nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
• ONU Mujeres detecta brechas en la respuesta estatal de proyectos de apoyo a la reactivación económica de las mujeres, y se ve necesario incluir las trabajadoras domésticas remuneradas en las medidas de especial protección.
• Fortalecimiento de la escuela rural con conectividad a la red, herramientas, materiales de prevención y formación en 

habilidades en Puerto Libertador, San José de Urré y Tierralta  ( Córdoba ) .
• En Norte de Santander: persisten las necesidades de los NNA de la subregión del Catatumbo por las limitaciones existentes en términos de acceso a educación; se están aunando esfuerzos a fin de cumplir con los protocolos en las escuelas para el retorno de clases y adquisición de elementos de protección y adecuación de lavamanos, sin embargo, en algunas zonas no hay acceso a agua lo cual limita el cumplimiento de las medidas preventivas en medio de la COVID 19.
Se ha informado que existe deserción escolar por parte de adolescentes, y existe control por parte de grupos armados organizados sobre todo en el municipio de Tierralta, por lo que los NNA sin acceso a educación en esta y otras zonas del sur de Córdoba son población vulnerable, pues este es un factor de riesgo, el cual incluye el reclutamiento de los NNA por parte de los GAO.
Actualmente, Colombia reporta un aumento en su capacidad de procesar pruebas hasta llegar a 23.225 pruebas diarias, sin embargo, la tasa de positividad de dichas pruebas ha sido hasta del 30 por ciento, dificultando el rastreo efectivo del desarrollo del contagio y con ello el desarrollo de medidas de contención o disminución del virus en el país.
• En medio de las pruebas pilotos para la reapertura de algunos sectores, se intensifican medidas como la cuarentena, debido al incremento de casos y desborde de capacidad de las UCI en el período que se espera un pico para el contagio.
• El DANE reportó que la tasa de desempleo pasó de 10,5 por ciento en mayo de 2019 a 21,4 por ciento en mayo de 20201. Además, durante marzo y mayo de 2020, cerca de 2 millones de mujeres perdieron su empleo, situación que profundiza la brecha de género en el país.
• Se presenta múltiple afectación en comunidades de Meta, Putumayo, Chocó y Arauca derivada del impacto de inundaciones, movimientos en masa, que afectan a poblaciones victima del conflicto y la violencia en territorios con baja capacidad de gestión para la prevención y atención integral en salud.
Durante Julio 9 y 10, Colombia tuvo su mayor número de casos diarios confirmados con 5.335 y 6.803 nuevos casos, respectivamente, lo cual representa un aumento del 40 por ciento diario del promedio de 3.800 casos durante los últimos siete días anteriores al 9 de julio. El aumento en comparación con el último informe de situación publicado hace 15 días ha sido de 68 por ciento en casos confirmados, 87 por ciento en personas hospitalizadas, 76 por ciento en personas fallecidas, 45 por ciento en casos activos por cada 100.000 habitantes y 68 por ciento en casos confirmados por cada 100.000 habitantes. Sumado a ello, de acuerdo con la información del 13 de Julio de 2020, el porcentaje de Unidades de Cuidados Intensivos  ( UCI )  disponibles en el país es de 31.3 por ciento. Hay que tener en cuenta que, el porcentaje de ocupación de UCI varía en el territorio, actualmente Putumayo, Amazonas, Vaupés and Guainía no cuentan con UCI disponibles, mientras Norte de Santander y Bogotá se acercan a sólo tener 10 por ciento de UCI disponibles. A 13 de Julio de 2020, el país cuenta con 7.730 camas UCI con suministro de oxígeno, de las cuales 1.934 camas corresponden a la autorización transitoria para la 3. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que ha prestación de servicios regulada en el Artículo 1 del Decreto 538 de 2020 hecho el Gobierno nacional para aumentar la capacidad de camas y elementos para UCI, la pandemia se está acelerando más rápido.
Medidas tomadas por el Gobierno: Debido al aumento en el número de casos confirmados diariamente, el presidente Iván Duque, nuevamente anunció la extensión de la actual medida de aislamiento preventivo hasta el 1 de agosto de 2020, manteniendo las excepciones existentes hasta el momento4, mientras que los estados de emergencia sanitaria y emergencia económica se mantienen. Adicionalmente, desde el Ministerio de Salud se definieron cuatro categorías para hacer intervenciones diferenciadas en el territorio: municipios No COVID  ( 38,9% ) , con afectación baja  ( 30,3% ) , moderada  ( 20,3% )  y alta  ( 10,4% ) . En los municipios No COVID y de baja afectación se pasa de pruebas pilotos a apertura. En los de alta afectación se empezará con los alcaldes a adelantar pilotos que permita adecuar y reactivar la vida productiva5. Adicional a los planes de protocolo de reapertura que iniciaran algunos aeropuertos nacionales como El Dorado  ( Bogotá ) , Olaya Herrera y José Maria Córdoba  ( Medellín ) , el Gobierno anunció la implementación de plan piloto para transporte domestico de personas por vía aérea entre el aeropuerto de Cúcuta y Bucaramanga. Así mismo, la Aeronáutica Civil de Colombia anunció que verificará en territorio la implementación de los protocolos de bioseguridad destinados a la prevención del contagio dla COVID 19, para la reactivación de los vuelos nacionales e internacionales en la que avanza el país6.
En cuanto a los impactos en pobreza y desigualdad, la CEPAL estima incrementos en tres indicadores para el país, del orden de 30,4 al 32,5 por ciento en pobreza, de 11,3 al 12,7 por ciento en pobreza extrema y de 1,9 al 2,9 por ciento en el coeficiente de Gini. Se estima también que, sin los medios económicos para soportar la crisis, entre uno a tres meses más de cuatro millones de colombianos caerían por debajo de la línea de pobreza  ( 37%, de acuerdo con datos ONU Colombia, y cálculos PNUD ) .
