nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Más allá del tipo de cobertura de salud de las personas migrantes, el acceso a la atención médica se realiza también en el SPS.
El 64% de las personas venezolanas indicó atenderse en guardias o en hospitales, seguido de un 22% que lo hace en centros locales de atención primaria.
Si bien registra un predominio del SPS en comparación con los datos de la población migrante en general, se presentan porcentajes similares en las formas de acceso  ( Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021 ) .
Un aspecto relevante, e incluso para poner bajo observación, es que el 15% indicó cubrir su atención de salud por medio de recomendaciones familiares o de la automedicación.
El análisis estadístico de la ENMA revela que la población venezolana se encuentra instalada prioritariamente en departamentos  ( 58% ) , dato que se corresponde con el hecho de que se ubican principalmente en áreas urbanas y grandes aglomerados  ( Pacecca, 2019 ) . . A su vez, el 14% indicó
residir en hoteles o pensiones, el 10% en habitaciones en viviendas compartidas y el 18% en casas.
Cabe destacar que cuatro personas informaron residir en viviendas precarias o improvisadas: dos en “casillas', una en alojamiento improvisado y otra persona declaró estar en situación de calle13
.
El siguiente gráfico muestra una amplia mayoría de personas que alquilan: 61% de manera formal –es decir, con contrato– y 31% de manera informal, quedando un reducido 3% para propietarios.
Esta dificultad de acceso a la propiedad está marcada por los años de residencia, tal y como se observa en el análisis del Anuario Estadístico Migratorio de Argentina y es compartido por otros colectivos de reciente instalación en la Argentina  ( Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021 ) .
Si se observan las dificultades informadas en relación con el género y la edad, se advierte que las mujeres han experimentado mayores dificultades en el acceso a la vivienda  ( 84% )  que los varones  ( 76% ) .
Del mismo modo, se verifica una relación proporcional entre la edad y las dificultades, siendo que las personas mayores de 55 años parecen experimentar menores dificultades.
En relación con las dificultades habitacionales experimentadas durante el ASPO ante la llegada de la COVID 19, se observa que la mayoría de las personas venezolanas no enfrentó nuevas dificultades  ( 61% ) 14.
Sin embargo, casi 3 de cada 10 indicó aumentos en el valor del alquiler, incluso cuando el DNU 320/20 prohibió el aumento de los precios de los alquileres en 2020.
A su vez, este mismo decreto suspendió los desalojos, pero el 10% informó haber sido expulsado de su vivienda  ( bajo pedido o amenaza ) .
Estos datos adquieren mayor impacto teniendo en cuenta las dificultades para encontrar una nueva vivienda en el contexto del ASPO.
Ciudad de Buenos Aires: el proyecto de Ley sobre la creación del Sistema de Cuidados pretende formular, implementar, coordinar, fiscalizar y evaluar políticas públicas integrales con perspectiva de género, promoviendo el desarrollo de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. A través de este sistema se garantiza el derecho de las personas a recibir cuidados, cuidarse y a cuidar en condiciones de calidad e igualdad en todo el territorio, promoviendo una organización social del cuidado corresponsable entre familias, Estado, mercado y comunidad, así como entre hombres y mujeres.
• La proyección de crecimiento del PBI de Argentina es del  6,5%. • La participación en el PBI de los distintos sectores de la economía según la intensidad con la que se verían afectados21 es la siguiente: 10,5% menos afectados, 63,6% medianamente afectados, 25,9% más afectados.
Ampliación del Seguro de Desempleo a un máximo de ARS 10.000. • Refuerzos en los planes sociales y asignaciones. Desde el comienzo de la crisis, el gobierno argentino reforzó los programas no contributivos de apoyo a los ingresos, mediante:  ( i )  el pago de un bono extraordinario de la Asignación Universal por Hijo  ( AUH )  y la Asignación Universal por Embarazo  ( AUE )  equivalente al monto mensual  ( ARS 3.103 ) ;  ( ii )  el pago de un bono extraordinario a los jubilados que perciben una única jubilación o pensión mínima; y  ( iii )  la postergación del pago de las cuotas para créditos ANSES correspondientes a los meses de abril y mayo.
Protección de los trabajadores en el lugar del trabajo25 • Licencias para trabajadores expuestos al riesgo de contagio  ( 2020 178 APN MT de 06/03, Res.2020 184 APN MT de 10/03, Res.2020 202 APN MTde 13/03 ) . • Licencias para trabajadores con responsabilidades de cuidado y pertenecientes a grupos de riesgo  ( 2020 207 APN MT de 16/03 ) . • Fomento del trabajo remoto  ( 2020 207 APN MT de 16/03 ) . • Recomendaciones de seguridad e higiene para los trabajadores del sector de telecomunicaciones.
Según el Ministerio de Salud, el 65 por ciento de todos los casos se encuentran ahora fuera del área metropolitana de Buenos Aires, lo que indica una curva de disminución de casos en la ciudad capital que antes representaba hasta el 90 por ciento de todos los casos. Las zonas remotas que se salvaron del brote inicial, como Ushuaia, informan ahora de tasas de análisis que llegan al 60 por ciento. Rosario, una ciudad de un millón de habitantes situada a 300 km al noroeste de Buenos Aires, notificó 1.250 casos en un solo día después de haber notificado menos de 20 casos hasta agosto. El Ministerio de Salud informa de que la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos  ( UCI )  de todo el país es del 64 por ciento.
Dos variaciones porcentuales resultan indicativas de la especificidad de la situación laboral de la población venezolana: en primer lugar, el alto nivel de desempleo  ( 15% vs.
6% informado por el conjunto de personas migrantes encuestadas ) , y, en segundo lugar, la ausencia de personas jubiladas y pensionadas  ( 0% vs.
