nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
En marzo, el Índice de Confianza Comercial se ubicó en 38,7%, lo que representa un incremento de 4,4 pps frente al mes anterior. Esta mejoría se explica principalmente por una reducción en el nivel de existencias y en menor medida por un incremento del indicador de situación económica actual de la empresa. El Índice de Confianza Industrial registró un balance de 6,8%, lo que representa una reducción de 1,4 pps respecto al mes pasado. Esta caída se explica por una reducción de las expectativas de producción para el próximo trimestre.
El estatuto temporal de protección se hace necesario para el país teniendo en cuenta la situación actual de Venezuela, la cual, cada día se deteriora más. Las medidas impuestas por el actual régimen de Venezuela ha obligado a más de 5 millones de venezolanos a abandonar su país y de ellos, más del 30% se encuentran radicados en Colombia. El no saber quién se encuentra dentro del territorio nacional, no solo representa un riesgo en materia de seguridad, sino que además impide generar políticas públicas orientadas a la integración y asimilación de los migrantes. No regularizar dificulta la identificación y judicialización de los migrantes.
Por otra parte, las expectativas de empleo de los industriales para el próximo trimestre se incrementaron a 9,4%, lo que implica un aumento de 0,3 pps frente al trimestre anterior. La percepción de los industriales sobre la presencia de actividades de contrabando se ubicó en  8,9%, lo que representa una reducción de 2 pps respecto al trimestre anterior.
¿Cómo se llevará a cabo la implementación del Proyecto?
 Transcurridos 90 días posteriores a la publicación del Decreto por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para venezolanos, se implementará en dos fases: 
1. Fase 1: Registro único de Migrantes Venezolanos que hace parte del Proyecto de Identificación y Registro de Ciudadanos venezolanos  ( RIC ) .
2. Fase 2: Expedición del Permiso por Protección Temporal.
Este estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos nace del compromiso que adquirió Migración Colombia para definir nuevos mecanismos de flexibilización migratoria, los cuales permitan la integración de la población migrante venezolana a la vida productiva del país, a partir de su regularización. 
El objetivo del estatuto temporal de protección es permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes. 
Esta medida busca estimular el tránsito al régimen migratorio ordinario y disminuir las cifras de migración irregular actuales y futuras.
El presente estatuto temporal de protección, que es un reflejo del compromiso del Gobierno Nacional con la protección de los Derechos Humanos, estará dirigido a aquellos migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, bien sea porque son beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un PEP. También se beneficiarán de este estatuto temporal de protección los migrantes venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC 2, es decir, aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería. Frente a los irregulares, podrán beneficiarse con este estatuto temporal de protección, aquellos migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia a 31 de enero de 2021. Adicionalmente como una medida para desincentivar la irregularidad, se propone que aquellos migrantes venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos  ( 2 )  años de vigencia del Estatuto, se beneficien del mismo.
En los próximos tres meses el 0,8% de las empresas espera realizar un cierre temporal, 0,2% de las empresas espera realizar un cierre permanente, mientras que el restante 99,0% no planea realizar ninguna alteración en su funcionamiento. Respecto al mes anterior, en marzo la proporción de empresas que no espera ningún cierre aumentó 0,8 pps, mientras que las empresas que esperan un cierre temporal en los próximos 3 meses disminuyeron 0,8 pps. Entre tanto, la proporción de empresas que prevé un cierre permanente se mantuvo igual. De las empresas que prevén afectar su operación, en marzo el 60,0% afirmó que esta decisión tiene relación con el COVID 19  ( Gráfico 5 ) .
Respecto al escenario pre pandemia, en marzo el 0,4% de las empresas incrementó más
de 50% el número de empleados, el 1,4% de las empresas lo aumentó más de 25%, el
20,2% lo incrementó entre 1% y 25%, mientras que el 59,5% de estas afirma haber
mantenido inalterado su personal. En contraparte, el 17% de las empresas redujo sus
empleados en un rango entre el 1% y el 25%, el porcentaje de firmas que disminuyó el
número de sus trabajadores entre el 25% y el 50% fue de 1,2%, y el restante 0,4% lo
redujo más del 50%.
os brotes de violencia han sido durante mucho tiempo la norma a lo largo de los 2200 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, los últimos años han marcado una peligrosa escalada, involucrando más y más fuerzas rebeldes y militares, así como una serie de traficantes y criminales. De un lado de la frontera, Venezuela sufre la peor crisis económica y humanitaria de su historia. Del otro, Colombia enfrenta las secuelas de más de 50 años de conflicto que el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC debía haber dado por terminado. Aunque las FARC se desmovilizaron gracias al proceso de paz, algunos de sus antiguos miembros ahora luchan como parte de grupos disidentes que se formaron después de la firma del acuerdo.
El actuar de los grupos armados también ha provocado confinamientos6 , ataques contra la población y la infraestructura civil incluso, contra misiones médicas y humanitarias; mayor contaminación por artefactos explosivos; aumento en los asesinatos colectivos  ( masacres )  y, homicidios  ( líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación, entre otros civiles ) , al igual que otros eventos que no son visibilizados como las restricciones de acceso, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños y niñas, violencia sexual y basada en género. Todo lo anterior ha agravado las necesidades de protección y de otros sectores. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y las mujeres, así como los afrocolombianos y las comunidades indígenas se han visto afectados de manera desproporcionada por las diferentes emergencias con impacto humanitario.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  ( OACNUDH )  documentó 76 masacres , que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales continúan siendo documentados. Así como 53 casos de asesinatos a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos verificados y 80 casos más en proceso de verificación,  ( desde la firma del Acuerdo Final17, situación a la que en 2020 se le suman los graves impactos por la pandemia del COVID 19 aumentando los riesgos de seguridad, la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja íntima y la violencia sexual contra mujeres y niñas.
