Una vez que la OMS declaró al COVID 19 como pandemia, el Gobierno de Ecuador declaró el estado de emergencia a nivel nacional, cerró sus fronteras e impuso restricciones de movilidad y medidas de confina  miento. El primer caso confirmado de COVID 19 en Ecuador se repor  tó el 28 de febrero en la provincia de Guayas. La ciudad de Guayaquil, que alberga la segunda comunidad con mayor número de personas refu  giadas y migrantes venezolanos, pronto se convirtió en el epicentro de la enfermedad. Según la Constitución del Ecuador, las personas refugiadas y migrantes con residencia regular en el país tienen los mismos dere  chos y obligaciones que los nacionales, y los sistemas de salud pública y educación no distinguen nacionalidades o estatus migratorio; sin embar  go, la asistencia económica relacionada con el COVID 19  ( en particular, el “Bono de protección familiar por emergencia' )  no se extiende para los extranjeros. Las restricciones de movilidad y las medidas de confina  miento han provocado la pérdida de ingresos diarios para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, la mayoría de los cuales trabaja  ban en el sector informal y ya no pueden salir a trabajar. A pesar de una declaración del gobierno que ordenaba la suspensión de todos los desalojos, muchas personas refugiadas y migrantes fueron desalojadas de sus hogares porque ya no podían pagar el alquiler. Algunos alber  gues temporales  ( e.g. hostales y hoteles )  que habitualmente los aco gían, cerraron o decidieron no recibirlos debido a los niveles crecientes de xenofobia y temor al contagio. Algunas personas refugiadas y migrantes han quedado en situación de calle, lo que los expone aún más a riesgos de protección y de sa  lud. Un Análisis Rápido Conjunto de Necesidades se realizó a principios de abril en 13 provincias del país para evaluar principalmente 1 )  la situa  ción de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, y las comunida  des de acogida durante el COVID 19 y para 2 )  recopilar datos clave que contribuyeran a la revisión del RMRP 2020. Basado en los resultados, se identificaron las principales prioridades, según orden de importan  cia, de la siguiente manera: seguridad alimentaria  ( 94%del total de hogares ) , oportunidades de empleo  ( 52% ) , alojamiento  ( 43% ) , acceso a salud y medicamentos  ( 36% ) . En lo que respecta a las comunidades de acogida, la principal preocupación es la seguridad alimentaria  ( 79% ) , seguida del acceso a la salud y medicamentos  ( 48% ) , falta de trabajo  ( 37% )  y alojamiento  ( 6% ) . Adicionalmente, la evaluación mostró que los medios de vida han sido gravemente afectados por la pandemia, con el 63% de personas refugiadas y migrantes, así como comunidades de acogida que fueron encuestados y que han mencionado no tener un trabajo durante la cuarentena. Las medidas de confinamiento también han impactado sobre la capacidad de los socios de la Plataforma R4V/ GTRM para brindar asistencia: de 266 actividades reportadas para ayu  dar a personas refugiadas y migrantes y comunidades de acogida, el 47% fueron suspendidas, y otras han sido obligadas a adaptar su modali  dad de intervención  ( es decir, asistencia telefónica o remota ) . Adicional  mente, muchos socios están adaptando sus estrategias de intervención centrándose en transferencias monetarias, teniendo en cuenta que las entregas de asistencia en especie se encuentran restringidas. Se espera que la situación continúe hasta que el contacto físico sea posible nueva  mente. El GTRM monitoreará regularmente la situación de los socios y su capacidad de permanecer en territorio y entregar asistencia.