nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Sumado a esta situación, se asocia bajo ingreso de los hogares, el bajo acceso a fuentes de agua mejorada, la afectación en los medios de vida y mayores barreras de acceso a los servicios de salud, dada las interrupciones en las cadenas de suministro y la atención de la salud que amenazan con socavar los avances conseguidos recientemente en materia de salud, nutrición y desarrollo infantil.
En Colombia se indagó acerca de un dominio que se aleja de las recomendaciones de los organismos internacionales, pues se refiere más bien a una afección médica, a saber, las deficiencias respiratorias y cardíacas; sin embargo, en el contexto actual de pandemia de un virus que ataca principalmente al sistema respiratorio y cardíaco, es interesante considerar esta categoría, que representa un 8,8% de las personas con discapacidad de dicho país
Es pertinente y necesario desarrollar e implementar acciones para la atención de la población migrante, bajo perspectivas familiares. Bajo esta visión se permite comprender que cada una de estas personas no es un ser aislado, sino que hacen parte de un todo, constituido por un sistema familiar; así, la familia es el componente clave para la transformación y cambio de cada uno de sus integrantes, así como su principal sostén y red de apoyo en situaciones de crisis y conflictos causados por el proceso de adaptación.
Los perfiles de alto riesgo y de especial protección son niñas, niños y adolescentes es riesgo  ( 32.88% ) , madre/padre solo  ( 23.33% ) , mujeres en riesgo  ( 16.54% )  condición médica seria  ( 16.28% )  y niño/a no acompañado  ( 5.32% ) . Como en meses anteriores se observa que la población venezolana  ( 24.7% )  tiene una prevalencia de necesidades específicas que es más que el doble de la población colombiana  ( 12.1% )  y esta misma tendencia se observa entre hombres  ( 14.5% )  y mujeres  ( 29.5% ) .
Las barreras administrativas que impiden el ingreso al registro civil y la nacionalidad se agudizaron con las medidas de restricción de movilidad para mitigar la propagación del COVID – 19 son la falta de atención presencial y la dificultad para acceder a citas online, dado que los cupos para citas se encuentran agotados y gran parte de la población venezolana monitoreada se encuentra en condiciones que les impiden un ingreso fácil y rápido a realizar los trámites vía internet.
La pandemia causada por el covid 19 ha revelado problemas sociales que no se pueden ocultar. Las instituciones escolares presentan 84Documento Ruta País 2 carencias en infraestructura escolar y en espacios adecuados para el desarrollo de un proceso formativo que permita el distanciamiento adecuado entre estudiantes y profesores. Otro asunto ligado a la infraestructura escolar es la precaria dotación de baterías sanitarias, lavamanos y material de aseo e higiene en baños y espacios comunes.
Población refugiada y migrante y habitante de calle, mucha de la cual está en situación irregular y no está asegurada al sistema de salud, y enfrenta situaciones de alta vulnerabilidad, esto incluye aquellos que presentan enfermedades crónicas o enfermedades como desnutrición aguda en menores de cinco años, mortalidad por IRA/EDA/DNT, VIH/SIDA, ruptura de redes de apoyo, niños y niñas separados y no acompañados, considerando también los casos de personas en situación de calle, hacinamiento y caminantes.
Según lo expresado por los docentes y los directivos entrevistados, este cambio “afecta bastante los aprendizajes de los estudiantes, ya que no cuentan con la orientación directa en el proceso por parte de los educadores', lo que genera una barrera en el desarrollo de las competencias. Asimismo, la modalidad de educación remota crea una desventaja para aquellos NNA con mala o nula conectividad, ya que las explicaciones de los docentes se hacen mediante tutorías virtuales, de las que quedan excluidos aquellos estudiantes que no tienen la infraestructra en sus hogares. A esta situación se enfrentan los estudiantes migrantes y retornados de Venezuela, quienes han tenido que desarrollar su proceso educativo mediante guías escolares como único material, sin la posibilidad de acceder a sesiones o tutorías virtuales para una mayor orientación por parte del docente
Otra población muy afectada por la falta de acceso a salud son los NNA. En muchas oportunidades, no se realiza proceso de afiliación a EPS en el momento del nacimiento, y, como se ha evidenciado en meses anteriores, cuando se hacen las afiliaciones, no se informa a los padres. Además, los trámites de traslado de EPS cuando hay cambio de ciudad de residencia son complejos y demorados. Casos de fiebres altas y otros síntomas graves no son atendidos por urgencias, y por falta de afiliación a EPS, no pueden agendar citas.
Finalmente, se observa que los hombres tienen dificultades de acceso en urgencias porque muchas de sus patologías no están priorizadas. Se destacan casos de accidentes laborales que han dejado secuelas en los empleados: solo los atienden por la lesión inicial, pero sus empleadores los despiden, y pierden afiliación a EPS, por lo que no tienen atención para las secuelas, y no conocen el trámite para transitar hacia el régimen subsidiado. Hombres que han sufrido ACV son tendidos en urgencias médicas al momento del accidente, pero no reciben atención en rehabilitación.
Las condiciones psicológicas graves y los diagnósticos de NNA con discapacidad psicosocial se ven perjudicados cuando no hay afiliación a la EPS, pues estos síntomas no suelen ser atendidos por urgencias médicas. También en relación con la situación de las personas con discapacidad psicosocial, se observa que pacientes que seguían tratamiento psiquiátrico en Venezuela no pueden acceder a medicamentos porque las fórmulas fueron suscritas en Venezuela.
Por procedencia, Chocó  ( 29,2 % ) , Nariño  ( 21,4 % ) , Córdoba  ( 14,7 % )  y Antioquia  ( 10,3 % )  aportan el 75,6 % de los casos de malaria no complicada.