Adicionalmente, en las últimas semanas en Colombia más de 15.600 personas se han visto afectadas por inundaciones crecientes de ríos y deslizamientos en el Meta, Putumayo, Chocó y Arauca. Ante la presencia de casos de COVID 19 en estas regiones, la respuesta segura para las comunidades a estas emergencias se dificulta por la falta de herramientas de evaluación rápidas remotas y falta de recursos.
En Cali fue inaugurada la Clínica Unida por la Vida el cual será operado por la E.S.E Oriente y tendrá disponible 20 camas de cuidado intensivo y entre 40 y 50 camas de cuidado intermedio, la clínica recibirá todos los pacientes positivos que requieren cuidados intensivos y a pacientes que requieren atención intermedia.
En Barranquilla comenzó a funcionar el hospital de mediana complejidad Puerta de Oro, como espacio para atender a pacientes con coronavirus que no estén graves y así descongestionar el flujo en las clínicas y hospitales. En total son 600 camas con las que cuenta el recinto, en esta primera fase se habilitaron 157.
Sin embargo, según los 19 comerciantes de La Guajira entre  vistados para la ERM una proporción mayor  ( 79%:15 )  in  formaron haber enfrentado un desafío al momento de rea  bastecerse de los productos que comercializaban.
Salud Necesidades: • El cuidado y protección del personal sanitario en el país, el cual se encuentra expuesto a diversas amenazas y riesgos, adicionalmente vienen presentando incremento en el contagio de la Covid 19 y sumado a esto el incremento de acciones de discriminación y agresiones en el marco de la pandemia. Situación que puede ser crítica ante el aumento en la ocupación de UCI y el déficit de personal de salud.
COLABORADORES EN EL COMERCIO6: $ 22000 

Mediana del pago por día que los comerciantes encuestados reportaron hacer a sus colaboradores.
• En Norte de Santander: continúan los procesos de alistamiento por parte de los municipios, hay mayor preocupación por el aumento de casos positivos de contagio en los municipios de González y Río de Oro del departamento del Cesar y Ocaña y Tibú, los cuales son cubiertos por el Hospital de Ocaña Emiro Quintero Cañizares que cuenta con 6 UCI adulto y 2 de UCI pediátrico, hay otras cuatro unidades de cuidado intermedio que corresponden a VIMEC S.A.S., también la ESE Emiro Cañizares cuenta con 72 camas de hospitalización. de las cuales tiene reportadas 6 como sospechoso de COVID 19 y 41 no están relacionadas con COVID 19.
• En Vichada: El laboratorio de salud pública no tiene capacidad para realizar pruebas y los resultados se demoran cada vez más. Además, aunque El Gobierno departamental del Vichada, acoge la prórroga de la emergencia sanitaria solicitada y justificada por el Gobierno Nacional ante la Corte Suprema, se evidencia disminución de las medidas de protección por parte de la población debido a que no se han presentado casos positivos a la fecha. En Vichada se necesitan: equipos de cómputo, impresora, elementos de aseo y equipos de protección personal  ( EPP ) , puntos de lavado de manos para comunidades en Puerto Carreño, EPP para personal del Secretaría Departamental de Salud, 200 kit traje protección completos  ( guantes, tapabocas N91, gorro, polainas, traje escafandra antifluido ) , 20 guantes x 100 unidades caja, 100 tapabocas desechable x 50 caja, 2000 tapabocas de tela para personas vulnerables, 30 monogafas, 100 delantales desechables, 50 tapabocas N95, 30 caretas de protección, 100 frascos de jabón líquido X 1000 cc, 100 paquetes de toallas desechables, 50 frascos de gel antibacterial X 1000 cc, 10 lavamanos para los municipios de Cumaribo y Santa Rosalía  ( 7 y 3 respectivamente ) . • Se solicitan médico y epidemiólogo para el municipio de Cumaribo y un profesional en enfermería para el CRUE departamental.
• En Guajira y Cesar: es necesario aumentar capacidad de expansión hospitalaria, apoyo con pruebas para población pobre no asegurada y migrantes, sensibilización a comunidad en general  ( promoción /prevención )  prioritariamente en zonas vulnerables, se requiere incrementar disponibilidad profesional sanitario, telemedicina, estrategias de vigilancia comunitaria en comunidades indígenas, acceso a elementos de protección personal, la implementación de sistemas de comunicación para las zonas rurales, dotación de salas de situación, apoyo en el manejo de cadáveres solicitud especial realizada principalmente en Maicao, atención psicosocial para personal sanitario, estrategias de salud mental para la población en general que entra en pánico ante el incremento de contagio.
• Las comunidades en el país no acceden en suficiente cantidad y calidad a información veraz sobre las medidas de higiene y desinfección para prevenir el contagio del virus. Por tal motivo y teniendo en cuenta la flexibilización de las medidas de aislamiento, se deben ejecutar campañas de promoción de prácticas claves de higiene a mayor escala con enfoque étnico, de género, de curso de vida y también diferenciadas por las actividades económicas, principalmente las informales.
Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida Necesidades: • Proyecciones preliminares de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos indican que la inseguridad alimentaria severa en Colombia podría alcanzar los tres millones de personas, incluyendo migrantes venezolanos, a raíz de la crisis COVID 19. Si se incluyen las personas que pueden estar en inseguridad alimentaría moderada, la cifra se eleva a 10 millones de personas, incluyendo 84 por ciento de los migrantes en el país.
