nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Impacto en la protección y derechos: El país registra unos 71.500 desplazamientos internos causados por la violencia24. El impacto de la pandemia tiene el potencial de retrasar avances que se han logrado en materia de protección y soluciones para los desplazados internos. Además, las medidas extraordinarias de prevención y contención de casos de COVID 19 que llevaron al Gobierno a cerrar fronteras, tanto aéreas como terrestres y la implementación de centros de cuarentena  ( CC )  para la cuarentena obligatoria de todos los y las salvadoreño/as que regresan al país, están afectando la capacidad de asistencia del país.
El impacto en el acceso humanitario: Uno de los mayores desafíos de la pandemia de COVID 19 son las medidas de restricción de movilidad y el toque de queda que el Gobierno ha promulgado, para contener la propagación del virus. Estas restricciones son una limitante para que los agentes humanitarios puedan llegar a las zonas rurales y remotas del país.
La Organización Internacional del Trabajo  ( OIT )  estima que la crisis económica asociada a la pandemia del COVID 19 impactará a 1,3 millones de empleos en El Salvador lo cual equivale al 46.6 por ciento del total de los trabajadores en el país.
Violencia basada en género  ( VBG ) : La evidencia disponible acerca de otros brotes epidémicos y emergencias sanitarias muestra que la vulnerabilidad y el riesgo para las mujeres y las niñas aumentan en este tipo de escenarios, y el brote y la pandemia mundial de la COVID 19, sumados a las medidas de confinamiento, no son la excepción.
PANORAMA DE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS 2020. del derecho a la educación se agrega la interrupción de los servicios educativos presenciales, así como la falta del acceso a otros importantes servicios básicos: la alimentación escolar, los programas de recreación, las actividades extracurriculares, el apoyo pedagógico y psicosocial, y además los servicios escolares de salud y de agua, saneamiento e higiene. Esta situación, que se ha extendido más allá de lo inicialmente previsto, aumenta el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente para los niños y niñas más vulnerables como los migrantes, refugiados, niños y niñas con discapacidades, de comunidades indígenas, y en riesgo de exclusión.
Impacto en Educación A medida que la COVID 19 se ha expandido en la región de Latinoamérica y el Caribe  ( LAC ) , los Ministerios de Educación han empezado a cerrar los centros educativos de todos los niveles. Hasta la fecha los países del triángulo Norte  ( El Salvador, Guatemala y Honduras )  son parte de los 23 países y 12 estados independientes de la región que han cerrado sus escuelas. Como consecuencia, se estima que más de 8 millones de niños y niñas de estos países han visto afectado su derecho a la educación como consecuencia de la pandemia.
El índice de Gini, que mide la desigualdad, podría ver incrementos de entre el 0,5% y el 6,0%. Según proyecciones del Programa Mundial de Alimentos, debido a la pandemia el número de personas con inseguridad alimentaria severa en el Corredor Seco subiría de más de 1.6 millones a cerca de 3 millones en 2020
El Salvador se coloca entre los primeros países más vulnerables, con un índice de 6.9 de acuerdo al índice LAC INFORM 2019 y con el nivel más alto de la región en la categoría de falta de capacidad institucional, lo que implica una limitada capacidad para la reducción de los riesgos de desastre, gobernanza, protección social, seguridad y contención de la violencia, poniendo en evidencia su fragilidad a la hora de enfrentarse a la pandemia por COVID 19.
El impacto económico por la paralización de la actividad empresarial en el país debido a la COVID 19 podría rondar los $100 millones diarios, según estimaciones hechas por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador  ( Camarasal ) .
El Salvador es un país con un sistema de salud que enfrenta desafíos y esta situación se agrava más frente a una pandemia como es la COVID 19. Solo el 2.5 por ciento del PIB se invierte en salud mientras que la OMS recomienda un 6 por ciento y las demandas a este sistema son grandes. El impacto de la pandemia COVID 19 también repercute en el estado nutricional y en la salud de las familias, en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad como los menores de 5 años y las embarazadas.
Los medios de vida más impactados y vulnerables son los pequeños productores y jornaleros de café, granos básicos, acuicultores y pescadores. La población en inseguridad alimentaria  ( INSAN )  representa 126.000 hogares, que dependen del consumo de maíz y frijol y, por tanto, son mucho más vulnerables al impacto negativo y a las fluctuaciones del mercado, ocasionados por las restricciones económicas impuestas por la pandemia.
Entre los perfiles vulnerables bajo la COVID 19, se han identificado a los niños, niñas y adolescentes  ( NNA ) , mujeres, población LGBTIQ+, personas adultas mayores, sobrevivientes de violencia, con condiciones médicas precedentes, con discapacidad o diversidad funcional, deportadas en cuarentena, que salieron por motivos de violencia, privadas de libertad en centros penitenciarios y centros de detención juvenil.
El cierre de los sistemas educativos ha impactado directamente en la población estudiantil de El Salvador  ( aproximadamente 1.1 millón de personas ) . La COVID 19
The two largest gangs in El Salvador, MS 13 and the two factions of the B 18, initially promised each other that they would restrict criminal activities in light of the coronavirus  ( El Faro, 30 April 2020 ) . Nevertheless, gang attacks on civilians spiked at the end of April  ( see graph below )  – an escalation seen by some as a reminder to state forces and society at large that they retain control over key territories  ( El Faro, 30 April 2020 ) .
Los hogares rurales muy pobres que dependen del jornal para su subsistencia, incluyendo de la zona cafetalera de El Salvador
Más de 500 personas aun se encuentran en albergues debido a que tuvieron afectaciones parciales o totales en sus viviendas.
No se cuentan con nuevas evaluaciones de daños, sin embargo, el Equipo Humanitario de País  ( EHP )  continúa con la respuesta a familias afectadas.
