nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
El 14 de agosto al menos 1.684 personas  ( 421 familias )  de las veredas de El Chocho, El Diviso, Cualala, La Unión y Las Villas pertenecientes principalmente al Consejo Comunitario Manos Amigas se desplazaron hacia el casco urbano del municipio de Magüí Payán, por enfrentamientos entre grupos armados organizados  ( GAO )  y grupos delictivos organizados  ( GDO ) .
Desde el 18 de julio, 1.276 personas  ( 256 familias )  de las comunidades indígenas Embera de Yucal, Guadual y Nuquí Arriba en el municipio de Nuquí se encuentran en situación de confinamiento por cuenta de hechos victimizantes como amenazas, ataques contra la población, reclutamiento forzado, ocupación de bienes públicos, restricciones de movilidad y de acceso a servicios básicos perpetrados por parte de Grupos Armados No Estatales  ( GANE ) .
Previamente, el 9 de julio, 41 personas  ( 7 familias )  de la comunidad indígena de Guadual se habían desplazado hacia la comunidad de Yucal a raíz de las múltiples amenazas y señalamientos contra la población por parte los GANE. Esto, implicaría una doble afectación para las 41 personas desplazadas forzosamente de Guadual que actualmente se encuentran confinadas junto a la comunidad de Yucal. Se conoce que las personas desplazadas se encuentran alojadas temporalmente en viviendas de sus redes de apoyo.
Seguridad Alimentaria y Nutricional  ( SAN ) : Se requieren kits alimentarios con enfoque diferencial dada la imposibilidad de las comunidades de movilizarse hacia sus cultivos de pancoger y de ejercer sus actividades de caza y pesca por advertencia de los GANE.
Cabe resaltar la situación de seguridad del departamento de Bolívar, especialmente en los municipios del sur, se está complejizando ante la presencia de diferentes grupos armados no estatales  ( GANE ) , los enfrentamientos entre éstos por el control territorial y la violencia armada ejercida en contra de la población civil para establecer control social sobre la misma.
Los registros históricos de OCHA indican que desde el año 2012 no se presentaban desplazamientos masivos en el departamento. Sin embargo, en julio de 2020 se registró un desplazamiento masivo de 137 personas en el Carmen de Bolívar, mientras que en marzo y julio de 2021, al menos 343 personas fueron desplazadas en los municipios de Río Viejo y Montecristo debido a enfrentamientos entre GANE. Ante esta situación, se prevén riesgos de ocurrencia de más emergencias masivas con gran impacto en el corto plazo, como es el caso actual.
Desde finales de Julio se intensificaron los enfrentamientos entre un Grupo Armado Organizado  ( GAO )  y dos Grupos Delictivos Organizados  ( GDO )  por el control de rentas ilegales en el cordón minero de la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar. El 26 de julio se reportó el asesinato del líder de la Junta de Acción Comunal de Mina Piojó, a raíz de ello, el 27 de julio inició el desplazamiento de al menos 1.401 personas  ( 537 familias )  desde la zonas rurales de los municipios de Montecristo, Morales, Santa Rosa del Sur y Arenal, hacia la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur.
Algunas de las veredas de donde proviene la población desplazada son Mina Piojó, Mina Repollo, Mina Chocó y Mina Central. Aproximadamente 500 personas desplazadas se encuentran albergadas en el Centro de Alto Rendimiento del municipio, los demás afectados se encuentran en hoteles y en casas de familia, la capacidad hotelera de Santa Rosa del Sur está desbordada. A la fecha se reporta que aún continúan desplazándose familias de las diferentes veredas mencionadas.
Cabe destacar que esta comunidad fue desplazada de su territorio desde el año 2011 por hechos de violencia similares y habían solicitado en diversas ocasiones un retorno con las condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad. La comunidad ha tenido que enfrentarse a diversos riesgos por habitar en un entorno urbano, donde no tienen territorio propio, no pueden realizar sus actividades tradicionales relacionadas con la agricultura, pesca y otras dinámicas asociadas a la gobernabilidad indígena.
Desde el 7 de agosto, al menos 60 personas  ( 13 familias )  de la comunidad indígena Embera de Playa Alta asentada en el barrio Uribe Vélez de Quibdó, se encuentran en situación de confinamiento tras hechos victimizantes como amenazas contra cuatro líderes de la comunidad que tuvieron que se evacuados por la presión de un Grupo Delictivo Organizado  ( GDO )  y restricciones de movilidad a las mujeres que tienen como actividad cotidiana transportarse hasta el monte a recoger madera para cocinar. Por otra parte se conoce que estarían en curso desplazamientos individuales de esta comunidad hacia otras zonas de Quibdó  ( se desconoce actualmente el número de desplazamientos ) .
El consumo privado y las importaciones ya sobrepasaron el nivel que tenían antes de la pandemia. En el primer caso, los cuatro grandes componentes que lo integran  ( durables, semi durables, no durables y servicios )  superaron el nivel prepandémico. Sobresale dentro de este consumo el buen registro de los bienes semi durables, los cuales reportan un nivel 18% superior al vigente antes de la llegada de Covid 19 a Colombia  ( gracias a vestuario: +31% ) , y sorprende que los servicios se hayan recuperado tan rápidamente. Dentro de este último grupo irrumpió con fuerza el gasto en juegos de azar, el cual compensó el menor gasto aún vigente en otros rubros del sector de entretenimiento.
Al menos 4.679 personas, 815 familias de 12 comunidades indígenas Embera y Wounaan  ( Unión Pitalito, Puerto Piña, Quiparadó, Guachal, Buenavista, Playa Bonita, Playa Linda, Puerto Galves, Santa Rosa de Iguá, Bajo Grande, Puerto Chichiliano, Puerto Mango )  y dos comunidades afrodescendientes  ( Sivirú y Puerto Meluk Pacífico )  se encuentran confinadas desde el 19 de julio por cuenta de hechos victimizantes como amenazas  ( señalamientos/estigmatización ) , reclutamiento forzado, secuestro y tortura por parte de los Grupos Armados No Estatales  ( GANE ) .
