nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Además, la crisis sanitaria asociada a la COVID 19, en un contexto de baja cobertura de los centros regionales de salud, junto con la desaceleración económica generan una coyuntura nada alentadora para las comunidades.
La mayoría de las zonas en donde se presentan las emergencias intervenidas por el MIRE se caracterizan por la dificultad en sus vías de acceso. Es usual la necesidad de recurrir al transporte aéreo de pocas personas  ( helicópteros y avionetas ) , vehículos automotores todo terreno y lanchas o canoas artesanales dependiendo del nivel de los ríos. En muchas ocasiones la combinación de varios medios de transporte es la única solución para brindar respuesta a las emergencias. Otro aspecto para tener en cuenta son las condiciones de seguridad a las que se ven enfrentados los equipos móviles de respuesta, los cuales en ocasiones se han visto obligados a retrasar el inicio de actividades por presencia de GAIs, enfrentamientos entre los mismos y combates con la fuerza pública.
A través de sus intervenciones, el MIRE ha logrado establecer alianzas con entidades territoriales que han contribuido significativamente en la comprensión socioeconómica de las emergencias. La coordinación con la UARIV, las alcaldías locales, así como con líderes comunitarios y religiosos, han facilitado la realización de las ERN y las actividades de respuesta multisectorial.
24% de ICs reportaron que ellas o mujeres dentro de su grupo se encontraban viajando en estado de gestación o lactancia3
En Magdalena y Atlántico: Hay un porcentaje de la población sin aseguramiento en Salud  ( SISBEN )  y población desempleada que perdieron las garantías de acceso a servicios de salud, al igual que un déficit para adquirir medicamentos en el tratamiento de enfermedades incluyendo las de alto costo y crónicas. Alguna personas que viven con VIH no cuentan con el medicamento necesario, pierden o interrumpen el tratamiento, lo que los lleva a una mayor exposición a la Covid 19 y resistencia al tratamiento.
Las últimas proyecciones de WFP sobre inseguridad alimentaria en Colombia indican que la crisis COVID 19 ha impactado significativamente a una gran parte de la población, y que al menos unos 3,5 millones de colombianos se encuentran en inseguridad alimentaria severa. Estos nuevos estimados, junto con las recientes cifras oficiales sobre pobreza monetaria, son particularmente preocupantes. Según el DANE, un 35,7 por ciento de la población se encontraba ya en la pobreza en 2019, unas 660.000 personas más en comparación con 2018. Adicionalmente, para el mes de agosto de 2020 la tasa de desempleo se ubicó en 16,8 por ciento, lo que significó un aumento de 6,0 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior  ( 10,8% ) 9 y un aumentó de 7,3 puntos porcentuales frente a diciembre de 2019  ( 9,5% )
En La Guajira: se inició la implementación de la estrategia pedagógica La Aldea, para la continuidad del
proceso de aprendizaje de 14.600 niños, niñas y adolescentes desde casa en 41 Establecimientos Educativos de los municipios de Fonseca, Dibulla, Distracción, Albania, El Molino, San Juan del Cesar, Albania, Barrancas, Manaure, Hato Nuevo, La Jagua del Pilar y Riohacha, donde se formaran 513 nuevos maestros en el mundo de La Aldea en asoció con Click Arte y en articulación con la Secretaria de Educación Departamental y Secretaria de Educación del Distrito de Riohacha
Preocupa las afectaciones en salud mental de la población en general y el personal médico y cuidador, pues se evidencia un aumento en las afectaciones por ansiedad, estrés y depresión en la población y el personal responsable de prestar los servicios de salud, dadas las limitaciones y situaciones derivadas de la pandemia y las medidas adoptadas para su control.
In Colombia, the local Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos  ( GIFMM )  prioritized the reactivation of services in accordance with the new measures of selective isolation, including the intersectoral response for refugees and migrants in transit, support to the authorities' responses in key locations along the borders with Venezuela and Ecuador, support to local authorities in profiling refugees and migrants, a complementary health response, the launch of referral mechanisms for CBI for rental support, virtual education strategies and information sessions on employability and training opportunities for refugees and migrants.
En Chocó y Nariño: Específicamente en la zona del Litoral del San Juan Chocó, Guapi Cauca, Puerto Saija
Timbiquí Cauca, El Charco, Iscuandé Nariño: El 80 por ciento de las gestantes atendidas por el Barco Hospital
 ( 332 gestantes )  no contaban con control prenatal previo. Existe un incremento de embarazos en adolescentes menores de 14 años por falta de acceso a los métodos de planificación. Es importante evidenciar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como realizar un seguimiento a los casos de adolescentes menores de 14 años, ante la posible vulneración de derechos por violencias de género, especialmente por violencia sexual.
En Meta Guaviare: Se requiere atención a grupos poblacionales vulnerables que presentan casos positivos de COVID 19 y que requieren atención diferencial, como comunidades indígenas en el Meta  ( 338 personas ) , Guaviare  ( 90, las comunidades de El Refugio y Panuré reportan personas con sintomatología activa, tres muertos por afectaciones que podrían ser COVID 19 ) , afrocolombianos en Meta  ( 172 )  y Guaviare  ( 25 ) .
Preocupa la falta de atención médica a la comunidad indígena Jiw del municipio de Mapiripán, pues el 28 de
septiembre un bebé recién nacido murió al no recibir atención médica oportuna.
WFP ha iniciado la entrega de asistencia a familias aisladas de acuerdo con la estrategia PRASS  ( Pruebas,
Rastreo & Aislamiento Selectivo Sostenible )  del gobierno colombiano. Familias vulnerables con diagnóstico
positivo de COVID 19 en las ciudades de Cali, Montería, Riohacha, Palmira y Pasto han comenzado a recibir
asistencia para cubrir sus necesidades alimentarias durante el periodo de aislamiento, con lo cual se busca
incentivar el cumplimiento de la cuarentena y medidas de aislamiento selectivo y contribuir al manejo de la
pandemia en el país.
Región Pacífica En una región caracterizada históricamente por la ausencia del Estado colombiano, las luchas armadas por territorios claves para las rutas del narcotráfico afectan en el día a día a la población del pacífico, haciendo evidentes sus necesidades y vulnerabilidades. El pacífico colombiano también ha sido foco de extracción de minerales, especialmente de oro, lo cual agudiza los conflictos en torno a la tierra, afectando aún más a sus habitantes.
Brechas en la educación debido al confinamiento de los jóvenes y el escaso acceso de la población rural a medios digitales.
Decreto 392  ( 21.08.20 ) : En el departamento del Meta se establece un toque de queda para los días 21, 22, 23,28,29 y 30 de agosto junto a pico y cedula.
Titularidad de los alojamientos: La mayoría de los hogares migrantes  ( 84% )  se encontraban en arriendo, mientras que un pequeño grupo reportó estar en hospedaje temporal  ( 12% ) . Poco más de la mitad  ( 54% )  tenían un contrato de arriendo verbal y en un tercio  ( 34% )  de los casos no existía contrato de arrendamiento.

