nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Considerando el acceso relativamente limitado a los alimentos esenciales, se deduce que la inseguridad alimentaria entre las personas de interés sigue siendo alta. A pesar de que nuevamente se observa una mejora entre las rondas de encuestas, más de la mitad de todas las personas encuestadas todavía reporta que su hogar se quedó sin alimentos en agosto. Los hogares nicaragüenses en particular tienen 17 pp y 27 pp más de probabilidades que los hogares cubanos y venezolanos, respectivamente, de reportar quedarse sin alimentos en los 30 días previos a la enumeración  ( 69% frente a 52% frente a 42% ) .
El gráfico 10 también muestra que la inseguridad alimentaria entre las niñas y niños es un problema grave, particularmente en la población nicaragüense. Alrededor de 4 de cada 10 personas encuestadas nicaragüenses reportan que una niña o niño pasó hambre en los 30 días previos a la enumeración debido a la falta de dinero u otros recursos, en comparación con solo alrededor de 1 de cada 10 personas encuestadas venezolanas y cubanas. Lo que es más sorprendente aún, cerca del 20% de las personas encuestadas nicaragüenses reportan a una niña o niño sin comida durante 24 horas en los últimos 30 días, en comparación con la mitad de las personas cubanas y solo un 2% de las venezolanas. Es importante destacar que las niñas y niños que reciben alimentos en la escuela aumentaron del 1% al 39% entre rondas, lo que refleja la reapertura de las escuelas, así como la importancia de las comidas escolares para satisfacer las necesidades básicas.
Durante el periodo de tiempo que abarca el presente informe, se logró observar un total de 9.841 cruces irregulares en los tres puntos de monitoreo de frontera de Costa Rica y Nicaragua. A
Por motivos de seguridad, y otras dificultades en campo, a partir del 14 de diciembre de 2021 se dejó de registrar movimientos migratorios en el cruce fronterizo no oficial llamado Nicamall, en el distrito de las Delicias, del cantón de Upala.
Las localidades fronterizas en las cuales se realizó el registro de monitoreo de flujos fueron Santa Elena de La Cruz, La Cruz de Upala, Tablillas y La Trocha de Los Chiles. Los puntos con mayor flujo observado fueron la Finca de Don Claudio en la localidad de Santa Elena del distrito Santa Elena, cantón Upala; seguido por Las Tablillas y La Trocha en Los Chiles y el Nicamall  ( distrito Delicias de Upala ) , respectivamente  ( Gráfico 1 ) .
El sitio de monitoreo de La Trocha fue el único punto de monitoreo que registra una mayor proporción de ingresos que de egresos  ( 89% de los movimientos registrados son ingresos )  mientras que los sitios de monitoreo con mayor flujo registrado  ( Finca Don Claudio y Las Tablillas )  presentaron una mayor proporción de egresos de Costa Rica; 77 por ciento de los movimientos migratorios en la Finca Don Claudio fueron egresos, mientras que, en el sitio de monitoreo de Las Tablillas, la proporción de los egresos incrementó al 87 por ciento de los movimientos migratorios
De los pasos fronterizos no oficiales monitoreados, la Finca Don Claudio y La Trocha, correspondieron a los principales puntos de ingreso irregular de personas migrantes de Nicaragua hacia Costa Rica  ( Gráfico 3 ) , en ambos sitios, se evidenció un aumento de ingresos durante la última semana registrada. Es importante destacar que únicamente se registraron ingresos de personas aparentemente de nacionalidad nicaragüense, mientras que en Nicamall se dejó de realizar registro de monitoreo a partir del 14 de diciembre de 2021.
En cuanto a la composición del flujo migratorio por género, el Gráfico 4 muestra que el 55 por ciento de las personas que ingresaron irregularmente a Costa Rica desde Nicaragua eran hombres. Esta diferencia aumenta en el sitio de monitoreo de La Trocha, donde un 62 por ciento eran de hombres.
Respecto a las personas en condición de vulnerabilidad, existen limitaciones del personal en campo para identificar perfiles diferenciados, de manera que se cuenta con un acercamiento cuantitativo de acuerdo con las capacidades de cada persona observadora. Los sitios de monitoreo de La Trocha y Nicamall son, respectivamente, donde hay una mayor identificación de personas vulnerables  ( Gráfico 5 ) , siendo la niñez migrante menor de cuatro años y personas adultas mayores, las más percibidas, respectivamente.
De los pasos fronterizos no oficiales monitoreados, la Finca Don Claudio y Las Tablillas, corresponden a los principales puntos de egreso irregular de personas migrantes desde Costa Rica  ( Gráfico 6 ) , en ambos sitios, se evidencia un aumento de egresos durante la última semana. Es importante destacar que los egresos irregulares registrados corresponden en su mayoría a personas de aparente nacionalidad nicaragüense, mientras que un 10 por ciento de los registros de egreso está compuesto por personas en situación de tránsito por las Américas, no obstante, su registro se concentra en un 96 por ciento en el sitio de monitoreo de Las Tablillas
Dicho plazo de 60 días venció este lunes 15 de abril y, posteriormente, este martes 16, Faría tomó el poder de la embajada.Esta mañana crhoy.com se apersonó a las instalaciones, sin embargo indicaron que la nueva representante no respondería preguntas de los medios de comunicación.
