nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Condiciones de salud: Otro potencial factor impulsor de la remigración son las condiciones de salud, tanto física como mental, de las personas retornadas. Todos los programas de RVA realizaron evaluaciones médicas para el viaje y proporcionaron a las personas migrantes pruebas de COVID 19  ( PCR )  antes de regresar a sus países de origen. De las 99 personas encuestadas, la mayoría  ( 59 o 60% )  consideraba estar en buenas condiciones físicas y mentales. El 12% se sentía bien mentalmente, pero mal físicamente; en contraste, el 14% comentó sentirse físicamente bien, pero mal mentalmente. Seis personas reportaron tener una mala salud tanto física, como mental. Al analizar esta información por nacionalidad, las y los hondureños  ( 23 de 33 )  representaron el porcentaje más alto de personas retornadas que reportaron una buena salud física y mental; también todas las personas de México  ( 3 ) , Nicaragua  ( 1 )  y Colombia  ( 1 )  consideraron estar sanas. En contraste, cerca de un tercio de las y los nacionales de Guatemala  ( 8 de 30 ) , así como más de un quinto de las personas de El Salvador  ( 6 de 26 )  reportaron sentirse bien mentalmente, pero mal físicamente.
El nivel de seguridad dentro de las comunidades y la bienvenida que reciben las personas beneficiarias de RVA por parte de sus familias influyen en su reintegración y pueden ser factores impulsores para una futura remigración. El 14% de las personas migrantes retornadas estaban preocupadas por su seguridad, todas temían la violencia en sus países de origen  ( 7 nacionales de Guatemala, 6 de Honduras y una de El Salvador ) .
Condiciones posteriores al retorno Además de obtener datos demográficos, se les preguntó a las personas migrantes sobre sus experiencias a lo largo del proceso de RVA; y una vez restablecidas en los países de origen, se examinaron sus percepciones sobre la acogida por parte de sus comunidades, su estado mental, físico y financiero, así como los niveles de seguridad. Estas últimas consideraciones son de particular interés, ya que las condiciones de constante inestabilidad en los países de origen pueden influir en la remigración de las personas beneficiarias con RVA, como se revela en éste y en previos informes de monitoreo.
El impacto económico de la pandemia ha sido grave: el 68% de todas las personas encuestadas reportaron ingresos familiares más bajos en la primera ronda en comparación con su situación previa a la COVID 19. Además, la inseguridad financiera sigue siendo pronunciada: de la población encuestada, el 56% de las PoC y el 42 % de la comunidad de acogida dijeron que se vieron obligadas a agotar sus ahorros o a depender de otras personas para satisfacer sus necesidades diarias y 3 de cada 4 mencionaron que no tienen cuentas de ahorro bancarias ni móviles.
La inseguridad alimentaria sigue siendo alta, particularmente para las personas refugiadas y solicitantes de asilo hondureñas y salvadoreñas. Cerca del 57 % reportó que una persona adulta se saltó una comida en la última semana en la segunda ronda en comparación con solo el 20% de las personas nacionales en la ronda final de la encuesta del Banco Mundial en 2020.
A través del monitoreo, se documentaron casos de personas con necesidades médicas que no lograron recibir atención adecuada en el sistema de salud pública debido a la falta de intérpretes. Asimismo, muchas de estas personas reportaron desconocer los cambios en los procedimientos administrativos para obtener documentación legal.
De las personas clasificadas como mujeres en riesgo, se incluyen 22 mujeres migrando solas, y otras 18 en situación de embarazo o lactancia. Dado los riesgos generales de seguridad en Tapachula, y la situación de precariedad en la que se encuentran muchas personas de interés, las mujeres solas se encuentran en situación de particular vulnerabilidad frente a la violencia basada en género  ( VBG ) , la falta de medios de vida y vivir en situación de calle.
Durante el presente periodo de monitoreo, el gobierno mexicano anunció restricciones sobre la entrada al territorio en los cruces fronterizos terrestres. De acuerdo con el anuncio del Instituto Nacional de Migración, tales medidas limitaron los viajes no esenciales al territorio, en el contexto del fortalecimiento del control fronterizo. Sin embargo, la medida tiene el efecto de limitar los ingresos regulares al territorio y de obligar a las personas a recurrir a rutas más riesgosas para entrar a México.
Se detecta una reducción en la incidencia de abusos en la frontera, con el 32.9% de respondientes afirmando haber sufrido o presenciado algún abuso, comparado con el 45.4% en el periodo anterior. No obstante, se mantiene la tendencia de señalar a las personas particulares como responsables de los abusos, seguido por la policía mexicana y la policía guatemalteca
Los encuestados entrevistados en México informaron con mayor frecuencia más efectos2 de la pandemia en comparación con los en Guatemala, incluida la dificultad para acceder a bienes básicos, incurrir en deudas y/o atrasos en el pago del alquiler, agotar los ahorros, sentir una creciente preocupación y ansiedad y no poder continuar su ruta de migración, mientras que los encuestados en Guatemala informaron un nivel significativamente mayor de dificultad para enviar remesas a casa.
El racismo y la xenofobia contra los migrantes también aumentaron durante la pandemia: fueron mencionados por el 15% de los encuestados en julio y por el 45% en noviembre. Como se describió en un snapshot3 anterior, este aumento se sintió especialmente en Tapachula ya que, por un lado, en México la cobertura de los medios de comunicación sobre la propagación del COVID 19 entre las personas en movilidad a menudo transmitió la idea de que los migrantes y refugiados son vectores del virus y, por otro lado, la crisis económica provocada por la pandemia incrementó la competencia entre los migrantes y la población local por los trabajos tanto formales como informales
La reducción del acceso al trabajo como consecuencia de la pandemia, una mayor preocupación y/o estrés, y las dificultades percibidas en el proceso de asilo resultaron ser reportadas de manera significativamente más frecuente en México que en Guatemala.