Tanto la posibilidad de enfrentamientos entre GANE como las advertencias directas de los mismos hacia algunas comunidades ha generado restricciones de movilidad hacia cultivos y la suspensión de clases de los estudiantes de primaria que estaban en el modelo de alternancia.
Se requiere apoyo psicosocial, atención médica debido a la condiciones en que se encuentra la población, dada las lluvias de los últimos días, las condiciones del terreno se han deteriorado y no hay acceso a agua potable. El nacimiento de agua más cercano está a 20 minutos, esto ha generado enfermedades gastrointestinales entre las personas, además se identificaron 5 niños y niñas en estado de desnutrición.
Siete sectores económicos, entre las 12 grandes actividades, ya sobrepasaron el nivel que tenían antes de la pandemia. Estos son: agropecuario, información y comunicaciones, financiero, inmobiliario, profesionales, administración pública, educación y salud y recreación y arte, siendo este último el que más rápido se recuperó gracias al importante aumento de los juegos de azar  ( 34% de ese sector y con crecimiento de 213% en términos anuales ) .
Este desplazamiento fue causado por el riesgo de Reclutamiento uso y/o utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por parte de Grupos Delictivos Organizados  ( GDO )  que operan en la zona. Se sabe que en el área hay presencia de diferentes GDO y de bandas delincuenciales que se encuentran ubicados entre el barrio el Esfuerzo y la Gloria. Los reportes indican que la comunidad fue amenazada por el GDO y por ello fueron forzados a desplazarse.
Los cinco sectores que aún no lograron superar el nivel pre pandémico sostienen una dinámica sobresaliente. La industria manufacturera, que llegó a producir solo el 75% de lo “normal', hoy ya se ubica en un nivel del 98% y creció 33% en el trimestre. Mientras tanto, la construcción pasó de producir solo el 63% de lo “normal' hace un año a un 74,5% en el trimestre terminado en junio, gracias a un crecimiento de 17,3%, casi en línea con el del PIB total. No obstante, sigue siendo este último sector el que permanece aún más afectado y está más lejos del nivel pre covid.
El 13 de julio del 2021 se presentó el desplazamiento de la Comunidad indígena Wounaan Papaná desde el barrio el sector del Esfuerzo I hasta el kilometro 26 del corregimiento de Córdoba en el municipio de Buenaventura. La información preliminar indica que al menos 24 familias  ( 70 personas, de éstas: 17 son Niños, 22 son Niñas, 7 son jóvenes, 4 son adultos mayores y 6 son mujeres gestantes ) .
El comercio, por su parte, creció un 40,3% anual, principalmente impulsado por la reapertura de los restaurantes. Este último subsector creció un 164%. Finalmente, la minería es el sector que muestra menor dinámica en los últimos datos, pues la producción de los principales productos en el país  ( petróleo y carbón )  se mantiene baja, pese al impulso que le dan los precios internacionales.
Entre el 26 y 27 de julio, la creciente súbita del caudal de las quebradas Muchajagua, Caño Burgos, y otros afluentes hídricos, generó inundaciones que afectaron a más de 2.500 personas, 725 familias pertenecientes a 14 barrios  ( Villa Clemen  [ 138 personas ] , Mucha Jagua  [ 69 ] , Pablo VI  [ 54 ] , San Francisco  [ 40 ] , Emanuel  [ 39 ] , Ancizar Flórez  [ 37 ] , Calle Nueva  [ 35 ] , La Esperanza  [ 31 ] , Mirador Parte Baja  [ 11 ] , 27 de julio  [ 8 ] , 11 de noviembre  [ 6 ] , Terra Grata  [ 3 ] , Buenaventura  [ 2 ] , San Rafael  [ 2 ]  ) , 213 familias de dos corregimientos  ( Tierradentro y Puerto Ánchica )  y 37 familias de la comunidad indígena Emberá Katio Ariza Pono en Montelíbano, según los datos proporcionados por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres  ( CMGRD )
La demanda interna sigue siendo la base de la explicación del resultado con un crecimiento de 23% anual y una contribución de 24,4 puntos porcentuales  ( p.p. )  a la variación total del PIB. Mientras tanto, la demanda externa aportó negativamente al PIB  (  6,8 p.p. )  por el mejor balance de las importaciones sobre las exportaciones.
El 02 de agosto, crecientes súbitas en el Río San Jorge y San Pedro afectaron a más de 600 familias en la cabecera municipal y zonas rurales del municipio Puerto Libertador. Algunos de los barrios más afectados son: 7 de septiembre  ( 67 familias damnificadas ) , Aguas Viva  ( 47 ) , La Unión  ( 40 ) , Éxodo  ( 28 ) , Miraflores  ( 14 ) , La Granja  ( 11 ) . En zona rural del municipio hay 46 familias afectadas en el Resguardo Emberá Katío, 189 en el corregimiento de Juan José, 92 en el corregimiento Pica Pica, 19 en Puerto Carepa, 13 en Puerto López y 33 en las veredas Rio Sucio, Piedra Indígena y Santa Isabel.
El CMGRD identificó como causas del alto impacto de esta emergencia, el déficit en la capacidad de carga de los drenajes, viviendas construidas sobre humedales y barrios ubicados en zonas de alto riesgo. Se identificaron afectaciones a viviendas, pérdida de enseres, electrodomésticos y cultivos de plátano, maíz, arroz, cacao, yuca, entre otros y establecimientos comerciales.
El 30 de julio debido a inundaciones que se presentaron por el desbordamiento de las quebradas Marianito y Cozumbi al menos 1.980 personas resultaron afectadas en el municipio de Briceño. Cabe destacar que al menos 495 familias  ( aproximadamente 980 personas )  han sido afectadas en el barrio Fundungo y se ha reportado que en tres veredas aledañas aproximadamente 1.000 personas también fueron afectadas.