Lo que corresponde en este punto es una coordinación entre el Ministerio de Seguridad y Cancillería para que definan con el proceder acorde con la legislación y la legalidad que compete en este tipo de situación.Una vez finiquitada esa coordinación se anunciará como se procederá, esa es mi instrucción', dijo Alvarado en noviembre anterior.
Añadió que el trámite se inició a raíz de que la representante de Guaidó en Costa Rica le solicitó a la Cancillería recuperar el inmueble . Desde 1992 la casa está registrada a nombre del gobierno venezolano.
El gobierno de Costa Rica repatrió este jueves a ocho costarricenses que solicitaron ayuda ante la situación de vulnerabilidad que vivían por la crisis social, política y económica en Venezuela.
La Cancillería explicó que el retorno de los costarricenses se debe a «la situación sociopolítica y económica que atraviesa Venezuela; los compatriotas ya no contaban con recursos».
Este es el segundo grupo de personas que el gobierno de Costa Rica repatria este año debido a la crisis en Venezuela. El primero estaba compuesto por nueve personas y llegó a San José el pasado 31 de julio. «Para la Dirección de Migración y Extranjería es de suma importancia realizar este tipo de gestión, nos complace ayudar a nuestros compatriotas que están en una situación de vulnerabilidad fuera de nuestras fronteras y verlos hoy regresar a casa, a su patria, nos llena de mucho orgullo y satisfacción», dijo la directora de Migración, Raquel Vargas.
La repatriación de este jueves requirió una labor conjunta entre la Dirección General de Migración y Extranjería. También del Departamento Consular de la Dirección General del Servicio Exterior de la Cancillería.
La Organización Internacional para las Migraciones Costa Rica  ( OIM Costa Rica )  presentó en este mes de Julio, el Informe de Flujo de Población Venezolana en el país, a la Dirección General de Migración y Extranjería  ( DGME )  y ONG´S, con los cuales ha trabajado en conjunto este tema desde el 2018.
La OIM Costa Rica, promovió la implementación de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento  ( DTM por sus siglas en inglés ) , con el objetivo de compilar y analizar datos más precisos sobre los refugiados y migrantes venezolanos que residen en Costa Rica y sus vulnerabilidades.
La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento es un sistema utilizado para el seguimiento, monitoreo del desplazamiento y la movilidad de las poblaciones, como el caso de la población venezolana. La DTM está diseñada para capturar, procesar y diseminar regular y sistemáticamente la información para proveer un mejor entendimiento de los movimientos y necesidades cambiantes de poblaciones desplazadas y migrantes, ya sea in situ o en tránsito.
Costa Rica inició el programa “Intégrate al Empleo', iniciativa creada por el Ministerio de Trabajo costarricense junto al ACNUR  ( Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ) , que tiene como objetivo ayudar a impulsar a los ciudadanos que se encuentran enestatus migratorio de refugiadoa optar por empleos productivos que lepermitan alcanzar una mayor calidad de vida.
Cualquier individuo en condición de refugiado en Costa Rica, puede optar por ingresar al programa “Intégrate al Empleo'. El Ministerio de Trabajo y Seguridad funciona de intermediario para enlazar al refugiado con alguna empresa que desee contratarlo.
El programa busca integrar a los refugiados en jornadas laborales de tiempo completo  ( no de medio tiempo ) , por un lapso de al menos tres meses. En caso que la persona asignada a un puesto laboral mediante esta iniciativa llegue a incumplir con lo estipulado en el contrato  ( firmado por ambas partes ) , la empresa empleadora se reserva el derecho a despedirla.
Como se puede apreciar, el programa de “Intégrate al Empleo' es una excelente vía para entrar al mercado laboral del país. El mismo programa permite la oportunidad deempleo en Costa Rica para venezolanosu otros inmigrantes refugiados.
La Dirección General de Migración y Extranjería emitió nuevas directrices para simplificar los trámites con los que los venezolanos tramitan sus permisos de residencia o trabajo, con la intención de que más personas formalicen su estatus legal.
Aunque otros países de la región han admitido a los venezolanos, incluso con sus pasaportes vencidos, la dirección de migración explicó que las medidas publicadas por Costa Rica responden exclusivamente a lo que permiten las leyes ya existentes.
Antes de la pandemia de COVID 19, la xenofobia contra las personas migrantes y refugiadas ya iba en aumento. Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo centroamericanas y venezolanas ya expresaban temor de ser agredidas físicamente por otros miembros de la comunidad, coyotes y/o autoridades nacionales.
De la misma forma en que ha sucedido en gran parte del mundo, la xenofobia aumentó con la llegada de la COVID 19. Las narrativas que identifican a las personas migrantes y extranjeras como portadoras de enfermedades están proliferando, y contribuyen a un aumento potencial de la violencia.
Los impactos específicos identificados hasta ahora para las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+ en ALC incluyen, pero no se limitan a, un acceso reducido a agua potable, saneamiento e higiene  ( ASH ) ; la disrupción de sus medios de subsistencia y niveles elevados de explotación y abuso laborales; una sobrecarga de trabajo de cuidados, que tiene un impacto negativo en su salud psicosocial, física y emocional; la interrupción de servicios vitales de salud sexual y reproductiva  ( SSR ) ; la interrupción de servicios de educación esenciales para las niñas y los niños; un aumento en el número de embarazos en adolescentes, casos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género; un aumento en los niveles de xenofobia y discriminación hacia las personas migrantes y refugiadas, y una mayor inseguridad alimentaria. Todo ello tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+, especialmente aquellas pertenecientes a grupos marginados tales como comunidades indígenas y afrodescendientes, comunidades rurales, de migrantes y refugiados, y personas con empleos informales o precarios.