Con altas tasas de emigración, los hogares de la región de Centroamérica, República Dominicana,  México  y Haití, en particular los más vulnerables, son muy dependientes del envío de remesas familiares por parte de los migrantes. En 2020, los flujos de remesas y los movimientos migratorios se vieron sustancialmente afectados por la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia del covid ‐ 19.
Las remesas provienen principalmente de los migrantes de Estados Unidos, especialmente para  México , El Salvador y Guatemala que recibieron más del 95% de sus remesas de Estados Unidos
A partir de la mitad de marzo 2020, los países de la región impusieron restricciones para la entrada de extranjeros y/o cerraron sus fronteras de manera parcial o total. Solo  México  dejó sus fronteras parcialmente cerradas mientras todos los otros países de la región las cerraron completamente. Por medio de una iniciativa conjunta, Estados Unidos restringió los viajes no esenciales a lo largo de la frontera terrestre con  México . Esas medidas provocaron la caída de flujos migratorios legales e ilegales.
La Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia observa con mucha preocupación que, desconociendo los riesgos para la  salud de las personas, las autoridades migratorias mexicanas mantuvieron su política de detención y deportación sin medidas preventivas y sanitarias, encerrando en estaciones migratorias a miles de personas durante la pandemia, en violación de las obligaciones internacionales de México en materia de derecho a la vida y a la salud.
La tasa de reconocimiento del estatus de refugiado, sin embargo, difiere bastante por nacionalidad: de solicitudes resueltas de enero, 2013, a septiembre, 2020, 27% de las presentadas por cubanos resultó positiva, mientras que para guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y venezolanos fue de 47%, 53%, 84% y 98%, respectivamente  ( Comar, 2020 ) .
La COVID 19 afectó la economía mexicana y limitó las oportunidades de empleo para las personas refugiadas. Las restricciones de circulación, las alteraciones en la cadena de suministro, el cierre de negocios y la suspensión de nuevas contrataciones afectaron nuestros programas de reubicación, inserción laboral e integración local.
Algunas personas refugiadas que habían logrado conseguir trabajo en la economía formal en los cuatro años anteriores informaron estar sin trabajo y, a menudo, con problemas financieros. De manera similar, muchos solicitantes de asilo recién llegados tuvieron dificultades para cubrir sus necesidades básicas. La COVID 19 también afectó las condiciones de recepción, y muchos albergues han cerrado o limitado su capacidad.
A medida que continúan aumentando las solicitudes de asilo en México, el acceso a oportunidades laborales sigue siendo un desafío para las personas que intentan restablecerse en el país. Un nuevo estudio del Comité Internacional de Rescate  ( IRC, por sus siglas en inglés )  encontró que la xenofobia, condiciones laborales abusivas y la falta de información se encuentran entre los principales obstáculos para lograr el bienestar económico.
Según la evaluación del IRC  ( realizada en cuatro ciudades de los estados sureños de Chiapas, Veracruz y Tabasco )  los principales obstáculos que enfrentan los solicitantes de asilo para acceder a oportunidades laborales y alcanzar el bienestar económico mientras esperan que se resuelvan sus procesos incluyen: Xenofobia, Condiciones de trabajo abusivas, Falta de información o sensibilización.
Xenofobia. Este es uno de los desafíos principales, mencionado no solo por los solicitantes de asilo, sino incluso por personas encuestadas que son representantes de las comunidades de acogida, del sector privado y funcionarios públicos. Las percepciones erróneas sobre poblaciones migrantes, junto con importantes tasas de pobreza y desempleo, ponen a los solicitantes de asilo en una grave desventaja cuando buscan trabajo y en sus interacciones cotidianas.
Condiciones de trabajo abusivas. El empleo informal constituye la mayor parte de las alternativas existentes en las ciudades evaluadas, con tasas a partir del 60%. Esto implica riesgos para los solicitantes de asilo, incluido el robo de salarios o turnos extendidos. Por ejemplo, en Tenosique, los solicitantes de asilo estimaron necesitar entre 195 y 290 dólares por mes para cubrir lo esencial, mientras que los salarios en trabajos esporádicos oscilaron entre 2.40 y 7.30 dólares por hasta doce horas de trabajo. Incluso encontrando un trabajo todos los días durante un mes, apenas ganarían lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas.
En los últimos años, el número de solicitudes de asilo en México ha incrementado exponencialmente. Solo entre enero y marzo de 2022, el país recibió más de 29,000 solicitudes, el 61% de personas de Honduras, Haití y Cuba. De estas, más del 80% se presentaron en estados del sur  ( cerca de la frontera con Guatemala )  como Chiapas, Tabasco o Veracruz, donde los solicitantes de asilo deben esperar hasta que se resuelvan sus procesos, lo que puede demorar entre 45 días y un año, a pesar de la falta de oportunidades laborales y sistemas de apoyo sobrecargados.
Falta de información o sensibilización. Un tema mencionado no solo por los buscadores de empleo, sino incluso por miembros del sector privado. Las empresas mostraron interés y disposición para contratar solicitantes de asilo, pero reportaron tener vacíos en la información sobre los requisitos y posibilidades para hacerlo. Al mismo tiempo, los solicitantes de asilo mencionaron no saber lo suficiente acerca de derechos humanos y laborales, independientemente de su estatus legal o incluso cómo y dónde podrían encontrar información sobre ofertas de trabajo o capacitación y otro tipo de apoyo relacionado.
