nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
el cambio en la dinámica social por cuenta de la contingencia sanitaria agudizó las condiciones de vulnerabilidad de mujeres y personas de orientación sexual diversa, en particular de aquellas dedicadas al trabajo sexual o sexo por supervencia.
Hasta la semana epidemiológica analizada la razón preliminar nacional de mortalidad perinatal y neonatal tardía es de 14,1 muertes por cada 1 000 nacidos vivos, en la tabla 8 se observa que en 19 entidades territoriales la razón es superior a la del país. Las 5 entidades territoriales con las razones más altas son Chocó  ( 34,9 ) , Vaupés  ( 33,7 ) , Vichada  ( 32,0 ) , Buenaventura  ( 24,1 )  y San Andrés y Providencia  ( 22,1
El registro en los casos de violencia de género aumentó considerablemente durante la pandemia y, de acuerdo con el organismo, esto se debió al confinamiento. Las mujeres se vieron obligadas a pasar todo el tiempo con sus agresores para poder suplir sus necesidades y las de sus familias
Es necesario el acompañamiento con campañas de salud a comunidades afectadas, especialmente aquellas que no poseen agua potable debido a enfermedades que pueden surgir en los damnificados, como son infecciones cutáneas, respiratorias y gastrointestinales, como la Hepatitis A, Diarrea, Meningitis, Pediculosis, Leptospirosis, disentería, entre otras.
• El presidente indígena, junto con los voluntarios de la Cruz Roja reportan 350 familias afectadas, 27 viviendas averiadas, 1 institución educativa afectada.
Según cifras de Migración Colombia con cor  te a septiembre de 2020, se encuentran ra  dicados en Colombia 1.715.831 migrantes venezolanos. Dicha cifra corresponde a un incremento de más del 325 % de la mi  gración venezolana en el país en menos de 3 años
En particular, algunos PDT de ciudades como Cúcuta y Rio  hacha relacionan la llegada de población mi  grante con el incremento de la inseguridad por hurtos, afectaciones en la movilidad vehicular y acceso a otros servicios básicos en la ciudad
los ciuda  danos venezolanos privados de la libertad representaron el 1,1 % del total nacional de personas privadas de la libertad, según cál  culos del Observatorio Migración Venezue  la a partir de información del INPEC.
Hay que recordar que solo las personas que tienen condición migratoria regular pue  den afiliarse al sistema de salud, es decir el 44,8 % de la población migrante proveniente de Venezuela. Sin embargo, de la población que tiene PEP, y que por ende podría afiliar  se a salud, solo el 41 % se encuentra afiliada,
Según información de la Gran En  cuesta Integrada de Hogares  ( GEIH )  de octu  bre de 2020  ( año móvil ) , a nivel nacional, el desempleo de la población migrante que hace 12 meses vivía en Venezuela se ubica en 21 %, frente a un 15,2 % de las personas que vivían en Colombia hace 12 meses. Asimismo, la in  formalidad laboral para migrantes venezola  nos era cercana al 90 % frente a una tasa del 60 % para los colombianos  ( Observatorio del Proyecto Migración Venezuela con base en información de la GEIH de febrero de 2020 ) , situación que tiene efectos negativos en la inserción laboral y calidad del empleo de la población migrante en el país.
A semana epidemiológica 52 de 2020 se han notificado 1 020 casos de lesiones por pólvora pirotécnica en el país. Con respecto al 2019 se presenta una marcada disminución en la notificación de casos de 18,7 %  ( 234 )  para el mismo periodo
Según datos de la ECV de 2019, se esti  ma que cerca del 40 % de esta población en edad de estudiar  ( 5 a 17 años )  no asiste a un plantel educativo. Entre las principales ra  zones de esta desescolarización se encuen  tran el abandono de su lugar de residencia  ( 45,2 % )  o la falta de cupos en instituciones educativas  ( 21,5 % ) , situación que agrava condiciones preexistentes de bajos niveles educativos, en la medida en que, según da  tos de la misma encuesta, cerca del 15,2 % de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos presentan analfabetismo, cifra que duplica lo registrado para niños, niñas y adolescentes colombianos  ( 8,2 % ) .
Se requiere atención a grupos poblacionales vulnerables que presentan casos positivos de COVID 19 y que requieren atención diferencial, como comunidades indígenas en el Meta  ( 2.407 casos confirmados )  y Guaviare  ( 394 )
Mortalidad perinatal y neonatal tardía A semana epidemiológica 53 de 2020, se han notificado 9 083 casos de muerte perinatal y neonatal tardía  ( MPNT )  de los cuales 161 corresponden a casos residentes en el exterior por lo que no se incluyen en el análisis. En esta semana se notificaron 128 casos, de los cuales 85 corresponden a esta semana y 43 a notificaciones tardías.
Entre el 01 de agosto y el 30 de septiembre ocurrieron 23 masacres dejando un número total de 100 víctimas directas. En cuanto a los secuestros, fueron 16 eventos con un total de 39 personas secuestradas. También se presentaron 20 víctimas de desaparición forzada. Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó son los departamentos más afectados.
En línea con los datos presentados, la Defensoría del Pueblo y el Equipo Humanitario País resaltan aumentado de los enfrentamientos entre actores no estatales, la presencia de MAP/MUSE/AEI y la proliferación de grupos armados y su expansión territorial.
Los departamentos Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Nariño siguen siendo los que concentran el mayor número de hechos victimizantes. El departamento de Antioquia es el que mayor cantidad de víctimas concentra en el periodo de análisis, seguido por Norte de Santander, Chocó y Nariño.
