nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Los migrantes están más satisfechos con los servicios de salud. El grado de satisfacción es alto para la pobla  ción ecuatoriana de acogida y venezolana, tanto en el sector privado como público. Sin embargo, casi las tres cuartas partes de los migrantes que recibieron el servicio mencionan como positiva la calidad de atención del paciente frente a una connotación más negativa por parte de los ecuatorianos.
Se reactivó el proceso de registro y regularización migratoria, así como otros procesos como solicitudes de asilo en línea, evidenciándose un desconocimiento por parte de la población venezolana sobre los mismos.
Se mantiene una incapacidad de cubrir necesidades básicas y un alto riesgo de sufrir desalojo en la población venezolana migrante y refugiada.
En el marco del inicio del año lectivo en la costa, la población migrante y refugiada venezolana aún tiene desconocimiento de los procedimientos de inscripción en línea del Ministerio de Educación, además de dificultades en el acceso y manejo de internet, o falta de equipos informáticos.
Los socios del GTRM Huaquillas han reportado un alto número de llamadas en solicitud de asistencia por casos de desalojo. La demanda de este tipo de asistencia está superando la capacidad de respuesta de los socios
Aproximadamente un tercio de los hogares de acogida y migrantes están afectados por uno o más de los siguien  tes riesgos: pobreza, desnutrición crónica, trabajo infantil o embarazo adolescente afectan. En los hogares que enfrentan solamente un riesgo, el más frecuente es la pobreza moderada  ( 67,1 y 63,4 por ciento para comunidades de acogida y migrantes respectivamente ) , seguido por la desnutrición crónica y el trabajo infantil. Esto es igual para ambas poblaciones.
A pesar de que ningún migrante puede beneficiarse de las transferencias monetarias, casi todos los usuarios venezo  lanos se concentran solo en los programas de desarrollo infantil. Los usuarios venezolanos de los servicios de inclusión social representan menos del 1 por ciento de los programas y crecieron significativamente del 0,04 al 0,20 por ciento entre 2017 y 2018. Casi la totalidad de los usuarios migrantes  ( 95 por ciento )  está concentrada en el programa de Desarrollo Infantil: principalmente en los Centros de Desarrollo Infantil y Creciendo con Nuestros Hijos.
Según cifras del Ministerio de Salud Pública, la provincia de casos registra 1.451 confirmados de COVID 19 al 30 de julio, representando un incremento de más del 150% en relación al mes anterior. Ibarra  ( 743 ) , Otavalo  ( 308 )  y Cotacachi  ( 200 )  son los cantones con mayor número de casos confirmados. La cifra de fallecidos por COVID 19 en Imbabura incrementó a 71 en el mes.
Se sigue observando el tránsito de personas venezolanas de vulnerabilidad por la Panamericana norte, en doble vía; es decir, población venezolana con intenciones de retorno y otras nuevamente de vuelta, así como nuevas llegadas con destino hacia Ecuador en busca de protección internacional e intención de permanencia.
El 96,5% de familias encuestadas reporta no tener contagio o presunción de contagio de coronavirus, mientras que el 3,5% responde positivamente a esta pregunta, lo que significa que existen 101 familias contagiadas o con presunción de contagio de coronavirus, de las cuales 57 son de Guayaquil, 35 de Portoviejo y 9 de Quito.
BOX 2: LA MIGRACIÓN Y LA POBREZA INFANTIL TIENEN UN EFECTO PROFUNDO Y DIFERENTE EN ESTA POBLACIÓN Los niños, niñas y adolescentes son un grupo al cual las situaciones de pobreza y de vulnerabilidad afectan de manera diferente que al resto de la población. Esta diferenciación no es sólo porque en muchas ocasiones dependen de los adultos para garantizar su bienestar, sino porque cuando las distintas privaciones –como el desarrollo infantil, la salud, la educación y la protección se entretejen y amplifican en una lógica de espiral, sus efectos dejan marcados sus itinerarios de vida para siempre  ( INEC 2019 ) . Cuando los niños, niñas y adolescentes participan del hecho migratorio, estas vulnerabilidades y riesgos se potencian aún más. Sus condiciones de vida ya frágiles en sus entornos de origen pueden reproducirse en los países de tránsito y destino, ya que, al no contar con la documentación necesaria y el acceso a medios de vida adecuada, se vulnera sus derechos  ( UNICEF, 2019 ) . El 42,1 por ciento de los hogares con niños, niñas y adolescentes venezolanos están en situación de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. En otras palabras, estos hogares viven con al menos una privación en relación con la calidad de la vivienda, el acceso a servicios básicos, la dependencia económica, los niños y niñas fuera del sistema educativo o el hacinamiento crítico. Para el caso de la extrema pobreza por NBI, es decir, cuando los hogares tienen dos o más privaciones, el 11,2 por ciento de los hogares con niños, niñas y adolescentes venezolanos se encuentran en esta situación. Ambos indicadores muestran cifras sustancialmente mayores a las encontradas entre los hogares ecuatorianos con niños, niñas y adolescentes.
En el caso de las transferencias en especie, el 61, 34 y 70 por ciento de los ecuatorianos están cubiertos por el Programa de Alimentación Escolar, uniformes y textos escolares, respectiva  mente. Las coberturas en la población migrante alcanzan el 20, 6 y 20 por ciento correspondientemente.
Uno de cada tres hogares con niños, niñas y adolescentes venezolanos viven en hacinamiento, es decir, con más de tres personas por cada cuarto destinado para dormir. El hacinamiento crítico es la privación con mayor prevalencia  ( 36,1 por ciento )  en los hogares venezolanos con niños, niñas y adolescentes. El hacinamiento aumenta el riesgo de violencia para niñas y mujeres. Este indicador para los hogares ecuatorianos de zonas de acogida con niños, niñas y adolescentes alcanza 13,4 por ciento.