• Se espera que la crisis tenga un impacto severo en la seguridad alimentaria de las poblaciones indígenas en Colombia, dadas las vulnerabilidades estructurales que estas enfrentan: según una encuesta remota realizada por WFP en mayo 2020, el 98 por ciento de los hogares indígenas y 96 por ciento de los afrocolombianos en el país reportaban estar preocupados por no tener alimentos durante los siete días siguientes.
En el Amazonas se han verificado condiciones severas de inseguridad alimentaria que afectan a gran parte de la población, en su mayoría miembros de comunidades indígenas, que ya enfrentaban altos niveles de inseguridad alimentaria antes de la pandemia  ( 59% ) .
• El suministro de raciones de alimentos para las familias sigue siendo fundamental ante las dificultades que se han presentado en los territorios en el marco de la pandemia, y especialmente para las comunidades que están expuestas a múltiples afectaciones.
as familias que están albergadas en el colegio tienen limitado acceso a agua segura para consumo y para aseo personal. familias campesinas que
De los 19 comerciantes que reportaron haber enfrentando problemas de abastecimiento, consideraron que las razones principales se debían al cierre de la frontera  ( 16%: 2 )  y a la inseguridad a lo largo de la ruta de abastecimien  to  ( 14%: 3 ) .
• La FAO ha mantenido comunicación y acompañamiento a las comunidades de los departamentos de Nariño, Chocó, La Guajira y Putumayo; de esta manera, se ha identificado entre el mes de mayo y junio de 2020, que las familias aún presentan dificultades para la adquisición y comercialización de alimentos e insumos agropecuarios, así como variación en sus precios. Esta situación la asocian a las restricciones para movilizarse derivadas de las medidas de aislamiento preventivas frente al COVID 19. En términos generales se ha percibido desabastecimiento de cereales como la pasta, maíz, harinas y arroz, así como algunas verduras y huevos.
• En La Guajira también es prioritario y crítico el acceso al recurso hídrico para el consumo humano, cubrir necesidades básicas de higiene de las familias y viabilizar la producción agropecuaria. También es urgente el suministro de kit de bioseguridad e insumos para la alimentación de los animales, que son fuente de ingresos y alimentación de los hogares y se han visto afectados por la reducción de la oferta forrajera y la baja disponibilidad de agua.
• En La Guajira, la crisis alimentaria se ha agudizado debido a la fuerte sequía que ha causado incremento en la mortalidad de animales y afectación de los cultivos agrícolas, llevando a la declaratoria de calamidad por Sequía en Manaure, según decreto 038 de 2020.
Protección Necesidades: • Durante los meses de aislamiento preventivo a nivel nacional se ha presentado un incremento en la actividad de GAOs, quienes buscan control del territorio para llevar controlar cultivos y otras economías ilícitas; existe riesgo en las comunidades, quienes temen por posibles enfrentamientos, además diferentes GAOs han amenazado a las comunidades y a las personas que sean diagnosticados con COVID 19 positivo.
• En Córdoba: En el sur de Córdoba está la presencia de GAOs con el interés de recuperar el territorio y llevar a cabo la organización y control de este. Existe miedo y temor generalizado en la comunidad por enfrentamientos entre grupos armados  ( AGC/Clan del Golfo y disidencias FARC EP ) .
• Se ha ralentizado la ejecución de recursos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y para los proyectos sociales y productivos priorizados del posconflicto, y se ha dificultado la presencia en terreno de la institucionalidad y de la cooperación internacional para asesorar los proyectos que están en desarrollo en zonas PDET. Esto sumado, a la informalidad y a la inseguridad rural está generando espacios de oportunidad para que grupos al margen de la ley ocupen el espacio institucional.
Educación Necesidades: • En Córdoba: existen pocas garantías para el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes. Dentro del ELC de Córdoba, Tierra de Hombres ha conversado con algunos rectores de los colegios de la zona, con el fin de tomar acciones para garantizar el segundo semestre del año escolar en Puerto Libertador y Tierralta, ya que, por razones asociadas a la pandemia no es un hecho seguro.
Agosto fue un mes en que, semanalmente, hubo masacres en Colombia. Treinta y un días de declaraciones confusas. Treinta y un días que marcarán a agosto de 2020 como el mes en el que regresó el terror al país y el gobierno no hizo nada. Las cifras de asesinatos colectivos del mes de agosto en Colombia son aterradoras, con un total de 47.
En primer lugar, hay, definitivamente, un deterioro en la seguridad del país que se refleja en ataques a la fuerza pública, masacres y combates entre organizaciones criminales. A eso se suma que este año se hizo más evidente la puja entre organizaciones criminales y grupos armados ilegales.
La expulsión y deportación de 1.500 colombianos desencadenó el retorno "voluntario" de otros 22.000, según datos oficiales, o 33.000, de acuerdo con las organizaciones que atendieron esta emergencia humanitaria sin precedentes que inició el 19 de agosto de 2015.Ese hecho hizo que autoridades colombianas activaran planes de emergencia para atender a los connacionales y a otros venezolanos que atravesaron la frontera por los pasos irregulares.
Bogotá  ( CICR ) – Tres civiles que se encontraban en poder del Ejército de Liberación Nacional  ( ELN ) , fueron entregados hoy a una misión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja  ( CICR ) , la Personeria de Tibú, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ( ICBF )  y la Iglesia Católica. La liberación se produjo en zona rural de la región del Catatumbo  ( Norte de Santander ) . Las tres personas se encuentran en adecuadas condiciones de salud. Entre los liberados está un menor de edad que será trasladado por el CICR hasta la ciudad de Cúcuta para ser entregado al ICBF.
