nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
La habilitación de centros escolares como albergues para personas afectadas por Eta e Iota fue una medida común en Honduras y Guatemala, especialmente en zonas de mayor impacto. Además de limitar el acceso a la educación y poner en peligro el derecho a la educación, el uso prolongado de las escuelas como espacio de acogida ha provocado un deterioro marcado en estas instalaciones.
Frente a la pérdida de bienes, servicios y viviendas, se estima que las mujeres son mayormente afectadas, y esto las expone a mayores riesgos de VBG, tal como lo destaca el informe sobre el análisis rápido de género Eta/ Iota108, donde el 27 por ciento de mujeres entrevistadas considera que la violencia contra las mujeres se ha profundizado “mucho' con las tormentas en mención y el 34 por ciento que se ha profundizado “un poco'. Según el informe, los tipos de violencia que afectan más comúnmente a las mujeres han sido: violencia económica  ( 19 por ciento ) , violencia psicológica 13 por ciento, violencia física 12 por ciento, acoso sexual 5 por ciento, agresión sexual 3 por ciento, violación sexual 1 por ciento109.
Según la CEPAL, la tasa más alta de feminicidio por cada 100.000 mujeres en América Latina se encuentra en Honduras  ( 6,2 ) , seguido por El Salvador  ( 3,3 )  en segundo lugar y Guatemala  ( 2,0 )  en cuarto.
La pobreza, las desigualdades socioeconómicas, así como la falta de acceso a la justicia, la desigualdad de género y los altos índices de impunidad, inciden en la persistencia y la severidad de la inseguridad. La expansión de las redes de narcotráfico y la creciente influencia de los grupos criminales ha puesto en jaque la estabilidad política, económica y social  de estos países. Con operaciones que abarcan el reclutamiento forzado, amenazas, extorsión, despojos, desapariciones, desplazamientos forzados, trata de personas, violaciones, tortura y asesinatos, la influencia de estos grupos ha permeado el tejido social de estos países, perjudicando la viabilidad de subregiones enteras dentro del NCA.
En los albergues donde se ha hospedado la población afectada por las tormentas, se reportaron múltiples casos de violencia sexual, agresiones físicas y psicológicas y situaciones de explotación sexual, especialmente a niñas y adolescentes.
A la par de esto, las mujeres y las adolescentes interrumpieron sus métodos de anticoncepción, por lo que el número de embarazos no deseados también aumentó junto con las consecuencias en la salud física y mental de las mujeres.
La falta comparativa de acceso a la información, igual de reducida para mujeres y niñas, además llevó a que los Análisis de género identificasen que, de cada 5 mujeres entrevistadas en Guatemala, 4 tenían o poca o nada de información durante o después del impacto de Eta e Iota.
Algunos de los servicios más trastocados incluyen los sistemas de salud, quienes fueron encomendados para formar la primera línea de respuesta sanitaria antes la pandemia COVID 19 justo después de haber enfrentado la antedicha epidemia dengue en 2019, los sistemas de protección de la niñez y servicios especializados para niños, niñas y adolescentes y familias con necesidades de protección especializadas, entre otros.
A medida que la COVID 19 se expandió en el NCA, se empezaron a cerrar los centros educativos de todos los niveles. Según la UNESCO, los cierres parciales o completos de las escuelas en cada uno de los tres países excedieron las 54 semanas, es decir, un periodo superior a un año entero32.
Un aumento en la llegada de personas solicitantes de asilo y refugiadas que buscan protección en El Salvador, Guatemala y Honduras podría afectar el funcionamiento de los sistemas de asilo y atención, ocasionando limitaciones en el acceso al asilo y documentación y obstáculos para el ejercicio de derechos y acceso a asistencia.
El NCA, particularmente en el llamado Corredor Seco, registra, junto con Haití y Venezuela, el mayor aumento de la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe durante la pandemia, lo que ha impulsado la proyección de que la región tendrá el mayor aumento relativo del mundo  ( +269 por ciento ) .
La crisis COVID 19 y los huracanes Eta e Iota han exacerbado las desigualdades existentes en la educación en los tres países, tales como la deserción educativa, la falta de recursos educativos adecuados y la poca inversión en infraestructura educativa.
En Honduras las mujeres poseen solo el 12 por ciento de la tierra, en El Salvador 13 por ciento y en Guatemala 15 por ciento. Mientras que los hombres tienden a recibir más títulos de propiedad, las mujeres suelen no poder acceder créditos o propiedades por inestabilidad e informalidad laboral, brecha salarial y/o roles de cuidado, en el que invierten de 4 a 15 por ciento más de tiempo que los hombres.
En Guatemala, al menos el 25 por ciento de la niñez de los 7 municipios más afectados por Eta e Iota continúa requiriendo seguimiento psicosocial. Los diversos estresores provocados directa o indirectamente por la pandemia han afectado la salud mental de las personas, especialmente la de la comunidad de profesionales de salud que han asumido mayor riesgo de contagio.
Guatemala perdió más de 119.000 hectáreas de cultivos, afectando los medios de vida y seguridad alimentaria de 267.000 familias
El acceso limitado provocado por la pandemia y luego la temporada de huracanes ha sido especialmente pronunciado para las mujeres, niñas y niños. Los Análisis Rápidos de Género en Honduras y Guatemala muestran que tan sólo el 35 por ciento en Honduras y el 31 por ciento en Guatemala tienen acceso a agua potable permanentemente.
El número de personas que arriban a países del NCA buscando protección como personas refugiadas se ha incrementado en los últimos años. A finales de 2020, más de 1.500 personas solicitantes de asilo y refugio estaban acogidos en países de la subregión, principalmente en Guatemala, lo que supone un aumento del 17 por ciento respecto al año anterior. Las dinámicas registradas en la región durante los últimos años permiten estimar que aproximadamente 5.000 personas podrían buscar protección internacional en estos tres países hasta finales de 2022.
