nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
En ocasiones, las condiciones en que las hijas y los hijos se incorporan al sistema educativo, en centros alejados de donde viven y en horarios parciales, también chocan con sus posibilidades de trabajar. La necesidad de compatibilizar responsabilidades y tiempos restringe con frecuencia sus opciones laborales a lo que puedan hacer en sus hogares, el autoempleo, la informalidad y actividades de baja productividad.
La violencia sexual es un obstáculo para acceder o mantenerse en cualquier tipo de trabajo  ya sea empleo o autoempleo , que está sistemáticamente presente. Las mujeres relatan las propuestas que reciben para hacer servicios; las proposiciones provienen de personas conocidas y desconocidas. En las ventas ambulantes, los depredadores sexuales acechan y abiertamente les plantean que prostituyan a las hijas y las adolescentes a su cargo. Cualquier contacto personal con compañeros de trabajo, jefes, clientes o transeúntes, aun si es ocasional, puede convertirse en un abordaje sexualizado. Para protegerse y proteger a sus hijas rechazan empleos, se retiran de ellos o dejan de trabajar en la calle. En ocasiones, son los compañeros quienes, cuando conocen estas agresiones, impiden a las mujeres trabajar, sumando un obstáculo más a sus posibilidades de acceder a medios de vida.
The migrant population has mainly arrived in the principal municipalities to seek for services, establishing informal settlements living in precarious conditions and with high risks mainly for women and adolescents, in Cúcuta mainly Alfonso Gómez in commune 6 and Ciudad de Dios in commune 1, and in Arauca in El Refugio, Jerusalem, Pescado and Brisas del Puente refugees and on the Arauca river banks.
Víctor Bautista, secretario de Fronteras, informó que quieren brindar todo el apoyo necesario a la Fuerza Públicapara evitar que más personas usen las trochas, lo cual impacta en los índices de seguridad en la jurisdicción.“Esta zona requiere un orden importante y estamos seguros que hay que apoyar a la Policía y al Ejército', dijo trassostener que harán seguimiento cada dos o tres días al plan implementado para analizar los resultados.
Según Migración Colombia, para el mes de abril había 1.748.716 venezolanos en Colombia, de los cuales, 45.825 se encontraban en el departamento fronterizo de Arauca. El total de refugiados y migrantes en el departamento representa el 2,6% del total de la población venezolana que vive en Colombia y ubica a Arauca como el segundo departamento con mayor población venezolana  ( 15,4% )  en relación al total de la población que reside ahí.
The economy in the targeted municipality does not offer many job opportunities, especially for migrant and refugee women, IDPs women and women with limited education.
In the case of GBV women and their support network fear to denounce. The KII reveals that in the few GBV cases that have been denounced in the municipality of Arauquita, it was the municipality´s teachers who reported the cases to the authorities.
Bautista destacó que Colombia reabrirá la frontera cuando las condiciones de seguridad y orden estén dadas, por lo que el 1 noviembre podría no darse la reapertura del paso peatonal, como está previsto.Además, informó que las autoridades establecerán un punto de atención en materia de derechos humanos para los migrantes, tal como lo solicitó este viernes la Defensoría del Pueblo.
El 7 de julio Migración Colombia anunció la posibilidad de renovar el Permiso Especial de Permanencia PEP RAMV, del 6 de julio al 14 de agosto, beneficiando a más de 281.000 venezolanos que tienen este permiso y su fecha de vencimiento está próxima a cumplirse. El proceso de renovación se realiza a través de la página web de la institución, es gratuito, y se lleva a cabo en los días designados según el último dígito de documento
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó un total de 1.211 casos de VBG en el departamento de Bolívar durante el 25 de marzo al 2 de junio del año 2019, en cambio para el 2020 durante esas mismas fechas en el aislamiento social, se reportaron un total de 242 casos de VBG en el departamento. Del 2019 al 2020 se presentó una disminución de 969 casos de VBG en el departamento de Bolívar.
Bogotá, 25 de agosto de 2020. Save the Children Colombia rechaza la retención ilegal de tres personas, entre ellas un menor de edad, en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, en días pasados, y exige a los actores armados no involucrar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en hechos de conflicto
In Puerto Lleras the FGD reveals that illegal armed group prohibit homosexuality and target LGTBI population. According to testimonies gay men in Arauquita are assassinated, or forcibly displaced. This may be happening also in other territories of the region under control of IAG, despite it did not emerge from the data collection.
Cartagena   Bolívar Comportamiento de la VBG en el distrito de Cartagena Hasta la semana 20 del año 2020, el distrito de Cartagena ha presentado un total de 269 casos sospechosos de Violencia Basada en Género. Presentando una diferencia de 235 casos respecto al año 2019, el cual había reportado un total de 476 casos a corte de la misma semana. La Institucionalidad en Cartagena refiere lo siguiente: “Es de anotar que la disminución en la notificación de este evento durante las últimas semanas puede obedecer a que las victimas probablemente no están consultando por agresiones físicas, psicológicas o sexuales debido al temor de contraer infección por COVID 19 durante consultas en las diferentes IPS y EPS del distrito de Cartagena'
Teniendo en cuenta la llegada progresiva de migrantes venezolanos al distrito de Cartagena en los últimos años, se puede precisar que un hecho indiscutible es que todos los fenómenos migratorios impactan de manera distinta en hombres, mujeres, niños y niñas, incluyendo a los distintos grupos de edad, estos hechos sin lugar a duda afectan a todos los eventos de interés en Salud Pública, siendo uno de estos, La Violencia Basada en Género, la cual ha reportado en el distrito un total de 233  ( 86,6% )  casos correspondientes a población colombiana y un total de 23  ( 8,6% )  casos correspondientes a la población venezolana. 