La Registraduría Nacional señala que los votos extranjeros quedan en listados aparte de los colombianos y que para poder votar deben cumplir algunos requisitos como la mayoría de edad. También exige un periodo largo de residencia; es decir que quienes sean regularizados con este nuevo estatuto no aplican para las elecciones de 2022.
Las variables asociadas a la deserción escolar tienen que ver con aspectos socioeconómicos, familiares y educativos. Dentro de las 34Documento Ruta País 2 variables socioeconómicas se destaca el traslado de vivienda de los padres por razones de trabajo, por orden público, por dificultades en los ingresos económicos y por la distancia de los establecimientos educativos, entre otros.
El trabajo de campo permitió conocer que la responsabilidad de la permanencia de los estudiantes es de las instituciones educativas y que la Secretaría de Educación Departamental se limita a dar los direccionamientos del Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, si bien algunos colegios presentan disminución de los estudiantes matriculados entre marzo y octubre de 2020, en la mayoría de ellos, los motivos expuesto, se relacionan con los determinantes históricos señalados anteriormente y cuyo dato esta alrededor del 5%. En menor dimensión se aprecia una deserción del estudiante, como consecuencia directa del covid 19.
Se calcula que en el departamento hay más de 62 mil migrantes que ingresaron de forma irregular, muchos de ellos por trochas y evadiendo puestos de control, y quienes en estos momentos no cuentan con ningún tipo de permiso. Ni siquiera se conoce su lugar de residencia.
Conforme con lo explicado por las autoridades, con la aprobación del Estatuto Temporal de Protección se tendría hasta registro de huellas de los ciudadanos que arribaron desde Venezuela.
En cumplimiento del compromiso del presidente Iván Duque de transformar y agilizar el trámite de Convalidación de títulos de Educación Superior obtenidos en el exterior, el Ministerio de Educación Nacional avanzó en el proceso de descongestión del trámite de reconocimiento de títulos. Para lograr este objetivo, desde 2019 y durante 2020, el Ministerio actualizó el proceso de Convalidación de títulos de Educación Superior obtenidos en el exterior y puso en marcha el Plan de descongestión para reconocimiento de títulos con el fin de ofrecer más garantías a los ciudadanos que solicitan este trámite.
La mayoría de las personas monitoreadas viven bajo la modalidad de arriendo  ( 78.3% ) , dentro de las cuales el 79.3% vive en casas y un 12% en inquilinatos. El 41.5 % de la población monitoreada paga un alquiler de 200 400.000 COP; el 26.8% entre 0 y 200.000 COP, el 15.4% entre 400 y 600.000 COP, el 14.2 % no paga nada y el 2.0% paga más de 600.000 COP mensuales. Sin embargo, existen variaciones en el precio según la zona geográfica y los arriendos más caros se pagan en Bogotá donde el 32.6 % de la población paga entre 400 y 600.000 COP comparado con Riohacha donde el 30% de la población no paga nada porque viven en asentamientos informales. En Riohacha el 35.1% de la población monitoreada vive en asentamientos informales y la mayoría de estas construcciones utilizan el plástico como principal material de construcción  ( 36.4% ) . La mayoría de las personas no cuenta con un baño en su vivienda  ( 46.6% ) .
La falta de acceso a la información sobre servicios sigue siendo un riesgo de protección para la población refugiada y migrante y el 66.2% de la población monitoreada no ha recibido información sobre acceso a servicios en Colombia. La población en Riohacha reporta tener el mejor acceso a la información  ( 48.7% )  y donde la población tiene menos acceso es en Barranquilla  ( 27.8% )  y Bogotá  ( 21.3% ) .
El riesgo de desalojos ha aumentado en las ciudades monitoreadas en el trimestre analizado tras el vencimiento de los términos de vigencia de las normas que suspendían la ejecución de estos procedimientos durante la emergencia COVID – 19  ( Decreto 579 de 2020 ) . Es importante resaltar que tras el aumento de desalojos se han identificado casos donde actores armados no estatales han intervenido en los procedimientos. Estos pueden ser clasificados como desalojos forzados en virtud del daño sufrido por las personas a raíz de acciones realizadas por actores armados que podrían constituir infracciones al derecho internacional humanitario y eventualmente generar desplazamientos internos. Además, según la legislación colombiana, a partir de estos hechos las personas podrían ser consideradas como víctimas.
In rural areas, the COVID 19 pandemic has driven up maternal mortality as pregnant women have avoided health centres. Many women have instead resorted to Afro Colombian midwives – who have inherited ancestral knowledge and skills – for care prior to their deliveries. But these health workers often lack official recognition of their work.
As COVID 19 has overwhelmed healthcare services globally, pregnant women around the world face serious risks. In many countries, a rise in stillbirths has been recorded due to the closure of maternity units during surges in coronavirus cases. And women who need critical sexual and reproductive health services are avoiding health centres because they feel they will be exposed to the virus. Others have lost access to healthcare due to lockdowns and restrictions on movement.
Preliminary data from Colombia's National Institute of Health  ( INS )  documents the human cost: In 2019, 298 maternal deaths were recorded in Colombia. In 2020, the number was at least 350 – a 17.5 percent increase.

“These partial numbers are alarming because women are not going to  [ health ]  services, because they are not close enough to them to prevent these deaths,' said UNFPA expert Ana María Vélez. “We have not organised a healthcare system outside hospitals or clinics.'
Por último, a este respecto el epidemiólogo Hernández indicó que Bogotá es la ciudad del país con más facultades de salud, varias facultades de enfermería y áreas de la salud, y el Distrito debe hacer uso de estos recursos y redes para favorecer sitios de vacunación en universidades.