A finales de 2020 la pandemia por la COVID 19 continuaba generando impactos negativos en las comunidades, dinámica que se prevee continúe en 2021, aumentando las necesidades humanitarias por la falta de medios de vida y opciones de empleabilidad, incluso de las poblaciones desplazadas que se han asentado en las principales áreas urbanas del país, situaciones que se suman a las emergencias humanitarias por la persistencia de las hostilidades de los grupos armados organizados ilegales, que han incrementado su control territorial en el contexto de la pandemia6 , sumado a los impactos por el tránsito y permanencia de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y las dinámicas de situaciones con varias afectaciones simultáneas, las cuales impactaron considerablemente las necesidades humanitarias
La emergencia sanitaria por la COVID 19 también aumentó las necesidades en agua, saneamiento e higiene  ( WASH por sus siglas en inglés )  en las zonas rurales, urbanas y periurbanas incluso en aquellas donde no había afectaciones directas por violencia armada y desastres. De esta manera la falta de acceso con calidad a los servicios WASH supone un riesgo para las comunidades toda vez que impide implementar medidas de prevención del contagio de la COVID 19 como el lavado de manos con agua y jabón, la limpieza y desinfección. Esto queda ilustrado en los tres departamentos fronterizos colombianos de Guainía, Vichada y La Guajira, en los que menos del 50 por ciento de la población tiene acceso a agua corriente y servicios de saneamiento10.
Las comunidades étnicas en Colombia acorde con los resultados del HNO 2021 representan el 38 por ciento de las personas con necesidades humanitarias para el 2021, siendo 1.300.000 afrocolombianos y 954.000 miembros de las comunidades indígenas. Considerando que estos grupos poblacionales corresponden a grupos minoritarios  ( los indígenas sólo representan el 5 por ciento de la población colombiana y los afrocolombianos el 11 por ciento )  y que la mayoría de ellos, con especial relevancia los indígenas habitan en zonas rurales dispersas, con altos niveles de pobreza y donde los grupos armados ilegales ejercen presencia, los riesgos a su protección y las afectaciones por dinámicas violentas los impactan de manera directa. En 2020, el 20 por ciento del total de desplazados masivamente en Colombia pertenecían a comunidades indígenas y el 43 por ciento a comunidades afrocolombianas. Así mismo, en términos de confinamiento el 23 por ciento fueron afrocolombianos y el 35 por ciento comunidades indígenas evidenciando niveles de vulnerabilidad proporcionalmente altos28
El clúster de Seguridad Alimentaria y Nutrición  ( SAN )  observó un aumento significativo en el número de personas con necesidades. Para el 2020, se estimó que al menos 2,4 millones de personas en Colombia tendrían necesidades en seguridad alimentaria y nutrición, mientras para 2021, se estima que esta cifra alcance los 6,4 millones. Este incremento puede explicarse en gran medida por el impacto socioeconómico de la pandemia  ( HNO 2021 ) . Es así que se identificó  ( i )  un riesgo significativo frente al deterioro nutricional de menores de 5 años;  ( ii )  riesgo de inseguridad alimentaria en zonas rurales  ( principalmente como consecuencia de las hostilidades de los grupos armados, afectando grupos étnicos y pequeños productores ) ;  ( iii )  riesgo de inseguridad alimentaria de personas en zonas urbanas con pérdida de ingresos/trabajo en la informalidad.
Si bien Colombia ha hecho avances significativos en los indicadores de acceso, permanencia y calidad educativa necesarios para el cumplimiento efectivo del derecho a la educación, importantes barreras persisten entre las comunidades más vulnerables. Particularmente, en los lugares donde se presentan situaciones de emergencia, los niños, niñas y adolescentes ven sus trayectorias educativas interrumpidas con frecuencia y se ven expuestos a riesgos incrementados de violencia, inseguridad alimentaria, salud mental, entre otros. Por otro lado, la llegada de la COVID 19 y el posterior cierre de las escuelas ha representado retos adicionales frente al acceso equitativo del aprendizaje y un deterioro de las condiciones de bienestar.
No deja de preocupar a las autoridades, a las organizaciones humanitarias y otros sectores de la sociedad, los ataques y agresiones directas contra personas y bienes civiles  ( 1.778 eventos ) , y el uso de minas antipersonal  ( MAP ) , Municiones Sin Explosionar  ( MSE )  que presentan una tendencia al alza; estos se manifiestan en víctimas por casos de reclutamiento forzado y vinculación de menores, violencia sexual y basada en género  ( VBG ) , accidentes e incidentes con artefactos explosivos, amenazas, imposición de códigos de conducta, homicidios y otros ataques contra bienes protegidos e indispensables para la supervivencia, como parte del control social y territorial que imparten estos grupos armados. Se resaltan regiones como Pacífico  ( Chocó, Cauca, Nariño Valle del Cauca, ) ; Noroccidental  ( Norte de Antioquia, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar ) ; Frontera con Venezuela  ( La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada )  y Suroriente  ( Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo ) .
En lo corrido de 2020, los confinamientos han aumentado un 247 por ciento debido al accionar de los GAO/GAD, utilizándolo como táctica de victimización y afectando a unas 68,000 personas43. Estos hechos evidencian una nueva dinámica que al mismo tiempo invisibiliza otros impactos y agresiones contra civiles. Mientras que en los desplazamientos masivos como en los confinamientos, se ve comprometida particularmente la protección, la seguridad alimentaria, el acceso a agua y saneamiento básico, salud, educación y medios de vida de la población civil, en la mayoría de los casos de desplazamientos masivos, las condiciones de los alojamientos temporales generalmente no son las adecuadas, además de la afectación en otros sectores. Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Córdoba reportaron el mayor número de eventos en 2020, sin embargo, preocupa la situación humanitaria en Huila y Bolívar, departamentos en los cuales no se registraban estos hechos en los últimos años.