Dentro de este reporte, es importante evidenciar los casos de Violencia Sexual según la Nacionalidad, puesto que, para la población colombiana se presentó un total de 88  ( 88% )  casos, y un total de 10  ( 10% ) , para la población venezolana que reside en Cartagena
Paralelamente, se registraron intentos de homicidio y homicidios en personas protegidas por parte de los GAO. Posterior a los eventos, se tuvo conocimiento sobre mensajes amenazantes escritos en la sede de la Alcaldía del municipio  ( evento que es materia de investigación ) .
Esto, teniendo en cuenta que existen comunidades reportadas en este informe que anteriormente han sido desplazadas y confinadas en una y hasta dos ocasiones en lo que va del 2020. De aquí que, existe un alto grado de preocupación por la vulnerabilidad de la población, de líderes y lideresas sociales afrodescendientes e indígenas, mujeres, niñas, niños  ( NN )  e instituciones locales ante nuevos hechos de violencia, y la necesidad imperativa de una intervención integral por parte del Estado, dadas las limitaciones locales para hacer frente a esta situación.
Se tiene conocimiento de casos de decomiso de alimentos realizado por los GAO a las comunidades. A esto se suman denuncias por desnutrición en niños y niñas  ( NN )  y la prohibición de los GAO a las comunidades de salir a ejercer sus actividades de caza y cultivo, que son su principal medio de abastecimiento.
Si bien, aun no se conocen los lugares donde las comunidades desplazadas están siendo albergadas, las comunidades salieron de sus territorios sin sus enceres y elementos básicos de vivienda, por lo que se hacen expresas necesidades en alojamientos.
Debido al gran número de personas desplazadas y confinadas, con el fin de prevenir afecciones de salud, se hace necesario la entrega de filtros de agua para acceder a agua segura.
En Colombia, más de 400.000 niños y niñas menores de 5 años se han visto afectados por hechos relacionados con el conflicto armado como desplazamiento, actos terroristas, reclutamiento, entre otros, según nuestro último informe global sobre la niñez.
One of the main factors that inhibit the access to the limited services available is the lack of knowledge of rights, services and opportunities. For example, in the FGD in Arauquita  ( which included women leaders )  only one person knew how to access the referral pathways and services.
One of the barriers that is reported the most during the field assessment is the lack of adequate, friendly, confidential and non discriminatory responses from the institutions and public servants.
In terms of timing the lack of flexibility in opening hours along with the limited time during which is possible to access the service in the medical centres of rural communities is one of the main constraints.
Para esta ronda, la gran mayoría de los encuestados afirmó tener acceso al mer  cado en el momento de la recolección de datos, sin embargo, el 49% afirmó haber experimentado falta de acceso a la tienda o mercado habitual en los 7 días previos a la recolección de los datos.
Women and girls have limitations to access services in the main cities due to several factors including: the cost of transport, the insecurity of the route, the control perpetuated by armed group over population movements and the unexpected closure of routes due to illegal drugs smuggling.
The behaviours of the public servants are reported to be frequently discriminatory towards Venezuelan women and unprofessional and un  emphatic. This environment discourages women from accessing services.
De los 73 comerciantes entrevistados, un poco más de la mitad  ( 56%: 41 comerciantes )  eran may  oristas  ( vendían tanto a los consumidores y comerciantes )  y la mayoría vendían tanto productos alimenticios como no alimenticios  ( 88%: 64 comerciantes ) .
• A pesar de la disminución de un 37% respecto al año anterior, se destaca doble afectación en el Chocó por el impacto en zonas con población afectada por el conflicto y violencia armada. • El departamento del Meta también registró una alta afectación en varios municipios, dejando pérdidas en cultivos y daños en viviendas y enseres.
In addition, the GBV survivor is not clearly informed about her rights and services available to her. Therefore, GBV survivors cannot request services.
Para ﬁnales de febrero 2020, más de 1.8 millones de venezolanos vivían en Colombia. Desde ﬁnales de marzo, alrededor de un 3% de la población ha retornado a sus hogares en Venezuela, debido  mayoritariamente  a las medidas de aislamiento preven�vo obligatorio, decretadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia de la COVID 19.
Un poco más de la mitad de comerciantes  ( 52%: 38 comerciantes )  comunicaron que tenían dificultades para reponer las existencias en el momento de la recolección de datos. Para estos comerciantes, los artículos más comúnmente afectados fueron el arroz  ( 44%: 17 de 36 comerci  antes ) , el alcohol antiséptico  ( 29%: 11 de 35 comerciantes )  y el jabón de uso personal  ( 29%: 11 de 35 comerciantes ) .
the primary data collection shows it is needed to train health and public servants in order to guarantee quality, empathy, confidentiality in the service in these targeted locations.
The prohibition of movement after 9pm is a severe limitation: if a woman is a victim of violence or needs urgent medical attention at night she cannot reach the hospital for support.