En Riohacha, la percepción de inseguridad es alta y los factores de riesgo enunciados por la población continúan siendo la delincuencia  ( 79.7% )  y la presencia de pandillas  ( 12.2% ) . Un porcentaje muy bajo de la población refirió a la presencia de actores armados como un factor de riesgo  ( 3.7% ) , diferente a la situación descripta en ciudades como Medellín y Barranquilla.
El 46.77% de las familias consideran que en sus entornos no existen espacios seguros o recreativos para los niños, niñas y adolescentes y el 4.06% afirma que si existen, pero hay pocos cupos. Con respecto a los riesgos asociados encontramos que continúan siendo los principales el consumo de estupefacientes  ( 36.9% )  y el entorno de vulnerabilidad donde se encuentran  ( 21.9% ) . No obstante, asociando estos datos con los factores de riesgo que generan inseguridad en la percepción de la población monitoreada, es posible inferir que el peligro en que se encuentran los NNA es considerablemente alto por la alta presencia de delincuencia, pandillas y actores armados en las comunidades donde habitan. En particular, en Medellín y Barranquilla, los NNA enfrentan un alto riesgo de reclutamiento o de vinculación de NNA a economías ilegales.
La violencia basada en género se constituye como un factor de riesgo menor en la percepción de seguridad del total de la población monitoreada. Solo el 2% de la muestra total manifestó que es un elemento que genera riesgos en sus entornos como un factor de inseguridad. Este dato se encuentra relacionado directamente con el desconocimiento de la población sobre lo que es la VBG, porque la mayoría de las personas monitoreadas  ( 52.91% )  no sabe lo que significa y cómo afecta a sus comunidades. De este porcentaje, un 44.24% considera que este tipo de violencia no afecta sus entornos y la mayoría  ( 57.02% )  afirma que no existen servicios de atención.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras  ( Anif )  publicó un documento en el cual asegura que se deben reiniciar las clases presenciales en Colombia con el fin de no ampliar más la brecha de género que hay en el mercado laboral, porque, culturalmente, en Colombia las mujeres son las que deben prestar más atención a los hijos en el hogar.
Continúa siendo muy alto el porcentaje de personas de nacionalidad venezolana que no ha solicitado refugio en Colombia  ( 98.4% )  y la razón principal es la falta de conocimiento sobre el procedimiento para ser reconocido como refugiado  ( 91.6% ) . Por otro lado, muchas de las personas monitoreadas decidieron salir de Colombia dado que muchas de sus necesidades básicas de protección no fueron satisfechas como lo son: la falta de servicios  ( 7.2% ) , falta acceso a educación  ( 3.3% ) , y otro grupo por violencia  ( 2.5% )  y persecución  ( 1.6% ) .
El 15.9% de los niños y niñas nacidos en Colombia de padres venezolanos monitoreados no han sido registrados. . Las principales razones presentadas son las barreras en el trámite  ( 35.2% ) , falta de documentación de los padres o del menor  ( 32.4% ) , desconocimiento del trámite de registro  ( 22.5% )  y la falta de dinero para cubrir los costos  ( 9.9% ) .
De los respondientes el 7.41% presentan alguna discapacidad, y la prevalencia más alta es en Medellín  ( 10.9% )  y la más baja en Bogotá  ( 2.3% ) . El grupo poblacional más afectado es el compuesto por mayores de edad  ( 22.8% ) . Las discapacidades más frecuentes están relacionadas con discapacidades físicas y sensoriales: para caminar un 22.9%, visual 21.4%, física para vestirse 19.8%, para levantar objetos 15.4%, para usar las manos 11% y auditiva 5.6%. Las mujeres son quienes más presentan discapacidades  ( 7.69% sobre el total de encuestados )  frente a los hombres  ( 6.14% ) .
El porcentaje de población que no cuenta con ningún permiso migratorio ha sido constante durante los primeros nueve meses de 2020, con un promedio de 81.4%, eso en contraste con las cifras oficiales de Migración Colombia de 55%. Como en meses anteriores la población en Bogotá y Cundinamarca  ( 27.7% )  tuvieron más acceso a los permisos de regularización y Barranquilla  ( 12% )  fue la zona donde menor parte de la población tuvo acceso a un permiso migratorio.
Cabe resaltar que el estatus migratorio que se concede a los beneficiarios de permisos especiales es temporal y no permite la contabilización de tiempo de permanencia en el país para efectos de acceder a visas de residencia u otro documento que permita la regularización permanente de la población con nacionalidad venezolana en Colombia. Esto también constituye una barrera jurídica para aquellas personas que aspiran acceder a la nacionalidad colombiana por adopción de los permisos de permanencia.
El 57.5% de la población monitoreada ha enfrentado barreras que impiden el acceso al derecho a la salud. Este porcentaje ha sido constante desde enero 2020. La zona más afectada es Medellín con un 73.6%. Entre las barreas identificadas, la documentación  ( 43.54% )  constituye el principal obstáculo para el acceso al derecho, seguido de la distancia entre los hogares y los centros de salud  ( 10.26% ) .
En el monitoreo de protección en Medellín se observó que existen barreras y riesgos que afectan a las mujeres sobre todo en la etapa de gestación y el parto. No se realizan controles prenatales, y si se realizan sólo se hacen en el final del período de gestación. Esto impide una oportuna intervención necesaria para salvaguardar la vida e integridad del nasciturus y/o de la madre, o el número de estos es insuficiente frente a lo recomendado por la OMS. Cuando se requiere cesárea o algún procedimiento específico y la IPS no cuenta con la capacidad para atender, se hace remisión a otro centro médico. En algunos casos, la remisión no se hace mediante el Anexo Técnico No. 9, por lo que en la nueva IPS no registran traslado, sino ingreso nuevo, y esto genera costos por la atención, que se respaldan mediante firma de pagarés en blanco. Por otro lado, al realizar la documentación posterior al parto, se han identificado casos de xenofobia y burlas relacionadas con los nombres que las madres desean asignar a los niños y las niñas. En general, las vulneraciones del derecho a la salud se presentan pese a que las atenciones médicas a mujeres gestantes hacen parte de las priorizadas por las autoridades relevantes en Antioquia.