A pesar de haber terminado la influencia de las Tormentas Tropicales  ( TT )  Amanda y Cristóbal, el país ha continuado con lluvias moderadas a fuertes a nivel nacional.
Diversas municipalidades han decidido intensificar sus medidas para evitar el alza de contagios por COVID 19
La entrega de la asistencia gubernamental no tiene fecha de finalización, pero no se prevé que esta se dé de manera sostenida durante todo el período de análisis.
En el primer cuatrimestre de 2020 se han reportado tres crí  menes de odio hacia personas LGTBQI.
Se prevé que las remesas se mantengan dentro de los valores de los últimos dos meses, aunque esto dependerá de la evolución económica y laboral de los lugares de origen, principalmente Estados Unidos.
Desde el 1 de enero hasta el 14 de mayo de 2020 se han reportado 733 desapariciones, de las cuales 332 personas aún no han sido halladas.
Se han registrado 503 homicidios en el transcurso de enero a mayo de 2020
En un fin de semana en abril  ( viernes 24 y el lunes 27 )  se re  gistraron 74 homicidios.² En respuesta, el Gobierno también ordenó medidas extremas  ( criticadas por organizaciones de derechos humanos )  en las cárceles.³
Se prevé la continuación de las siguientes fases para una apertura progresiva de las actividades comerciales e industriales en los próximos meses. La recuperación de los empleos formales e informales de las áreas urbana y rural, y de los consiguientes ingresos, será lenta y gradual. Se prevé no alcancen los niveles pre COVID durante el período de análisis.
Se mantiene la previsión de una baja en la cosecha de café en El Salvador, respecto al período 2019/2020 afectando negativamente la demanda de empleo y los salarios de los jornaleros.
Desde el inicio de la cuarentena se han registrado por lo menos 13 feminicidios y han aumentado las denuncias por violencia de género un 70%.5
Durante los primeros cinco meses de 2020 se deportaron a 7,072 personas; estas cifras de deportaciones suponen un descenso del 46,8% comparado con el mismo período de 2019
Durante la tormenta Amanda fallecieron 16 personas y 7 más se encuentran desaparecidas. Las pérdidas materiales se estiman en $200 millones.
En el sistema de salud de El Salvador coexisten un sistema público y uno privado. La mayor parte de las consultas se desarrollan en las instancias del subsector público
Ministerio de Salud  ( MINSAL ) : rige el sector público y su cobertura alcanza a un 70% de la población. 

Instituto Salvadoreño de Seguro Social  ( ISS ) : dispone de una cobertura del 27%.

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial  ( ISBM ) : cubre el 1% de la población.

Comando de Salud Militar  ( COSAM ) : cubre el 1% de la población.
Fondo Solidario para la Salud  ( FOSALUD ) : brinda servicios durante los fines de semana y en horarios extendidos y es responsable de la financiación de campañas de promoción de la salud.
Insumos de laboratorio para sostener la capacidad instalada de procesamiento por RT  PCR u otras precalificadas por la OMS.
Intensificación de la comunicación de riesgo para que la población esté involucrada en la prevención de la enfermedad una vez que la reapertura de la actividad económica está en marcha. Insumos para el manejo y sepultura de cadáveres.
Es ese sentido afirmó que miembros de la Fuerza Armada andan en el campo recolectando muestras de larvas para que sean analizadas por técnicos del MAG y de ahí se defina un plan de trabajo.
La indicación que dio el Presidente Nayib Bukele fue continuar con la entrega de los paquetes, con una meta de llegar a 3.4 millones de hogares.
Mientras tanto, el titular de la Dirección de Tejido Social, Carlos Marroquín, participó también en la distribución de esta ayuda gubernamental en los alrededores del centro de San Salvador, junto al presidente de la empresa pública ETESAL, Edwin Núñez.
El 05 de julio, el Gobierno postergó por 15 días más el inicio de la fase II del Plan de Reapertura Económica. La Presidencia informó, que tomó la decisión debido al incremento en los nuevos casos de COVID 19, reportando durante los últimos días más de 200 nuevos contagios diarios. A la fecha de este anunció, el país contaba con 7.700 casos confirmados y más de 200 fallecidos. Por lo anterior, las fases se reajustaron para iniciar de la siguiente manera: Fase II el 21 de julio, Fase III el 04 de agosto, Fase IV el 18 de agosto y la Fase V el 01 de septiembre.
Las alcaldías de Sonsonate, Chalatenango y San José Villanueva  ( La Libertad ) , entre otras, implementan medidas focalizadas para responder a la emergencia por la COVID 19 que van desde la creación de equipos de trabajo multidisciplinario, la identificación y seguimiento de casos locales, la solicitud a la Asamblea de cuarentenas focalizadas y la formulación de ordenanzas municipales.
02 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria de Fomento para la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID 19, que entre otros elementos establece los requisitos que deben cumplir los donantes, prohíbe la solicitud de dinero u otras gratificaciones a cambio de la donación y determina que el Ministerio de Salud debe fomentar la capacitación del personal, elaborar y actualizar los reglamentos, normas técnicas y protocolos para la donación  ( ENLACE ) . También, se aprobó una reforma a la Ley del presupuesto para habilitar el traslado de US$3 millones del Fondo General de la Nación para destinarlo a garantizar un seguro de vida complementario y pensión vitalicia para los familiares de trabajadores de la salud que fallezcan a causa de la pandemia por COVID 19
En mayo, el PMA realizó el primer seguimiento a la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  ( ENSAN )  bajo el contexto COVID 19 donde identificó 162.000 hogares en inseguridad alimentaria severa en todo el país, dentro de estas 67.000 familias  ( 336.300 personas )  también fueron afectados por las TT Amanda/Cristóbal.