Secondary re victimization of GBV survivors by health and public servants have been reported during the KII and FGD in Arauca.
Desde que se decretó el aislamiento obligatorio en el país, las cifras de violencia basada en género han incrementado. Sólo en Nariño, entre enero y mayo de 2020 se han reportado 584 casos de violencias contra las mujeres, de acuerdo con los datos emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  ( INMLCF ) . Lamentablemente la pandemia ha dejado aún más al descubierto, que uno de los lugares más inseguros para las mujeres es su propio hogar.
Fue así como hombres y mujeres construyeron participativamente una ruta comunitaria de atención a través de la cual pueden identificar los tipos de violencias basadas en género, promover respuestas comunitarias para prevenirlas, conocer y acceder a la institucionalidad respondiente a través del directorio institucional actualizado e impulsar un Comité de Convivencia y Reconciliación Territorial, que vincula también a los hombres de la zona.
La ruta construida es para atender las situaciones de violencia; con la ruta nos organizamos para acompañar no solamente a las mujeres del antiguo ETCR sino también a las de la comunidad', cuenta María, mujer en proceso de reincorporación y participante del proyecto.
Por su parte, los hombres también se motivaron a vincularse en la detección de situaciones de violencia y el impulso de iniciativas comunitarias para promover una sana convivencia, la eliminación de violencias contra mujeres y niñas y el fortalecimiento de la corresponsabilidad en familia.
. In terms of response to GBV the primary data collection identified several problems. First of all, the GBV referral pathways are not active and not functioning. One of the main reported causes is the public servants´ deficient knowledge. The lack of knowledge of the internal pathways and referral procedures is also due to the high rotation in staff. Another reason for the malfunctioning is the obsolescence of the pathway.
Aunque, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ( ICBF )  confirmó el fin de semana que el niño que había sido privado de su libertad en esta zona ya está bajo su protección para el restablecimiento de sus derechos; como ONG, dedicada a velar por la garantía y cumplimiento de los derechos de la niñez, rechazamos todo acto de violencia que involucre la vulneración de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, situación que se recrudeció en las últimas semanas con las masacres perpetradas en Samaniego  ( Nariño ) , el distrito de Agua Blanca  ( Cali )  y Venecia  ( Antioquia ) .
The lack of a psychiatrist in the department of Arauca is a huge gap, therefore psychiatrist care is not available. In relation with psychological care there have been frequent reports of poor and inadequate quality. When psychological care is provided there is no continuity of the care process with the same psychologic is. Survivors have to explain their story several times which affects their mental health and re victimize them. In Arauquita the Hospital has a psychologist who is not sufficient to meet the needs of the reference population.
• La presencia de los frentes 1 y 7 de las Disidencias FARC EP y de grupos armados organizados continúa generando disputas por el territorio y afectaciones en la población civil, principalmente amenazas, reclutamiento forzado, desplazamiento individual que, al no ser de carácter masivo pasan desapercibidas ante la dinámica nacional.
Según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia  ( Coalico )  entre enero y junio de 2020, se registraron 226 eventos de conflicto armado de los cuales 126 implicaron afectaciones directas a niños, niñas y adolescentes.
Más de 4.770 personas recibieron alojamiento temporal desde la Alcaldía de Medellín2. También el Gobierno local habilitó un corredor humanitario para 3.000 venezolanos que deseen retornar a su país, incluyendo servicios de alojamiento temporal y transporte humanitario
La Secretaría de Salud del Distrito indica que en lo transcurrido de la semana epidemiológica 1 a la 15  ( 01 de la cuarentena se han realizado 15 valoraciones por delito sexual y 11 por violencia de pareja.
El 06 de Julio de 2020 la Procuraduría General de La Nación alertó que pese al rápido crecimiento de los contagios en el departamento no se cuenta con la capacidad hospitalaria, los ventiladores prometidos para atender a pacientes críticos, ni se han tomado las acciones financieras y administrativas para la vinculación del personal médico asistencial, la adquisición de medicamentos, elementos de protección personal e insumos necesarios para atender la pandemia. El 07 de julio la entidad declaró ALERTA ROJA con el fin de pedir la conformación de una comisión interdisciplinaria que brinde asistencia en salud al departamento.
Preocupa la recurrencia de desplazamientos en los mismos municipios, por la revictimización de las personas y por el desborde de capacidad para la atención de las necesidades generadas.
Para contrarrestar las acciones de erradicación forzada, ha incrementado la instalación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos como medida de protección y control al acceso de cultivos ilícitos.