The 2019 HNO for Colombia estimates that 409,000 IDPs were in need of humanitarian assistance in 2019.36 This represents seven per cent of the 5.6 million people esti  mated to be living in internal displacement in the country at the end of 2019.
En relación con los tipos de violencia que más afectaron a esta población el año pasado,el informe de la Defensoría mostró quela violencia psicológica fue la de mayor registro con el 42%, seguida por la violencia económica  ( 27% ) , la violencia física  ( 18% )  y la violencia sexual  ( 6% ) . Asimismo, el documento evidenció que de los 515 casos atendidos por la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría el 84% correspondió a personas en condición migratoria irregular.
Aunque la cifra representa una disminución de 6,4 % del flujo migrante de febrero a septiembre de 20201, se espera que una vez se abran las fron  teras y continúe la reactivación gradual de la economía colombiana se presente una nueva ola migratoria desde Venezuela
El 50,4 % de esta población está compues  ta por hombres y el 49,6 % por mujeres  ( Gráfico 2 ) . Además, por rangos de edad, la mayor pro  porción de población migrante se encuentra en edades entre los 18 y 29 años, sin dejar de lado que también hay una proporción importante de personas entre 0 y 17 años de edad  ( Gráfico 2 ) . Estas características hacen que la población migrante en Colombia sea, en promedio, más joven que la connacional e implica necesidades de atención y acceso diferencial a derechos.
Tan solo cinco departamentos en Colombia concentran más de la mitad de la población venezolana radicada en el país, con el 57,5 %. Entre estos se encuentran Bogotá, con 19,5 %; Norte de Santander, con 11,2 %; Atlántico, con 9,2 %; y Antioquia y La Guajira con 8,9 % y 8,7 % respectivamente  ( Tabla 1 ) . En particular, la migración venezolana se ha concentrado en las principales ciudades, ya que es allí donde se encuentran las principales fuentes de empleo y oportunidades económicas para establecerse.
Otra de las características de esta migra  ción reciente es que, el 55,2 %  ( i.e. 946.624 )  de los migrantes venezolanos radicados en el país se encuentra en condición irregular, al haber ingresado al país por pasos no permitidos, no haber realizado control migratorio, superar el tiempo de permanencia en el país o no contar con la documentación o visado requerido para permanecer en el país2
Por otra parte, quienes se encuentran en condición irregular  ( i.e. el 55,2 % )  no pue  den afiliarse al sistema de salud, pero pueden acceder a atención por urgencias. La aten  ción por evento en urgencias genera cargas financieras importantes para el sistema de salud, dado que la atención por evento a la población no asegurada implica asumir el costo de cada atención de manera individual, incrementando de esta forma los costos del servicio. Por el contrario, cuando las personas están afiliadas, el riesgo de salud se distribu  ye entre todos los afiliados, lo que hace que el costo per cápita sea inferior a cuando la per  sona no se encuentra afiliada.
hasta el 16 de enero de 20212, fecha hasta la cual se mantendrá el cierre de fronteras terrestres y fluviales con Ecuador, Panamá, Venezuela, Perú y Brasil, con algunas excepciones en el marco de emergencia humanitaria o motivos de fuerza mayor.
Nuevamente se encendieron las alarmas en diferentes barrios de Bucaramanga durante el puente festivo de Reyes, ante las amenazas de algunos migrantes venezolanos quereaccionaron con agresividad al no recibir ayudaspor parte de los habitantes que estuvieron en sus casas cumpliendo con las restricciones de toque de queda en medio de la pandemia.
Como prioridad pidió que lo ayuden con recursos para adquirir las vacunas contra la covid 19, sobre todo para inmunizar a los migrantes venezolanos que se encuentran en situación irregular en Colombia, ya que los regulares podrán acceder al plan de vacunación nacional.
Este hecho se registró en el barrio Fontana de Bucaramanga donde hay gran presencia de comunidad venezolana, que debido a la crisis económica que atraviesa su país, se ve obligada a pedir ayudas. Sumado a ello,denuncian que los migrantes no acatan las normas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, lo que se podría convertir en un foco de contagio.
VIVIENDA El 80% de los hogares encuestados están en situación de arriendo o subarriendo. La mitad  ( 49% )  de los hogares encuestados enfrentan una situación de incertidumbre respecto a su situación de vivienda en un corto plazo. La principal razón para ello corresponde a no tener capacidad de pago. El 38% de los hogares se encuentra en situación de hacinamiento  ( más de tres personas por cuarto o habitación ) .
En los hogares de panel, la percepción de ser discriminado por motivos de nacionalidad se mantiene en un 45%. El 7% de las personas conocen a alguna mujer que durante el aislamiento obligatorio experimentó alguna situación de violencia por parte de su pareja, expareja o algún familiar. El 11% de la población respondió que ha tenido que realizar algún tipo de oficio, labor o actividad sin la posibilidad de retirarse voluntariamente cuando lo han querido hacer, lo que puede indicar un riesgo de trata y tráfico.
El país en este momento cuenta con cerca de 11.700 camas de cuidado intensivo, lo que representa un crecimiento

de más del 50% comparado con marzo de 2020, cuando se tenían 5.300 camas
Bogotá al 11 de enero presenta 92% de ocupación, presentando un incremento con 250 solicitudes de UCI promedio en la última semana.
La ocupación de camas UCI a nivel nacional supera el 72% y particularmente en Antioquia, Bogotá, Cauca, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca supera el 80%.