La segunda dimensión que más afecta a los hogares venezolanos es la de tener niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo  ( 16,1 por ciento ) . En los hogares ecuatorianos llega al 5,3 por ciento.
La población refugiada y migrante empezó a retormar sus actividades en las ciudades de Lago Agrio y el Coca, aunque se evidencia dificultades en los medios de vida, principalmente en emprendimientos. Los socios del GTRM están fortaleciendo las estrategias que permitan una reactivación económica en la provincia.
La principal barrera para la permanencia de todos los estudiantes es el pago solicitado por cen  tros educativos. A pesar de que la educación en las instituciones educativas públicas es gratuita, las familias incurren en gastos de transporte, útiles escolares y, a veces, en gastos relacionados con el funcionamiento del centro educativo. En la educación pública, el gasto anual de bolsillo de los hogares es en promedio 89,6 dólares. Además, los venezolanos manifiestan que otras de las barreras son la discriminación y xenofobia. El aumento de la xenofobia es uno de los mayores riesgos entre los estudiantes y entre los padres de familia, y podrían intensificarse conforme continúen los flujos migratorios. Por ello, el Mineduc está implementando diversas estrategias de prevención de la discriminación y la xenofobia en las escuelas.
La discriminación permea todos los ámbitos de la sociedad. Según la encuesta realizada, con respecto al ámbito laboral, más de la mitad de migrantes venezolanos, un tercio de los hombres y un 13 por ciento de las mujeres ecuatorianas se sintieron discri  minados por parte de jefes o colegas de trabajo. En el barrio, más de un cuarto de las mujeres ecuatorianas indican sentirse dis  criminadas por su comunidad. Las escuelas son el ámbito más prominente de discriminación para niños, niñas y adolescentes. Esto es más notorio entre las niñas y adolescentes venezolanas.
La mayoría de los ecuatorianos cree que los migrantes ve  nezolanos tienen un impacto negativo en la economía y que son una mala influencia para la cultura de la sociedad. Sin embargo, el impacto de los migrantes en la economía es menos de un punto porcentual del PIB. En términos agregados, no inciden en las condiciones del mercado laboral, y tampoco representan un porcentaje significativo de usuarios en los servicios públicos de educación y salud.
Sin embargo, la cobertura es mucho menor para migrantes en servicios de cuidado y aun menos en las transferencias en especies que sus pares ecuatorianos. A julio de 2019, la co  bertura de la población ecuatoriana en los servicios de cuidado infantil  ( públicos )  alcanza al 23 por ciento de los niños menores de 3 años y solo al 16 por ciento de sus pares venezolanos.
La curva de contagios del COVID 19 en la provincia de Carchi es ascendente, y existe preocupación por un posible colapso del sistema de salud. Al cierre del mes de julio, se identificaron 884 casos positivos y se contabilizan 28 personas fallecidas, entre ellas una colombiana y una venezolana.
Se observan casos de población en movilidad humana con acumulación de deuda por renta de vivienda de hasta 6 meses, elevando los niveles de intolerancia y mala convivencia con la población local.
La población venezolana en movilidad también se beneficia de los programas de alimentación escolar, uniformes y textos. Para aquellos niñas, niños y adolescentes venezolanos que van a la escuela, el programa de textos escolares los asiste de manera global y es similar a la de sus pares ecuatorianos. Algo semejante sucede con el programa de alimentación que abarca un poco más a los ecuatorianos  ( 90 versus 80 por ciento ) . En el caso de los uniformes, la cobertura es mayor para el caso de venezolanos  ( 44 versus 20 por ciento ) .
Se evidencia la retención del menaje de casa para asegurar el pago.
Policía de Migración comunicó un incremento de casos en movilidad humana pendular y circular. Se estiman entre 60 a 90 casos diarios ingresando desde Colombia hacia el Ecuador, mientras que la salida hacia Colombia ha disminuido, observándose aproximadamente 40 a 60 personas diarias.
Los impactos de la migración en la economía de Ecuador son limitados, en general, pero la cantidad y ve  locidad de arribos desde Venezuela constituyen un choque para la sociedad ecuatoriana. A nivel agregado, la población migrante representa el 2,3 por ciento de la población del país ocasionando un impacto menor a un punto porcentual del PIB. Asimismo, no se evidencia una presión significativa en el empeoramiento de los indicadores laborales como tampoco en el uso de los servicios públicos. Sin embargo, esto podría cambiar dado el incremento en la velocidad de los arribos y de los saldos migratorios de los últimos años.
Ecuador's National Assembly has approved a new health code that would help all in Ecuador enjoy better access to health care.

The bill, nearly 8 years in the making, was approved on August 25 by a vote of79 to 58, and now requires the signature of President Lenín Moreno to become law. The bill would guarantee the right to health universally and comprehensively, including for women, adolescents, and girls, and lesbian, gay, bisexual, and transgender, and intersex  ( LGBTI )  people. It also would guarantee access to sexual and reproductive health care, and provide comprehensive services based on scientific evidence.