Un 75 por ciento de mujeres perdió siembras familiares las cuales eran el alimento familiar a mediano y corto plazo, sus animales de patio fallecieron y un 57 por ciento indicó que perdieron los alimentos que tenían en sus viviendas al ser afectadas por las inundaciones. El 24.4 por ciento de hogares con mujeres jefas de hogar, estarán en riesgo debido a que estos son tradicionalmente monoparentales, lo que implica la ausencia de un segundo ingreso potencial, o de una persona que comparta los cuidados del hogar, de los niños y adultos mayores, por lo que en muchas ocasiones optan por consumir menos alimentos o tomar préstamos de dinero informales con altas tasas de interés.
En la última década, Guatemala ha sufrido un considerable incremento en la recurrencia y magnitud de los desastres y crisis humanitarias. La inseguridad alimentaria se ha posicionado como una crisis permanente que afecta, ya no solamente a las familias vulnerables en el Corredor Seco, sino también a las familias empobrecidas del altiplano centro occidental, específicamente familias indígenas de agricultura de subsistencia y jornaleros. Las evaluaciones EFSA y CIF han demostrado que a partir de 2014 ha habido un incremento sostenido de población afectada y con necesidades de 600.000 personas en 2013 a 3,5 millones en 2021.
Adicionalmente, en noviembre de 2020 las tormentas tropicales Eta e Iota impactaron gran parte del territorio guatemalteco. Los reportes de CONRED contabilizaron casi 4.000 incidentes con 2,4 millones de personas afectadas y 1,8 millones de personas damnificadas. Las tormentas dañaron y destruyeron alrededor de 17.259 viviendas  ( 99.338 personas )  e infraestructura comunitaria  ( sistemas de agua, escuelas, puentes de hamaca, pozos artesanales ) , cultivos y medios de vida, infraestructura vial, así como infraestructura del sistema de salud. Los deslizamientos de tierra y rocas de gran magnitud cobraron la vida de al menos 61 personas y unas 100 desaparecidas. En su punto más álgido, las tormentas forzaron el desplazamiento de unas 300.000 personas, las cuales fueron albergadas en más de 400 albergues “oficiales', unos 1.000 albergues “no oficiales' y en un número indeterminado de casas de familiares y amistades  ( auto albergue ) .
En el contexto de la pandemia de COVID 19, las personas desplazadas han enfrentado retos para protegerse del virus por tener menor acceso a insumos, instalaciones sanitarias, vacunas o simplemente una vivienda decente. En el caso de las personas desplazadas que viven con VIH o con otras condiciones crónicas de salud  ( como diabetes, hipertensión, etc. ) , la falta de acceso a medicamentos e insumos preventivos y de diagnóstico para el control de estas condiciones ha puesto en peligro su vida.
La mortalidad materna sigue siendo una preocupación en los tres países del NCA, más tras la pandemia de COVID 19 y los recientes desastres naturales, por las demoras a la identificación y de acceso a servicios, siendo esta aún más elevada en poblaciones indígenas. Sobresale que El Salvador y Honduras registran 13 y 16 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos respectivamente, cifras por debajo de la tasa global de 28. En Guatemala, el valor asciende a 23.
Las tasas de alfabetización de 89 por ciento en El Salvador para personas adultas mayores de 15 años, 81 por ciento en Guatemala y 87 por ciento en Honduras hacen que el NCA tenga algunas de las tasas más bajas de América Latina. Los valores son aún menores para mujeres adultas mayores, como en el caso de Guatemala, donde una de cada cuatro mujeres adultas no sabe leer ni escribir.
El NCA se caracteriza por una alta inequidad, propulsada por desigualdades sociales de género, étnico raciales y territoriales, que influyen en las discrepancias en niveles de ingreso y acceso a los servicios básicos. Las mujeres y niñas, en especial indígenas y rurales, enfrentan mayor pobreza, desempleo, carga de trabajo de cuidados no remunerado y limitación de acceso a servicios de salud, condiciones que han empeorado durante la crisis de COVID 19 y el impacto de los huracanes.
Aunque durante gran parte del 2020 se mostró un declive en actividades delictivas, presumiblemente por medidas de restricción COVID 19, la información disponible al cierre del año y en el primer trimestre de 2021 revela que la criminalidad, y sus impactos diferenciados por género, ha repuntado. En Guatemala, de acuerdo con el Ministerio Público, se registraron 452 feminicidios en 20202,
En Guatemala, los reportes CIF más recientes indican unos 3,3 millones de personas en Fase 3  ( Crisis )  de la CIF y unas 174.000 en Fase 4  ( Emergencia Humanitaria ) , lo que indica que 1 de cada 5 personas en Guatemala tiene brechas críticas en su acceso a alimentos que persistirán por los siguientes meses24.
La continuidad de servicios de salud de primer nivel de atención, incluyendo salud sexual y reproductiva  ( SSR )  y cuidados obstétricos y neonatales de emergencia, especialmente en zonas periurbanas y rurales, fue 
perjudicada por factores como restricciones de movilidad, carencias existentes de equipos de salud, mayor exposición a la COVID 19 y, por consecuencia, más infecciones y el cierre de instalaciones de atención primaria.
La sobrecarga por la pandemia, en particular, provocó una reducción de pruebas para detectar y controlar enfermedades endémicas como el dengue, entre otras. La centralización a nivel nacional del procesamiento de pruebas para algunas patologías, incluso las del virus SARS CoV 2, ha ralentizado los diagnósticos y tratamientos.
La priorización de la COVID 19 también ha causado retrasos en las cadenas de suministros de medicamentos e insumos sanitarios e interrumpido servicios de inmunizaciones, de salud materna e infantil, de salud sexual y reproductiva, de salud mental y apoyo psicosocial y la gestión clínica de violaciones.