La Mesa Nacional de Transporte reportó que el retraso de inicio de la fase II del Plan Nacional de Reapertura Económica afectará a más de 22.000 familias que dependen directamente del sector cuyo sostén son motoristas, mecánicos, secretarias entre otros.
El Presidente Nayib Bukele ejecuta un plan con siete componentes, que incluye mantener la entrega de alimentos del PES. Dicho plan está diseñado para prevenir que ocurra una crisis en los próximos días, debido a que la Sala de lo Constitucional quitó el respaldo legal del plan que el Gobierno y los empresarios habían elaborado para una reactivación ordenada de la economía. Sin embargo, el nuevo plan permitirá cumplir con las disposiciones de la Sala, al mismo tiempo que se protege la vida de los salvadoreños, que es la prioridad del Gobierno.
El Ministro de Salud anunció que ya se cuenta con los fondos para entregar un seguro de vida a las familias de personal de salud fallecido en el marco de la emergencia por COVID 19, así como para el personal que se encuentra atendiendo a las personas que padecen la enfermedad.
El EHP ha elaborado un Plan de Respuesta Humanitaria, que incluye un análisis y estimación global de $137.1 millones necesarios para responder en los ocho sectores activos a las necesidades generadas por la COVID 19
El 02 de agosto, la Asamblea Legislativa, aprobó un préstamo por $250 millones para financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Política y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID 19 en El Salvador", con el Banco Interamericano de Desarrollo  ( BID ) . El Gobierno propone, que el uso de los fondos sea de la siguiente manera: $75 millones destinados al financiamiento de los gobiernos municipales; $40 millones de financiamiento a productores agrícolas; $20 millones para el Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres  ( FOPROMID ) ; $55 millones de financiamiento de contrapartida de proyectos de inversión FOMILENIO; $30 millones para el funcionamiento del Hospital El Salvador; $12 millones para atención de beneficios de veteranos y excombatientes; y $18 millones para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación económica  reintegros al Ministerio de Hacienda que fueron trasladados para atender la emergencia.
El turismo en El Salvador perderá este año 1,8 millones de visitantes y un total de $1.145 millones en divisas, debido a la pandemia del COVID 19, informó la ministra de Turismo, Morena Valdez. Según cálculos de la Organización Internacional de Turismo  ( OIT ) , las pérdidas en el turismo en el mundo rondarán el 80 % y El Salvador no escapará a esa realidad.
El 07 de agosto, La Sala de lo Constitucional dejó sin efecto jurídico el Decreto Ejecutivo 32 desde el 23 de agosto que regulaba las fases de apertura económica y ordenaba a las personas cuya fase no fuera reactivada a quedarse en sus domicilios. La Sala reiteró lo que resolvió en su sentencia el 8 de junio: la limitación de derechos  ( como al trabajo, libertad de tránsito y económica )  solo puede ser aprobada por la Asamblea Legislativa, no por el Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución de la República de El Salvador, por tanto, solicitó establecer una ley consensuada con la Asamblea Legislativa.
El 10 de agosto, la Ministra de Economía, Ministra de Turismo y el Secretario de Comercio e Inversiones se reunieron con representantes de distintos sectores productivos, con el fin de acordar que los empresarios mantengan de manera voluntaria los tiempos de las fases de reapertura económica a partir del 24 de agosto, además que todas las empresas garanticen las medidas sanitarias necesarias. Al mismo tiempo, se presentó una estrategia y campaña de concientización para unificar esfuerzos ante la pandemia por COVID 19.
Los socios humanitarios siguen respondiendo a las necesidades creadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal a medida que la temporada de lluvias deja lluvias de moderadas a intensas.
La Asociación de Restaurantes de El Salvador  ( ARES )  ha informado que, desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de agosto, un 30 % del sector de restaurantes cerró operaciones definitivamente por la falta de recursos económicos para cancelar salarios de empleados, pagar el alquiler de locales y recibos de luz y agua. Según Leo Guzmán, presidente de ARES, otro 20 % de restaurantes clausuró sus servicios temporalmente y advirtió que, si se continúa postergando la reapertura de la fase II, la cantidad de recintos que venden comida cerrados podría incrementar hasta un 50% porque están al borde del colapso. La Fase I de la reapertura tendrá vigencia hasta el 23 de agosto del corriente año, y es en la segunda etapa que se permitiría que los restaurantes y cafetines abran en espacios más libres para atender a grupos pequeños.
Las evaluaciones citan daños en más de 550 escuelas por un valor de 13,4 millones de dólares en reparaciones necesarias para permitir el retorno seguro de más de 145.800 estudiantes.
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social  ( ISSS )  divulgó el pasado 31 de julio las estadísticas de empleo formal acumuladas hasta mayo. La información consigna una reducción acumulada de 66,208 planillas presentadas en el sector privado entre los meses de marzo a mayo. Para el mismo período y sector, se presenta una reducción acumulada de 72,800 en planillas efectivamente pagadas. De acuerdo con el ISSS las actividades que se han visto más afectadas por la emergencia son: la industria manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles y el sector servicios. El empleo formal en el sector público reportó un incremento de 752 trabajadores entre el período marzo a mayo. Al cierre de mayo, el reporte del ISSS reporta un total de 814,317 trabajos en planilla y 787.690 cotizados.
De acuerdo con datos del Sistema de Ahorro para Pensiones  ( SAP )  se registró una reducción de cotizantes por cuarto mes consecutivo en el mes de junio. De acuerdo con estadísticas del SAP se perdieron 14.169 cotizantes, con lo que la caída acumulada desde febrero es de 79.900. Este dato es también un indicador de empleo formal porque un trabajador de una empresa formal tendría que cotizar tanto a la AFP como al Instituto Salvadoreño del Seguro Social  ( ISSS ) , aunque este no siempre es el caso, por lo que siempre hay una diferencia entre ambas cifras.