El Ministerio de Salud y Protección Social reporta que a 15 de enero del 2021, 1.849.101 casos han sido diagnosticados con el coronavirus en Colombia. Actualmente 47.491 personas han fallecido, 117.775 personas siguen enfermas y 1.683.835 personas se han recuperado del coronavirus en Colombia
En los próximos días, se empezarán a aplicar 1,5 millonesy el millón restante llegará en julio para las segundas dosis de los trabajadores.
Hasta el momento, la ANDI ha recibido solicitudes demás de 5.900 empresas,de las cuales 650 están afiliadas al gremio. En total, estas buscaban vacunar a 1,7 millones de empleados, pero como el margen habilitado es para 1,25 millones, se espera que en adelante se puedan abrir nuevas negociaciones.
Algunas entidades bancarias como Bancolombia, BBVA, Bancamía o Banco Credifinanciera ya han confirmado que vacunarán de sus empleados a los que lo deseen. Por ejemplo, el primero le dijo a EL TIEMPO que adquirieron a través de este programa 21.527 vacunas.
The second rainy season of 2020 has greatly affected the national territory.
According to a November 2020 IDEAM report, 25 departments are currently on red alert due to flooding, the number of affected populations surpassed 260,000 people among 308 municipalities. Historically, La Guajira, Magdalena and Norte de Santander have been departments greatly affected by the floods, landslides, mass movements and gales.
• Mujeres gestantes/lactantes: El 28% de los hogares tiene al menos una mujer gestante y/o lactante. El 65% de estos hogares consumen dos comidas al día o menos, y uno de cada tres de estos hogares ha tenido que pedir dinero en la calle para comprar comida.
COMUNICACIÓN El 33% de los hogares de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela no cuentan con acceso a Internet. De los hogares que pertenecen a un grupo étnico particular, el 60% no tienen acceso al internet. Para los hogares que sí tienen acceso, el medio más común por el cual acceden es el celular. La red social de mensajería ‘WhatsApp' es el medio preferido para recibir información sobre la evaluación, elegido por el 78% de las personas encuestadas.
El 54% de las y los jóvenes perdieron su trabajo por el cierre de las empresas o por despido
Desde el 13 de mayo, según información de comunidades indígenas, se presenta un confinamiento de al menos 93 personas  ( 23 familias )  del cabildo Guaquira  ( etnia Muina Muru ) , debido a la instalación de aproximadamente 200 minas antipersonales por parte de grupos armados organizados  ( GAO )  con presencia en la zona; además dichos grupos desinstalaron todo el sistema de internet y estarían teniendo enfrentamientos entre ellos en este territorio.
De las Convalidaciones radicadas, 17.130 solicitudes han sido resueltas de manera positiva, mientras que 4.364 trámites restantes han tenido respuesta negativa. Asimismo, 13.605 solicitudes fueron evaluadas bajo el criterio de Evaluación Académica y 7.889 han sido tramitadas mediante el criterio de Acreditación.
El 50 % del desplazamiento se concentró en el departamento de Nariño,los demás en Cauca, Putumayo, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar Y Norte de Santander.
Este tipo de violencia generó 90 desplazamientos masivos, en los cuales 28.509,que conforman 8.192 familias, fueron expulsadas de sus viviendas y de sus municipios.
Aumenta significativamente las emergencias humanitarias en el 2020  ( 1.361 casos )  en comparación con los años anteriores, para el 2019  ( 1.137 casos )  aumenta 20% y a 2018  ( 508 casos )  en 167%, el aumento progresivo en los hechos victimizantes o afectaciones a la población civil, hace prever que en el 2021 se seguirán incrementando las emergencias humanitarias.
En relación con los casos de violencia basada en género  ( VBG )  en el marco del conflicto, la Defensoría del Pueblo informó haber atendido 122 casos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado en los primeros 4 meses de 2020. Por su parte, desde el Consorcio MIRE se atendieron 12 requerimientos individuales en los meses de agosto y septiembre de 2020. Por VBG son de resaltar los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cundinamarca.
The population located in the flooding zones may be severely affected. They are at heightened risk of losing access to safe water and the complete loss of livelihoods and household items. Additionally, they may experience multiple health problems and lack of access to essential healthcare services. The floods may also increase contagion rates of COVID 19 in the affected regions, due to possible agglomerations in confined spaces and the shortage and/or lack of personal protective equipment  ( PPE )
In urban and peri urban areas affected by floods, the main disruptions consist in the partial or full paralysis of the economic sectors, which provides access to essential services or are the most important income sources for large segments of the population, such as food production and commerce, clothing, communications, transportation, among others. In rural areas the food security, nutrition and livelihoods of the population is mainly affected by the loss of crops and livestock. As a result, there can be an enormous disruption in peoples' livelihoods, that creates the pressing need to alleviate the population's shortened or terminated income sources, that makes people unable to meet basic needs.
En el Valle del Cauca, aunque las fronteras del departamento siguen cerradas para el ingreso y salida de enfermos de coronavirus  ( decisión que se tomó la semana pasada, hay traslado interno de pacientes. La mayor preocupación es apoyar la capacidad operativa de Cali, donde la Secretaría de Salud reporta una ocupación total de UCI del 96,6 por ciento.
50. Excombatientes que se dedican a la política local han reportado casos de estigmatización y problemas de seguridad por la actividad política que llevan a cabo en Caquetá, Huila, el Meta y el Valle del Cauca. Garantizar la seguridad de los excombatientes en las elecciones de 2022 fue uno de los compromisos contraídos por FARC y el Gobierno durante la Peregrinación.