Las mujeres en América Latina representan el 74% de la fuerza laboral en los sectores de servicios sociales y de salud. Muchas de ellas entrarán en contacto con pacientes con COVID 19 y/o las personas encargadas de cuidar de ellos y, por ende, tendrán un riesgo más elevado de contraer el virus. Aunque las mujeres constituyen la mayoría en este sector, ocupan pocos puestos de liderazgo y toma de decisiones; los hombres ocupan el 75% de todas las posiciones de liderazgo en el sector salud. La VBG ha aumentado en ALC durante la crisis de la COVID 19, las medidas de aislamiento y confinamiento aumentan los niveles de estrés y los problemas económicos, e impiden que las mujeres y las niñas que son objeto de violencia abandonen los lugares en los que se está abusando de ellas.
Por lo tanto, la COVID 19 plantea una seria amenaza a la participación de las mujeres en las actividades económicas. Únicamente el 67% de las mujeres en ALC participa en el sector laboral formal, en comparación con el 93% de los hombres, y más de 126 millones de ellas laboran en el sector informal. La mayoría de ellas están concentradas en los sectores de cuidados y servicios, que son los que generan menos ingresos. Esto significa que, como consecuencia de los ceses de actividad relacionados con la COVID 19, las mujeres y las niñas tienen mayores probabilidades de perder su potencial de generación de ingresos que sus contrapartes hombres. Adicionalmente, enfrentan más barreras en el acceso a opciones de trabajo remoto y/o la generación de ingresos trabajando desde casa. Esto significa que enfrentan un riesgo más elevado de perder sus ingresos a consecuencia de la COVID 19, y también que tienen menos acceso a mecanismos de protección social o a ahorros que les permitirían compensar esos ingresos.
Durante la pandemia de la COVID 19, el acceso a un lugar de refugio o alojamiento seguro es importante para todas las personas, pero ese acceso tiene impactos críticos en particular para las condiciones de igualdad de género al interior de los hogares. En los asentamientos informales, existen condiciones de hacinamiento y el acceso a agua potable es limitado, lo que hace que el distanciamiento social y el lavado de manos resulten casi imposibles. Las familias que no cuentan con agua potable en sus hogares deben salir de sus casas para buscar agua, usar retretes compartidos y acumular cantidades suficientes de artículos para satisfacer las necesidades de higiene de su hogar. El trabajo de cuidados no remunerado y desproporcionado realizado por las mujeres en ALC significa que ellas son las principales responsables de esas tareas, lo cual aumenta aún más su exposición al virus y otros riesgos. En otras palabras, la sobrerrepresentación de las mujeres en los asentamientos informales limita todavía más su acceso a los artículos de higiene y las medidas necesarias para prevenir contagios de COVID 19 de manera adecuada. La falta de acceso a infraestructura esencial en los
En otras palabras, la sobrerrepresentación de las mujeres en los asentamientos informales limita todavía más su acceso a los artículos de higiene y las medidas necesarias para prevenir contagios de COVID 19 de manera adecuada. La falta de acceso a infraestructura esencial en los asentamientos informales también limita la participación de las mujeres en las actividades de generación de ingresos y/o agrava la 'pobreza de tiempo' resultante. Las mujeres y las niñas también enfrentan dificultades cada vez mayores en el acceso a alimentos nutritivos y seguros a consecuencia de la COVID 19.
Los impactos específicos registrados hasta ahora para las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+ incluyen, pero no se limitan a: la afectación de medios de subsistencia y desempleo creciente, situaciones de explotación y abuso laboral; la interrupción de servicios vitales de salud sexual y reproductiva  ( SSR ) ; una sobrecarga de trabajo de cuidados que genera efectos negativos en la salud psicosocial, física y emocional; la interrupción de servicios de educación esenciales para niños y niñas; un aumento en las tasas de embarazos en adolescentes, violencia doméstica y violencia basada en género; aumento en los niveles de xenofobia y discriminación hacia las personas transgénero, migrantes y refugiadas; un menor acceso a agua potable, saneamiento e higiene  ( ASH ) ; e inseguridad alimentaria creciente. Todos estos impactos están afectando de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+, particularmente aquellas pertenecientes a grupos que ya antes de la pandemia se encontraban marginados o en situación de riesgo, como aquellas provenientes de comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales, habitantes de calle, migrantes y/o refugiadas. Las personas que viven con discapacidad, en situación de pobreza extrema y/o que trabajan en situaciones precarias, como las trabajadoras domésticas, los trabajadores y trabajadoras informales y las mujeres que trabajan en la industria del sexo, también se han visto particularmente afectadas.
Con la emergencia de la COVID 19, estas demandas de tiempo que las mujeres y las niñas dedican a trabajo de cuidados se están multiplicando, además de que están profundizando esta división desigual del trabajo y generando un impacto negativo en la salud física y mental de las mujeres.