Aun considerando que las operaciones humanitarias emprendieron un esfuerzo colectivo para superar estos retos, los daños extensos a la infraestructura de transporte, redes viales y puertos de transporte aéreo y marítimo redujo el acceso requerido para realizar todas las evacuaciones necesarias y prestar ayuda crítica36.
El cierre de las escuelas para las clases presenciales, producto de la pandemia de COVID 19, provocó el confinamiento de cerca de más de 7 millones de NNA87 de los cuales el 49 por ciento son niñas o adolescentes mujeres, generando no solo la discontinuidad del aprendizaje por algún tiempo para algunos, o de manera total por otros, incluso los más vulnerables entre los NNA en condiciones de pobreza, con discapacidades, grupos étnicos u otras condiciones, debido a la brecha digital y la falta de cobertura con alternativas efectivas, para aquellos que no tuvieran acceso digital, pero también la necesitad de la preparación de los y las docentes para implementar estas metodologías a distancia.
La mayoría de la población reside en entornos urbanos. Casi tres de cada cuatro personas en El Salvador viven en ciudades, tasa que pasa a casi seis de cada 10 en Honduras y un poco más de la mitad en Guatemala. Además, en Guatemala y El Salvador, viven 12 y 15 mujeres más por cada 100 hombres respectivamente en áreas urbanas. La informalidad en áreas urbano  marginales, donde existe una escasez relativa de suelo urbano y falta de vivienda digna, suele ser la única opción viable para familias de recursos limitados.
La ubicación de una vivienda en los centros urbanos influye en el acceso a los puestos de trabajo, las escuelas, los centros de salud y los servicios públicos. La permanente exposición a deslaves, inundaciones, terremotos y otros fenómenos geo climáticos, la ubicación y precariedad de asentamientos y la insuficiencia en servicios sanitarios y de gestión de residuos son multiplicadores de amenazas que amplifican las dimensiones humanitarias de cualquier emergencia. En las zonas rurales esta situación es más preocupante debido a que el acceso a los servicios básicos requiere viajar largas distancias y muchas familias no cuentan con los recursos económicos para cubrir estos traslados.
Si bien El Salvador, Guatemala y Honduras son países de renta media, alrededor del 70 por ciento de la población trabaja en la economía informal, caracterizada por ingresos bajos, y sin protección social ni los beneficios del limitado crecimiento económico de la región en los últimos años. Al contrario, el ingreso real per cápita para los sectores más vulnerables ha disminuido. Además, existe un desequilibrio por género, ya que, de cada 10 mujeres en El Salvador y en Guatemala, 7 tienen un empleo informal, una proporción que en Honduras corresponde a 8 de cada 10 mujeres en condiciones más precarias y peor remuneradas, situación que se pronuncia más en las trabajadoras domésticas. Para los hombres la relación es más baja con 5.7. y 7 de cada 10 respectivamente.
Una violencia crónica endémica de difícil control Con una tasa de 25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, el NCA tiene más muertes violentas que casi cualquier parte del mundo. Esto obedece al mayor alcance, control y accionar de grupos delictivos, cuyas acciones han hecho que algunas ciudades en estos países figuren entre las más violentas del mundo durante las últimas dos décadas1. Estas olas de violencia son cada vez más alarmantes. En la dimensión social, esta violencia relacionada con bandas criminales llamadas maras o pandillas afecta principalmente a adolescentes y jóvenes.
En general, los impactos socioeconómicos han sido desproporcionados en hogares con mujeres jefas de hogar, niños, niñas y adolescentes, según indican los Análisis Rápidos de Género en Honduras19 y Guatemala20. Esta discordancia es ejemplificada por las miles de mujeres que abandonaron el mercado laboral formal e informal, en contraste con el aumento del trabajo de cuidados no remunerado que en Guatemala pasó de 7.5 a 11.2 horas diarias en mujeres, aumento que para los hombres corresponde a pasar de 3 a 4.5 horas diarias en promedio.
La temporada de huracanes creó necesidades específicas para las comunidades afectadas a lo largo del NCA. Honduras y Guatemala contabilizan unos 7,3 millones de personas afectadas, entre ellas 3,5 millones de niños según UNICEF, alrededor de 140.000 viviendas afectadas o destruidas y, en la primera semana de diciembre 2020, unas 404.000 personas en albergues. Como muestra del impacto diferenciado en las mujeres, el 73 por ciento de las mujeres entrevistadas en Honduras por el Análisis Rápido de Género manifestaron que su vivienda sufrió un daño moderado o severo en Honduras, mientras que en Guatemala el 81 por ciento indicó daños de diferente magnitud en sus viviendas.
La mayoría de los hechos delictivos presentan un punto de inflexión en el mes de junio de 2020. Durante este mes, el número de hechos se incrementó en comparación al resto de meses bajo medidas de contención de la COVID 19. Algunas hipótesis que lo podrían explicar son las relacionadas a la crisis socioeconómica y a la posible adaptación de los grupos criminales al contexto, lo cual requiere de mayor investigación.
El 51.7 por ciento de las mujeres en Honduras y el 30 por ciento en Guatemala indicaron que deben recorrer unos 30 minutos para ir a un servicio de salud. En términos de salud sexual y reproductiva, un 56 por ciento de mujeres en Guatemala y un 58 por ciento en Honduras indicaron que no tienen acceso a estos servicios y un mismo porcentaje tampoco tiene acceso a servicios de higiene en este último país.
Si bien la pandemia COVID 19 obligó a que los Ministerios de Educación aceleraran iniciativas de educación a distancia por medio de Internet, televisión, radio, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, muchas zonas rurales o remotas del NCA no cuentan con condiciones adecuadas de suministro eléctrico y/o servicios de internet34, lo que ha incurrido gastos elevados en data por telefonía celular. Esta falta de acceso, junto con faltas de equipos y materiales adecuados han llevado un abandono escolar generalizado.