Al contrario del consumo y las importaciones, la inversión fija y las exportaciones se ubican aún por debajo de los valores de finales de 2019, en 11% y 13%, respectivamente. En la primera, la construcción impide que las buenas cifras de maquinaria y equipo se consoliden en la inversión total. De hecho, la construcción de vivienda está un 15% por debajo de las cifras pre covid y la construcción no residencial un 27%, pese al impulso reciente de las obras civiles. Las exportaciones, por su parte, están por debajo tanto en las ventas externas de bienes  ( 12% )  como de servicios  ( 25% ) .
Las corrientes de agua arrastraron enseres de viviendas y obstruyeron un puente, se presentaron afectaciones en el acueducto que lo dejaron inhabilitado, por lo cual el barrio Fundungo tuvo que ser desalojado.
Las comunidades requieren apoyo para garantizar la seguridad alimentaria debido a que sus actividades de sustento  ( tiendas y lugares de vivienda )  se vieron afectadas por la avenida torrencial, que afectó sus bienes.
Se requiere la entrega de kits alimentarios complementarios con enfoque diferencial  ( etario, de género y étnico )  a la población damnificada  ( 21.704 personas )  dadas las pérdidas masivas de cultivos y las restricciones que mantienen algunas comunidades de Medio Baudó para acceder a sus cultivos.
Desde el 24 de julio se registraron inundaciones y vendavales que afectaron al menos a 21.704 personas y 5.558 familias de los municipios de Medio Atrato, Quibdó, Medio Baudó, Alto Baudó, Rio Quito, Lloró  ( inundaciones ) , Litoral del San Juan y Bajo Baudó  ( vendavales )  por cuenta de la segunda temporada de lluvias del departamento del Chocó. Al menos 182 viviendas averiadas en los municipios del Litoral del San Juan y Bajo Baudó, más de 675 personas indígenas del Alto Baudó afectadas, 10 centros de salud afectados en Medio Baudó, 12 instituciones educativas fuera de funcionamiento y con pérdida de mobiliario por las inundaciones en Alto Baudó, Medio Baudó y Medio Atrato; 675 hectáreas de pancoger afectadas y 50 viviendas destruidas en Medio Baudó que obligaron a la evacuación de las 50 familias que se encontrarían en condiciones de hacinamiento.
El 22 de julio, por causa de dichas amenazas se desplazaron inicialmente 45  ( >248 personas )  desde el corregimiento Sinaí hasta la cabecera municipal de Argelia, de los cuales 90 corresponde a niños, niñas y adolescentes y 41 núcleos familiares los conforman personas que están en proceso de reincorporación.
Es necesario garantizar la seguridad e implementar medidas de prevención y protección para la población rural del municipio de Argelia, para quienes están en constante riesgo y amenazas por el accionar armado de los GANE; principalmente se destacan los casos de reclutamiento, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes, homicidios, afectaciones por artefactos explosivos improvisados y la personas que quedan en medo del fuego cruzado.
Preocupa que, en los últimos ocho meses, al menos 4.195 personas han sido afectadas en 10 eventos de desplazamiento masivo y un evento de confinamiento ante la recurrencia de estas emergencias; la administración municipal a pesar de los recursos limitados ha podido atender de manera inmediata a las personas desplazadas con alimentación y alojamiento temporal, sin embargo, no se alcanza a cubrir todas las necesidades que presentan estas víctimas.
La paradoja con estas dificultades es que los venezolanos que han llegado a Colombia tienen incluso mejores niveles educativos que el promedio nacional. Según los datos de la GEIH,el 68,2 por ciento tienen un título de bachiller, el 11,5 por ciento son técnicos o tecnólogos, el 14,6 por ciento tienen un título universitario y el 1,5 por ciento cuentan con un posgrado.Estas capacidades adquiridas, junto a otros factores como su mayor bilingüismo o su experiencia en ciertas áreas productivas, podrían contribuir a mejorar la competitividad de las empresas y del país.
El 14 de agosto, al menos 188 personas  ( 41 familias )  de las comunidades de Puerto Guadualito y Unión San Juan –que se encontraban confinadas desde el 10 de agosto , pertenecientes al resguardo Puerto Pizario y ubicadas en el municipio del Litoral del San Juan, se desplazaron hacia la comunidad de Puerto Pizario  ( Buenaventura, Valle del Cauca )  a causa de la presencia activa del Grupo Delictivo Organizado  ( GDO ) . Posteriormente, se registraron enfrentamientos entre el GDO y un Grupo Armado Organizado  ( GAO )  en una zona aledaña, hecho que reforzó la situación de confinamiento de todas las comunidades descritas  ( dado que se encuentran cerca geográficamente ) .
Se requiere la articulación interdepartamental de las instituciones para generar estrategias preventivas ante el incremento de la violencia en ambos municipios, la activación de las rutas de atención y protección a las personas desplazadas y confinadas por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas  ( SNARIV ) , la toma de declaración de las comunidades desplazadas, garantizar las condiciones para el retorno de las comunidades desplazadas, estrategias para la prevención de reclutamiento forzado, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes  ( NNA )  y el fortalecimiento en temas de gobernanza y ley étnica a las autoridades indígenas de los resguardos.
A través de un trayecto de hora y media, los migrantes son transportados en botes, a un costo de 50 dólares, para llegar hasta Capurganá que es el municipio colombiano donde se inicia la selva del Tapón del Darién. Un peligroso viaje para miles de migrantes, atendiendo que al acecho están las estructuras criminales que operan en la zona y que, con frecuencia, los reclutan, de acuerdo con el relato de las autoridades colombianas.
En la frontera colombo panameña existe una zona que luce en partes iguales famosa y olvidada. Famosa, por ser el escenario natural de una maraña selvática, hostil e impenetrable, conocida como el Tapón del Darién; y olvidada porque de acuerdo con sus propios habitantes y autoridades locales, la zona es controlada por grupos guerrilleros y paramilitares que lucran del narcotráfico y el contrabando.