1. Desplazamiento Forzado: Durante el segundo semestre de 2019, no se presentaron eventos de desplazamiento masivo en el departamento. Sin embargo, la UARIV registró 488 casos de desplazamiento forzado individual en el marco del conflicto con 424 víctimas  ( 212 hombres, 211 mujeres y 1 LGTBI ) , de las cuales 43 por ciento eran NNA. Las afectaciones recaen principalmente sobre población civil campesina sin pertenencia étnica  ( 88% ) , seguidos por indígenas  ( 6% ) , afrodescendientes  ( 5% )  y raizales  ( 1% ) . La situación de San José del Guaviare es crítica, dado que este municipio concentra el 57 por ciento de los casos de desplazamiento individual14. Las principales causas de estos eventos son las amenazas y agresiones a líderes sociales, homicidios selectivos y reclutamiento forzado de menores por parte de diferentes grupos armados oranizados: las Disidencias de los Frentes 1, 7 y 40 de las antiguas FARC EP, Los Puntilleros y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia  ( AGC ) , así como operativos de la Fuerza Pública15. En las zonas fronterizas con Meta se genera un vacío de atención de parte de las autoridades departamentales que plantean atender únicamente a personas expulsadas de áreas de su jurisdicción territorial. Se evidencia impactos en la población civil relacionados a la violencia armada reflejado en el homicidio de un líder social que se oponía a la erradicación forzada de cultivos ilícitos a finales de junio de 2020, en la vereda Picalojo del Municipio del San Jose del Guaviare 16. El Equipo Local de Coordinación  ( ELC )  enfrenta un reto a la hora de medir y hacer seguimiento a los desplazamientos individuales y sus flujos, por el carácter confidencial de estos  ante el peligro que representan para sus víctimas . El ELC  a través de Consorcio MIRE, Consejo Noruego para Refugiados  ( NRC ) , Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  ( OACNUDH ) , Comité Internacional de la Cruz Roja  ( CICR )  y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia  ( UNMVC )   ha atendido y monitoreado algunos de los casos.
Las consecuencias humanitarias de la violencia armada en el departamento se reflejan en limitaciones a la movilidad, restricciones al acceso de bienes y servicios, confinamiento y desplazamiento forzado individual y masivo, además de las víctimas por accidentes con artefactos explosivos, reclutamiento, utilización y vinculaciones de niños, niñas y adolescentes  ( NNA ) , y la explotación sexual laboral.
6. Comunidades étnicas. La población indígena de Córdoba representa el 10,3% del total de la población, destacándose las etnias Emberá Katíos y Zenú, agrupadas en 3 resguardos legalmente constituidos. Por otra parte, el 13,2% de la población en el departamento corresponde a afrocolombianos, concentrados en su mayoría en el municipio de San José de Uré10. De acuerdo con los eventos desplazamientos presentado el año anterior, el 54% de las personas desplazadas en eventos masivos pertenecían a estas comunidades; igualmente, la mayoría de las comunidades indígenas carecen de titulación de tierras, lo que limita el desarrollo de sus actividades agrícolas para el sustento diario, evidenciando una afectación en el sector de seguridad alimentaria y medios de vida. En estas comunidades11 se evidencia situación de vulnerabilidad con necesidades y vacíos en protección, así como afectación en los sectores de salud y educación. Existe un alto nivel de necesidades humanitarias de índole multisectorial agravadas por la dificultad en la generación y permanencia de los ingresos de las familias. Preocupa que el vacío en la respuesta y todas las consecuencias humanitarias que presentan estas comunidades vulnerables, acentúen los riesgos en protección y causan cambios en las costumbres ancestrales derivados de las limitaciones causadas por las imposiciones y controles impartidos por los actores armados en su territorio. A inicios de 2020, el ICBF alertó sobre el riesgo de desnutrición y muerte en el que se encuentran las comunidades indígenas Emberá Katíos del alto Sinú, luego de la muerte de 2 menores, aparentemente por desnutrición, al menos 30 personas entre niños y adultos fueron remitidos a centros asistenciales en Montería, donde les fueron diagnosticadas y tratadas patologías como tuberculosis, enfermedades respiratorias, diarreicas y malnutrición. De acuerdo con las autoridades de la zona, la situación que padece la población indígena desde inicio de 2019 se debe a la presencia de grupos armados en territorio indígena que ha obligado a las comunidades a desplazarse hacia la ladera de los ríos, limitando sus posibilidades de producir sus alimentos. De acuerdo con la información suministrada a WFP, las personas solo consumen solo plátano y sal, y dependen casi exclusivamente de la asistencia alimentaria que entrega el gobierno y la cooperación internacional por la condición de víctimas de la mayoría de la población. Cabe señalar que esta población dejó de recibir en 2019 el ingreso económico que la empresa Urrá S.A les entregaba cada dos meses, como parte de la compensación económica que debía realizar a la población.
• A pesar de las medidas de aislamiento obligatorio preventivo, a nivel nacional persiste el conflicto armado y la violencia en regiones como Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander, generando desplazamientos masivos e individuales, así como confinamientos producto de la confrontación de grupos armados organizados; al igual que amenazas y homicidios de líderes comunales.
ACCESO HUMANITARIO: • Ante el temor por el aumento de contagio en territorios con débil capacidad de respuesta institucional, las comunidades continúan restringiendo el acceso de personal externo a los territorios o inclusive exigiendo la certificación de la prueba rápida para autorizar ingresos. • Persiste la restricción al acceso humanitario hacia el municipio de Tibú  ( Norte de Santander )  debido a la injerencia, coacción y amenazas de los GAO en los controles entre Tibú   Tarra y Cúcuta – Tibú; se está pidiendo a las personas que ingresan al municipio la prueba rápida de la COVID 19 con resultado negativo y sólo se permite la salida del municipio con regreso en la noche del mismo día. En los municipios del Catatumbo se está solicitando a la población que llega hacer cuarentena obligatoria de 15 días como medida de prevención.