13%, respectivamente ) .
puede afirmarse que el 85% de niños/as y jóvenes de nacionalidad venezolana se encuentra escolarizado, es decir, casi 9 de cada 10 asiste a una institución educativa.
Por otro lado, un 18 % de las familias señaló tener hija/os que no están escolarizados, ya sea porque aún no alcanzaron la edad para ello  ( 11% )  o debido a otros motivos  ( 7% ) .
Ante la pregunta “¿Durante la pandemia pudo sostener la continuidad de sus estudios?', el 15% de la población encuestada manifestó haber tenido problemas.
Entre las dificultades señaladas destaca la reducción de la cantidad de horas de estudio/materias  ( 21% )  y, en menor medida, la falta de alfabetización digital, la suspensión de las clases y la falta de dispositivos
o de internet.
El primer dato de interés que arroja la ENMA es que el 49% de la población venezolana encuestada indicó que ha sufrido discriminaciones ya sea por su condición de persona migrante  ( extranjera )  o por su aspecto físico.
Este valor es menor que el expresado por la población migrante en general  ( 65% ) .
Finalmente, con relación a la violencia por razones de género, el 10% de personas manifestó haber sufrido este tipo de discriminación y violencia, mientras que el 3% eligió la opción “tal vez' y el 1% que no quiso responder.
Estos dos últimos porcentajes requieren ser analizados teniendo en cuenta la complejidad de esta problemática social que se encuentra incluida dentro de la agenda pública argentina gracias al movimiento organizado de mujeres y disidencias.
Dentro del conjunto de mujeres que respondieron haber sufrido efectivamente violencia de género, el 64% tiene entre 18 y 34 años, lo cual es indicativo de un problema que afecta en mayor medida a la población femenina más joven  ( INDEC, 2019: 32 ) .
At the end of March, the government of Argentina announced that entry requirements to the country would be normalized to pre  pandemic conditions.
Border crossings will be reopened and a sworn statement will be required from residents and non residents and COVID 19 insurance for international tourists.
The new measures would imply the elimination of the requirements for negative PCR tests and a certificate of vaccination against COVID 19 for entry into Argentina.
En 2020, la Argentina era el país de la región que tenía la mayor población de personas nacidas en el extranjero, con más de 2 millones de migrantes procedentes principalmente de países vecinos como el Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia
El diagnóstico indica un aumento o agudización de los casos de discriminación, racismo o xenofobia tanto, en la respuesta de las instituciones estatales como en el comportamiento de la población en las comunidades de acogida. Dentro de las situaciones reportadas se encuentran, entre otras: la negación al acceso a la salud, incluso de personas afectadas por la COVID y sus hijos e hijas menores de edad, obstáculos en el acceso a la información y a la justicia; durante los procesos de des  alojos forzados y en controles migratorios y las barreras en el idioma en países no hispano hablantes.
Entre las causas de desalojos forzados que las per  sonas identificaron, están las dificultades en el pago de los alquileres, unido a la discriminación que su  fren por su nacionalidad y su situación migratoria.
Las mujeres entrevistadas desalojadas o en riesgo desalojadas reportaron señalamientos vinculados a su nacionalidad en contextos de acoso y violencia sexual ejercida por los arrendadores como medida para evitar el desalojo. Este tipo de situaciones afecta, particularmente a las mujeres trabajadoras sexuales y/o en situación de prostitución y en jefatura familiar20. Las mujeres trabajadoras sexuales transgénero ex  presaron que este tipo de situaciones se profundiza al interior de la comunidad LGBTIQ+ sin que las denuncias presentadas ante las autoridades competentes surtan algún efecto.
Argentina y Uruguay se ubicaron desde 2016, cuando iniciara el éxodo de migración venezolana, como polos de atracción, experimentando un marcado crecimiento en los ingresos de refugiados y migrantes venezolanos entre 2016 y 2019 como se observa en el Gráfico 1; sin embargo, a partir de 2019 el stock migratorio se estabiliza en ambos países no mostrando mayores fluctuaciones, aunque deben considerarse lógicamente, a partir de 2020 y durante 2021, las medidas de restricción a la movilidad transfronteriza vinculadas a la pandemia de COVID 19.
Si bien la mayor proporción de personas venezolanas que ingresan a la subregión lo hacen por vía aérea, las restricciones aéreas impuestas por la mayor parte de los países trajeron aparejada una merma en el ingreso neto de personas refugiadas y migrantes venezolanas por esta vía y un aumento de los accesos por vía terrestre, tanto regulares como irregulares. Los principales puntos de acceso por vía terrestre a la subregión son la frontera entre Bolivia y Perú por Desaguadero y la Triple Frontera, con el ingreso de personas venezolanas provenientes de Brasil hacia Argentina y Paraguay.
En cuanto al transporte para el ingreso a la Argentina, el 98 por ciento de las personas alcanzadas por la encuesta ingresó al país por vía terrestre, el 83 por ciento mediante el paso de La Quiaca en Jujuy y el 2 por ciento por Puerto Iguazú, mientras que el 15 por ciento ingresó por vía fluvial por Puerto Iguazú.
El 81 por ciento de la población alcanzada tenía a la Argentina como destino final de su viaje, el 11 por ciento se dirigía a Uruguay, mientras que el 8% se dirigía a Chile. Entre las ciudades de destino de quienes se dirigían a la Argentina, se destacan Buenos Aires 60 por ciento, Córdoba 4 por ciento y Rosario 4 por ciento. Mientras que las personas que se dirigían a Uruguay, tenían a Montevideo como ciudad de destino en un 7 por ciento y a Colonia del Sacramento un 4 por ciento. Las personas que se dirigían a Chile representan el 8 por ciento.