Brechas identificadas: 1 )  Limitación de acceso a conectividad y equipamiento de tecnología, así como falta de conocimiento de plataformas virtuales, limita y retrasa los avances en capacitaciones para emprendimientos o empleo; 2 )  Falta de medios de vida resultan en brechas de acceso a alimentos, educación, entre otros; 3 )  Impacto negativo en el empoderamiento económico de las mujeres y brechas de género en los medios de vida, cargas exacerbadas del trabajo doméstico no remunerado en mujeres y niñas; 4 )  Desconocimiento acerca de los derechos y obligaciones del empleado respecto a despidos o reducción de personal en el marco de la emergencia sanitaria. Prioridades: 1 )  Asegurar el acceso a la conectividad que facilite procesos de capacitación, información veraz y oficial sobre las medidas actuales, así como derechos y obligaciones; 2 )  Fomentar procesos de medios de vida alternativos que permitan ingresos económicos para el sustento de las familias, y la solidaridad de las comunidades de acogida para el fortalecimiento de iniciativas mixtas  ( emprendimientos, reactivación de negocios locales, alternativas de comercio virtual y solidario y comunitario ) ; 3 )  Fomentar el acceso a créditos para la reactivación económica de emprendimientos y generación de nuevas iniciativas; acciones con empresas privadas para la sensiblización en temas de movilidad humana y acceso a derechos.
Brechas identificadas: 1 )  Dificultades en el acceso a los servicios de salud de toda la población incluida las personas en situación de movilidad por la saturación de los servicios. 2 )  Responsabilidad de la comunidad para respetar medidas de distanciamiento y uso de mascarilla. Prioridades: 1 )  Incrementar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios, mediante la dotación de pruebas PCR y otros insumos de laboratorio; 2 )  Abastecimiento de elementos de protección personal  ( EPP ) , insumos, materiales para el personal en los servicios de salud.
Brechas identificadas: 1 )  Incremento en desalojos con mayor afectación a madres cabeza de hogar y personas de la tercera edad; casos de violencia intrafamiliar a NNA. 2 )  Incremento en las denuncias de VBG y límitados servicios de atención a VBG; 4 )  Incremento de la violencia intrafamiliar a NNA Prioridades: 1 )  El Registro migratorio llevado a cabo por Ministerio de Gobierno se reanudó el 29 de junio y a inicios de julio también se activó el proceso de regularización. Ambos durarán hasta el 14 de agosto de 2020. Los retos se mantienen en relación al acceso a ambos procedimientos: a )  El acceso a las fases presenciales se complica por las restricciones a la movilización; b )  Muchos venezolanos que han perdido sus fuentes de ingresos carecen de los recursos para cubrir el costo de la visa VERHU; c )  Algunos documentos que son requeridos para gestionar las visas se han vencido; d )  Se requiere reforzar la comunicación sobre la reactivación de ambos procesos.
La inclusión laboral y los resultados de las mujeres ecuatorianas en el mercado de trabajo son comparativamente limitados. En 2018 solo un 53 por ciento de las mujeres ecuatorianas estaban trabajando o buscaban activamente un empleo, comparado con casi el 80 por ciento de los hombres. El aumento de la participación laboral observado en los últimos años  ( desde 2014 )  para las mujeres se ha concentrado en el sector informal  ( 62 por ciento comparado con el 50 por ciento entre los hombres ) . Las mujeres ecuatorianas también tienden a trabajar menos horas, y están sobrerrepresentadas en empleos a tiempo parcial. Casi un cuarto de las mujeres empleadas son trabajadores no asalariados o llevan a cabo labores domésticas  ( comparado con un 6,6 por ciento de los hombres ) . Las mujeres dominan en sectores como trabajo doméstico, servicios de salud, trabajo social, restauración, hoteles y educación. Asimismo, en 2015 los salarios por hora de los hombres eran de media un 14 por ciento superiores; parte de esta diferencia podría tener que ver con prácticas discriminatorias  ( Banco Mundial 2018 ) .
La falta de acceso a la salud de la población venezolana, no es reciente ya que en su país ésta ha sido limitada en cuanto atención y medicamentos, el trayecto migratorio va agravando más la situación y son los hombres lo que actualmente tienen menos probabilidades de la atención médica producto de la xenofobia y discriminación que están presentes para este grupo en particular.
En general, las mujeres venezolanas se enfrentan a barreras más pronunciadas en el acceso a oportunida  des laborales que las poblaciones locales, y que los hombres venezolanos. Es destacable que, pese a tener un mayor nivel de educación, la mayor parte de los venezolanos  ( hombres y mujeres )  no tienen títulos registrados. Solo un 12,8 por ciento de los hombres y un 22,5 por ciento de las mujeres con títulos reportan haberlos registrado.190 Esto podría explicar en gran medida las diferencias que se observan entre la población venezolana y la ecuatoriana. Sin embargo, los factores que explican por qué las mujeres, aun teniendo un nivel de educación promedio superior al de los hombres de su país, presentan peores indicadores en el mercado laboral con carácter general, parecen tener más que ver con prácticas discriminatorias y con la prevalencia de normas sociales patriarcales en las poblaciones de destino. De acuerdo con el World Values Survey 2014, un 22 por ciento de los ecuatorianos considera que en tiempos de escasez de empleo se debe dar prioridad a los hombres; más de un tercio cree que el hecho de que la mujer gane más que le hombre puede crear problemas, y solo un 54 por ciento comparte la afirmación de que la mejor forma para una mujer de ser independiente es teniendo un empleo.
a mayoría de los casos investigados en el Ecuador relativos a ciudadanos venezolanos fueron de trata de personas con fines de explotación sexual. Se rescató un total de 37 mujeres  ( de entre 15 y 33 años ) , entre 2018 y julio de 2019, y 22 de ellas forman parte del Sistema de protección a víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal de la Fiscalía General del Estado. Las provincias más afectadas por estos delitos fueron Pichincha, Manabí, Guayas e Imbabura, en centros de tolerancia, hostales y spas clandestinos. Los métodos de captación de víctimas, en general, implican el uso de Facebook y WhatsApp, a través de relaciones afectivas de abuso de poder o falsos ofrecimientos de oportunidades laborales. En particular, de las víctimas identificadas en Ecuador, la mayoría fueron captadas por redes sociales e iniciaron su viaje desde Venezuela o Colombia, donde fueron explotadas principalmente por hombres ecuatorianos.