• En Norte de Santander: desde finales de junio hasta la fecha se ha mantenido paro armado silencioso en la subregión del Catatumbo, así como el fortalecimiento y desarrollo de actividades ilícitas en medio de la coyuntura de la COVID 19, lo cual ha generado afectaciones a civiles, violaciones a sus derechos fundamentales e infracciones al DIH; se han identificado aumentos en los reclutamientos forzados, contaminación por MAP, restricciones de acceso, afectaciones a la misión médica, amenazas y desplazamientos transfronterizos por la persistencia del conflicto armado. Así mismo, persisten las erradicaciones forzadas por parte del ejército nacional en medio del aislamiento preventivo.
el fortalecimiento de grupos armados organizados en la subregión del Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta en medio de la crisis sanitaria por COVID 19 ha tenido un impacto en cuanto al aumento de reclutamientos forzados, desplazamientos transfronterizos, restricciones de acceso, y contaminación por MAP. Preocupan los eventos de intolerancia e intimidación a los ciudadanos y al personal médico.
• En Puerto Libertador existe temor entre la comunidad por posibles enfrentamientos entre grupos armados y posibles reclutamientos. Hay zonas en riesgo de confinamiento y desplazamientos individuales, hay mucha tensión en la zona por la presencia de grupos armados. Hasta los primeros días del mes de julio ya se habían desplazado 5 personas de la zona, muchas personas se han desplazado de zonas rurales por trochas hacia Juan José.
At the beginning of the migration influx, the municipality of Arauquita disposed of some shelter facilities, but due to the limited resources it was closed. The FGD revels the shelters did not include a gender approach.
While the urgency of the situation requires immediate protection measures for GBV survivors, the process is not done promptly. When they exist, protection measures are taken only for the woman survivor of violence without assessing the risk of her children or close family members.
In Arauca, even when protection measures are in place, police do not access certain neighbourhoods due to security issues and leave women alone an unprotected. Family support networks are often weak or lacking  ( due to the displacement or the migration that severely undermines pre existing support networks ) .
In the targeted locations to provide protection services to GBV survivors is a key area of concern. Women isolation and vulnerability is increased because there is no official communication line for GBV survivors. Public servants use their personal phone number to communicate regarding GBV cases which generate important problems of ethics and confidentiality.
UNFPA team during the assessment identified that some medical centres were unexpectedly closed even if it was opening hours. Along those lines a similar problem is related with the limited offer of GBV and SRHR services.
In the case of the migrant population, the situation is more severe because Venezuelan women cannot access or request protection measures.
To illustrate in Arauquita  ( in the village of La Paz )  the women's organization AMAR has received previous training, including in GBV prevention. However, there are no existing mechanisms of GBV prevention in place. Also, in Puerto Contreras a few women's groups have been identified and are considered as a capacity. In Puerto Contreras, in the local high school there have been sessions about GBV and sexual and reproductive health and rights. High school reveals to be a positive entry point but they lack resources.
At least 3 settlements with a high proportion of migrant population have been identified. The migrant population lives in critical overcrowding conditions. Up to 10 people live in a room of no more than 2 square metres. Those conditions make gender based violence.
In Arauquita, with the arrival of the migrant and refugee population from Venezuela, there has been an increase in the number of births. To illustrate, in 2015, 56 deliveries were registered and in 2019, the registered deliveries were 196. Considering the limited capacities of the health facilities this escalated birth rate poses further pressure and affects the capacity of the health centres.
In Puerto Lleras, the situation is similar and rapists are murdered by illegal armed groups. When the problem is not solved they seek support from the commander of the illegal armed group  ( not institutions ) . As well the FGD reported that in Arauquita in case of rapes of adolescent's girl's families reach out to the Illegal armed groups to seek “justice'. In those cases, the Illegal armed group intervene with a punishment. However, the FGD reports cases of GBV against Venezuelan women committed by armed forces.
FGD with women reveals that living without a man in the house is a vulnerability factor.
In Colombia, violence escalation was higher in the first semester of 2019 than in any other year since 2012, with 1.248 attacks against the civilian population recorded
From January to July 2019 mass displacement has affected 17.250 people. There are no official figures for individual displacement, but OCHA estimates the total number of new IDPs in the first semester of 2019 to be above 200.000.
Similarly, to the GBV services, as well in relation with SRHR one of the main vulnerabilities is the limited technical knowledge of the health workers.
The presence of these illegal armed actors results in confrontations that cause serious risks and damage to local populations, such as the increase in gender based violence  ( GBV ) , including sexual violence, which has been traditionally used by armed groups outside of the law as a weapon to humiliate the population and exercise control over territories and communities.
There is no shelter home for GBV survivors or women at risk in Arauca. When the organizations are able to obtain a space in a shelter in another city the presence is often for short term. Therefore, it is not convenient for women's recovery and healing process to be relocated too often for short term periods.
Health brigades arrive in Puerto Contreras only once every 6 months and the FGD highlights they attend only people who have contacts with someone in the hospital.
Semanas previas al desencadenamiento de la emergencia humanitaria se obtuvo información sobre las amenazas contra al menos 21 líderes y lideresas sociales, el presidente de un Consejo Comunitario local y civiles  ( algunos fueron evacuados del territorio )  ya sea bajo la acusación de colaborar con uno de los GAO o como forma de control social a través del debilitamiento de los procesos organizativos étnicos.