Las restricciones a la circulación y los confinamientos implementados por la COVID 19 han limitado la capacidad de actores humanitarios para atender necesidades. Tanto las actividades humanitarias como las de desarrollo fueron menguadas por estos limitantes, llevando a numerosos retrasos en la ejecución de estas. Sumado a esto, las operaciones humanitarias en zonas afectadas por Eta e Iota tuvieron que abordar el triple reto de mantener las condiciones sanitarias del personal desplegados, mantener coordinaciones virtuales a todos los niveles que mantuvieran el mismo calibre que las coordinaciones presenciales tradicionales y fortalecer la asistencia humanitaria frente a limitaciones logísticas y de personal de respuesta sujetos a las amenazas presentada por la pandemia35.
El control territorial ejercido por grupos delictivos en áreas afectadas les prestó otra capa de complejidad a las ya limitadas condiciones de acceso y al entorno de seguridad para las personas afectadas y el personal humanitario. En zonas donde estos grupos criminales han avanzado su alcance y control, las restricciones de movilidad por intimidación y amenazas han afectado el acceso a bienes y servicios básicos y humanitarios.
En los últimos diez años, los desplazamientos forzados desde El Salvador, Guatemala y Honduras se han multiplicado casi por 50, y aumentaron de 18.400 personas al final del 2011 a unas 867.800 al final del 202039. A finales de 2020, las autoridades reconocían unos 247.000 desplazados internos en Honduras  ( 51 por ciento mujeres )  y al menos 71.500 en El Salvador40. En Guatemala se estima que unas 242.000 personas se encuentran desplazadas internamente. En los tres países, las personas se desplazan generalmente a territorios con igual o mayor inseguridad y el desplazamiento interno es la antesala a la movilidad transfronteriza.
Además, refiere que la población con dificultades de acceso a los servicios de salud de los departamentos más afectados por las tormentas fue de 1.195,.536, el 50.35 por ciento  ( 602.239 )  de esta población lo constituyen mujeres, la mayoría de ellas 55.85 por ciento  ( 336.326 )  mujeres mayas, pobres, analfabetas y monolingües. Estas crisis han disminuido la posibilidad de acceso a la salud sexual y reproductiva en los departamentos afectados. Existe un descenso en servicios de planificación familiar del 58 por ciento; primera consulta de prenatal 14 por ciento, atención del parto institucional 10.8 por ciento. En los departamentos más afectados, se registró un aumento de embarazos en adolescentes  ( 61 por ciento )  y se registró más del 50 por ciento de la mortalidad materna en el país  ( 184 de 336 ) .
En conferencia de prensa, el presidente Alejandro Giammattei informó que se ha visto una baja de casos en las últimas nueve semanas y disminuyó en 39% la ocupación de camas en los hospitales nacionales para atención de pacientes. Los horarios de locomoción se mantienen de 4 a.m. a 9 p.m. El transporte está funcionando con limitaciones en cuanto a capacidad, y los restaurantes y comercios están implementando medidas de distanciamiento y seguridad.
Adicional a la actual situación de la COVID 19, se ha iniciado la temporada de lluvias, el 30 de mayo se inició a monitorear un Sistema de Baja Presión que se fortaleció a Tormenta Tropical Amanda, las lluvias provocaron inundaciones, derrumbes en carreteras, crecida de ríos, dejando a 469 mil personas afectadas, 2 mil personas damnificadas, 5 mil evacuadas, 795 personas albergadas, 2 heridas y 5 fallecidas, además catorce  ( 14 )  albergues fueron habilitados. En daños a infraestructura dejó 1 mil viviendas con daño leve, 961 viviendas con daño moderado 35 con daño severo. Esta situación viene a complejizar la situación por la COVID 19 de la población más pobre y vulnerable, aunque se han implementado protocolos en atención en albergues para evitar contagios siempre hay un margen de riesgo especialmente para los más vulnerables.
Más de 27 mil centroamericanos/as han retornado a su país de origen gracias al trabajo articulado de los Países miembros del SICA, en el marco del Plan de Contingencia Regional, a través de los planes de retorno, ejecutados y coordinados por las Cancillerías para repatriar a los connacionales a sus hogares, tomando en consideración todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, cuarentenas adoptadas por cada país, entre otras, a su llegada al país para evitar la propagación del virus. Guatemala a 380;
Según el monitoreo por parte de la UPV de la SE CONRED, con el apoyo de Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres –COLRED , se reportan de 8 a 12 explosiones débiles y moderadas por hora, las cuales son acompañadas de columnas de ceniza gris que se elevan a 4 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Líderes comunitarios informan de retumbos débiles, moderados y fuertes, provocando vibraciones en techos y ventanas en las comunidades cercanas al volcán. Además, se registra caída de ceniza en las aldeas: Panimaché I, Morelia, Santa Sofía, Sangre de Cristo, Yepocapa y Finca Palo Verde.
El resto de los migrantes viajan en grupos de 10 a 15 personas, la mayoría de los cuales se dirigen al departamento norteño de Petén. Varias organizaciones humanitarias están brindando agua, alimentos, kits de higiene, máscaras y gel sanitizante a los migrantes. El grupo de protección está monitoreando la situación y está preparado para prestar asistencia en caso de que sea necesario. La OIM ha enviado un equipo al Petén para determinar las necesidades. El personal de apoyo psicosocial del UNICEF está presente en los refugios cercanos al paso fronterizo de Corinto, apoyando la respuesta del Gobierno a los niños, niñas y adolescentes, incluso los no acompañados.
