nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Según la información recopilada y las observaciones in situ sobre la situación, se recomienda desde el equipo evaluador priorizar los sectores de Protección, Seguridad Alimentaria y Nutricional y medios de vida y Agua, Saneamiento e Higiene  ( WASH )
La comunidad manifestó no sentirse segura en el lugar en que habitan, debido a la presencia de diversos GANE y los posibles enfrentamientos y/o combates con interposición de la población civil, así como a la extorsión y al ejercicio de control social e imposición de normas de conducta y justicia a través de la violencia, que se da sobre algunas acciones, como el consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol, hurto, entre otras, situación que se agrava cuando se trata de población refugiada y migrante proveniente de Venezuela.
La población enfrenta varias barreras para el acceso a agua segura, saneamiento básico e higiene, en la zona rural el agua no tiene ningún tratamiento y es “captada de manera artesanal' de una quebrada y distribuida con mangueras; la zona urbana presenta limitaciones de horarios o días sin suministro de agua.
La situación parece ser más crónica en el corregimiento Guamalito, también presenta limitaciones en el acceso de agua, se presume que el agua está contaminada con insecticidas lo que genera enfermedades en la piel u otras relacionadas, tampoco cuentan con acceso fácil y seguro a baterías sanitarias funcionando y limpias.
Aunque la población de la vereda Montelíbano recibe agua a través de mangueras, un derrumbe afectó la quebrada y el agua llega turbia.
Se identificaron probabilidades de conflicto entre las comunidades de las veredas por el acceso, manejo y distribución del agua.
Adicionalmente, las infraestructuras de las escuelas presentan hacinamiento y humedad y hay presencia de infraestructura militar cerca de las escuelas, lo que representa riesgos de protección para la niñez.
En el caso de refugiados y migrantes, además de las anteriores limitaciones, muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes están en la obligación de trabajar o cuidar a otros menores de edad, lo que tiene implicaciones en su acceso a la educación.
Aunque la población cuenta con un centro de salud, sólo hay un profesional en salud para la atención de 20.000 habitantes
Las principales necesidades se relacionan con la ausencia de insumos médicos que ha aumentado considerablemente con la presencia de población refugiada y migrante instalada en el corregimiento. La comunidad manifestó la necesidad de recibir asistencia, atención y apoyo psicosocial tras los hechos de violencia.
Las mujeres gestantes deben trasladarse hasta Ocaña para recibir tratamientos y controles prenatales.
La comunidad mostró su preocupación por la falta de fuentes de ingresos  ( empleo, dinero o recursos )  para subsistir y acceder a alimentos como proteínas y lácteos los cuales aumentaron de precio tras la pandemia COVID – 19.
La población cuenta con programas de los alimentación escolar, sin embargo, los alimentos que se entregan han disminuido en cantidad; por otra parte, según la comunidad en el municipio no hay programas de alimentación para madres gestantes.
En Guamalito, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no están _x000c_ obteniendo una educación de suficiente calidad debido a que las instalaciones se encuentran en mal estado, porque hay hacinamiento, y algunos no asisten por temor a ser reclutados.
La comunidad señaló limitaciones a la movilidad debido a las actividades de los GANE y la contaminación del territorio con minas antipersonal  ( MAP )  y/o municiones sin explotar  ( MSE ) . Debido a estos artefactos al menos dos personas fueron heridas en agosto de 202110. Las entidades estatales, así como las organizaciones nacionales e internacionales, se han visto limitadas para hacer presencia efectiva en el municipio El Carmen dadas las restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados no estatales  ( GANE ) , los enfrentamientos  y combates, así como el hurto de bienes. )  y los riesgos de seguridad por enfrentamientos o combates, también se han visto damnificados por el hurto de bienes por parte de los GANE
Se identificó que la movilidad de la población se restringe por las actividades de los GANE, por la contaminación con MAP/MSE, la imposición de toques de queda u otras restricciones que reducen el acceso a las a instituciones educativas, la agricultura y los servicios de salud.
Uno de los mayores impactos de la pandemia COVID 19 se dio con el aumento en la desescolarización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes ubicados en la zona rural donde no cuentan con acceso a servicios básicos ni herramientas tecnológicas de conectividad para recibir clases virtuales; la comunidad manifestó que algunos resultaron involucrados en las actividades de cultivo de coca.
El municipio de El Carmen es conocido por el atractivo de su arquitectura colonial, en 2005 fue nombrado Bien de Interés Cultural de carácter Nacional por medio de la Resolución 0929 del 25 de julio. No obstante, según la Defensoría del Pueblo, “es un sector geográfico crítico, por la presencia de grupos armados no estatales y también por ser una extensa zona geográfica de difícil acceso desprovista de institucionalidad'9, en parte porque sus vías secundarias se encuentran en malas condiciones, lo que también genera repercusiones en los medios de vida de la población, al obstaculizar el acceso de las comunidades a bienes, servicios y derechos fundamentales.
Entre los problemas principales que enfrenta la comunidad de Guamalito en términos de seguridad, se encuentran las altas tasas de criminalidad y violencia, así como la vinculación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el microtráfico de estupefacientes.
En los últimos años, ha disminuido la cantidad y calidad de alimentos que las comunidades consumen generando enfermedades por la falta de nutrientes en el cuerpo, la comunidad manifestó que algunas familias de acogida y de población refugiada y migrante que habita en los asentamientos La Paz, Los Robles, 10 de abril y Villa Esperanza, ubicados en el centro poblado de Guamalito, tan sólo comen una vez en el día y algunos padres no se alimentan lo suficiente para poder alimentar a sus hijos. También se conoció sobre la existencia de casos de desnutrición en la comunidad étnica binacional del Resguardo Motilón Barí y casos de desnutrición de adultos mayores en la vereda el Hoyo.