Así mismo, dijo Bautista quese busca garantizar seguridad a los niñosen una zona en donde hay presencia de diversos grupos armados y en donde se corren riesgo de ser reclutados por bandas que buscan el dominio de rutas de contrabando y narcotráfico.
A la fecha, ya tenemos cerca de 14,6 millones de personas que cuentan con este esquema completo, lo que representa el 29,2 % del total de la población, y el 41,8 % de la meta de 35 millones de colombianos
Entre el 31 de agosto y el 1.º de septiembre, recibiremos 650.000 dosis de Pfizer; 400.000 de AstraZeneca, la primer semana de septiembre, y unas 700.000, la segunda semana; de Janssen tenemos una preconfirmación para la entrega de 2 millones de biológicos la segunda semana del mes de septiembre, y por el mecanismo Covax, un aproximado de 2 millones de dosis del biológico de Sinovac. Esto nos da un poco más de 5 millones de dosis.
Los privados hicieron un esfuerzo monumental apoyando el Plan Nacional de Vacunación con 2,1 millones de dosis, y esto hay que reconocerlo. De cara a la tercera dosis, este es un esfuerzo que se realizaría desde el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Vacunación.
The production of illegal drugs, together with the exploita  tion of gold, oil, emeralds, coca, coal and fine woods in the territories where they live have led to their displacement. The regions most endowed with natural resources are those where most conflict occurs and where the highest number of displacements occur.
En el asesinato a sangre fría del patrulleroHumberto Sabogal Soto, el miércoles pasado, en una esquina del barrio Ciudad Berna de Bogotá, participó un ciudadano venezolano de 24 años. Y hay otro más que está siendo buscado por las autoridades y que quedó registrado enlos videos disparando contra otro agente herido.
La confirmación delorigen de los asesinos volvió a poner el foco en la cuota de violenciaque un puñado de migrantes está poniendo en los altos índices de criminalidad en Bogotá. Y si bien el hampa local sigue ejecutando el mayor número de delitos, con casi el 85 por ciento de los capturados entre enero y julio, la evidencia demuestra que la delincuencia venezolana viene en aumento, con dosis de agresividad mayores. Incluso, ya ha entrado a disputar territorios criminales en localidades como Kennedy y Ciudad Bolívar.
Luego de las emergencias, las familias afectadas han evacuado de las viviendas por sus propios medios. En Lorica, se alojan en sus redes de apoyo en casas de conocidos y familiares
De acuerdo con el informe presentado, a la fecha se cuenta con un avance del 12.32% de ejecución en las 57 obras de mitigación que ascienden a la suma de $175.603 millones. Dichas intervenciones de mitigación contemplan la construcción de muros de contención, jarillones, espolones, diques, azud, obras de drenaje y manejo de aguas en diferentes sectores de la quebrada Taruca, así como de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa.
La reconstrucción del sistema de acueducto del municipio, el cual contempla una inversión cercana a los $25.000 millones, al momento cuenta con un avance en su I etapa del 94%, consistente en la construcción de la bocatoma, el desarenador, la construcción de la PTAP convencional, el tratamiento de lodos, la optimización de la PTAP existente, 2 tanques de almacenamiento, el suministro e instalación de tuberías de conducción, de distribución y el suministro e instalación de medidores. La II etapa que ya ha iniciado, contempla la optimización de la planta de tratamiento existente, de las redes de acueducto que actualmente están construidas en asbesto en zonas de distribución existentes en la ciudad de Mocoa.
es necesario el acompañamiento de campañas de salud y la entrega de Elementos de Protección Personal  ( EPP )  para las familias afectadas por las inundaciones, especialmente las que están ubicadas en las casas de las redes de apoyo y que están expuestas a enfermedades respiratorias  ( incluido el riesgo por contagio de COVID  19 ) , entre otras.
En cuanto al seguimiento de viviendas urbana y rural, el proyecto de vivienda urbana Los Sauces, contempla un total de 1.209 en total, de las cuales, la UNGRD ya realizó la entrega de 300  ( Los Sauces I )  y avanza en la ejecución del proyecto de 909 viviendas más  ( Los Sauces II ) , en lo que al momento cuenta con los estudios y diseños con un avance del 99.20% y en las obras de movimientos de tierras y excavaciones, la contratación de la mano de obra, el inicio de las cimentaciones, mientras continúa la obra de aprovechamiento forestal y finalización del traslado de la línea eléctrica.
Frente a las 18 intervenciones de vías y alcantarillado por valor de $ 39.525 millones, 10 de estas obras cuentan con un avance de ejecución mayor al programado. Es así que avanza la pavimentación en concreto hidráulico de vías en diferentes barrios y urbanizaciones del municipio, en la calle 29 entre la vía Pitalito y la variante San Francisco; del cruce de la vía nacional Mocoa –Pitalito y el mejoramiento de vías urbanas en el anillo vial Miraflores La Loma¸ en los tramos vía Ciudadela Deportiva, Quinta Paredes, la urbanización Quintas de La Colina y el sector entre José Homero y la urbanización Villa Leyva.
Seguridad alimentaria y nutrición: debido a las pérdidas de los cultivos de piña, yuca, maíz, plátano, animales y aves de corral, aunado a las pérdidas materiales se requiere asistencia alimentaria que cubra las necesidades nutricionales diarias para las 521 familias damnificadas por las inundaciones, dado que éstos daños afectan el acceso a alimentos adecuados para una dieta balanceada.
Albergues y elementos de hábitat: para Lorica y Montería se requieren elementos de hábitat, kits de noche y kits de cocina, ya que las familias han perdido enseres como colchones, frazadas, toallas, camas, entre otros.
Por regiones,Cali y Popayán se mantienen como las ciudades donde los jefes de hogar se declaran menos preocupados por vacunarse.“Estamos viendo a más del 20 % de los hogares en esas ciudades reportando estar nada preocupados', alertó Oviedo.