Para la priorización geográfica, han sido considerados los siguientes aspectos: • Puntos de entrada: Guajira, Bolívar, Valle del Cauca, San Andrés, Magdalena, Sucre, Atlántico, Antioquia, Nariño, Amazonas, Quindío, Risaralda y Santander. • Territorios con capacidad bajas para la respuesta a brotes: Amazonas, San Andrés, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Caquetá, Casanare, Cauca, Guainía, Magdalena, Quindío, Tolima, Vaupés y Putumayo6 . • Fronteras permeables: Nariño, Norte de Santander, Guajira, Guainía, Vichada, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Chocó y Antioquia. • Territorios afectados por la violencia armada: Arauca, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Tolima. • Otros territorios identificados por impacto humanitario: Arauca, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Choco, Córdoba, Cauca, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle del Cauca, Vichada, Caquetá.
Los eventos de mortalidad por IRA y EAV  ( reacción adversa grave posterior a la vacunación ) , se encuentra por encima de los valores esperados, mientras
que los eventos de sarampión, leptospirosis, sífilis congénita, tuberculosis farmacorresistente, rubeola y mortalidad materna presentan una disminución significativa relacionada con el comportamiento de notificación histórico. Los demás eventos se encuentran dentro del comportamiento histórico
Los otros motivos por los que sienten en riesgo de desalojo, son: las amenazas o acciones intimidatorias por parte del arrendador con un 10,1%; el incremento en el costo del arriendo con un 8,3%; miedo en relación con la salud pública por la pandemia de la Covid 19 con un 4,9%; y conflictos o disputas con los vecinos u otros arrendatarios con un 4,1%
De acuerdo con el Dane, el gasto de consumo final de los hogares en el territorio económico durante el año pasado bajó 5,2 %. Este descenso se explica por la caída de 4,3 % en el gasto de bienes durables, el descenso del 16,8 % en el consumo de bienes semidurables y una reducción del 9,9 % en el gasto de servicios.
Se mantiene un alto riesgo frente a las barreras de acceso a métodos anticonceptivos en las mujeres, lo que podría presentar un aumento en los embarazos no deseados, entre ellos en mujeres adolescentes y jóvenes, así como los riesgos asociados a estos.
La COVID 19 ha impactado directamente el sector de agua, higiene y saneamiento, creado una presión directa para aumentar estos servicios en todo el territorio, con especial énfasis en las zonas donde se concentra la población proveniente de Venezuela y población de acogida en condiciones de vulnerabilidad.
la población afrodescendiente representaría menos de un 5%. En lo que atañe al número, se estima que en Colombia hay 3,5 millones de personas afrodescendientes, y que en el Ecuador, México, el Perú, la República Dominicana y Venezuela  ( República Bolivariana de )  hay alrededor de 1 millón  ( CEPAL, 2020b )
El departamento de Amazonas registró 290 casos durante los primeros 25 días de enero en comparación con los 96 casos detectados durante diciembre de 2020, lo que ilustra un aumento del 274% de casos por día durante 2021. Tambien preocupa el incremento en la tendencia de las muertes por covid 19 en todo el país
Se notificaron 9 muertes por infección respiratoria aguda en menores
de 5 años, 7 correspondientes a esta semana y 2 de semanas anteriores.
Para la misma semana epidemiológica de 2020 se notificaron 20 casos.
Para esta semana se observó un aumento en el número de casos en las
entidades territoriales de Boyacá, Huila y Santa Marta en comparación
con el histórico notificado a semana epidemiológica 07 entre 2014 a
2020, mientras que, en Antioquia se observó una disminución. En las
entidades territoriales restantes no se presentaron variaciones.
» Existe un déficit en infraestructuras comunitarias clave para la prevención y lucha contra la COVID 19, como son instalaciones sanitarias, infraestructuras para el aislamiento y remisión de posibles casos de la COVID 19 a la ruta de atención en salud, instalaciones para la operación y gestión de la emergencia
Uno de los graves problemas que enfrenta la región es la deuda que ha adquirido el Hospital Universitario Erasmo Meoz, que asciende a 62 mil millones de pesos, por atención a población migrante, una deuda que pone en aprietos el funcionamiento de uno de los centros hospitalarios más importantes de la frontera.
De acuerdo con el Dane, solo en diciembre de 2020 la economía colombiana disminuyó 2,5 % en comparación con el mismo mes del 2019. La caída más pronunciada se presentó en abril, cuando el PIB bajó 21,74 %. De ahí en adelante la actividad económica se fue recuperando, pero no ha podido volver a marcar un crecimiento desde febrero del año pasado, antes de que llegara la pandemia del coronavirus
En la capital de Valle del Cauca se anunció toque de queda de 70 horas seguidas entre hoy viernes 15 y el lunes 18 de enero. Por esta razón el mandatario aseguró que la ciudad necesita personal para las UCI y que, por lo tanto, se convocó “un banco de talento humano en la Secretaría de Salud'.
De otro lado, los sectores que tuvieron un comportamiento positivo en el último trimestre del año fueron agricultura con 3,4 %, seguido por administración pública y defensa con 3,3 %, actividades financieras y de seguros con 2,9 % y actividades inmobiliarias con 1,8 %
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística  ( Dane )  informó este lunes que el PIB de Colombia en 2020 bajó 6,8 %, lo que significó la peor caída en la actividad económica del país.Los sectores en los que más bajó la economía colombiana durante 2020 fueron construcción con  27,7 %, seguido por explotación de minas y canteras con  15,7 %, mientras que el comercio al por mayor y al por menor se redujo en 15,1 %.
