nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
● Se requiere mejoramiento de las condiciones sanitarias del lugar donde las personas están ubicadas, con el fin de que se pueda llevar a cabo una jornada de atención en salud. Se requiere aplicación de pruebas COVID y determinar si estas personas cuentan con el esquema de vacunación
● La comunidad manifestó que huyó de su lugar de origen porque les informaron que los niños iban a ser reclutados y; en caso de rehusarse, podrían asesinar a sus padres, en este sentido la comunidad e encuentra en estado de incertidumbre sobre qué hacer en este momento.
● No se ha evidenciado un plan de acción frente a la reubicación de la comunidad indígena Jivi que reduzca los riesgos a los cuales están expuestos por estar en un lugar abierto, muy cerca de un paso transfronterizo informal en contexto de constantes enfrentamientos, acciones armadas y presencia de GAO en la zona.
● Reforzar el seguimiento de los riesgos y necesidades de protección. Continuar en estrecha colaboración con la institucionalidad y demás sectores humanitarios en la marco del Back to Back respecto a los riesgos y necesidades que surjan en la población mientras se brinda una solución a mediano y largo plazo. 

● Definir estrategias de respuesta en alojamiento digno y seguro para las familias donde puedan ubicarse temporalmente mientras se da respuesta a las necesidades que subyacen de su salida del territorio, podría establecer un paso a paso: 

o Actualizar capacidad de respuesta en las distintas estrategias de alojamiento que hay en el 

o 

municipio. Indagar con gobierno local sobre la capacidad de apoyo en estrategias de alojamiento como: apoyo para el arriendo, entrega de artículos domésticos, alojamiento temporal en hoteles, auxilio para el pago de servicios públicos en casas de acogida, y pasos iniciales para la instalación de un alojamiento colectivo temporal  ( centro de tránsito y centro colectivo   contemplar ambas opciones ) . 

o Según la capacidad actual de socios y la capacidad de gobierno local, avanzar en el diseño de estrategia de respuesta en alojamiento y movilización de socios locales y nacionales para cerrar brechas. 

● Se debe priorizar la entrega de información clara y veraz a las familias sobre las consecuencias y beneficios que puede conllevarles su estancia o permanencia en territorio colombiano, con el objetivo de que tomen decisiones fundadas y basadas en dicha información. 

● Priorizar estrategias de mitigación de los riesgos de VBG, por medio de campañas o estrategias de 

prevención comunitaria, en las que se identifiquen los riesgos y las rutas de atención.
Por su parte los tres grupos coincidieron en que las principales necesidades para los hombres de la comunidad son los temas de fuentes de ingresos para tener una fuente de ingresos, sin embargo, su condición de comunidad proveniente de Venezuela les puede limitar las opciones considerando su situación irregular en Colombia; de igual forma, se requiere apoyo en temas de atención en salud, especialmente a la población adulto mayor, así como acceso a alimentación.
● Se identificó un alto número de niños y niñas, la mayoría en estado de malnutrición, por lo que se requiere apoyo en kits alimentarios y en valoración y consejería nutricional diferenciados para esta población .
● Se requiere de una estrategia EiE para la población que permita acompañar los NNAJ, para disminuir los riesgos  por situación de calle y de mendicidad,
● Existen riesgos específicos de la población para los delitos trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Justamente estos riesgos particulares históricamente se incrementan en población con pertenencia étnica, no explícitamente por su pertenencia sino por las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra
En temas de alojamiento, se requiere con urgencia que las personas, especialmente las familias con menores recién nacidos y/o menores de edad, cuenten con acceso a una estrategia de alojamiento adecuada, donde puedan pasar la noche y no estar a la intemperie. Algunas mujeres han manifestado que, en caso de contar con esta atención, no les gustaría separarse de la comunidad o de parientes cercanos. Por el momento se requiere urgentemente el acceso a artículos domésticos, particularmente elementos de dormida como colchonetas, sábanas, cobijas y almohadas, chinchorros, mosquiteros o toldillos y elementos para salvaguardarse de las condiciones climáticas Se identifica la necesidad de provisión de otros artículos domésticos, específicamente vestimenta y calzado para adultos y NNA. Además, se identificó la necesidad de transporte humanitario en caso de que las familias decidan trasladarse a Yopal o a otro lugar.
● Dado su interés de permanecer en Arauca, se requiere urgente la ubicación de las familias que han manifestado esta intención, así como el acompañamiento psicosocial y de orientación legal, sobre todo en materia de acceso a derechos y toma de decisiones informadas por parte de las familias, esto es, conocer los pro y contras de permanecer en territorio colombiano, lo anterior implica el acceso a ETPV y jornadas de servicios para esta población. Además, e identificó la necesidad de atención psicosocial orientada hacia la prevención del sexo por supervivencia y violencias basadas en género.
● Los equipos de recolección evidenciaron riesgo de apatridia, debido a la falta de documentos de 

identidad en el 100% de los niños y niñas.
● También se evidencian riesgos de seguridad física teniendo en cuenta que las personas se encuentran albergadas a la intemperie, cerca al río Arauca, en un lugar sin cerramiento en cercanía de una vía principal, donde hay riesgos por pasos de autos y motos a gran velocidad y de lugares de alto riesgo. En relación con esto, se identifica un riesgo de hurtos hacia la población.
Por su parte, si bien la comunidad de acogida cuenta con cobertura por medio del régimen subsidiado, dos de tres IC de la comunidad de acogida señalaron demoras para la atención en salud en urgencias. 1/3 IC de la comunidad de acogida señaló que existen problemas con la infraestructura y capacidad de los puestos de salud disponibles para la comuna.
In terms of population flows, the number of refugees and migrants from Venezuela crossing the borders of Colombia and Ecuador continued steady, with an average of 5,000 and 2,500 to 3,000 per day, respectively.