De los asesinatos de excombatientes ocurridos en 2020, el 75 % tuvieron lugar en zonas rurales, el 75 % en municipios con cultivos ilícitos y el 72 % en municipios donde se están implementando programas de desarrollo con enfoque territorial  ( PDET ) . El 78 % de los asesinatos de líderes sociales y defensores y defensores de los derechos humanos tuvieron lugar en zonas rurales, el 98 % en municipios con economías ilícitas, en especial producción de drogas y minería ilegal, y el 45 % en municipios PDET.
42. El envío de brigadas de salud a los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación ha proseguido sin interrupciones. Según el Ministerio de Salud, en torno al 80 % de las personas que se beneficiaron de las brigadas en 2020 eran miembros de la comunidad y el 64 % eran mujeres.
28. La violencia se concentra en departamentos específicos. En 2020, el mayor número de asesinatos de excombatientes se ha registrado en el Meta  ( 11 ) , el Valle del Cauca  ( 8 ) , el Cauca  ( 8 ) , el Chocó  ( 7 ) , el Putumayo  ( 7 ) , y Nariño  ( 6 ) , mientras que el mayor número de homicidios de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos se ha registrado en el Cauca  ( 12 ) , Norte de Santander  ( 9 ) , el Putumayo  ( 8 ) , el Valle del Cauca  ( 5 )  y el Chocó  ( 4 ) .
Este año han sido municipios del Chocó, Antioquia y el Cauca sobre los que más alertas tempranas ha emitido la Defensoría del Pueblo. La concentración de la violencia en estos departamentos pone de manifiesto que es importante adoptar estrategias adaptadas para mitigar los riesgos y atender las necesidades específicas de estas zonas.
ARTÍCULO 11. Pedagogía sobre los procesos de inmunización contra la Covid 19. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá realizar campañas pedagógicas dirigidas a los ciudadanos, sobre el funcionamiento y los procesos de inmunización contra la Covid 19, con el objetivo de consolidar el aprendizaje, conﬁanza y diálogo en torno a la vacunación.
44. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 1.222 excombatientes  ( incluidas 161 mujeres )  se identifican como personas con discapacidad. En noviembre, la Agencia puso en marcha una iniciativa piloto para determinar las necesidades de 220 de ellas. El programa CaPAZcidades, financiado por la Unión Europea, incluye apoyo para facilitar servicios de rehabilitación funcional, pero todavía no se ha presentado al Consejo Nacional de Reincorporación.
87. En diciembre, la Defensoría del Pueblo informó de que, entre marzo y septiembre, había registrado el reclutamiento forzado de 83 niños y adolescentes  ( incluidas 34 mujeres )  por varios grupos armados ilegales, principalmente en Caquetá y el Cauca, con 21 y 19 casos respectivamente. Veinte de esos niños son indígenas y dos son afrocolombianos.
82. Los excombatientes y las excombatientes de origen étnico siguen teniendo dificultades para acceder a oportunidades de vivienda y proyectos productivos adaptados a sus circunstancias específicas, y el Consejo Nacional de Reincorporación todavía no ha creado una mesa técnica sobre cuestiones étnicas, como lo recomendó la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos.
12. Las condiciones de seguridad de los excombatientes y las excombatientes en la zona fronteriza entre los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare se han deteriorado considerablemente en los últimos meses. Aprovechando que la presencia del Estado es limitada, grupos disidentes de las FARC EP han ampliado su ámbito de actuación y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos y saboteando sus iniciativas políticas y sociales, poniendo así en peligro el proceso de reincorporación. Varios dirigentes locales de FARC se han ido de la zona por motivos de seguridad y se han mostrado reacios a regre sar.
10. Desde la firma del Acuerdo Final, la Misión ha verificado 248 asesinatos de excombatientes  ( incluidas 6 mujeres ) , 21 de ellos en el período sobre el que se informa  ( incluidos los de 2 mujeres, 3 indígenas y 2 afrocolombianos )  y un total de 73 en 2020, así como 55 intentos de homicidio  ( incluidos los de 3 mujeres )  y 20 desapariciones  ( todas ellas de hombres ) .
32. En octubre, el Ministerio de Vivienda expidió un decreto por el cual los excombatientes pasaron a ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda rural. En noviembre, el Gobierno expidió un decreto por el que autorizó a asignar predios rurales del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado a proyectos productivos de excombatientes, y el Congreso aprobó legislación sobre vivienda para víctimas y excombatientes, cre ando así una vía para que accedan a oportunidades de vivienda.
99. En las zonas mencionadas en el párrafo 12, donde los grupos disidentes de las FARC EP plantean mayores riesgos para excombatientes y comunidades, los incidentes relacionados con la seguridad también afectaron al personal de las Naciones Unidas. En octubre, miembros de un grupo disidente de las FARC  EP obligaron a un equipo del ACNUDH, la Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo a salir de sus vehículos e incineraron el vehículo del ACNUDH en La Macarena  ( Meta ) . Asimismo, en el período sobre el que se informa, un equipo del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas fue detenido por un grupo armado ilegal en Toribío  ( Cauca )  y dos equipos de la UNODC en Puerto Rico y Solita  ( Caquetá )  tuvieron que ser evacuados tras ser interrogados por actores ilegales.