En diciembre de 2020, tras una denuncia sobre la incursión de un GDO en zona rural de Cúcuta, se generaron desplazamientos individuales y temor en las comunidades. Posteriormente se han venido presentando enfrentamientos en zona rural de Tibú entre los GAO y GDO que se disputan el control territorial de este corredor fronterizo y estratégico para el desarrollo de economías ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.
Se notificaron 3 muertes probablemente asociadas a enfermedad diarreica aguda en menor de 5 años, 1 correspondiente a esta semana y 2 de semanas anteriores. Para la misma semana epidemiológica de 2020 se notificó 1 caso. Para esta semana se observó un aumento en el número de casos en las entidades territoriales de Bolívar, Cauca, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Quindío, Tolima y Vichada, en comparación con el histórico notificado a semana epidemiológica 07 entre 2014 a 2020.
Colombia is host to 1.7 million Venezuelans, which represent more than 37 per cent of the estimated 4.6 million Venezuelan refugees and migrants in Latin America and the Caribbean. More than half of the Venezuelan population in Colombia lack regular status, affecting their ability to access essential services, protection and assistance
Desde el 28 de diciembre de 2020, continuaron los enfrentamientos entre GAO y GDO en zona rural de Tibú, afectando a cerca de 454 personas  ( 172 familias )  de la vereda La Silla y la vereda Totumito Carboneras, dentro de las cuales se han identificado 149 niños, niñas y adolescentes y 97 personas refugiadas y migrantes.
Leonid Sboiko afirmó que en principio llegaría un total de 100.00 dosis que se vendrían aumentando tras la llegada del primer lote del medicamento. "Apenas esté listo todo el acuerdo desde punto de vista documental, pasadas dos semanas podrían llegar 100 mil dosis. A la semana después, otras 100 mil dosis y después 200 mil dosis. Así sucesivamente".
Enviado la semana epidemiológica 07 de 2021 se notificaron 68 muertes maternas, 60 corresponden a mortalidad materna temprana  ( ocurridas durante el embarazo, parto y hasta los 42 días de terminada la
gestación ) , 6 tardías  ( ocurridas desde el día 43 hasta un año de terminada la gestación )  y 2 por causas coincidentes  ( lesiones de causa
externa ) . Se observa un aumento del 53,8 % en la mortalidad materna
temprana respecto al 2020  (
A semana epidemiológica 07 de 2021, se han notificado 1 029 casos de muerte perinatal y neonatal tardía  ( MPNT )  de los cuales 17 corresponden a casos residentes en el exterior por lo que no se incluyen en el análisis. En esta semana se notificaron 142 casos, 109 corresponden a esta semana y 33 a notificaciones tardías.
Ante el inminente inicio del Plan Nacional de Vacunación que arrancaría el próximo sábado 20 de febrero con la aplicación de la primera vacuna contra el coronavirus, las autoridades de Colombia siguen adquiriendo diferentes dosis del antídoto que vuelve inmune a las personas contra la temida pandemia. Uno de los medicamentos que el país busca obtener es el Sputnik V, de origen ruso y que cuenta con una efectividad comprobada del 91.6%.
Además, añadió que existe un interés y una posibilidad de que en Colombia se desarrolle esta vacuna, la cual se produce en otros países como Brasil, India, China y la República de Corea; "Incluso recibimos el interés de los miembros de Colombia, que están interesados no sólo en distribuirlas sino en producirla aquí"
En cuanto a las causas de muerte materna temprana el 11,7 % corresponde a causas directas y el 13,3 % a causas indirectas. El 75,0 % de los casos se encuentra en estudio
Es preocupante el incremento de las diferentes acciones armadas  ( ataques y hostigamientos contra miembros de la Policía en
Tibú )  y ataques contra la población civil  ( asesinato de un líder social )  2 en zona rural de Cúcuta, que afecta tanto a colombianos
como a refugiados y migrantes que habitan en estas zonas
La vivienda de bajo y medio valor liderará la recuperación, con efectos positivos en empleo y demanda de insumos Pero, el valor agregado no se recuperará por completo hasta después de 2023. Esto se debe a que las viviendas de bajo y medio valor aportan menos al PIB.
With the COVID 19 pandemic compounding needs throughout the region, many Venezuelan refugees and migrants, as well as local communities, struggle to survive as they face worsening poverty, job losses, evictions, hunger, and a lack of food and access to medical treatment.
El cierre sostenido de las escuelas impedirá que las familias pobres puedan obtener alimentos e insumos nutricionales a menudo disponibles a través de los programas de alimentación escolar. Los niños y niñas corren el riesgo de no asistir a la escuela durante un período prolongado y, aunque el Ministerio de Educación está preparando materiales en línea para el aprendizaje a distancia, en algunos municipios del país no podrán ponerlos en práctica, ya que el internet y las computadoras no forman parte de la canasta familiar esencial para una familia en condiciones de vulnerabilidad.
Las niñas y adolescentes, ante los roles y estereotipos tradicionales de género, usualmente se ven obligadas a cuidar de sus hermanos y hermanas menores, y, por lo tanto, asumen las funciones de cuidado en el hogar de forma aún más marcada en este contexto. Por ende, tendrán menor tiempo para el estudio  ( lo cual se une a las barreras preexistentes para el acceso a educación de niñas y adolescentes ) .
» Existen riesgos de rezago escolar debido a las dificultades del estudio en casa y el monitoreo a la continuidad pedagógica. Esto afecta en mayor medida las zonas rurales y las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad.
» Ya que los niños, niñas y adolescentes deben permanecer en sus casas se pueden generar mayores riesgos de protección asociados a dinámicas de violencia intrafamiliar.