La intensificación de la crisis humanitaria que se agudizó desde el año 2015 en Venezuela, ha generado como resultado la migración masiva de ciudadanos venezolanos en su gran mayoría hacia países de Latinoamérica. En este escenario, en enero de 2021, Colombia se constituía en el país que acoge el mayor número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela  ( más de 1,7 millones ) .
Pregunta: ¿Cuántas veces a la semana estuviste en contacto con tu maestro para las lecciones? Respecto a la frecuencia de contar con el acompañamiento en el aprendizaje por parte del profesor y profesora, el 40% de los estudiantes mencionaron tener contacto 1 y 2 veces a la semana, seguido por aquellos que respondieron 3 y 4 veces con un 29%. Se destaca que un 10% mencionaron no haber tenido contacto educativo con el profesor.
Acerca de las necesidades para el retorno a clase, se encontró que el 60% de los niños, niñas y adolescentes venezolanos se sienten seguros para volver a la escuela. Un 22% está indeciso y el 7% informó que no se siente seguro del retorno escolar
El 51% de todas las personas encuestadas había completado la educación secundaria o bachillerato. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas al comparar los países de la entrevista  ( ver Figura 2 ) , con las personas encuestadas en Perú reportando un mayor nivel de educación en general: 23% de las personas encuestadas en Perú obtuvo un título universitario  ( 235/1021 ) , versus 19% de las encuestadas en Colombia  ( 384/2021
Según encuestadores de 4Mi en Perú, los principales gastos de las personas refugiadas y migrantes son el costo de los traficantes, los costos de transporte y los sobornos para cruzar las fronteras. El 92% de las personas encuestadas en Perú viajó en bus, versus el 73% de las personas encuestadas en Colombia. Según los encuestadores de 4Mi, una mayor proporción de personas encuestadas en Colombia hizo autostop en autos o camionetas  ( 60% versus 25% de las personas encuestadas en Perú )
El 75% de la matrícula se concentró en 9 Departamentos y la ciudad de Bogotá  [ 358.825 NNAy A ] , destacándose las siguientes proporciones: Bogotá  [ 12.2%, 59.221 ] ; entre los departamentos se resalta Antioquia  [ 12.4%, 58.459 ] , Norte de Santander  [ 10.16%, 50.907 ]  y Atlántico  [ 9.2%, 44.127 ]  y en los municipios Medellín  [ 5.9%, 28.041 ] , Cúcuta  [ 5.7%, 27.483 ]  y Barranquilla  [ 4.2%, 20.150 ]
Productos reportados por los 28 comerciantes que ahora venden en el comercio y anteriormente no lo hacían44: Tapabocas 75%  ( 21 )  Gel antibacterial 68%  ( 19 )  Alcohol antiséptico 50%  ( 14 )
Proporción de encuestados que reportó falta de acceso físico al mercado habitual en los siete días previos a la recolección de datos: Falta de acceso durante los 7 días previos 49% Tuvo acceso durante los 7 días previos 50% No sabe / se rehúsa a contestar 1%
Como otros indicadores que miden la segregación, este índice permite esta  blecer si un grupo de población tiende a distribuirse de manera homogénea en el territorio y se integra en él, o si, por el contrario, tiende a concentrarse espacial  mente y a no mezclarse con otros grupos, conformando guetos. El Índice Global de Moran establece la intensidad de este pa  trón espacial, a través de una escala que va de 0  ( máxima integración o distribución ho  mogénea )  a 1  ( máxima segregación o con  centración espacial ) 3. Se considera que hay una segregación baja cuando el índice toma valores en el rango entre 0 y 0,3; media, cuando está entre 0,31 y 0,6; y alta, cuando está por encima de 0,6  ( Martori, Hoberg y Surinach, 2006 ) ,  ( Gráfico 1 ) . En el caso de la distribución de la po  blación migrante en Bogotá y sus munici  pios vecinos, se obtuvo un valor de 0,19 en este índice4, lo que muestra un nivel de segregación bajo. Esta integración en el territorio revela que la población mi  grante se ha asentado en buena parte del espacio urbano, en donde representa en  tre el 2 % y el 5 % de la población total de los sectores censales en los municipios estudiados. Esto, claramente, indica que no hay sectores tipo gueto en donde los migrantes se concentren sin mezclarse con los lugareños. Esta distribución es  pacial, sumada a las afinidades culturales que existen entre los lugareños y aque  llos que migraron, generan importantes oportunidades para la integración social. Dado que la población migrante prove  niente de Venezuela está integrada espa  cialmente con la población lugareña en Bo  gotá y sus municipios vecinos, y que estos entornos ya se encontraban segregados socialmente antes de la migración, es con  veniente analizar si la diferencia territorial entre los ricos y los pobres se refuerza con los flujos migratorios. Con este fin, a con  tinuación, se examina la distribución de la población migrante en los estratos so  cioeconómicos utilizados para el cobro de servicios públicos, y que fueron captados por el CNPV de 2018. Cabe decir que los estratos son establecidos en función de las características de los sectores y las vivien  das, y no de los hogares que las habitan .
• El 10 de septiembre, la Alcaldía en articulación con la Personería, líderes sociales de la comunidad y concejales, ingresaron a las comunidades para realizar la entrega de 702 kits alimentarios a familias desplazadas y confinadas.
3.2. ¿CUÁLES SON LAS ZONAS DE MAYOR CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS DE LA SABANA? El puntaje obtenido en el Índice Global de Moran, no solo muestra que hay una se  gregación baja de la población migrante en Bogotá y los municipios vecinos, sino que también revela que no hay una distribu  ción perfectamente homogénea de los mi  grantes en el espacio urbano. Así, aunque mezclada, la población migrante tiende a concentrarse con mayor intensidad en al  gunas porciones del territorio. Para identi  ficar dichas zonas se utilizó el Índice Local de Moran que, al analizar la cantidad de población migrante en cada una de las sec  ciones censales con respecto a la cantidad de población migrante en las secciones ve  cinas, permite definir unas aglomeraciones significativas en las que la presencia de mi  grantes está por encima del promedio del resto del área de estudio. Igualmente, per  mite identificar unas zonas “atípicas' que tienen una mayor cantidad de migrantes que las secciones que colindan con ellas6. Estas últimas áreas reflejan particularida  des territoriales altamente focalizadas. 