Una de las principales preocupaciones de la pandemia y las restricciones posteriores ha sido el acceso limitado a los servicios básicos. El gráfico 5 ilustra cómo una proporción similar de personas encuestadas de los tres grupos mencionó que en su hogar se requirió una consulta médica entre julio y septiembre. Sin embargo, de éstos, el 12% de personas venezolanas, hondureñas y salvadoreñas tuvieron que retrasar o cancelar la cita frente al 6% de nacionales mexicanos. Además, es más probable que las personas hondureñas y salvadoreñas busquen atención urgente como resultado de una emergencia de salud, lo que hace que cualquier demora o cancelación resulte aún más costosa. De manera similar, los hogares hondureños y salvadoreños reportaron un menor acceso a medicamentos cuando los necesitaron en comparación con los hogares de acogida y venezolanos. Por último, es mucho menos probable que las PoC encuestadas y las venezolanas en particular, crean que el gobierno brinda atención médica sin discriminación, lo que indica su propia percepción del acceso limitado a los servicios de salud.
Medios de vida e inseguridad financiera Si bien los impactos de la pandemia en la salud tienen una importancia de primer orden, la pandemia también ha tenido un gran costo económico. Según las últimas cifras de pobreza de México, 3,8 millones de personas mexicanas cayeron por debajo de la línea nacional de pobreza adicionalmente en 2020, para llegar a un total de casi 56 millones, o el 44% de la población.15 Las cifras más recientes muestran cómo la tasa de desempleo se ha recuperado modestamente, actualmente se estima en 4%, pero aún no llega a los niveles previos a la pandemia.16 En este contexto, las dos rondas de encuestas telefónicas arrojaron luz sobre cómo las PoC del ACNUR se han visto afectadas por la pandemia con respecto a los medios de vida y la inseguridad financiera.
Es menos probable que las PoC encuestadas tengan un empleo formal y sus garantías asociadas, como el acceso a la seguridad social, en comparación con la comunidad de acogida  ( gráfico 7 ) . En particular, las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas tienen mucha menor probabilidad de tener un empleo en el sector formal, lo que las pone en mayor riesgo de padecer condiciones laborales perjudiciales y reduce en gran medida su acceso al sistema de seguridad social basado en el empleo. En áreas rurales, tanto las personas encuestadas de la comunidad de acogida como las PoC tenían aproximadamente 20 pp de menor probabilidad que las personas encuestadas de áreas urbanas de tener un contrato de trabajo formal, lo que pone en evidencia la prevalencia de la informalidad fuera de las ciudades. Además, más de la mitad de todas las personas encuestadas  ( el 55% de las hondureñas y salvadoreñas, el 46% de las venezolanas y el 39% de las comunidades de acogida )  sufrió una afectación en el empleo formal desde que comenzó la pandemia, lo que incluye la suspensión del contrato laboral, la reducción de la jornada de trabajo o la pérdida de empleo de un miembro del hogar.
La distribución por sexo muestra una tendencia mayoritaria de población femenina, la cual representó el 55 por ciento. Mientras que la población masculina fue del 45 por ciento. En su mayoría tanto hombres como mujeres se ubicaron en Ciudad Juárez, seguidos de Mexicali y Acuña. En Piedras Negras, no hubo participación de hombres. De las mujeres encuestadas, el 2 por ciento se encontraba embarazada al momento de la encuesta.
Casi el cincuenta por ciento  ( 47% de la muestra expuesta en la Tabla 1 )  cuenta con tarjeta de residente permanente para estar en territorio mexicano.
Por otro lado, de la distribución de las personas, del 29 por ciento que declararon no contar con un documento migratorio aparecen en mayor medida en Ciudad Acuña  ( 16% de la muestra total ) , y le siguen Piedras Negras y Ciudad Juárez, ambas con 6 por ciento y Mexicali solamente con el 1 por ciento. En esta ciudad, también se registra el 6 por ciento de las personas entrevistadas con documentación en trámite.
Importante es detallar, que un 27 por ciento del total de la muestra, manifestó requerir medicamentos diariamente. De estos, 20 por ciento reportó adquirirlos en farmacias, y el resto manifestó no tener acceso a medicamentos.
En materia de edad, el grupo poblacional con mayor representatividad de la muestra fue el de personas entre 26 y 35 años  ( 38 % )  es decir, población económicamente activa y en edad reproductiva  ( Gráfica 1 ) . Seguido por las personas entre 46 y 55 años  ( 18% de la muestra ) . Las personas entre los 18 y 25 años fueron una fracción importante  ( 16% ) , el restante estuvo compuesto por personas de 36 y 45 años  ( 14% )  y mayores de 56 años  ( 16 % ) .
El 52 por ciento de las personas de la muestra  ( Gráfica 3 )  se encontraba casada o en unión libre. Correlacionado con los datos de aquellos que viajan en grupos, del 33 por ciento de las personas encuestadas que estaban casadas 14 por ciento viajaba en grupo familiar. Asimismo, del 18 por ciento de las personas en unión libre, un 10 por ciento viajaba de la misma forma. Por otro lado, el 21 por ciento de las personas solteras viajaban en grupo familiar. Lo anterior nos permite deducir que gran parte de las personas migrantes encuestadas que se trasladan hacia EE. UU. lo hacen en grupos familiares.
En cuanto al motivo de viaje de acuerdo al documento migratorio, se encuentra que la mayor parte, 47 por ciento de la muestra expuesta en la Gráfica 5, cuentan con tarjeta de residente permanente, y sobre este grupo, la mayoría de las personas viajaron por unidad familiar. A este grupo le siguen el 29 por ciento de las personas que no cuentan con documento migratorio y cuyo principal motivo de viaje es dirigirse a Estados Unidos.