A través de una pregunta específica, también se relevó el tipo de asistencia que la población manifiesta necesitar. En siguiente el gráfico, se presentan los tipos de asistencia mencionados según orden de prioridad. Las necesidades identificadas mayoritariamente como primera prioridad fueron “generación de ingresos/empleo', “ayuda médica', “asistencia en materia de documentos' y “transporte'.
Otra característica distintiva de la población migrante y refugiada venezolana es su alto nivel educativo. Como puede observarse en el siguiente gráfico, en esta subregión, mismo en los casos donde se observan los menores niveles educativos, más de 1 de cada 3 migrantes o refugiados venezolanos mayores de 18 años cuenta con estudios terciarios o universitarios y una mayoría  ( casi absoluta )  ha completado sus estudios secundarios  ( arriba del 93% ) . Ahora bien, más allá de esta tendencia común, las diferencias formativas de la población venezolana según país de acogida merecen también atención: en los países que se establecieron como primeros destinos, contando con una migración más “planificada', como es el caso de Argentina y Uruguay, la gran mayoría  ( más del 75% en el primer caso )  posee estudios universitarios o terciarios;
La proporción de personas venezolanas encuestadas que indicaron haber ingresado de forma irregular es del 1,5% en Uruguay, 31,8% en Bolivia, 2,9% en Paraguay, y 7,5% en Argentina.
Esta situación trajo aparejado un aumento en la proporción de personas migrantes y refugiadas venezolanas en situación irregular: en Bolivia el 65% de los migrantes y refugiados indicó estar en situación irregular, en Argentina, el 44% de los venezolanos que llegaron al país hace menos de dos años no cuenta con Documento Nacional de Identidad – principal barrera de acceso a derechos
El cierre de las oficinas administrativas en los Estados también produjo un rezago en la tramitación de documentación migratoria ocasionando la falta de acceso a los documentos de identidad  ( Argentina y Paraguay ) .
La insuficiencia de albergues para resolver las situaciones de alojamiento en frontera o en los centros urbanos durante las primeras semanas de llegada de las personas emergió de manera recurrente en el análisis de necesidades, siendo aún más acuciante en el caso de la llegada de familias con niños, niñas y adolescentes  ( NNA ) .
Por su parte, al momento de la atención, los migrantes y refugiados venezolanos afrontan obstáculos asociados a la falta de información  ( bajo nivel de conocimiento de la población objetivo sobre la organización del sistema sanitario en el país de acogida y/o en algunos Estados sobre los derechos que los asisten ) ; a exigencias administrativo burocráticas que no pueden cumplimentar  ( de documentación requerida que no disponen ) , y a situaciones de discriminación que se vivencian en hospitales o centros de salud.
La falta de información, principalmente para los grupos de reciente arribo, tiene su correlato, en ocasiones, en la desinformación de los agentes públicos de los propios sistemas sanitarios. Además, la desinformación en este segundo grupo, se identifica como causal de discriminación.
Por su parte, en el campo de la salud sexual y reproductiva, se registran limitaciones en el alcance efectivo de las políticas de prevención, en el acceso a servicios de maternidad, controles ginecológicos, entre otros.
El confinamiento prolongado, conjugado con el trabajo domiciliario o la pérdida de empleo, la incertidumbre, y el deterioro general de las condiciones de vida, sumado a la propia experiencia migratoria y el desarraigo, ha generado una especial afectación sobre la salud mental de la población venezolana, como así también el agravamiento de enfermedades preexistentes.
Finalmente, aunque sin disponer aún de datos estadísticos, se reconocen problemas en el acceso a la vacunación contra el Covid  19, asociados a demoras burocráticas; ausencia de mecanismos específicos para registrar a la población objetivo en los sistemas oficiales, dificultades para inscribir y eventualmente vacunar a la población sin documentación.
La inserción laboral de la población venezolana en la subregión de Cono Sur se halla notablemente impactada por el carácter reciente de esta migración: a menor tiempo de residencia, mayor incidencia del desempleo, el subempleo y la precariedad laboral y, consecuentemente, de las distintas formas de desclasamiento, pobreza e indigencia. La situación documentaria  ( regular/irregular, precaria/permanente )  es otro factor   también ligado al tiempo de residencia – determinante para el acceso al mercado laboral formal.
las dificultades para integrar a NNA en el sistema escolar y en los circuitos alternativos de cuidado y esparcimiento constituyen un obstáculo claro y central a la hora de disponer de una jornada laboral completa exenta de las cargas de cuidado  ( que recaen especialmente sobre las mujeres ) .
En esta línea, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes no escolarizados  ( debido a la falta de documentación, opciones de educación temprana, cupos o dispositivos electrónicos e internet, estos últimos especialmente importantes en el contexto de la pandemia )  fue señalado como uno de los principales problemas en materia de integración educativa que enfrenta esta población.
El cierre de fronteras en Argentina se extendió a lo largo de todo el 2020 y hasta junio de 2021, imponiendo numerosas barreras para el ingreso al territorio y también el acceso a la protección internacional en frontera.
44% de las personas venezolanas que llegaron a Argentina hace menos de dos años no cuenta con DNI. Durante la pandemia se ha evidenciado un aumento en las personas venezolanas en situación irregular. 33% de las personas venezolanas encuestadas indicó haber tenido algún tipo de dificultad para regularizarse. Entre los principales problemas destacan: rezagos y demoras en los turnos  ( 11% ) , falta de documentación del país de origen  ( 6% )  y dificultades económicas  ( 4% ) . 9% de personas entrevistadas indicaron no tener ningún permiso de residencia válido en el país de acogida.
El 50% de la población venezolana informó tener hijos y entre quienes tienen hijos el 81% son nacidos en Venezuela u otro país. Durante la pandemia, la pobreza de niños/as en Argentina alcanzó el 57%  ( UNICEF, 2021 )  con un impacto directo en la población migrante que tiene una menor representación en los mecanismos de protección social: 1,2 % de los beneficiarios de la AUH3 son migrantes, mientras que alrededor de un 4% de los beneficiarios del IFE fueron migrantes.