La fuente que más genera ingresos para la población es la agricultura y recolección en el campo, actividades que se han afectado por las dinámicas de la reconfiguración del conflicto en el territorio, ocasionando pérdida de activos agrícolas  ( herramientas, capacidad de almacenamiento, semillas, etc. )  Lo anterior, sumado a la falta de oportunidades hace que las actividades los cultivos de coca sean asociadas a interpretadas por los refugiados y migrantes venezolanos ubicados en el territorio como una salida a las limitaciones que tienen para acceder a ingresos económicos, servicios y bienes básicos.
Desde el 2 de enero de 2022 se han reportado enfrentamientos por parte de un grupo armado organizado  ( GAO )  y un grupo generador de violencia  ( GGV )  en áreas rurales de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Saravena, Fortul, Tame, Arauquita y Arauca, del lado colombiano y en algunas zonas del Estado Apure en Venezuela. Como consecuencia, al 11 de febrero, según informe de monitoreo de la Gobernación, se reportó un total de 973 familias desplazadas  ( 3.283 personas aprox. ) ; de las cuales 370 personas / 181 familias son refugiadas y migrantes con necesidades de protección internacional  ( PNPI )  y un total de 583 personas / 130 familias se encuentran confinadas, pertenecientes al resguardo El Vigía en Arauquita, además de otras seis comunidades confinadas cuyas cifras de afectación se desconocen.
Las familias se encuentran ubicadas a la intemperie en el sector denominado como El Fórum de los Libertadores, a escasos metros del río Arauca, frontera con el Estado de Apure de Venezuela, allí no cuentan con acceso a letrinas, duchas, elementos para preparación de alimentos, espacios para cambiarse o limpiar a sus niños y niñas, en su mayoría no hablan el español y cuentan actualmente con visitas de monitoreo de seguridad por parte de la policía nacional.
Los grupos en su totalidad comentaron que las principales necesidades son el acceso a agua limpia o apta para el consumo, así como el acceso a alimentos, seguido de servicios de saneamiento, considerando que las personas no cuentan con baterías sanitarias óptimas donde puedan realizar sus necesidades, incluyendo la gestión menstrual para mujeres y niñas.
Las familias tampoco cuentan con información oficial sobre acceso a respuesta o servicios básicos como salud, educación, orientación legal o instituciones y mecanismos de diálogo a los que puedan acceder en caso de contar con vulnerabilidades y/o situaciones de atención urgentes.
Water points are still needed on the border cities because they have shown high demand by migrants, especially in Ipiales where they arrive after several days of poor hydration conditions. Additional transition points have been identified and are being assessed on their potential to assist migrants through hydration.
Se pudo confirmar la presencia de una persona transgénero en el grupo, esta persona tiene necesidades de acceso a orientación legal y acceso a derechos, alimentación y apoyo psicosocial, de igual forma acceso a rutas de atención en temas de salud sexual y reproductiva.
Se identificó un alto número de niños y niñas, la mayoría en estado de malnutrición, por lo que se requiere apoyo en kits alimentarios y en valoración y consejería nutricional diferenciados para esta población .
The lack of access to hygiene facilities and safe water has led to skin allergies and dehydration symptoms, according to Health Care Unit coordinators and epidemiological reports. Equally, migrants with a desire to remain are often settled in sites with little or no access to basic hygiene, or have little funds available to spend on basic hygiene items due to other more urgent needs.
de igual forma requieren acceso a letrinas o duchas, dado que, ante su falta de capacidad para pagar por estos servicios, se ven obligados a utilizar el río como fuente principal de acceso a agua, poniendo en grave riesgo su integridad física, especialmente la de los menores de edad.
También existe alto riesgo de situaciones de violencia basada en el género  ( VBG ) , especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes; sobre todo este último grupo poblacional, quienes están expuestos en un entorno que no conocen y donde necesitan un monitoreo constante de los padres u organizaciones que puedan apoyarles.
La comunidad manifiesta no tener la intención de moverse del departamento de Arauca; los grupos manifiestan que su intencionalidad es permanecer mínimo dos años mientras se evalúa o desaparecen los riesgos a los que están expuestos en Venezuela.
Los equipos de recolección evidenciaron riesgo de apatridia, debido a la falta de documentos de identidad en el 100% de los niños y niñas.
Como resultado de los enfrentamientos en Apure, Venezuela y demás zonas fronterizas, el 10 de febrero se tuvo conocimiento de la llegada de 16 familias / 81 personas, indígenas de la comunidad Jivi, provenientes del municipio Pedro Camejo del Estado Apure hacia el municipio de Arauca, ubicándose en el Fórum de los Libertadores.
Existen riesgos específicos de la población para los delitos trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Justamente estos riesgos particulares históricamente se incrementan en población con pertenencia étnica, no explícitamente por su pertenencia sino por las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra
También se evidencian riesgos de seguridad física teniendo en cuenta que las personas se encuentran albergadas a la intemperie, cerca al río Arauca, en un lugar sin cerramiento en cercanía de una vía principal, donde hay riesgos por pasos de autos y motos a gran velocidad y de lugares de alto riesgo. En relación con esto, se identifica un riesgo de hurtos hacia la población.
there are important mental health and protection needs, especially in departments where armed groups are present, such as Putumayo, need for additional friendly spaces, better information and education as to rights and existing services, especially in light of widely believed rumours, and further child participation in feedback mechanisms.