 En los hogares de acogida, 12% estaban en una casa propia y más de la mitad  ( 63% )  también se encontraban en arriendo. Casi la mitad de los hogares  ( 41% )  tenían un contrato de arrendiendo verbal y aproximandamente un tercio de hogares  ( 30% )  que tenían un contrato de arrendamiento por escrito vigente.
Hogares que reportaron haber utilizado estrategias de afrontamiento en el mes anterior a la recolección de datos: El 63% de los hogares migrantes y el 50% de los hogares de acogida reportaron haber utilizado estrategias económicas diferentes a las habituales para suplir sus necesidades durante el mes inmediatamente anterior a la recolección de datos. No se encontraron diferencias significativas entre los hogares con jefatura femenina o masculina en los dos grupos de población.
En 5 de los 9 GFD con población migrante realizados los participantes mencionaron el uso de estrategias de afrontamiento de emergencia, en especial durante las cuarentenas y cierres por la pandemia. Entre las más frecuentes se encontraban pedir dinero en la calle y recibir ayuda de la comunidad. De forma secundaria, los migrantes posicionan la venta ambulante como una estrategia común ante la falta de fuentes de ingresos, en chazas o en el transporte público  ( en este último acompañado de niños y niñas ) . Adicionalmente, mujeres migrantes de 2 GFD señalaron haber aceptado trabajos que ponen en riesgo su integridad en el contexto de actividades sexuales pagadas.
Riesgos de padecer inseguridad alimentaria:
 ■ Casi la mitad de los hogares migrantes  ( 49% )  reportaron haber comido dos comidas al día durante los 7 días anteriores a la recolección de datos, frente a un 35% de hogares de acogida que reportaron la misma situación. 
■ Más de un tercio de los hogares migrantes  ( 39% )  señalaron que durante el mes anterior a la recolección de datos una persona de su hogar había tenido que dejar de comer todo un día por falta de recursos.
Inasistencia escolar: Los jefes de los 74 hogares migrantes con menores entre 6 y 17 años reportaron que poco más de la mitad  ( 53% )  de los menores no asistían a ninguna institución educativa al momento de la recolección de datos. Esta misma situación fue reportada únicamente en el 8% de los 33 hogares de acogida con menores de esta edad.
Acceso reportado a lavamanos y jabón en el hogar: Casi la totalidad de los hogares migrantes  ( 99% )  y de acogida  ( 97% )  reportaron tener acceso a un lavamanos en su vivienda.

De igual forma, el 93% de los hogares migrantes y el 95% de los hogares de acogida señalaron que cuentan con jabón para el lavado de manos de forma permanente y para el uso de todos sus miembros.
Principales formas de discriminación reportadas por 53 hogares migrantes2 : 
Maltrato psicológico  ( 74% )  
Rechazo en puestos de trabajo  ( 42% )  
Desalojo de la vivienda  ( 15% )
Grupos de población más vulnerable según IC comunitarios de Los Mártires y Santa Fe: 
■ 8 de 15 IC señalaron a los adultos mayores de la comunidad de acogida, por situación de abandono y vulnerabilidad económica. 
■ 9 de 15 IC señalaron a los niños, niñas y adolescentes, por los factores de riesgo del entorno comunitario. 
■ 6 de 15 IC señalaron madres cabeza de hogar que realizan actividades sexuales pagadas y sus dependientes.
Afiliación al sistema de salud: Según la encuesta de hogar, 17 de los 105 de los hogares de acogida  ( 16% )  reportaron tener por lo menos algún miembro sin afiliación al sistema de salud. En contraste, de los 117 hogares migrantes encuestados, 103  ( 88% )  reportaron tener al menos un miembro sin afiliación al sistema de salud, y 81  ( 69% )  no contar con ningún miembro de su hogar con aseguramiento en salud.