Por otro lado, se destaca que los motivos por el que menos viajan las personas son: por contar con redes de apoyo diferentes a las familiares y por consejos generales en grupos de redes sociales o páginas web, 4 por ciento en ambos casos.
Cuando enfrentaron un grupo de decenas de personas buscando solicitar asilo, las autoridades estadounidenses inicialmente manifestaron no tener capacidad para procesar sus solicitudes. Luego afirmaron que las personas sin documentación requerida para entrar al país no tendrían posibilidades de ingresar y, más adelante, que el programa de expulsiones automáticas conocido como Título 42 permanecerá vigente
Al mismo tiempo, la urgencia por parte de la población de ser trasladada ha llevado a la aglomeración de más de 2,000 personas – principalmente de nacionalidad haitiana   en un asentamiento informal en el estacionamiento del Estado Olímpico desde donde el INM está procesando estos traslados. Es evidente la insalubridad en las condiciones que aumenta la vulnerabilidad de la población, lo que denota una presencia limitada de actores estatales y humanitarias para responder a esta situación.
oco más de la mitad de las personas monitoreadas en enero – el 50.3%   afirmó estar en una situación de vulnerabilidad que genera necesidades específicas.
En Tapachula, la relación de la documentación con la posibilidad de trabajar  ( 60.6% de respondientes en esta localidad identifican la falta de documentación como una barrera )  y con la posibilidad de poder salir de Tapachula hacía lugares donde se esperan mayores oportunidades para generar un ingreso coloca este tema como el más prioritario.
Por otro lado, en Ciudad Juárez, el hecho de que la mayoría  ( 62.8% de respondientes en esta localidad comparado con 18.1% en Tapachula )  ha tenido que acceder al centro de salud para alguna atención, junto con las frecuentes barreras reportadas en esta localidad subyace la designación de la salud como la prioridad principal.
El estallido de contagios de Covid 19 durante el mes provocó mayor estrés entre la población de interés, con muchas personas atendidas manifestando tener miedo de que ellas o sus familiares se contagiaran del virus, particularmente considerando las condiciones de hacinamiento en algunos albergues colectivos.
76% of respondents  ( 696/918 )  reported at least one dangerous location, of which 20%  ( 186/918 )  identified more than one dangerous location along the route. Mexico was the country most frequently indicated as dangerous  ( 48% of locations reported as dangerous ) , followed by Guatemala  ( 39% )  and Honduras  ( 9% ) .
According to 4Mi enumerators, most refugees and migrants stop in Guatemala City or Tecún Umán just to change transport and continue their journey north. They are often targeted by criminal groups as soon as they arrive. According to local actors, most refugees and migrants avoid spending much time in these cities because of the high crime rate.
The risk of bribery and extortion was also significantly more frequently reported in Guatemala  ( 70% )  than in Mexico  ( 41% ) . Research by Amnesty International found that extortion and bribery has increased in Guatemala during the Covid 19 pandemic.6 Since October 2020, a PCR test is required to enter Guatemala7 but its cost is too high for many. At some point, the requirement was changed to an antigen test. Without the test, people bribe police officers at each control, to be able to continue their journey
Más allá de la supuesta emergencia, el 56% de todas las PoC encuestadas en comparación con el 42% de las personas encuestadas de la comunidad de acogida reportan que se ven obligadas a agotar sus ahorros o a depender de otros para satisfacer las necesidades diarias básicas, como la alimentación y la atención médica, en el periodo entre las dos rondas de encuestas. No hay diferencia significativa entre los hogares venezolanos y los hondureños y salvadoreños. El método más común para enfrentar un desafío de este tipo incluía pedir dinero prestado  ( 25% ) , solicitar ayuda a amigos y familiares  ( 14% )  y recurrir a los ahorros  ( 11% ) . Las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas son particularmente más propensas a endeudarse por no poder satisfacer las necesidades básicas diarias, así como por haber buscado el apoyo de amistades y familiares.
De manera similar que con el acceso limitado a alimentos esenciales, existen grandes disparidades respecto a la inseguridad alimentaria. En general, hay una mejora modesta entre las rondas de la encuesta, la mitad de todas las personas encuestadas todavía reportó que su hogar se quedó sin alimentos en la segunda ronda de la encuesta. Pero esta cifra general aumentó en gran medida por las PoC hondureñas y salvadoreñas, ya que tienen, al menos, 31 pp de mayor probabilidad de reportar que se quedaron sin alimentos en los 30 días anteriores a la encuesta en comparación con las personas encuestadas venezolanas y la población de la comunidad de acogida  ( 54% frente al 23% y 19%, respectivamente ) .
las personas hondureñas y salvadoreñas están en peores condiciones en casi todas las mediciones de inseguridad alimentaria, incluyendo notablemente a la población adulta que se quedó sin alimentos en las últimas 24 horas. En 2020, la encuesta del Banco Mundial aplicada en la población nacional encontró tasas similares de inseguridad alimentaria en las personas adultas en la primera ronda que las de la comunidad de acogida, lo que destaca coherencia entre las dos muestras distintas. Pero también muestra la disparidad entre ciertos grupos vulnerables de personas refugiadas y migrantes, tales como las hondureñas y salvadoreñas en comparación con las nacionales: El 19% se quedó sin alimentos, el 20% se saltó una comida y el 6% pasó un día completo sin comer.