Between 23 February and 8 June 2019, the border between Colombia and Venezuela was closed to pedestrian traffic from the Venezuelan side. This had increased the vulnerability of migrants, as greater numbers enter through informal crossing points, in turn exposing them to other risks such as armed groups and human trafficking.
Todos aquellos que llegan a Colombia tienen grandes necesidades humanitarias como, por ejemplo, la población pendular, que permanece temporalmente en las regiones fronterizas con el objetivo de abastecerse de artículos básicos que carecen en su país, o acceder a los servicios de salud y educación.
Con la emisión del Permiso Especial Complementario de Permanencia  ( PECP )  el 3 de julio, se abrió el acceso condicional de empleo formal a todos aquellos solicitantes de asilo en Colombia, a quienes se les rechazó su solicitud hasta el 31 de diciembre 2018
Según datos de ACNUR, en 2016, había 48.714 venezolanos en Colombia; en 2017, 600.000; en 2018, 1,17 millones; y, para el 30 de junio de este año, la cifra ronda superaba los 1,4 millones de personas.
A finales de 2019, Colombia siguió registrando el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de ocho millones según las estadísticas del Gobierno. El gran número de desplazados internos registrados, sin embargo, proviene de la cifra total acumulada del Registro de Víctimas, que comenzó en 1985.
The statement also highlighted a crucial issue in the humanitarian response in Colombia, as the leading host country for Venezuelan migrants. Colombia has ongoing conflicts in country and5 million Colombians in need. With the arrival of Venezuelan migrants, these two crises have created tension and strained resources. The INGO Forum states, “… many people arriving from Venezuela become victims of conflict, victims of forced recruitment into illegal armed groups, victims of violence, human trafficking, sexual exploitation and/or illegal economies.'
Mientras el número de alumnos migrantes aumentaba al ritmo de la crisis económica y educativa, la violencia se recrudeció en la frontera. Entonces, hace tres años, Georgina y otros profesores del centro etnoeducativo establecieron una ruta que recogía a los niños en Venezuela y los transportaba hasta el colegio.
Según la Defensoría del Pueblo, el número de trochas en La Guajira asciende a 90. Y en esos laberintos que surcan el desierto delinquen varios grupos: los ‘pranes'  venezolanos que salieron de las cárceles de su país y mantienen lazos con estructuras ilegales , el ELN, y grupos armados como ‘Los zona' o ‘Los mercenarios', que asaltan, secuestran y asesinan.
Más de 1,6 millones de venezolanos viven en Colombia, según las autoridades
1.488.373. Esa es la cifra de venezolanos que viven actualmente enColombia, país que por su proximidad y fronteras ha sido por el que más venezolanos pasan y se quedan desde que inició la crisis migratoria hacia el año 2014, según el más reciente informe de Migración Colombia. En ese entonces había 23.573 ciudadanos venezolanos en Colombia. El año siguiente esa cifra aumentaría un 34% y 3 años después, en 2017, el número se alzó hasta los 403.702, un sorprendente 651% más que en 2016.
También se anunció que laOficina para los Refugiados de las Naciones Unidas, visitarán el Vichadapara tomar acciones puntuales frente a las problemáticas sociales que se han generado con la llegada masiva de venezolanos.
La Conferencia reconoció que la severa y complicada crisis política, socioeconómica y de derechos humanos en Venezuela ha producido una de las más serias situaciones de desplazamiento en todo el mundo. El flujo de personas continúa constante mientras que los recursos y medios de financiamiento se encuentran muy por debajo de las necesidades. De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 4.5 millones de venezolanos han dejado el país y la mayor parte de ellos se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe. Esta cifra podría llegar a 6.5 millones en todo el mundo a finales de 2020.
La Conferencia elogió la gran solidaridad demostrada por los países en la región y reconoció los importantes desafíos que deben enfrentar. Los participantes reafirmaron su sólido compromiso en cuanto a seguir protegiendo y asistiendo a los refugiados y migrantes venezolanos y brindar apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de los países receptores, en particular asegurando una integración sostenible en las comunidades de acogida. La Conferencia también expresó su agradecimiento por la respuesta coordinada de los países de América Latina y el Caribe. El Proceso de Quito constituye un paso muy significativo hacia la armonización de prácticas y políticas y por consiguiente para aumentar la respuesta humanitaria e integrar a los refugiados y migrantes en toda la región. Al tiempo que reconocieron el derecho soberano de los Estados para gestionar sus fronteras, quienes presidieron la Conferencia destacaron la importancia de preservar el acceso al asilo, fortalecer los mecanismos que permiten la identificación de las personas en necesidad de protección internacional, mantener políticas de ingreso flexibles, continuar regularizando y brindando documentación a los refugiados y migrantes venezolanos, además de facilitar la reunificación familiar. Actos de odio, intolerancia y xenofobia, por más que ocurran de forma aislada o parezcan tener una importancia menor, necesitan ser rechazados con firmeza. La Conferencia confirmó la necesidad de una mayor cooperación internacional financiera y técnica para los países de acogida, por medio de un compromiso más fuerte por parte de los donantes, instituciones financieras internacionales, actores de desarrollo y sector privado para apoyar a las autoridades nacionales en la provisión de servicios y promover oportunidades económicas para los refugiados, migrantes y comunidades de acogida. Las instituciones financieras internacionales pueden jugar un rol crucial por medio del otorgamiento de financiamiento concesional y subsidios además de asistencia técnica. Será necesario que los actores de desarrollo intervengan lo antes posible para fortalecer el nexo humanitario desarrollo, reforzar los esquemas de protección social, fortalecer las capacidades y facilitar la inclusión de los refugiados y migrantes en el mercado laboral. Los participantes pusieron de relieve la necesidad de un mecanismo de cooperación que involucre a los Estados donantes, instituciones internacionales financieras y a otros actores relevantes. Reafirmaron el rol de la Plataforma Regional de Coordinación liderada por el ACNUR y la OIM como el mecanismo de coordinación para responder a la crisis de refugiados y migrantes de Venezuela. Como próximos pasos a seguir la Conferencia expresó su apoyo a la decisión de organizar en los próximos meses una primera reunión del Grupo de Amigos del Proceso de Quito, a ser presidida por la Unión Europea. Las autoridades que auspiciaron la Conferencia destacaron los compromisos adicionales asumidos en ocasión de la misma y remarcaron la importancia para el año próximo de un proceso permanente para movilizar fondos sustanciales adicionales incluyendo una conferencia sobre promesas de contribuciones.
