Posteriormente, el Ministerio del Interior realiza un informe técnico sobre el flujo migratorio de venezolanos en donde se concluye lo siguiente: “ ( … )  en vista de la tendencia actual de aproximadamente 300 ingresos por día y la creciente tendencia de ingresar al país únicamente con el documento nacional de identidad, que no presenta dispositivos de seguridad que permitan comprobar la autenticidad del mismo o sin ningún documento reconocido por el país, podría impactar negativamente en el país en la capacidad nacional de prevención, control y protección de estos fenómenos, afectando los derechos de las personas en movilidad, y generando ambientes propicios para el fenómeno de los delitos asociados a la movilidad, por lo que es necesario se establezcan políticas que permitan prevenir la migración irregular y riesgosa'  ( Ministerio del Interior, Ecuador, 2018 ) . Inmediatamente, realizado dicho informe técnico, el Ministro del Interior envía un oficio a cancillería  ( Oficio Número MDI DM S 20018 0006 )  solicitando “se establezcan lineamientos, directrices e instrumentos técnicos de gestión para la ejecución del control migratorio, con el fin de garantizar la protección y promoción de derechos'. Esto motivó a un nuevo Acuerdo Ministerial de Cancillería  ( Número 242 )  en el cual “se establece como requisito previo al ingreso a territorio ecuatoriano la presentación del pasaporte con una vigencia mínima de seis meses previa a su caducidad a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela'  ( MREMHU, 2018b ) . Como se observa en todos estos informes técnicos, oficios y acuerdos ministeriales tanto del Ministerio del Interior como de Cancillería, hay un reforzamiento del enfoque de control y seguridad migratoria16, amparados como es de costumbre en el discurso de precautelar la migración riesgosa y los derechos de los migrantes  ( Castro, 2018 ) . Llama la atención que tanto el informe técnico, el oficio enviado a cancillería por parte del Ministerio del Interior, la resolución ministerial Número 242, así como el boletín 445 de la Secretaría de Comunicación, tienen todos fecha del 16 de agosto del 2018. Incluso ese mismo día, el Presidente de la República se reunió en el palacio de gobierno con un grupo de personas venezolanas para ‘solidarizase' con ellos. Sin embargo, a la salida de la reunión, el Ministro del Interior anunció las medias anteriormente señaladas. En un despliegue gubernamental nunca antes visto que incluyó a varias carteras de Estado y al propio Presidente Moreno. En un solo día, dieron un giro a las políticas migratorias que se venían construyendo con un enfoque de derechos, violando lo establecido tanto en la Constitución, en la Ley de Movilidad Humana, así como en Acuerdos Multilaterales firmados en el seno de la CAN y MERCOSUR referente al derecho a migrar, a la ciudadanía suramericana y a la movilidad intrarregional solamente presentando el documento nacional de identidad. Estas medidas provocaron reacciones de organizaciones de derechos humanos, que se pronunciaron en contra del gobierno e interpusieron medidas cautelares17. Si bien se logró eliminar tal requisito de entrar solo con pasaporte  ( documento muy complicado de conseguir en Venezuela ) , la cancillería ecuatoriana emitió un nuevo Acuerdo Ministerial  ( Número 244 )  en el que se señala que los ciudadanos venezolanos podrán ingresan a Ecuador con cédula de identidad siempre y cuando cumplan con uno de los dos siguientes tipos de validación: “ ( … )  con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido, o con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por las entidades autorizadas al efecto por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela debidamente apostillado'  ( MREMHU, 2018c ) . El resultado de tales políticas no fue el descenso de los ingresos de venezolanos, que era lo que buscaba el gobierno tal como se lee en los informes técnicos18. Vale señalar que, según un estudio realizado por la OIM  ( 2018c ) , en los mismos meses que se daban estos cambios en las políticas migratorias  ( agosto y septiembre ) , el 69% de los migrantes venezolanos que ingresaron al Ecuador lo hacían con pasaporte y un 30% ingresaron con cédula de identidad. Dicho estudio también revela que un 9% ingresó a territorio ecuatoriano por un cruce informal que puede haber sido un efecto de las medidas tomadas. Es decir, no disminuyó como se esperaba las llegadas, pero produjo que un porcentaje entre por pasos fronterizos clandestinos. A inicios del 2019 el gobierno ecuatoriano continuó con su política securitista y culpó a los migrantes venezolanos del incremento de feninicidios por un caso ocurrido en la ciudad de Ibarra que se describirá más adelante. El Presidente de la República en su cuenta de twitter señaló: “…He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país…' Un días después de este anuncio el Ministerio del Interior y la Cancillería ecuatoriana sacan un nuevo acuerdo interministerial  ( Número 001 )  en cuyos considerandos se recuerda la faculad del Estado de registrar ingresos y salidas, inadmitir a personas extranjeras “que sean consideradas una amenaza o riesto para la seguridad interna', entre otros y acuerdan: “Requerir a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a territorio del Ecuador, además de los documentos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 244, del 22 de agosto del 2018, la presentación del Certificado de Antecedentes Penales del país de origen, del país de residencia durate los últimos cinco años, debidamente apostillado o legalizado'  ( MREMHU y Ministerio del Interior, 2019 )  A esta disposición quedaron exentos los menors de edad, personas que tengan vínculos familiares con ecuatorianos hasta segundo grado, los que tengan visa vigente y aquellos que utilicen Ecuador como ruta de tránsito pero que acrediten poseer una visa del país de destino19. Estas nuevas medidas ahora de solicitar pasado judicial apostillado no solo violan una vez más la Constitución, la Ley de Movilidad y acuerdos regionales, sino que en la práctica convirtieron al Ecuador en un estado tapón de dicha migración que viene por Colombia y que se dirige a algún país de la región. Este acuerdo vino acompañado de mayores controles en la frontera norte y de protestas por parte de los migrantes venezolanos. En esta ocasión el papel de los instituciones de defensa de derechos de los migrantes no pasó más de unos tibios “exhortos'.