Existen graves afectaciones a viviendas, cultivos de piña, yuca, maíz y plátano, además de ganado y animales de corral, de los cuales depende el sustento económico de familias damnificadas, además preocupa que las zonas aledañas a los ríos Sinú y San Jorge continúan en alerta roja ante la amenaza de desbordamientos en otros puntos críticos de estos ríos.
Agua, Saneamiento e Higiene: se requiere acceso a agua segura para el consumo a disponer en los albergues y sanitarios. Se necesitan kits de aseo e higiene personal y con enfoque diferencial para niñas y mujeres, muchas familias no cuentan con este tipo de elementos en las casas de las redes de apoyo que los han acogido después de la emergencia.
En cuanto al sentimiento depreocupación por el contagio del virus,en julio de 2020, cuando se inició la medición del Pulso Social, 48,4 % de los encuestados se declaró 'muy preocupado', mientras quepara julio de 2021 la cifra se ubica ya en 34,4 %. A julio del 2021, los colombianos estaban menos preocupados por contagiarse con el covid que en el mismo mes del 2020.
Chad, Colombia, the Democratic People's Republic of Korea, Myanmar, Kenya and Nicaragua have been added to the list of hotspots, compared to the March 2021 edition of the report.
According to the Humanitarian Needs Overview, in 2020, there were 3.5 million severely food insecure people in Colombia,56 and 73 percent of the 1.7 million people making up the Venezuelan migrant, refugee and asylum seeker population in Colombia was moderately or severely food insecure, both based on WFP rCARI methodology.57 With the deterioration of the economic situation, food assistance needs for the Venezuelan migrant, refugee and asylum seeker population in Colombia could increase in 2021, particularly considering they rely strongly on the informal labour market and lack access to public services.
In Colombia, disruptions due to protests have compounded secondary COVID 19 impacts, leading to an economic crisis. This has significantly affected the food security situation of both Colombians and Venezuelan migrants, refugees and asylum seekers. In 2020, 3.5 million people were severely food insecure, based on WFP's rCARI reported in the 2021 Humanitarian Needs Overview.29 Additionally, there were 460 000 severely food insecure Venezuelan migrants, refugees and asylum seekers in Colombia  ( based on WFP rCARI )
Many agricultural producers have reportedly been unable to conduct activities or are at risk of losing crops due to lack of inputs such as fuel and fertilizers. Thousands of jobs have been lost in the sector, and blockades have resulted in challenges to the transport of agricultural products to markets.
Since the end of April, social discontent amid the third and most severe wave of COVID 19 infections has translated into protests that have disrupted economic activities nationwide. Protests have caused road blockades, which have paralyzed imports and exports, and caused shortages of fuel, food and other supplies
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha alertado este lunes de que el reclutamiento de menores por parte de grupos armados, que ya venía aumentando en los últimos años en el contexto de un repunte generalizado de la violencia, se ha incrementado aún más durante la pandemia de coronavirus.
"La estadística de reclutamiento siempre va a ser difícil, porque es un fenómeno con muy baja denuncia, ya que las familias temen que los niños o niñas que han sido vinculadas al grupo terminé pagando las consecuencias, por lo que la Defensoría no cuenta con esa estadística exacta", ha dicho el jefe del sistema de alertas tempranas, Mateo Gómez, en RCN Radio.
Sin embargo, ha indicado que sí se ha observado un aumento de los reclutamientos de menores durante la crisis sanitaria porque entornos seguros para niños y adolescentes, como los colegios, han tenido que cerrar.
Gómez ha advertido en concreto sobre la situación en la región del Catatumbo y en Cúcuta, donde operan las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional  ( ELN )  y el Ejército Popular de Liberación  ( EPL ) , además de las disidencias de las FARC.
Los departamentos colombianos en los que se concentró la advertencia de reclutamiento forzoso fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha identificado riesgo de reclutamiento forzado de menores en 188 municipios colombianos durante 2020.
Asimismo, la institución ha tenido conocimiento de 83 casos de reclutamiento forzado en diferentes territorios del país desde el 17 de marzo de 2020, fecha en la que entraron en vigor las restricciones impuestas para frenar la pandemia de COVID 19   entre las que destacan en cierre de colegios  , hasta septiembre de 2020, cuando terminó el aislamiento estricto.
De estos 80 casos, el 80 por ciento se presentaron en zonas rurales. En cuanto a las edades de las víctimas, oscilan entre los 8 y los 18 años. De ellos, el 33 por ciento son menores de 14 años y un 59 por ciento son varones. Además, 20 son indígenas y dos afrodescendientes
El informe achaca la responsabilidad del reclutamiento forzado de menores a grupos de delincuentes, el Ejército de Liberación Nacional  ( ELN ) , el Ejército Popular de Liberación  ( EPL ) , las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  ( FARC ) .
Según la Defensoría, suelen hacerlo ante la deserción, captura o pérdida de combatientes, con el fin de fortalecer su poder militar. En otros casos se ha evidenciado el ofrecimiento de dinero a las familias, amenazas contra el grupo familiar u ofertas de trabajos falsas.
Además del reclutamiento forzado, la Defensoría ha constatado otros delitos con víctimas menores de edad, como desplazamiento forzado, con 18 casos; amenazas, 16; desapariciones forzadas, tres; violencia sexual, dos; lesiones personales, dos; y otros delitos
Día tras día son más los estudiantes y docentes que se suman al regreso presencial a las instituciones educativas a lo largo de todo el territorio nacional, llenando nuevamente los espacios educativos de alegría y nuevas oportunidades para aprender, crecer y desarrollarse; y el Ministerio de Educación sigue acompañando a las regiones para reafirmar el mensaje de confianza en el proceso de retorno.
En el marco de esta visita, la representante del Ministerio llegó a las instituciones educativas San Bartolomé, en Florida; Juan Pablo II, en Nariño; y Rural Gualmatán, de la capital nariñense, para verificar la adecuación y preparación de espacios y destinación de elementos de protocolo y bioseguridad que garanticen bienestar al interior de la comunidad. Asimismo, elevó un llamado a las autoridades para avanzar con celeridad en el retorno ya que en la ETC de Nariño tiene el 26% de las instituciones educativas públicas en presencialidad.