Entre los venezolanos, la probabilidad de estar inscrito en educación universitaria es significativamente más elevada en los hombres. Esta tendencia llama la atención dado que entre la población nacional de Ecuador existe una brecha revertida que dura ya años a favor de las mujeres en acceso a la educación superior, y que está en línea con lo que se observa en otros países de la región. Así, en 2015, el 22,7 por ciento de las mujeres en todo el país, comparado con el 19,9 por ciento de los hombres, estaba inscrito en educación terciaria  ( ENEMDU ) .191 El porcentaje de ecuatorianas en educación universitaria también es mayor: un 8 por ciento de las ecuatorianas están matriculadas, comparado con el 2 por ciento entre las venezolanas.
El Gobierno del Ecuador ha respondido ante esta situación a través del Ministerio del Interior  ( MDI )  y ha desarrollado una serie de acciones para investigar, judicializar y, en última instancia, proteger a las víctimas. El MID, que cuenta con la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, ha colaborado con otras instituciones del Comité interinstitucional para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes para el desarrollo coordinado de estas acciones. A su vez, esta Dirección ha coordinado sus acciones con la Policía Nacional, que cuenta con una unidad especializada  ( la Unidad Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes )  para tratar estos delitos. El Gobierno del Ecuador destinó USD 1 436 000 en 2018 para la asistencia y protección de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes  ( Ministerio del Interior 2019 ) .
 El principal medio de transporte utilizado son los buses nacionales e internacionales.
Las venezolanas en movilidad parecen disponer de un acceso algo más limitado a los servicios de salud materna, comparado con la población local. Un 40,8 por ciento de las venezolanas informa haber tenido un parto en los últimos 12 meses, comparado con el 35 por ciento de las ecuatorianas. La mayoría de las venezolanas acudió a un centro de salud del MSP, mientras que entre las ecuatorianas un porcentaje importante acudió a consultorio privado o a una junta de beneficencia  ( Figura 66 – Panel A ) . El porcentaje de mujeres que no se hizo ningún control prenatal es superior entre las venezolanas, aunque no en gran medida, 20,1 por ciento, comparado con 18,6 por cien  to entre las ecuatorianas. Las venezolanas tienden a hacerse el primer control más tarde que las ecuatorianas  ( Figura 66 – Panel B ) . Para las venezolanas que no se hicieron el control, la razón principal es que no sabían que tenían que hacerlo o consideraron que no era necesario. Las ecuatorianas argumentan mayoritariamente otras razones, sobre todo en relación con abortos. Sin embargo, estos no aparecen mencionados en el caso de las venezolanas; quizás pueda influir el miedo a ser reportadas.
La prevalencia de normas patriarcales que toleran la violencia de género es muy superior entre la po  blación ecuatoriana,199 lo que podría aumentar aún más la vulnerabilidad de la población inmigrante en este ámbito. De acuerdo con el World Values Survey 2014, aunque la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas consideran que la violencia del esposo hacia la esposa no está justificada en ningún caso  ( 74 por ciento ) , un cuarto de la población la justifica en algunos supuestos. Asimismo, el 90 por ciento de las mujeres ecuatorianas que han sufrido violencia no se han separado de su pareja, y el 52,5 por ciento no lo hace porque considera que “una pareja debe superar las dificultades y mantenerse unida'   GF Mujeres ecuatorianas en Quito. En la encuesta objeto de este estudio, el porcentaje de ecuatoriana/os que justifica la violencia de género es superior al de venezolano/as  ( Figura 71 – Panel A ) . La proporción de venezolanos que declaran decidir juntos cuándo mantener relaciones sexuales, cuántos hijos tener y sobre el uso de anticonceptivos es también más alta, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. De hecho, en casi todas las preguntas sobre cómo se toman las decisiones en pareja, los venezolanos/as en movilidad reportan tomarlas conjuntamente, en mayor medida que las familias ecuatorianas  ( Figura 71 – Panel B ) .
Las solicitudes de asilo crecieron significativamente y cambiaron su composición a partir de 2018. El nú  mero de solicitantes aumentó un 150 por ciento entre 2015 y 2018, lo que representa algo más de 10 000 solicitudes adicionales  ( Figura10 ) . Asimismo, la composición de solicitudes realizadas por extranjeros cambió desde 2018. Los colombianos fueron los principales solicitantes de asilo hasta el 2017, con un promedio de 5 000 solicitudes por año. Sin embargo, a medida que el flujo migratorio desde Venezuela se incrementó, el número de solicitudes por parte de estos migrantes se multiplicó un poco más de siete veces entre 2017 y 2018.39
Por tanto, la evidencia muestra la posible existencia de barreras de acceso específicas para las mujeres venezolanas en movilidad a los servicios básicos en Ecuador. La principal razón de los hombres venezolanos para no estar matriculados en un centro educativo es la falta de recursos económicos, seguida de “haber terminado sus estudios', mientras que para las mujeres es mayoritariamente por trabajo, falta de documentos y otros  ( Figura 67   Panel A ) . En concreto, con respecto a la educación terciaria, para los hombres el trabajo es más importante, mientras que entre las mujeres venezolanas la falta de documentos también es una razón de peso. Como señala una de las participantes en los grupos focales: “Es difícil entrar en la universidad pública aquí. Muy difícil y las privadas son costosísimas'. Los venezolanos que no recibieron atención sanitaria mayoritariamente reportan no haber podido obtener una cita en un centro público; un 25,7 por ciento de las mujeres reporta esta razón. Para las mujeres la consideración del servicio como “malo' es también importante  ( 18,5 por ciento ) , así como la falta de tiempo o dinero  ( 9,7 y 8,7 por ciento respectivamente ) , y la consideración del caso como leve  ( 22,7 por ciento ) . Entre los hombres, un 22,6 por ciento indica la asignación de la cita en un tiempo muy lejano como razón principal  ( Figura 67   Panel B ) .
