuesta realizada por el Mixed Migration Center entre el 3 de julio y el 4 de agosto, la mayoría de las personas refugiadas y migrantes entrevistadas ha indicado la percepción de que los casos de violencia intrafamiliar aumentaron desde que comenzó la emergencia sanitaria por COVID 1941.
En Atlántico  ( 95% ) , Bogotá  ( 94% ) , Antioquia  ( 92% )  y Nariño  ( 92% ) , más del 90% de los hogares incurren en estrategias de supervivencia de crisis o emergencia
Durante la pandemia se ha evidenciado un aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual y otras evitables por vacunación, frente a las cuales son especialmente vulnerables la población víctima, incluyendo a comunidades indígenas.
Soacha es el municipio con mayor presencia de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con cifras de Migración Colombia  ( 2020 )  con corte al 31 de mayo del año 2020 se encuentran 26.342 venezolanos1 en el municipio. Con base en lo anterior, se establece que esto representa una de las apuestas y necesidades más importantes por parte de los socios del GIFMM Bogotá y región, para así de dar respuestas y adelantar acciones para la población refugiada, migrante, de acogida y en tránsito que allí se encuentra.
En relación con la salud materna, es de precisar que la atención en salud es el principal determinante de la mortalidad y el 20% de los hogares con mujeres gestantes o lactantes expresaron necesidades de atención en salud sexual y reproductiva.
El 69% de los hogares consumen dos comidas al día o menos, lo que indica que están restringiendo el consumo mínimo recomendado de tres comidas al día  ( ver gráfica 17 ) . Esto es particularmente evidente para hogares con alta tasa de dependencia  ( >=1,5 ) . El 12% de los hogares con alta tasa de dependencia sólo tiene acceso a una comida por día o menos vs. el 8% de hogares con baja tasa de dependencia
Sobre las necesidades de anticoncepción se encontró una proporción del 11% de gestantes y lactantes que presentan una alta necesidad servicios de anticoncepción, así, 39% de quienes requirieron un método anticonceptivo no lograron acceder a este
Los miembros del GIFMM Valle del Cauca reportan población en tránsito en Cali en la autopista Simón Bolívar con carrera 56, en la calle 26  ( cerca a la estación del ferrocarril, y cerca de la terminal de transporte de Cali y las organizaciones venezolanas reportan población en situación de calle alrededor de la Clínica Los Remedios, las estaciones del Masivo Integrado de Occidente  ( MIO )  de Terminal Sanín y Universidades, y zonas aledañas a Ciudad Jardín y Valle del Lili.
La Guajira y Arauca son los departamentos que cuentan con más hogares con una alta tasa de dependencia  ( 34% y 24% respectivamente ) ; en contraste con los departamentos de Santander, Valle del Cauca y Bogotá, que presentan tasas más bajas  ( 11%, 15% y 15% de los hogares encuestados ) .
El 16% de las personas encuestadas reportaron que tiene un estatus regular25  ( ver detalle en Tabla 1 ) . Esta información es consecuente con los hallazgos del monitoreo de protección de DRC de abril   junio 2020, donde la proporción de población venezolana en situación irregular es de 80,9%, así como con la ESAE de WFP   febrero 2020, que reporta que solo un 16% de los refugiados y migrantes encuestados tiene acceso al PEP.
Adicional a lo mencionado, un análisis de regresión encontró que los niños y/o niñas que vivían en hogares sin documentación tenían menos probabilidades de ser inscritos en el colegio antes de la crisis por el COVID 19.
El 9% de los hogares encuestados no tienen fuente de ingresos, situación que es más prevalente en los hogares liderados por mujeres  ( 11% )  que en aquellos encabezados por hombres  ( 5% ) , así como en los que tienen un jefe de hogar con discapacidad  ( 11% vs 8% sin discapacidad ) . Los departamentos de Atlántico  ( 14% ) , Antioquia  ( 13% )  y Cesar  ( 12% )  presentan una mayor proporción de hogares sin fuentes de ingresos.
De los 3.102 hogares encuestados, el 69% manifestó que ningún miembro de su hogar se encuentra afiliado a ninguno de los regímenes de salud en Colombia  ( contributivo, subsidiado y especial ) . De igual manera, el 84% de las personas miembros del hogar no se encuentra afiliado.