Empleo juvenil será de los más afectados por pandemia. Los jóvenes, con edades entre los 15 y 29 años, representan uno de los sectores que será más afectado en términos de empleo y en otras áreas, a consecuencia de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, según estimaciones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social  ( FUSADES ) . FUSADES no tiene una cifra precisa de cuántos empleos juveniles se han perdido en El Salvador a consecuencia de la pandemia; sin embargo, basados en crisis anteriores, prevén que dicho segmento será uno de los particularmente afectados. Eso coincide con datos de la Organización Internacional del Trabajo  ( OIT ) . De acuerdo con un estudio de dicha entidad, publicado el 27 de mayo, más del 16 % de los jóvenes del mundo ha perdido sus puestos de trabajo desde que comenzó la pandemia, es decir uno de cada seis.
El titular de Defensa también se refirió al trabajo que realizan para atender la emergencia de la pandemia del COVID 19 y explicó que han incrementado las Unidades de Cuidados Intensivos  ( UCI )  e intermedias para atender a población civil que es referida del Ministerio de Salud.
Actualmente, la Fuerza Armada reporta únicamente un contagio con síntomas graves de COVID 19 en sus filas y que hay varios de sus elementos asintomáticos o tienen síntomas leves.
René Merino Monroy aprovechó la oportunidad para reiterarle a la Asamblea Legislativa que la mejor manera de frenar los contagios a nivel nacional es aprobando la cuarentena por 15 días que propone el Gobierno del Presidente Nayib Bukele
Y aunque los elementos de la Fuerza Armada están enfocados en apoyar las acciones para frenar los contagios de COVID 19 a nivel nacional, el ministro de Defensa explicó que los resultados positivos del Plan Control Territorial continúan.
A la fecha, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele reporta 26 días sin homicidios y de junio de 2019 a mayo de 2020 se reportan 1,626 homicidios menos, lo que se traduce a que más familias han dejado de llorar a sus seres queridos.
El Salvador ha informado de una disminución de los casos diarios durante más de 20 días, pasando de un máximo histórico de 449 nuevos casos el 9 de agosto a menos de 100. Los medios de comunicación locales indican que el número de pacientes recuperados ha sido mayor que el número de casos nuevos.
La Fuerza Armada está lista para colaborar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería  ( MAG )  en el combate de la plaga de la langosta centroamericana y de esa forma asegurar la alimentación de los salvadoreños de la cosecha 2020, confirmó este martes el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy
En entrevista de radio 102 nueve, Merino Monroy dijo que pone a disposición parte de la tropa para que a nivel nacional realicen tareas de fumigación si es necesario, como también las naves aéreas para el transporte de técnicos y por si se requieren para rociar químicos en extensas plantaciones.
“En el Regimiento de Caballería de La Libertad tenemos agrónomos con cierta experiencia. Con ellos vamos a apoyar en lo que el Ministerio de Agricultura nos requiera. Estamos preparados para ello y cumplimos una orden del Presidente de la República Nayib Bukele, de que tenemos que combatir esta plaga', explicó el titular de Defensa
En esa misma línea se refirió a que con la donación del plasma convaleciente se han recuperado 60 personas en el Hospital Militar y agregó que desde antes que comenzara la pandemia en El Salvador ya habían consultado con infectólogos de ese nosocomio para manejo de casos y las acciones que se tenían que hacer para evitar más contagios.
.Los equipos del servicio prehospitalario de Médicos Sin Fronteras  ( MSF )  en la zona este del área metropolitana de San Salvador, capital de El Salvador, están registrando unimportante aumento de muertes en los domicilios. A ello se unen las informaciones sobre la complicada situación que se está viviendo en algunas comunidades de San Salvador y Soyapango, principales centros de población del país y epicentros de la pandemia de coronavirus en El Salvador.
El estigma y el miedo al contagio están retrasando la búsqueda de asistencia médica, lo cual, en ocasiones, acaba teniendo consecuencias fatales. Muchas personas tienen miedo de salir de sus hogares para ir a los hospitales o centros de salud. Otros temen ser juzgados por ser portadores de la enfermedad o que les alejen de sus familiares si son hospitalizados. Algunas personas tienen** dificultades económicas incluso para costearse una mascarilla**, mientras que otros buscan ayuda, pero no son atendidos a tiempo debido a la suspensión de consultas y servicios médicos en hospitales y centros de salud.
Víctor, un paciente de Soyapango, ha explicado a los trabajadores de MSF los problemas que está encontrando para que su abuelo, que debe cambiarse una sonda cada cierto tiempo, reciba atención médica. “Lo llevamos a un hospital de San Salvador. Allá le piden que vaya a uno de Soyapango, y de allá, que vaya a otro. Al final, ya le han dicho que mejor no vaya a buscar la sonda, que mejor no salga, que no hay equipos para atenderle'.
El aumento de la mortalidad en los domicilios refleja las enormes d**ificultades del sistema de salud para responder a la epidemia**y para asegurar el acceso a los servicios médicos. A partir del análisis de los datos del sistema de ambulancias de MSF, hay tres factores que explican el aumento de la mortalidad en los últimos meses. El primero es la falta de acceso a servicios de atención primaria, que ha contribuido al deterioro de la salud de pacientes con enfermedades crónicas de base.** La mayoría de las consultas médicas están cerradas y solo permanecen abiertos los servicios de urgencias**. Por otra parte,el sistema de ambulancias y los hospitales están operando al límite de sus capacidades, y, en tercer lugar, hay grandesdificultades para la detección y registro de casos de COVID 19 a nivel comunitario, puesto que los casos sospechosos no son atendidos y no quedan registrados en el sistema de salud nacional a menos que los pacientes hayan visitado por sus propios medios un centro asistencial o hayan logrado ser atendidos e identificados por el servicio telefónico que atiende las urgencias generales, que por otra parte está colapsado, lo que impide la detección y hospitalización a tiempo de los casos que presentan complicaciones.