En el Mapa 1 se observan las zonas de Bogotá y los municipios vecinos de la Sa  bana en las que hay una mayor concentra  ción de población migrante que en el resto de los sectores. Al interior de la ciudad, los conjuntos de sectores con más cantidad de migrantes, que conforman aglomeraciones significativas, se localizan al suroccidente de Bogotá, principalmente en las localida  des de Bosa y al sur de Kennedy, así como en el noroccidente, en inmediaciones de Engativá y Suba. De otra parte, se revela la presencia de varias zonas atípicas, princi  palmente en el centro de la ciudad. En los municipios de la Sabana se presentan aglo  meraciones significativas, tanto en el eje sur  ( Soacha )  como en el occidental  ( Ma  drid y Mosquera ) , y en el eje norte  ( Chía ) . 
Para comprender las implicaciones de la localización espacial identificadas, en lo que sigue se analizan las características urbanas de las zonas con mayor concen  tración de población migrante, así como los estratos socioeconómicos en que se clasifican. Las aglomeraciones significati  vas se localizan mayoritariamente en los estratos 2 y 3, y en menor proporción en los estratos 1 y 4, lo cual es coherente con lo revelado anteriormente  ( Mapa 2 ) . Las zonas atípicas se clasifican principalmen  te como de estrato 3, y en menor medida en el estrato 2  ( Mapa 2 ) .
Dentro de la población refugiada y migrante los grupos más vulnerables, se destacan: o Personas en tránsito. o Personas en situación de calle. o Personas con condición médica crítica o crónica. o Familias cuya generación de ingresos ha sido afectada por el cese de actividades y/o la limitación de la libertad de movimiento. o Hombres y mujeres solos/as no priorizados. o Grupos indígenas en zonas fronterizas.
.2.2. El fenómeno en la Sabana de Bogotá La concentración de la población migrante no solo sucede al interior de los límites de Bogotá, sino que se inserta en un proceso de urbanización regional protagonizado por población que trabaja o hace uso cotidiano de la ciudad, pero que reside en los municipios aledaños. Ejemplo de lo ante  rior es que según los cálculos de la Encues  ta Multipropósito DANE SDP de 2017, el 20 % de la población ocupada que reside en los municipios de la Sabana trabaja en Bogotá. Lo anterior sucede porque en la Sabana encuentran mejores condiciones en el mercado residencial, tanto en materia de precios como de espacio y otras carac  terísticas de las viviendas, por lo que los diferentes municipios vecinos han venido especializando su producción residencial para dar cabida a población de diferentes estratos socioeconómicos  ( Alfonso, 2014 ) . Los resultados obtenidos muestran que este fenómeno no es exclusivo de los lu  gareños, sino que a él se suma la población proveniente de Venezuela. En este sentido, Soacha se incluye en el eje de aglomeración suroccidental, identi  ficado anteriormente en las localidades de Bosa y Kennedy, concentrando espacial  mente población migrante en sectores de estratos 1, 2 y 3. Este municipio, además de compartir fronteras, comparte también buena parte de las condiciones socioeco  nómicas y urbanísticas de las localidades de Bogotá descritas anteriormente   como se observa en el caso de las densida  des  ( Mapa 3 )  , que pueden generar alta presión sobre bienes y recursos urbanos. Por otra parte, sobresale la alta con  centración de población migrante en Funza y Madrid, cuyo importante creci  miento en las últimas décadas se ha po  tenciado por la recepción de población de clase media y baja, que antiguamente residía en Bogotá, pero que ahora busca una oferta residencial más asequible  ( Ar  dila et al., 2019 ) . Allí, la aglomeración de migrantes sucede principalmente en los estratos 2 y 3. Por último, para completar el abanico de la diversidad socioeconómica, existe una aglomeración significativa en Chía, que alo  ja población en una amplia gama de estra  tos  incluido el 6 , lo cual revela la diver  sidad existente en la composición y prácticas de localización de la población migrante en el espacio metropolitano  ( Mapa 2 ) .