La crisis de protección sigue siendo evidente en el país, específicamente en áreas geográficas donde los derechos a la seguridad, la vida, la libre circulación, la protección y el bienestar siguen siendo amenazados recurrentemente por los grupos armados ilegales y grupos criminales. Por esta razón, se estima que hay más de 5,3 millones de personas con necesidades de protección en Colombia debido a la confluencia de situaciones de riesgo derivadas de la violencia, los desastres, el cambio climático y la COVID 19. Aproximadamente 1,9 millones de las personas con necesidades humanitarias de protección en el país son niñas, niños y adolescentes
Norte de Santander: La persistencia del accionar armado entre los diferentes GAO por el control territorial en zonas con presencia de cultivos ilícitos, el control sobre comunidades y combates de los GAO/GAD con las fuerzas armadas en zona fronteriza, deja afectaciones humanitarias y de protección. En la subregión del Catatumbo, se encuentra uno de los principales enclaves productivos de hoja de coca, en municipios como Tibú, Sardinata, Teorama y El Tarra65. Precisamente en esta subregión se presentó el confinamiento de 31.740 personas ante un paro armado impuesto por el ELN y enfrentamientos de este grupo y el EPL, además de otros ataques como amenazas, homicidios, ataques contra infraestructura civil y misiones médicas con alto impacto emocional y en las condiciones de vida de las personas66.
Caquetá: A diferencia de años anteriores, se evidencia un incremento en el impacto humanitario, por el accionar, presencia y control por parte de los GAO agudizado en la emergencia sanitaria; estas dinámicas ponen en riesgo de protección a civiles por hechos como desplazamiento forzado de una comunidad indígena  ( Misak )  y casos de reclutamiento. Al ser un territorio extenso, en sus zonas rurales se identifican situaciones de limitaciones de acceso a algunos servicios básicos con impacto en los medios de vida de la población, y también las madres gestantes y lactantes, además de la población refugiada y migrante son grupos vulnerables, pues tienen barreras de acceso a salud. Incidentes de acceso humanitario también preocupan a las organizaciones, debido a las implicaciones de estos eventos sobre las actividades de respuesta humanitaria: un bloqueo a misión humanitaria de atención en salud a 200 personas en el municipio La Montañita.
Afectación de las mujeres. Durante 2020 el bienestar físico y mental de las mujeres se vio particularmente afectado por la pandemia. Por un lado, la falta de acceso a servicios salud sexual y reproductiva se verán reflejados en el aumento de los embarazos no planeados, así como en las morbimortalidades relacionadas con la gestación, las ITS/VIH y las violencias intrafamiliares y basadas en el género. Los sectores de la economía que más empleados despidieron debido a la emergencia de la pandemia, incluyen aquellos en dónde las mujeres tenían mayor proporción de ocupación  ( incluyendo comercio, turismo, actividades de cuidado, entre otros ) .
Niños, Niñas y Adolescentes. Este grupo presenta graves afectaciones en su bienestar físico y mental debido a los diversos riesgos a los que están expuestos. En primer lugar, cerca de 1.9 millones de niños, niñas y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de GAO/GDO, además de su utilización en cultivos de uso ilícito, en cualquier caso, se retrasa su desarrollo educativo y se disminuye la probabilidad de que ejerzan actividades productivas legales en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, debido a la pandemia, 102.880 niños y niñas en edad escolar han desertado de sus estudios debido a las dificultades de acceso a la educación virtual, a la vez desertando de los programas de alimentación complementaria prestado en instituciones del Estado.76 Actualmente, 13.514 niños y niñas presentan niveles de desnutrición aguda y severa  ( corresponde al 80.4 por ciento del total nacional de niños y niñas en situación de desnutrición )  que ocasiona graves consecuencias en el desarrollo físico y mental de los niños y niñas. También por la pandemia, se aumentaron los casos de violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores  ( inclusive virtualmente ) , el trabajo infantil, hiperactividad en los niños y niñas y altos riesgos de salud mental.
Severidad de las Necesidades Para 2021 se registra el número más grande de personas con necesidades en Colombia  ( 6.7millones )  en los últimos cinco años, representando el 13 por ciento de la población del país; de éstas al menos 5.6 millones presentan necesidades severas y 2,9 millones de personas tienen necesidades agudas por la convergencia de los cuatro choques principales que componen las emergencias con impacto humanitario de la situación interna del país  ( violencia armada, COVID 19, desastres naturales y movimientos migratorios mixtos ) . El aumento se debe principalmente al impacto de la pandemia por el COVID 19, ya que agudizó las necesidades ya existentes, y ocasionó nuevas necesidades con alto impacto. La severidad de las necesidades humanitarias y mecanismos de afrontamientos por parte de los diferentes grupos vulnerables, se manifiestan según las dinámicas propias de cada región, sus intereses económicos, niveles de desarrollo o ausencia de este, las diversas características y situaciones relacionadas a sus costumbres, e incluso la resiliencia individual o colectiva según la información a la que se accede.
El Índice de Confianza Industrial registró un balance de  5,1%, lo que representa una reducción de 11,9 pps respecto al mes pasado. Este resultado se explica principalmente por una reducción de las expectativas de producción para el próximo trimestre y en menor medida por una disminución del volumen actual de pedidos.