El gráfico 11 también muestra que la inseguridad alimentaria entre las niñas y niños es un problema grave, particularmente en la población hondureña y salvadoreña. Más de 3 de cada 10 personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas reportan que una niña o niño pasó hambre o se saltó una comida en los 30 días previos a la enumeración debido a la falta de dinero u otros recursos, en comparación con menos de 1 de cada 10 de las personas encuestadas venezolanas y de la comunidad de acogida. Lo que es más sorprendente aún, el 13% de las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas reportan a una niña o niño sin comida durante 24 horas en los últimos 30 días, en comparación con el 4% de las personas de la comunidad de acogida y el 2% de las personas venezolanas.
México es cada vez más un país de destino para personas refugiadas y migrantes, más que un país de origen o de tránsito. En 2021, hubo un número récord de solicitudes de asilo, 131.448, principalmente provenientes de Honduras y El Salvador, pero también de Haití y Cuba, entre otros. Además, el número de personas venezolanas desplazadas en el exterior que comenzaron a llegar en 2018 supera los 60.000.
Como en todos los países de la región, la pandemia ha provocado graves trastornos en la vida cotidiana de México. A enero de 2022, el número acumulado de casos oficialmente confirmados superaba los 4 millones, lo que representaba alrededor del 3% de la población total.12 En nuestra encuesta telefónica, el 15 % de los hogares encuestados ha tenido al menos un diagnóstico de COVID 19. Sin embargo, como ilustra el gráfico 2, se han diagnosticado muchos menos hogares de PoC hondureñas y salvadoreñas  ( 12% )  en relación con la comunidad de acogida  ( 28% )  y los hogares de PoC venezolanas  ( 32% ) . Esto puede explicarse por el hecho de que las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas son mucho menos propensas a informar el haberse realizado, al menos, una prueba de COVID 19 en el último año, y es más probable que digan que hacerse la prueba es difícil, lo que refleja su concentración en la zona del sur, generalmente más pobre, donde el acceso a los servicios de salud y, por lo tanto, a las pruebas, es menor. Por otro lado, las personas encuestadas venezolanas se concentran principalmente en entornos urbanos  ( por ejemplo, en la Ciudad de México, Monterrey y Cancún ) , donde la exposición a la COVID 19, así como el acceso a los lugares para realizarse pruebas, es significativamente mayor.
En cuanto a la educación, los cierres de escuelas representaron una afectación importante para los hogares con niñas y niños en edad escolar. Sin embargo, para las niñas y niños inscritos en marzo de 2020, hay poca evidencia de deserción entre las PoC hondureñas y salvadoreñas, tal como se ilustra en el gráfico 6. Aunque ese mismo grupo también tiene una expectativa ligeramente mayor de regresar a la escuela el próximo año, una parte importante de las niñas y niños hondureños y salvadoreños siguen en riesgo de abandonar el sistema educativo de forma permanente. Además, se percibe que la calidad de la escuela es mucho peor desde que comenzó la pandemia y se aplicó el cierre de las escuelas. Cerca de la mitad de todas las personas encuestadas consideran que la calidad de la escuela era mala o muy mala en agosto de 2021, en comparación con solo un 10% antes de marzo de 2020. Los desafíos en torno al aprendizaje a distancia son probablemente la razón principal, en particular para los hogares hondureños y salvadoreños que reportan menos acceso a internet y otros recursos informáticos como las computadoras portátiles. Como resultado, los hogares hondureños y salvadoreños prefieren la comunicación con las escuelas y maestros a través de otros medios como WhatsApp, mientras que los hogares venezolanos y de la comunidad de acogida probablemente prefieren las aplicaciones de enseñanza en línea a las que normalmente se accede a través de una computadora.
Al preguntar a las PoC encuestadas sobre tres alimentos esenciales para su hogar, la Tabla 2 muestra que el acceso a esos alimentos ha aumentado alrededor de 6 pp en todas las rondas, lo que refleja una modesta mejora en el mercado local. Los alimentos más comunes mencionados son los granos  ( por ejemplo, arroz ) , las legumbres  ( por ejemplo, frijoles )  y las proteínas  ( por ejemplo, pollo ) . Sin embargo, siguen existiendo diferencias considerables entre los grupos, ya que las personas hondureñas y salvadoreñas tienen entre 16 y 22 pp de mayor probabilidad de reportar dificultades para comprar o abastecerse de esos artículos esenciales en comparación con las personas venezolanas y la población de la comunidad de acogida. De hecho, en la segunda ronda, las personas venezolanas están en su mayoría a la par de las de la comunidad de acogida. Considerando que la gran mayoría de las personas encuestadas dice que la falta de dinero es la razón principal para el acceso limitado, esto es un claro reflejo del mejor perfil socioeconómico que poseen las personas venezolanas en comparación con las PoC hondureñas y salvadoreñas, así como la concentración de estas últimas en el área del sur que es generalmente más pobre.
n contrast, the risk of detention was reported more frequently in Mexico  ( by 30% of respondents who identified at least one dangerous location along their migration route )  than in Guatemala  ( 8% ) . During the Covid 19 pandemic, according to local actors, Mexican authorities tightened controls on the main migration routes across the country to identify and detain irregular migrants
Las personas refugiadas, migrantes, desplazadas internas y retornadas en Ciudad Juárez enfrentan diversos factores que amenazan su salud. Algunos de estos factores los acompañan desde sus países de origen, mientras que otros van surgiendo durante el tránsito o incluso, una vez que las personas entran al territorio mexicano. Condiciones que limitan el ejercicio de facultades o funciones básicas fueron reportadas por el 10.1% de personas monitoreadas. De las discapacidades detectadas, las más comunes fueron relacionadas con la vista y la capacidad de caminar, y en su mayoría fueron condiciones que las personas ya tenían desde antes de salir de sus países de origen. En algunos casos estas discapacidades necesitan dispositivos médicos para que las personas pueden sobrellevar las limitaciones asociadas a las mismas. El 1.6% de la población monitoreada corresponde a mujeres embarazadas o lactantes. Estas personas presentan necesidades específicas con respecto a la atención médica en el periodo preparto para garantizar su propia salud y el buen desarrollo del embarazo, además de durante el parto y en el periodo puerperio.