El 43% de las personas entrevistadas mencionó que algún miembro de su hogar ha presentado síntomas de ansiedad, reducción en las horas de sueño o episodios de llanto durante los siete días antes de la recolección de los datos: El 28% del total de entrevistados manifestó que él/ella o alguno de los miembros del hogar ha tenido reducción de horas de sueño, el 24% síntomas de ansiedad y el 17% episodios de llanto.
Según pertenencia étnica, la afectación en al menos un síntoma se presenta en el 34% de los hogares indígenas, en el 43% de los hogares que no reportan pertenencia a ningún grupo étnico. Los hogares afrodescendientes reportan más frecuentemente las tres clases de síntomas que otros grupos étnicos: dificultades para dormir  ( 35% ) , ansiedad  ( 33% )  y llanto  ( 27% ) , con afectación de uno o más síntomas en un 56% de los casos
En los hogares con mujeres, se consultó sobre acceso a implementos de higiene menstrual, encontrando que en un 87% de los hogares cuentan con acceso a esta clase de implementos. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las encuestas corresponden a hogares en centros urbanos, las mujeres de uno de cada diez de ellos no tienen acceso a dichos implementos.
En contexto de las medidas de aislamiento por el COVID 19, aproximadamente el 40% de los hogares con niños y/o niñas en los dos grupos de edad  ( 6 11 y 12 17 años )  han tenido acceso al aprendizaje en línea: El 52% de hogares con niños y/o niñas de 6 a 11 años, y el 44% de hogares con niños y/o niñas de 12 a 17 pudieron acceder a otros tipos de las tareas escolares.
Los departamentos donde más hogares reportaron tener conocimiento de casos de violencia intrafamiliar son Cesar con el 14%, Atlántico con el 12% y La Guajira con el 11%, de igual manera estas situaciones fueron reportadas en menor medida en Santander y Valle del Cauca  ( 4% en ambos casos, ver gráfica 37 ) .
Adicionalmente, se advierte que se ha suspendido el avance de algunos componentes como rehabilitación, reparación colectiva y retorno.
El 12% de los hogares tiene un miembro o más sin un documento que lo identifique como venezolano, lo que puede significar un riesgo de apatridia. Esta situación es más común en el caso de los hogares con pueblos indígenas, donde el 17% tiene un miembro o más sin este documento  ( 50 de los 293 hogares encuestados )
En cuanto a saneamiento ambiental, 46% de los hogares cuentan con condiciones no aptas para un apropiado desarrollo de las personas en su ambiente, lo que pone de manifiesto implicaciones sanitarias y problemas ligados la contaminación ambiental En este los hogares manifiestan afectaciones como vectores como zancudos, moscas o similares  ( 33% ) , aguas estancadas  ( 18% ) , basura o residuos sólidos en la calle  ( 19% )  y animales muertos  ( 4% )  en las cercanías de su lugar de residencia. La gráfica 30 presenta la proporción de hogares según el número de afectaciones.
Los departamentos con mayor porcentaje de hogares que no tienen asegurado su lugar de vivienda o no lo saben para el siguiente mes son Valle del Cauca  ( 64% de los hogares ) , Nariño  ( 62% ) , Bogotá  ( 58% ) , Atlántico  ( 58% ) , Antioquia y Cesar  ( 56% cada uno ) , y Bolívar  ( 50% ) .
Los principales riesgos de protección considerados para este análisis incluyen la discriminación por motivos de nacionalidad, la exposición del hogar encuestado o de sus miembros frente a grupos armados ilegales, y la violencia intrafamiliar contra las mujeres. Casi la mitad  ( 44% )  de las personas encuestadas reportó haber sufrido algún episodio o situación de discriminación o señalamiento debido a su nacionalidad en 2020
Los lugares donde estas manifestaciones de discriminación fueron de manera significativa más comunes en Bogotá  ( 58% ) , y en menor medida en Cesar y Atlántico  ( 51% en ambos casos ) . Los departamentos fronterizos de La Guajira y Arauca reportan menor porcentaje de personas que enfrentaron situaciones de discriminación  ( 40% y 37% ) .