Nuestros equipos han registrado un importante aumento en el número de personas que fallecen en sus hogares antes de que nuestras ambulancias puedan llegar hasta ella**s**. Además, cada veztenemos más dificultades para coordinarnos con los hospitalesa la hora de gestionar la admisión de los pacientes. Esto no sucedía antes', afirma Luis Romero Pineda, coordinador de terreno de MSF en El Salvador. “Por otra parte, los líderes comunitarios nos están informando de que algunas personas están muriendo debido a la suspensión de servicios médicos y de consultas en atención primaria',
Los líderes comunitarios de las cinco comunidades de Soyapango y San Salvador donde MSF presta atención médica primaria, indican que, solo desde la declaración de emergencia, más de 50 personas han fallecido tras mostrar síntomas compatibles con COVID 19 o por descompensaciones de enfermedades crónicas.
Muchos de los servicios de ambulancia que MSF ha llevado a cabo durante los últimos meses están relacionados con enfermedades respiratorias. En varios casos, la ambulancia se solicitó cuando los pacientes ya se encontraban en una situación extremadamente grave
Wendy, médico del servicio de ambulancias de MSF relata cómo algunos de los pacientes han fallecido mientras esperaban el permiso para ingresar en un hospital. “**Algunas personas han fallecido en su domicilio mientras esperamos autorización para poder trasladarlos a algún centro asistencial**, ya que sin previa coordinación y autorización no podemos movilizar al paciente desde su hogar
Para el coordinador de terreno de MSF, Luis Romero Pineda, “es vitalmejorar la coordinación,aumentar el número de camas disponiblesyasegurar las medidas de protección en los hospitalespara garantizar la seguridad del personal y los pacientes, además de** aumentar la capacidad de respuesta de los servicios para trasladar urgentemente a los hospitales a las personas que se encuentran en estado crítico**. Es indispensable tambiéngarantizar el acceso a la salud primaria y mejorar la detección y seguimiento de casospara evitar que estos se vuelvan graves, sean o no COVID 19'.
Durante la emergencia por COVID 19 en El Salvador, MSF ha seguido prestando servicios de atención primaria y salud mental en las comunidades, ofreciendo asistencia psicosocial en los centros donde la población deportada desde Estados Unidos y México pasa una cuarentena de 30 días, y ha ampliado la capacidad de respuesta de su servicio de ambulancias.
EL SALVADOR ACNUR firmó un acuerdo con el Gobierno para abrir oficinas en El Salvador con el fin de ampliar la protección y la asistencia a miles de desplazados internos. Una de las primeras prioridades de la nueva oficina es ayudar al Gobierno a reunir información actualizada sobre los desplazados internos, ya que el último estudio de este tipo publicado en 2018 utiliza la información de 2006 a 2016, donde se contabilizan 71.500 desplazados internos. De acuerdo con ACNUR en El Salvador, la operación también está dando prioridad a un marco jurídico para la protección de los desplazados internos.
En la región norte de Centroamérica, muchas personas deportadas maniﬁestan que estuvie  ron cotizando durante años en el país de des  tino, pero que al sufrir el proceso de deporta  ción perdieron sus ahorros de muchos años.
Otra modalidad de vivienda es el alojamien  to improvisado, que adquiere relevancia en la población desplazada en El Salvador  ( 21% ) .
Se ha identi ( cid:29 ) cado que la migración irregular, tanto en los movimientos transfronterizos como la migración en tránsito, está siendo incentivada por los altos costos que tienen las pruebas de PCR RT para identi ( cid:29 ) cación de COVID 19. Aproximadamente se estima que los costos de la prueba oscilan entre $100   $140 USD. Además de ello, este nuevo requisito se ha identi ( cid:29 ) cado como una de las causas de la disminución de la migración transfronteriza y de tránsito por El Salvador tanto bajo métodos regulares como irregulares.
Ante las medidas implementadas por el Gobierno de El Salvador sobre la vigilancia y el control fronterizo de puntos ciegos por el contexto de la COVID 19, se mantiene una unidad especializada de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada y las patrullas fronterizas de la Dirección General de Migración y Extranjería. Se encargan del resguardo y el monitoreo de ingreso y salida de personas migrantes por puntos no habilitados en las fronteras de El Salvador, por medio de patrullajes preventivos y constantes.
Los informantes claves coinciden en que el  ( cid:30 ) ujo migratorio irregular se da principalmente en horas de la noche y madrugada, principalmente por la posibilidad de evadir controles, ya que hay un menor monitoreo fronterizo por parte de las autoridades policiales.
El 45 por ciento de las personas es joven  ( 18 29 años ) , un porcentaje similar  ( 46% )  son personas adultas  ( 30 49 )  y una minoría  ( 9% )  tienen 50 años o más. En promedio, las mujeres son más jóvenes, con un 62 por ciento de población de 18 a 29 años, en contraste con 42 por ciento de los hombres.
En Honduras y El Salvador, el número estimado de personas desplazadas internas es de 318.5005.
En relación con la situación de mujeres privadas de la libertad, en el marco de su visita al país, la Comisión fue informada que, en los últimos 15 años, la población femenina se ha multiplicado por 10 en razón de que, en el país, a diferencia de otros de la región, el principal delito por el que las mujeres están encarceladas es el delito de extorsión. Según fuera indicado, las mujeres son quienes mayoritariamente tienen la responsabilidad de cobrar la llamada "renta" Ȃ extorsiones de los grupos a las personas con negocios y comercios  y, por consiguiente, se encuentran más expuestas a ser identificadas y detenidas. La Comisión recibió información sobre los esfuerzos realizados por el Estado para lograr que todas las mujeres privadas de libertad en El Salvador se encuentren en centros exclusivos para las mujeres, en particular en el Penal de Ilopango, en el Centro de Detención Menor, que fue visitado por la CIDH, y en la Granja de Izalco. Respecto de este último, la Comisión observa que, si bien subsisten algunas falencias y necesidades, éste ha demostrado progresos para las condiciones de privación de libertad de mujeres con sus hijos e hijas, avances que han de ser continuados y reforzados.