Sin embargo, esa integración puede peligrar debido a las condiciones pre  existentes en la ciudad, que antes de la migración estaba segregada y tenía enormes tareas pendientes para cubrir satisfactoriamente la demanda de vi  viendas, espacios públicos, servicios de salud, educación y transporte público de toda la población. Como se demos  tró, las formas de localización de los migrantes refuerzan la segregación ya existente e incrementan la presión so  bre los bienes y servicios básicos que, por su escasez, pueden generar situacio  nes de competencia entre migrantes y lugareños, afectando también a estos úl  timos. Así, la presencia de los migrantes se suma a dinámicas urbanas de densifi  cación, integración regional y precariza  ción que los anteceden, y que son parte de los retos del modelo de ciudad que se desea construir a través de los Planes de Ordenamiento Territorial  ( POT ) . En el caso de Bogotá, por ejemplo, en el actual proceso de revisión del POT, es clave re  conocer que el éxito en la intervención de dichas problemáticas urbanas, ade  más de tener un efecto generalizado so  bre la calidad de vida la población, puede tener un impacto en la integración entre lugareños y migrantes, así como entre grupos socioeconómicos. En particular, es necesario reconocer que los mencionados déficits urbanos no afectan de la misma forma a los lu  gareños y a los migrantes, pues estos últimos “se juegan' en la ciudad sus po  sibilidades de inserción a las dinámicas sociales, laborales y urbanas. Un ejem  plo de ello es el acceso a la vivienda, que puede constituir una barrera para la integración del migrante a la ciudad en condiciones mínimas de calidad de vida, pues usualmente desconoce cómo funciona el mercado de arrendamiento local y puede no contar con los requisi  tos ni los ingresos necesarios para ac  ceder a él  ( BID, 2020 ) . Es por ello que se encontró una sobrerrepresentación de población migrante en sectores con oferta residencial precaria, que apareja condiciones de vulnerabilidad social. Por lo anterior, también se requieren políticas de apoyo puntuales a la pobla  ción migrante, las cuales pueden ser fo  calizadas en las aglomeraciones y zonas atípicas identificadas en los distintos estratos socioeconómicos, en donde po  siblemente ya operan redes migratorias de apoyo informal, como las de familia y amigos. Considerando dichas concentra  ciones, es necesario que el Gobierno dis  trital y los de municipios vecinos puedan caracterizar a la población migrante que ha venido a asentarse en sus municipios y localidades, con el fin de organizar y am  pliar la oferta de servicios para la población migrante y no migrante, y así facilitar los procesos de integración. En este sentido, es clave que el Gobierno nacional avance en la identificación y regularización de los migrantes venezolanos, dado que el hecho de que hoy en día el 57 % de esta población permanezca en condición irregular, limita el acceso efectivo a derechos básicos  ( por ejemplo, salud, educación, trabajo formal, entre otros ) , bienes y servicios.
Adicionalmente, a partir del análisis espacial se evidenció que la recepción de migración es un fenómeno que no respeta límites administrativos, por lo que necesita de intervenciones manco  munadas entre los municipios vecinos y el distrito. Es para este tipo de retos que se requiere la Región Metropolita  na Bogotá Cundinamarca, cuya consti  tución viene avanzando en el Congreso de la República, con la modificación del artículo 325 de la Constitución Política. Esta figura permitiría escenarios de tra  bajo conjunto para informar, asesorar y direccionar servicios especializados en materia educativa, laboral, inmobilia  ria, de salud, de justicia y protección, y todos los servicios de la administración pública que favorezcan la calidad de vida de la población migrante. Igualmente, se requiere de la coor  dinación para la evaluación de los ries  gos existentes en los territorios  en particular en aquellos con alta concen  tración de migrantes  en términos de xenofobia, trata de personas, explota  ción sexual y situaciones de violencia, especialmente las basadas en género; y también para la creación de estrategias que permitan afrontar dichos riesgos. Por último, la posibilidad de desarro  llar una medición de la segregación y la comprensión de sus implicaciones so  cioeconómicas, así como las condiciones territoriales que las permiten, se consti  tuye en un ejercicio de vital importancia para comprender las formas de integra  ción en otras ciudades receptoras del país y en el contexto latinoamericano.
Al momento de la encuesta, las personas encuestadas en Colombia se encontraban en Barranquilla  ( 22% ) , Riohacha  ( 19% ) , Bogotá  ( 19% ) , Cúcuta  ( 16% )  e Ipiales  ( 9% ) , entre otras ciudades con menores porcentajes.
Las dinámicas del tráfico en la región son complejas e involucran a una diversidad de actores: bandas criminales, grupos armados que participan en el conflicto armado colombiano, ciudadanos privados o personas en movilidad que ven el tráfico como una actividad generadora de ingresos como cualquier otra, y autoridades corruptas
El uso del tráfico es común entre las personas encuestadas El 69% de las personas encuestadas contrató a algún traficante para facilitar su viaje. De ellas, el 54% utilizó a un traficante para parte del viaje, el 34% para varias partes del viaje y el 12% para todo el viaje.
Dos tercios permanecen en cuarentena con toda la familia y un tercio dice que alguien de la familia sale a trabajar a pesar de las medidas.
La necesidad del tráfico aumentó durante la pandemia de Covid 19 El uso de traficantes fue más frecuente entre las personas encuestadas que migraron más recientemente  ( ver Figura 4 ) . Existe una diferencia significativa6 entre el uso de traficantes antes y durante la pandemia de Covid 19: el 62% de las personas encuestadas que migraron antes de la pandemia  ( 1283/2069 )  utilizaron traficantes, mientras que la cifra fue de 81% entre las que migraron durante la pandemia  ( 1020/1259 ) .
Continúa la articulación con las autoridades locales y la UNGRD para la respuesta a la población asentada en zonas de riesgo por inundación.
El 84% de las niñas y los niños consultados tienen una sensación de cuidado y protección. Saben a dónde dirigirse y a quién acudir  ( su familia ) . Sin embargo, hay una escasa referencia a instituciones u órganos del sistema de protección.
Apoyo logístico a autoridades locales para entregas de mercados provistos por Gobierno Nacional en los municipios de Barrancas, Uribia, San Juan del Cesar, Fonseca y Maicao.
Las principales actividades de tráfico son el cruce de fronteras y el tránsito dentro de los países Los traficantes se usan principalmente para facilitar el cruce de fronteras entre los diferentes países a lo largo de la ruta migratoria, según informó el 93% de las personas encuestadas que utilizaron traficantes. 

Sin embargo, los traficantes también brindaron otros tipos de servicios. El 38% de las personas encuestadas mencionó que los traficantes proporcionaron transporte dentro del país. El 16% informó que los traficantes tuvieron contacto con las autoridades: según los encuestadores de 4Mi, los traficantes a veces sobornan a las autoridades para permitir que las personas ingresen al país de manera irregular, o para evitar la detección en los puestos de control dentro del país.7 Las personas encuestadas también declararon que los traficantes les proporcionaron agua, comida  ( 13% )  o alojamiento  ( 6% )   ( ver Figura 5 ) .