11. Las amenazas de grupos armados ilegales están llevando a excombatientes a abandonar los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y las nuevas áreas de reincorporación colectiva en varias regiones. Se ha reubicado a 191 excombatientes con el apoyo del Gobierno. No obstante, en algunos casos los excombatientes no notifican su decisión de irse por miedo a que aumenten l os riesgos para su seguridad. En muchos casos sus familias, incluidos hijos y cónyuges, se quedan atrás, con poco apoyo institucional.
15. Desde la firma del Acuerdo Final han sido asesinado s 25 excombatientes  ( todos ellos hombres )  mientras esperaban respuesta a su solicitud de protección de la Unidad Nacional de Protección. Es preocupante que siga habiendo más de 1.000 solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación. Logr ar el acceso equitativo de las excombatientes a esquemas de seguridad y protección sigue siendo un desafío pese a la circular interna distribuida por la Subdirección Especializada en abril, en la que solicitó a su personal que asegure el acceso equitativo de hombres y mujeres a los esquemas de protección.
23. En el período sobre el que se informa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  ( ACNUDH )  recibió información de 42 asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes sociales  ( 1 documentado y 41 en proceso de verificación ) , con lo que este año suman en total 53 asesinatos verificados  ( incluidos los de 11 líderes indígenas y 2 líderes afrocolombianos ) , 5 de ellos de mujeres, y 74 casos en proceso de verificación. Desde la firma del Acuerdo Final, el ACNUDH ha reportado 378 asesinatos  ( incluidos los de 44 mujeres, 6 personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales  ( LGBTI ) , 69 líderes indígenas y 15 líderes afrocolombianos ) . En el período sobre el que se informa, el ACNUDH ha reportado también 13 asesinatos de numerosos civiles, mientras que otros 10 incidentes están en proceso de verificación. En 2020 han sido asesinados 269 civiles, incluidos 24 niños y niñas y 19 mujeres, en 69 incidentes de este tipo.
25. Partidos políticos de todo el espectro político reportaron actos de violencia contra sus miembros, tales como el asesinato de tres miembros del movimiento político Colombia Humana en Antioquia, el Cauca y Huila, el asesinato de una concejala de Puerto Guzmán  ( Putumayo ) , perteneciente al Partido Conservador, y de su marido, excombatiente de las FARC EP, y las amenazas contra el Senador José Obdulio Gaviria, reportadas por el partido Centro Democrático. Estos actos ponen de manifiesto que es importante disponer de fuertes medidas de prevención y protección para todos los partidos políticos, entre otras cosas mediante el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. En diciembre, el Sistema activó su mesa de género, que se centrará en medidas para proteger a las mujeres miembros de partidos políticos.
79. Los líderes sociales y los defensores y defensoras de los derechos humanos pertenecientes a la comunidad de personas LGBTI sufren una discriminación adicional y tienen un acceso limitado a medidas de protección. En noviembre, personas de la comunidad LGBTI, dos de ellas víctimas registradas del conflicto, fueron desplazadas en Tumaco  ( Nariño )  debido a amenazas. En diciembre, un líder LGBTI fue asesinado en Antioquia. En octubre, la organización no gubernamental Colombia Diversa presentó un informe a la Comisión de la Verdad en el que se documentan más de 30 casos de violencia, incluidos casos de violencia sexual y torturas, contra personas LGBTI durante el conflicto en los departamentos de Nariño, el Putumayo y Tolima.
86. Actualmente se benefician de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2.191 hijos e hijas de excombatientes, 389 de los cuales se encuentran en antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Las partes siguen diseñando un programa para impartir educación a hijos e hijas de excombatientes hasta los cinco años de edad. Con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres  ( ONU Mujeres ) , y en coordinación con FARC y el Gobierno, se construyeron zonas de guardería en cinco antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
Los niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas y afrodescendientes están entre los estudiantes que han visto más afectados sus derechos de acceso a la educación, así como también a recibir una educación acorde con su cultura y en su lengua materna indígena.
En América Latina y el Caribe, de acuerdo al último informe de CEPAL/UNESCO  ( 2020 ) 1, son más de 150 millones de estudiantes de 26 países que no están asistiendo a la escuela de manera presencial.
Like the vast majority of Wayuu communities, Epieyu's community does not have access to clean water and relies on dirty, possibly contaminated sources.
Pese a los importantes esfuerzos desplegados por los estados, la situación de la mayoría de estudiantes de pueblos indígenas es doblemente crítica, pues se requiere que el acceso a la educación vaya de la mano de un servicio pertinente y de calidad.
Wayuu farmers are no longer self sufficient. They have to buy vegetables, fruit, meat and milk they once produced themselves. Families have been reducing portion sizes, skipping meals and relying on less nutritious foods.
En la semana epidemiológica 17 de 2021 se notificaron 163 muertes maternas, 123 corresponden a mortalidad materna temprana  ( ocu  rridas durante el embarazo, parto y hasta los 42 días de terminada la gestación ) , 29 tardías  ( ocurridas desde el día 43 hasta un año de ter  minada la gestación )  y 11 por causas coincidentes  ( lesiones de causa externa ) . Se observa un aumento del 24,2 % en la mortalidad materna temprana respecto al 2020
Para la semana epidemiológica 17 de 2021 se observó un aumento significativo en las muertes maternas tempranas comparado con el promedio histórico en las entidades territoriales de Antioquia, Arauca, Guaviare, Magdalena, Santa Marta, Valle del Cauca y Cali y disminución en la entidad territorial de Cauca
Los países participantes en el mecanismo COVAX también fueron invitados a presentar propuestas para la iniciativa “Primera Ola', un programa piloto global para recibir anticipadamente una cantidad limitada de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech dentro del total de su cuota asignada. Fueron 72 países de todo el mundo los que presentaron solicitudes que fueron evaluadas por un comité independiente con base en criterios de riesgos e impacto de la pandemia, las tasas de mortalidad de las últimas semanas, así como la cantidad de dosis disponibles y la factibilidad para su uso inmediato por parte de los países. El comité seleccionó a 18 países a nivel global, de los cuales 4 son de a la región de las Américas: Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú. La suma de dosis de vacuna Pfizer/BioNTech que recibirán estos 4 países será de 377,910 y se espera que lleguen a partir de mediados de febrero, sujetas al establecimiento de los acuerdos de suministro UNICEF y OPS con el productor, según comunicó COVAX.