La oferta de servicios de salud disponibles en Ciudad Juárez se ha visto abrumada por la alta concentración de personas en movimientos migratorios mixtos en los últimos años, volviéndose insuficiente frente a las contundentes necesidades de la población.
Aunque algunas organizaciones humanitarias ofrecen servicios de salud mental y apoyo psicosocial, muchas personas señalaron la poca capacidad de estas frente a la magnitud de las necesidades, haciendo referencia a la alta demanda de estos servicios entre las personas de interés. Asimismo, muchas mujeres, incluyendo adolescentes atendidas por 13 Save the Children, manifiestan la falta de cuidado de la salud menstrual, principalmente el manejo del dolor y de servicios para la prevención del embarazo y/o el cuidado del mismo. Necesidades en este sentido también fueron reportadas por medios de comunicación.4
Si bien la apertura del centro de salud “Todos Somos Mexicanos' representa un avance importante con respecto a la disponibilidad de servicios, la insuficiencia de la oferta de los mismosen Ciudad Juárez se desprende de la ausencia de un programa específico para atender a las necesidades sanitarias de la población en movimientos migratorios mixtos. Aunque el sistema de salud se vio seriamente afectado por la pandemia, produciendo retos para toda la población, la ausencia de medidas específicas para atender a personas refugiadas, migrantes, desplazadas internas, y retornadas,refleja un desconocimiento de la realidad en Ciudad Juárez. A pesar del incremento dramático en el número de estos grupos poblacionales en esta localidad, no se ha consolidado un programa específico para ampliar la oferta de servicios o adaptarla a las necesidades específicas de estos grupos para garantizar una disponibilidad adecuada de servicios de salud.
En los centros de salud privados más cercanos a los albergues, muchas personas reportaron tener que realizar un pago para recibir atención médica. Las cuotas a pagar para estas atenciones y los altos costos de los medicamentos, comparado con los bajos recursos de muchas personas de interés, fueron otros factores que limitaron el acceso a servicios de salud. Aun si el costo depende del tipo de medicamento, algunas personas señalaron tener que pagar hasta 600 pesos mexicanos  ( aproximadamente 30 USD )  en las farmacias o clínicas más cercanas a sus albergues para obtener medicinas para tratar tos y otros padecimientos leves
Las condiciones en las que viven las personas de interés en México tampoco favorecen una buena calidad de salud. El 97.8% de personas monitoreadas estaba alojada en albergues colectivos. El hacinamiento en algunos de los albergues se presta para la propagación de enfermedades y el contagio de Covid 19. Según Save the Children, para las NNA en estos albergues, los padecimientos más frecuentes son enfermedades gastrointestinales por el manejo de los alimentos, la desnutrición y la insuficiencia y calidad de los alimentos. También se reportan enfermedades estacionales entre NNA como tos, gripa y catarro, influenza, varicela y pediculosis. Las precarias condiciones higiénicas observadas en múltiples albergues también ponen en riesgo la salud de las personas alojadas, en cuanto impiden prácticas que puedan salvaguardar la buena salud.
El 26.5% de respondientes del Monitoreo de Protección afirmó que no existía ningún centro de salud cerca al lugar donde estaban alojados  ( menos de una hora caminando )  lo cual representa un factor limitante. Aun cuando había un centro de salud relativamente cerca, algunas personas monitoreadas manifestaron que, considerando la situación general de inseguridad en la zona, evitaban desplazarse hacia el centro de salud por temor a sufrir violencia. Este temor es aún más agudo entre las personas que sufren de síntomas de ansiedad. Asimismo, según Save the Children, algunas personas atendidas en Ciudad Juárez reportaron sentir miedo al transitar por las calles para llegar a los centros de salud cercanos por la presencia de integrantes del crimen organizado. En este contexto, la distancia se vuelve un claro impedimento al acceso a servicios de salud.
• Promover la disponibilidad de opciones de alojamiento dignas e higiénicas mientras las personas de interés permanecen en Ciudad Juárez para favorecer la prevención de enfermedades y otros problemas de salud. • Garantizar el acceso a servicios de salud en igualdad de condiciones de personas extranjeras sin documentación en cumplimiento con la Ley General de Salud de acuerdo con la reciente interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Para ello, se deben realizar actividades de sensibilización, capacitación y monitoreo, además de establecer un mecanismo de quejas para detectar casos de negación de atención médica por motivos de estatus migratorio o falta de documentos y otros incidentes de discriminación. • Investigar quejas u otras informaciones sobre incidentes de negación de la atención sanitaria o el condicionamiento de la atención sobre el pago de los servicios. • Adoptar un plan específico para abordar las inequidades y las barreras en el acceso a servicios de salud para la población refugiada, migrante, desplazada interna y retornada en Ciudad Juárez. • Cuantificar y destinar los recursos necesarios para que las dependencias del sistema de salud en Ciudad Juárez puedan brindar servicios de salud a la población refugiada, migrante, desplazada interna y retornada de acuerdo con los estándares internacionales. En caso de ser necesario, buscar activamente financiamiento a través dela cooperación internacional para dar efecto al derecho a la salud. • Difundir información entre la población de interés acerca de la disponibilidad de servicios de salud y los respectivos requisitos de acceso, incluyendo a las vacunas contra el Covid 19. • Tomar medidas específicas para garantizar el acceso de la población de interés al esquema completo de vacunación para el Covid 19.
destacaron cómo el personal asignado a responder a casos de TIM con frecuencia carece de conocimiento y herramientas básicas que les permitan ejecutar su labor de manera eficiente. Mencionaron que el personal sigue sin tener las competencias necesarias para distinguir de manera sistemática entre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, usando los términos indistintamente. Se hizo también referencia a la prevalencia de la corrupción, principalmente dada la naturaleza remota y permeable de las comunidades fronterizas en la región.