The Organization of American States ( OAS )  projects that “Venezuelan migrants and refugees could reach between 5.3 and 5.7 million by the end of 2019 and between 7.5 and 8.2 million by the end of 2020'.
Según la policía, los venezolanos expulsados, que llegarán en un buque de la Armada colombiana a territorio de Venezuela, generaron "vandalismo y violencia' en Bogotá. Krüger, en tanto, lamentó que las acciones de estos extranjeros generen "brotes de xenofobia', que "dañan el nombre de aquellos venezolanos vienen trabajando por un mejor país'. No son los primeros En la operación para detener a los extranjeros participaron 120 agentes del Grupo de Operaciones Especiales  ( GOES )  y de la Seccional de Investigación  ( Sijín ) , que recorrieron bares, discotecas, zonas comerciales y espacios públicos buscando a los sospechosos. Entre los detenidos hay hombres y mujeres, que se suman a los 15 extranjeros que habían sido expulsados días antes, también acusados de pretender "afectar la seguridad y el orden social'. Las protestas en el país se iniciaron el pasado jueves, cuando los colombianos coparon las calles de las principales ciudades para manifestar al gobierno el rechazo a su intención de hacer una reforma laboral y del sistema de pensiones que podrían perjudicar a los trabajadores. Las manifestaciones se han repetido todos los días, y para este lunes hay nuevas protestas convocada
Arauca, con más de 256 mil habitantes, es un punto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Gran parte de los migrantes que están llegando a esta zona del país están en condición de irregularidad, dificultando el acceso a temas como salud y trabajo. Es por eso que autoridades y habitantes aseguran que se vive una verdadera crisis social y piden mayor atención por parte del Estado. Los más de 300 kilómetros de extensión del río Arauca separan a este departamento de Venezuela. En una región en donde la violencia ha estado presente históricamente, lo normal era que los pobladores tuvieran que salir desplazados a otros departamentos, pero desde el año 2015 ha enfrentado la crisis económica, política y social que se vive en el vecino país. Se estima que en la actualidad hay 42mil 890 migrantes en Arauca, ciudadanos que están llegando a un departamento, cuyos habitantes denuncian graves falencias en temas de salud, educación y trabajo.
Cómo desarrollar una respuesta humanitaria adecuada y pertinente en torno a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela? ¿Qué significa y qué implicaciones tiene nuestro rol como trabajadores humanitarios? ¿Cómo incluimos las perspectivas y demandas de personas refugiadas y migrantes en nuestras acciones de respuesta? ¿De qué forma construimos confianza y empoderamos a las poblaciones afectadas para que sean parte de estos procesos?
De acuerdo al último informe entregado por Migración Colombia, el país ha acogido a 1.500.000 personas venezolanas impactadas por el fenómeno migratorio, de ellas 558.454 son niños, niñas y adolescentes quienes ven vulnerados sus derechos, desatándose el acceso a la educación en donde solo 190.942 estudian en colegios públicos, según cifras oficiales. El proyecto Education Cannot Wait  ( La educación no puede esperar ) , congrega a cinco organizaciones nacionales e internacionales reconocidas por trabajar por los niños, niñas y adolescentes del país en contexto de migración, buscando dar acceso a una educación de calidad en distintos departamentos de Colombia. En su misión a Colombia, la directora de Education Cannot Wait, Yasmine Sherif, visitará La Guajira, uno de los departamentos donde tendrá mayor incidencia el proyecto, y en donde se espera conozca la situación migratoria y educativa de los niños, niñas y adolescentes alojados en esta región.
Nueva Zelandia tiene historia en asistencia humanitaria a Venezuela. En junio de 2018, el gobierno de Nueva Zelandia anunció una donación de cien mil dólares americanos  ( US$100,000 ) , a través de las Naciones Unidas, para asistir a las los migrantes venezolanos que llegan a Colombia y Brasil. Adicional a esta cifra, el gobierno neozelandés entregó US$1.3 millones de dólares americanos a través de ACNUR y de la Cruz Roja Internacional. El cierre oficial del convenio tuvo lugar hoy en la residencia de la embajadora de Nueva Zelandia en Colombia, Lucy Duncan. Asistieron a la clausura Gina Tambini, representante de la OPS/OMS en Colombia y su equipo técnico; Pilar Zambrano, del Instituto Nacional de Salud, y Luis Fernando Correa, Jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social. Luego de un año de trabajo en el territorio las partes agradecieron al gobierno neozelandés la entrega de equipos y medidas que fortalecieron la salud pública del territorio.