Dados los altos niveles de informalidad de su trabajo, las mujeres en ALC se han visto afectadas de manera desproporcionada por las crisis y pandemias en comparación con los hombres. La COVID 19 en particular plantea una seria amenaza a la participación de las mujeres en las actividades económicas, considerando su elevada tasa de participación en los sectores informales64 y de servicios de cuidados personales. Casi el 40% de las mujeres en la región están empleadas en el sector comercio, restaurantero, de hotelería y trabajo doméstico.65 Estos son los sectores más afectados por las medidas de mitigación y cierre de negocios a raíz de la COVID 19, y también los que presentan algunos de los riesgos de exposición más altos, y ofrecen las menores protecciones, una vez que vuelvan a abrir.
Actualmente no existen estadísticas confiables que reflejen la verdadera dimensión de la discriminación que padecen las personas LGBTIQ+ en ALC,87 haciendo invisibles sus necesidades. Aun cuando resulte difícil determinar los impactos específicos de la COVID 19 sobre las poblaciones LGBTIQ+ puede decirse que se encuentran entre las más vulnerables en ALC.88 Las personas LGBTIQ+ a menudo carecen de acceso a servicios de salud o protección social como resultado de la discriminación y el estigma, bien como de su concentración en el sector informal.
La región de ALC alberga los movimientos de migrantes y rápido crecimiento en el mundo,137 con más de 5.1 millones de personas venezolanas que han abandonado sus hogares,138 además de un flujo migratorio la República Dominicana y a países sudamericanos,139 y una migración regional intensa de América Central hacia los Estados Unidos; especialmente desde Honduras, Guatemala y El Salvador.140 Los patrones migratorios en región muestran dinámicas de género específicas, algo que también se evidencia en los impactos de la COVID 19 en las poblaciones de personas migrantes, refugiadas y desplazadas. A escala global, las mujeres representan un 48%, o casi la mitad de los 272 millones de personas migrantes en el mundo, y la mitad de los 19.6 millones de personas refugiadas.
Las restricciones a la movilidad han limitado aún más el acceso de las personas migrantes y refugiadas a sistemas de protección y servicios básicos en las zonas fronterizas.148 Esto ha generado mayores riesgos, especialmente para las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas LGBTIQ+, que están más expuestas a convertirse en víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, agresión sexual y sexo por supervivencia.
La evidencia de crisis anteriores demuestra que la VBG a menudo se incrementa durante las crisis sanitarias, especialmente durante las cuarentenas, y que las mujeres que ya enfrentaban múltiples formas de discriminación antes de la COVID 19 en este momento probablemente están enfrentando riesgos más elevados y obstáculos adicionales en el acceso a servicios esenciales.
The overall situation for people from Venezuela in Costa Rica has not changed in the month of September. Partners report that the vulnerability of people arriving from Venezuela is increasing primarily in the areas of integration, protection, and access to health services. For many Venezuelans in the country with a regularized status, expired passports prevent them from leaving the country. To address this, R4V partners in Costa Rica, together with the Migration Authority  ( DGME )  agreed to cooperate in the issuance of a travel document that will be granted to Venezuelan citizens residing in Costa Rica who need to travel to another country and do not possess a valid travel document to do so.
Until September 30, 2019, over 3000 asylum claims from Venezuelans were still pending decision, constituting the second nationality waiting for a response from the government  ( first are Nicaraguans asylum seekers ) . Since asylum seekers are not allowed to work, the Venezuelans are dependent of the humanitarian assistance, especially large families, persons with chronic diseases and elders.
In Costa Rica, 140 Venezuelans received psychosocial support individually or in groups; these workshops focus on support for specific groups such as the elderly and, teenagers. In September, partners started implemented a Child Friendly Space  ( CFS )  in the Migratory Reception Station  ( ERM, in Spanish )  in Los Planes de Gualaca, province of Chiriquí, Panama. This space aims to provide psycho social support to children in transit from different nationalities  ( 217 children were assisted in September ) , among which some from Venezuela.
Partners provided support to six individuals to secure access to rights, particularly related to validating diplomas and to obtain insurance coverage in Costa Rica.
A total of nine Venezuelan children were identified to receive kits for school, as well as, information to access to the education system in Costa Rica.
The economy is expected to decrease by 5.3 per cent  with even higher slumps in some Caribbean island countries and territories, rivaling economic contractions of the 1914 and 1930 recessions.
As the COVID 19 pandemic spreads across the 33 countries and 15 territories in Latin America and the Caribbean  ( LAC ) , the health, economic, social and political crisis it is unleashing is increasingly evident.
10 Venezuelans in Costa Rica received individual legal aid on the asylum process and six Venezuelans were identified during monitoring on the northern and southern borders.
Partners and the Migration Authority launched a campaign called #Puedesertrata  ( It can be human trafficking )  to prevent human trafficking and to raise awareness among the Venezuelan population and host population about this crime in Costa Rica. The number of people reached by this campaign in the month of September was 2,766. Also, partners identified eight individuals with specific protection needs  ( LGTBIQ, serious medical needs, and victims of torture ) .
More than 720 Venezuelans in Costa Rica received information and/or legal assistance including documentation, access to asylum, access to rights, and legal residence in September. Some Venezuelans are referred to other Government institutions or partners to receive more targeted support.