La Organización Panamericana de la Salud  ( OPS )  informó hoy que COVAX   coalición liderada por la OMS y Gavi para asegurar el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID 19   notificó a países de las Américas sobre la dotación estimada de dosis para la primera fase de entrega de vacunas contra la COVID 19, a través de una carta a sus autoridades de salud. Recibieron dicha carta 36 países y territorios que participan en COVAX, con información sobre el número estimado de dosis de la vacuna de AstraZeneca que podrían recibir a partir de la segunda mitad de febrero y a lo largo del segundo trimestre de 2021.
He had been attending a technical college in the Pacific coast city of Tumaco. But classes were cancelled in March as the COVID 19 pandemic erupted, so he and other students began spending their newfound free time playing soccer. That caught the attention of Los Contadores, a gang whose members began hanging around the soccer field, bragging about their exploits and flashing weapons.
in Colombia and elsewhere, there are fears that the desperation engendered by the pandemic could draw a new generation into a life of crime.
These days legal job opportunities are limited, and drug smuggling drives much of the economy.
The gunmen start wooing potential recruits by handing out cash, clothes and cell phones, the lawyer said. They romance young women and sometimes get them pregnant so they feel obligated to join. They will even provide groceries and prescription drugs to win over the families of the youths they covet. The youngest recruits start out as part time lookouts. Full timers receive weapons, monthly stipends of $300 to $600, plus a motorcycle.
“The dynamic has changed during the pandemic,' said a Tumaco based lawyer who has regular contact with the region's criminal groups, and requested anonymity. “For many families, the money that these groups offer is their best option and their only option.'
The Bogotá based Coalition Against the Involvement of Children and Young People in Colombia's Armed Conflict, or COALICO, reported that at least 190 minors were recruited during the first six months of 2020   five times the number it tracked a year earlier. This likely represented only a small percentage of the actual cases, given the fear many families have of reporting such episodes.
Several armed groups have stepped into the vacuum, like Los Contadores, that are led by so called dissident FARC members who have rejected the peace process, rearmed, and now focus almost exclusively on smuggling drugs. Another key player is the National Liberation Army, or ELN, a 55 year old guerrilla army long overshadowed by the FARC that is now expanding. All of these groups battle for control over territory and trafficking routes and compete for young recruits.
In Colombia, although millions of students in urban areas have switched to online learning, small towns and villages often lack decent Internet service and are sometimes off the grid altogether.

That's the case in and around Arauquita, a town located just across the Arauca River from Venezuela. There, virtual learning has been impossible because most kids lack computers, telephones and access to the Internet, said Joel Llanes, the local human rights official.
Openly denouncing the recruitment of youngsters in Candelillas would be foolhardy, so Angulo attacks the problem in a roundabout fashion. We Are Youths, We Are the Future sponsors soccer matches, reading programs, clean up campaigns, dance lessons and movie nights in the Candelillas town park.
That was the case in May, she said, when 45 teenagers showed up at a ranch in northern Colombia. They thought they were to be employed as farm laborers. But the property turned out be a makeshift induction center run by a drug smuggling group called the Gulf Clan.
El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos  ( ETPV )  iniciará su primera fase aproximadamente en abri
La principal causa de desplazamientos en el país fueron los enfrentamientos entre grupos como el ELN, el EPL, el Clan del Golfo y disidencias de las Farcque se disputan los territorios, y cometen otros delitos como amenazas, homicidios, violencia sexual, reclutamiento, secuestro y siembra de minas antipersona.
Climate change in La Guajira compounds serious failures of governance   including extremely poor access to basic services and limited government efforts to root out localcorruption  that have triggered a malnutrition crisis.
Many Wayuu people travel hours by foot, bicycle or donkey to get water from often poorly maintained wells or jagüeyes, natural aquifers that are entirely rain dependent. Without clean, ample water, hygiene suffers, bringing diarrheal diseases   which are disproportionately high in La Guajira.
Without significant government action, the problem of malnutrition will only worsen as the climate crisis intensifies. By the end of the century, scientists project that averagetemperaturesin La Guajira will be 4.14 degrees Fahrenheit higher, whilerainfallwill be 30 to 40 percent lower.
Además, esta estrategia contribuye a nuestra meta del cuatrienio consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, que consiste en lograr que 3'030.000 personas tengan acceso a agua potable por primera vez y 3'280.000, a soluciones de saneamiento básico. En lo corrido del gobierno, ya hemos llevado soluciones de agua potable por primera vez a 1'409.659 personas y soluciones de saneamiento a 1'427.960 personas.
But over the past decade, those seasonal rains have become even less frequent. Water sources have shrunk, and withering crops and dwindling livestock have followed. Prolonged droughts and rising temperatures in recent years have disrupted long standing Wayuu planting practices and left the land with thelargest amount of desertificationin the country.