Con respecto a la exposición a grupos armados ilegales, la gran mayoría de personas encuestadas  ( 88% )  reportó no tener conocimientos sobre una posible presencia de actores armados en la zona donde vive. El 9% de ellos afirmaron conocer sobre dicha presencia, y en el 4% de los casos no quisieron responder  ( ver gráfica 36 ) .
El 17% de los hogares que reportaron presencia de grupos armados ilegales indicaron, además, haber sido abordados por o haber tenido algún tipo de situación con ellos. Esto fue reportado las personas afrodescendientes e indígenas  ( 33% y 23%, respectivamente )  en comparación con los encuestados que no indicaron ningún origen étnico específico  ( 15% )
solamente el 5% de los hogares entrevistados no está incurriendo en una estrategia de supervivencia, y 6% asumen estrategias de ‘estrés'. El 47% de los encuestados están incurriendo en estrategias de supervivencia nivel “crisis', tales cómo reducir gastos esenciales como educación y salud o vendiendo bienes o activos productivos para cubrir sus necesidades; mientras el 42% incurren en estrategias de “emergencia' como pedir dinero en la calle  ( 37% )  o aceptar trabajos que representan un riesgo en su integridad, salud, seguridad o vida  ( 14% ) . El 85% de hogares reportó haber gastado las necesidades de alimentos u otras necesidades
Solo en un tercio de los casos  ( 35% )  se conoce sobre respuesta o atención para las mujeres agredidas  ( ver gráfica 39 ) . De los 64 casos donde se conoce que hubo respuesta, el 48% ha recibido atención psicosocial, mientras que el 28% ha recibido atención por parte de la Policía. Es importante resaltar que la atención psicosocial suele ser uno de los servicios más solicitados por las sobrevivientes de VBG y con menor oferta tanto institucional como humanitaria. Solamente el 16% indicó que la víctima recibió asistencia legal y el 11% que tuvo acceso a un lugar seguro
Al preguntar por la intención de retorno a Venezuela, el 86% de los hogares encuestados menciona que no pretende volver el próximo mes. Por el contrario, en el 8% de los hogares hay al menos un miembro con intención de retorno y en el 5% restante hay incertidumbre sobre esta posibilidad
a pesar de que en promedio las mujeres son más educadas que los hombres  ( 8,7 frente a 8,2 años, de acuerdo con el DANE ) , en Colombia no se ha logrado romper el ‘techo de cristal': solamente el 12% de los miembros de juntas directivas son mujeres  ( Spencer Stuart Board Index, 2018 ) .
Otra buena noticia para Colombia es el porcentaje de mujeres que participan en política  ( Gráfico 4 ) . Mientras que en el promedio de países OCDE solo un 32% de mujeres hacen parte del parlamento o son ministras, en Colombia esta cifra corresponde al 53%
La tasa de mortalidad nacional es de 480,6 muertes por cada millón de habitantes; sin embargo, se observa una tasa de mortalidad mayor a la nacional en: Amazonas  ( 1.455,3 ) , Barranquilla  ( 1.301,9 ) , Bogotá  ( 832,6 ) , Córdoba  ( 815,8 ) , Santa Marta  ( 766,8 )  y Caquetá  ( 667,4 ) .
Se requiere urgentemente financiamiento adicional para atender las necesidades alimentarias más apremiantes de aproximadamente 550.000 personas en Colombia, en estrecha coordinación con autoridades nacionales y locales. •
El Ministerio Público solicitó estudiar la modificación de la Resolución 2349 de 20128 con el fin de remover requisitos probatorios para el acceso a la ayuda humanitaria que generan una carga desproporcionada en las víctimas de violencia sexual.
La falta de acceso a la conectividad de las víctimas impide el avance en procesos de acompañamiento y asesoría por parte de las entidades competentes. Así mismo, la pandemia ha afectado el funcionamiento de las Mesas Departamentales de Participación de Víctimas.
En este escenario se puede poner en riesgo la continuidad de programas de formación para el trabajo, emprendimiento y fortalecimiento, en especial aquellos direccionados al sector rural debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por la COVID 19.