Es más probable que las personas encuestadas en Perú utilicen traficantes para algo más que para cruzar la frontera, comparado con las encuestadas en Colombia. Esto se refleja, por ejemplo, en el suministro de agua o alimentos  ( 32% Perú versus 7% Colombia ) , alojamiento  ( 21% Perú versus 1% Colombia ) , trato con las autoridades locales  ( 17% Perú versus 12% Colombia )  y acceso a comunicaciones como teléfonos e internet  ( 8% Perú versus 2% Colombia ) . Se debe en parte al hecho de que el viaje entre Venezuela y Perú es más largo que el viaje entre Venezuela y Colombia.
El uso de traficantes fue considerado como una necesidad por la mayoría de las personas encuestadas que migraron a Colombia o Perú, y más aún durante el brote de Covid 19 debido a restricciones de movimiento. El 90% de las personas encuestadas que utilizaron traficantes mencionaron que los ayudaron a lograr su objetivo de migrar a otro país.
Según los encuestadores de 4Mi, las personas encuestadas a menudo describen a los traficantes como algo parecido a proveedores de servicios, especialmente aquellos que cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia en la región norte de La Guajira: el uso de servicios de tráfico para migrar se considera tan normal y necesario que algunas personas encuestadas recomiendan los servicios de traficantes en los que confían a sus familiares.
Sin embargo, esto no implica un papel únicamente positivo de los traficantes: el 26% de las personas encuestadas  ( 629/2421 )  los mencionaron como perpetradores de abusos. Además, el 16% de las personas encuestadas consideró que sus traficantes los habían engañado intencionalmente sobre el viaje  ( ver Figura 6 )
Según los encuestadores de 4Mi, los traficantes a menudo prometen seguridad durante el viaje. Sin embargo, una proporción considerable de las personas encuestadas es testigo o sufre violencia a lo largo de la ruta, y especialmente en los cruces fronterizos irregulares8 la extorsión es frecuente, y las personas encuestadas también denunciaron violencia sexual, secuestro o violencia física que condujo a la muerte.
Putumayo: 
Falta de infraestructura que facilite el acceso a las zonas dispersas del departamento, limitando la capacidad de respuesta y abastecimiento de elementos básicos  ( como el agua )  a población indígena principalmente
Ipiales

Los tiempos para servicios básicos de urgencias son por lo general adecuados, con tiempos de espera cortos. Tienen servicios de tercer nivel, pero hay barreras para la población migrante, esto se debe principalmente al nivel de endeudamiento del hospital, asociado a la falta de entrega de los recursos para estas atenciones por parte del Estado
Putumayo

Capacidad hospitalaria es mínima y que la mayoría de los servicios de urgencias son básicos, ya que no cuentan con servicios de tercer nivel o superior.
Nariño: Para la atención de diabetes, hipertensión arterial, entre otras, la población enfrenta barreras para el acceso al tratamiento y seguimiento, hay dificultades para la asignación de citas, hay poco personal especializado. Esta situación provoca largos tiempos de espera para obtener una cita o un traslado hacia otros departamentos.
Ipiales: alto número de enfermedades crónicas tanto en población de acogida, como en población migrante y refugiada, principalmente diabetes, hipertensión y cáncer. Se evidenciaron barreras para el acceso a tratamientos de larga duración y seguimiento.
Putumayo: Para el caso de enfermedades renales, el acceso a servicios especializados es nulo, especialmente en caso de necesitar unidades renales  ( diálisis ) , porque el departamento no cuenta con ellas
Existen tabúes relacionados con los servicios de salud sexual y reproductiva y una insuficiencia de servicios de orientación y atención en estos aspectos. No hay un seguimiento oportuno de los implantes subdérmicos y otros método anticonceptivos.
Persisten elevadas tasas de embarazo adolescente y barreras para el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo  ( IVE ) .
Según la Defensoría de Pasto existe un subregistro de casos de VBG y delitos sexuales en algunas comunidades indígenas dado que las IPS reportan a los cabildos y estos inician una ruta de atención interna diferente a la establecida.
Las organizaciones muestran preocupación por la normalización de violencias basadas en género  ( VBG )  .
De los menores en edad escolar, el 28.1% no se encuentra estudiando y el 47.5% de las familias considera que existen barreras en el acceso a la educación de sus hijos e hijas.
En Riohacha, también el uso de internet y WhatsApp se convirtió en la principal herramienta para mandar el material educativo por parte de los docentes y alumnos.
Proporción de encuestados que reportó tener acceso físico al mercado en el momento de la recolección de datos: No tiene acceso8 8% Tiene acceso 92% No sabe / se rehúsa a contestar 0%
Como antes mencionado, el alcance de estas iniciativas de educación virtual es limitado, ya que la mayoría de las familias no cuentan con acceso a internet y no poseen los dispositivos electrónicos. Por otro lado, en Atlántico, con el cierre de las autoridades locales, las remisiones a la Secretaría de Educación para los niños y niñas en búsqueda de un cupo escolar quedaron pendientes.
El 63.5% reportó tener un centro de salud cerca de su vivienda, pero el 6.1% expresa que la distancia es una de las principales barreras.
Las barreras más frecuentes siguen siendo la falta de documentación para afiliarse al sistema de seguridad social  ( 22.8% ) , el costo de los medicamentos que son formulados  ( 6.4% )  o el costo del transporte para dirigirse a los centros hospitalarios  ( 6.4% ) .
El 96.8% accede al agua a través del acueducto y la mayoría de la población  ( 75.4% )  tiene acceso a agua potable, a excepción de La Guajira, donde únicamente el 22.7% reporta tener acceso.
Con la pandemia COVID 19 se han agudizado algunos riesgos en términos de salud. En Riohacha, por ejemplo, varias comunidades dependen de los servicios de Médicos Sin Fronteras, que suspendió su atención directa a las personas. Otro riesgo refiere a la falta de información disponible sobre los derechos y el proceso para solicitar la encuesta del SISBEN, y así obtener la afiliación al régimen subsidiado de salud. Esta se debe realizar de forma virtual, generando dificultades adicionales para la población.