 La principal razón reportada para no contar con afiliación en los 103 hogares migrantes fue la falta de documentación  ( 56% ) , seguida del desconocimiento del proceso  ( 40% )  y la falta de dinero para realizar el trámite  ( 37% ) 1 . La falta de estatus regular fue referenciada como la principal barrera de acceso a la salud para los hogares migrantes por los IC y GFD con migrantes, quienes también describieron que el choque cultural, por cuenta de los requisitos para el aseguramiento, y experiencias de discriminación.
Acceso a salud sexual y reproductiva: En casi la mitad de los GFD realizados con mujeres migrantes, las participantes manifiestaron que no habían recibido atención en salud sexual y reproductiva de forma integral. Por su parte, en la encuesta de hogar el 9% de los hogares entrevistados reportó que algún miembro de su hogar había tenido dificultades para acceder a este servicio.
Riesgo de desalojo: Casi la mitad  ( 45% )  de los hogares migrantes consideraba que los desalojos en el área eran 1 Alerta temprana 046 de 2019. 2 Los encuestados podían elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más de 100%. muy frecuentes, frente al 17% de hogares de acogida con esta misma opinión. La mayoría de participantes de los GFD con migrantes señalaron haber experimentado amenazas y/o episodios de desalojo de inquilinatos y pagadiarios, reportando el cobro extra de servicios y privación de los mismos como formas de presión por parte de los arrendatarios. Por su parte, un tercio de los IC comunitarios identificaron que este riesgo es mayor para migrantes, comunidades indígenas y población transgénero.
Personas que realizan actividades sexuales pagadas  ( ASP ) : 5 IC proveedores de servicios identificaron un incremento en la participación de mujeres migrantes en ASP, que asocian con reconfiguraciones en el uso del espacio para el desarrollo de ASP y sus actividades conexas. Los IC describieron que han detectado indicios de trata y participación de mujeres migrantes en redes de enganche en ambas localidades. De igual forma, describieron que las personas que realizan ASP están expuestas a elevados niveles de VBG, estigma, discriminación y abusos por parte de los establecimientos. De igual forma un IC comunitario señaló los riesgos de violencia para la población transgénero migrante que realiza ASP, dado que la transfobia se presenta en alto grado entre la comunidad migrante y de acogida.
Pertenencia étnica: ■ 3% de los miembros de hogares migrantes y 1% de los miembros de hogares de acogida fueron reportados como negro ( a ) , mulato ( a )  o afrodescendiente ■ 2% de los miembros de los hogares migrantes y 1% de los miembros de los hogares de acogida se auto reconocieron como indígena
Mujeres gestantes o lactantes: 36% de los hogares migrantes reportaron que al menos una mujer de su hogar estaba embarazada o lactando. En estos hogares, se reportó que solo 18% contaban con acceso a controles médicos regulares.
Fecha de llegada de los hogares migrantes a Colombia: En promedio, los hogares migrantes con un miembro del hogar que vivió en Venezuela en los últimos cinco años  ( el 87% )  reportaron como fecha de llegada al país el mes de enero de 2019. 

Lugar de residencia hace doce meses: El 73% de los hogares migrantes vivía en Bogotá 12 meses antes de la recolección de datos, el 16% en otro país  ( siendo este país Venezuela en la mayoría  95%  de los casos )  y el 10% en otro municipio de Colombia. 

La principal razón reportada para el cambio de residencia de los hogares 12 meses antes de la recolección de datos fue el acceso a trabajo  ( 58% ) , seguida por el temor a la situación general  ( 48% ) . y el acceso a alimentos1 .
Conocimiento del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos: 

De la totalidad de hogares migrantes encuestados, el 66%  ( 77 )  reportaron haber escuchado del Estatuto y, de estos, el 61% señaló saber cómo acceder al mismo. Por su parte, en 2 de los 9 GFD realizados con migrantes los participantes expresaron no tener claridad sobre cómo acogerse al Estatuto.
6.1 PERFILES EN MAYOR RIESGO

De acuerdo con actores consultados en el desarrollo de este informe, como la investigadora Francesca Cordaro, las mujeres son una población de alto ries  go en materia de acceso a salud en Barranquilla. En primer lugar, el grupo de mujeres migrantes entre 18 y 39 años, que constituye el 47% del total de los in  gresos de esta población a la ciudad de Barranquilla hasta 2019, tiene necesidades particulares en salud sexual y reproductiva, frente a las cuales existe una oferta insuficiente.

Además, como se mencionó anteriormente, pocas mujeres migrantes gestantes acceden a controles prenatales, especialmente antes de y durante su trán  sito a la ciudad de destino. En el hospital local Niño Jesús, entre el 60 y 70% de los partos son de madres venezolanas, que a menudo llegan sin ningún control prenatal y con embarazos de alto riesgo.
Asimismo, la brecha de atención y comunicación en  tre funcionarios y la población de interés en cuanto al proceso de afiliación se hizo evidente en las zonas de asentamientos informales. Mientras durante julio se resumieron las jornadas de “SISBEN en tu barrio' en algunos barrios establecidos, los asentamientos informales no fueron incluidos en esta iniciativa. En estas zonas, los participantes debían dirigirse a ba  rrios vecinos ya que los servicios de la Alcaldía, las EPS o las entidades de salud pública del Distrito no llegaban hasta la zona del asentamiento informal.
6.4 NECESIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AFILIACIÓN

La mayoría de migrantes participantes en los grupos focales indicaron que lograron su afiliación al siste  ma de salud a través de la asistencia de ONGs o la Se  cretaría de Salud. Se identificó que la población con  sidera fundamental la intermediación de entidades gubernamentales y organizaciones humanitarias, e incluso algunos no saben cómo conseguir acom  pañamiento en estos trámites. De igual manera, se identificó que la población desconoce que puede rea  lizar estos trámites directamente ante las entidades de salud al contar con la documentación correspon  diente.
Este informe expone las barreras de acceso a la afi  liación al sistema de salud en barrios priorizados por DRC en la ciudad de Barranquilla  ( El Ferry, La Chinita, 7 de abril, El Bosque, San Roque, La Loma y Las Flo  res ) . Estos barrios fueron priorizados debido a que presentan alta concentración de población refugiada y migrante venezolana, así como población colom  biana retornada. El informe aborda las brechas para garantizar el derecho a salud, tanto para población en situación migratoria irregular como regular. Se espera que este análisis pueda contribuir al mejora  miento de la ruta de acceso a salud para la población que obtenga el Permiso de Permanencia Temporal  ( PPT ) .