Esta operación se suma a la que se realizó elpasado jueves 20 de agostoen el mismo departamento y en donde fueron liberadas dos personas que se encontraban en poder de otro grupo armado.En lo que va del 2020 el CICR ha realizado 10 operaciones humanitarias en distintas regiones del país, que han permitido la liberación de 21 personas.
• En Colombia, 2.271 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, según la Unidad de Víctimas.
La cantidad total de muertes causadas por estos efectos indirectos de la guerra o la violencia armada, aumenta a 870.000 cuando se incluye a todos los niños y las niñas de menos de cinco años.
• Según COALICO, entre enero y junio de 2020, se registraron 266 eventos de conflicto armado, de los cuales 126 implicaron afectaciones directas a niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con Germán, los campesinos tienen interiorizado un protocolo de bioseguridad en sus labores diarias*.
En los municipios de San Calixto, Hacarí y El Carmen en la región del Catatumbo, 112 familias cosntruyen reservorios de agua para impulsar sus cultivos de fríjol y cebolla.
Según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, las agresiones al personal sanitario han aumentado con la pandemia.
Las víctimas del conflictoy otras situaciones de violencia armada también han sido afectadas por las circunstancias generadas a partir de la emergencia sanitaria.

Solo desde el inicio de la cuarentena en Colombia, hemos registrado 59 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal.
La población carcelariadel país es una de las más expuestas al virus por los altos niveles de hacinamiento. En consecuencia, hemos brindado apoyo técnico a las autoridades penitenciarias sobre el manejo de contagios por COVID 19, el cumplimiento de medidas de libertad de forma segura y el manejo de cadáveres.
98% piensa que la pandemia de COVID 19 es un problema grave en Colombia.
La mayoría de casos de Violencia Basada en Género, incluyendo los casos de Violencia Sexual se presentaron en la cabecera municipal. Con relación a los grupos étnicos, el reporte indicó a nivel distrital un mayor número de casos en población afrocolombiana y palenquera; por último, el tipo de régimen que prevaleció fue el subsidiado seguido de la categoría No afiliado.
82% redujo la movilidad  ( evitó salir, usar el transporte público y viajar ) .
32% empezó a trabajar desde su casa.
3.648 niñas, niños y adolescentes nacionales y venezolanos  ( entre el año 2019 y 2020 )  fueron sobrevivientes de presunta violencia sexual, de los cuales el 43% son adolescentes entre 12 y 17 años, el 38% corresponde a niñez de 6 a 11 años y el 18% son menores de 5 años. El 87% corresponde a niñas, niños y adolescentes.
La información notificada por el sector salud indica que para la semana epidemiológica No. 28 de 2020, se ha reportado al Sivigila un total de 365 casos de violencia física, 233 casos de violencia sexual, 54 de negligencia y abandono y 7 de violencia psicológica
86% de la niñez y adolescencia refugiada y migrante sobreviviente de violencia sexual son mujeres y el 14% son hombres. Esto indica que las niñas y las adolescentes continúan siendo las más afectadas por este flagelo.
De enero a mayo de 2020, el ICBF* reportó 74 casos de acceso carnal, 10 de acoso sexual, 121 de actos sexuales, 2 de trata de personas explotación sexual y 4 de violencia sexual – explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, siendo el centro zonal de Santa Marta Sur el que aporta el 53,6% de los casos reportados para el departamento de Magdalena.
Jornadas de atención en salud, nutrición y protección en las pensiones y alojamientos. A través de las unidades móviles se han brindado atenciones en salud y socialización de información para la prevención del COVID 19 a la población en tránsito en las vías hacia el departamento.
En Colombia, a corte del 30 de junio, se han reportado 97.846 casos de COVID 19, de ellos 713 casos en el departamento de Santander. Los municipios que se han visto más afectados por la contingencia sanitaria son Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón y Floridablanca.
Las autoridades colombianas y ecuatorianas desplegaron militares en la frontera entre ambos países, una medida dentro de la “Operación Espejo', una estrategia conjunta de presencia y control fronterizo, con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad para garantizar el bienestar y tranquilidad de la población civil de ambos países ante la crisis por el COVID 19
Con el fin de prevenir las violencias contra las mujeres y generar estrategias para el cambio social y la construcción de paz en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR de La Variante en Tumaco, Nariño, al sur del país, cerca de 60 personas en proceso de reincorporación trabajaron de la mano con las organizaciones, han impulsado respuestas comunitarias para transformar estereotipos tradicionales de género que han causado por años, discriminaciones y violencias contra las mujeres y niñas
La organización “Hombres en Marcha' con el apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Noruega, en articulación con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización  ( ARN ) , unieron esfuerzos para desarrollar el proyecto“Territorio Pazífico, hombres y mujeres para la paz'.
Durante el mes el presidente Iván Duque amplió en dos ocasiones el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio nacional. El 10 de julio, por medio del decreto 9901, se extendió el aislamiento hasta el 1 de agosto, y luego el 28 de julio, con el decreto 10762, se emitió la extensión de la medida hasta el 31 de mayo. Continuó el cierre de las fronteras aéreas, terrestres y fluviales con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, así como las restricciones al transporte aéreo internacional y nacional y el transporte intermunicipal.
El proceso permitió fortalecer las capacidades de las mujeres para su autonomía, liderazgo y empoderamiento, disminuir la estigmatización social que afrontan las mujeres exintegrantes de FARC EP en la comunidad y fortalecer los lazos de reconciliación y trabajo en equipo entre la población excombatiente, víctimas del conflicto armado y mujeres.