However, specific cases of people suspected of having SARS CoV 2 were identified and referred to the International Health Office. In addition, minors are the most represented category of persons identified under vulnerable condition, with 9 people. Therefore, minors represent at least 2 percent of the migration flow.
The reasons for migration include family reunification within El Salvador and the need for health care in the country's hospital network, as well as the improvement of their economic conditions, and labor migration for agricultural work.
El trabajo doméstico en El Salvador en su gran mayoría es realizado por mujeres, y en muchos casos por niñas. La Comisión observa que este tipo de labores no tiene reconocimiento social y suele ser despreciado generando impactos desproporcionales sobre las mujeres
Diﬁcultades en el acceso La primera diﬁcultad en conseguir vivienda está relacionada con la falta de recursos económicos  ( 41% ) , lo que se hace muy notorio en la población mayor en El Salvador, como se muestra en la ta  bla 17 con un 70% en los ﬂujos de desplazados y deportados, así como en Colombia, con una prevalencia de 47%.
Asimismo, muchas de las personas mayores en mo  vilidad no tienen un lugar ﬁjo de resguardo, por lo que suelen quedarse en albergues, lugares de paso o, como en el caso de El Salvador, alojados como huéspedes o en alojamientos improvisados. El pro  blema de estos lugares es que no son seguros, pues buena parte de ellos se encuentran en condiciones de hacinamiento o en el límite de su cupo. En pro  medio, más de un tercio de la población de ambos países considera que el lugar donde vive es insegu  ro  ( 36% ) , por sobre el doble del porcentaje de los países de la región Andina  ( 15% ) .
Durante la pandemia, a un 20% de la población en  cuestada se le han desmejorado o perdido sus con  diciones de vivienda, principalmente por falta de re  cursos económicos. Con la pandemia y la resultante crisis económica, la situación se ha vuelto aún más difícil para muchos, ya que se diﬁculta el pago de los arriendos, por ejemplo.
Según la caracterización realizada con base en la encuesta de Movilidad Interna en El Sal  vador  ( República de El Salvador, 2018a ) , los municipios de origen y destino de la población desplazada son Soyapango, Tonacatepeque, San Miguel, Olopango, Santa Ana, San Salva  dor, La Unión, Usulután, Ahuachapán, Apo  pa, San Vicente, Zacatecoluca, Cojutepeque, Santa Tecla, Mejicanos, Colón, Cuscatancin  go, Chalchuapa, Acajutla, San Antonio del Monte, El Rosario, Moncagua, San Sebastián, La Libertad, San Antonio Pajonal, Aguilares, Olobasco, Ciudad Delgado, San Juan Opico, Jucuarán, San Pedro Masahuat, Concepción de Ataco y El Paraíso.
Dentro de las principales causas de desplaza  miento, en El Salvador se destacan el acceso al trabajo u oportunidades de ingresos  ( 36% ) , que en el caso de las personas deportadas alcanza el 65%, constituyendo esta la princi  pal causa de movilidad. En segundo lugar, se encuentra la necesidad de protección ante amenazas de violencia o persecución  ( 32% ) , siendo la principal causa para las personas desplazadas internas  ( 34% ) .
El Boletín del Grupo de Protección Regional del Redlac  ( 2020 )  reporta que 37.316 personas fueron deportadas a El Salvador en 2019, lo que supone un aumento de 41% comparado con el 20188.
Hay una diferencia interesante en la participación de las perso  nas mayores en grupos, ya sea de personas mayores, autoayuda o del mismo país, ya que en los países de la región norte de Centroa  mérica es del 4% y en los de la región Andina llega al 21%, destacando el caso de Ecuador, en donde la mitad de la población lo usa con este objetivo, principalmente en grupos de connacionales.
De esta forma, por cada tipo de discapacidad, un 47% manifestó discapacidad física, lo que les diﬁ  culta caminar o subir escaleras; un 41% reﬁrió tener discapacidad visual; un 15%, discapacidad auditiva; un 10% reconoce tener diﬁcultad para recordar o concentrarse, y solo un 5% tiene discapacidad para comunicarse.
Dentro de las causas identiﬁcadas del des  plazamiento por las mujeres mayores que hi  cieron parte de la muestra en los países de la región norte de Centroamérica, estarían, por un lado, su condición de sobrevivientes de la violencia sexual, tanto por grupos delin  cuenciales como de su propia pareja; por otro, las amenazas a sus hijos para integrarse a las pandillas, por agresiones físicas de las mismas agrupaciones delictivas o de actores de las fuerzas de seguridad del Estado, así como por el hecho de recibir amenazas o extorsión por recibir un ingreso. En este sentido, las mujeres mayores se ven obligadas a desplazarse junto con el grupo familiar.
Para El Salvador, se priorizan los objetivos de fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa del sistema educativo, acceso a servicios de salud médica y psicosocial, para las personas víctimas de desplazamiento interno forzado o en riesgo por violencia, y el impulso a iniciativas de empleo y genera  ción de medios de vida para 400 víctimas del desplazamiento forzado.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  ( CEPAL ) , los países de la región con mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 habitantes son El Salvador  ( 6.8 )  y Honduras  ( 5.1 ) , seguidos por Bolivia y Guatemala.