Del total de encuestados, 61,2% declaró estar soltero, 34,1% está casado o convive con alguien, 3,9% está divorciado o separado y 0,9% es viudo.
b. Desafíos en la escolarización a pesar del libre acceso a la educación A pesar del acceso libre, más de la mitad de migrantes en edad escolar no asiste al sistema educativo. El 56 por ciento de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana no se integra a la educación. Sin embargo, el número de estudiantes inscritos en planteles educativos se duplicó entre 2014 y 2018. A septiembre de 2019, había 17 602 estudiantes de ese país registrados en los planteles ecuatorianos. También en este año, el Ministerio de Inclu  sión Económica y Social implementó asesorías y acompañamientos a las niñas, niños y adolescentes venezolanos para ingresar al sistema de educación ecuatoriano. Las principales barreras informales que enfrentan los migrantes para acceder a la educación son la falta de cupos y de documen  tación. Esto pese a que la normativa ecuatoriana permite el acceso de niños, niñas y adolescentes sin documentación de identidad bajo un principio de derechos humanos y protección. Las barreras informales podrían deberse principalmente a la falta de información, tanto por par  te de los migrantes como de los funcionarios, o la recepción de infor  mación errónea para los trámites de inscripción  ( Figura 4 ) . La lejanía a la escuela e imposibilidad de inscripción fuera del ciclo lectivo también limitan el acceso a la educación.
Si los trabajadores accedieran a empleos acordes a su nivel de preparación, se aprovecharía de mejor forma su potencial. Por un lado, la asignación poco eficiente de los recursos humanos en la economía podría deberse a ba  rreras de entrada en las ocupaciones más calificadas. Menos del 15 por ciento de la población venezolana en situación de movilidad tiene una situación migratoria regular que le permite trabajar formalmente. La reasignación de recursos humanos y certificación podría generar ganancias entre el 1,6 y 1,9 por ciento del PIB.24 Los incrementos en los PIB regionales serían del 2,8 y 3,5 por ciento para Pichincha; 2,1 y 2,8 para Guayas, y 1,1 y 1,8 para Manabí.25 La regularización contribuiría a la inserción en el mercado formal, el acceso a mejores trabajos  ( horas de trabajo e ingresos )  y la reducción de la carga que soportan los trabajadores más vulnerables.
El perfil del migrante venezolano parecería ser cada vez más vulnerable. Mientras en 2014 casi tres cuartos de los migrantes venezolanos  ( 72 por ciento )  arribaba a Ecuador en avión, en 2018, alrededor de nueve de cada 10 migrantes  ( 86 por ciento )  lo hacía por el puesto de atención fronterizo de Rumichaca  ( Figura 12– Panel A ) . Esto coincide con el epíteto que se les ha dado a los venezolanos que migran: “los caminantes'. Este posible deterioro del perfil del migrante no se observa en otras nacionalidades  ( Figura 12 – Panel B ) .
El Gobierno del Ecuador, y el Ministerio de Salud Pública en particular, hacen esfuerzos importantes para cubrir las necesidades de salud de la población migrante venezolana, y proteger sus derechos. El acceso gratuito del MSP, y sin exigencia de documentación en establecimientos de salud, es una política vital para garantizar el acceso de los migrantes más vulnerables. Esta población accede a servicios de tipo ambulatorio, que incluyen atención preventiva y curativa esencial. Los lineamientos del MSP  entre otros, la prohibición de exigir documentos como condición de servicio  son aplicados: solo pocos migrantes reportan temor por su situación legal en los servicios de salud. Los registros administrativos reportan gran cantidad de servicios a personas que no se identificaron con documentos. Se recomienda continuar asegurando acceso gratuito y sin discriminación a los servicios de salud esenciales.
Históricamente, la región de Latinoamérica ha apoyado políticas migratorias principalmente solidarias. En los últimos 15 años, los requisitos para moverse entre países de América Latina eran escasos, lo que promovía la libertad y facilidad de movimiento. En el caso de los venezolanos, ningún país de la región requería visa. En 2015, al inicio de la primera ola de migrantes venezolanos, los marcos jurídicos de los países receptores estaban relativamente abiertos a la migración. Inclusive algunos países comenzaron a adoptar políticas innovadoras para responder al éxodo y, así, facilitar la integración social y económica de los migrantes en el mediano plazo.