Al término del recorrido por las instituciones educativas, la ministra adelantó reuniones con representantes de las administraciones de las Entidades Territoriales Certificadas de Cartagena, Magangué y Bolívar para realizar un balance del avance en la implementación de la presencialidad, verificar las condiciones para este retorno y trazar la ruta que permita acelerar el regreso seguro y efectivo de todos los estudiantes y docentes a los colegios, generando confianza al interior de toda la comunidad.
Estudios en China y Alemania parecen indicar que los niños se contagian en igual proporción que los adultos, pero no es claro si transmiten la infección de la misma forma. Por otro lado, en otro estudio, de investigadores del Reino Unido, Alemania y Noruega, se encontró que en 3.712 muestras positivas para SARS CoV 2, el 0.99 % pertenecía a niños en edad preescolar y el 0.43 % a niños en edad escolar. Sin embargo, estas cifras se pudieron haber dado por el bajo número de niños en el estudio', señaló el doctor Oliveros.
Así lo explica un informe publicado en las últimas semanas por la revista médica británicaThe Lancet, el cual fue elaborado por académicos de la Universidad de Harvard, el Imperial College de Londres, la Universidad de Oxford, el University College de Londres y la Universidad de Ciudad del Cabo, e instituciones como el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud  ( OMS ) .El análisis se hizo con base en datos sobre covid 19 proporcionados por la Johns Hopkins University.
La situación en Colombia es preocupante. De acuerdo con el informe,en el país por cada 1.000 niños, 2,3 han perdido a sus cuidadores.Esta es la quinta cifra más alta en el mundo y hace parte de un puñado de diez países en los que dicha tasa de orfandad está por encima de 1.
Precisamente, en este grupo de los países más afectados predomina la presencia de naciones latinoamericanas. Perú ocupa el primer lugar, con 10,2 huérfanos por cada 1.000 niños, seguido por Sudáfrica  ( 5,1 ) , México  ( 3,5 ) , Brasil  ( 2,4 ) , Colombia  ( 2,3 ) , Irán  ( 1,7 ) , Estados Unidos  ( 1,5 ) , Argentina  ( 1,1 ) , Rusia  ( 1,0 )  y Polonia  ( 1,0 )
Es importante resaltar que estas tasas se obtuvieron tras analizar datos acumulados hasta abril de este año, lo que quiere decir que hoy son más altas. En ese momento, el número de niños que en Colombia quedaron en la orfandad luego de 13 meses de pandemia se estimó en 29.000.
Estos mismos números suben a 55.000 si se suman los casos de pérdida de los abuelos que tenían la custodia o ejercían como cuidadores primarios de los niños.
Esta cifra, no obstante, fue actualizada por el Imperial College de Londres, que estima que contando los días más fuertes de la tercera ola del virus en el país, para comienzos de agosto ya eran 49.300 los menores de edad que habían perdido a uno o a ambos padres por covid 19, es decir, 20.000 más en apenas tres meses.
El 24 y 25 de agosto, lluvias y vendavales provocados por el paso de una onda tropical en el Mar Caribe provocaron inundaciones y crecientes súbitas en al menos cinco municipios del departamento de La Guajira  ( Uribia, Dibulla, Maicao, Riohacha y Manaure ) .
En Dibulla se produjo el desbordamiento de 3 ríos  ( Río Ancho, Río Jeréz y Río Cañas )  afectando las viviendas y los medios de vida de habitantes de los corregimientos de Mingueo y Rio Ancho. Por ahora se conoce de 56 familias afectadas en las veredas El Cerro y el Limonar de Dibulla.
En Riohacha lluvias torrenciales afectaron a más de 115 familias en por lo menos 9 barrios  ( Cooperativo, Nuevo Horizonte, San Judas, Quince de Mayo, Esperanza, La Loma, Las Villas e Iguaraya )  y la vereda Mundo Nuevo en el corregimiento de Tigreras
En Manaure resultaron afectadas 48 familias por inundaciones y vendavales en 4 barrios  ( Berlín, Arroyo Limón, La Unión y Crispín López ) .
Se requiere asegurar el acceso a agua apta para el consumo humano a las familias afectadas. Se necesitan kits de higiene con enfoque diferencial. Se requieren jornadas de prevención y gestión del riesgo en comunidades rurales y urbanas afectadas, teniendo en cuenta el apoyo y acompañamiento de intérpretes que garanticen el enfoque diferencial.
Se requiere apoyo técnico en planes de contingencia para minimizar el impacto de las restricciones de acceso físico en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 19, en especial en zonas rurales de la Alta Guajira.
Existen restricciones de acceso  ( por daños en vías )  para la identificación de afectados y para la entrega de ayuda humanitaria en zonas rurales de Uribia, y en los asentamientos informales Arroyo la Voz que Clama, Belén de Judea, Cristo Vive, Luisa Pérez y La Gloria de Dios en Maicao.
Se prevé que hay daños en las instituciones educativas que podrían afectar el regreso a clases o la continuidad del modelo de alternancia/presencialidad. Sin embargo, hasta el momento no hay información disponible sobre instituciones educativas afectadas en el departamento para identificar necesidades y riesgos.
A la fecha, las vías de los corregimientos de Samoré y Gibraltar permanecen cerradas, lo cual restringe el acceso de atención por vía terrestre. Sumado a lo anterior, las condiciones climáticas de la zona no son favorables para la intervención de estos puntos críticos y las emergencia tienden a extenderse lo cual puede agravar las necesidades humanitarias de la población damnificada.
Se requieren 150 kits de albergue  ( Colchonetas cobijas, sabanas )  y dotar con elementos para la preparación de alimentos  ( estufas, ollas, vajillas, cubiertos y combustibles seguros )  para las personas que se encuentran en casas de familiares o conocidos, dado que muchos implementos de su hábitat se averiaron por las inundaciones.