Las mujeres mayores pueden correr más riesgo de su  frir violencia y abuso que los hombres, mientras que los hombres mayores pueden perder la autoestima debido al cambio del rol tradicional que tenían ante  riormente.
Según datos presentados por el gobierno de El Salvador en la Política Pública de La Persona Adulta Mayor  ( 2016 ) , la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples esti  maba que, del total de población del país, de aproximadamente 6,5 millones, habría 810.008 personas mayores de 60 años, lo que correspondería al 12,4%. Se indica que este grupo aumentará en un 20% en los próximos quince años, lo que lo presenta como un país con un envejecimiento moderado.
Las mujeres y los hombres mayores pueden enfrentar una discriminación adicio  nal como miembros de grupos nacionales, étnicos, religiosos, lingüísticos o indígenas; además, pueden ser marginados de la información, los servicios de apoyo, y nuevamente enfrentarse a la violencia y a mayores riesgos de protección en el desplazamiento.
En 2018, el porcentaje de población mayor de 60 años en pobreza extrema es de un 15% y de un 16,4% en pobreza moderada; 4,1 años de educación en promedio; un 12,1% viven solos; 9,3% recibe pensión contributiva y un 4,1%, pensión no contributiva, con un 24% de cobertura en salud.
Impacto en las personas a. Inseguridad alimentaria Las sequías recurrentes limitan los progresos en la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria. Este fenómeno está aumentando con el tiempo y tiene consecuencias desastrosas en la producción básica de granos  ( maíz y frijoles )  de los pequeños agricultores de subsistencia que viven en comunidades rurales. La reducción de la producción agrícola provoca un riesgo de agotamiento de las reservas de alimentos, disminuyendo la diversidad alimentaria y presentando casos de malnutrición en los niños y niñas menores de cinco años y escolares de la población urbana y rural más vulnerable.
En El Salvador mayoritariamente las perso  nas tienen el Documento Único de Identidad; sin embargo, las mujeres desplazadas inter  nas maniﬁestan, en un 88%, tener su docu  mentación, frente al 97% de los hombres, lo que puede indicar que hay un porcentaje de mujeres que requieren carnetización.
En El Salvador, la salud mental es la principal condición de salud que afecta a las personas mayores, tanto por efectos del desarraigo pro  ducido por la deportación, como por el des  plazamiento interno forzado. Se conﬁrman traumas psicológicos de las personas mayo  res afectadas por el conﬂicto armado, expre  sados en problemas de nervios, pesadillas e insomnio. La salud mental es un grave proble  ma, puesto que para las personas mayores es recurrente tomar demasiados medicamentos; incluso, después de haber pasado 25 años del conﬂicto, las personas siguen experimen  tado crisis nerviosas.
En El Salvador, el retorno es identiﬁcado como un proceso difícil por las frustraciones que genera tener que dejar atrás un proyecto de vida y el incumplimiento de las metas trazadas.
En muchos contextos, las mujeres mayores son desproporcionadamente pobres, tienen menos acceso a la vivienda, la tierra y los derechos de la propiedad, así como menos ac  ceso a las pensiones y peor condición de salud.
Las perso  nas mayores a menudo se enfrentan a la exclusión y discriminación; la erosión de los sistemas de apoyo tradicionales y familiares; la falta de acceso a la infor  mación y la documentación; el acceso limitado a los servicios básicos, incluidos la vivienda, la alimenta  ción, la nutrición y la salud. El impacto de estas pro  blemáticas se agudiza cuando las personas mayores tienen bajo su responsabilidad el cuidado de niños, niñas y adolescentes u otras personas adultas.
Las personas mayores que se identiﬁcan como lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, inter  sexuales, queer y más  ( LGBTIQ+ )  pueden enfrentar desafíos particularmente complejos en la situación de movilidad humana, incluida la violencia, la discri  minación, la estigmatización y el aislamiento de la familia y la comunidad.
El porcentaje general de maltrato en los paí  ses antes de la pandemia es de un 38%, con una marcada diferencia entre las personas que tienen discapacidad  ( 48% )  y quienes no la tienen  ( 29% ) . En los países de la región nor  te de Centroamérica, el porcentaje de maltra  to en personas mayores alcanza el 63%, con una importante diferencia entre las personas con discapacidad que registran un 87%, fren  te a quienes no tienen discapacidad, con un 40%. La diferencia de género es de 11 pun  tos, con un 65% para los hombres frente a un 57% de las mujeres.
El 81% de la muestra a nivel regional no tie  ne acceso a servicios ﬁnancieros, encontrán  dose las mujeres  ( 85% )  8 puntos por debajo en relación con los hombres  ( 77% )
En El Salvador es relevante que más de un tercio de las personas mayores en situación de movilidad humana indicó que ha sufrido maltrato psicológico y un 14%, maltrato físico. Las personas desplazadas son quienes más han sufrido desalojo. Son los hombres quie  nes reportan un mayor porcentaje de maltra  to  ( 52% )  frente a las mujeres  ( 43% ) .
En el Salvador, había 48 refugiados y perso  nas en situación similar a la de refugiados; 45 solicitantes de asilo y 71.500 personas despla  zadas internas de interés para ACNUR  ( 2020a ) .
En la región norte de Centroamérica, las per  sonas desplazadas también sufren discrimina  ción por el hecho de haber enfrentado el pro  ceso de desplazamiento. En El Salvador casi un tercio de la población desplazada ha sido discriminada por discapacidad. En los países de esa región, un 13% de los hombres mayo  res en situación de movilidad humana indica haber sufrido discriminación por origen étnico.
Se identiﬁca en El Salvador una situación dife  rente en cuanto al liderazgo de las mujeres en sus comunidades. En particular, algunas mu  jeres retornadas no desean participar en los encuentros comunitarios, en talleres o charlas, por el proceso de estigmatización al cual se enfrentan.