En Colombia, la respuesta de UNICEF en 2019 ha llevado a más de 114.000 niños a beneficiarse de programas para prevenir la violencia, el abuso y la explotación, incluida la violencia de género.
Como ya es costumbre antes de la realización de una jornada electoral, el Gobierno Nacional informó, a través del Decreto 1916 de 2019 del Ministerio del Interior, la decisión de cerrar todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país.
Según el Director General de Migración Colombia, el cierre de la frontera colombiana se realizará en dos etapas, iniciando a las cero horas del jueves 24 de octubre con el cierre de todos los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, y continuando con el cierre de los pasos fronterizos, terrestres y fluviales, con Ecuador, Perú y Brasil, a partir de las cero horas del sábado 26 de octubre.
La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo  ( Asdi )  anunció una contribución total anual de SEK15.2 millones  ( US$1,56 millones )  para ayudar a UNICEF a proporcionar ayuda vital a más de 165.000 niños y niñas migrantes que salieron de Venezuela y a sus familias, así como las comunidades de acogida en América Latina y el Caribe.
En siete países de la región que han acogido familias de migrantes y refugiados venezolanos, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Panamá, Guyana y Trinidad y Tobago, UNICEF ha recibido fondos de Asdi para proteger los derechos de los niños a través de transferencias en efectivo, el fortalecimiento del acceso a la protección infantil, educación, agua y saneamiento, así como ayuda humanitaria que se distribuye en los puntos de migración fronterizos.
En América Latina y el Caribe se estima que al menos 1,1 millones de niños necesitan asistencia humanitaria en 2019, ahora que el número de refugiados y migrantes de Venezuela ha superado los 4,5 millones.
Las mujeres y niñas venezolanas sonespecialmente vulnerablesen estos momentos. Las tasas de violencia doméstica contra las mujeres han idoen aumentodurante el confinamiento en América Latina. Las mujeres y niñas venezolanas desalojadas de sus hogares se encuentran en riesgo de explotación y abuso sexual.
Cuando su esposa, Deisy Lizarazo, dio a luz en 2016 al pequeño Francisco en un hospital de Caracas, Venezuela, el recién nacido tuvo que ser entubado de urgencia. El bebé sobrevivió, pero se enfrentaría a tantas complicaciones apnea y bronquitis, entre otros problemas de salud que los médicos dejaron de brindarle los tratamientos más básicos.
Gracias a la asistencia brindada por ACNUR – la Agencia de la ONU para los Refugiados   en el Punto de Atención y Orientación  ( PAO ) *de ese lugar, Jaime y su familia siguieron los pasos para tramitar el Permiso Especial de Permanencia, que permite a los venezolanos vivir en Colombia durante dos años y acceder a derechos como el trabajo formal y la salud. Además, la familia fue remitida a otras agencias de las Naciones Unidas y organizaciones socias con las cuales consiguieron hospedaje durante algunos días en albergues de la región.
una iniciativa apoyada por ACNUR denominada Unidad de Atención a Población Vulnerable  ( UDAPV ) *. Este grupo móvil trabaja en el registro e identificación en las regiones apartadas del país y durante 2018 atendió a Jaime y otros 17.225 colombianos que regresaron desde Venezuela.
A través de sus 32 PAO y 11 oficinas en el país, ACNUR identifica casos como el de la familia de Jaime y los remite a la Registraduría para que puedan acceder a la nacionalidad colombiana. Además, ACNUR brinda apoyo técnico a las instituciones colombianas para responder a la demanda en materia de derechos de las personas refugiadas.
According to a 2018 report by the Colombian government, more than 8,000 pregnant Venezuelan women who had entered Colombia were expected to give birth in the country; the majority of this population did not have access to any type of prenatal care in Venezuela.
Health officials have also seen the first deaths of Venezuelan patients from acute malnutrition ever reported in 2017, with three deaths. In 2018, 11 Venezuelans died from acute malnutrition.
Over the past two years, the Colombian Department of North Santander, which borders Venezuela, saw a sharp rise in “public health events' reported via surveillance systems among Venezuelans: from 182 in 2015 to 5,094 in 2018.67 Colombia's Epidemiological Surveillance System  ( Sivigila )  reported that from January through August 2018, 2,398 public health events had occurred in patients from abroad, an almost threefold increase compared to the same period in 2017  ( 863 cases ) .
The Colombian government is also supporting additional care in selected individual cases, to the extent that resources allow, on a humanitarian basis through special permission; for example, this is being done with some cases of childhood cancer.
However, official figures underestimate the extent of the burden because returnees are reported as Colombian. The increased caseload has translated to longer wait times, capacity concerns, and increased costs for Colombian health facilities.
La Guajira, Norte de Santander, Arauca and Vichada access to education is restricted by the risk of UXOs, poor infrastructures and schools being used as shelters during mass displacements, in addition to insecurity due to the presence of armed groups
In addition, there are over 300,000 Colombian returnees in need of socioeconomic assistance.
Despite the efforts of the Colombian government to regularise Venezuelan migrants and give them access to basic services, flaws in the system have left many people unable to apply for the PEP, adding to an imprecise number of migrants staying illegally in the country.