Según datos de la ENMA 2020, el 29% de las personas venezolanas habría migrado debido a violencias y/o persecuciones en origen, un porcentaje que duplica el de la población migrante en general  ( 12% ) . De 284 venezolanos que informaron haber migrado debido a violencias y/o persecuciones, solo el 7% solicitó asilo.
El 63% de la población venezolana en Argentina no cuenta con ninguna otra cobertura más que la provista por el Sistema Público de Salud  ( SPS ) ; el 26% con una obra social; y el 12% con una prepaga  ( privada ) .
Cuando tienen una situación de salud que atender, el 64% de los encuestados acude a guardias o consultas en hospitales públicos, 22% centros locales de atención primaria  ( también del sistema público ) ; un 18% a la red de consultorios o clínicas de su obra social o medicina prepaga; 15% lo resuelve vía recomendaciones familiares o automedicación.
En torno al 19% de la población venezolana registra algún tipo de enfermedad crónica. Entre quienes sí la experimentan, figuran en orden de prioridad, patologías cardiovasculares  ( 11% ) , respiratorias  ( 6% ) , diabetes  ( 3% ) , enfermedades renales, cáncer  ( 1% ) . Otras fuentes  ( HFS )  revelan que el 12.2% de las personas encuestadas indicó que algún miembro de su grupo familiar tenía una enfermedad crítica o crónica sin acceso al tratamiento.
El 5% indicó haberse infectado con la Covid 19  ( confirmado por test )  y otro 6% presentó síntomas, pero no se realizó las pruebas, y el 2% ha convivido con una persona que transitó la enfermedad  ( ENMA, 2020 ) .
El 35% de las viviendas de venezolanos encuestados con hijos/as no cuenta con acceso a internet.
Sobre 354 personas, el 25% informó haber enfrentado dificultades para inscribir a sus hijos en un establecimiento escolar, siendo el problema más recurrente la dificultad de tener cupo en los establecimientos educativos  ( 19% ) .
Durante la pandemia, un 8% ha indicado que no pudo sostener la continuidad pedagógica debido a la falta de dispositivos e internet  ( 31% ) , la dificultad para acompañar a los/las hijos/as en la realización de las actividades  ( 27% ) , la falta de motivación de les hijes  ( 19% ) , la falta de condiciones apropiadas en el hogar  ( 7% ) , las dificultades con la propuesta docente  ( 4% )  y otros problemas  ( 2% ) .
El 7% de los encuestados venezolanos mayores de 18 años que están estudiando ha tenido algún tipo de inconveniente, específicamente, con la documentación del país de origen, las equivalencias o debido a la falta de DNI.
En los cuatro países se presentan importantes dificultades en torno al acceso a alojamiento temporal y a vivienda en condiciones dignas. En particular durante la pandemia se registraron serias limitaciones para sostener los pagos de los alquileres, derivando en mudanzas imprevistas, desalojos o intimidaciones por parte de los propietarios. La falta de documentación agrava en todos los casos esta dificultad, impidiendo el acceso a alquileres formales y facilitando situaciones de hacinamiento y/o precariedad habitacional.
La evaluación conjunta de necesidades en los cuatro países del Capítulo Cono Sur para el sector salud arroja problemáticas diversas relacionadas, en primer lugar, con la escasa cobertura, en tanto se registra una reducida porción de la población objetivo que se ve alcanzada con un seguro social de salud. Este aspecto suele traducirse, o en una marcada dependencia de los sistemas de salud públicos de algunos países de acogida  con las dificultades de acceso o deficiencias estructurales que éstos acarrean , o directamente, con la ausencia de asistencia médica y la resolución de la atención por vías alternativas.
49% de la población venezolana encuestada en el marco de la ENMA indicó que ha sufrido discriminaciones ya sea por su condición de persona migrante  ( extranjera )  o aspecto físico. Este valor es menor que el expresado por la población migrante en general  ( 65% ) . 10% de las mujeres venezolanas indicó haber experimentado violencia basada en género. 58.2% de las personas entrevistadas indicaron sentirse solas o aisladas en el país de acogida.
Para las trabajadoras sexuales o aquellas en situación de prosti  tución, la discriminación y la xenofobia, que ya existían, se agudizaron durante la pandemia. En su caso, la discriminación que sufren se en  cuentra vinculada a la nacionalidad, su situación migratoria, su iden  tidad de género y/o en algunos casos al oficio o actividad que desem  peñan.
El agravamiento de sus niveles de vulnerabilidad, tanto durante el ejercicio de su oficio, como en la atención por parte de instituciones estatales ha afectado el acceso a la salud, a la justicia y a la información, y en algunos casos, en la garantía de acceso a la protección internacio  nal y procesos de regularización de su situación migratoria22.
En el caso de los pueblos indígenas el racismo y la xenofobia, tanto a nivel estatal y de sus instituciones, como por parte de la población en general, se intersectan. Una situación que estas comunidades iden  tifican como histórica y estructural, se ha profundizado como conse  cuencia de la pandemia, agravando su situación de vulnerabilidad.
Las dificultades en el acceso a la documentación de identidad y migratorios, ha generado que las per  sonas refugiadas y migrantes de Venezuela acep  ten, por un lado, trabajos informales o formales mal remunerados o que sean sometidas a condiciones de explotación laboral y por el otro, que no se sien  tan en igualdad de condiciones para denunciar es  tas situaciones o tener acceso a la protección so  cial, generando una sensación de no ser poseedoras de derechos “nosotras acá no valemos', afirmó una persona en uno de los grupos focales27.