En 2021, la COMAR resolvió 38.054 casos de asilo, con una tasa global de otorgamiento de asilo de 72 por ciento  ( 74 por ciento tomando en cuenta la protección complementaria ) , bastante superior a la tasa promedia de aprobación de asilo en Estados Unidos, que fue de aproximadamente 37 por ciento en el año fiscal 2021. Hubo disparidades significativas en las tasas de otorgamiento entre diferentes nacionalidades. Las principales nacionalidades que registraron los mayores porcentajes de aprobación el año pasado fueron las personas venezolanas  ( 97 por ciento ) , las personas hondureñas  ( 85 por ciento )  y las personas salvadoreñas  ( 85 por ciento ) . La COMAR evalúa regularmente las solicitudes de las personas ciudadanas de estos países bajo los criterios más amplios de la Declaración de Cartagena. De las principales nacionalidades solicitantes, las personas haitianas tuvieron la tasa de aprobación más baja, con un 23 por ciento Las solicitudes de asilo en México siguen aumentando y quizá lleguen a romper nuevos récords, con 40.026 solicitudes presentadas en los primeros cuatro meses de 2022, el número más alto de los últimos tres años para el periodo de enero a abril.
Durante nuestra visita, las oficinas de la COMAR en Tapachula estaban recibiendo a unos 250 solicitantes de asilo al día, aunque esa cifra es a veces mucho más alta los lunes. Los interlocutores fueron unánimes al hablarnos de un aumento en el número de personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses que llegan por tierra este año. También señalaron un aumento en el número de personas migrantes y solicitantes de asilo extra continentales, en su mayoría procedentes de países africanos.
En parte, estos movimientos reflejan tendencias ya evidentes en 2021, año que presenció un aumento significativo en el número de personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses que solicitaron asilo en México, así como en las detenciones de personas de estas nacionalidades en México  ( un total de 26.705 personas de estos tres países fueron aprehendidas por las autoridades mexicanas en 2021, aumentando más de diez veces en comparación a las 2.204 personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses detenidas en 2020 ) . Sin embargo, el reciente aumento en el número de personas venezolanas que llegan a Tapachula parece ser una consecuencia también de los nuevos requisitos de visa para personas venezolanas, impuestos por el gobierno mexicano en enero de 2022 a partir de solicitudes de Estados Unidos, los cuales imposibilitan los viajes aéreos para muchas personas migrantes y, por lo tanto, obligan a más personas a migrar por tierra a través de Centroamérica y México. De la misma manera, en 2021 México empezó a requerir visas a las personas ciudadanas de Brasil y Ecuador en respuesta al aumento de las llegadas de personas de esas nacionalidades a la frontera sur de Estados Unidos.
También están llegando más personas cubanas a México, en parte debido a la eliminación de la exigencia de visa a las personas cubanas por parte de Nicaragua en noviembre de 2021, lo que les permite volar a Nicaragua para continuar su viaje hacia el norte. Las solicitudes de asilo de la COMAR reflejan estos cambios de nacionalidades, con más personas cubanas solicitando asilo en México en los primeros cuatro meses de 2022  ( 8.445 )  que durante todo 2021  ( 8.298 ) , mientras que 4.270 personas venezolanas solicitaron protección en ese mismo periodo, frente a 6.192 durante todo 2021
De conformidad con el derecho mexicano e internacional, toda persona tiene el derecho a solicitar la condición de refugiado y a que dicha solicitud sea escuchada por las autoridades correspondientes. Se prohíbe a los funcionarios retornar a las personas a un país en el cual su vida estaría amenazada o donde estarían en riesgo de sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de si la persona tiene la intención de solicitar la condición de refugiado en México.
La mayoría de las personas entrevistadas dijeron que estaban desesperadas por salir de Tapachula, pues se sentían inseguras o no encontraban vivienda o trabajo. Algunos indicaron que tenían familiares o amigos en otras partes de México que podían brindarles ayuda. Según lo confirmaron funcionarios y organizaciones de derechos de los migrantes, esa es una queja habitual.
Riesgos asociados a la migración irregular La migración en condición irregular puede implicar diversos riesgos tanto para las personas migrantes como para los Estados. En el caso de las personas migrantes, ingresar, transitar o permanecer en un país de manera irregular aumenta su riesgo de enfrentarse a situaciones de violencia, abuso y explotación en todas las fases del ciclo migratorio
En ocasiones, aun conscientes de estos riesgos, muchas personas migrantes recurren a vías de migración irregular debido, principalmente, al desconocimiento o a la ausencia de suficientes alternativas para movilizarse y permanecer de forma regular en los países de destino. Este es el caso de las personas solicitantes de asilo, niñez no acompañada o quienes migran en búsqueda de oportunidades laborales
Es común que las personas migrantes que transitan por México y Centroamérica enfrenten situaciones de marginación y vulnerabilidad al migrar de forma irregular. A raíz de la creciente aplicación de leyes migratorias y vigilancia en territorio mexicano, las personas han buscado utilizar rutas más clandestinas y remotas en sus intentos por evadir las medidas de control cada vez mayores, entre ellas los puestos de control del Estado distribuidos a lo largo de la red de carreteras del país. A menudo, el uso de estas rutas remotas implica que las personas migrantes utilicen medios de transporte sumamente peligrosos y recorran a pie grandes distancias en terrenos desolados, donde muchas veces enfrentan situaciones de abuso sistemático y extorsión o resultan heridas. Lionel, un hombre migrante hondureño que transitó por México, comentó lo siguiente con respecto a su decisión de migrar:
Entre las personas de interés en Ciudad Juárez, las restricciones sobre el acceso al territorio estadounidense siguen favoreciendo la búsqueda desesperada de formas para entrar a Estados Unidos de manera irregular. La identificación de un trailer en los alrededores de El Paso, Texas llevando más de cien personas migrantes en situación migratoria irregular, y de decenas más en los vagones de un tren, refleja la tendencia entre las personas de interés de recurrir a medidas riesgosas para poder acceder al territorio.