Sin embargo, el efecto de políticas restrictivas de otros países no afecta por igual al cambio de los saldos migratorios de un determinado país en el mes siguiente. Desde finales de 2017 los países de la región comen  zaron a tomar medidas restrictivas al ingreso de flujos migratorios de Venezuela. No obstante, el efecto de políticas restrictivas en otros países no es homogéneo en el cambio de saldos migratorios de un determinado país en el mes siguiente. A pesar de que sería deseable coordinar entre países para responder a un fenómeno regional, cada nación toma medidas en diferentes momentos y de manera descoordinada, como se evidenció anteriormente. Sin embargo, se observa que, por un lado, la mayoría de las políticas nacionales restrictivas en Colombia, Perú y Ecuador conllevan a un aumento del saldo de migrantes un mes después de ser anunciadas, y, por el otro, no se observa un patrón sistemático en los flujos de un país determinado, dadas las políticas restrictivas por parte de los demás. Esto último puede deberse a que en un mismo mes puede suceder más de un evento al mismo tiempo; o a que hay un lapso entre el anuncio de la política y su implementación, lo que permite a los migrantes tomar diferentes decisiones de entrar o salir de un país; o a que los saldos migratorios de cada país promedian entradas y salidas entre diferentes países, o a una combinación de estos eventos.29 El cambio de políticas migratorias coincide con una creciente ola de xenofobia en la región. En Brasil, durante varios meses de 2018 se registraron eventos como organización de manifestaciones de residentes del estado de Ro  raima  que comparte frontera con Venezuela contra los inmigrantes venezolanos. En Parcaraima, un campamento de refugiados fue incendiado durante una protesta xenófoba el 18 de agosto de 2018.30 En enero de 2019 en Ecuador, después de un femicidio de una mujer ecuatoriana por un hombre venezolano, comenzaron varios actos de xenofobia en Ibarra y otras partes del país, y muchos migrantes venezolanos fueron expulsados de sus hogares. En Perú, el Ministerio de Interior expulsó en abril de 2019 a 140 venezolanos, una acción que difundió mediáticamente en un contexto de creciente xenofobia y que coincidió posteriormente con el cambio en la política migratoria.
La velocidad de la llegada de venezolanos a Ecuador se aceleró fuertemente entre 2017 y 2018 y se mantu  vo en 2019, y el saldo migratorio ha crecido constantemente durante todo el periodo. Así, el total de llegadas mensuales promedio se triplicó en un año, al pasar de 24 000 entradas promedio en 2017, a 80 000 en 2018  ( Figura 8 ) . Hasta agosto de 2019, las entradas mensuales promedio cayeron un 22 por ciento respecto del 2018. Sin embar  go, el saldo migratorio continúa en ascenso como consecuencia de la decisión de los migrantes de permanecer en Ecuador. A diciembre de 2018, el stock migratorio casi se triplicó y alcanzó un total de casi 250 000. Hasta agosto de 2019, el saldo migratorio ya casi se duplicó respecto del mismo periodo de 2018.
En Ecuador, seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes venezolanos han llegado a lo largo del último año. La gran mayoría arribó entre junio y diciembre de 2018, y uno de cada cinco durante el último semestre. Ello concuerda con la intensificación de los flujos migratorios en 2019 por el acelerado deterioro de las condiciones de vida que viven estas familias en el país de origen. Finalmente, solo tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes arribaron al país hace un año o más. Por lo general, no suelen existir diferencias importantes en la distribución por género cuando los niños, las niñas y los y las adolescentes cruzan fronteras internacionales. A diferencia del mundo adulto, las cifras a nivel global no dan cuenta de una feminización de los flujos migrato  rios de niñez y adolescencia  ( UNICEF, 2016 ) . La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes en movimiento han viajado en compañía de sus padres o adultos, y menos del 4 por ciento viajó solo. Sin embargo, una característica particular de los y las adolescentes es que casi uno de cada 10 llegó hasta Ecuador sin sus padres o tutor. Entre los adolescentes varones esta proporción llega al 14,9 por ciento y solo al 1,2 por ciento en las adolescentes mujeres. La principal razón por la que los niños, niñas y adolescentes venezolanos en movimiento han dejado su país de origen es la reunificación familiar  ( 46,2 por ciento ) . Le siguen las razones económicas  ( 30,1 por ciento ) , los riesgos de salud y la falta de alimentos  ( 15,7por ciento ) , y las amenazas o persecuciones  ( 5,8 por ciento ) . Sin embargo, estas segundas y terceras razones varían según su edad. Entre los y las adolescentes  ( 36,9 por ciento y 19,4 por ciento respectivamente )  las razones económicas y las amenazas y persecuciones son motivos determinantes para emprender el periplo migratorio. Mientras que, entre los más pequeños, se destacan los riesgos de salud  ( 19,6 por ciento )  y para los niños y niñas de edad escolar es la falta de alimentos  ( 19,2 por ciento ) .
La mayor parte de los migrantes provenientes de diferentes partes del mundo ingresan a Ecuador por los cantones de Tulcán, Quito y Guayaquil, mientras que los venezolanos lo hacen por los cantones con la frontera con Colombia: Tulcán y San Miguel. Las entradas oficiales y registradas de extranjeros por jefaturas de migración en 2018 denotan una mayor concentración en el cantón de Tulcán  ( 997 819 )  y en la frontera con Colombia, seguidos por los cantones Quito  ( 663 393 ) , Guayaquil  ( 433 842 )  y Huaquillas  ( 212 784 )   ( Figura 9 – Panel A ) . En el caso de los migrantes venezolanos, existe una concentración en Carchi y Sucumbíos, las provincias con frontera con Colombia, y también en El Oro, frontera con Perú  ( Figura 9 – Panel B ) . Durante agosto de 2019, 398 970 venezolanos cruzaron la frontera por Rumichaca  ( Tulcán, provincia de Carchi ) ; 45 796 lo hicieron por Huaquillas; 27 789 por San Miguel  ( provincia de Sucumbíos )  y, en menor medida, ingresaron por los aeropuertos de Guayaquil y Quito  ( 15 598 y 12 027 respectivamente ) .