A pesar de esto, un importante número de las per  sonas desalojadas o en riesgo de desalojos, en situa  ción de prostitución o trabajadoras sexuales, y per  tenecientes a pueblos indígenas participantes en el diagnóstico, afirmó no conocer las rutas de acceso, ni saber a cuáles instituciones acudir, ni conocer los costos, ni los requisitos que deben cumplir durante los procesos de regularización migratoria29.
Se ha identificado de igual manera un incremento en los niveles de explotación laboral, evidenciados en jornadas de trabajo que exceden la jornada legal y las cargas laborales normales y reglamentarias y, en algunos casos, la retención de pasaportes o documentos para el pago en consignación de productos para vender en las calles, situaciones que eventualmente también podrían calificar como trata de personas48.
La falta de acceso al trabajo también tuvo un impac  to en el aumento de la violencia intrafamiliar. Las personas participantes, compartieron cómo desde sus experiencias la falta de un ingreso básico, el ha  cinamiento, el encierro, el cierre de escuelas, entre otras causas, ha aumentado la tensión al interior de las familias, generando una mayor incidencia en los casos de violencia intrafamiliar50.
Al indagar sobre estos casos las mujeres trabajadoras sexuales expresaron que, cuando intentaron pre  sentar denuncias fueron amenazadas e intimidadas sin lograr acceder a los procedimientos judiciales o de reporte de casos de abuso sexual.
Así mismo, reportaron no tener acceso suficiente a medidas de salud sexual y reproductiva, particular  mente las relacionadas con la prevención de infec  ciones de transmisión sexual ni a los elementos de bioseguridad necesarios para prevenir el contagio por la COVID 19.
Esta situación ha tenido un mayor impacto en gru  pos específicos, como personas con enfermedades crónicas, personas adultas mayores, mujeres ma  dres solteras y niños, niñas y adolescentes, algunos hijos e hijas de mujeres trabajadoras sexuales quie  nes, afirmaron tener la percepción de que durante la pandemia fueron “vistas como foco de infección no como portadoras de derechos'55.
Durante la pandemia y las medidas de confinamien  to, también, se observaron múltiples casos de afec  tación a la salud mental de las personas refugia  das y migrantes de Venezuela que participaron en el diagnóstico. La angustia y la incertidumbre cau  sadas por su situación de movilidad humana, se han traducido en problemas de depresión, ataques de ansiedad o pánico, así como estrés postraumáti  co como consecuencia del encierro y la preocupa  ción por su situación de salud y económica60 sin que se cuente con el apoyo necesario para manejar es  tas afectaciones,61 a las que se suman los hechos no atendidos de abuso y violencia sexual e intrafami  liar.
La crisis generada por la pandemia de la COVID 19 ha puesto en evidencia que el acceso a una vivienda dig  na y adecuada63 sigue siendo un reto para gran parte de la población mundial. En algunos casos, la ausencia de condiciones dignas de las viviendas hace que el “quedarse en casa' sea difícil, si no imposible, para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. La mayoría de las personas carece de viviendas seguras y adecuadas, ya sea en los asentamientos formales o informales, o en los albergues en los que se refugian de manera colectiva. Requisitos como la habitabilidad, el distanciamiento físico, el lavado permanente de ma  nos, resultan difíciles de realizar.
Los “altos costos de los alquileres', que son cobra  dos a las personas venezolanas65, han obligado a las familias numerosas a habitar en un mismo cuarto o en casas sin condiciones adecuadas: techos de lá  mina, pisos de tierra, terrenos sin instalaciones sa  nitarias adecuadas, sin acceso a agua potable y en algunos casos, sin ventilación ni acceso a luz solar, haciendo las viviendas poco seguras y habitables66.
A este contexto, se unió la necesidad de recibir en los pequeños espacios de habitación, a familiares y otras personas venezolanas que habían sido previamen  te desalojadas. Esto desembocó, en algunos casos, en situaciones de hacinamiento causando tensiones con las personas arrendadoras, quienes en ocasio  nes denunciaron a las personas refugiadas y migran  tes venezolanas ante las autoridades y en otras reali  zaron desalojos forzados de manera directa.
La falta de capacidad de pago por parte de las per  sonas venezolanas conlleva a situaciones de abuso y violencia por parte de las personas arrendadoras, presentándose casos de abusos durante los proce  sos de mediación o propuestas de pago. Ejemplo de formas de pago “alternativas' fueron largas jornadas en labores domésticas como contraprestación por no desalojar a las familias de las viviendas, personas mayores, mujeres, niños y/o niñas fueron algunas de las víctimas de esta práctica de “intercambio'68.
Pudo identificarse que las trabajadoras sexuales o las personas que se dedican a la prostitución suelen tener acceso a tres tipos de vivienda: 
* VIVIENDAS INDIVIDUALES EN LAS QUE HABITAN 
 CON SUSFAMILIAS NUCLEARES Y/O EXTENDIDAS.
* BARES ALGUNAS MUJERES VIVEN EN LOS BARES EN LOS QUE TRABAJAN 
* HABITACIONES SE ALOJAN EN HABITACIONES O EN HOTELES QUE PAGAN A DIARIO
De los tres casos, esta última modalidad de habi  tación es el que más riesgo de desalojo conlleva: el pagar a diario no solo sube el costo de la vivienda75, sino que obliga a las personas a una búsqueda coti  diana y permanente para pagar el alquiler, aumenta  do así los riesgos en su seguridad personal, de con  tagio de la COVID 19 y la angustia permanente de ser desalojadas.
Adicionalmente, se identificaron ciudades en las que se realizaron campañas para no recibir en los hote  les o habitaciones de pago por días a las personas de la comunidad LGBTIQ+ trabajadoras sexuales o en situación de prostitución exponiéndolas a una si  tuación de indefensión muy alta y en algunos casos a situación calle77.