El sector WASH debe acompañar a las autoridades territoriales en la revisión y modificación de planes de contingencia, para adaptarse a respuesta de posibles brotes epidemiológicos de otras enfermedades, a la respuesta a desastres y a las víctimas del conflicto armado en un contexto de COVID 19.
A nivel regional, en el contexto de pandemia, ha habido una preocupante reducción en las tomas de declaraciones, particularmente grave en los casos de reclutamiento y violencia sexual por temor a represalias. Igualmente, persisten las dificultades en los procedimientos de censo ante eventos como el desplazamiento masivo y los requerimientos de misiones de verificación por parte de las autoridades nacionales. Sin embargo, la solución a estas dificultades no se garantiza ante las medidas de aislamiento previstas a nivel nacional.
Actualmente, Putumayo cuenta con 24 camas UCI y de éstas están disponibles un 44 por ciento. Los principales centros de atención se concentran en Mocoa y Puerto Asís, pero por la carencia de vías de comunicación adecuadas el traslado de pacientes desde otros municipios es difícil. Hasta el momento solo se han tomado pruebas al 1.4 por ciento de la población  ( 341 pruebas nuevas durante el último mes )  y existe un amplio temor de los habitantes frente a las amenazas de los grupos armados organizados presentes en el territorio al manifestar síntomas; adicional a la negación de toma de pruebas a población refugiada y migrante.
El Mandatario informó también que fortalecerán los controles en los puntos de frontera, a fin de evitar la propagación de la covid 19.Su declaración llega después de que en las últimas semanas han ingresado en masa migrantes venezolanos por pasos irregulares en la frontera de Norte de Santander."La pandemia aún no se ha ido. No podemos permitir que se ponga en riesgo la vida y la salud de ningún ciudadano", justificó Duque ante la medida.
Más de 200 uniformados de la fuerza pública custodian desde el pasado miércoles diecisiete trochas en Cúcuta, ciudad fronteriza con el estado Táchira, de Venezuela."Hay unos sitios por donde muchos de los venezolanos transitan pendularmente y se reforzará el control para evitar que las personas se sigan pasando de forma irregular hacia el territorio colombiano", declaró el General Ramiro Castrillón.
Preocupan algunos departamentos y ciudades que presentan una tasa de mortalidad mayor a la nacional tales como: Amazonas, Córdoba, Caquetá, Barranquilla, Bogotá y Santa Marta. También preocupa la ausencia de UCI en Amazonas y Guainía, mientras que otros presentan un 30 por ciento de la disponibilidad  ( Antioquia, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Vaupés )
Además, el mismo ministerio recomienda a la UARIV, en el marco de la asistencia técnica que presta a las entidades territoriales, verificar que en los Planes de Acción Territorial  ( PAT )  se hayan adoptado las medidas orientadas a mitigar y superar la vulnerabilidad originada y agudizada con ocasión de la Emergencia Económica, Social y Ecológica causada por la COVID 19 a las víctimas.
El Ministerio de Salud, a través de la resolución 1513, da lineamientos para minimizar riesgos en el espacio público3. Se destaca la importancia de mantener el aislamiento voluntario y respetar las normas de bioseguridad en el espacio público; salir cuando se considere necesario por situaciones laborales, abastecimiento de bienes o servicios, realizar actividad física al aire libre, además de insistir en el lavado de manos como acción fundamental.
Durante el primer trimestre de 2020 el 66,6% de los hombres estaban ocupados, mientras que solamente el 44,3% de las mujeres lo estaban. Esta situación se agudizó con la pandemia del COVID 19, pues durante el segundo trimestre del año la ocupación de las mujeres pasó a ser del 32,8%, lo que equivale a una caída de 11,5 pps. En línea con lo anterior, la brecha de género aumentó ligeramente al pasar de 22,0 pps en 2019 a 22,1 pps en 2020 II.
Para la Defensoría del Pueblo,los datos previos sobre la movilización masiva de venezolanos por carreteras hacia Colombia hacen prioritaria la estrategia propuesta por la Defensoría, no solo en Cúcuta, sino en otros municipios por donde también hay alto flujo de migrantes venezolanos como Pamplona, Los Patios y Silos, en Norte de Santander, y la vía a Bucaramanga, en Santander.