Partners continue to provide support to the foment socioeconomic integration of the Venezuelan population in Costa Rica. Through programs that help develop entrepreneurial ideas and other skills, in September, eight individuals graduated from an English technical course, and another eight benefited from a seed funding course. Other courses provided in this area include soft skills training, rights, and duties of persons of interest. Of the individuals receiving basic trainings, 17 completed a basic financial education course. These courses are particularly useful to explain the national banking system and how individuals can access it.
In Costa Rica, in terms of accommodation, six Venezuelans have benefited from temporary accommodation in a Hostel in San Jose.
R4V partners in Costa Rica continue to support the Migration Authority with human resources and, technical support. During the reporting period, 318 individuals were regularized through this support. 21 officials from the Social Welfare Institute received training on refugee related issues in Costa Rica. The objective of the training was to help officials to familiarize themselves with the various migration and asylum processes to allow people from Venezuela to access the various public services. 40 Costa Rican officials of the Judiciary, National System of Judicial Facilitators, the Bar Association and lawyers participated in a workshop in Upala and Liberia on the asylum process, child protection protocols, and on the rights and duties of refugees. Other topics included were border monitoring, refugee status determination, and migratory options.
Most governments are struggling to balance the health crisis with the economic impact of the pandemic; although some countries are easing restriction measures, most countries are extending movement restrictions and quarantines.
On 11 March, the World Health Organization  ( WHO )  declared the Coronavirus disease  ( COVID 19 )  outbreak a pandemic. This situation is heavily affecting refugees and migrants from Venezuela hosted in the region from health, protection and humanitarian standpoints.
En esta subregión coexisten países de ingresos medianos  por Ejemplo, Belice, Costa Rica, México y Panamá  con países de altos niveles de pobreza y subalimentación  los países del norte de Centroamérica y el Corredor Seco Centroamericano  ( El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua )  . En esos cuatro países y México, la reducción de remesas provenientes de los Estados Unidos podría exacerbar los problemas de pobreza y hambre entre las poblaciones que dependen de ellas, especialmente en las zonas rurales.
REGIONAL Situation and COVID 19 In the first months of 2020, 137 appealing organization coordinated activities for refugees and migrants from Venezuela in 17 countries in Latin America and the Caribbean. This situation report covers response activities and key developments in the region that took place between January and March 2020. Special attention is dedicated to the evolving COVID 19 situation.
The COVID 19 pandemic reached the Caribbean in March 2020, and the outbreak is expected to increase further over the coming months, with refugees and migrants and host communities at heightened risk. The Caribbean Sub regional Platform and partners are supporting preparedness plans and responses developed to contain the spread of the COVID 19. R4V actors are adapting the delivery of assistance  ( prioritizing food and hygiene kits )  due to increased needs for such items, while also providing much needed psychosocial support to refugees and migrants.
In addition to the presentation of the online platform, the virtual conversation "The impact of COVID 19 on the management and operation of Emergency and Security Systems" was held with the participation of theDirector of the Emergency System of Costa Rica 911 , Guiselle Mejía Chavarría, and the Director of the Integrated Security Service ECU911 of Ecuador, Juan Zapata,  in addition to representatives and focal points of the emergency services  where experts from the emergency systems of the Americas and Europe shared their impressions and discussed tools they have used to protect personnel, accompany government measures, and to serve and protect the population.
In the coming weeks, the OAS will continue holding panel dialogues on public security focused on topics such as: how to provide adequate care and protection to the population and staff of the EMS; what impact is COVID 19 having on the operation and functioning of the EMS and how to prepare for the possible consequences and side effects of COVID 19 from the EMS, among others.
La pandemia de COVID 19 no solo ha exacerbado las necesidades humanitarias dentro de Venezuela, sino que también ha agravado la vulnerabilidad de los aproximadamente 4.3 millones de migrantes y refugiados venezolanos que residen en la región de América Latina y el Caribe  ( ALC ) .
El 12 de mayo, R4V publicó el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020  ( RMRP, por sus siglas en inglés )  actualizado para la crisis regional de Venezuela, en el que se solicitan $439 millones adicionales para las actividades de respuesta relacionadas con la COVID 19, lo que eleva las necesidades financieras totales del plan a más de $1400 millones. Si bien las prioridades de respuesta modificadas varían según el país, el sector de la salud solicita el mayor aumento de las contribuciones financieras, que asciende a casi $132 millones en todos los países del RMRP.
En febrero, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas  ( PMA )  publicó los resultados de una evaluación de seguridad alimentaria de emergencia  ( EFSA, por sus siglas en inglés )  realizada entre julio y septiembre de 2019, en la que se indicaba que aproximadamente 2.3 millones de venezolanos padecían una grave inseguridad alimentaria y requerían asistencia alimentaria de emergencia, mientras que otros 7 millones de venezolanos experimentaban una inseguridad alimentaria moderada. Desde entonces, las organizaciones de socorro han expresado su preocupación en el sentido de que los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID 19 ahora están agravando la inseguridad alimentaria y se han venido a sumar a la crisis política y económica que persiste en Venezuela.
asentamientos informales también limita la participación de las mujeres en las actividades de generación de ingresos y/o agrava la 'pobreza de tiempo' resultante.2 Las mujeres y las niñas también enfrentan dificultades cada vez mayores en el acceso a alimentos nutritivos y seguros a consecuencia de la COVID 19.
