De la revisión de las sentencias dictadas en los recursos de reclamación en contra de órdenes de expulsión, durante el período 2010 2014, es posible constatar que la Corte ha desarrollado una especial consideración sobre las circunstancias personales y familiares del recurrente. Lo anterior se evidencia desde las primeras sentencias que acogen los recursos interpuestos, sin embargo, es a partir del año 2012 que se observa por parte del máximo tribunal, un desarrollo en mayor profundidad de argumentos sobre la inminente disgregación familiar que puede implicar la ejecución de una orden de expulsión. Otro criterio determinante para acoger las reclamaciones interpuestas es la protección de los derechos de los hijos de los extranjeros expulsados, niños que en muchas ocasiones detentan la nacionalidad chilena. En este grupo de sentencias, la Corte deja sin efecto las órdenes de expulsión, atendiendo principalmente a la obligación contraída a través de instrumentos internacionales, como la Convención de Derechos del Niño. Sin perjuicio de lo anterior es importante advertir que dicho criterio no constituye por sí sólo un antecedente suficiente para disponer la permanencia del extranjero en el país. En efecto, en las sentencias analizadas que acogen los recursos interpuestos se toma en consideración la protección del interés superior del niño o la unidad familiar junto a otros criterios y circunstancias particulares. De igual manera, en un número importante de sentencias, la Corte no se pronuncia respecto a las alegaciones del recurrente en orden a la protección de la familia o el interés superior de los niños. En relación con el criterio de necesaria proporcionalidad de la medida de expulsión con la infracción cometida por el extranjero, se observa en este estudio que un gran número de órdenes de expulsión se justifican en la aplicación de la causal dispuesta en el artículo 15 Nº 2 de la Ley de Extranjería, esto es, haber cometido alguno de los delitos especialmente identificados en la norma o la de cualquier acto que sea contrario a la moral y las buenas costumbres. La administración, en aquellos casos en que se cometen delitos diferentes a los detallados en la norma, hace aplicable la disposición general, estimando que se trata de actos contrarios a la moral y las buenas costumbres. La Corte en dichos casos, ha procedido a limitar los delitos subsumibles en la norma, recurriendo principalmente a un criterio de gravedad de la infracción cometida. Así, se han acogido diversos recursos señalándose claramente que los delitos cometidos son de menor lesividad que el tráfico de drogas o armas, el contrabando, el tráfico ilegal de migrantes y trata de personas. 124 COLECCIONES JURÍDICAS DE LA CORTE SUPREMA: MIGRANTES Sin perjuicio de lo anterior y en los casos en que se rechazan los recursos interpuestos, no se advierte una mayor argumentación de las razones por las que delitos diferentes a los pormenorizados en la norma, son constitutivos de actos contrarios a la moral y buenas costumbres. Así, es posible advertir criterios comunes respecto a cuáles delitos no son contrarios a la moral y buenas costumbres, en los términos del artículo 15 Nº 2 de la Ley de Extranjería, sin embargo, no ocurre lo mismo con aquellos delitos o conductas que si habilitan a la administración para subsumirlas como actos contrarios a la moral o buenas costumbres. Ahora bien, en las sentencias más recientes, y de forma aún incipiente, se ha podido constatar que la Corte ha impuesto la obligación de ponderar las circunstancias que rodearon la comisión del delito como también la actual situación personal, familiar, y el arraigo del extranjero afectado, llegando a acoger reclamos en contra de expulsiones fundadas en delitos expresamente contemplados en el artículo 15 Nº 2 de la Ley de Extranjería, como es el caso de la condena por el delito de tráfico de drogas. En suma, en el período 2010 2014, se observa una importante evolución en las decisiones de la Corte Suprema, al conocer de recurso de reclamación en contra de órdenes de expulsión. Lo anterior se ha manifestado en una mayor fundamentación e incorporación de nuevos criterios jurisprudenciales, así como de normativa internacional y de la protección de derechos fundamentales reconocidos en dichas convenciones.