Migrantes hondureños partieron hacia Guatemala en grandes grupos conocidos como caravanas el 30 de septiembre. Las autoridades migratorias de Guatemala estimaron que esos grupos sumaban unas 4.000 personas, muchas de las cuales cruzaron los puestos de control fronterizos a la fuerza o entraron de manera irregular en medio de un calor intenso y con una falta general de acceso a la higiene, el agua y los alimentos.
en Guatemala, más del 60% de los niños/as indígenas menores de 5 años sufren desnutrición crónica, un porcentaje que prácticamente duplica a los niños/as no indígenas.
Adicionalmente, existe el riesgo probable de aumento en la deserción y abandono escolar temprano que requerirá de conformar y organizar brigadas comunitarias para identificar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no retornen para asegurar su búsqueda, reincorporación y asistencia a clases presenciales en el ciclo lectivo 2021. Se ha estimado que el retorno será progresivo y escalonado, por lo que el Ministerio de Educación deberá preparar nuevos mecanismos para actividades regulares como los recesos, la distribución de alimentos en la escuela y para la casa, distanciamiento físico en el aula, actividades fuera de los salones y material educativo de nivelación y progreso educativo.
Los efectos por la actual crisis del COVID 19 ha implicado en los grupos y organizaciones de productores agropecuarios una caída en sus ingresos, incertidumbre al momento de establecer sus cultivos, falta de empleo  ( especialmente a las familias más vulnerables )  que venden su mano de obra como jornaleros, debido a esto las áreas de producción de hortalizas se han ido restringiendo, pues la percepción es que no se tienen muchas oportunidades de mercado, por lo que toman fuerza los circuitos cortos de comercialización e identificar oportunidades de mercado internacionales, las restricciones de movilidad en comunidades y municipios son un riesgo de perder los avances organizativos de productores de agricultura familiar, será necesario utilizar plataformas digitales, llamadas telefónicas y visitas esporádicas para mantener viva la organización empresarial.
Las necesidades inmediatas de los grupos más vulnerables afectados y sus comunidades/familias de acogida son: 1 )  asegurar la provisión de servicios básicos WASH en los albergues  ( formales y no formales ) , 2 )  reparación de sistemas de agua, limpieza y desinfección de pozos con instalación de bombas manuales y sobre elevación para prevenir futuras inundaciones, 3 )  empoderamiento comunitario y cambio de normas sociales a través de la facilitación de un abordaje de autoconstrucción de baños  o el buen manejo de los baños existentes  para eliminar la contaminación fecal comunitaria, la construcción y uso de puntos de lavado de manos y el tratamiento y almacenamiento seguro de agua en el hogar; abordaje SAHTOSO80, u otras metodologías implementadas como la ESCASAL81 4 )  la rehabilitación de los servicios WASH en los centros educativos dañados  ( por las ultimas tormentas/huracanes o por haber sido utilizados como albergues )  y de aquellos históricamente no dotados de servidos, 5 )  provisión de kits de higiene  ( en especie, cupones/transferencia de efectivo )  adaptados a las necesidades de género, de edades y de situación  ( ej.: caminantes vs. no caminantes )  en albergues y en familias de acogida, 6 )  provisión de insumos esenciales  ( cloro, EPP, etc. )  a los operadores de sistemas de agua, 7 )  capacitación/promoción de las buenas prácticas de higiene en el hogar, los centros educativos y establecimientos de salud en situación de emergencia sanitaria en el marco de una estrategia de comunicación de riesgo orientada a las buenas prácticas de higiene y al cuidado de las instalaciones sanitarias.
También, numerosas familias perdieron todos sus bienes y pertenencias cuando se inundaron y/o destruyeron sus casas. En un contexto de baja cobertura de servicios WASH en los territorios rurales de la región y de menores prácticas de higiene y mayor vulnerabilidad precrisis, estas afectaciones socioeconómicas y naturales amplifican la morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hídrica las cuales afectan a todos los grupos de población vulnerable78 afectados y sus comunidades de acogida   muchas veces vulnerables también   y pueden resultar en detrimento de la salud y nutrición de mujeres embarazadas, desnutrición crónica, desnutrición aguda severa y hasta la muerte en los niños y niñas
Bajo clasificaciones de UNICEF, el sistema escolar en Honduras sigue bajo cierre total, mientras que los sistemas en El Salvador y Guatemala siguen bajo cierre parcial. Pese a las reaperturas paulatinas y modalidades híbridas entre la educación presencial y a distancia en estos dos últimos países, cabe destacar que apenas hay información disponible sobre la calidad de estos modelos de aprendizaje, así como su impacto en el aprendizaje y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de estos países33.
Actualmente en la ciudad de Guatemala se cuenta con un sistema de albergue diferenciado para hombres, mujeres y NNA. Sin embargo, en el interior de la republica aún no se ha implementado.165 Las personas deportadas han denunciado la precariedad de las instalaciones para aislamiento en las que se encuentran, el tiempo prolongado de encierro, la incomunicación, el mal servicio de alimentación, la falta de insumos para higiene personal y no les notifican los resultados de las pruebas que les han realizado.
El 7 de octubre las autoridades informaron que el país está entrando en una segunda ola de contagios, debido a que la población no está cumpliendo con las medidas de prevención y distanciamiento social, situación que ven con preocupación. A la misma fecha, el MSPAS acumuló 347.374 casos tamizados, de los cuales 95.704 corresponden a casos confirmados registrados, 84.036 a casos recuperados estimados, 8.333 a casos activos estimados y 3.335 a casos fallecidos registrados.