Se requiere atención en salud primaria para todas las personas afectadas. Es necesario garantizar la provisión de elementos de bioseguridad y concientización sobre protocolos para la prevención del contagio de COVID 19 de las comunidades damnificadas
Se requieren 150 kits de alimentos, bonos u otras estrategias para garantizar el acceso alimenticio. Es necesario incluir en los kits alimentos perecederos  ( carnes, verduras, frutas ) , con el fin de suplir todas las necesidades nutricionales de la población. Además, asegurar el enfoque diferencial étnico en los kits a proveer a las 30 familias indígenas damnificadas.
Desde el mes julio se han presentado fuertes e intensas lluvias en Norte de Santander. Lo anterior, ha ocasionado múltiples deslizamientos de tierra, desbordamiento de ríos y emergencias en los gaseoductos y torres de energía, Toledo es el municipio más afectado. La situación ha limitado la movilidad, generado el desabastecimiento de víveres y la falta acceso a servicios públicos, así como también, ha ocasionado afectaciones a bienes de uso colectivo  ( infraestructura vial, eléctrica, acueductos y a la sede educativa del corregimiento de Gibraltar )  la población damnificada se encuentra ubicada en las veredas de Rio Negro, Troya, Cortinas, Cedeño, California, Santa Marta, Alto Horizonte, El Porvenir, de los corregimientos de Samoré y Gibraltar.
Recuperación Temprana y Medios de Vida: Se requiere apoyo para la creación de proyectos productivos para las personas damnificadas ante la pérdida de los cultivos que son parte de su sustento diario.
Durante el mes de julio la población de los corregimientos de Samoré y Gibraltar permanecieron 15 días sin acceso a servicios de luz, agua, y gas. Los servicios se restablecieron, salvo el servicio de gas, por lo cual la población damnificada ha estado preparando sus alimentos en pimpinas de gas, al respecto, la empresa de gaseoducto Promieoriente no ha podido realizar una intervención de reparación debido a la condiciones climáticas y la falta de conectividad vial, las anteriores condiciones también han obstaculizado acciones de respuesta por parte de los entes territoriales.
De acuerdo con Hillis, “los impactos económicos, de desarrollo y psicológicos en estos niños tendrán repercusiones en distintas generaciones, un trágico legado de lamortalidad relacionada con el covid 19'.
En esto concuerda Ricardo Celis, psicólogo pediátrico, quien lleva años tratando estrés postraumático en menores de edad: “Los niños no cuentan con la facultad de enfrentar un duelo de manera repentina. Y lo que estamos viendo es un aumento en la atención a pacientes de este tipo desde que empezó la pandemia'.
Además, la muerte de uno de los padres a menudo reduce los ingresos de la familia, lo que hace más difícil atender las necesidades básicas de los pequeños.
En marzo, cuando se cumplió un año de la pandemia, desde NiñezYA informamos sobre el aumento del 47 por ciento del maltrato infantil así como el incremento en un 24,1 por ciento de los hogares que consumen menos de tres comidas al día. A esto se suman los problemas para estudiar por falta de conectividad, el estrés familiar, el riesgo de matrimonios infantiles y de incremento del trabajo infantil. También alertamos sobre los casos de orfandad. Nuestra conclusión fue: la pandemia tiene en crisis los derechos de la niñez.
La falta de los cuidadores primarios en el proceso de crianza afecta el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes si no se maneja adecuadamente, y puede ser mucho más grave si se dio la muerte de ambos padres. Algunas de las consecuencias pueden ser aumento del suicidio, abuso de sustancias psicoactivas, problemas emocionales, aumento de las tasas de depresión y posibilidades de verse envueltos en conductas delictivas.
Estas comunidades, manifestaron no tener acceso a sus cultivos, ya que los grupos armados les han limitado sus recorridos y se ha advertido sobre la presencia de Minas Antipersonal  ( MAP ) . Esta situación ha limitado su acceso a sus principales fuentes de alimentación y producción y mantiene un nivel máximo de zozobra y angustia por la constante presencia de los grupos armados al interior de las comunidades.
Durante la segunda semana de julio estos hechos fueron reportados por la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios  ( OCHA )  donde se informaba afectaciones por confinamiento e inundaciones para las comunidades. En dos ocasiones previas  julio del 2020 y febrero del 2021 las comunidades han estado en confinamiento por cuenta de la instalación de Minas antipersonal  ( MAP )  y amenazas contra la población por parte de grupos armados.
Para muchos niños y niñas, la crisis del COVID 19 implicará que la educación que reciban será limitada o nula, o que no puedan seguir el ritmo de avance de sus pares. Más del91 %de los alumnos de todo el mundo ahora no están yendo a la escuela, debido al cierre de estas instituciones en al menos 188 países.
El secretario general de las Naciones Unidas se ha referido a un aumento global “estremecedor' de la violencia doméstica vinculada con el COVID 19, y en algunos países se habríaduplicadoel número de llamados a líneas de ayuda.
En los niños y niñas, se evidencian graves casos de malnutrición y enfermedades relacionadas con el consumo de agua de fuentes contaminadas.
Las tensiones adicionales que soportan las familias en relación con la crisis del COVID 19 –como pérdida de empleos, confinamiento excesivo y ansiedad por motivos de salud y económicos  agravan el riesgo de violencia en el hogar, entre parejas como la infligida en niños y niñas por sus cuidadores.
En el caso de la población juvenil, enfrentan riesgo de reclutamiento y utilización por parte de los actores armados, se reportan casos de desplazamiento individuales por amenazas de grupos armados.
Es menos probable que se detecten casos de abuso infantil durante la crisis del COVID 19, dado que los organismos de protección infantil han limitado sus acciones de seguimiento para evitar propagar el virus y, con el cierre de las escuelas, los docentes tienen menos posibilidades de identificar signos de maltrato.