Evolución del perfil del migrante La migración venezolana en Ecuador tiene un perfil joven y mayormente masculina. Según datos del Min  isterio de Gobierno de Ecuador, un 35 por ciento de los migrantes que entraron a Ecuador entre enero y sep  tiembre de 2018 tenían entre 26 y 35 años  ( Figura 11   Panel A ) .40 La siguiente franja de edad más frecuente son los jóvenes venezolanos de 19 y 25 años  ( 25 por ciento ) , y finalmente se sitúan los adultos con edades comprendidas entre los 36 y los 45 años. Existe una diferencia significativa en el perfil etario de los migrantes venezolanos respecto del resto de los migrantes. Así, mientras los jóvenes entre 19 y 35 años representan el 60 por ciento de los venezolanos, estos solo representan el 33 por ciento de los migrantes de otras nacionalidades. También es importante destacar que los migrantes venezolanos en su mayoría son hombres. Así, mientras las proporciones entre hombres y mujeres difieren solo 11 puntos porcentuales para el resto de migrantes en favor de los hombres, en el caso de los venezolanos esta diferencia asciende a 13 puntos porcentuales.41
La mayor parte de los venezolanos registraron su ingreso al país, pero más de la mitad de quienes de  cidieron quedarse presentan estatus irregular. A julio de 2019, más del 80 por ciento de los venezolanos que ingresaron a Ecuador registraron su ingreso por un puesto fronterizo o paso oficial, pero un 54 por ciento de los que residen están en situación de irregularidad  ( Tabla 3 ) . Sin embargo, se encuentran diferencias muy notorias dependiendo de cuánto tiempo llevan en el país. Así, casi nueve de cada 10 personas venezolanas en movilidad que llegaron en 2016 están de manera regular, mayormente con una visa de residente permanente, carta andina o nacionalización ecuatoriana. Por el contrario, la situación de quienes llegaron más tarde, en 2017, 2018 o 2019, es mucho más precaria. Respectivamente 44, 63 y 45 por ciento de los migrantes no posee estatus regular y solo un 6, 12 y 2 por ciento posee visa en trámite.
Los venezolanos que ingresaron sin registrarse no contaban, en su mayoría, con la documentación necesa  ria para hacerlo. Más de la mitad  ( 54 por ciento )  de quienes no registraron su entrada no lo hicieron porque no con  taban con cédula, pasaporte vigente o carta andina. Gran proporción de mujeres  ( 41 por ciento )  y de hombres  ( 36 por ciento )  no registraron su ingreso por otros motivos no estaban registrados/no se los exigieron, estaban enfermos o no contaban con la autorización de los padres de niños menores. Esto último se registra particularmente entre mujeres. Gran parte de los migrantes venezolanos podrían estar en una situación migratoria irregular en los próxi  mos años. Más del 80 por ciento de los venezolanos en movilidad reportan poseer un pasaporte con caducidad 2019 y 2020. Esto evidencia la posibilidad de que una gran parte de esta población podría transitar a un estatus migratorio irregular en los próximos años si no cuentan con la información ni los recursos suficientes como para renovar sus documentos.
En los hogares de migrantes venezolanos hay un doble de hogares monoparentales comparado con los ecuatorianos  ( 7,5 y 2,4 por ciento, respectivamente ) . Uno de cada cuatro hogares venezolanos tiene jefaturas femeninas, frente al 33,5 por ciento de los hogares ecuatorianos entrevistados. La amplificación de situaciones de vulnerabilidad se incrementa para los niños, niñas y adolescentes de estos hogares, más aún si son migran  tes. La notable presencia de estructuras familiares nucleares y extendidas da cuenta de activos procesos de reunificación familiar o de familias viajando juntas en este éxodo migratorio. Los procesos migratorios inciden y modifican a la institución familiar de múltiples maneras.48 Según los datos de la EPEC, el 20 por ciento de los hombres venezolanos, mayores de 18 años, declaró que dejó familiares niños, niñas y adolescentes que dependen económicamente de ellos. En el caso de las mujeres venezolanas, esta cifra es de 17 por ciento. Así, el éxodo venezolano ha transformado las estructuras familiares, ampliando la proporción de familias transnacionales cuyos niños, niñas y adolescentes conviven bajo estos nuevos arreglos de cuidado, que también implica riesgos.
El apoyo de familiares y amigos para obtener información sobre los requisitos, alternativas y perspectivas impacta directamente en la toma de decisiones de a dónde moverse. Más de dos tercios de los migrantes  ( 70 por ciento )  recibió orientación de sus familiares, pero un poco más de un quinto viajó sin orientación previa  ( 21 por ciento ) . Es importante destacar que el apoyo de familiares es particularmente notable para las mujeres  ( 78 por ciento )  aunque también para más de la mitad de los varones  ( 64 por ciento ) . El acceso a la tecnología resulta ser otro elemento al momento de decidir dónde migrar. Mientras el 80 por ciento de las mujeres tienen un teléfono celular activado, el 70 por ciento de los hombres posee uno al momento de llegar. El 92 por ciento de los venezolanos que ingresaron a Ecuador en 2016 tenían un celular activado, mientras que en 2019 lo tenían el 64 por ciento.
De la encuesta realizada a 782 personas, el 56% refieren haber vivido algún tipo de abuso, de los cuales el mayor porcentaje de víctimas fueron personas LGBTIQ+  ( 50% ) , mujeres  ( 30% )  mientras que 26% de los hombres reportan abuso. Respecto al tipo de abuso más frecuente acorde a la identidad sexo genérica de los participantes, la población LGBTIQ+ afirmó que es la xenofobia; los hombres vivieron, robo y asalto  ( 6% ) , xenofobia  ( 6% ) , y abuso sexual  ( 0,8% ) . Para las mujeres la primera forma de abuso presentada es la xenofobia  ( 10% ) , robos y asaltos  ( 6% )  y abuso sexual  ( 2%  ) . De los resultados de la encuesta se puede afirmar que son las mujeres y la población de la diversidad sexo – genérica quienes enfrentan en mayor porcentaje la xenofobia y ésta se hace evidente durante todo el trayecto migratorio. Las mujeres además, enfrentan el mayor porcentaje de violencia sexual.