Rainfall in La Guajira hasreached historic lowssince 2012. In some of those years, residents told us, it did not rain at all. These droughts have been attributed in part to repeated El Niño events, which haveincreased in frequencydue to climate change. In 2020, La Guajira has hadrecord high temperatures.
The past decade has been thewarmest in recorded history. Governments around the world have been reluctant to implement policies to effectively slow climate change, preferring to view its impacts as part of an abstract, distant future. But, for communities such as the Wayuu, the consequences of climate change have already arrived   and their children are bearing the cost.
A traditional Wayuu authority, Daniel Epieyu, told us how his community, deep in the La Guajira desert, copes with this new reality. “Our children eat maybe once a day, in the form of chicha,' he told us, referring to a drink made of boiled corn. “If there isn't any, they'll pass the day not eating.'
Malnutrition is one of the largest adverse health impacts of climate change around the globe, especially for children, according to theWorld Health Organization. In La Guajira, children die of malnutrition at a ratenearly six timesthe national average and the stateleads the countryin childhood mortality due to malnutrition. While death rates for children younger than 5 have in recent years decreased globally, including in Colombia, the rate hasconsistently increased in La Guajira. Meanwhile, many Wayuu children who do survive suffer from chronic malnutrition, which compromises their health and development into adulthood.
En 2020, la población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional  ( ELN ) , disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes para protegerlos.
Al menos seis civiles murieron entre marzo y junio durante operativos policiales para erradicar los cultivos de coca  la materia prima con la que se elabora la cocaína  en varias partes del país, según informaron los medios de comunicación y organizaciones locales de derechos humanos.
También en septiembre, la Corte Suprema dispuso que el gobierno debía adoptar medidas para evitar los abusos policiales durante las protestas, como por ejemplo reforzar la supervisión de los agentes, revisar los protocolos sobre uso de la fuerza y suspender el uso de escopetas calibre 12.
En reacción a la decisión de la corte, el presidente Duque y otros líderes del Centro Democrático hicieron declaraciones que parecían estar orientadas a desacreditar o intimidar a la corte y socavar la legitimidad de la decisión. Propusieron reformar completamente el sistema judicial y unificar las altas cortes en un único tribunal, una medida que podría socavar gravemente la independencia judicial en el país.
Territorial contests between armed groups continued to afflict populations in rural areas. Suspected Revolutionary Armed Forces of Colombia  ( FARC )  dissidents 5 Dec killed at least four members of indigenous community in Santander de Quilichao municipality, Cauca department  ( south west )
La razón nacional preliminar de mortalidad materna a semana epidemiológica 18 es de 57,3 muertes por cada 100 000 nacidos vivos. La razón de mortalidad materna superior a 100 muertes por cada 100 000 nacidos vivos se observó en las entidades territoriales de Santa Marta, Magdalena, Chocó, Guaviare, Casanare y Risaralda
National Liberation Army  ( ELN )  guerillas 3 15 Dec imposed armed strike in Iscaundé and Guapi municipalities in south western Nariño and Cauca departments respectively, prohibiting car and boat transport and reportedly confining over 4,000 people to their homes. Suspected ELN combatants 27 Dec killed family of five, including former FARC combatant, in Montecristo municipality, Bolívar department  ( north ) .
Para la semana epidemiológica 18 de 2021 se observó un aumento significativo en las muertes maternas tempranas comparado con el promedio histórico en las entidades territoriales de Arauca, Bogotá, Guaviare, Magdalena, Santa Marta, Valle del Cauca y Cali y disminución en la entidad territorial de Cauca
En respuesta a la pandemia de Covid 19, el 8 de abril de 2020, el gobierno de Bogotá estableció una cuarentena por géneros. A pesar de que el decreto incluía disposiciones que tenían en cuenta a las personas transgénero, hubo denuncias de casos de abusos policiales contra personas transgénero y no binarias. Bogotá puso fin a la cuarentena por géneros el 11 de mayo.
La higiene femenina es un desafío para las mujeres caminantes, dada la falta de acceso a instalaciones de saneamiento y productos de higiene femenina  ( FLM 24/09/2020 ) .
Para los estudiantes afrodescendientes en países como Colombia, Ecuador y Guatemala en los que se venía avanzando con experiencias de atención diferenciada, tanto de etnoeducación como de Educación Intercultural Bilingüe, no se han encontrado respuestas y estrategias de atención educativa particulares para ellos, ni se cuenta con materiales educativos en sus lenguas.
La violencia de género, incluso perpetrada por grupos armados, es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención o acceso a la justicia luego de hechos de violencia. Los responsables de violentos delitos de género rara vez responden ante la justicia.
En el municipio de Tumaco, donde hay altísimos índices de violencia sexual, incluso perpetrada por grupos armados, las mujeres enfrentan una multiplicidad de obstáculos para obtener protección y justicia.
Es probable que América Latina sufra una profunda recesión como resultado de la reducción del 7,7% del PIB regional en 2020
en general las autoridades no han procesado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos. Hasta septiembre de 2020, se habían producido avances muy limitados en las causas contra, al menos, 29 generales del Ejército investigados por falsos positivos.
En septiembre, el abogado Javier Ordoñez murió a manos de policías que le aplicaron reiteradas descargas con una pistola táser. La muerte movilizó a cientos de colombianos a salir a las calles y realizar manifestaciones mayormente pacíficas. La policía respondió con un uso de la fuerza que en muchos casos habría sido excesivo, y estos hechos dejaron 13 personas muertas y cientos de heridos.