El 10 de enero, aproximadamente 64 personas  ( 22 familias )  de la vereda La Silla se desplazaron hasta la vereda de Ambato en el municipio de Tibú  ( Norte de Santander ) , y 256 personas  ( 88 familias )  se quedaron en La Silla, presentando restricciones a la movilidad por temor al fuego cruzado y por los continuos enfrentamientos en el territorio.
La más reciente versión del Pulso Empresarial, encuesta realizada por el DANE, deja ver que la confianza de los empresarios tuvo un retroceso, pues se ubicó en 48,7 en enero de 2021, mientras que en diciembre de 2020 fue de 48,8 puntos.
Indignados y preocupados se encuentran los residentes en el sector contiguo a La Marina internacional de Santa Marta y en los alrededores de la playa Los Cocos ante la presencia de habitantes de calle que usan esta zona como dormitorios a ‘cielo abierto', realizando allí sus necesidades fisiológicas frente al mar.
La situación cada día se torna complicada ante el crecimiento desbordado del número de personas en condición de calle, indigentes y seres humanos sin un hogar que han encontrado refugio frente al mar. Han llegado al sector de Los Cocos con cartones, plásticos y otros elementos que utilizan para armar sus cambuches y descansar en horas nocturnas.
Salud: ▪ Solo el 57% de las mujeres en embarazo acceden a controles prenatales tanto antes como durante la cuarentena. ▪ Durante la cuarentena hubo un incremento de 35% de los malestares emocionales manifestados en conflictos y violencias intrafamiliares ▪ Antes de la cuarentena el 45% no acudía al hospital por falta de documentación.
Protección:
▪ El 72% de los puntos focales de los hogares son mujeres.
▪ El 17% de las familias cuenta con miembros con alguna discapacidad.
▪ El 26% de las familias tienen algún miembro con condiciones médicas serias.
▪ El 12% de los entrevistados pueden estar en riesgo por perfil o con necesidades de
protección internacional.
▪ El 55% considera que si retorna a Venezuela existiría una amenaza directa
▪ El 7% de los encuestados ha sido desplazado internamente, generando acentuación de los
niveles de vulnerabilidad.
Si bien es cierto que con la construcción de La Marina internacional, de complejos hoteleros con trayectoria y de otros importantes conjuntos residenciales se ha valorizado el metro cuadrado en los sectores de Bellavista y Los Cocos, también es preocupante que los ‘nuevos inquilinos frente al mar' puedan desestimular la llegada de más inversiones.
• ¿Qué significa este Estatuto para el Gobierno Nacional? El estatuto temporalde protección para migrantes venezolanos es un acto que refleja el compromiso gubernamental con la protección de los derechos humanos. Es una estrategia del actual Gobierno que busca establecer mecanismos o soluciones que trasciendan en el tiempo, basados en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente en mayor condición de vulnerabilidad.
» Disminuida capacidad de protección institucional, individual y comunitaria ante las medidas de aislamiento social.
 Retos en el acceso a mecanismos y rutas de atención protección ante casos de VBG y violencia contra niñas, niños y adolescentes: Dificultades para la prevención  ( acceso a información oportuna )  y para acceso a la justicia durante cuarentena  ( restricciones de movilidad, cierre de servicios consulta externa de organizaciones internacionales, ralentización de servicios jurídicos, disponibilidad de funcionarios/as, necesidad de ajuste en rutas de atención ) . Contribuye a la impunidad y posible recrudecimiento de las violencias contra mujeres y niñas.
» Falta de acceso a servicios de salud, saneamiento e higiene en comunidades de ruralidad dispersa, comunidades afectadas por el desplazamiento forzado o el confinamiento y/o población en proceso de reincorporación o sustitución de cultivos ilícitos: 
 Personas en emergencias humanitarias previas pueden no haber tenido acceso a nutrición y salud adecuadas  ( especialmente mujeres y niñas ) : sistemas inmunológicos debilitados y aumento del riesgo de infección  ( especialmente en zonas con índices altos de NBI: Chocó, Nariño, Arauca, Guajira )
El cierre de servicios de respuesta humanitaria aumenta el riesgo de estrategias negativas de afrontamiento. También, establece retos en el acceso a mecanismos y rutas de atención protección. Además, las graves afectaciones a medios de vida de trabajadoras y trabajadores informales pueden generar mayores riesgos de explotación sexual.
• De acuerdo con el dato más reciente entregado por Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encontrarían más de un millón 729 mil migrantes venezolanos, de los cuales más de 966 mil, cerca del 56%, se encuentra en condición irregular.
Por grupos de edad, los adultos de más de 60 años representan el 42,2 %  ( 13 420 ) , seguido por los de 40 a 59 años con el 21,6 %  ( 6 881 ) . La mayor proporción de hospitalizaciones en sala general por IRAG sobre el total de hospitalizaciones por todas las causas se presenta en los niños de 1 año con el 14,3 %, seguido por los niños de 2 a 4 años con el 12,2 %.
Imposible ocultar otra cruda realidad: la permanencia de migrantes venezolanos en Santa Marta que viene en aumento, de las cuales muchas de ellas se han sumado a varias actividades informales como la venta de tinto, frutas, refrescos, agua, churros, mientras algunas mujeres hacen maquillaje o cejas permanentes en cualquier esquina de la Avenida Campo Serrano, entre otras labores.
• De acuerdo con Migración Colombia, en los últimos dos meses de 2020 y pese al cierre actual de la frontera, fueron ubicados en carreteras colombianas más de 18 mil migrantes venezolanos y se estima que diariamente, solo por Norte de Santander, más de 300 migrantes intentan ingresar de manera irregular al territorio nacional.