El 4 de octubre en la noche, los residentes de la vivienda llamaron al cuadrante de la policía para reportar el fallecimiento, pero los funcionarios solo fueron a tomar unas fotografías. Pasadas las 24 horas temían la descomposición del cuerpo y notificaron a la Personería. Tres días después, la Arquidiócesis de Nueva Pamplona brindó ayuda a través del sacerdote Juan Carlos Rodríguez, y así lograron que una funeraria levantara el cuerpo de Alarcón y le dieran cristiana sepultura en el cementerio de Pamplona.
Al generar iniciativas comunitarias lideradas por hombres y mujeres en proceso de reincorporación, se refuerza su compromiso con la prevención de violencias y la generación de igualdad en oportunidades y acciones que reivindiquen los derechos de las mujeres y niñas en el territorio.
A través del arte y la cultura se trabajaron mensajes en los que se invitó a los hombres a respetar los derechos de las mujeres, responder a los conflictos de manera pacífica, proveer cuidados a su familia, paternidades activas, la importancia de compartir de manera igualitaria espacios de recreación y deporte, y reconocer que las tareas domésticas deben ser compartidas. Las estrategias vincularon a integrantes de la fuerza pública y de la comunidad aledaña.
Ahora, con las herramientas adquiridas, los y las participantes saben identificar los tipos de violencia basada en género, conocen la ruta de atención para las mujeres víctimas y una vez puesto en marcha el Comité de Convivencia siguen trabajando en la prevención, elemento clave en medio del aislamiento obligatorio por la pandemia
Campo Elías, participó en el desarrollo de un mural en el que expresaban los valores de la paternidad responsable y amorosa. Su experiencia fue muy enriquecedora y le dejó buenas enseñanzas: “hicimos el mural en Tumaco como un compromiso con la paz. Queremos que sepan que seguimos firmes con el proceso y nuestra lucha ya no es con armas, es con la palabra. En este caso, los mensajes que le damos a los hombres es que eduquemos a nuestros hijos con amor.' dice.
De acuerdo con cifras del DANE, en  tre 2009 y 2010 el comercio colombo ve  nezolano se redujo en un 68 %. Durante los años 2010 y 2014, con la elección de un nuevo Gobierno en Colombia, las cifras de intercambio no arrojaron variaciones negativas tan altas como las experimen  tadas entre 2008 y 2009
En Colombia, la apertura económica se dio a comienzos de los años noventa. Esta tuvo como objetivo dar a conocer a nivel internacional el mercado colombiano y generar mayor competencia de productos y servicios con respecto a otros países. Se esperaba que esto representara aumentos significativos de productividad, inversión tecnológica y un mejor aprovechamiento de los puertos  ( Villar Gómez, 2000 ) .
Colombian think tank CODHES counts 42 massacres, with a total of 182 victims between 1 January and 24 August, with Antioquia and the departments of the Pacific Coast most affected  ( CODHES 24/08/2020 ) .
En el año 2008, el comercio entre Colombia y Venezuela llegó a su máximo nivel. Colombia exportó 6.071 millones de dólares a Venezuela, de los cuales el 22 % fue en productos primarios y el 78 % en productos industriales; la industria livia  na fue la más beneficiada por este comer  cio, especialmente en los grupos de calzado, confecciones, jabones y cosméticos, texti  les, papel y química básica  ( Cámara Colom  bo Venezolana, 2016 )
Para Colombia, el hecho de que Vene  zuela hiciera parte de la CAN trajo grandes beneficios. El país vecino era el segundo comprador de productos colombianos y, en especial, de aquellos que tenían un valor agregado
Bogotá ha sido la ciudad recepto  ra de la mayor inversión  ( 83 % ) , seguida por los departamentos de Antioquia  ( 9 % )  y Atlántico  ( 4 % ) . Estos tres dominios geo  gráficos también fueron beneficiados con la creación de nuevos empleos, dado que, según la plataforma de FDI Markets, entre el 2005 y el 2018, en Colombia se han generado más de 4.547 empleos producto de la inversión venezolana, de los cuales 3.382 se crearon en la ciudad de Bogotá. Sectores como el de servicios TIC, seguido por el turístico, el textil y el agroindustrial, han sido los que más han generado empleo
In Colombia, the COVID 19 crisis is occurring in the complex context of humanitarian needs driven by the internal armed conflict and the migration and refugee crisis.
The armed conflict has continued despite the COVID 19 crisis, with armed groups increasingly using national government measures to exercise social control over the civilian population in areas where they are present.
Increased restrictions on border crossings, or even a complete halt to returns, risks overwhelming the capacities of Colombian border departments to meet the needs of those waiting to return, leading to an increase in people crossing irregularly.
Las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela han estado enmarcadas por las estrategias de adaptación de las empresas frente a los cambios políticos. En Venezue  la, las expropiaciones de las empresas, su retiro de acuerdos comerciales, como el de la Comunidad Andina de Naciones  ( CAN ) , y la inestabilidad económica, sumado a los constantes cierres de frontera  ( ordenados tanto por el Gobierno de Colombia como el de Venezuela )  han sido algunos de los fac  tores que incentivaron la salida de capital venezolano a diferentes destinos, entre los que se encuentra Colombia
El intercambio de productos entre países, así como la inversión que realizan, ha sido caso de estudio de diferentes autores. Por el lado del comercio internacional, se dice que los países obtienen un mejor nivel de vida cuando producen y comercian el bien o servi  cio con el que tienen menores costos con res  pecto a otro país  ( Krugman & Wells, 2006 ) .