Si bien los problemas asociados a la regularización y documentación de los migrantes y refugiados sigue siendo uno de los principales obstáculos para el goce de este derecho, existen otras barreras que impiden la afiliación de la población con estatus migratorio re  gular al sistema de salud. Además, con la nueva me  dida implementada por el gobierno nacional sobre 

brindar la posibilidad de acceder al Estatuto Tempo  ral de Protección para Migrantes Venezolanos  ( ETPV ) , es necesario abordar el tema del acceso a salud por parte de la población refugiada y migrante como eje central del presente informe. Para este informe se utilizaron métodos cualitativos de investigación como grupos focales con la pobla  ción de interés, centrados en el tema del acceso y las barreras en la afiliación al sistema de salud en Colombia, y entrevistas a actores claves, incluyendo representantes de la administración distrital, organi  zaciones no gubernamentales  ( ONGs )  y prestadores de salud. También se incluyeron datos cuantitativos del monitoreo de protección de DRC, realizado en siete barrios priorizados de la ciudad de Barranquilla, durante los meses de abril a agosto de 2021. Final  mente, se consultaron fuentes secundarias de infor  mación.

Entre los principales hallazgos se destaca el desco  nocimiento de las rutas de afiliación por parte de la población de interés y los funcionarios responsables, así como una brecha en la atención y la cobertura en ciertas zonas geográficas y para la población más vulnerable. Estos hallazgos se encuentran en un pa  norama en el que la falta de documentación de per  manencia sigue siendo la principal barrera de acceso al sistema de salud de la población refugiada y mi  grante.
De acuerdo con el monitoreo de protección de DRC, el 5,2% de la población encuestada entre abril y agosto de 2021 refiere la necesidad en salud como el principal motivo para migrar a Colombia, donde cuentan con servicios precarios y carecen de los tra  tamientos pertinentes para enfermedades crónicas y de alto costo. Además, el 54,4% huyó de Venezuela debido a falta de recursos, incluyendo la escasez de medicamentos y otros elementos básicos de salud. 

Frente a esta situación, el Distrito de Barranquilla es considerado un lugar de destino y un posible lugar de  permanencia por la población refugiada y migrante venezolana, debido a su dinámica socioeconómica. Una encuesta aplicada por OIM en 2019 a población con vocación de permanencia en Colombia identificó que el 51,1% de los participantes eligieron residir en la ciudad por su escenario propicio para el desarrollo de oportunidades laborales.
En este contexto resulta pertinente la implemen  tación del ETPV porque responde a la necesidad de regularizar a la población venezolana, de manera que se garantice su acceso a derechos, entre estos la salud. Sin embargo, el monitoreo de protección de DRC muestra que el 26.9% de la población que cuenta con documentación regular de permanencia no se encuentra afiliado al SGSSS. Las principales razones que argumentaron al respecto fueron: no conocer el procedimiento  ( 47.6% ) , la negación de la afiliación  ( 23.8% )  y la falta de información sobre el tema  ( 14.3% ) . A esto se añade que, a pesar de la socialización de las normas y lineamientos estableci  dos para el acceso a salud de la población migrante por parte de las entidades competentes, aún existe desconocimiento de los funcionarios al respecto. En consecuencia, la población encuentra barreras para acceder a la afiliación al SGSSS, incluso cuando cuen  ta con la documentación requerida. 

Esto demuestra que la población con estatus migra  torio regular o en proceso de regularización también enfrenta riesgos de protección, los cuales serán desa  rrollados en este informe.
6.2 SERVICIOS LIMITADOS PARA MIGRANTES Y REFUGIADOS CON ESTATUS IRREGULAR

Tanto las autoridades territoriales como los repre  sentantes de las organizaciones humanitarias que apoyan la afiliación de la población refugiada y mi  grante al sistema de salud coinciden en que la falta  de documentación es una de las principales barreras. 

En esta misma línea, el equipo del Área de Asegura  miento en Salud de la Alcaldía de Barranquilla se  ñala que como consecuencia de las dificultades de afiliación al sistema se generan mayores costos para atender a la población migrante en situación irregu  lar. Además, muchas veces la población de interés en situación irregular tiene patologías de alto costo y 20 solo se puede tratar en urgencias. 

Así mismo se identifica como grupos más vulnerables a las mujeres gestantes, muchas con más de las 34 se  manas de embarazo, que no han accedido a contro  les y chequeos médicos, lo que genera riesgos adicio  nales. Las personas con dependencia de fármacos y con problemas de salud mental también constituyen una población de alto riesgo, debido a que requieren atención y tratamientos continuos, al igual que la po  blación con enfermedades crónicas, que requieren  seguimiento permanente y controles especializados.
6.5 MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN COMO RETO PARA AFILIACIÓN

Las entidades de salud del Distrito expusieron como barrera el alto índice de movilidad de la población refugiada y migrante, lo que dificulta los trámites de afiliación. El desplazamiento de la población de in  terés dentro del país y los movimientos pendulares entre Colombia y Venezuela se presentaron como di  ficultades adicionales por los actores entrevistados en el monitoreo de protección. 