De acuerdo con WFP  ( 2021 ) , en enero se es�ma que a nivel nacional más de 1,2 millones de personas refugiadas y migrantes se encuentran en inseguridad alimentaria moderada. Lo anterior respecta al 51% y 20% respec�vamente de la encuesta realizada. La situación de inseguridad por alimentos severa se observó más en mujeres que en hombres  ( 24% frente a un 17% )  1 . Los análisis previos han venido indicando que la ingesta diaria de alimentos en los hogares es una de las condiciones más agravadas, y no se ha podido rever�r la afectación desde las medidas tomadas por la contención por COVID 19.
Economía Los temas económicos capturaron las menciones sobre empleo, inversión, emprendimiento e indicadores macroeconómicos relacionados con la migración. La principal narrativa identificada estuvo dirigida a reconocer la regularización como un medio para acceder a mejores oportunidades laborales y a la formalidad.
Mas de dos tercios de la población refugiada y migrante está en un nivel de inseguridad alimentaria moderada y severa. Siguen presentando privaciones de al menos una comida diariamente, dificultad para acceder a fuentes formales de ingresos y afrontan recurrentemente situaciones de crisis y emergencia para obtener alimentos.  ( WFP 2021 )
Finalmente, respecto a las condiciones de las madres, se registró 826 casos de morbilidad materna extrema. 150 de ellos fueron procedentes de Venezuela y no�ficados en Bogotá  ( 45% ) , Barranquilla  ( 25% )  y Norte de Santander  ( 18% ) .
En contraparte, el 17,1% de las empresas redujo sus empleados en un rango entre el 1% y el 25%, el porcentaje de firmas que disminuyó el número de sus trabajadores entre el 25% y el 50% fue de 1,2%, y el restante 0,8% lo redujo más del 50%.
A finales de abril pasado, el Consejo Noruego de Refugiados  ( NRC )  dijo que había en Colombia más de 10.000 migrantes irregulares y refugiados esperando a pasar a Panamá en su viaje hacia Norteamérica.
Es difícil saber cuántas personas atraviesan. Según datos de Panamá, unos 11.370 migrantes extrarregionales llegaron a ese país desde Colombia entre enero y abril, cuando las fronteras estaban cerradas por la COVID 19, pese a que en el Darién no hay paso formal. Colombia no publica oficialmente cifras, pero según informó Migración a Efe tienen constancia de 4.200 este año.
Hot meals: Most community kitchens are temporarily closed, smaller ones and those operating in shelters continue functioning
Las cadenas productivas campesinas al borde de la quiebra son 350 mil familias papeleras, 450 mil familias cafeteras, 52 mil familias cacaoteras, 29 mil familias paperas y 651 mil empleos directos en piscicultura, porcicultura y avicultura. Los departamentos más afectados son Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Santander, Tolima, Huila, Meta, Risaralda, Quindío, Nariño, Magdalena, Guajira, Córdoba, Norte de Santander y Caldas.
Asegura, Camargo Assis que “los bloqueos y la obstrucción de las vías públicas no son expresión de protesta pacífica. Violan los derechos ciudadanos y están encaminados a generar en Colombia, una hambruna artificial entre la población'.
Según Fedeacua, 3,214 toneladas de pescado están en riesgo de perderse, poniendo en riesgo 200 mil empleos directos de pescadores y criaderos artesanales de todo el país. La Gobernación de Boyacá anunció la pérdida de 85 toneladas de trucha.
De acuerdo con el Observatorio del proyecto Migración Venezuela2 , 75% de los hogares actualmente perciben muy malas condiciones de vida, 57,1 % del total de hogares están en situación de pobreza mul�dimensional, 92,5% de personas con alguna ac�vidad económica �enen altos niveles de informalidad y han visto reducidas sus horas de trabajo. Finalmente se es�mó un 26,7% de tasa de desempleo
En total 5.500 toneladas de frutas y hortalizas están en riesgo de perderse, afectando a 171 cooperativas de pequeños y medianos productores. 2.210 toneladas de panela represada han generado pérdidas por $8.275 millones. 350 mil hectáreas de arroz se encuentran en riesgo de perderse por falta de combustible, fertilizantes y herbicidas. Esto equivale a 1.2 millones de toneladas de arroz blanco, la mitad ubicada en los llanos orientales, grano considerado la base de la alimentación de la dieta de los colombianos.
En abril, el Índice de Confianza Comercial se ubicó en 25,6%, lo que representa una reducción de 13,1 pps frente al mes anterior. Esta caída se explica principalmente por una reducción del indicador de situación económica actual de la empresa y en menor medida por una disminución del indicador de expectativas para el próximo semestre.
En cuanto a no�ficaciones relacionadas con desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años, el Ins�tuto Nacional de Salud  ( INS )  reportó que a marzo  ( periodo epidemiológico III ) 4 había dos casos de deceso por esta patología. También se no�ficaron 194 casos de niños y niñas menores de cinco años, de los cuales 34 de los casos proceden de Venezuela. Estos casos se registraron principalmente en Norte de Santander  ( 50% casos )  y Arauca  ( 18% ) . Respecto al bajo peso al nacer se informaron 384 casos en niños migrantes venezolanos con 46 que provienen del vecino país
En abril, respecto al estado de operación de la empresa, el 81,5% de las firmas encuestadas no presentó una afectación en su funcionamiento, el 17,9% operó parcialmente, el 0,6% presentó un cierre temporal y ninguna presentó un cierre permanente. De las empresas que contaron con algún grado de afectación en su funcionamiento, el 47,9% afirmó que este tenía relación con el COVID 19.