. Considerando que el 60.0%
de las personas monitoreadas en febrero enfrentan una barrera
completa a la comunicación en español, la necesidad de contar
con intérpretes y traductores es cada vez más recurrente para
garantizar el acceso a derechos.
En Ciudad Juárez, la principal necesidad específica de protección reportada – 40.7% – sigue estando asociado con niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo, principalmente el riesgo de privación a la educación. El 57.1% de niños, niñas y adolescentes en edad escolar monitoreados en Ciudad Juárez no se encuentran estudiando, de los cuales el 86.4% se debe a que sus familias todavía se encuentran en tránsito a sus destinos finales
Situaciones de mujeres en riesgo – categoría que abarca tanto a mujeres solas como a mujeres embarazadas o lactantes – fueron detectadas en ambas localidades. Al respecto, en febrero de 2022, organizaciones de la sociedad civil mexicana publicaron un informe destacando la vulnerabilidad específica de las mujeres en la frontera norte de México frente a las restricciones sobre el acceso al territorio de Estados Unidos
En paralelo, se constató un aumento en la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias  ( TVRH ) , al tiempo que se observaron periodos prolongados de espera de hasta seis meses para conseguir citas para solicitar una TVRH en la oficina local del INM.
Mexico: UNFPA is providing support to the MoH for strengthening networks of primary health care services, with an emphasis on sexual and reproductive, maternal and neonatal health.
Mexico: UNFPA is working with the Mexican Youth Institute  ( IMJUVE )  through its Youth Squad project, implemented at national and State level, to train adolescents and youth on COVID 19.
Over the last few years, the number of people filing for asylum in Mexico has grown exponentially while the COMAR  ( Mexico's refugee agency )  has received insufficient funding to handle these claims. In 2021, 58,827 Haitians requested asylum in Mexico, more than any other nationality and representing 45 percent of all asylum requests in the country. Compared with other nationalities, approvals of Haitian asylum claims are quite low. Only 27 percent of applications are approved  ( according to interviews with stakeholders involved in the asylum process ) .
Haitians also have generally limited access to other ways to stay in Mexico such as through complementary protection, an option for displaced people who have protection concerns but do not qualify for asylum. This is a long term status that protects people from deportation and provides access to labor pathways. But only 1,469 Haitians were granted complementary protection from 2013 to 2022. Further, those granted complementary protection  ( Haitians and other nationalities )  cannot bring spouses, children, parents, or other family members to Mexico.
Haitians faced difficulties when applying for asylum due to COMAR's lack of interpreters and inadequate knowledge of conditions in Haiti. One Haitian who applied for asylum in Tapachula in 2020 told Refugees International about his process. He said he found the interview humiliating and felt his interviewers lacked knowledge, training, and language competency. In October 2020, the COMAR office in Tapachula only had two Creole translators. By late 2021, it had eight. But, in December 2021, a representative of an organization that provides legal services to Haitian asylum seekers complained to Refugees International that COMAR denials of asylum were “badly written' and “used outdated country of origin information.' This interviewee added that COMAR also did not transcribe eligibility interviews accurately and fully.
Conditions for Haitians in Tapachula in Late 2021 In accordance with COMAR regulations, asylum seekers in Mexico must remain in the state from which they originally applied until a decision is made on their cases. This regulation essentially traps Haitian asylum seekers in Tapachula waiting for months and with little opportunity for work given the limited economy in Chiapas.
Up from Tapachula into Limbo or Danger Once they got off buses in Mexican cities north of Tapachula, most Haitians Refugees International interviewed were unsure about their next steps. Whether they would stay in Mexico or migrate to the United States depended a great deal on whether they could find housing, work, services, and renew their status in Mexico and whether they felt insecure and or were violently targeted in Mexico, had family in the United States, or would be expelled to Haiti if they crossed the U.S. border.
As for the women and children who travel in groups, they try to remain in their places of lodging so as not to expose themselves to dangers such as deportation or human trafficking networks.
Según el reporte de UNODC  ( 2018 ) , el TIM en la región, está organizado en redes transnacionales, jerárquicas y centralizadas operando bajo un líder –el traficante o coyote9  que comanda operaciones a nivel transnacional, movilizando sus contactos en diferentes países con la ayuda de coyotes de menor nivel posicionados de manera estratégica a lo largo de diferentes corredores migratorios y con quienes mantiene constante comunicación. De acuerdo con esta noción, el líder supervisa y está al tanto de las actividades de otros que ejecutan labores diversas, como reclutamiento, transporte  ( incluyendo agencias de viaje ) , y según las personas entrevistadas, en algunos casos, lavado de dinero. Estas actividades generan ingresos importantes que son reinvertidos en algunas ocasiones por medio del establecimiento de pequeños negocios locales o la compra de bienes raíces.