Se identificaron casos de personas que están afilia  das a una EPS que no corresponde a su municipio de residencia actual. Tal es el caso de personas que llegaron en un primer momento a otra ciudad de Co  lombia y luego se trasladaron a Barranquilla sin soli  citar el traslado de EPS, ya sea porque desconocían cómo hacerlo o porque no lograron llevar a cabo el trámite. Estas personas expresaron que se encontra  ban sin prestación de servicios de salud en su nuevo lugar de residencia o que estaban a la espera de que se hiciera efectivo su traslado, el cual depende de que la EPS cuente con sede en su municipio.
6.6 

XENOFOBIA, DEMORAS EN LA AFILIACIÓN Y REQUISITOS NO CONTEMPLADOS POR LA LEY

A pesar de que la Ley 100 de 1993 establece el dere  cho a la atención de urgencias, varias personas con estatus migratorio irregular consultadas en las ac  tividades del monitoreo de protección en los meses de abril a agosto de 2021 expresaron que encuentran dificultades en la atención y que deben pagar por las consultas y los medicamentos suministrados, lo que no está contemplado por la ley. Otros participantes señalaron que les niegan elementos básicos como sueros y catéteres, exigiéndoles su compra para ga  30 rantizar la atención. 

En los grupos focales realizados se identificó que los refugiados y migrantes conocen dónde acceder a servicios de urgencias, sin embargo, indicaron que la prestación de servicios y la atención por parte del personal es deficiente. Incluso hay quienes conside  ran que han sido víctimas de xenofobia y discrimina  ción.
6.3 NECESIDAD DE FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SOBRE REQUISITOS PARA AFILIACIÓN A SALUD 