. To illustrate, the health centre in Puerto Contreras does not offer GBV or SRHR services, it only offers vaccinations. The nearest health facility is in Saravena. However, the transport cost 20.000 COP which is a very high cost for vulnerable population  ( especially migrant women )
More specifically, in relation with the project targeted areas  ( Norte de Santander and Arauca )  forced displacements and violations of human rights have been reported. According to OCHA1 there are important restrictions of access to Catatumbo and human rights violations continue to be perpetrated by the ELN and EPL, which affected more than 154,000 people  ( North Santander ) .
The selected project areas have been affected by different waves of forced displacements. To illustrate, in between March 14 and July 5 20182, in the municipalities of Teorama, Tibu, La Playa de Belén and Hacarí, situations IHL and HR violations have caused the displacement of approximately 16,000 people  ( about 5,168 families )  due to armed actions of ELN and EPL.
IDPs as well as vulnerable host populations are in urgent need of protection and humanitarian assistance to cope with their situation, especially those areas where the State and local institutions do not have the capacity to respond.
Afro Colombian and indigenous populations are disproportionately affected by the consequences of the conflict. Children and youth are specifically vulnerable and prone to forced recruitment, also linked to forced school dropout and exploitation in confinement situations. Due to the unstable situation new waves of forced displacement may happen in the future.
Norte de Santander differs from Arauca because in the last year there have been agreements between armed groups for territorial control, which means that confrontations and murders between one side and the other are not usual. Unlike Catatumbo, there is an internal war between groups, which generates particular dynamics in Arauca because the power over people's lives is absolute, while in Catatumbo the population is at greater risk of falling into the crossfire.
Some of the problems specific to the health sectors are related with the long waiting time in the hospitals that discourage the population in need to access the service.
In all targeted locations, the limited services´ offer at the local health centres is a major vulnerability. To illustrate, In Puerto Lleras health centres offer only vaccinations. In Arauquita in the health centre there is only a Nursing Assistant who lacks the technical skills and knowledge to address cases of SRHR and GBV.
Within the health sector an area of serious concerns is the clinical management of rape. First of all, the assessment identified the hospital assessed do not have in stock a PEP KIT. In addition, staff is not certified and trained in clinical management of rape. The hospitals do not offer 24 hours/7days service, and in some territories, women have to seek antiretroviral drugs.
In addition, in all the targeted areas the access to health services is severely affected by the territorial control of the illegal armed groups. To illustrate, in the rural area of Arauquita municipality, mobility is restricted due to the presence of armed groups, which means that the population does not seek health care in nearby hospitals such as San Ricardo de Pampuri or San Lorenzo hospitals. In Arauquita illegal armed groups established an express prohibition of mobilization from 9 at night.
The women right of choice is undermined by the fact that abortion is not guaranteed in the department and is not accessible to migrant women, because first line of care is provided by personal who aren´t health professionals, administrative authorisation processes prevail.
The presence of illegal armed groups and their controls over the population generates specific dynamics. In Arauquita, intimate partner violence is culturally considered as a private matter. Therefore, women do not seek help and closer relatives and friends prefer to not interfere. People do not go to the authorities  ( Prosecutor Office )  because the illegal armed groups inhibit this. Women survivors of GBV do not go to the authorities because of the fear of being considered as “collaborators' and subsequently punished.
In the municipality of Puerto Contreras, the FGD and KII revealed physical violence against women is a huge concern. As well in this location early pregnancy was reported as one of the main concerns
In addition, it has been reported that the illegal armed groups who control the area execute people who commit sexual crimes. However, when the sexual violence is committed by a member the GAI, it is not punished and the population does not report the crime to the authorities for fear of reprisals.
The appointment for the interview by the CTI in Arauca, is delayed; this affects the administration of justice because there is no response at the same moment in which the punishable conduct is committed. The interview must be conducted by a psychologist, which must be processed with Arauca. The capture order depends on the forensic psychology reports given by the Arauca psychologist. This complex procedure which involves several towns generates delays that discourage women from accessing justice and protection.
Several examples of data collected during the field assessment show the dramatic lack of services and opportunities to support GBV survivors. To illustrate, in Puerto Lleras the public servants reported a recent case of a women survivor of physical, psychological, economic and sexual violence and due to lack of services in the municipality the public servants decided to gather money among them and in order to provide her with an alternative housing.
Also in the town of Arauca, the high rotation of the health staff generates gaps in the capacity, lack of knowledge and the need to train the new staff. Key informants reported the lack of commitment and feeling of belonging of the health staff undermines the quality of health services in general. As a consequence, often the medical procedure does not fully respond to the protocols.
The Justice sector presents specific limitations. First of all, the Prosecutor's Office as well as the Commissioner Office is not served at night or on weekends. FGD shows there are important delays in receiving a complaint. In addition, lack of GBV training and sensitization for the public servants of the justice sector is needed. There is no forensic psychologist at INMLCF  ( Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias Forenses ) .
Most of the delays and justice process shortcomings are due to the demanding procedures. To illustrate: capture orders must be original, and these are issued in Bucaramanga  ( In Saravena they are received via email ) . In cases of sexual violence forensic biology examination is processed in Bucaramanga. The examinations´ results take between 5 or 6 months. The assessment by a forensic psychology is performed in Bucaramanga. In many cases and in order not to further delay the process, the victims assume the cost of the transport.