The Temporary Protection Status will also provide access to basic services including the national health system and COVID 19 vaccination plans. Regularization is also key to long term solutions, including access to the job market, which in turn serves to lessen the dependency of people on humanitarian assistance while also contributing to the country's post COVID 19 socio economic recovery.
• ¿Qué se busca con este Estatuto? El estatuto temporal de protección busca proteger a la población migrante que se encuentra actualmente en condiciones de irregularidad, teniendo en cuenta que se trata de la población más vulnerable, medida que adicionalmente desestimula la migración irregular con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma.
• ¿Cuál será la vigencia de este Estatuto Temporal de Protección? El estatuto temporal de protección tendrá una vigencia de diez  ( 10 )  años teniendo en cuenta que la implementación de estas medidas requiere de esfuerzos, económicos, técnicos, físicos y tecnológicos significativos.
Finalmente, la encuesta les pidió a los empresarios proyectar la situación tres meses hacia el futuro y concluyó que hay un optimismo del 41 % respecto a un eventual aumento en ingresos, lo que refleja un incremento de 2,1 p.p. frente a la expectativa registrada en diciembre. El 65 % reportó que esperaba estabilidad en el personal ocupado en la empresa durante los próximos tres meses.
Según el Reporte de Situación COVID 19 No. 204 en Colombia de la OPS, con fecha de corte al 2 de febrero del 2021, Chocó es el segundo departamento con mayor aumento relativo de COVID 19 en el país  ( 1,4 en 24 horas )  y el cuarto departamento con la mayor concentración de casos en el país  ( 6,2% ) .
¿A quiénes va dirigido? El presente estatuto temporal de protección, que es un reflejo del compromiso del Gobierno Nacional con la protección de los Derechos Humanos, estará dirigido a aquellos migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, bien sea porque son beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un PEP.
Educación
▪ Las barreras para acceder a educación en niños, niñas y adolescentes antes de la
cuarentena son en un 73% la ausencia de
disponibilidad del cupo escolar y en un 27% a la falta
de recursos económicos.
▪ El 10% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no
accedieron a sus actividades escolares durante la
cuarentena, por falta de internet y dispositivos
tecnológicos.
El principal impacto que ha tenido la Covid 19 en el derecho a la vivienda de los refugiados y migrantes de Venezuela encuestados, es el agravar su situación económica con un 77% de la percepción y, por ende, exponerlos más a riesgos de desalojo y un mayor riesgo de contagio.
Los hombres, además de ser más propietarios de vivienda, la obtienen desde más jóvenes En los dos géneros, la propiedad de la vivienda se concentra entre 50 y 60 años.
Reducción del personal de salud disponible al resultar afectado por la COVID 19, también por renuncia ante las situaciones contractuales que ponen en riesgo su seguridad y los eventos de violencia, amenazas y discriminación.
Riesgos adicionales de salud por causa de la COVID 19 en territorios con presencia de grupos armados, particularmente, para comunidades confinadas o desplazadas, quienes son víctimas de estigma y discriminación por casos confirmados, sospechoso, por vinculación con personal de salud.
Dado el contexto socioeconómico del país y la situación de muchos refugiados y migrantes venezolanos, como así colombianos retornados y la comunidad de acogida, el acceso a servicios de salud y agua, saneamiento e higiene, así como a alojamiento seguro, seguridad alimentaria y nutricional y transferencias de efectivo, que son necesarios para poder cumplir con el autoaislamiento, son brechas importantes en la respuesta
Interrupción de los servicios de educación en todo el territorio nacional, con impacto significativo en la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, pertenecientes a programas de alimentación escolar.
Situación de violencia, desplazamiento y confinamiento, que se complejizan ante esta nueva coyuntura y que afectan también el trabajo en algunos territorios de la misión médica y humanitarias para las poblaciones afectadas por la violencia armada.
Personas víctimas de la violencia armada, de desplazamiento forzado y confinamiento, incluyendo niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento y utilización, de violencia sexual y de accidentes de minas antipersonal  ( MAP ) /munición sin explotar  ( MSE ) /artefactos explosivos improvisados  ( AEI ) , en su acceso a servicios básicos y medios de vida, en zonas PDET u otros procesos de estabilización territorial.
Niños, niñas y adolescentes, especialmente no acompañados, en zonas afectadas por violencia armada y en zonas rurales, y aquellos que se encuentran institucionalizados. Mujeres, niños, niñas y adolescentes en riesgos de violencia emocional, sexual y física en el hogar y sobrevivientes de violencia intrafamiliar.
En el caso de Colombia, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas  ( CNOA )  publicó en marzo, en su página web, directrices sobre cómo responder al COVID 19, por considerar que el racismo también incidía en la pandemia y que en la respuesta del Gobierno no había ningún enfoque diferencial. Se destaca que la población afrodescendiente corre un riesgo elevado, y que en los territorios mayoritariamente afrodescendientes no se cuenta con una red de equipos y personal que permita atender como es debido a las personas que pueden resultar afectadas por la enfermedad.
Hogares con mujeres cabeza de hogar.
Personas en condición de calle, de cárcel y de explotación sexual   incluyendo en situación de prostitución.
El stock de viviendas terminadas sin vender pasó de 7,2% a 5,8% entre finales de 2019 y febrero de 2021. Para el caso de la vivienda No VIS, este se redujo de 11,1% a 10,1%. Ahora hay una oferta más concentrada en las etapas de pre ventas, lo cual es beneficioso para la solidez financiera de los constructores y para las perspectivas del sector
Se observan dificultades con las Entidades Prestadoras de Salud  ( EPS )  para la toma de muestras y un incremento en el número de personas que se realizan pruebas de forma particular, generando no solo el subregistro en las bases de datos oficiales, sino también limitaciones para la implementación de estrategias de vigilancia pública y la atención oportuna de pacientes.