Population profiles The needs of this population vary enormously depending on their particular profile, legal status and if they are settled or in transit in Colombia. In this sense, this chapter organizes the population into five profiles:  ( 1 )  Venezuelan refugees and migrations with the intention to remain permanently in Colombia,  ( 2 )  Refugees and migrants in transit,  ( 3 )  Venezuelans in pendular migration,  ( 4 )  Colombian returnees,  ( 5 )  Colombian host communities. In addition, there also exist a number of binational indigenous communities such as the Wayuu, who have similar characteristics to profiles in several categories since they have ancestral territories in both Colombia and Venezuela, and which therefore require a differential response in accord with their need
La identificación de la fuente de infección en los casos confirmados de sarampión permite evaluar la reaparición de la transmisión endémica del virus en el país. La Organización Panamericana de la Salud  ( OPS )  y la Organización Mundial de la Salud  ( OMS ) , clasifican la fuente de in  fección en tres categorías
De acuerdo con información remitida por la entidad territorial y el equipo de respuesta inmediata del INS, se han identificado aproxi  madamente 700 migrantes venezolanos albergados en alojamien  tos temporales de emergencia en Ipiales y aproximadamente 200 personas más en carpas instaladas en el puente internacional de Rumichaca. La secretaría de salud municipal de Ipiales activó un plan de contingencia por aumento del flujo migratorio e intermi  tencia en la prestación del servicio de agua potable en el municipio.
El municipio de Ipiales tiene seis alojamientos temporales, que cuentan con un área para la manipulación de alimentos y un área de comedores comunitarios, este proceso se encuentra a cargo del programa mundial de alimentos  ( PMA ) . Se han implementado es  trategias para la prevención de enfermedades en el interior de cada alojamiento. Estos alojamientos temporales cuentan con infraes  tructura sanitaria adecuada y disposición de excretas directa a la red de alcantarillo municipal.
Una red que se dedicaba a explotar sexualmente a menores de edad de nacionalidad colombiana y venezolana fue desarticulada por las autoridades con la captura de 10 de sus integrantes,
Condiciones de vida: apoyo para vivienda, hospedaje, implementos de higiene y elementos básicos como colchones, sábanas, etc. 42.418 beneficiarios.
Aunque la Agencia de la ONU para los Refugiados  ( ACNUR )  ha incrementado la asistencia para las comunidades indígenas desde marzo de 2020 y ha puesto en marcha iniciativas de prevención frente a la COVID 19, su capacidad para apoyar a estos grupos de forma inminente y a largo plazo es limitada.
Las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad no cuentan con la infraestructura mínima que les garantice permanecer en cuarentena  ( barrios informales, población rural dispersa sin acceso a servicios en los hogares ) .
En Arauca, casi la mitad de los adultos migrantes reduce su consumo para que niños y niñas puedan alimentarse, mientras que en La Guajira este porcentaje sube a 59%  ( el más alto de todos los departamentos ) .
El nacimiento de Wilbelys prometía traer nuevas alegrías a la familia, pero un vacío jurídico hizo aún más tortuosa su bienvenida. La bebé no pudo obtener la nacionalidad de sus padres por la ausencia de servicio consular venezolano en Colombia. Tampoco pudo hacerse colombiana, porque la legislación no permite nacionalizarse por solo por nacer en suelo cafetero.
A Colombia han llegado oficialmente 197.428 menores de edad, pero la cifra es mayor porque muchos arriban de forma irregular, según la autoridad migratoria.
El psicólogo infantil Jhon Herrera advierte que menores como Arianna viven un "duelo" constante por las pérdidas materiales, culturales y personales que conlleva la migración. Incluso están en riesgo de estrés postraumático.
A comienzos de año llegó a Bogotá, ilusionada con continuar sus estudios en el colegio que le asignó el distrito cerca de casa. Había aceptado incluso repetir el primer año de bachillerato, pero el rector le pidió un certificado de afiliación a una entidad de salud, que como indocumentada no podía obtener.
Colombia garantiza el acceso a la educación sin excepciones, pero en algunas escuelas hay desinformación.
La Cámara de Comercio de Pasto le solicitó al director del instituto remitir información detallada relacionada con la tarea que viene desarrollando la entidad estatal, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales en favor de la niñez que se observa junto a personas adultas en los andenes y junto a los semáforos, donde piden la ayuda ciudadana.
Solo en el 3,7 % de los casos las gestantes afirmaron estar afiliadas al sistema de salud colombiano, todas en el régimen subsidiado, excepto por un caso en el contributivo; y solo el 32,3 % dijo que les habían otorgado un carné materno para la atención en salud, mientras que dos de cada cinco habían recibido las pruebas prenatales y vacunas necesarias.
Los síntomas depresivos, clínicamente significativos, son una tendencia que Maolys ha identificado en las venezolanas embarazadas que son migrantes en proceso de regularización. Su diagnóstico hace parte de una de las primeras investigaciones científicas sobre migrantes venezolanos en Colombia, que el departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte lidera desde 2018, en cabeza del profesor Julián Fernández, doctor en epidemiología.
las voces de 530 venezolanas que, en condiciones similares, residen en las dos principales ciudades receptoras de migrantes del Caribe: Barranquilla y Riohacha. Los datos consolidaron el primer reporte del estudio multidimensional, que cuenta con el apoyo por la Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM ) . Los resultados revelan, entre las problemáticas prioritarias, carencias nutricionales, diferentes tipos de violencia y síntomas depresivos. Ponen en evidencia retos en el acceso efectivo a los servicios sanitarios y la vulnerabilidad socioeconómica de las migrantes gestantes.