Guatemala no buscará extender su estado de calamidad pasado su fecha de finalización del 5 de octubre, lo que permitirá a los guatemaltecos reanudar diversas actividades bajo tamaños restringidos de aforo. El estado de calamidad, vigente desde marzo después de que Guatemala informó de su primer caso, permitió a las autoridades aplicar varias restricciones para frenar la propagación del virus. El Gobierno está trabajando para determinar los marcos normativos, operacionales y logísticos para la gestión de la pandemia de COVID 19 después de que la extensión siga su curso
Documento personal de identidad especial De acuerdo con la ley guatemalteca, las personas solicitantes y reconocidas como refugiadas de  ben de recibir un documento personal de identi  dad especial para facilitar el acceso a servicios y a derechos. En la práctica, no se emite un docu  mento con las características necesarias para es  tos fines. Para las personas solicitantes, la corta vigencia del estatus de permanencia provisional y el hecho de que no sea un documento de iden  tidad les impide el acceso a servicios y a trámites legales, sin discriminación. Asimismo, conside  rando las barreras previamente señaladas con respecto al acceso y el mantenimiento de la resi  dencia por parte de personas reconocidas como refugiadas, la falta de un documento personal de identidad especial les deja en una situación de desprotección legal.
Salud El 67.1% de las personas respondientes afirma que existe un centro de salud a menos de una hora caminando desde su lugar de residencia o alojamiento. Aunque una parte importante de la población entrevistada no ha tenido la necesidad de recurrir a los servicios de salud en Guatemala, se señala una serie de barreras estructurales que dificultan la atención sanitaria en el país.
Con respecto a los otros criterios de mayores riesgos, un total de 135 personas abarcadas en este periodo – que corresponde al 27.1% del to  tal – reporta enfrentar una situación de vulnera  bilidad independiente de su condición migrato  ria. En la categoría de niñez en riesgo, se percibió un aumento de los niños, niñas y adolescentes que han disertado del sistema educativo dado su tránsito migratorio.
Documentación de país de origen Considerando el requisito de tener un documen  to de identidad del país de origen vigente para poder obtener la residencia guatemalteca, es preocupante que 12 respondientes manifestaron no contar con ningún documento del país de ori  gen. Al menos 4 de estas personas han solicitado protección internacional en Guatemala, pero aun en caso de una decisión positiva, se enfrentarían a barreras en la regularización migratoria por la falta de un documento vigente del país de ori  gen. Los otros 8 respondientes carecen de condi  ción migratoria en Guatemala. Por lo tanto, estas personas se encuentran en una situación de in  documentación y desprotección legal completa.
4. PERFILES DE LAS PERSONAS MONITOREADAS

Entre las 498 personas abarcadas por las encues  tas durante el periodo señalado, se detecta una mayor incidencia del sexo masculino – el 58.6% – comparado con el sexo femenino – el 41.4%–. Esto representa un cambio desde el periodo an  terior cuando se detectó casi igual proporciones de personas de los dos sexos, y guarda correla  ción con el incremento en actividades de monito  reo en la ruta de tránsito. En Petén, por ejemplo, el 69% de las personas abarcadas por las encues  tas en el actual periodo representa ser del sexo masculino. 

Se observa la presencia de personas que identi  fican con un género distinto a su sexo, particularmente de personas del sexo masculino que se identifican como mujeres o con otra identidad de género. Durante el periodo, el 9.3% de las perso  nas adultas abarcadas reportan ser homosexual o bisexual. 

Con respecto a los grupos etarios abarcados en el presente periodo, se mantiene una mayor in  cidencia de personas adultas, entre 18 y 59 años de edad, mientras que el 29.8% es menor de 18 años de edad. Existe una variación mínima entre personas del sexo masculino y femenino con res  pecto al grupo etario.
En cuanto a la nacionalidad de la población en  cuestada, en el periodo señalado, se detecta ma  yor incidencia de la población hondureña, que corresponde al 50.8% de las personas abarcadas. Este dato refleja que los lugares de monitoreo en esta etapa – específicamente Esquipulas y Santa Elena – se encuentran en las rutas de trán  sito de Honduras con Guatemala. Si bien este dato representa un cambio con respecto a la pre  dominancia de personas salvadoreñas detectada en el periodo anterior, se mantiene una fuerte representación de los dos países centroamerica  nos, seguido por Nicaragua, y de familias mixtas con al menos una persona de nacionalidad gua  temalteca.
Estatus de permanencia provisional Personas que solicitan protección internacional en Guatemala deben recibir documentación que acredite su estatus de permanencia provisional en el país mientras se resuelve la solicitud. Sin embargo, el 33.3% de los respondientes con una solicitud pendiente todavía no habían recibido el documento que acredita este estatus. De los dos tercios de respondientes que afirman haber reci bido este documento, el 63.5% manifiesta que el documento se encuentra vencido. Estos datos re  fuerzan la necesidad de agilizar el procedimiento de renovación mensual de este documento que actualmente se tramita solamente en la Ciudad de Guatemala.
Registro de nacimientos El monitoreo en comunidades en Chiquimula y Petén también ha alcanzado a personas extran  jeras que llevan muchos años viviendo en Gua  temala sin una condición migratoria regular. En los casos de 16 familias encuestadas durante el periodo, hay al menos una persona guatemalte  ca en la unidad familiar – normalmente un hijo o hija nacida en el país o una pareja de nacionalidad guatemalteca. La falta de autorización para estar en el país coloca a estas familias en una situación de desventaja frente al acceso a servicios y el ejercicio de derechos básicos. En este sentido, se resalta la falta de programas de regularización migratoria para permitir a estas personas acce  der a una condición migratoria regular.