Dentro de las afectaciones se ha identificado que existen diferentes situaciones de riesgo según el grupo población: Para las mujeres, se presentan afectaciones psicosociales y de riesgo de violencia basada en género, debido a la presencia actores armados y minas antipersonal en las zonas donde despeñan sus actividades diarias y productivas.
Se encontró que los diferentes hechos contra la población civil y el accionar de los grupos armados en el territorio han derivado en el confinamiento de las 8 comunidades que comprenden el Resguardo  ( Chanó, Unión Chocó, Playa Blanca, Mojaudó, Usaragá, Puerto Wino, Nuambua y Puerto Nuevo ) .
La crisis del COVID 19 tambiénacentúa el riesgo de explotación sexual infantil en Internet. Según indica Europol, diversos socios de aplicación de la ley han informado una “mayor actividad en línea de quienes buscan materiales relacionados con abuso infantil' como consecuencia del COVID 19. Los niños y las niñas pasan más tiempo en línea a causa del cierre de las escuelas y es probable que el aislamiento y el confinamiento hagan que se sientan ansiosos o solitarios y, en esa situación, sean más vulnerables a predadores en Internet.
Dentro de los principales hallazgos, se evidenció la situación de riesgo, temor y angustia que vive la población de las comunidades indígenas que habitan en Resguardo del Río Alto río Bojayá, como consecuencia de la presencia de actores armados no estatales en el territorio.
Por otro lado, desde mediados del mes de junio, la Fuerzas Militares han hecho presencia en la comunidad de Chanó. Esta situación genera situación de riesgo de enfrentamiento e instalación de más Minas Antipersonal  ( MAP )  y Artefactos Explosivos  ( AE )  para la comunidad.
Las comunidades reconocen como las afectaciones más frecuentes: el confinamiento, homicidios de líderes, amenazas individuales, reclutamiento y restricciones a la movilidad por presencia de minas antipersonal  ( MAP ) .
Las comunidades del resguardo Alto Río Bojayá presentan eventos de múltiple afectación dadas las afectaciones del conflicto armado y las afectaciones por eventos de desastres de origen natural  ( Temporada de lluvias ) .
Las comunidades del Alto Río Bojayá se encuentran en situación de confinamiento. La población tiene limitaciones a la movilidad en sus territorios por las constantes amenazas, retenes ilegales y hechos de violencia por parte de grupos armados.
Las situaciones de confinamiento que viven las comunidades, han desencadenado en diferentes afectaciones como: Perdida de las principales fuentes de alimentos y medios de vida: El 100% de las comunidades manifiesta no tener acceso a sus parcelas o zonas de producción, se presenta perdida de cultivos y semillas de plátano, yuca, caña, arroz. Actualmente dependen de la ayuda alimentaria.
Riesgos de protección y afectaciones emocionales y psicológicas: Se identificaron casos de reclutamiento de población juvenil, en los casos que son recuperados por la comunidad deben desplazarse de sus comunidades por amenazas. Se registra con preocupación por casos de suicidios en la población, afectando en mayor medida a mujeres y niños.
Dificultades de acceso a agua segura, salud: Debido a la presencia de Artefactos Explosivos en las limites de las comunidades, las familias ven limitado su acceso a las zonas de extracción de agua con menor grado de contaminación, como quebradas.
Es probable que la recesión económica global generada por la crisis del COVID 19, incluida la pérdida masiva de puestos de trabajo en todo el mundo, incremente las tasas de trabajo y matrimonio infantil. En todo el mundo, se estima que152 millones de niños y niñasya realizaban trabajo infantil antes de la pandemia del COVID 19, y 73 millones realizaban trabajos peligrosos. Según algunas investigaciones, hay unaestrechar elación entre el trabajo infantil y las crisis económicasque sufren las familias, como las debidas a enfermedad, discapacidad o la pérdida del trabajo de uno de los padres.
Al desbordarse los sistemas de salud por efecto del COVID 19, es posible que los niños y las niñas dejen de recibir vacunas o pierdan el acceso a la atención de la salud esencial para preservar la vida.
La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ( ICBF ) , Lina Arbeláez, denunció que en Norte de Santander hay redes de trata que obligan a niños y niñas, sobre todo migrantes venezolanos, a tener relaciones sexuales por 3.000 pesos, y que en todo el país han identificado más de 1.000 estudios webcam donde explotan sexualmente a los menores.
Los reclutadores estarían aprovechando la situación de vulnerabilidad de las familias para ofrecer ofertas laborales engañosas a los niños.Entre enero y mayo, el ICBF recibió 14.233 denuncias de casos de violencia, 6.991 de ellas por violencia sexual en Norte de Santander, una de las zonas de mayor afectación a la población migrante.
La institución reportó 285 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos en todo el país. De ellos, el 35,8 por ciento corresponde a casos de violencia sexual y un dos por ciento a explotación sexual, según precisó Lina Arbeláez. También, la lupa está puesta en Arauca, La Guajira, Amazonas y otras zonas fronterizas.
Esto puede generar un riesgo de aumento en los niveles de desnutrición, en particular, en el caso de niños, niñas, y madres gestantes y lactantes.
Uno de los principales retos para las instituciones ha sido el traslado de las vacunas a las zonas rurales dispersas, dado a que no cuentan con embarcaciones para el traslado adecuado por vía fluvial.
Si bien,el Gobierno Nacional se ha adherido al Instituto Internacional de Vacunasde las Naciones Unidas para avanzar en el proceso de restablecer el desarrollo de los biológicos, la competencia regional es alta, por ejemplo, Brasil, México y Argentina ya han tomado ventajas y también las condiciones locales en las empresas no están del todo definidas.
495 casos de delitos sexuales 86% del total de las víctimas son mujeres 816 casos de violencia de pareja 88% del total de las víctimas son mujeres
Se ha presentado un aumento en fenómeno del reclutamiento a niños, niñas y adolescentes por el control del territorio por los grupos armados, aumento de violación y abuso sexual a esta población, aumento de promoción y consumo de sustancias psicoactivas.