Las mujeres participantes en los grupos focales compartieron algunos de los efectos directos que han afec  tado a sus hijas e hijos durante la pandemia. Por un lado, no poder salir a la calle para socializar con sus pa  res, el cierre de las escuelas y los costos económicos y emocionales de la transición hacia la virtualidad de los procesos educativos, han dificultado la socialización de las niñas y niños y de sus procesos de adaptación en las comunidades de acogida87.
Los impactos de la virtualidad educativa, no solo para las niñas, niños y adolescentes, sino para sus familias, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad como son las familias en movilidad humana o en las familias uniparentales en las que la madre o padre cabeza de familia está obligado a salir a trabajar y no puede realizar su trabajo desde el hogar.
También, se identificaron hechos de violencia o destrucción de bienes de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela durante o de forma previa a los desalojos. Se documentaron situaciones como cortes de servicios públicos  agua y luz , e incluso el internet, que, aunque no es considerado un ser  vicio público básico, para las personas refugiadas y migrantes resulta de vital importancia siendo este el medio con el que se comunican con sus familias en Venezuela, con su red de apoyo en las ciudades de acogida, con las instituciones públicas y con las organizaciones que les brindan atención y asesoría.
Esta situación toma más importancia en el caso de las familias con hijas e hijos en edad escolar, dadas las condiciones de virtualidad de la educación, especialmente en los países de América Latina70, en el contexto de pandemia71.
En cuanto a la atención médica el 42% afirmó que la persona enferma estaba siendo tratada en el sistema de salud público. Por otro lado, y al preguntar sobre su situación actual, el 16% de las familias manifestó necesitar algún medicamento durante el confinamiento.
Por el otro, el desalojo forzado ha obligado a las familias venezolanas a moverse a otras zonas de las ciuda  des en donde los costos de alquiler son menores, pero los niveles de seguridad son precarios. Esta situación ha tenido un impacto directo sobre la seguridad que ellas sienten en relación con sus hijas e hijos.
Otra de las estrategias de autocuidado ha sido la restricción de los desplazamientos de sus hijas dentro de los barrios, dado el acoso que reciben por parte de hombres adultos en las calles. En ese sentido las personas entrevistadas observaron la existencia de una correlación entre los oficios que desem  peñan  ( trabajo sexual )  y los niveles de acoso89.
En búsqueda de alternativas para poder ayudar a sus familias con el pago de alquileres y evitar ser des  alojados, personas jóvenes se han involucrado en el microtráfico de drogas y algunas adolescentes mu  jeres y hombres han recurrido al sexo transaccional en sus barrios, ciudades y a través de sitios web, así como al ejercicio de la prostitución93.
En este sentido, pudo identificarse una afectación específica sobre las ma  dres solteras, para las cuales existe una carga más pesada de discriminación, violencia, de acceso al trabajo digno y a servicios por parte de las institu  ciones.
También se evidenciaron, en algunos países, casos puntuales de “uniones por conveniencia'100, mujeres ve  nezolanas que aceptaron vivir con un hombre originario del país de acogida para evitar los desalojos o po  der sobrevivir. Algunas organizaciones proveedoras, manifestaron tener conocimiento de estos casos y de la violencia que se da al interior de estas relaciones. Sin embargo, es un tema difícil de documentar como consecuencia del hermetismo que existe alrededor de él101.
En algunos países de Latinoamérica, las mujeres trans y trabajadoras sexuales expresaron también, ser sobrevivientes de violencia sexual por parte de miembros de las fuer  zas policiales, haber acudido a las autoridades com  petentes y no lograr el acceso a la justicia o la activa  ción de los protocolos de atención para estos casos. Estas afectaciones recurrentes, sin ningún tipo de acompañamiento o atención han elevado los niveles de ansiedad, angustia y depresión en este segmen  to de la población.
Consecuentemente, se puede afirmar que hay diferencias entre los me  canismos de afrontamiento de los impactos en las trabajadoras sexua  les en países en los que las mujeres cuentan con el acompañamiento de organizaciones más grandes  como es el caso de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú , y de las personas que se encuentran en países de la re  gión Caribe, sin una red de organizaciones aliadas. Esto puso en evidencia que para las trabajadoras sexuales o las mujeres que ejercen la prostitu  ción tener organizaciones como referente a quién acudir, representa una sensación de seguridad y eso determina no solo los niveles de afectación, sino su capacidad y nivel de organización, agencia y participación113.
En la relación de las personas refugiadas y migran  tes con la institucionalidad durante la pandemia y las medidas de confinamiento se pudieron estable  cer dos dinámicas. La primera, la existencia de una brecha en el acceso a la información sobre las rutas de atención de las instituciones prestadoras de ser  vicios. Las personas refugiadas y migrantes venezo  lanas no identifican, en general, a qué instituciones ir, qué pasos seguir, a dónde llamar o cómo buscar las instituciones y/o ayudas durante la duración del confinamiento y el cierre de la atención presencial por parte de las organizaciones. La segunda, la des  confianza generalizada en las instituciones estatales tanto a nivel nacional como local, vinculada con los elementos de xenofobia, discriminación y bajos ni  veles de sensibilidad frente a las necesidades espe  cíficas de estos grupos y la realidad de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela.
En la respuesta de las fuerzas policiales en la región sobre las medidas implementadas en el marco de la pandemia fue posible establecer algunas diferencias según el país y el grupo de población; sin embargo, se evidenciaron elementos transversales como de  tenciones mediadas por sobornos  solicitud de di  nero a cambio de la libertad 120, por amenazas de deportación con implicaciones en la separación fa  miliar121 y por abusos sexuales, especialmente en el caso de las mujeres trabajadoras sexuales122.