Los disturbios y destrozos probablemente dominen el debate político durante días, pero las multitudinarias protestas mostraron que el descontento de 2019 está vigente. Es más: que miles de colombianos hayan salido a las calles a pesar de que el país vive el peor repunte de contagios y muertes desde que empezó la pandemia, y que además desacaten una resolución que prohibió la protesta el martes, sugiere que el descontento ahora puede ser mayor que hace un año y medio.
En los próximos tres meses el 5,5% de las empresas espera realizar un cierre temporal, el 1,0% de las empresas espera realizar un cierre permanente, mientras que el restante 93,5% no planea realizar ninguna alteración en su funcionamiento. Respecto al mes anterior, en abril la proporción de empresas que no espera ningún cierre disminuyó 5,5 pps, mientras que la proporción de empresas que esperan un cierre temporal y permanente en los próximos 3 meses aumentó 4,7pps y 0,8 pps respectivamente
En comparación con marzo, en abril el porcentaje de empresas en donde ha aumentado el número de empleados se incrementó 0,1 pps. Entre tanto, el porcentaje de empresas en donde se mantuvo inalterado el número de empleados decreció en 0,6 pps y la proporción de empresas en las que el número de empleados disminuyó aumentó en 0,5 pps  ( Gráfico 6 ) .
También preocupa que el 3.4% de los menores de 5 años y 8.8% de los niños y niñas de 5 a 10 años presentan sobrepeso, lo cual puede estar relacionado con el alto consumo de alimentos fuentes de carbohidratos y grasa. De igual forma, resulta inquietante la baja prác�ca de la lactancia materna en población refugiada y migrante, y la introducción temprana de alimentos  ( provenientes en su mayoría de la asistencia alimentaria ) , que incrementa el riesgo de enfermedades prevalentes en los niños y niñas más pequeños.
El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, destacó que el gobierno colombiano ha sido un gran aliado en la respuesta en la protección y la garantía de los derechos de los migrantes y refugiados. Precisó que desde el año 2017 con el diseño del Plan del Sector Salud al Fenómeno Migratorio se han realizado 11.724.833 millones de atenciones que beneficiaron a 1.301.760 personas con procedencia venezolana, de las cuales el 66,7 % fueron a mujeres y especialmente a gestantes, que equivalen a 272.747; asimismo, 391.918 atenciones a niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, en el primer trimestre de 2021 la rentabilidad de la actividad exportadora, el balance de pedidos de exportación y el valor exportado en dólares se incrementó respecto al trimestre anterior. Entre tanto, las expectativas de los exportadores sobre el desempeño de su actividad en los próximos tres meses disminuyeron respecto al cuarto trimestre de 2020.
Respecto al mes anterior, el porcentaje de empresas que tiene liquidez por más de 12 semanas, de 8 a 12 semanas, entre 6 y 8 semanas, y de 4 a 6 semanas se redujo en 5,4 pps, 2,1 pps, 2,3 pps y 1,9 pps respectivamente. Entre tanto, el porcentaje de empresas que tiene liquidez de 2 a 4 semanas y para menos de 2 semanas aumentó en 11,7 pps y 0,1 pps respectivamente  ( Gráfico 7 ) .
Para el primer trimestre de 2021, el sistema especial de importación–exportación o sistema de Plan Vallejo  ( 11,9% ) , los trámites de exportación en Colombia  ( 1,4% )  y la tasa de cambio peso dólar  ( 1,4% )  fueron los factores más favorables para la actividad exportadora. En particular, el sistema especial de importación–exportación o sistema de Plan Vallejo aumentó 8,5 pps frente al mismo trimestre de 2020
El balance de las expectativas de los exportadores sobre el desempeño de su actividad en los próximos tres meses se ubicó en 12,2%, lo que equivale a una reducción de 5,5 pps respecto al cuarto trimestre de 2020 y un incremento de 58,2 pps frente al primer trimestre de 2020
En esta medición, el 28,6% de los encuestados afirmó que sus exportaciones aumentarán en los próximos tres meses, mientras que el 16,3% cree que sus exportaciones disminuirán, el restante 55,1% espera que sus exportaciones se mantengan iguales.
En abril, el 18,5% de las empresas presentó alguna afectación en su operación, en un 47,9% relacionada con el COVID 19. El 19,1% de las empresas afirmó que el número de empleados disminuyó comparado con un escenario pre   pandemia. Frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente el 25,8% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas.
Un grupo de migrantes y refugiadas venezolanas radicadas en Norte de Santander está presentando síntomas depresivos significativos, según evidencian los resultados de la encuesta longitudinal de salud aplicada a 2.298 mujeres procedentes de Venezuela, y que ingresaron al país por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander.
Respecto al escenario pre pandemia, en abril el 0,2% de las empresas incrementó más de 50% el número de empleados, el 1,8% de las empresas lo aumentó más de 25%, el 20,1% lo incrementó entre 1% y 25%, mientras que el 58,9% de estas afirma haber mantenido inalterado su personal.
De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de la República, en el año 2020, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue de USD 9.083 millones, lo que representa una reducción de USD 5.201 millones frente a lo registrado un año atrás  ( USD 14.285 millones ) . Como porcentaje del PIB, el déficit de cuenta corriente fue 3,3%, menor en 1,1 pps a lo observado en el mismo periodo de 2019  (  4,4% ) . Esta reducción se originó en la disminución en dólares del déficit de cuenta corriente  ( 1,6 pps ) , el cual fue compensado parcialmente por la contracción del PIB nominal  ( 0,2 pps )  y por el efecto de la depreciación del peso frente al dólar en la medición del PIB nominal en dólares  ( 0,3 pps )
En febrero, el Indicador de Seguimiento de la Economía  ( ISE )  registró una variación anual de  3,5% en su serie original, 8 pps inferior a la variación registrada un año atrás, cuando se ubicó en 4,5%.