Aunque con los años las estrategias de apertura se han ido modificando, el país ha buscado proteger, especialmente, los bienes de consumo como alimentos, tex  tiles y confecciones, e incluso automóvi  les; bienes que eran vendidos a países como Venezuela a precios elevados y bajo condiciones preferenciales, dado que Venezuela compartía una estructura de protección muy semejante a la colombiana  ( Esguerra Umaña, Montes Uribe, Garavito, & Pulido González, 2010 ) .
Aunque Colombia ha realizado diferen  tes esfuerzos para atraer inversión extranje  ra e incentivar las exportaciones, se hacen necesarias medidas que tengan en cuenta la coyuntura binacional. Los cierres de frontera  ( parciales o completos ) , así como los requi  sitos de visas para inversionistas, requieren mayor flexibilidad. De igual manera, es im  portante proporcionar herramientas que ga  ranticen a los empresarios colombo venezo  lanos el cumplimiento del acuerdo comercial binacional, independientemente de las rela  ciones políticas entre los dos países.
Risk 3 COVID 19 crisis leads to increased food insecurity and malnutrition
The national containment measures to reduce the transmission of COVID 19, including lockdowns and movement restrictions, are severely impacting livelihood opportunities, especially in the informal sector.
Further, the government has been strengthening the capacities of the public health system in the country, for example by importing tests and ventilators
Colombian economy re opens and conditions in Venezuela worsen, resulting in increased arrivals of Venezuelan refugees and migrants in need of humanitarian assistance
IPC • Las familias necesitan elementos de protección y desinfección como agua segura, jabón y desinfectante.
As of 31 May 2020, Colombia hosted some 1.76 million Venezuelan refugees and migrants.
The civilian population is significantly affected by conflict, especially conflict related to territorial control between armed groups. Between January and July 2020, more than 18,600 people were displaced in mass displacements 1, similar to the same period in 2019. 71% were displaced in departments along the Pacific Coast.
Arauca department, where ELN is generally the dominant actor, has seen strengthening of FARC EP dissident groups  ( LaFM 21/08/2020 ) .
The capacity of state security forces to respond to increased conflict is likely reduced by the COVID 19 crisis. As security forces are deployed to enforce the national quarantine and increase controls at the borders, their resources to respond to an escalation of armed conflict are likely reduced.  ( FIP 2020 )
The first months of 2020 already saw an increase in reported cases of child recruitment  ( InSight Crime 22/06/2020 ) . Forced recruitment of children is likely to increase if schools remain closed  ( InSight Crime 28/08/2020; El Espectador 17/05/2020 ) .
Detrimental effect on humanitarian access. Confinement of affected communities is likely, restricting their access to humanitarian assistance as fighting between armed groups impedes their movement. Violence and insecurity will likely decrease humanitarian access to affected communities, adding to the restrictions already faced by humanitarian operations under national COVID 19 guidelines.
Venezuelan refugees and migrants are vulnerable to forced recruitment  ( FLM 17/07/2020 ) , given their socioeconomic vulnerability. Many Venezuelan refugees and migrants lack knowledge about the dynamics of armed conflict in Colombia, making them easier targets for recruitment.
Regarding the El Tarra municipality on January 23 and 24 there were fighting between the National Army and the ELN that caused the displacement of 42 families  ( 145 people )  from the Buena Vista village5.
Al 1 de junio de 2020, el país registraba 30.493 casos de COVID 19 y 969 defunciones en 31 departamentos, cinco distritos y 415 municipios; al finalizar el mes se reportaron 97.846 casos y 3.334 defunciones, cifras que evidencian un rápido crecimiento del contagio. Este aumento puede estar relacionado con la capacidad de respuesta diagnóstica del país, que pasó de procesar 557 muestras por día en marzo, a 7.328 en mayo y 14.297 en junio, lo que significa un crecimiento del 95% entre los últimos dos meses. El Gobierno Nacional amplió la capacidad de las Unidades de Cuidado Intensivo de 5.345 camas a 6.364 en tres meses y continúa el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de agosto de 2020.
With the “Ingreso Solidario' programme, the Colombian government is providing cash assistance to vulnerable households. However, some population groups do not have access to this programme, for example Venezuelan households with an irregular legal status  ( Proyecto Migración Venezuela 23/05/2020 ) .
The World Food Programme  ( WFP )  estimates that the total number of people in Colombia experiencing moderate or severe food insecurity in 2020 is likely to increase from 3.4 million to 7 million because of the COVID 19 crisis  ( OCHA 07/2020 ) .
In a representative REACH assessment in June 2020 of 19 departments, 89% of respondents, all recipients of cash assistance, indicated that their income levels had decreased due to the crisis, mainly due to less income generating opportunities and having been let go from their previous jobs  ( REACH 30/06/2020 ) .
Analysis since COVID began from the Universidad de los Andes estimates that monetary poverty will increase by 15%  ( Uni Andes 27/05/2020 ) . The Inter American Development Bank estimates that poverty will increase by 4%  ( IADB 06/2020 ) .
Government data from 2019 showed the incidence of multidimensional poverty 4 at the national level was 17.5%, and 34.5% among rural populations  ( DANE 2019 ) .
In Colombia, 48% of the working population in 23 major cities and urban areas is employed informally  ( DANE 13/04/2020 ) .
The national unemployment rate, which considers loss of formal employment, increased from 12.2% in February 2020 to 19.8% in June 2020  ( DANE 06/2020 ) .
Price increases and supply chain disruptions are likely to further contribute to decreased access to food and dietary diversity.