Migrant and refugee women as an income generation activity sell different kinds of products in the streets. In the municipality people associate this activity with sex work and they discriminate towards Venezuelan women street vendors. Venezuelan women are offered 


any payment for their services. There are reports of Venezuelan women forced to exchange sex because they are given a place to sleep and eat.
El Gobierno Nacional anunció el martes 28 de julio la extensión del Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 30 de agosto; esta nueva extensión tendrá nuevas condiciones y características según los municipios con baja, mediana y/o alta afectación del COVID 19
Preliminary WFP estimates indicate that 10 million people could be at risk of food insecurity in Colombia, of which 3 million are projected to be severely food insecure. It is estimated that 84 percent of Venezuelan migrants in the country are at risk of food insecurity, up from the 55 percent pre crisis levels.
Según ‘Migración Colombia' al 6 de agosto2, más de 95 000 venezolanos habrían retornado a Venezuela de manera voluntaria entre el 14 de marzo y el 3 de agosto de 2020.
• Del 84% de los consumidores que informaron cambios de precios en el mes previo a la recopilación de datos, los huevos y el jabón de uso personal fueron los artículos más frecuentemente mencionados con cambio de precio, 89% y un 49%, respectivamente.
Migración Colombia continúa adecuando los trámites para ser realizados de manera virtual: a partir del 25 de julio ciudadanos colombianos y extranjeros pueden solicitar expedición de certificado de movimientos migratorios y el duplicado de cedula de extranjería en línea. Estos dos tramites se unen a trámites virtuales ya existentes como constancia de salvoconductos de solicitantes de la condición de refugiado y del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización  ( PEP FF )
En el departamento están presentes dos grupos armados, el Ejército de Liberación Nacional y las Disidencias de las FARC; ambos tienen presencia también en el lado venezolano de la frontera. No se identifican enfrentamientos entre ellos, pese a que coinciden en varios territorios. Ambos generan infracciones al Derecho Internacional Humanitario, afectando a la población civil y al medio ambiente, especialmente en razón a los atentados contra la infraestructura petrolera.
Desde el 25 de agosto, se observó el recrudecimiento de los hechos de violencia que culminaron en enfrentamientos entre los GAO el 1 de septiembre, cerca de las comunidades indígenas de Santa María de Condoto, Cristiano, Puerto Manzo, Ajidó y La Ensenada.
I. 1. Conflicto Armado y Desplazamiento Forzado: El ELN históricamente ha estado en todo el departamento y con la desmovilización de las FARC EP se ha fortalecido. Por su parte, las disidencias  autodenominadas Estructura décima Martín Villa  que reúnen a exguerrilleros de los antiguos Frentes 10, 28 y 45 de las FARC EP, comenzaron su reaparición en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauquita en 2018, pero actualmente se mueven por todo el territorio. Según el Registro Único de Víctimas  ( RUV ) , 1.787 personas fueron desplazadas en 2019 en Arauca4. El desplazamiento se presenta de manera individual, causado principalmente por amenazas, homicidios y el riesgo de reclutamiento forzando de NNA, que aumenta en comunidades rurales e indígenas. Este fenómeno no solo afecta a la población de acogida, sino a refugiados y migrantes, quienes también acceden al Registro Único de Víctimas, tras las declaraciones que toman las Personerías en cada uno de los municipios del Departamento. Por otro lado, continúa el ingreso de colombianos retornados, muchos de ellos víctimas de desplazamiento interno, los cuales se encuentran en proceso de declaración. Así mismo, se resalta que entre los meses de agosto y septiembre de 2019, al menos 804 familias, en su mayoría víctimas de desplazamiento, accedieron a la legalización de los asentamientos donde se integraron localmente, en los municipios de Saravena, Tame y Arauca. Sin embargo, persiste el vacío en la respuesta de soluciones duraderas para estas familias.
En muchas ocasiones las mujeres no denuncian por temor a represarías de su agresor, más si este está vinculado a un grupo armado, lo cual genera un subregistro en el número de agresiones. Por otra parte, el sexo por supervivencia es un fenómeno creciente en el departamento. En los municipios de Arauca, Arauquita o Tame, el número de trabajadores sexuales continúan presentando un gran crecimiento, muchas de ellas tienen hijos, los cuales son expuestos a contextos adversos al acompañar a sus madres a trabajar.
Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya que pueblos como los Hitnü practican la caza, pero debido a las restricciones a la movilidad impuestos por los grupos armados, ven limitada la obtención de alimentos por este medio.
9. Emergencia sanitaria por COVID 19 En el Departamento de Arauca a causa de la pandemia se identifican necesidades principalmente en los sectores de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud, Albergue y Educación.