Las mujeres trans trabajadoras sexuales fueron víc  timas una violencia diferenciada basada en su orien  tación sexual e identidad de género: no solo se vie  ron forzadas a trabajar en situación de la calle en búsqueda de sustento, sino que fueron abordadas por la policía siendo violentadas con cobros de ex  torsiones, chantajes, amenazas de detención y de  portación. En algunos casos incluso abuso sexual125.
En los casos de desalojos forzados, persiste la per  cepción de discriminación y xenofobia por parte de las instituciones policiales. Por un lado, el uso de desproporcionado de la fuerza por parte de la fuer  za pública durante los desalojos y por el otro la au  sencia de un rol en la mediación y la prevención de los mismos; durante los cuales las fuerzas policia  les privilegiaron a las personas nacionales sobre las personas refugiadas y migrantes, pese a existir mar  cos legales que regulan los desalojos durante la pan  demia y los confinamientos.
La primera barrera en el acceso a la justicia, de acuerdo con lo expre  sado en los grupos focales, es el rechazo para recibir la denuncia sobre la base de la situación migratoria del denunciante131.
Relacionado con el cierre, en algunos países132, de los sistemas de jus  ticia durante las medidas de confinamiento, las personas refugiadas y migrantes que pudieron lo hicieron con el acompañamiento de orga  nizaciones no gubernamentales y/o la defensoría pública de los países de acogida. Sin embargo, se identificaron casos, en los que tanto las personas como las organizaciones y/o la defensoría pública, se halla  ron ante el cierre del sistema de justicia: “Frente al cierre del sistema judicial nos encontramos sin interlocutor para poner denuncias, hacer seguimiento y poder tener acceso a la justicia'133, afirmó un defensor público que asistió a familias desalojadas.
Durante el levantamiento de la información, se iden  tificaron casos de personas que padecen enferme  dades como cáncer y fibromialgia, que durante la pandemia vieron agravados sus diagnósticos por falta de acceso a tratamientos médicos y la ausencia de recursos económicos56. También, se identificó, el caso de una niña con diversidad funcional para quien es necesario un tratamiento médico especializado, al cual no tuvo acceso durante las medidas de con  finamiento57.
En muchos de los casos, los desalojos implicaron abuso o violencia sexual. Propuestas de sexo tran  saccional o de sexo con hijas adolescentes de las mujeres venezolanas, en particular de las mujeres trabajadoras sexuales o en situación de prostitu  ción, a cambio de poder quedarse en la vivienda, “porque es el oficio al cual nos dedicamos'72. Estas situaciones evidencian una afectación específica en mujeres, madres solteras, niñas, adolescentes y personas gay73.
Para las mujeres, particularmente las mujeres cabeza de familia, el acceso a una vivienda digna reviste difi  cultades adicionales: por un lado, no les alquilan cuando sus hijos e hijas son pequeños, aduciendo proble  mas de ruidos y molestias en general; por otro lado, existe la percepción que ser “mujeres solas' les impide cumplir con el pago y que se necesita de la figura masculina proveedora, para poder asumir el compromiso, es decir el arrendador “no las ve como lo suficientemente fuertes o responsables para responder por el alqui  ler'98, por eso necesitan de un hombre las proteja, ofreciéndoles en ocasiones su ayuda, apoyo o acosándo  las sexualmente con el objetivo de “garantizar' su vivienda.
El desconocimiento por parte de algunas autoridades sobre sus tra  diciones y costumbres, los prejuicios y los estereotipos culturales se conjugan con la negación del acceso a los servicios de salud, las difi  cultades de acceder a terrenos que sean acordes a su cosmovisión y a su relación con la tierra y el territorio, tal como son terrenos que sean aptos para la vivienda, los cuales les permitan el cultivo de autocon  sumo, cuenten con servicios básicos y que favorezcan las medidas de distanciamiento y de bioseguridad. Lo anterior se conjugan, algunas veces, con el rechazo por parte de la población en las comunidades de acogida, no solo por hecho de ser indígenas, sino “indígenas venezo  lanos' y además estigmatizarles por su situación económica, cultura, apariencia física y condiciones de salubridad y de aseo24
El desconocimiento sobre el acceso a la protección internacional, y a los procesos de regularización y sus respectivos costos, así como el cierre y la transición a la virtualidad de las instituciones responsables, constitu  yen dos de los obstáculos transversales identificados por las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los diferentes países en los que se llevó a cabo la investigación.
Las personas que lograron identificar las rutas de regularización se encontraron, durante la pande  mia, con dificultades como los cierres de las ofici  nas responsables de realizar estos trámites30 o la virtualidad en la atención, lo cual ha prolongado los tiempos de procesamiento, incidiendo en el cambio de prioridades de la población frente a sus necesi  dades inmediatas. Un ejemplo de esto ha sido que las personas que tenían ahorros para poder pagar el proceso de regularización se han visto obligadas a utilizar el dinero en otras prioridades, como el pago de alimentación o alojamiento para evitar ser des  alojadas31.
Afirman, que, al tener el pasaporte venezolano se abren las oportuni  dades de trabajo y de “legalizarse' en el país de acogida. Cuando se les han vencido los pasaportes no pueden optar por ningún beneficio38. La falta de documentación propicia la violencia y el abuso que sufren por parte de las personas dueñas de los bares en los que ejercen su oficio, o por parte de sus clientes, sufriendo abusos no solo de índole económico, sino también abusos sexuales “quieren que uno se acueste con ellos por un trabajo mal pagado', amenazándolas con denunciar  las ante las autoridades de migración.
El presente diagnóstico evidencia como las medidas de confinamiento, el aisla  miento social y los desalojos forzados han afectado de manera particular a los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela, hijos e hijas de las personas víctimas de desalojos forzados, de mujeres trabajadoras sexuales o que se dedican a la prostitución o pertenecientes a pueblos indígenas.