En Atlántico, el ICBF reportó que entre enero y mayo se iniciaron 284 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a menores en Barranquilla. Además, intervinieron en 291 casos de violencia sexual contra menores, de los cuales el 70.8% fue contra niñas y adolescentes23.
En todas las zonas monitoreadas, las personas consideran que en general su relación con la comunidad de acogida es buena, con más del 40% en Antioquia, más del 60% en Bogotá y Cundinamarca, y más del 70% en La Guajira y Atlántico.
En algunos barrios de Medellín y en municipios aledaños a la ciudad, se han generado redes barriales e iniciativas ciudadanas que buscan apoyar a la población refugiada y migrante, en medio de la emergencia sanitaria. En Manrique y en Granizal, en Antioquia, los líderes comunitarios han gestionado la repartición o redistribución de asistencias humanitarias, que han llegado a estos territorios, para que las familias en condiciones de extrema vulnerabilidad reciban algún tipo de ayuda.
En La Guajira, los líderes comunitarios informaron que hay actividades de solidaridad en el marco de la pandemia, como la organización de ollas comunitarias y la resolución de conflictos de manera tranquila.
Las barreras principales referidas por la población son la documentación que les exigen en las instituciones educativas  ( 11.8% ) , la falta de cupos en las escuelas  ( 9.7% )  y la falta de uniformes o útiles escolares  ( 5.8% ) .
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, se espera que el Producto Interno Bruto  ( PIB )  tenga una contracción del 5,5 por ciento durante el 2020, debido a las medidas de contención de la pandemia, a los efectos en materia de comercio internacional y a un shock externo de liquidez. Los efectos ya se han materializado en el primer trimestre de 2020, la desaceleración del crecimiento del PIB a 1,1 por ciento, el desempleo del 21,4 por ciento del pasado mes de mayo, afectando más a mujeres  ( 25,4% )  que hombres  ( 18,6% )  siendo el más alto desde la recesión económica de 1999
El 76.1% de las personas monitoreadas tienen nacionalidad venezolana. A esta cifra le sigue un 12.8% de colombianos, un 9.8% de personas con doble nacionalidad  ( colombiana y venezolana )  y un 1.2% de personas en riesgo de apatridia.
El 18% de los encuestados entre abril y junio tienen una necesidad específica de protección. Esto representa un incremento del 1.7% respecto al trimestre anterior.
El acceso a alimentación fue reportado como la primera necesidad  ( 46.5% en promedio y más del 50% en abril )  de la población monitoreada y tiene relación con la disminución de ingresos en el marco de la emergencia sanitaria.
El 9.9% de los hombres  ( 10% de los colombianos y 14.1% de los venezolanos ) , y el 26.1% de las mujeres  ( 18.8% de las colombianas y 27.3% de las venezolanas )  tienen una necesidad específica.
DRC observó barreras crecientes en el trámite de acceso a la condición de refugiado. Durante junio, la Cancillería regresó varias solicitudes a los aplicantes alegando la falta de documentos de soporte, inclusive cuando estos venían adjuntos. También se identificaron casos en los que se solicitan documentos de identidad a las personas en riesgo de apatridia o a personas sin documentos, aun cuando en la solicitud se explica el caso.
Con respecto a la intención de permanencia, se observa que a corto plazo  ( entre 0 y 3 años )  más del 65% de los encuestados planea permanecer en Colombia. Los que desean retornar, independiente de si la situación en Venezuela mejora o no, son únicamente el 2%.
Se observa un mayor porcentaje de personas con necesidades específicas en Riohacha  ( 14.1% de los hombres y 32.9% de las mujeres )  que en las otras zonas monitoreadas.
El acceso a vivienda es la segunda prioridad en términos de necesidades básicas de las familias entrevistadas después del acceso a alimentación. El porcentaje de familias que indicó la vivienda como una necesidad urgente no subió mucho durante el segundo trimestre del 2020 en comparación con los primeros tres meses del año  ( 22% contra el 19.2% ) , pero el dato muestra un empeoramiento de una situación ya crítica.
El 71.7% de las familias encuestadas vive en casas, 16.6% en inquilinatos, 8.9% en asentamientos informales, 0.9% se encuentra en situación de calle, 1.5% habita en otros tipos de vivienda y 0.4% no responde.
Durante la emergencia COVID 19, el Estado colombiano y las escuelas promovieron las plataformas de enseñanza y el envío de material educativo de manera virtual. En Bogotá, la Secretaría de Educación de la Alcaldía promovió la estrategia “Aprende en casa'.
Asimismo, esto es menor en Bogotá y Cundinamarca  ( 3.1% ) , Barranquilla  ( 6.7% )  y Medellín  ( 8.0% ) , donde la población tiene mayor acceso a documentación y servicios, comparado con Riohacha, donde llega a un 14.8%.
El 24.2% de las personas mayores de 60 años5 reportaron tener alguna discapacidad.6 La prevalencia de discapacidad es también más alta en las mujeres  ( 9.1% )  que en los hombres  ( 5.1 % ) .7 De las mujeres que reportaron alguna discapacidad, el 43.3% identificaron dificultades para ver y para caminar o subir escaleras  ( 19.6% ) . En cambio, para los hombres son las dificultades para caminar o subir escaleras  ( 30.8% )  y levantar objetos  ( 23.1% )
Por otro lado, en muchas zonas del país  ( Villavicencio, Meta; Caquetá; Barranquilla; Atlántico; Montería, Córdoba; Norte de Santander )  los gobiernos locales han decidido instaurar toques de queda nocturnos e inclusive diurnos, cuarentenas estrictas o sectorizadas  ( Barrancabermeja, Santander; Valle de Aburrá, Antioquia ) ; así mismo comunidades del Cauca han decidido declarar cuarentena durante 15 días y sólo se permitirá el acceso a las comunidades de los municipios de Almaguer, La Vega, San Sebastian y Santa Rosa por aspectos prioritarios de salud.