Tanto la población refugiada y migrante como los funcionarios identificaron como una barrera la fal  ta de un canal de comunicación e información clara frente a los requerimientos para la afiliación a salud. La falta de estrategias de comunicación dirigida a la población, y la escasa formación a los funcionarios públicos han limitado el impacto de la legislación del gobierno para abordar las necesidades de la pobla  ción de interés, dado que los cambios no se han co  municado de manera sistemática y explícita.
En un informe de 2020, la Personería de Bogotá afirmó que el barrio Santa Fe es uno de los lugares donde habita un número importante de personas migrantes transgénero.16 Por décadas, esta zona ha sido un referente de estancia, habitad y trabajo para la población transgénero en la ciudad.
Según los representantes de organizaciones que fueron entrevistados19, la población trans en este barrio refiere que la discriminación sistemática y la exclusión social por su identidad y expresión de género les incentivó a migrar. Además, DRC ha identificado que es común que las personas transmigrantes estén en situación migratoria irregular y no cuenten con ningún documento de identidad, lo que acentúa las barreras de acceso a derechos y procesos de regularización migratoria20.
Estas barreras conllevan a que muchas migrantes venezolanas  ( cisgénero y transgénero )  se vean obligadas a ejercer sexo por supervivencia y así cubrir sus necesidades más apremiantes. Muchas veces, estas personas deben someterse a las condiciones que algunos propietarios de establecimientos de trabajo sexual les imponen, sacando provecho de su situación de vulnerabilidad21.
una de las organizaciones comunitarias entrevistadas23 afirmó que en Santa Fe existe una exposición permanente a enfermedades como VIH24, tuberculosis y sífilis. La persona entrevistada afirmó, además, que el enfoque diferencial en la atención a la población trans y la población que realiza actividades de sexo por supervi  vencia en contextos de explotación sexual es limitado en los centros de salud de la zona. En general, las organizaciones señalan que hay estigmatización por parte de los profesionales de la salud con respecto a las personas que contraen enfermedades de transmisión sexual  ( ETS ) .
Estas familias están conformadas por un total de 81 personas, todas de nacionalidad venezolana; se destaca la presencia de 36 menores de edad  ( 18 niños y 18 niñas )  y 55 adultos  ( 24 hombres y 21 mujeres2 ) . Además, se identificaron personas con necesidades específicas de protección como 6 adultos mayores  ( ‘sabedores' de la comunidad ) , todos con limitaciones de movilidad, una persona transgénero y un bebé de 11 días de nacido.
Actores de institucionales distritales reportaron en el Consejo de Seguridad para las Mujeres de la localidad de Los Mártires  ( en abril de 2021 )  que existen alertas urgentes de riesgo de feminicidio para migrantes25. Sin embargo, las rutas de atención no siempre ofrecen respuestas oportunas ni integrales a las mujeres afectadas, por su situación migratoria irregular. Esto se evidencia en el hecho de que los servicios de protección  ( casas refugio )  del Distrito no dan respuesta a las sobrevivientes de VBG que no están afiliadas al SGSSS.
en primer lugar, se identificó que existen percepciones, creencias y barreras socioculturales al hablar sobre sexualidad y reproducción como un derecho. Segundo, se evidencia que la salud sexual y reproductiva  ( SSR )  tiende a asociarse con la salud materna31, y a partir de allí se hace referencia al acceso a métodos anticon  ceptivos, educación sexual y prevención de prácticas de riesgo. Tercero, existe también un mayor grado de dificultad para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de perfiles con mayor grado de vulnerabilidad.
Con relación al primer punto, cabe señalar que el estigma, los estereotipos y los mitos en torno a la sexualidad se convierten en barreras para hablar sobre este tema y conllevan a prácticas de riesgo, como no usar condón en las relaciones sexuales32.
Respecto al tercer factor identificado, los grupos focales permitieron reconocer algunos determinantes de los riesgos de vulneración del derecho a la SSR de los refugiados y migrantes venezolanos, entre ellos: la falta de orientación, educación sexual y acceso oportuno a servicios de SSR en Venezuela; así como la desinformación en Colombia, donde el sistema de salud tiene un fun  cionamiento diferente.
En el Plan Nacional de Respuesta ante las ITS, el VIH, la Coinfección TB/VIH y las Hepatitis B y C  ( 2018  2021 ) 46, se priorizó a varios grupos poblacionales, incluyendo a las personas vulnerables por desplazamiento y migración. Sin embargo, no se priorizó a la población con necesidad de protección internacional, ni se hizo mención específica de un objetivo en relación con la población refugiada y migrante.
El 72% de las personas encuestadas no tenía permiso de residencia en el momento de la entrevista, lo cual constituye una barrera para la seguridad laboral, la vivienda y el acceso a los servicios públicos. De manera similar, alrededor del 65% de las personas encuestadas informaron que todos los niños, niñas y adolescentes en su hogar son indocumentados y el 14% declaró que solo algunos NNA en su hogar tienen un permiso.
De los que no tienen permiso de residencia, el 54% ya había solicitado uno, el Estatuto Temporal de Protección  ( ETPV ) , 15 mientras que el 44% le gustaría solicitarlo, pero no contaba con la información necesaria. Los participantes de la DGF también señalaron la falta de información sobre el permiso, al afirmar que no entienden las diferentes fases del proceso de solicitud.
El acceso a la justicia es limitado. Solo el 15% de las personas encuestadas que sufrieron un delito o tentativa de delito presentaron una denuncia. Aquellas personas que no presentaron una denuncia, con mayor frecuencia no lo hicieron por desconfianza en la policía/instituciones  ( 53% ) , temor a represalias por parte de los perpetradores  ( 31% )  y discriminación  ( 21% ) . Según información cualitativa adicional, muchas personas venezolanas desconfían de las autoridades en general debido a su interacción con las autoridades en Venezuela.
Solo el 37% de las personas encuestadas se sentían seguros en el lugar donde vivían. La delincuencia común, los riesgos relacionados con los desastres naturales y el consumo de drogas son las principales razones por las que las personas encuestadas se sienten inseguras. Las personas que participaron en la DGF mencionaron que no permiten que sus hijos salgan de casa como un mecanismo de mitigación de riesgos.
La discriminación percibida contra personas refugiadas y migrantes es relativamente alta: El 41% de las personas encuestadas se han sentido discriminadas, principalmente por su nacionalidad. Los lugares donde más percibieron discriminación fueron la calle/lugares públicos, el lugar de trabajo y la comunidad/barrio: los mismos lugares donde los riesgos de protección están más presentes. Los datos desagregados indican que la discriminación percibida fue mayor entre las personas entrevistadas en la localidad de Metropolitana  ( asentamiento de Bajo Manhattan )  en comparación con otros lugares de recolección de datos.
Existen grandes diferencias de las personas encuestadas entre la ocupación en su país de origen y la ocupación en Barranquilla. Los datos indican que hay más personas encuestadas que se dedican a la venta ambulante  ( del 3% al 29% )  o que están desempleadas  ( del 2% al 12% )  en Barranquilla, en comparación con sus ocupaciones en Venezuela. En los dos asentamientos informales donde se recolectaron datos, una parte considerable de las personas encuestadas eran recicladores, según observaciones adicionales compartidas por los encuestadores.