A este contexto, se ha sumado la violencia que han vivido durante los desalojos forzados o en las tensiones familiares por el riesgo de ser desalojados. Como consecuencia de los desalojos, niños, niñas y adolescentes se han visto obligados a cambiar sus entornos sociales y a moverse varias veces durante el confinamiento. 
Esta situación ha profundizado sus dificultades de adaptación y estabilidad en las ciudades de acogida generando situaciones de afectación emocional y  psicológica
El impacto de la pandemia, del confinamiento, de la violencia vivida durante los desalojos y la tensión del riesgo de ser desalojada ha afecta  do de manera particular a los y las adolescentes al estar encerrados _x000c_en casa, enfrentados a la escuela virtual y con pocas posibilidades de socialización. Los y las jóvenes, relatan sus padres y madres, “se han vuelto más rebeldes, no quieren comer, bañarse o arreglarse; bus  cando formas virtuales para socializar, lo cual ha incrementado el uso de sus celulares'92.
En este contexto, se pudo determinar un importan  te nivel de afectación y de vulnerabilidad que afec  ta a las trabajadoras sexuales o las mujeres que se dedican a la prostitución provenientes de Venezue  la suele estar relacionado con las variables del oficio que desempeñan, su nacionalidad, su orientación sexual e identidad de género y su situación migrato  ria. Estos elementos elevan el riesgo de exposición y persecución y definen un escenario de alta vulnera  bilidad en el que autoridades, de manera recurren  te, las fuerzas policiales, han incurrido en procesos que las personas que participaron en las sesiones definieron como “sistemáticos' de amenaza, acoso y violencia sexual, también violencia verbal, física y emocional.
Tanto la modalidad de cobro de alquiler diario como las campañas intimidatorias por parte de las autori  dades y la población en general, han ocasionado no solo situaciones de desalojos forzados sino que han obligado a las mujeres trans a migrar repetidamen  te hacia a otras ciudades, lo que les ha dificultado identificar rutas de acceso a servicios, participar en redes de apoyo y recibir atención en salud sexual y reproductiva, acompañamiento psicosocial e in  formación sobre proyectos enfocados a medios de vida, los cuales les podrían ayudar a mejorar sus ni  veles de estabilidad e integración social.
Algunas instituciones encargadas de los trámites de regularización migratoria establecieron aten  ción en línea para evitar aglomeraciones y cumplir con las normas de bioseguridad. Sin embargo, para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela esta modalidad de servicio no siempre ha sido de fácil acceso. Por un lado, no todas las personas tie  nen acceso a medios electrónicos  computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas  o no cuentan con acceso a internet para realizar estos trámites vía vir  tual. Por otro lado, aunque sea a través de platafor  mas en línea, es necesario que los trámites los rea  lice directamente la persona refugiada y migrante, limitando el apoyo por parte de las organizaciones que podrían acompañarle en el proceso.
El costo de las multas por la demora en la regulariza  ción, los costos de la expedición o actualización de los carnés de extranjería33 y, a los del transporte de las personas hasta las organizaciones, para poder recibir ayuda y guía con los trámites constituyen ba  rreras adicionales en el acceso a la documentación.
La ausencia de ingresos y la presión vinculada a esta situación, profundizó el abuso y violencia sexual en contra de las mujeres, en especial las madres solteras y personas de la comunidad LGBTIQ+. Las personas participantes del diagnóstico manifestaron percibir un aumento en las situaciones de sexo transaccional, sexo por supervivencia, y solicitudes de favores sexuales a cambio de acceso al trabajo y/o a una remuneración económica51, durante el desarrollo de los grupos focales también se identificó que la ausencia de oportunidad laborales y de ingresos económicos llevó a las personas a ejercer la prostitución por primera vez durante la pandemia52, esta situación se registró tanto en mujeres como en hombres y de manera particular a través de servi  cios de sex webcam.
En el caso de las trabajadoras sexuales o aquellas que ejercen la prostitución, el cierre de bares o de lugares en donde ejercían su oficio, significó en mu  chos casos salir a la calle a ejercer su oficio, enfren  tando riesgos particulares en su seguridad física y su salud. Dadas las medidas de confinamiento y de res  tricción en los horarios, las mujeres se enfrentaron a la necesidad de prestar el servicio en zonas insegu  ras y a personas no identificadas, contrario a los pro  cedimientos existentes en los locales en los que tra  bajaban anteriormente. En algunos de estos casos las mujeres reportaron situaciones de abuso sexual, emocional y psicológico que vinculaba, no solamente a sus clientes sino a miembros de las fuerzas policiales quienes, bajo el monitoreo del cumplimiento de los toques de queda impuestos en algunos países las detenían y abusaban sexualmente de ellas.
En materia de salud se identificó no solo la dificultad en la atención de casos de contagio de COVID 19, sino los obstáculos en el acceso para el tratamiento de otras enfermedades y, en algunos casos, de en  fermedades crónicas. Esto ha puesto en evidencia que una de las consecuencias de que los servicios de salud se hayan concentrado en la atención de los ca  sos con COVID 19, ha sido la falta de recursos médi  cos para atender otras necesidades de la población.
En este sentido, la seguridad en términos, tanto de las condiciones de las viviendas, como de las zonas en las que están ubicadas, profundizan las condicio  nes de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Por un lado, exponiéndose a riesgos de violencia, violencia o explotación sexual y, por el otro, dificul  tando, en algunos casos, el acceso a la educación ya sea virtual por la falta de medios físicos y tecnológi  cos adecuados, o de acceso físico, dado que los lu  gares de estudio que quedan alejados a sus lugares de habitación.