En el monitoreo realizado en Manrique y Robledo, Medellín, se identificaron algunos casos donde la condición de discapacidad fue uno de los factores que motivaron la migración desde Venezuela, dado que enfrentan barreras adicionales para acceder a sus derechos y servicios.
En Atlántico, además de internet, algunos docentes reparten semanalmente las guías de estudio en físico, que los padres deben recoger en las instalaciones de los colegios.
Por otra parte, la prensa reportó asentamientos de personas venezolanas a las afueras de la ciudad o debajo de algunos puentes, que habían sido desalojadas y/o que habían decidido retornar y quedaban represadas en estos asentamientos.18
Los datos recolectados evidencian que el 1.6% de la población abandonó su país de origen por temor de persecución y podrían tener fundamento jurídico para ser reconocidos como refugiados en el marco de la Convención de 1951
La violencia basada en género  ( VBG ) , la inseguridad, la violencia generalizada y la violación masiva de derechos humanos, incluyendo las barreras estructurales para acceder a la salud y educación, representan el 24.1% de las causas de salida de Venezuela. Estas causales indican que una gran parte de la población podría tener necesidad de protección internacional según la Declaración de Cartagena
Un mecanismo de adaptación de la población ha sido compartir la vivienda con personas que no son de los núcleos familiares  ( amigos, vecinos, personas de la comunidad de acogida ) . El 46.5% de la población reportó compartir la vivienda con otras familias, lo que representa un aumento de casi un 7% con respecto al periodo anterior  ( enero marzo ) . Otras familias optaron por la ocupación o invasión de predios o asentamientos informales.
El 38.6% de los encuestados no tienen ningún miembro dentro de su núcleo familiar que realiza actividades económicas y el restante 61.4% tiene por lo menos un miembro de la familia trabajando.
En Medellín y en Riohacha se reportó que hay una percepción negativa sobre las personas venezolanas como una barrera para que la comunidad de acogida reciba la asistencia, sobre todo en alimentación y vivienda. Del mismo modo, la xenofobia y violencia aumentaron dado que la mayoría de los venezolanos no pueden acatar las normas de aislamiento y la población de acogida señala que ellos son los principales causantes de la diseminación del COVID 19 en algunas zonas.
Entre las personas con PEP, sólo el 8.7% de los venezolanos que fueron monitoreados tienen un trabajo formal. El 95.9% de quienes trabajan lo hacen de manera informal y cabe resaltar que para la población venezolana no se observa un mayor acceso al trabajo para los que tiene un PEP en comparación con los que no lo tienen.
Se puede, entonces, concluir que las otras barreras identificadas por la población también afectan de manera significativa en el acceso al trabajo, como la falta de oportunidades laborales  ( 16.3% ) , xenofobia  ( 8.4% ) , la falta de referencias laborales  ( 6.7% )  y la discriminación  ( 6.7 % ) .
A largo plazo  ( de 3 años en adelante ) , la intención de permanecer en Colombia cae a un 46.7%, pero una mayor parte de la población  ( 32.7% )  manifiesta querer retornar si hay una mejora en la situación en Venezuela.
En Bogotá, los venezolanos trataron de viajar en bus, pero debido a la falta de recursos económicos no pudieron pagar el transporte hacia la frontera. Otras personas retornaron caminando, lo cual ha implicado mayores riesgos para la salud e integridad física.
Para aquellos que decidieron volver a Venezuela, se observó una falta de articulación entre las autoridades locales y nacionales para asegurar un retorno seguro.
Un actor clave en Bogotá comentó a DRC que existe un temor de la población venezolana de retornar, ya que las autoridades venezolanas redujeron el ingreso de sus connacionales hasta un máximo de 300 personas por día, incrementando los riesgos y vulnerabilidades para las personas.
El 50.7% de los encuestados considera que el nivel de salubridad del agua es bueno o muy bueno, otro 28% lo percibe como aceptable y el 21.3% como algo malo, malo o muy malo.
Según reportes de la prensa, unas 70,000 personas retornaron entre finales de marzo y junio 2020.13 Esto se debe a la dificultad que tiene la población migrante y refugiada para generar ingresos y cubrir sus necesidades básicas.
De igual forma, la instauración de grandes proyectos extractivos, en municipios del sur de Córdoba donde aún existen cultivos de uso ilícito, es un factor que ha contribuido a una mayor militarización en la zona, detonante de confrontaciones armadas e impactos humanitarios en la población civil; en estos territorios también convive población indígena Emberá Katíos, Zenú y Consejos Comunitarios Afros resultando ser uno de los grupos poblacionales con mayor afectación. Estos hechos que se hacen cada vez más recurrentes con la entrada al territorio de nuevos GAO quienes se disputan el control de las economías ilícitas de droga y extracción de minerales.
Un 38.2% de los encuestados recibió información sobre los servicios sociales disponibles en Colombia. El 74.5% de ellos expresa que la información fue suficiente para lograr el acceso a dichos servicios.
El 41.2 % de la población percibe sus entornos como inseguros, aunque en La Guajira  ( 47.4% )  y en Atlántico  ( 50% )  la percepción de inseguridad  ( muy inseguro, inseguro o algo inseguro )  es mayor que en las otras zonas.
La delincuencia común, frecuentemente asociada a estos grupos, es el riesgo más latente con un 52.4%. Otro factor de riesgo identificado con un 24.3% corresponde a la presencia de pandillas y de actores armados, así como el enfrentamiento entre estos grupos en las zonas monitoreadas.