Disruption of supply chains has been reported during the national quarantine. Although traders are likely to try to adapt to disruptions, and many restrictions have been lifted as of 1 September 2020, a return to more strict containment measures is likely to lead to new disruptions
Food Security While the loss of purchasing power is likely to be the main driver behind increased food insecurity and malnutrition, supply chain disruptions and price increases will contribute to reduced access to a variety of foodstuffs, especially in remote areas with sustained transport issues
In April, lack of availability of products and lack of transport were among the main reasons for product shortages reported by traders in 20 departments  ( FAO 23/04/2020 ) .
Additionally, the closure of schools affects the food security of school children dependent on school meals.
Government data shows that prices of many basic products have decreased since an initial spike in the first months of the COVID 19 crisis; although prices for some products, such as meat, increased in July  ( DANE 07/2020 ) .
Further, a panel survey among Venezuelan migrants and refugees showed a reduction in the diversity of food intake between early April and May  ( GIFMM 17/07/2020 ) .
.Over 4 million children continue to go without school meals. 46% of them are girls  ( WFP 07/2020 ) .
. School closures due to COVID 19 have affected access to food. According to WFP, school closures have resulted in the loss of school meals for over 4 million children in Colombia  ( WFP 07/2020 ) .
El Trafficking in Persons Report de 2019 menciona que, en Colombia, los grupos en alto riesgo de convertirse en víctimas de trata de personas incluyen a refugia  dos y migrantes venezolanos/as, personas desplazadas internamente, afrocolombianos/as, ciudadanos/as na  cionales con discapacidad, poblaciones indígenas, y co  lombianos/as viviendo en áreas donde existen grupos armados ilegales y organizaciones criminales activas.
In a representative survey of Venezuelan refugee and migrant households in May 2020, 58% reported to currently have a labour opportunity, with 89% stating that they had been working before the beginning of the national quarantine  ( GIFMM 17/07/2020 ) .
También señala la explotación de niños y niñas colom  bianos en el sector informal como vendedores ambu  lantes, y niños, niñas y adolescentes  ( incluyendo de na  cionalidad venezolana )  reclutados por grupos armados ilegales para servir como combatientes e informantes, cosechar ilícitamente y ser explotados con fines sexua  les. Asimismo, alerta que las mujeres, y los niños, niñas y adolescentes que se separan de los grupos armados ilegales, se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la trata de personas.
Colombia cuenta con la Ley Nº 985 de 2005, por me  dio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas. También se cuenta con el Decreto 1069 de 2014 que regula la asistencia y protección a víctimas de trata.

La Ley establece la conformación del Comité Interins  titucional para la Lucha contra la Trata de Personas58, órgano consultivo del Gobierno Nacional y ente rector de las acciones que desarrolla el Estado Colombiano a través de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Tra  ta de Personas59  ( 2016 2018 ) . Asimismo, la Ley delega al Ministerio del Interior las funciones de Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional. La citada Estra  tegia postula que la asistencia a las víctimas de trata recae sobre los Comités territoriales de lucha contra la trata de personas.

También dispone que: “El Comité Interinstitucional promoverá la creación de Comités regionales departa  mentales y/o municipales contra la trata de personas, los cuales estarán presididos por los correspondientes gobernadores o alcaldes, y que deberán contar tam  bién con una Mesa Investigativa del Comité contra la ESCNNA  ( explotación sexual comercial de niños, ni  ñas y adolescentes ) '.

Por su parte, el artículo 188A del Código Penal sanciona la trata sexual y laboral y prescribe penas de 13 a 23 años de prisión, además de multas. Sanciona también otras modalidades de trata y permite adecuar cualquier otra forma de explotación que se identifique, lo cual resulta un avance al no ser tan restrictivo en la tipificación de las modalidades. Sin embargo, este artículo no retoma la definición de trata de personas de la legislación internacional, dado que no incluye a la fuerza, fraude o coerción como elementos esenciales. Algunos entrevistados señalan que, al no hacer mención 

a los medios  ( fuerza, fraude, coerción, etc. ) , se facilita la investigación del delito y su tipificación, dado que no se requiere probar la presencia de estos medios.

En 2018, el gobierno adoptó dos resoluciones para guiar a los funcionarios sobre las acciones para garan  tizar los derechos de los niños y las niñas víctimas de trata.
El gobierno nacional también realizó ajustes institu  cionales para hacer frente al proceso migratorio, in  cluyendo la creación de la Gerencia de Frontera, con el objeto de mejorar la coordinación y articulación, centralizar los esfuerzos para la recolección de fon  dos de cooperación internacional dirigidos a atender la migración, trabajar con las comunidades receptoras y desarrollar mecanismos de recolección de información sobre los flujos migratorios para la toma decisiones de política pública. Entre las medidas tomadas por el gobierno para aten  der a la situación de la población venezolana, se en  cuentra la Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela66. En este documento, se menciona que las víctimas de trata de personas que hubieran cometido un delito o estén en situación irregular, no deben ser deportadas, y que se les brindará asistencia en Colombia de así requerirlo. También afirma que el Ministerio del Interior incrementará acciones de coor  dinación, articulación y seguimiento a la implementa  ción de la política de lucha contra la trata de personas, tanto a nivel nacional como descentralizado. En este sentido, el Ministerio asistirá técnicamente entre 2019 y 2021 a las entidades territoriales en herramientas de prevención, atención y judicialización del delito de trata de personas, en particular de aquellos casos de  rivados del desplazamiento proveniente de Venezuela.
. In addition, the lockdown has led to price increases and shortages of basic goods in some areas of Colombia, due to increased demand for certain products and disruption of production and transport lines
Opinion poll data is showing that rejection of Venezuelans increased among the Colombian population since the beginning of the COVID 19 crisis.