Según el estudio, cuatro de cinco hogares encuestados registra inseguridad alimentaria  ( 87,5 % )  y la mitad de la submuestra, anemia. Además, la violencia perpetrada por la pareja reporta un porcentaje superior al rango encontrado en otras investigaciones de Europa y América, donde la psicológica es la más usual  ( 89 % ) , seguida por la violencia económica  ( 31,4 % ) .
En 2018 más de tres mil partos de migrantes venezolanas fueron atendidos en la red pública hospitalaria del país, un incremento cuatro veces mayor respecto a 2017, lo que constituye un reto financiero y de gestión en salud pública. Sin importar el estatus migratorio, el plan de respuesta del sector salud procura la atención integral de las gestantes, además de su inclusión en los planes de intervención colectiva. Por ende, las migrantes venezolanas irregulares tienen derecho no solo a la atención de urgencias, parto y posparto, sino también al control prenatal y los beneficios de las acciones colectivas.
En más de la mitad de los hogares sondeados, el ingreso mensual no supera el salario mínimo colombiano, y en el mes anterior a la encuesta este dinero fue invertido, en su mayoría, en la compra de alimentos  ( 59,3 % )  y el pago del arriendo  ( 29,3 % ) .
En Barranquilla fueron atendidos, en 2018, más de 1700 partos de mujeres venezolanas. En 2019, hasta junio, se han registrado más de 900.
Las mujeres migrantes, particularmente en condiciones de irregularidad, dado su dificultad para encontrar empleo, tienen bajos ingresos, lo cual puede generar aislamiento social y mayores probabilidades de ser violentadas.
En el caso de las gestantes interrogadas, cuatro de cada diez percibieron su salud como regular  ( 40,2 % ) , con peor percepción para las de Riohacha. El 26,7 % había presentado al menos un episodio de infección urinaria, el 5,6 % tenía diagnóstico de preeclampsia  ( hipertensión arterial y proteína en la orina ) , el 3,1 % de enfermedades bucodentales, el 1,5 % de diabetes gestacional y un 17,8 % refirió otra enfermedad sin especificar.
A su vez, concluyen que el gran esfuerzo del Gobierno Nacional y de las administraciones locales se limita a la atención en el servicio de urgencias, donde las migrantes tienen una buena percepción de los servicios de salud, sin embargo, sin cobertura en atención primaria, no existirá disminución de riesgo para la salud individual y colectiva para las gestantes migrantes en temas como acceso oportuno y continuo a tratamientos y violencia de género, ni se verán los beneficios sociales de la promoción de empoderamiento, necesarias para que las madres y las generaciones que nacen en la ola migratoria tengan mayores oportunidades de bienestar.
La falta de información confiable y segura, el desconocimiento sobre espacios de apoyo y redes de protección, la diversidad lingüística y/o étnica, la exposición a riesgos a lo largo de la ruta para personas en tránsito y sus posibles afectaciones psicosociales, entre muchos otros, representan obstáculos para acceder a derechos y protección. Entre los principales riesgos de protección nos encontramos la violencia sexual, el tráfico y la trata de personas, la explotación sexual y laboral y el sexo por supervivencia2.
Esta crisis está teniendo un efecto desproporcionado en mujeres, niñas y adolescentes, y especialmente en aquellas embarazadas, lactantes y las mujeres que viajan solas. También están particularmente en riesgo de Violencia basada en Género  ( VBG ) , las niñas, niños y adolescentes no acompañadas/os o que han sido separadas/os de su familia y en particular de sus progenitores, personas con discapacidad, personas de minorías raciales y étnicas, personas LGBTI3, y trabajadoras sexuales, que en muchos casos, se ven expuestos a la trata de personas y requieren de una urgente respuesta de protección coordinada y efectiva.
se identificó que una gran mayoría de personas, en particular las mujeres y personas de la comunidad LGTBI, normalizaban algunos tipos de VBG como la explotación sexual y el abuso, las uniones tempranas, el sexo por sobrevivencia, el acoso sexual, entre otros como inherente a su situación de persona migrante o refugiada.
El objetivo de las unidades móviles es identificar a las mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela y las mujeres de la comunidad receptora con altos niveles de vulnerabilidad para acceder al sistema de salud con el fin de brindarles diferentes servicios. Durante el mes de abril y a través de esta unidad, se brindó asesoramiento y atención sanitaria, psicológica y legal a 561 mujeres. Las sesiones, llevada a cabo por equipos multifuncionales, contribuyeron a mejorar la articulación entre las instituciones gubernamentales y locales con otras organizaciones de la cooperación internacional. Adicionalmente, a través de sus oficiales, las unidades móviles de registro y atención fortalecieron la intervención del gobierno para brindar asesoría a la población proveniente de Venezuela.
Las principales barreras estructurales para la búsqueda de atención incluyen la falta/insuficiencia de servicios especializados de salud para sobrevivientes de VBG y la limitada capacitación de las ( os )  proveedores de servicios. También resalta la falta de atención y apoyo de calidad debido a los retrasos en la prestación del servicio y la falta de protocolos adecuados.