10 Dane   Censo 2018 – Pueblos Indígenas 11OCHA Boletín Diciembre 2019 4 BRIEFING DEPARTAMENTAL 5 7. Desastres naturales El impacto de las inundaciones e incendios forestales es recurrente y cuenta con una limitada respuesta local y departamental. Según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres  ( UNGRD )  y Monitor de Sala Humanitaria durante el año 2020 5.416 personas  ( 1.712familias )  han resultado afectadas, principalmente por las inundaciones y los incendios forestales. Durante el año 2019 el municipio de Arauca fue el más impactado por los incendios, concentrando el 98,3% de los eventos; mientras que Arauquita fue el mayor afectado por las inundaciones, concentrando el 50% de los eventos. A junio de 2020 se han presentado al menos 30 incendios forestales en el municipio de Arauca y 4.636 personas han resultado afectadas por las inundaciones de temporada invernal en el municipio de Arauquita. Las inundaciones suelen ocurrir en los asentamientos informales a la orilla del río, generado afectaciones en los sectores de Albergue, Salud y WASH. Se esperan avances sustanciales en el proceso de análisis, planeación para la creación e implementación del Plan de Contingencia para la Prevención y Atención de Desastres Naturales y Antrópicos en el Departamento de Arauca. Por otra parte, los derrames de petróleo causados por los ataques a los oleoductos generan consecuencias ambientales y de salubridad, al contaminar las fuentes hídricas de las que se abastecen comunidades rurales e indígenas, así como también económicas, por el costo de la restructuración de los tubos afectados y la limpieza de las fuentes hídricas.
En respuesta a la contingencia, el Gobierno Departamental decretó situación de calamidad pública el 24 de marzo; mientras que los alcaldes de los siete municipios han tomado medidas similares que incluyen estrategias como pico y cédula, pico y género y toque de queda. Se han registrado varias manifestaciones en varios puntos del departamento, especialmente en la capital, por parte de la población demandando ayudas humanitarias. A pesar de que los gobiernos nacional, departamental y municipal han entregado ayudas, persisten vacíos en la atención. Por otro lado, se identifica un aumento de los controles comunitarios, especialmente en las zonas rurales, donde las comunidades se han organizado para restringir el acceso de personas externas. Sin embargo, varios puntos se han levantado debido a falta de insumos de bioseguridad
Finalmente, es menester resaltar que el departamento no cuenta con la infraestructura ni la capacidad técnica para atender un posible brote, ya que, para una población superior a 294.000 personas, solo existen 4 camas de cuidados intensivos12.
3. Minas Antipersonal  ( MAP )  y Municiones Sin Explosionar  ( MUSE )  y Explosivos Remanentes de Guerra  ( ERG ) : Actualmente, el proceso de desminado se está realizando en 12 municipios del departamento, 2 han sido declarados sin sospecha  ( Valparaíso y Albania )  y otros 2 continúan pendientes de intervención  ( Curillo y Solano ) . Entre 2017 y 2020 se presentaron 27 eventos relacionados con minas antipersonal, de los cuales 22 fueron por desminado en operaciones militares, 2 por accidentes relacionados con MUSE y 3 por accidentes con MAP, en los municipios de Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Solano. Durante este mismo periodo se presentaron 7 víctimas por accidentes por MAP/MUSE, todos civiles, mientras la Educación en Riesgo en Minas  ( ERM )  se llegó a un total de 8.953 personas. A pesar de los avances en la reducción de eventos con MAP/MUSE, aún se presentan desafíos en el desminado del departamento, relacionados especialmente con amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley contra los operadores en el territorio, y ataques contra la fuerza pública que acompaña las labores en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
8. Desastres Naturales: Entre 2017 y 2019 la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres  ( UNGRD ) 26 ha reportado 100 eventos, siendo los años 2017  ( 36 )  y 2018  ( 36 )  los de mayores eventos, mientras en 2019 se presentó una leve disminución  ( 28 ) . En 2019 se registraron 4.251 afectados, siendo las inundaciones las emergencias que más se repitieron y dejando un total de 4.014 personas afectadas, especialmente por los desbordamientos de los ríos Caquetá, Caguán, Pescado y Guayas. A junio de 2020 se han presentado dos incendios en capa vegetal y dos en estructura que dejó a 5 personas afectadas, así como tres eventos relacionados con crecientes súbitas e inundaciones, dejando 5 personas afectadas, según el registro ofocial. Estas situaciones son atendidas por la UNGRD, la Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana y Bomberos debido a que los desastres naturales durante este año no han presentado un alto impacto humanitario. sin embargo, es remarcable la situación de diferentes municipios que pueden quedar incomunicados entre sí, como se ha presentado en la vía nacional cerca a la entrada de Florencia a causa de deslizamientos, o la situación que se presenta entre Milán y Valparaíso, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, y en corregimientos como Santana Ramos en Puerto Rico, los cuales pueden quedar aislados debido a las inundaciones y deslizamientos que dañan sus vías de acceso, afectando la calidad de vida de sus pobladores.
4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en conflicto armado: Los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes  ( NNAJ )  se han deteriorado de manera importante en el departamento. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2019 se reportó el reclutamiento de 4 menores en el municipio de Puerto Rico y uno más en el Doncello, mientras que en el 2020 se han denunciado eventos en Cartagena del Chairá e intentos de reclutamiento en el Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán; sin embargo, este número es mucho mayor, dado que las familias se niegan a denunciar estos casos principalmente por presiones o por miedo y en ocasiones deciden desplazarse del territorio18. El uso del reclutamiento forzado como medida de control territorial y para engrosar las filas de grupos armados como las disidencias FARC EP y otras estructuras; es solo uno de los efectos que esta problemática genera, pues de este pueden derivarse delitos de índole sexual y de violencia de género, así como los efectos derivados de las operaciones militares, como sucedió durante los bombardeos de agosto de 2019, en donde murieron 8 menores de edad19.