El presidente Iván Duque lanzó una advertencia a la población migrante venezolana radicada en Colombia. Al término de una reunión para la revisión de la estrategia de seguridad, en Córdoba, el mandatario sostuvo que se mantiene el principio de fraternidad con los hermanos venezolanos, perotendrán cero tolerancia con los migrantes que cometan delitos, quienes serán deportados de inmediato.
La mayor cantidad de caminantes son mujeres con niños, grupos de mayor riesgo, que se desplazan hacia la frontera en condiciones precarias para intentar sobrevivir en Colombia', añadió Tarazona en medio de su denuncia, en la que además aseguró que las personas y las comunidades que se organizan para ayudar a los migrantes están recibiendo amenazas por parte de colectivos y grupos armados.
El Estado busca silenciar esta situación, porque incumple en su deber de garantizar las condiciones para que los ciudadanos no tengan que huir del país, y en su defecto intentan impedir que las personas se movilicen hacia la frontera', concluyó Tarazona.
Zone 1, incorporating the states of Zulia and Táchira, represents the most populated regions of the border and the most heavily trafficked legal and illegal crossing points, as well as the largest presence of criminal organizations and dissident groups, such as FARC and ELN, that control them. This high level of criminal interaction imposes a range of impacts on the local indigenous communities. While the illegal movement of trade along informal smuggling routes has increased the security threats to indigenous communities, Zulia and Táchira are also the border states with the strongest representation of governmental security agencies with the capacity to meet these challenges, albeit with often harsh and indiscriminate force. Within this zone, however, it is only the state of Zulia that hosts significant indigenous communities, with the indigenous population of Táchira only representing 0.1% of the state's inhabitants. Regardless, the restrictions on movement across the legal border crossings in both Zulia and Táchira are having a ripple effect in the indigenous communities throughout this zone.
Al separar las tasas de participación laboral entre cabeceras y el resto de las zonas del país, se encuentra que la brecha de participación es sustancialmente más alta en el sector rural. Mientras que la participación laboral de los hombres es ligeramente más alta en el resto versus cabeceras  ( 75,0% frente a 73,6% ) , la participación de las mujeres en zonas más distantes de los centros urbanos es mucho menor  ( 39,2% frente a 56,7% en cabeceras )   ( Gráfico 6 ) . Además, el choque del COVID 19 impactó en mayor magnitud a las mujeres rurales  ( caída en la participación de 9,7 pps respecto al primer trimestre de 2020 )
The precarious economic and livelihood situation experienced by the indigenous communities of this zone, exacerbated by the arrival of the pandemic and border restrictions, has forced many indigenous people to seek income from illegal activities undertaken along the banks of the Orinoco River. Reliance on drug trafficking, smuggling of gold and coltan, sex work, or forced recruitment into criminal groups have all increased since the border restrictions were imposed. According to Juan Francisco García Escalona, former deputy to the National Assembly for the state of Apure, many indigenous people who, out of desperation, resort to these illegal activities, are exploited and enslaved until their death, without their bodies being returned to their families. Additionally, according to the NGO Fundaredes, during the course of 2020, illegal land occupations and forced displacement from indigenous communities, disappearances, and general exploitation have all increased.
Simultaneously, in the center west and south of Zulia, some Wayuu families and the Barí and Yukpa villages, traditionally associated with planting and hunting, face additional challenges. The migratory restrictions deployed in the legal international crossing points of the state of Táchira have escalated the armed dispute between criminal groups for the control of the illicit economies in the regions of Serranía del Perijá, Catatumbo and Gabarra. These disputes have now impacted the capacity of the local indigenous peoples to maintain the traditional livelihoods and the local economies as these groups violently impose their control over communities within their areas of influence.
n its report Sin Dios ni Ley, un informe de la violencia en la frontera, published in February 2020 by the Fundación Paz y Reconciliación   PARES, twelve illegal armed structures were identified in Zulia and Táchira, prior to the border closures, that formed a relatively stable system of alliances and distribution of illegal income. However, with the arrival of the pandemic and migration restrictions, in particular the closure of the migration points in Táchira, this system of alliances has been violently reorganized to profit from the new growth of illegal trade. As a result, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs   OCHA, in July 2020, the increasing cross border violence resulting from economic competition has led increasing numbers of Wayuu people to seek refuge in Colombia.