Para enfrentar la VBG y la violencia sexual en el Ecuador, y en el marco de la implementación de la Ley Orgánica para erradicar la violencia contra las mujeres, en octubre de 2019, el MSP expidió la Norma Técnica de atención a casos de presunta violencia de Género y otros delitos de Lesa Humanidad. Si bien ésta constituye un avance, es una herramienta totalmente nueva para la mayoría del personal de salud. Esto se pudo evidenciar en las entrevistas a operadores del MSP ya que solamente dos profesionales de los seis entrevistados conocía esta herramienta para brindar atención adecuada a las necesidades de las personas afectadas por violencia de género.
Un tema de importante preocupación es la extendida xenofobia que se ha producido en el país, fruto del manejo político de lamentables hechos violentos ocurridos en diferentes provincias. La posición de numerosos medios de comunicación y el discurso de autoridades nacionales y locales obstaculizan los procesos de integración local. En los GF se pudo evidenciar una constante percepción de situaciones de riesgo a su seguridad e integridad en prácticamente todos los ámbitos de vida: laborales, educativos, sociales, etc.. “… Estoy seguro aquí, pero a veces hay personas abusivas que quieren atropellar, que discriminan por la nacionalidad'.23
De los datos obtenidos en el presente estudio destacan un amplio conocimiento sobre métodos anticonceptivos en mujeres  ( 95% ) , en hombres  ( 90% )  y en población sexo genérica  ( 100% ) . Sin embargo, se dan brechas entre el conocimiento y el acceso a métodos de anticoncepción. El 55% de hombres encuestados, 58% en las mujeres, y el 69% de personas de diversidad sexo genérica, adultas reportan no tener acceso a métodos de anticoncepción. Esta situación claramente evidencia el riesgo de embarazos no deseados. Las mujeres tienen una situación de mayor desventaja al tener un embarazo bajo condiciones que podrían precarizar aún más su situación y proyecto de vida. En los GF tanto de hombres como mujeres refieren, “…los únicos condones que he recibido son los que da CARE, yo siempre he considerado que ese kit debe ser renovable por lo menos cada 3 meses'.28
A esto se suma que de las mujeres encuestadas el 5% se encuentran en estado de gestación, el mismo que promedia los cinco meses. Si a esto incluimos que el 62% de población encuestada se encuentra más de seis meses en territorio nacional, podríamos inferir que la gestación se dio durante el trayecto migratorio. Si sumamos a esto las condiciones de nutrición que tienen la mayoría de mujeres venezolanas, por la prolongada carencia de alimentos y nutrientes adecuados, podemos asegurar que las condiciones de concepción no fueron las más idóneas. Como resultado de tales condiciones, la salud tanto de la madre como del recién nacido podrían verse comprometidas.
Una alerta importante surge en la atención de salud para mujeres venezolanas y para mujeres de las comunidades de acogida, en casos de violencia sexual, especialmente cuando las víctimas se encuentran en lugares distantes a la capital de la provincia, en la entrevista se señaló que en un caso de violación de una adolescente de 14 años, el personal se negó a administrar anticoncepción de emergencia, aduciendo posiciones personales respecto al método. Esto evidencia la urgente de necesidad de trabajar con el personal de los servicios de salud para que se cumplan las rutas de atención y los protocolos en todos los casos de violencia sexual.
América del Sur continúa siendo un entorno violento y de riesgo para las mujeres y las niñas. En Venezuela, entre los años 2018 y 2019 según el Fiscal General Tarek Saab, se han registrado 544 causas de femicidio31. En el Ecuador, la Encuesta Nacional de Violencia de Género del 2019 revela información que nos hace comprender cómo los niveles de violencia se han incrementado en el país. De cada 100 mujeres 65 refieren haber vivido violencia en algún momento de su vida. 20% han experimentado algún hecho de violencia en el ámbito laboral y 48% han experimentado al menos un hecho de violencia gineco obstétrica a lo largo de su vida. Cabe destacar que los hombres homosexuales que por su orientación sexual presentan un nivel de riesgo más alto a la hora de sufrir violencia.
Se evidencia la necesidad de formación a las y los servidores públicos y el fortalecimiento del sistema de protección de derechos. Según información proporcionada por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, de las 42 mil denuncias de violencia de género presentadas durante 2019, ninguno de los casos ha completado el proceso de restitución de derechos hacia las sobrevivientes. Es importante destacar que en Ecuador una mujer es asesinada cada 72 horas, se trata de un crimen que incluye a todas las nacionalidades, y que responde a un sistema que permite la violencia machista. Ser mujer en Ecuador tiene un costo muy alto. Solo el año 2019 se produjeron 98 feminicidios en todo el país y casi 600 desde 2014. El Estado no ha iniciado una actuación clara y contundente frente a estas cifras.35
Las posibilidades de encontrar un trabajo digno, se reducen por falta de profesionalización, conocimientos y experiencia. Es decir, no han logrado construir un capital social que les permita potencializar su empleabilidad y generación de medios de vida, lo cual les limita a acceder a trabajos temporales, con ingresos mínimos. Durante el estudio se detectó adolescentes no acompañados realizando trabajos temporales para sobrevivir. La educación para este grupo poblacional también está restringida porque no disponen de documentación escolar que les permita su inserción al sistema educativo. Las condiciones precarias de generación de ingresos, provocan mayor vulnerabilidad en la población. Al estar vinculados a trabajos informales, están en mayor riesgo de insertarse dentro del círculo de explotación y clandestinidad. Si a esto sumamos las condiciones de irregularidad migratoria en la que está un amplio porcentaje de la población, se dan condiciones para que las personas sean presa fácil de redes de trata en cualquiera de sus formas y se produzcan diversas formas de violencia laboral, como pagos injustos, abuso y explotación.