Según lo manifestado por las personas entrevis  tadas en el departamento de Petén, las fuerzas de seguridad de Guatemala – la PNC y el Ejército –, son quienes les solicitan el pago extraoficial de dinero por haber cruzado al país. De no cancelar lo requerido, las autoridades los amenazan con la deportación, por lo que, al no tener otra opción y por el temor de regresar a su país de origen, optan por cancelar la cuota exigida. Este pago de soborno o extorsión lo solicitan principalmen  te al cruzar por puntos ciegos en fronteras y en algunos retenes o puestos de registro que en  cuentran durante la ruta. Al pagar alrededor de 200 o 300 quetzales por persona, las familias y personas individuales se quedan sin el recurso económico para la compra de alimentos, pago de pasaje de autobús o compra de algún servicio para cubrir sus necesidades básicas en Guatema  la.
Educación En su mayoría, los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes asisten a centros educa  tivos públicos debido a las condiciones socioeco  nómicas de las familias. De las familias encues  tadas durante el bimestre señalado en las cuales hay al menos una persona de edad escolar, un total de 7 reporta que las personas menores de edad no están estudiando. Entre los motivos se  ñalados, se incluyen algunos generales – como el cierre del centro educativo por motivo del CO  VID 19 –, y algunos específicos a las realidades de las personas refugiadas y migrantes – como elhecho de estar en tránsito, la falta de convalida  ción de títulos y la falta de uniformes .
{Normativa nacional}
Esta misma normativa indica en el artículo 21 que en cuanto a las personas trabajadoras migrantes en su territorio que “El Estado de Guatemala garantiza a toda persona trabajadora migrante y sus familias los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, la legislación nacional y el derecho internacional debidamente reconocido en nuestro país'.
Sin contar las muertes ocurridas cerca de la frontera con los Estados Unidos de América, de 2014 a 2020 el PMD documentó cerca de 750 muertes ocurridas en Centroamérica, principalmente en México  ( 650 ) , pero también en Panamá  ( 50 ) , Nicaragua  ( 21 ) , Guatemala  ( 15 ) , Costa Rica  ( 7 )  y El Salvador  ( 1 ) . Sin embargo, es muy probable que estas cifras no reflejen el número verdadero de vidas perdidas durante trayectos migratorios en esta región.
{LAS PRÁCTICAS DE RECLUTAMIENTO EN LA AGRICULTURA}

En Guatemala, de acuerdo con el Código de Trabajo, en su artículo 27, para las labores agrícolas existe la opción de establecer un contrato verbal en un trabajo que no dure más de 60 días; sin embargo, la realización de la mayor parte de estas labores requiere más tiempo  ( Verité, 2017 ) . Así pues, al no contar con un contrato escrito, los derechos de las personas migrantes corren el riesgo de ser vulnerados ya que pueden no tener acceso a información completa y confiable sobre las condiciones de su contratación y empleo  ( OIT, 2019 ) .
{Normativa nacional}
El Código de Trabajo establece una definición de la figura de intermediario, refiriéndose a “aquella persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono'  ( Gobierno de la República de Guatemala, 1995, Art. 5 ) . Además, se establece la diferenciación entre un intermediario y el proceso de contratación y reclutamiento realizado directamente por el patrono señalando que “no tiene carácter de intermediario y sí de patrono, el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios'  ( Gobierno de la República de Guatemala, 1995, Art. 5 ) .
{dar sus documentos de identidad o de viaje a las personas contratistas para que las mismas realicen las gestiones migratorias en los puestos fronterizos}
Los riesgos de estas acciones son múltiples, como el pago de sobornos, especialmente de contratistas y/o intermediarios, a agentes gubernamentales que se encuentran en las fronteras, con el objetivo de obviar los trámites migratorios y poder llegar al lugar de trabajo sin tramitar ningún permiso laboral. Otro riesgo importante es la confiscación de documentos, que, además, puede ser un indicador de coerción que coloca a las personas migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad  ( OIT, s.f.b. ) .
El flujo migratorio de salidas se dividió entre siete nacionalidades principalmente, y otras identificadas y no
identificadas. El mayor flujo es de personas nacionales de Honduras, las cuales representan el 58% del total de
salidas de julio. Las personas haitianas representan el 17% y su salida se da principalmente por Tecún Umán; no
obstante, en el resto de las localidades, informantes claves indicaron que existe un tránsito considerable de estas
personas principalmente en horario nocturno, por lo que este factor limita su cuantificación. Las personas de El
Salvador y Nicaragua representan el 12% y el 8% respectivamente, mientras que el porcentaje restante se diluye
entre nacionales de Cuba, República Bolivariana de Venezuela, Guatemala y otras nacionalidades de Sur América,
África y Asia.
Para el caso de la frontera de El Ceibo, según el reporte estadístico del Centro de Salud, el número de personas migrantes que transitan por esta frontera ha reducido considerablemente por diferentes factores en los que destacan: 1  El uso de esta frontera por parte de autoridades mexicanas para la deportación de personas migrantes centroamericanas bajo el programa Titulo 42 llevado a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos. 2  El aumento en la presencia militar para el control de pasos ciegos de ingreso irregular y 3  El control de zonas montañosas y boscosas  ( rutas migratorias de ingreso irregular )  por parte de organizaciones de crimen organizado, quienes ejercen asaltos, extorciones y violencia física y sexual a personas migrantes, particularmente mujeres migrantes.
Los datos sobre tipología del hogar indican efectivamente el impacto en la conformación de los hogares dada la migración. Se observa que a nivel nacional los hogares monoparentales no superaban el 10.4% del total en 2018. Para los hogares que no reportaron remesas ni emigrantes internacionales el porcentaje para esta misma categoría cae a un 9.3%. Sin embargo, en los hogares que sí reportaron recibir remesas y dieron información sobre personas residiendo en otro país, el porcentaje casi se triplica, representando un 28.4%. Otro dato importante es la gran representación porcentual que obtienen los hogares ampliados o extendidos con las características expuestas  ( 44.7% ) , ya que a diferencia del total nacional prevalecen los hogares ampliados o extendidos y no los nucleares.