This escalation of armed violence between criminal groups, and competition over territory, has resulted in numerous reports of inhumane treatment, exploitation, forced recruitment, and disappearances. These impacts have now spread beyond those using, or living close to, the informal smuggling trails, to now include the more distant Barí and Yukpa population living in the Serranía del Perijá, Catatumbo, and Gabarra. Reports coming from these indigenous communities include forced confinement, restrictions on commerce, and even limitations on agricultural and fishing activities, imposed by criminal groups. This has not only generated terror within these populations, but has also disrupted economic activity and commercial ties with nearby population centers and has directly threatened the lives of their members and the survival of their communities.
One of the unique characteristics of this relatively sparsely populated zone that existed prior to the border restrictions was the strong linkages to drug production and trafficking from Colombian criminal groups that have taken advantage of the relatively remote and permissive location to increase their operations. This has, in turn, undermined the security conditions of both the zone generally, and of the indigenous Pumé and Guahibo peoples in particular. In this area, the supporting infrastructure for the narcotics trade in the east of the state, such as remote airstrips owned by the National Liberation Army   ELN and other criminal organizations, has resulted in international distribution of narcotics originating from Vichada, Colombia, being regularly transported through indigenous territory. The significant presence of illegal armed groups in this zone has given them a heightened interest in any changes to the security dynamic. With the restrictions on border movements applied to the José Antonio Páez International Bridge and other crossings, this has resulted in an intensification of the social and economic control measures applied by illegal armed groups on indigenous border communities. For instance, to evade the new trade and migration restrictions on the border, boatmen moved their passenger loading points to other areas along the river. As the boatmen relocated their services to maintain their trade, criminal groups also moved their operations to ensure their ongoing control over this illegal commerce. These new locations are often within indigenous community territories, whose inhabitants are now suffering the increased presence of these illegal groups. Moreover, these criminal organizations have also reportedly restricted agricultural and fishing activities, as well as transit between towns at certain times of the day. While the economic and social impact on specific indigenous communities has not been reported, it is likely that the trade and commerce have been significantly affected. Likewise, it indicates a deterioration in the sources of income generation of indigenous families, a concern which becomes more acute in the context of increasing price rises and food shortages.
Zone 2, incorporating the relatively more remote and less developed Apure state represents a distinctly different context from that in Zone 1. Trade volumes are lower, as is the illegal movement of individuals through informal trails, however with the added challenges of an increased presence of organized armed groups and narcotic production and transshipment. This context presents the indigenous population with their own distinct challenges when responding to the COVID 19 border restrictions. According to the National Census of Population and Housing in 2011, the indigenous population, encompassing the Pumé or Yaruro people and the Guahibo, totals 11,559, representing 2.6% of the total population of the state. In this zone, the border between Venezuela and Colombia is characterized by generally unpatrolled river boundaries, rather than physically enforced borders and legal crossings points, which makes it particularly porous and simple for the informal movement of goods and people. Additionally, the José Antonio Páez International Bridge, which is relatively distant from the surrounding urban centers of El Amparo de Apure  ( Venezuela )  and Arauca  ( Colombia ) , has never been a popular crossing point for regular migrants. These travellers have traditionally preferred to pay boatmen to informally ferry them between the Colombian and Venezuela sides of the border river.
Unfortunately for programmatic decision makers, the key challenge to understanding the security and livelihood impacts of the border restrictions for the indigenous communities in this zone is a near complete absence of timely information from verifiable sources. The difficulties of terrain, its remoteness, the presence of armed groups in the Orinoco Mining Arc, and the limited capacity of local governments to monitor the living conditions have all added to the difficulties in obtaining accurate information on indigenous issues. However, given known information regarding the society and economy in the Amazonas and the broader region, it is likely that these communities are experiencing challenges to similar indigenous communities in the other zones. For example, increasing illegal trade and people smuggling associated with criminal organizations, and increasingly uncertain control over the traditional use of their land as illegal groups grow in strength. These communities will also experience additional difficulties in responding to these declining humanitarian indicators given their isolation and inability to access even the limited resources and assistance available to indigenous communities along other parts of the border.