A pesar de que en Colombia existen sólidas protecciones legales a la orientación sexual y la identidad de género, la Defensoría del Pueblo ha expresado preocupación por los altos niveles de violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.
En Colombia el aborto únicamente es legal cuando la vida o la salud de la persona embarazada están en riesgo, el embarazo es resultado de violación o el feto presenta complicaciones incompatibles con la vida extrauterina. Pero las mujeres y las niñas que solicitan abortos legales enfrentan muchos obstáculos.
Las poblaciones indígenas de Colombia están afectadas por niveles desproporcionados de pobreza que obstaculizan la posibilidad de que gocen plenamente de sus derechos sociales y económicos. En 2019, al menos 64 niños y niñas de menos de cinco años  en su mayoría de las comunidades indígenas wayuus  murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición y acceso limitado al agua potable segura. Las acciones insuficientes del gobierno y el confinamiento por el Covid 19 han exacerbado la crisis de desnutrición de los wayuus.
Colombia adoptó la Ley 1996 de 2019, que reconoce la plena capacidad legal de las personas con discapacidades. La capacidad legal se ha considerado un derecho mínimo porque es fundamental para el disfrute de los demás derechos, como el derecho a contraer matrimonio, tener una familia, realizar transacciones financieras y ejercer derechos políticos. En 2019, una clínica jurídica y un ciudadano particular impugnaron la constitucionalidad de la Ley 1996. Se encontraba pendiente una decisión de la Corte Constitucional cuando se preparó este documento.
La cifra incluso supera la proyección que el Banco Mundial le dio al país en noviembre,en la que esperaba US$6.491 millones en remesas y 2,4% del PIB nacional.
Además, es la más alta que se ha presentado al menos desde 2000 cuando las remesas fueron de tan solo US$1.578,0 ,millones. El crecimiento ha sido sostenido y, por ejemplo, hace cinco años la cifra llegaba a US$4.635 millones.
En un año de crisis global con contracción de la demanda por exportaciones, aplazamiento de la inversión y con caída del consumo, el único motor para la economía colombiana fueron las remesas de quienes viven en el exterior', comentó Jorge Restrepo, docente de Economía de la Universidad Javeriana.
El director de Migración precisó que para este 2021 se espera comenzar a implementar el sistema biométrico de identificación. Este mecanismo servirá para identificar y caracterizar a los venezolanos en Colombia.
Higiene: Los caminantes carecen de acceso a productos de higiene personal  como jabón y desinfectantes para las manos  así como a instalaciones para lavarse las manos, que son fundamentales para la prevención de la COVID 19
A lo largo de sus viajes, las mujeres corren el riesgo de ser acosadas, maltratadas y sometidas a la xenofobia por miembros de grupos armados y bandas criminales, así como por agentes de policía o miembros de las comunidades de acogida
Durante el viaje, los caminantes están expuestos a otros tipos de enfermedades, como las transmitidas por el agua y las transmitidas por insectos, las enfermedades de transmisión sexual y otros tipos de infecciones. La exposición a condiciones climáticas cambiantes tam  bién tiene efectos perjudiciales para su salud.
Según el gobierno colombiano, en octubre de 2020 había 1,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos en Colombia; de éstos, se estima que 947.000 no estaban en situación regular
Las experiencias traumáticas durante el viaje, como la violencia, pueden causar estrés postraumático o generar otros problemas psicológicos. Se informa que la ansiedad y la depresión son los principales problemas de salud mental, según un estudio de la Universidad Javeriana de Bogotá sobre las necesidades de salud mental de la población migrante venezolana
Al menos 10 millones de niños y adolescentes dejaron la escuela por largas temporadas del año, debido a que muchos de ellos no contaban con acceso a las herramientas requeridas para participar en la educación virtual.
El 15% de estas tarjetas se entregaron a niños, niñas y adolescentes venezolanos; y el 71% de las TMF se concentró en una población entre los 0 a 39 años
La pandemia del COVID 19 ha impactado significativamente a las poblaciones mas vulnerables en Colombia, agravando el impacto humanitario de la violencia armada, dinámicas de pobreza, desastres naturales, flujos migratorios mixtos y significativamente reduciendo los servicios de salud no relacionados con COVID  19. Más de 1.6 millones de casos de COVID 19, el undécimo valor mas alto a nivel mundial y mas de 43,200 muertes fueron reportadas al final del año 20209.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados  ( Acnur )  y la Organización Mundial de las Migraciones  ( OIM ) , 4,6 millones de venezolanos han salido de su país y de estos el 36% ha llegado a Colombia.
En octubre se lanzó un nuevo PEP para aquellos venezolanos que ingresaron al país y sellaron su pasaporte antes del 31 de 2020. Con este documento se espera beneficiar a más de 100.000 venezolanos. Y además iniciamos diferentes renovaciones de las distintas fases del PEP que se espera que beneficie a más de 596.000 venezolanos', precisó Espinosa.
Según anunció el Banco de la República, en 2020 el flujo de estas transferencias fue de US$6.902,9 millones, lo que representó un incremento de 2,5% frente a los US$6.733,2 millones alcanzados en 2019.
Ante la falta de acceso a servicios de salud en los territorios mas remotos, en donde gran parte de estas comunidades viven, la población de estos grupos fue particularmente afectada por la llegada del COVID 19 y en muchos casos decidieron aislarse del exterior conduciendo a un incremento exponencial en su inseguridad alimentaria.