Al igual que los dos últimos indicadores, los porcentajes son más altos para los hogares que no reportaron emigrantes internacionales ni recepción de remesas, tanto para el área urbana como para el área rural. A pesar de esto, las diferencias no son tan altas para el área rural, lo que pone en evidencia posiblemente las brechas de inversión pública en este sector. Sin embargo, se resalta nuevamente que existe un diferencial en los hogares que reportaron remesas, en esta ocasión se visualiza un mayor porcentaje de Necesidad básica Insatisfecha en relación al abastecimiento de agua para las áreas.
La población que integra los hogares receptores de remesas y que reportaron emigrantes internacionales fue en 2018 de 631,501 y se encuentran principalmente en los departamentos de Huehuetenango  ( 20.2% ) , Quiché  ( 11.9% ) , San Marcos  ( 10.8% ) , Quetzaltenango  ( 8.9% )  y Guatemala  ( 6.7% ) . La mayor parte  ( 62.9% )  de esta población residen en áreas rurales y el 37.1% pertenece al área urbana. En el a mapa continuación, se puede observar la distribución de la población y se aprecian los cinco principales departamentos con población beneficiaria directa o indirectamente de las remesas.
La mayor parte de la población que compone los hogares receptores de remesas son mujeres  ( 57.2% )  en comparación con los hombres  ( 42.8% ) , diferente a lo que reporta el censo a nivel nacional  ( 51.5% mujeres y 48.5% hombres ) , apreciándose la ausencia de la población masculina, que mayoritariamente toma la decisión de viajar al exterior en busca de oportunidades.
Contra todo pronóstico, las remesas, que desde el inicio de la pandemia habían descendido, han aumentado en el mes de junio gracias a la solidaridad de los migrantes que viven en los Estados Unidos. “Las remesas en Guatemala suponen la principal fuente de ingresos del país y en este último mes han alcanzado los dos mil millones de dólares, lo que ha permitido que la población guatemalteca no caiga en una situación de vulnerabilidad más extrema', dice García.
Dado el estado actual de contagios, se espera que los centros urbanos más importantes, particularmente el área metropolitana, sigan en alerta máxima hasta fin de año, con limitaciones de aforo en el transporte, restaurantes y comercios y que se mantengan las medidas de distanciamiento y bioseguridad, lo que limitaría la generación de ingresos. El transporte público no se ha reactivado, lo que implica el uso de transporte alterno a costos elevados.
En el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, la mayoría de las personas migran debido a las condiciones de pobreza y violencia que viven en sus países. “Nos vinimos de mi país porque mi papá era muy violento con mi mamá. Él le pegaba, la amenazaba, también me pegaba a mí', cuenta Jessyca*, una niña de 9 años que dejó Honduras junto a su madre debido a la violencia intrafamiliar.
Los hogares continúan a ajustar su dieta y a emplear estrategias negativas para garantizar su alimentación. Si bien durante julio no recibieron la asistencia alimentaria programada, la continuidad del mismo durante agosto y septiembre permitirá que la mayoría de los hogares puedan asegurar su alimentación  ( Fase 1! CIF ) , mientras que los hogares ubicados en el corredor seco experimentarán inseguridad alimentaria en Estrés,  ( Fase 2! CIF ) .
En octubre finaliza el programa de asistencia del gobierno bono Familia. A pesar del inicio de la principal temporada de empleo temporal, el rápido uso de los ingresos y la continua utilización de estrategias de afrontamiento negativas, provocarán que los hogares recaigan en situación de inseguridad alimentaria en Estrés  ( Fase 2, CIF )  y Crisis  ( Fase 3, CIF )  hasta enero 2021.
La reciente reapertura económica y el levantamiento de restricciones de movilización de personas a nivel nacional ha permitido una recuperación parcial de las fuentes de ingresos y ha mejorado el acceso a los mercados, tanto para la compra como para la venta de productos. Sin embargo, el transporte público que debería estar ya funcionando de forma parcial aún no ha logrado reactivarse dados los ajustes requeridos a su costo para equilibrar la reducción en la capacidad de pasajeros en cada viaje, lo que ha obligado a quienes han regresado a laborar a seguir dependiendo de transportes privados caros.
Asimismo, el Índice de Precios al Consumidor muestra aumentos intermensuales importantes desde mayo. El incremento en julio es promovido particularmente por la división de transporte, seguido por alimentos, restaurantes y salud. Desde el anuncio de las restricciones en marzo, el servicio de transporte público se encuentra suspendido. Sin embargo, el funcionamiento de servicios esenciales durante el periodo de cierre de actividades económicas obligó a muchas personas a buscar transportes alternos, por lo general a precios más altos.
Las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos, han visto reducida de forma significativa la diversidad y frecuencia de consumo de alimentos derivado de las restricciones de movilidad y la dependencia entiendas comunitarias, así como del aumento en los precios de los alimentos desde que inició la pandemia. Esto se refleja en la variedad de los alimentos incluidos en la dieta diaria, marcándose particularmente en la reducción de consumo de productos de origen animal como huevos, pollo, y leche. Este aumento de precios continúa marcado en julio, de acuerdo con el reporte a detalle del precio de los productos de la canasta básica
La Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM )  en coordinación con la Embajada de la República de Guatemala, a través del Programa de Retorno Voluntario Asistido  ( AVR ) , asistió el retorno de 70 personas guatemaltecas que se encontraban varadas en Nicaragua, a causa del cierre de las fronteras por la pandemia COVID 19. La Embajada de la República de Guatemala en Nicaragua, solicitó asistencia a la OIM en la gestión del retorno de 70 personas: 32 mujeres, 38 varones, de los cuales 4 eran niños y 5 niñas respectivamente, quienes desde el mes de mayo iniciaron las coordinaciones para su retorno.