Los impactos sociales y económicos de la crisis de la COVID 19 ya están afectando severamente a las personas LGBTIQ+, entre otras cosas, al inhibir su acceso a medios de vida y vivienda, especialmente en aquellos lugares en los que las redes de protección social son débiles.
Las tasas de VBG contra las mujeres marginadas en la región también son más altas que el promedio, específicamente entre las mujeres indígenas, afrodescendientes y con discapacidad, lo mismo que entre las mujeres refugiadas y migrantes.
La recesión económica mundial aumentará la pobreza y el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles. En América Latina y el Caribe, la CEPAL pronostica una retracción del PIB de al menos un 5,3% en 2020; se producirá una caída más intensa en México  (  6,5% )  y América del Sur  ( 5,2% )  que en el Caribe  (  2,5% )  y el conjunto de Centroamérica  (  2,3% ) .
La pandemia de la enfermedad por coronavirus  ( COVID 19 )  tiene efectos sobre las actividades del sistema alimentario  ( producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos )  y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social. El Secretario General de las Naciones Unidas ha resaltado la necesidad de una reacción inmediata para evitar una crisis alimentaria  ( Naciones Unidas, 2020a ) .
La crisis ha reducido el acceso a alimentos frescos como las frutas y verduras, dadas las restricciones impuestas a las ferias y otros mercados locales en los que la población compraba esos productos. La limitación del número de salidas para comprar alimentos favorece la compra de productos no perecederos y, en muchos casos, altamente procesados, lo que tiene efectos negativos en la calidad nutricional de la dieta.
En Chile, Colombia y Costa Rica existen experiencias exitosas de digitalización de ferias y mercados mayoristas, con entrega incluida
Given the growing needs of the forcibly displaced, regional cooperation and responsibility sharing is essential. UNHCR and the Organization of American States  ( OAS )  support the Comprehensive Refugee Response Framework  ( MIRPS for its acronym in Spanish ) , led by seven States   Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico and Panama – who have made significant commitments to strengthen regional and national responses to forced displacement.
UNHCR response in 2020 Under the MIRPS, UNHCR will expand its presence and operations in 2020 in the North of Central America to strengthen protection capacities in countries of origin, assist with immediate humanitarian needs, enhance asylum systems, and promote integration and durable solutions across the region.
The number of people forced to flee from the North of Central America in search for protection   either internally or across international borders   has soared over the past years. Violence, persecution and insecurity compounded by deteriorating socioeconomic conditions has especially targeted children and The number of people forced to ﬂee in Central America has soared in the past years. Thousands of people from the North of Central America and Nicaragua have been forced to ﬂee either internally or across international women and LGBTQI people. Those who flee see no choice but to undertake dangerous journeys that expose borders in search for protection. Faced with violence, persecution and insecurity, they had no choice but to ﬂee. The number of people forced to ﬂee in Central America has soared in the past years. Thousands of people from them to smugglers, traffickers and other risks of exploitation and abuse.
Limited funding prevents UNHCR and its partners from addressing the root causes of forced displacement in countries of origin; from strengthening mechanisms for reception and admission; from responding to immediate humanitarian needs; supporting host countries and communities; and working towards durable solutions. It drastically reduces the number of people to whom UNHCR can provide assistance through cash, or sustainable livelihoods, health and education. Underfunding undermine efforts to foster durable solutions. For example, reducing opportunities for local integration may, when coupled with an already competitive but limited job market and a fragile security situation, create a hostile environment for people in need of international protection.
Responding with lifesaving support UNHCR will provide emergency humanitarian assistance through the safe spaces network across the sub region, including food, legal aid, shelter, medical care and psychological support and will expand multipurpose cash  based interventions for the most vulnerable people of concern.
Safeguarding fundamental rights UNHCR will strengthen reception and admission conditions for people in need of international protection by supporting shelters run by civil society and religious organizations. UNHCR will also work closely with civil society to identify people of concern, transfer them to specialized services and provide legal assistance throughout the asylum process. UNHCR will provide technical assistance and human resources to strengthen the asylum institutions of Mexico, Guatemala, Costa Rica and Panama and therefore reduce the existing backlog of asylum claims.
UNHCR continues to ramp up efforts to support government responses to support IDPs, refugees and asylum seekers to cope with critical needs, like access to protection, food, housing and healthcare, including mental health. In addition, UNHCR continues to support reception conditions for deportees and returnees and collaborates with partners and governments in the identification of protection needs among those in quarantine.
Overview Governments in the NCA maintain curfews and quarantine to avoid a new wave of COVID 19 infections, which continues to impact UNHCR's presence in communities and people of concern's jobs and livelihoods. These restrictions also worsen the situation for people at risk in countries of origin, who will face additional difficulties to flee when persecuted. Internal forced displacements continue despite the pandemic.