Desde 2015, se puede evidenciar un aumento en los casos de trata de personas de nacionalidad venezolana registrados a nivel nacional. El grupo poblacional más propenso a ser víctima de trata de personas son las mujeres. Junto con las niñas, constituyen una parte sig  nificativa de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual identificadas durante 201868.
Según los funcionarios gubernamentales entrevista  dos, la explotación sexual es la que afecta al mayor número de víctimas. Información obtenida por OIM en convenio con el Instituto Colombiano de Bienes  tar Familiar  ( ICBF )  en el marco de un estudio situa  cional de niñez migrante54, señala que, en los últimos años, se han detectado casos de niñas venezolanas no acompañadas, con alto riesgo de convertirse en vícti  mas de trata, al no contar con ninguna red de apoyo
Los grupos focales realizados con miembros de orga  nizaciones de la sociedad civil arrojaron los siguientes hallazgos en relación a la trata de personas: escasez de recursos financieros y humanos destinados a lidiar con los crecientes flujos de personas venezolanas, es  pecialmente en áreas de frontera; subregistro de ca  sos de trata de personas; aumento de casos de trata con fines de explotación sexual y también en menor medida mendicidad ajena, trabajo forzado y trabajo infantil; aparición de casos de trata de personas con víctimas de origen venezolano; gran cantidad de casos de trata de personas pero pocas denuncias realizadas; y revictimización.
El desplazamiento desde Venezuela hacia Colom  bia ha tenido cuatro etapas en su historia reciente: i )  entre 1999 y 2005, compuesta principalmente por representantes de los sectores empresariales y políti  cos venezolanos; ii )  entre 2005 y 2009, empresarios y profesionales del sector petrolero como consecuencia de los despidos masivos de empleados de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A; iii )  entre 2010 y 2014, profesionales y estudiantes de clase media de distintas disciplinas; iv )  desde 2015 hasta hoy, diáspora de sobrevivencia, de clase media y población pobre y vulnerable  ( Universidad del Rosario, 2018 ) .
Fuentes gubernamentales entrevistadas  ( incluyendo Procuraduría, Defensoría y Ministerio del Interior )  también refieren que, a partir de la intensificación de la llegada de población venezolana, Colombia, que es  taba “acostumbrada' a ser un país de origen de vícti  mas de trata de personas, pasó a ser también país de destino, con víctimas venezolanas. Las fuentes con  sultadas sostienen que éstas constituyen una propor  ción significativa de las víctimas recientes. Además, en coincidencia con el informe de UNODC  ( 2019 ) , estas fuentes informan que se han identificado nume  rosos casos de venezolanos objeto de tráfico ilícito de migrantes.
esde la sociedad civil sostienen que es preciso incre  mentar el financiamiento para la provisión de servicios de asistencia integral para las víctimas  ( algunas, por ejemplo, son alojadas en hoteles ) . La Defensoría del Pueblo cuenta con 25 funcionarios entrenados que proveen apoyo psicológico y legal para víctimas de violencia de género, incluida la trata de per  sonas. Por su parte, el Ministerio del Interior, en coordinación con los Comités departamentales, municipales y distri  tales, también provee servicios para víctimas adultas de trata de personas. Autoridades gubernamentales entrevistadas afirman que han implementado un plan de asistencia a las víctimas de trata de personas para derivar a las 114 posibles víctimas identificadas durante 2016 y 2017 a servicios de atención. El número de víctimas identi  ficadas y asistidas en los últimos años aumentó, por lo que es preciso incrementar los esfuerzos de pro  tección para ampliar la cobertura en la asistencia.
Las organizaciones de la sociedad civil y algunos funciona  rios locales entrevistados sostienen que la asistencia brindada debe reforzarse, dado que, entre otras cosas, por el momento se enfoca en el corto plazo, y aún resta contemplar el establecimiento de albergues para varones víctimas y la asistencia especializada para víc  timas LGBTI. 

Las organizaciones de la sociedad civil señalan como reto la obtención de fondos suficientes para financiar sus actividades. Además, señalan que sería propicio in  crementar la coordinación y comunicación entre agen  cias para proveer asistencia. 

Las fuentes de sociedad civil entrevistadas mencionan varios casos que dan cuenta de aspectos de la protec  ción y la asistencia que podrían mejorarse. Por ejem  plo, mencionan un caso en el que una víctima de trata fue rechazada en un albergue para víctimas de violencia doméstica, porque el personal argumentó que no po  dían brindarle atención especializada. Para las víctimas de origen extranjero, el Estado Colombiano brinda asistencia humanitaria de emergencia, que contempla servicios básicos y, de acuerdo a lo consignado en el Decreto Nº 1066 de 2015, se procede a realizar la 

articulación con Migración Colombia y el Consulado correspondiente para el retorno de la víctima a su país de origen.
Los entrevistados infor  man haber descubierto guarderías ilegales, que en rea  lidad funcionaban como sitios de explotación de niños y niñas.
La población venezolana reporta restricciones para ad  quirir los documentos de identidad necesarios para in  gresar al territorio colombiano de forma regular  ( o para regularizar su estatus migratorio una vez allí, a través de instrumentos como el PEP  permiso especial de per  manencia  ) , como registros de nacimiento apostillados y pasaportes. Dichas restricciones incluirían la no ex  pedición de los documentos mencionados por parte del gobierno venezolano, su costo de obtención o el vencimiento, y robo o pérdida de los documentos en el proceso migratorio. La falta de documentos afecta la integración laboral de las personas migrantes, su acceso a un empleo formal, a servicios sociales y el proceso de tránsito para quienes tienen intención de migrar a otros países, obligándolos a permanecer en Colombia. Además, aumenta su vulnerabilidad y los riesgos de con  vertirse en víctimas de redes de trata de personas.