En la medición de marzo de la Encuesta de Opinión Empresarial para la industria, el indicador de volumen actual de pedidos, en su serie desestacionalizada registró un balance de  10,6%, lo que representa un incremento de 35,6 pps frente al mismo mes un año atrás.
ante 2020 el comercio exterior de bienes registró un déficit de USD 7.918 millones, menor en USD 8.886 millones al observado en 2019  ( Tabla 1 ) . Esto se explica por menores ingresos derivados de la exportación de bienes, que se contrajeron 21,0% frente a 2019 y menores importaciones, que cayeron 18,5%. La disminución en las exportaciones responde principalmente a menores ventas externas de petróleo, producto del choque de precios  (  33,2% ) , y de carbón, producto del efecto combinado de precios  (  30,1% )  y cantidades  (  36,4% ) . Por su parte, el comportamiento de las importaciones de bienes es consecuencia de la contracción de las importaciones de insumos y de bienes de capital para la industria  ( USD 3.307 millones ) , de las compras externas de combustibles y lubricantes  ( USD 1.959 millones ) , de bienes de consumo  ( USD 1.841 millones )  y equipo de transporte  ( USD 1.414 millones ) .
En marzo, el Índice de Confianza Industrial  ( ICI )  se ubicó en 6,8%, lo que representa un incremento de 41,8 puntos porcentuales  ( pps )  frente al mismo mes de 2020. Al ajustar la serie por factores estacionales, el índice se ubicó en 6,2%.
Colombia también cerro su déficit  ( disminución de 1,1 pps ) , sigue siendo el país con el déficit más alto entre las economías de América Latina  ( Gráfico 5 ) . Lo anterior podría explicarse porque Colombia tiene una canasta exportadora poco diversificada, altamente dependiente de commodities, que se vio afectada principalmente por el choque en el precio del petróleo, que se redujo 33,2% en promedio frente a 2019.
El índice de precios al consumidor  ( IPC )  registró una variación anual en marzo de 1,51%, mientras que hace un año esta variación fue de 3,86%. Este mes la inflación mensual fue de 0,51%, superior a las expectativas de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo  ( 0,45% ) .
Perspectivas 2021 Para Colombia, en 2021 esperamos una parcial reversión de los choques sucedidos en 2020, lo que resultaría en un aumento del déficit hasta  3,6%  ( Gráfico 6 ) . En términos generales, pronosticamos una recuperación de la demanda interna y por tanto de las importaciones. Además, la reactivación económica y los mejores términos de intercambio repercutirían en una recuperación de las ventas externas, principalmente de los bienes commodities y en un incremento del déficit del ingreso primario  ( renta factorial ) .
En marzo, el Índice de Confianza del Consumidor  ( ICC )  registró un balance de  11,4%, que representa un aumento de 3,2 pps relativo al mes anterior. El aumento en la confianza de los consumidores frente al mes pasado obedeció principalmente a un incremento de 3,4 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor y a un aumento de 3,0 pps en el Índice de Condiciones Económicas.
En la medición de marzo, el indicador de demanda actual del sector comercio registró un balance de 50,7%, que representa un aumento de 75,5 pps frente al mismo mes un año atrás. Por su parte, el indicador de pedidos a proveedores se ubicó en  12%, con un incremento de 22,9 pps frente a marzo del año pasado.
Es necesaria una reforma tributaria para sufragar el costo del ambicioso programa de apoyo solidario a las familias y trabajadores de bajos ingresos que estamos proponiendo. A pesar de las numerosas reformas tributarias de las últimas décadas, el recaudo tributario del Gobierno nacional sigue siendo bajo  ( 14% del PIB ) , pues el complejo estatuto tributario y las deficiencias de la administración tributaria han resultado en una enorme variedad de exenciones a empresas y hogares, unas reglas de tributación que implican un número relativamente pequeño de declarantes y una evasión/elusión que estimamos en el orden del 48% del potencial total de recaudo
La pandemia del COVID 19 ha ocasionado la peor crisis económica en el país en más de cien años de historia. En Fedesarrollo estimamos que, como consecuencia de la contracción de la actividad productiva del 6,8% en 2020, la tasa de pobreza aumentó en cerca de 6,2 puntos porcentuales, lo que equivale a tres millones de personas adicionales en condición de pobreza. La pandemia ha hecho aún más evidentes grandes problemas estructurales de la economía colombiana, como son la deficiente focalización del gasto público en subsidios, una informalidad laboral del 60% del total de ocupados, una cobertura pensional que es de apenas el 25% de los adultos mayores en edad de pensión, y un estatuto tributario plagado de exenciones, con un recaudo bajo, poco progresivo y que dificulta la provisión de bienes públicos de calidad.
Ante el escenario retador en el que la pandemia de Covid 19 dejó al país, con un incremento en los niveles de pobreza, altos niveles de informalidad, una baja cobertura pensional y un estatuto tributario con gran cantidad de exenciones y poco progresivo, desde Fedesarrollo planteamos una reforma integral que aborde cuatro grandes ejes de manera unificada: la política social, laboral, pensional y tributaria. Esta reforma tendría impactos positivos sobre la distribución del ingreso en el país, apoyaría el crecimiento en Colombia y contribuiría a mejorar las cuentas fiscales del gobierno. En línea con esto, consideramos que es el momento de tomar decisiones despojadas de intereses particulares para que pueda priorizarse el bien común y avanzar hacia un contrato social más equitativo e incluyente, impulsando al mismo tiempo el crecimiento económico. Ese es, a fin de cuentas, el objetivo central de nuestras propuestas.