Sistema de Banca para el Desarrollo  ( SBD )   ( Costa Rica )  Medidas Reprogramación de las deudas de los agricultores a 6 meses sin intereses Flexibilización de créditos vigentes Reestructuración de créditos vencidos sin afectación a calificación crediticia Moratoria de pago de intereses y capital de aquellos clientes cuya actividad quede suspendida total o parcialmente Préstamos para actividades agrícolas y pecuarias a un interés del 0%  ( Plan Panamá Agro Solidario )  Flexibilización de créditos vigentes
Finally, the publication identifieskey critical risk factors for poor health in LAC. Eight percent of children under the age of 5 and 28% of adolescents are overweight. This figure increases to over 53% among adult men and to more than 61% among adult women. Obesity increases the risk of chronic disease, and can also lead to complications and death in patients infected by COVID 19
The coronavirus disease  ( COVID 19 )  pandemic has arrived in Latin America and the Caribbean in a context of low growth and, above all, of marked inequality and vulnerability, with growing poverty and extreme poverty, weakening of social cohesion and expressions of social discontent.
Costa Rica: UNFPA is providing technical and financial support to the campaign “Let's raise our voices' on prevention of adolescent pregnancy, recently launched by the Ministry of Education.
The UNFPA response in the region aligns with the 2030 Agenda, WHO global strategic preparedness and response plan, UN coordinated global humanitarian response plan, the UN framework for socio economic response to COVID 19, and the UNFPA COVID 19 global response plan.
La pandemia sigue creciendo porque está aumentando en algunos países muy poblados. No creemos que es un fenómeno por el aumento de número de pruebas, porque también hay más hospitalizaciones y muertes
Tedros recalcó que es esencial que los países no solo respondan con urgencia a la pandemia, sino que también inviertan en sistemas de salud fuertes a nivel nacional y en la seguridad sanitaria mundial.
Todos los países se enfrentan a un delicado equilibrio entre proteger a su gente y minimizar el daño social y económico. No se trata de una elección entre vidas y medios de vida. Los países pueden hacer ambas cosas',
Around 470,000 refugees and asylum seekers from the North of Central America in the world and 318,590
Continuamos instando a todos los países a duplicar las medidas fundamentales de salud pública que sabemos que funcionan: Encontrar y probar casos sospechosos; aislar y cuidar las personas enfermas; el rastreo y cuarentena de contactos; y proteger a los trabajadores de la salud
Government spending and compulsory health insurance represent an average of 54.3% of total health spending in LAC, significantly lower than the 73.6% in the OECD. This shows that health systems in the LAC region are heavily dependent on out of pocket expenditures or supplemental private insurance from households. Honduras, Haiti and Guatemala have the highest proportions of private spending, while Cuba and Costa Rica have the lowest.
TheWorld Bank Group, one of the largest sources of funding and knowledge for developing countries, is takingbroad, fast actionto help developing countries strengthen their pandemic response. We are increasing disease surveillance, improving public health interventions, and helping the private sector continue to operate and sustain jobs. Over the next 15 months, we will be deploying up to $160 billion in financial support to help countries protect the poor and vulnerable, support businesses, and bolster economic recovery, including $50 billion of new IDA resources in grants or highly concessional terms.
Health spending in Latin America & the Caribbean  ( LAC )  was about USD 1,000 per person in 2017, only ¼ of what was spent in OECD countries  ( adjusted for purchasing power ) . At the same time, health systems' capacity is also considerably lower, including the ability to provide access to services of good quality to the most vulnerable groups. In addition, much is left to to be done to improve efficiency, effectiveness and targeting of health spending. While the LAC region is struggling to respond to the major challenges of the COVID 19 pandemic, a serious reflection is needed not only on how to secure more funding but also on how to spend resources better, according to a new joint OECD – World Bank report, the firstHealth at a Glancepublication entirely dedicated to the LAC region.
El Instituto Mixto de Ayuda Social  ( IMAS )  depositó a 23.700 familias un subsidio extraordinario por 100 mil colones, cuya condición de pobreza y conformación les hace vulnerables frente al impacto socioeconómico causado por la emergencia del COVID 19.
Most countries in the region have weak and fragmented health systems, which do not guarantee to address the COVID 19 health crisis. The impact on the health of personnel on the frontlines, which often lack sufficient and adequate personal protection equipment  ( PPE ) , continues to be high. The crisis is also having a considerable impact on women's access to healthcare and, in particular, to sexual services. Lockdown measures enforced in countries have also led to a sharp increase in gender based violence. The COVID 19 pandemic is showing increased incidence populations, particularly indigenous people, afro descendants, prisoners, migrants, and LGBTI people. Urgent funding is needed to meet rising needs.
The Global Humanitarian Response Plan  ( GHRP )  covers multiple LAC countries with humanitarian needs. These are Colombia, Haiti and Venezuela, which have national humanitarian response plans. An additional 17 countries are covered by the Refugee and Migrant Response Plan  ( RMRP )  for Venezuela. The RMRP has been revised to adapt to the COVID 19 context. The revision focuses on i )  visibility of the needs of refugees and migrants in the response to COVID 19 in the region; ii )  ensuring access of humanitarian actors and availability of humanitarian supplies to refugee and migrant populations; and iii )  ensuring access to life saving services for refugees, migrants and host communities with priority on health and protection.
Costa Rica: El Mundo, “87% de las pymes cayeron o detuvieron su actividad como resultado de la crisis del COVID 19',
Costa Rica: El Observador, “8 días de cierre en la frontera norte aumentan incertidumbre y empresarios piden acudir a vía diplomática',
LGTBI community leaders in the NCA continue to report violence and persecution by gangs that aim to force them into criminal activities or threaten their lives because of who they are. They also experience in accessing humanitarian aid, health care, and economic opportunities during the pandemic.
odos los países han logrado mantener funcionado sus mercados con relativa normalidad. Al cierre de esta edición los riesgos de desabastecimiento eran limitados, pues los gobiernos y las empresas han sabido adaptarse. No obstante, el sistema está bajo presión y se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas, como el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga, o entre Haití y la República Dominicana.