Falta de documentación adecuada16  ( 81% ) , falta de oportunidades de empleo  ( 55% )  y falta de recursos para comprar insumos  ( 40% )  fueron las principales barreras reportadas para acceder a un empleo digno y empezar un emprendimiento. Según los participantes del DGF, las dificultades de los empleadores para verificar referencias e historial laboral también son una barrera para acceder a oportunidades de empleo. Además, los empleadores a menudo solicitan un “Permiso de trabajo en altura' como requisito previo para trabajos en la construcción y otros sectores
La ansiedad financiera y el estrés son altos entre las personas encuestadas: el 43% de los hogares de las personas encuestadas depende de una sola persona que obtiene ingresos. El 31% de las personas encuestadas informa que los ingresos del hogar nunca son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el 59% de ellas puede cubrir las necesidades básicas del hogar sólo a veces. Los datos desagregados indican que solo el 34% de las personas encuestadas que están empleadas cubren siempre las necesidades del hogar, y este porcentaje baja al 20% entre las personas independientes y 8% entre las que son vendedores ambulantes.
Las estrategias del hogar para hacer frente a la falta de recursos financieros incluyen reducir las porciones de alimentos para todos los miembros del hogar  ( 69% ) , pedir dinero prestado  ( 61% ) , priorizar la seguridad alimentaria para los miembros más vulnerables de la familia  ( 52% )  y reducir otros gastos como servicios públicos, ropa y el alquiler  ( 50% ) .
La tasa de matriculación en educación y cuidado de la primera infancia es limitada, particularmente entre las personas recién llegadas. Mientras que el 45% de las personas entrevistadas dice que sus hijos e hijas de 0 a 5 años están inscritos en una guardería o en un centro infantil administrado por el gobierno local o nacional, el 32 % dice que sus hijos e hijas no tienen acceso a guarderías, lo que impide que los padres trabajen, según los datos cualitativos. Las principales razones de la falta de acceso a las opciones de cuidado infantil se relacionan con la falta de documentación  ( 39% ) , cupos disponibles  ( 31% )  y recursos económicos  ( 24% ) , y una red de apoyo que pueda cuidarlos  ( 20% ) .17 Las personas que participaron en la DGF mencionaron que las guarderías a menudo requieren un registro de nacimiento apostillado para la inscripción, que muchas veces los padres no lo tienen.
En teoría, se dispone de un mejor acceso a los servicios de salud, pero existe confusión entre personas refugiadas y migrantes sobre cómo acceder a ellos. Al presentar una solicitud al gobierno de la ciudad, las personas refugiadas y migrantes sin seguro pueden recibir un documento oficial que certifique que no tienen suficientes recursos para cubrir los gastos médicos y que se les debe brindar atención médica pública gratuita. Varios participantes de la DGF no sabían acerca de esto. Algunos participantes también mencionaron que, en 2021, los hospitales/centros públicos comenzaron a exigir este documento como requisito previo para acceder a la atención médica.
El acceso a Internet es limitado, lo que obstruye el acceso a la información, las herramientas y los servicios en línea y evitando que las personas migrantes y refugiadas puedan mantenerse en contacto con la familia: el 46% de las personas encuestadas no tiene acceso regular a Internet en el hogar y el 37% solo tiene acceso ocasionalmente. Los datos desglosados indican que las personas encuestadas que viven en asentamientos informales tienen menos acceso a Internet.
El acceso a los servicios públicos es inadecuado. Solo el 66% de las personas encuestadas tenía acceso adecuado al agua18 y el 54% a un baño privado en su hogar. El acceso a un baño dentro de la casa fue menor entre las personas encuestadas que vivían en las localidades de Metropolitana y Suroccidente. Si bien el 96% de las personas encuestadas indicó tener acceso a la electricidad, datos cualitativos adicionales indican que dicho acceso puede no ser legal, ya que el robo de electricidad de la red eléctrica es común en estos asentamientos.
Barranquilla tiende a no ser un lugar seguro para personas refugiadas y migrantes venezolanas. El 63% de las personas encuestadas reportaron conocer personas refugiadas y migrantes que enfrentaron riesgos de protección mientras estaban en la ciudad y el 39% habían sido víctimas directas de un delito o intento de delito. Según la información compartida por el equipo de recolección de datos del proyecto, la mayoría de personas encuestadas no estaban dispuestos a compartir detalles específicos por miedo, ya que los perpetradores viven en el mismo asentamiento. Entre los riesgos de protección mencionados con mayor frecuencia se encuentran el robo, la violencia no física  ( acoso ) , y la explotación laboral/trabajo forzoso.
Sin embargo, al momento de la publicación de este informe, la normatividad no contempla la afiliación al SGSSS para los migrantes provenientes de Venezuela que no cuentan con los documentos de identificación mencionados en la Resolución 0974 de 2016 y/o que ingresaron de manera irregular a Colombia después del 31 de enero de 2021.
La revisión de datos secundarios reveló que las mujeres gestantes que no cuentan con afiliación al sistema de salud por su situación migratoria irregular enfrentan barreras de acceso a los controles prenatales y los exámenes paraclínicos esenciales. De acuerdo con una investigación de Profamilia, la atención de controles prenatales ocupa el segundo lugar en el ranking de necesidades insatisfechas en salud de la población refugiada y migrante en Riohacha
Muchas comunidades Wayuú que estaban asentadas en territorio venezolano se han visto obligadas a reubicarse en territorio colombiano, y aunque se debería reconocer su estatus binacional y garantizar su acceso inmediato a servicios, esto no sucede porque el acuerdo entre Colombia y Venezuela que lo permitía no está vigente. De hecho, el 39% de las personas que reportaron estar en riesgo de apatridia en la encuesta hogar pertenecen a la etnia Wayuú. Por esta razón, cuando se trata de acceder a servicios de salud, la población Wayuú que no tiene nacionalidad colombiana enfrenta barreras similares a las que enfrenta la población migrante proveniente de Venezuela en situación irregular.
De acuerdo con la Resolución 6408 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, la atención de urgencias “busca preservar la vida y prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante el uso de tecnologías en salud para la atención de usuarios que presenten alteración de la integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y con cualquier grado de severidad que comprometan su vida o funcionalidad
La encuesta hogar del monitoreo de protección arrojó que el 2,5% de las mujeres monitoreadas son sobrevivientes de VBG. Como lo indicó una trabajadora social del hospital de Maicao, haber sufrido este tipo de violencia implica que estas mujeres se enfrentan a múltiples secuelas físicas y psicológicas, por lo cual requieren atención continua e integral. Sin embargo, existen barreras de acceso a atención psicológica y psiquiátrica para esta población cuando no están afiliadas al sistema de salud. Además, a través de las entrevistas con actores clave en la ciudad de Maicao se identificaron brechas en el acceso de la población refugiada y migrante adulta a la profilaxis posterior a la exposición, lo cual les niega la posibilidad de contrarrestar la infección de VIH.