Feminicidios Valle de Aburrá En el mes de abril de 2021 en el Valle de Aburrá se cometieron  ( 3 )  feminicidios: Iris Carolina Oyola Hernández, Deisy Yuliana Atehortúa y Diana Patricia Macías Vásquez. En tres feminicidios los sujetos feminicidas fueron hombres conocidos, en  ( 2 )  feminicidios fueron los excompañeros permanentes y en  ( 1 )  un sujeto con el cual la mujer estaba discutiendo. Las armas utilizadas para asesinar a las mujeres fueron arma de fuego, objeto contundente  ( hacha )  y manos del agresor  ( asfixia mecánica ) . Los lugares en los cuales sucedieron los feminicidios fueron:  ( 2 )  en vivienda de la víctima y  ( 1 )  en vía urbana.
En lo corrido del 2020 y hasta el 16 de julio de este año, en el país habían sido capturados 15.612 venezolanos, según un informe de la Fiscalía General conocido por este diario
Según el documento, en el 2020 fueron detenidas por distintos delitos 9.477 personas de esa nacionalidad y este año van 6.135. La cifra no llega a ser significativa frente a las 227.835 que, según la Fiscalía, se hicieron el año pasado y las 171.276 que van este año.
The outflow of people from Venezuela also contributes to increased public health concerns throughout the region, particularly with regard to overburdened health care systems and the spread of COVID 19, as well as other infectious diseases
Es decir, los ciudadanos venezolanos representan solo el 3,5 por ciento del total en este año. El análisis del ente acusador señala que el 86 por ciento de las capturas está asociado a 10 delitos, siendo los más cometidos el hurto, con 5.153 capturas, desde el año pasado.
Le siguen delitos relacionados con estupefacientes, con 2.587 capturas; violencia intrafamiliar, con 1.830 casos; lesiones personales, con 1.744 detenciones; fabricación y tráfico de armas, con 1.114 reportes; delitos vinculados a patrimonio económico, con 563 registros, y delitos sexuales, con 547 capturas.
El informe dice que las capturas se concentran en cinco puntos. El primero es Bogotá, donde van 2.812, de las cuales 1.934 se realizaron el año pasado y 878 este año.
La crisis migratoria en Colombia atraviesa otro capítulo. Esta vez la crisis es en el departamento de Nariño, en donde cientos de migrantes que han llegado por la frontera con Ecuador, con el propósito de moverse hasta el Urabá y luego pasar a Panamá, permanecen represados en municipios como Ipiales y Pasto. Aunque no existe una cifra exacta de cuántas personas se encuentran en esta situación, las autoridades creen que hay por lo menos otras 4.000 que están intentando llegar al país por esta zona y desde la Gobernación aseguran que no tienen recursos suficientes para atender el fenómeno.
Este es un departamento que además tiene un problema de orden público bastante alto: recrudecimiento del conflicto armado en India Zabaleta, que también es límite con Ecuador; lo mismo la región rural de Tumaco, donde hay un enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el grupo Los Contadores, que se disputan estos territorios a sangre y fuego; y hay desplazamientos en el Telembí, producto de operaciones de las disidencias tomando estos territorios.
Nuestra solicitud es que exista un salvoconducto para que ellos puedan pasar de manera regular y no estén en riesgo de que les vulneren sus derechos y los estafen, porque no pueden abordar vehículos de transporte público. Ellos tienen que contratar muchas veces carros piratas, que a veces los llevan a dar un circuito por Ipiales y los dejan en el mismo sitio, entendiendo que ellos no conocen la región. Están sometidos a muchos riesgos, no solo en la vía. Entrar como ilegales los hace muy vulnerables.
3.5. Punto 5. Víctimas
Rojo. Una medida de género sin avances o avances muy reducidos tras cuatro años de implementación: 1. Implementar el Plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición teniendo en cuenta los enfoques: diferencial y de género.
Amarillo. Diez medidas de género con avances parciales
Verde. Ocho medidas de género terminadas o con avance oportuno
Gris. Una medida sobre la cual no se obtuvo información que permitiera determinar su nivel de avance
En el sector rural de Tumaco hay presencia de grupos armados al margen de la ley que están en una disputa en estos territorios. Lo que pasa es que quienes pasan van a estar sujetos a este riesgo. Esto no es solo de ahora, históricamente estas estructuras han hecho presencia en la zona de frontera. Repito que el reto es muy grande para Colombia porque tenemos que ver cómo cubrir estos puntos y ejercer nuestra soberanía. Con la pandemia y ahora con los migrantes queda en evidencia la fragilidad de nuestras fronteras, donde debería existir una política de seguridad clara para estos departamentos.
Acá la complicación la tenemos sobre todo en el triángulo del Telembí. En Roberto Payán hubo un desplazamiento bastante grande, donde más de 10.000 personas se vieron afectadas por la disputa territorial entre las disidencias de las Farc y otros grupos armados. Hemos solicitado a la fuerza pública que haga presencia en la zona, con el objetivo de que estas familias puedan retornar a sus lugares de origen.
​Con el propósito de avanzar en la vacunación contra el Covid 19 en Bogotá de manera rápida, luego de la gestión realizada por la Secretaría Distrital de Salud con las EPS de la ciudad, a partir de mañana las personas de 55 años o más pueden asistir sin cita y solo bajo la modalidad de pico y cédula a 8 centros comerciales en diferentes localidades de la ciudad para la inmunización.
They do not have: 61% Internet 31% Sewerage 33% Gas service
Por medio de la Resolución 626 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Transporte adoptaron medidas preventivas y transitorias para el control sanitario de pasajeros provenientes de Indica por vía aérea a través de conexión.