Como parte del Plan de Acción Regional para el Fortalecimiento de la respuesta a los flujos migratorios de nacionales venezolanos en América del Sur, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la DTM realiza encuestas para dar apoyo a la comunidad venezolana fuera de su país, por lo que OIM Costa Rica estima que en octubre 2018 se encontraban en territorio costarricense un aproximado de 27.000 personas de nacionalidad venezolana.
Está dirigido a hogares “jefeados' por mujeres, con personas dependientes, adultas mayores o en situación de discapacidad, que no estaban cubiertos por otros programas del Estado.A diferencia del Bono Proteger, dirigido a personas afectadas laboralmente por el Covid 19, este subsidio tiene como requisito estar en situación de pobreza.Busca contribuir con esta población a cubrir sus necesidades básicas.
Costa Rica y Panamá están regulando el cruce de unos 2.600 migrantes extracontinentales entre su frontera. Costa Rica permitirá o denegará la entrada de acuerdo con el estado de salud de los migrantes, y los que puedan entrar serán trasladados al norte de Costa Rica para evitar riesgos de protección. La Cruz Roja costarricense está prestando atención primaria. El 26 de marzo, Costa Rica anunció que hasta la fecha sólo ha permitido la entrada de 60 personas de este grupo, mientras que el resto permanece en Panamá.
El 94% de los hogares tiene acceso a agua potable siempre que la necesita.

El 99% de los hogares encuestados afirmó que sus miembros se lavan las manos regularmente con agua y jabón. El 25% afirmó que usan regularmente gel antibacterial.
Alianza USAID MEP UNICEF. Los recursos de esta alianza beneficiarán a 256.229 estudiantes de 642 centros educativos del país, ubicados en zonas de mayor contagio por Covid 19.
Solo 1% de los hogares cuenta con un miembro de su familia que ha regresado a Venezuela desde el inicio de la pandemia y 9% cuenta con al menos un miembro que está considerando regresar. Las principales razones alegadas son el reducido acceso a ingresos en Costa Rica, los altos precios de los bienes y servicios, y el acceso insuficiente a la alimentación. De los hogares en los cuales al menos un miembro de la familia está considerando regresar a Venezuela, 48% cree que regresará a Costa Rica en el trascurso del año siguiente.
La misión de los CEN CINAI en Costa Rica es fundamental para el desarrollo pleno de la niñez que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad, UNICEF reconoce su gran importancia y está siempre para apoyar su funcionamiento, más en los difíciles momentos que vivimos a raíz de la pandemia del COVID 19, porque el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños siempre debe ser la prioridad número uno', dijo Patricia Portela de Souza, Representante de UNICEF.
La donación beneficiará a 1200 niñas y niños de los CEN CINAI. Además, 600 caretas serán para el uso del personal de planta que está en contacto directo con la niñez.
La continua donación de equipo y suministros por parte de varias agencias del gobierno de Estados Unidos en tiempos de pandemia demuestra cuánto valoramos nuestra relación y colaboración de larga data con Costa Rica. La reapertura de las escuelas implica tomar medidas especiales para proteger a los niños, maestros y familias y con esta donación damos el primer paso preventivo para el regreso a las clases presenciales. Juntos superaremos esta pandemia*', destacó la Embajadora de Estados Unidos, Sharon Day.
La Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública  ( MEP ) , Melania Brenes, expresó su agradecimiento a la Embajada de los Estados Unidos de América, al Comando Sur, a cargo del Almirante Craig Faller, y a UNICEF en Costa Rica la donación de implementos para la protección del estudiantado contra el Covid 19.
Además, UNICEF desarrollará la campaña de comunicación social “Yo me cuido, yo te cuido', en el marco de la estrategia Aprendo en casa que el MEP impulsa para el retorno seguro a los centros educativos en zonas indígenas y para estudiantes con algún tipo de discapacidad, lo que representa un aproximado de 256.229 alumnos.
UNICEF se mantiene apoyando al Ministerio de Educación Pública en sus esfuerzos por garantizar el derecho a la educación de la niñez y adolescencia durante los difíciles momentos que vivimos por la pandemia del COVID 19. Además de la entrega de suministros higiénicos para el cuidado de las personas, estamos colaborando con la estrategia Aprendo en Casa, para la continuidad de las lecciones virtuales mediante el uso de los medios de comunicación y plataformas virtuales, así como en la producción de mensajes para prevenir y protegerse del COVID 19 durante su tiempo de permanencia en los hogares y en el momento que deban regresar a los centros educativos', dijo Patricia Portela de Souza, Representante de UNICEF Costa Rica.
El Programa de Asistencia Humanitaria de la Oficina del Representante de Defensa, la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional  ( USAID, por sus siglas en inglés )  de la Embajada de Estados Unidos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  ( UNICEF, por sus siglas en inglés )  tienden sus manos a los estudiantes y profesores de Costa Rica para que, cuando regresen a las lecciones presenciales, cuenten con suministros de higiene personal.