Dentro de las principales diferencias de géne  ro en los países de la región norte de Centroa  mérica, además del grado de participación que es menor en las mujeres  ( 46% )  frente al de los hombres  ( 54% ) , existen diferencias en cuanto al tipo de actividades que realizan para su integración. Los hombres practican más actividades deportivas, de esparcimiento y recreación  ( 32% )  frente a las mujeres  ( 19% ) .
Por causa de la pandemia ocasionada por la COVID 19, un 53% considera que se le ha limitado el acceso al servicio de salud para tratar síntomas o enfermedades diferentes a los asociados con el virus. Particularmente, se les ha limitado a las personas deportadas en un 65%.
Según el informe Caracterización de la mo  vilidad interna a causa de la violencia en El Salvador  ( República de El Salvador, 2018 ) , por causa del desplazamiento forzado interno, “en el 1,1% de las familias residentes a ﬁnales de 2016, al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia ha  bitual dentro del país entre 2006 y 2016 como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia'  ( p. 12 ) . Las principales causas del desplazamiento identiﬁcadas en el informe son la victimización de uno o más integran  tes de la familia, amenazas, intimidaciones o coacción; la segunda causa es la extorsión, y la tercera, la inseguridad.
Los datos proporcionados por los informantes claves de los diferentes puntos fronterizos permitieron evidenciar flujos de 30 a 60 personas por mes en cada uno de los puntos fronterizos, siendo los de San Cristóbal y Anguiatú los que contaron con el mayor número de personas saliendo.
El 50 por ciento de las personas que compusieron el flujo de ingreso en marzo eran hondureñas. Las otras tres nacionalidades más representadas en el flujo de ingreso fueron El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Es importante el hecho manifestado por va  rias personas mayores consultadas sobre las deportaciones que han sufrido luego de estar incluso varias décadas en Estados Unidos, en donde han recibido la notiﬁcación de que se  rían deportadas del país por estar en situación irregular, en algunos casos dejando sus fami  lias, y teniendo que retornar forzadamente16 a El Salvador. En otros casos, las personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos, siendo obligadas a regre  sar por no contar con la documentación re  glamentaria para ingresar al país o por tener, según las encuestadas, documentación falsa.
A nivel de país, en Honduras y El Salvador, principalmente, las viviendas presentan con  diciones de precariedad en la infraestructura, ya que muchas son construcciones con ma  teriales ligeros, poniendo en riesgo a las per  sonas mayores que habitan en ellas. A ello se suma que se construyen en zonas de alto riesgo de sufrir desastres naturales21.Otra particularidad de la región norte de Centroa  mérica es que la mitad de las personas son propietarias; sin embargo, como se analiza  rá, no signiﬁca que sus viviendas sean habi  tables y seguras.
Las personas mayores o sus familiares en la región norte de Centroamérica que han re  tornado por voluntad propia o que los han deportado han manifestado temor, desilu  sión e impotencia por la manera en que fue  ron obligadas a salir del país de destino, y el desamparo al que se ven sometidas al tener que regresar en las mismas condiciones en que se fueron, estando sometidas a la po  breza y la precariedad. En El Salvador estas personas sufren un tipo particular de discrimi  nación, ya que son considerados que ya no pertenecen al país, incluso son estigmatizadas como delincuentes. En otros casos, particu  larmente a las mujeres les genera una mayor carga de vergüenza y desilusión. Hay cierto grado de maltrato por parte de algunos fami  liares por la imposibilidad de seguir recibien  do el dinero de las remesas y los deportados al regresar no pueden emplearse debido a la baja demanda de empleos y a la discrimina  ción por edad, como veremos más adelante.
En cuanto a las personas mayores con dis  capacidad encuestadas de la región norte de Centroamérica, los maltratos más recu  rrentes son el maltrato psicológico  ( 36% )  y el desalojo y desahucio  ( 14% ) , evidenciándose una afectación ligeramente mayor en los hom  bres frente a las mujeres, con una diferencia de 3% y 7%, respectivamente.
En términos de seguridad, se ha identiﬁcado en la evaluación que, en los países de la re  gión norte de Centroamérica, existen aconte  cimientos que han generado miedo e insegu  ridad en las personas mayores y sus familias, produciendo afectaciones psicológicas y, en algunos casos, físicas. Los espacios que habitan muchos de ellos están relacionados con violencia por parte de actores armados. Por ejemplo, se desencadenan conﬂictos muy recurrentes por parte de pandillas que hostigan a las poblaciones que viven en es  tos territorios; de hecho, un 36% de las per  sonas mayores encuestadas que viven en los países de la región norte de Centroamérica consideran que el lugar en donde viven no es seguro.
En El Salvador destaca la falta de dinero y cobertura de la población desplazada y lla  ma la atención que el 50% de las personas deportadas maniﬁesta desconocimiento de los servicios de salud.
El presupuesto destinado a pensiones sociales en Ecuador, Colombia, Perú y El Salvador es en promedio de 0,16% del PIB.  [ 2 ]  Honduras no dispone de pensión social. En promedio, el 18,7% de la población mayor de 60 años está cubierta por una pensión social en estos cuatro países. Ecuador es el país que más invierte en términos per cápita y el que mayores tasas de cobertura presenta, mientras que El Salvador es el que presenta las peores cifras.
Considerando que los equipos que más usan las personas mayores son el celular, la televi  sión y la radio, el principal uso que le dan a es  tos es el contacto con sus familiares, amigos, conocidos o personas aﬁnes; en este tipo de uso, hay una diferencia relevante en los ﬂujos de la tabla 22 entre los países de la región norte de Centroamérica  ( 60% )  y los de la re  gión Andina  ( 73% ) . Destacan El Salvador  ( 85% )  y Ecuador  ( 89% )  como los países en donde este uso es más predominante.