Antioquia es el cuartodepartamento con mayor número de Venezolanos en Colombia. • El 80.54% de los Venezolanos en Antioquia se concentran en los 10 municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La ciudad de Medellín es la cuarta ciudad principal con el mayor número de Venezolanos, solo por debajo de Bogotá, Cúcuta y Barranquilla. El municipio de Bello es el 19º municipio en Colombia con mayor concentración de Venezolanos por encima de algunas ciudades principales
Acceso a documentación La resolución 1006 de 2020 de Migración Colombia estipula la suspensión en la emisión de los salvoconductos de permanencia SC 2, asociados a la solicitud de refugio. La primera expedición del salvoconducto se hace únicamente con autorización previa de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado  ( CONARE ) .
Se identificó que algunas mujeres han sido explotadas sexualmente y otras han sido desalojadas de sus viviendas por parte de sus agresores, de acuerdo con una entrevista a un actor clave en Medellín.
El 50.3% de la población monitoreada no conoce el significado de violencia basada en género  ( VBG ) , lo cual puede explicar que un 41.4% no sabe si la VBG representa un problema en su comunidad. El desconocimiento sobre este tema puede ocasionar la normalización de incidentes de VBG o su invisibilidad.
Las labores domésticas se incrementaron y las mujeres usualmente asumen la carga de estas tareas, lo que implica mayores afectaciones en su salud mental. Además, la falta de generación de ingresos aumenta los riesgos de explotación sexual y desalojo por parte de agresores del núcleo familiar.
En el Amazonas: Indígenas del corregimiento La Chorrera no cuentan con los medios de bioseguridad para enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.
En Atlántico, en varios sectores de Barranquilla como Chipi, La Ciénaga y Los Tambos, en el barrio Las Flores, y también en el barrio San Roque, el agua se obtiene de una red ilegal que no garantiza su calidad. En La Guajira, en los barrios Mano de Dios y Tawaira de Riohacha, el agua tiene poca presión, por lo cual el acceso es intermitente en algunos sectores. En mayo, hubo sectores de la comuna 10 que accedieron al agua sólo un día, durante 5 o 6 horas, aunque el fallo fue arreglado en junio.
Se requieren procedimientos de emergencia en el proceso de valoración y posterior registro de eventos de confinamiento en el país.
75%  ( ►0% )  de lo/as ICs reportaron que ello/as o su grupo de viaje han tenido que pagar por el medio de transporte en el que han viajado16
Según el Ministerio de Hacienda, se espera que la desaceleración de la economía del país para este año, por cuenta de la pandemia, será de 5,5 por ciento6. El Fondo Monetario Internacional  ( FMI )  apunta a una contracción del PIB en 7,8 por ciento7. Este Ministerio también informó que la deuda pública llegará a niveles de 65 o 66 por ciento del PIB y un déficit fiscal en un 8,2 por ciento del PIB
La dificultad de obtener pasaportes en Venezuela, dado su alto coste y demoras en el trámite, sigue siendo el principal obstáculo para que los venezolanos entren a Colombia de manera regular.
La lucha por el control territorial, el fortalecimiento de grupos armados al margen de la ley  ( disidencias FARC EP )  con estructuras como el frente 1°, el frente 62 y la columna móvil Teófilo Forero entre otros, así como la aparición de actores sin una identificación clara en los territorios enmarca la nueva dinámica de conflicto que se vive en parte de la región del Caquetá9. El intento de controlar los remanentes de las economías ilegales, así como de asegurar las rutas de trafico de los insumos, inevitablemente pone en peligro a la población al tiempo que reactiva problemáticas como las extorsiones, desplazamientos, reclutamiento ilegal y enfrentamientos entre estos grupos y fuerza pública, situación particularmente preocupante en los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico y el Doncello10/11. Estas dinámicas se han extendido por otros territorios, llegando a afectar a las comunidades indígenas, mediante asesinatos de líderes y posteriores desplazamientos de las comunidades. L
En Bogotá, la Alcaldía anunció el cierre las estaciones de Transmilenio de la troncal de las Américas, Patio Bonito y Transversal 86 a partir del martes 30 de junio, debido a que son espacios de altos niveles de contagio. La Alcaldía de Bogotá también anunció que, con la instalación de los 130 ventiladores entregados por el Ministerio de Salud, la ciudad aumenta en un 17% su capacidad de UCI para atender casos por COVID 19  ( 906 camas UCI ) . Sin embargo, la ocupación de UCI en Bogotá ha alcanzado el 70 por ciento, y la Alcaldesa Claudia López anunció que a menos de que 1.141 respiradores sean entregados a la ciudad para el 1 de agosto, los ciudadanos tendrían que prepararse para un confinamiento estricto nuevamente.
En La Guajira, se evidencia también que hay niños separados o no acompañados, en especial en las familias mixtas en las que los padres regresan a Venezuela tras no encontrar empleo. Por medio de una entrevista a una funcionaria del centro zonal Guajira del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ( ICBF ) , se confirmó que la mayoría de los procesos de restablecimiento de derechos, para menores migrantes y refugiados, son por la identificación de casos de niños no acompañados, violencia sexual o física, la vida en calle y por el riesgo de trabajo infantil.
136 Personas desplazadas 5.139 Personas confinadas 31 Comunidades
Muchas personas enfrentan dificultades para acceder a una cita dado que no tienen conexión a internet. Además, hubo otro tipo de inconvenientes: en Antioquia, se encontraron personas que recibieron las citas en otros municipios distintos al de su residencia habitual, y en Atlántico había 14 casos identificados en mayo que intentaron obtener una cita con la Registraduría, pero nunca lo lograron.
Cabe resaltar que el único departamento en donde el acueducto no es la fuente de agua más reportada es en La Guajira; allí sólo el 30% de los encuestados manifiesta tener este servicio  ( en los demás departamentos analizados la proporción asciende al 87% ) , lo que evidencia las deficiencias estructurales de cobertura que se presentan en esta región.