Las personas mayores de 60 años tienden a tener mayores índices de condiciones médicas serias y según el monitoreo de DRC el 45,2% de personas adultas mayores de 60 años presentan condiciones médicas serias. Estas enfermedades requieren tratamientos y medicamentos, pero la falta de documentación es una barrera para obtenerlos. Además, incluso cuando las personas cuentan con afiliación al sistema enfrentan dificultades para acceder a consultas y exámenes especializados, por ejemplo, la escasa disponibilidad de agendamiento de citas.
( SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR ) 
De acuerdo con los datos del monitoreo de protección, el 22,6% de las familias encuestadas señalaron
la documentación como una barrera para acceder a
salud, siendo la segunda más frecuente después de
la distancia entre la vivienda y los centros médicos
 ( 27,6% ) .
El 40,2% de los encuestados en el monitoreo de protección indicaron que no están afiliados a una EPS. El 31,4% de esta población reportó que se debe a la falta de información, el 16,3% a que no sabe cómo hacer la afiliación, el 11,6% a que se la negaron y el 40,7% señaló “otro' motivo.
En los grupos focales que se realizaron para el informe y en las actividades del monitoreo de protección de la oficina de DRC en Riohacha se identificó que las diferencias lingüísticas y culturales pueden derivar en barreras para el acceso de personas de la etnia Wayuú a servicios de salud de calidad.
Por otro lado, personas migrantes provenientes de Venezuela sin pertenencia étnica también reportaron en las actividades de recolección de datos que han sido objeto de actitudes, conductas y mensajes xenófobos al acudir a un centro de salud. De acuerdo con los resultados del monitoreo de protección, el 2,5% de los encuestados entre enero y diciembre de 2021 calificó la discriminación como una barrera para el acceso a la salud.
Esta barrera también la perciben los niños, niñas y adolescentes migrantes en Maicao y Riohacha, de acuerdo con un diagnóstico de la Fundación Renacer, en que el 51% de 70 menores entrevistados reportó haber sufrido xenofobia o discriminación, y el 7% de ellos expresó que la discriminación ocurrió en entidades prestadoras de servicios de salud.
Las enfermedades psicológicas también han afectado a esta población. El 34,3% de las personas que han sido entrevistadas por DRC en el monitoreo de protección en Medellín11 manifestó haber experimentado síntomas leves de ansiedad, el 31,6% niveles moderados y un 28,4% niveles severos. Asimismo, el 30,2% expresó padecer síntomas leves de depresión, el 29,5% síntomas moderados, mientras que un 28,8% indicó síntomas leves. Estas afectaciones a la salud mental podrían estar conectadas con los complejos procesos de tránsito migratorio que deben afrontar las personas, como lo han señalado algunos estudios
, el COVID 19 ha afectado a la población venezolana, con 5.032 casos reportados a 202014, es decir, el 0,8% de los contagios en Antioquia. Esta cifra, sin embargo, podría tener un grave problema de subregistro, pues la mayoría de los reportes se han venido haciendo a través de las Entidades Promotoras de Salud  ( EPS ) , de las que están excluidas muchas personas venezolanas.
A través de las actividades del monitoreo de protección de DRC, las personas han manifestado dificultades de acceso a los servicios de salud, principalmente por no contar con la documentación requerida, de forma que gran parte de la población no asegurada se ve forzada a considerar la solicitud de citas particulares
el alto costo de los servicios privados y la precariedad socioeconómica de esta población hacen muy difícil iniciar o dar continuidad a tratamientos médicos; incluso, en grupos focales realizados en julio y agosto de 2021 algunos participantes indicaron que los centros de salud les cobraron los servicios de urgencias y quedaron debiendo dinero
La falta de recursos económicos también afecta a núcleos familiares con afiliación al SGSSS que deben costear el valor del transporte a las citas médicas, medicamentos no cubiertos por la EPS y cuotas moderadoras
La desinformación, a su vez, coexiste con prejuicios y prácticas discriminatorias que han sido documentadas sistemáticamente en los informes producidos por el equipo de protección de DRC Medellín. Las personas venezolanas perciben tratamientos irrespetuosos basados en su nacionalidad por parte de profesionales médicos y personal administrativo 45
Sin embargo, no todas las prácticas discriminatorias se basan per se en la nacionalidad, sino también en precauciones de tipo aparentemente jurídico, pues muchas personas asumen que hay una prohibición legal para brindar atención y aseguramiento a personas venezolanas
Los vacíos informativos y la xenofobia desde las instituciones públicas pueden causar y agravar actitudes en las personas de interés, que funcionan como barreras “autoimpuestas' para acceder al SGSSS.
Otra gran barrera identificada son las limitaciones de los sistemas y plataformas de gestión de información del SGSSS. Así, si bien el Sistema de Afiliación Transaccional  ( SAT )  fue creado hace dos años a través del Decreto 1818 de 201950, solo hasta 2020 empezó a utilizarse, y los operadores y agentes del SGSSS aún continúan en un proceso de conocimiento51; adicionalmente, se han identificado problemas de articulación entre las entidades territoriales y las IPS para el diligenciamiento y manejo de esta plataforma
Desde el 2 de enero de 2022, se reportaron enfrentamientos entre grupos armados no estatales  ( GANE )  en áreas rurales de la zona fronteriza de Venezuela, afectando particularmente los municipios de Saravena, Fortul, Tame, Arauquita y Arauca, del lado colombiano y en algunas zonas del Estado Apure en Venezuela. Como consecuencia, más de 3.131 personas se encuentran confinadas  ( en su mayoría comunidades indígenas ) , más de 2.643 personas colombianas han debido desplazarse de sus territorios, y alrededor de 705 refugiados y migrantes venezolanas y colombianos retornados han llegado a territorio colombiano a causa de las confrontaciones armadas del lado venezolano.
A través de contraste de cifras realizado con las personerías municipales, desde el día 2 de enero de 2022, 6.4792 personas han sido afectadas, de las cuales el 44 por ciento corresponde a menores de edad  ( 21% niños y 23% niñas )  y el restante a hombres  ( 28% )  y mujeres  ( 28% ) .3
Entre ellas 2.643 por desplazamiento forzado interno  ( 89 son de nacionalidad venezolana y ya residían en el país ) , 705 Personas con Necesidades de Protección Internacional4 quienes se vieron afectadas por los enfrentamientos entre GANE en territorio venezolano  ( 138 personas Colombianas Retornadas ) . También, 3.131 personas afectadas por confinamiento5  ( 66 venezolanos confirmados en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación  AETCR  de Filipinas )  quienes en su mayoría son pertenecientes a comunidades indígenas, y debido a las amenazas indirectas de los GANE se han visto limitadas en la realización de sus labores diarias.
Las personas venezolanas con declaración ante ministerio público  ( 155 en total ) , incluidas las 66 del AETCR Filipinas, todas se encuentran en estado irregular, a la fecha de aplicación de la Evaluación Rápida de Necesidades 18 de ellas estaban a espera de entrega de PPT y 10 estaban gestionando proceso de Pre registro.
• Seguridad alimentaria: se requiere la entrega de asistencia alimentaria en los diferentes puntos donde hay llegada de población afectada. También se hace necesario evaluar con las comunidades los proyectos relacionados con medios de vida agropecuarios que se pueden impulsar en las comunidades priorizadas.