El artículo 4 del documento señala que las aerolíneas tendrán la obligación de informar a todos sus usuarios, previo al embarque, las medidas adoptadas y las recomendaciones sanitarias, así como las sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento de estas. "Quienes ingresen al país tendrán seguimiento estricto de síntomas y rastreo de contactos por medio del Centro de Contacto Nacional de Rastreo y habrá una verificación por parte de las entidades responsables del aseguramiento o las secretarías de Salud, según corresponda", puntualizó el director.
El acto administrativo conjunto de Minsalud y Mintransporte establece que se suspende el ingreso a territorio colombiano a viajeros no residentes en Colombia que por conexión provengan de la India o que hayan estado en ese país en los últimos 14 días. Una normativa que se extiende hasta el 30 de junio de 2021. En consecuencia, solo se admitirá el ingreso de personas cuyo país de origen haya sido India en los últimos 14 días cuando se trate de: * Colombianos y extranjeros que inicien su vuelo desde la República de la India o que inicien su vuelo de conexión hacia Colombia antes de la fecha de entrada en vigencia de la resolución  ( 20 de mayo de 2021 )  * Colombianos y extranjeros que, por diferencia de horario, ya hayan sido citados en la terminal aérea antes de la entrada en vigencia de la resolución. * Colombianos y extranjeros con residencia permanente en Colombia, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias respecto al aislamiento y toma de prueba PCR. * Diplomáticos y sus dependientes, y los extranjeros que cuenten con visa de migrante o visa tipo 'R' 'M'. * La tripulación de la aeronave.
"Actualmente se reconocen tres sublinajes de esta variante, que se diferencian por unas pocas, pero potencialmente relevantes mutaciones en la proteína de la espícula, así como por la prevalencia de la detección a nivel mundial", explicó el funcionario. Esta ha sido denominada de preocupación debido a que la evidencia señala que los sublinajes parecen tener tasas de transmisión más altas, incluyendo los rápidos aumentos observados en la prevalencia de covid 19 en múltiples países. Por lo anterior, varios países durante abril y mayo instauraron restricciones respecto a los vuelos procedentes de la India como medida preventiva de salud pública. Al respecto, Fernández señaló que "sumado a que Colombia enfrenta un tercer pico de la pandemia, el Comité Asesor para enfrentar la pandemia por covid 19, recomendó la suspensión de ingreso al país de los viajeros no residentes en Colombia provenientes de la República de la India y establecer medidas preventivas que deben cumplir quienes ingresan".
El lineamiento establece también que los pasajeros cuyo destino final sea otra ciudad del país, su traslado se hará con todas las medidas de bioseguridad establecidas por Minsalud y por la Aeronáutica Civil. Además, el costo que se derive en el cumplimiento de estas medidas estará a cargo del pasajero. Adicionalmente, se establece que para los pasajeros que ingresen al país en el marco de las excepciones anteriormente mencionadas, deberán presentar al ingreso, sin excepción en mayores de dos años, una prueba PCR negativa tomada en las últimas 96 horas en el país de origen. También realizar, con cargo a sus recursos, una prueba PCR en las primeras 24 horas siguientes a su arribo y a los siete días contados. Así como adoptar aislamiento y cuarentena estricta durante 14 días desde su ingreso, el cual se dará en su lugar de residencia o en un hospedaje, y correrá por cuenta del viajero, sin que se pueda modificar el lugar seleccionado.
La participación de cultivos de coca en áreas declaradas como resguardos indígenas es de 8 % respecto del total nacional del 2020, un punto porcentual menos que en el 2019. Se registró una reducción del 17,5 %, al pasar de 14.022 ha en el 2019 a 11.575 ha en el 2020 se mantiene la tendencia a la reducción que se observa desde el 2017, cuando se registraron 17.627 ha.
Las fuentes consultadas indican que los mercados de coca se han visto afectados por la pandemia en sus primeras etapas. Entre marzo y junio del 2020, las restricciones de circulación en el país a causa de la pandemia aumentaron el riesgo de ingresar a las zonas de cultivo, lo que llevó a una disminución de los precios de la pasta/base de cocaína y al desincentivo de vender la hoja; por ejemplo, el precio de la hoja y sus derivados se redujo en Cauca, la variedad de hoja Chiparra  ( una de las mejores cotizadas en la región )  llegó a ser comercializada en COP 2.400/kg  ( USD 0.65/kg ) , mientras que en los últimos tres años el precio promedio en Pacífico  ( la región donde se encuentra el departamento de Cauca )  osciló entre COP 2.400/kg y COP 3.000/kg.
Pro Defensa del río Tapaje continúa siendo el consejo comunitario con mayor afectación, lugar que ocupa desde el 2018, a pesar de la reducción del 10 % reportada para el 2020. Alto Mira y Frontera, que ocupaba el segundo lugar de afectación en el 2019 viene presentando reducciones continuas que lo llevan a ocupar en el 2020 el tercer lugar de afectación, siendo superado por la Cordillera Occidental de Nariño.
Frente a los indicadores de violencia, la región no ha presentado acciones subversivas desde el 2014, cuando se reportan dos incursiones por parte de grupos armados ilegales. Los indicadores de homicidio presentaron un aumento, al pasar de 15 en el 2019 a 16 en el 2020.
Guaviare, que aporta el 72 % del área sembrada en la región, registró un leve incremento  ( 3,5 % ) , al pasar de 3.119 ha en el 2019 a 3.227 ha en el 2020. En contraste, Meta sigue consolidando su proceso de reducción, registrando un valor histórico con 1.235 ha, un 16 % menos que en el 2019, cuando se reportaron 1.466 ha; este núcleo se articula con las actividades ilegales de la parte norte de la región Putumayo Caquetá, lo que ha permitido fortalecer el corredor de tráfico y producción de la zona oriental del país  ( figura 51 ) .