Finalmente, se identificó una brecha notable en la disponibilidad de servicios de apoyo psicosocial para sobrevivientes de VBG en todos los tipos de proveedores y fuentes de apoyo ya que solo un 47% del personal profesional humanitario encuestado conoce de la existencia de servicios psicológicos para atender casos de VBG, con énfasis en la violencia sexual. Muchos/as sobrevivientes experimentan efectos psicológicos y sociales duraderos, aunque el impacto de la VBG puede variar de persona a persona.
en el Departamento de La Guajira. En el 2018, por ejemplo, se apoyó la apertura del Centro de Protección de la Fundación RENACER con capacidad para brindar atención especializada a 50 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Además, el trabajo conjunto con las comunidades receptoras y las Instituciones del Estado ha permitido la identificación segura de niños, niñas y adolescentes que puedan estar en alto riesgo de VBG. El Centro de Protección de la Fundación RENACER brinda apoyo integral a las/los sobrevivientes como el acompañamiento psicosocial, atención médica, orientación legal, albergue, alimentación y protección del ICBF.
solo un 20% de las personas encuestadas reporta la disponibilidad de albergues especializados, lo cual es un reto para la recuperación psicosocial y la seguridad física de las personas víctimas de trata de personas.
Incremento del riesgo de reclutamiento y uso de NNA en comunidades con presencia de grupos armados, pues las familias están en sus hogares tras las medidas de aislamiento. En algunas comunidades se ha reportado un incremento en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
As of November 2019, Response for Venezuela  ( R4V )  an Inter Agency coordination platform for supporting refugees and migrants from Venezuela estimated the number of Venezuelan migrants, refugees, and asylum seekers at 4,626,968, with a majority fleeing to neighboring countries including Colombia, Peru, Chile, and Argentina.
This substantial influx of migrants and refugees creates a regional humanitarian crisis and challenges for host countries, including a strain on healthcare and education systems. Refugee and migrants' journeys are made even more difficult by a lack of access to food and clean water, vulnerability to gender based violence, and an inability to obtain work permits in host countries.
The crises in and around Venezuela has been primarily viewed as a regional or even sub regional issue, receiving little attention or support from international actors. This lack of global focus caused a significant gap in material support to humanitarian actors, hampered coordination between all actors involved, and yielded weak support for a political resolution to the crisis. These factors exacerbate large scale displacement of people from Venezuela into the region.
Women and children are profoundly vulnerable to sexual and gender based violence and exploitation, including assault, rape, transactional sex as a last resort means of securing income, and human trafficking. In a recentgender analysis reportabout Venezuelan migrants and refugees in Colombia, InterAction Member CARE writes, “Almost all women and girls revealed that it was common for migrants to engage in transactional sex, while adolescent girls mentioned that mothers often encouraged their daughters to do so. Humanitarian organizations reported that a high proportion of women and girls, including transgender women, are engaging in some form of transactional sex as a survival mechanism.'
Attendees of the conference also called for donor countries and the U.N. system to provide greater funding for humanitarian aid agencies to best meet the needs of displaced Venezuelans and their host communities. In early July, The United Nations High Commissioner for Refugees and International Organization for Migration reported only receiving23.7% of the requested fundsneeded to support aid efforts.
Más de 1,6 millones de venezolanos viven en Colombia, de los cuales 719.189 están de forma regular en el país y 911.714 son irregulares, informó en las últimas horas Migración Colombia en un informe que tiene corte al 31 de octubre.
With the expected increase in Venezuelan refugees in 2020, the international community must move toward viewing the Venezuela displacement crisis as a global crisis as opposed to a regional one. More significant funding and a robust coordination effort between host countries, U.N. agencies, and NGOs must occur to support aid efforts. Effectively implementing the recommendations laid out by INGO and NNGO actors supporting displaced Venezuelans would strengthen the shift from a regional to a global response, solidifying a more stable and sustainable effort for all actors involved and most importantly for the Venezuelan people and their generous regional hosts.
Dada la diversidad de los actores humanitarios involucrados en la respuesta a refugiados y migrantes de Venezuela, es importante reforzar un entendimiento común de los principios de AAP, así como también poner en común las buenas prácticas, habilidades y herramientas de las que disponemos para potenciar y fortalecer el accionar en el terreno.
Bogotá, noviembre de 2019. Desde hace cinco años, inicio del fenómeno migratorio venezolano, cientos de niños, niñas y adolescentes han visto vulnerado su derecho a la educación, consecuencia de la crisis económica, política y social de su país natal. Actualmente, según el último informe de Migración Colombia, el país ha dado acogida a 1.500.000 personas venezolanas impactadas por la emergencia, de ellos 558.454 niños, niñas y adolescentes quienes han perdido su estabilidad educativa.
“Venezuela is just fading, disappearing' Treatment for patients living with chronic diseases such as HIV, or kidney disease is not covered by the Colombian health system. People suffering from these diseases require continuous treatment, and referrals to higher levels of care are often impossible. "In Venezuela, medical tests are expensive, everything is dollarized  [ i.e. sold in US dollars ] , and supplies are missing,' says Elías*, 51, who arrived in Arauca from Venezuela about 15 days ago and needs dialysis. “Machines don't work properly; they break down and are no longer repaired. Medical and technical staff have also left the country." People living with HIV/AIDS also have trouble accessing care. “I go to MSF's mobile clinic for check ups because of the disease,' says Jesus*, who lives in Saravena. The 27 year old was diagnosed with HIV five years ago and stopped his treatment when he left his home in Venezuela two months ago. “I would like to have money right now to return for treatment in Venezuela, although I don't know if I've been taken off the register or if there would be medication. Then I would return to Colombia. Venezuela is just fading, disappearing. I also come to MSF because I have suffered a lot of abuse throughout my life and I need psychological support. At the moment, I can only get treatment for HIV in Cúcuta and going there by bus involves a lot of time and money.' MSF will soon start providing treatment for HIV in Tibú and Tame, in collaboration with Aids Health Care Foundation Colombia