En la gráfica 2. se presenta el número de firmas del sector TIC por departamentos. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca ocupan los tres  ( 3 )  primeros lugares, presentando una disminución de 8.565, 2.054 y 2.108 número de firmas, respectivamente, en comparación con el primer semestre de 2019. Se evidencia que departamentos como Cundinamarca, Santander, Atlántico y Norte de Santander están en un nivel intermedio, y que los departamentos del sur del país  ( Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonas )  se encuentran muy rezagados en cuanto al número de empresas del sector TIC.
De acuerdo con un análisis preliminar del impacto de la COVID 19 sobre la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, realizado por WFP, se espera que la crisis de la COVID 19 tenga impactos significativos a corto, mediano y largo plazo en la seguridad alimentaria de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en Colombia estimando un aumento de 3,3 millones de personas a 10 millones de personas en el país en inseguridad alimentaria. Entre estos, alrededor de 3 millones de personas están proyectadas de tener una inseguridad alimentaria severa que requiere de una asistencia inmediata para salvar vidas.
En el contexto de emergencia y aislamiento en todo el país aumenta el riesgo y el peligro de violencia contra las mujeres y las niñas, niños y adolescentes generando significativos riesgos de protección, como el aumento en riesgo de violencia intrafamiliar, violencia sexual, explotación sexual y tráfico de personas. Estos riesgos se ven agravados debido a la potencial ralentización de los servicios judiciales y jurídicos, menor acceso a servicios de la institucionalidad durante la crisis, rutas en VBG desactualizadas ante la coyuntura, y la menor presencia de actores humanitarios en territorios
La pérdida de los medios de vida tiene un efecto directo y en escala con otros sectores relacionados como el acceso a salud, educación, alimentos para la canasta familiar, agua, higiene, acceso a medios de bioseguridad, vivienda, protección así como en la dificultad de cumplir debidamente con los requisitos de aislamiento y toque de queda derivados de la Declaración de la Emergencia económica y social en Colombia  ( Decreto 417 del 2020 )  con los riesgos que esto supone para las personas, sus familias y la sociedad en general.
Grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad: Personas adultas mayores, personas con enfermedades preexistentes como diabetes, cardiopatías, enfermedades crónicas, VIH/SIDA, inmunodeprimidas, mujeres gestantes y lactantes, sobrevivientes de VBG, comunidades indígenas y afrocolombianas con difícil acceso a sistema de salud, personas viviendo en condiciones de hacinamiento y en viviendas insalubres o en condición de calle, menores de edad no acompañados, personas en situación de discapacidad, población LGTBI.
Por otra parte, entre los efectos ocasionados por la incertidumbre y el miedo, ante la propagación y el contagio del virus y la preparación para enfrentar medidas de aislamiento social  ( que puede generar a su vez desperdicios en los alimentos ) , se ha presentado el fenómeno de adquisición de alimentos en cantidades excesivas por parte de las familias para enfrentar aislamientos, cuarentenas o supuestos desabastecimientos futuros, generando escasez y especulación en la cadena de abastecimiento; ello se ha reflejado en imágenes de supermercados vacíos, con el consiguiente efecto de retroalimentación o efecto llamada en otros ciudadanos
En recuperación temprana, las principales necesidades humanitarias están relacionadas con la pérdida o disminución drástica del acceso o diversificación de cultivos o medios de vida para la generación de ingresos que afectan especialmente a las personas que dependen de las economías informales, agricultura familiar o economías de subsistencia, teniendo consecuencias graves para aquellas que se encuentran en condiciones de doble o triple afectación por la violencia armada o desastres naturales, mujeres cabeza de hogar, NNA, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, y población en riesgo o afectada por VBG o violencia intrafamiliar.
En Colombia, hasta el 5 de diciembre, OCHA informó de que 305.796 personas se habían visto afectadas por los huracanes ETA e Iota en 13 departamentos. Los departamentos más afectados en términos de población fueron: Bolívar  ( 156.200 ) , Chocó  ( 62.677 ) , La Guajira  ( 36.771 ) , Norte de Santander  ( 11.872 )  y el Archipiélago de San Andrés y Providencia  ( 9.100 ) . Otros departamentos en los que se reportó que parte de l a población había sido afectada fueron Antioquia  ( 6.030 ) , Córdoba  ( 7.532 ) , Magdalena  ( 2.000 ) , Sucre  ( 7.600 ) , Atlántico  ( 4.180 ) , Caquetá  ( 229 ) , Arauca  ( 1.000 )  y Meta  ( 205 ) .
Población refugiada y migrante con desnutrición aguda, niños, niñas y adolescentes + no acompañados, refugiados y migrantes en tránsito. 
Comunidades de acogida en condiciones de vulnerabilidad. Personas desplazadas que siguen recibiendo la ayuda de emergencia del Gobierno y que como consecuencia de las medidas de restricción su vulnerabilidad incrementará.
Personas desplazadas que habitan en cascos urbanos en asentamientos irregulares y que no cuentan con un plan de retorno.
Población refugiada y migrante, mucha de la cual está en situación irregular y no está asegurada al sistema de salud y no cuenta con acceso a medios de comunicación para recibir información precisa y confiable, y enfrenta situaciones de alta vulnerabilidad, como colombianos retornados.
Se han identificado mayores barreras de acceso a los servicios de SSR entre ellos la atención pre y post natal, anticoncepción, tratamientos antirretrovirales para personas que viven con VIH, mayores barreras a servicios de aborto seguro y manejo de ITS/VIH, así como la atención frente a la violencia sexual, estas barreras se han aumentado en personas con mayor condiciones de vulnerabilidad, entre ellas las migrantes en situación irregular.