nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
De manera general, 84,9% de la población respondiente afirmó sentirse segura en el sitio donde se encontraba al momento de realizar la encuesta. Sin embargo, un análisis por ciudad reveló que las localidades donde la percepción de seguridad es más alta, son: Loja  ( 97,2% ) , Lago Agrio  ( 94,8% ) , Portoviejo  ( 94% ) , Manta  ( 91,2% )  y Cuenca  ( 90,3% ) . Por el contrario, las ciudades de Santo Domingo, Guayaquil y Huaquillas reportaron un menor porcentaje de personas que se sienten seguras de vivir ahí  ( 77,5%, 71,8% y 70% respectivamente ) . No se observaron diferencias significativas en la distribución de estas áreas de estudio entre la población femenina y masculina.
En total, cerca del 70% de la población migrante contaba con educación de nivel secundario o superior.
2.2.3 Violencia de género en Ecuador

El Análisis Rápido de Género en Ecuador, hecho por CARE durante la primera quincena de noviembre 2019, encontró importantes factores de vulnerabilidad para las mujeres en situación de movilidad humana en Ecuador. Uno de ellos es la trata de personas, a la que muchas venezolanas se exponen por la precariedad de sus condiciones de vida y su situación económica. Por otra parte, las encuestadas en dicho estudio indicaron que no tienen información clara sobre los pasos que deben seguir para presentar denuncias de violencia sexual, lo que limita el grado de protección que puedan tener. Esto se suma al posible acoso y desatención de las autoridades que deben protegerlas, pero que tienden a no priorizar casos de personas extranjeras  ( CARE, 2019 ) .
Asimismo, según el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, el alto número de migrantes venezolanos ha implicado un incremento del gasto público de hasta 500 millones de dólares estadounidenses cada año. Esto habría alcanzado “la capacidad de acogida' de la República del Ecuador  ( Bermúdez, 2019 ) . En el sector educación, por ejemplo, se registran más de 17 mil estudiantes inscritos, quienes son poco menos de la mitad de los migrantes en edad escolar. Para atender a toda la población migrante se estima un gasto de 21 millones de dólares adicionales al año. En el caso de la salud, el cálculo está en 39,1 millones de dólares para el 2019, a un costo estimado de 133 dólares por persona. Entre otros gastos se incluyen hasta 6 millones por concepto de visado  ( Banco Mundial, 2020 ) .
Las últimas medidas adoptadas por el gobierno han tenido una fuerte detracción por parte de la comunidad internacional  ( Human's Right Watch, 2019; Agencia Anadolu, 2019 ) . Por el lado de Human's Right Watch  ( 2019 ) , se señala la preocupación de que los nuevos requisitos sobre la necesidad de presentar pasaportes válidos sea un impedimento para que las venezolanas y venezolanos puedan solicitar apoyo como refugiados o que esto signiﬁque una penalización, acciones que no estarían en línea con los tratados internacionales. Por el lado de la Agencia Anadolu  ( 2019 ) , se muestra preocupación de que la escasa viabilidad para obtener un pasaporte o certiﬁcado de antecedentes penales genere el uso de canales irregulares para entrar al territorio ecuatoriano.
En cuanto al estado civil de las encuestadas y encuestados, se observan diferencias entre la población venezolana y receptora. Mientras que un 77.8 de las venezolanas y venezolanos mencionan estar casados o conviviendo, un 49.8% de la población receptora declara lo mismo. Asimismo, el 34% de la población en situación de movilidad humana declara estar casada, lo que representa ligera una diferencia de 6 puntos porcentuales frente a la población ecuatoriana  ( 28,6% ) . Estas cifras indican que en las zonas estudiadas hay una distribución proporcional tanto de hogares nucleares como monoparentales
La población venezolana en situación de movilidad es signiﬁcativamente más joven que la población residente. La edad promedio de la población venezolana y refugiada fue de 32 años, tres años menor a la edad promedio de la población receptora  ( M = 35 ) . Esta diferencia se acentúa en la distribución por grupos etarios. La población venezolana entre 26 y 35 años es de 42,6%, mientras que la población de acogida en ese rango etario es sólo de 29%. Esto responde a que gran parte de las personas venezolanas que han dejado su país son jóvenes, y es consistente con estudios previos de movilidad donde se indica que la migración venezolana se ha dado fundamentalmente entre las personas más jóvenes.
Los hogares venezolanos albergan un mayor número de personas bajo el mismo techo. Cómo se observa en la Tabla 11, la mayor diferencia se concentra en los hogares que tienen más de 5 miembros, con una brecha de 8 puntos porcentuales por encima para la población venezolana  ( 26% )  frente a la población ecuatoriana  ( 18,2% )
3.1.1.3 Características de la vivienda

Prácticamente la totalidad de la población en situación de movilidad humana está alquilando la vivienda donde reside  ( 96% ) . Ninguno manifestó encontrarse en una vivienda propia y sólo 1,8% declaró estar en un hogar de familiares. En contraste, en la población receptora la mitad de los encuestados  ( 52,1% )  declaró estar alquilando la vivienda, mientras que un 41,9% manifestó estar viviendo en casa propia o de familiares  ( ver Tabla 16 ) . Si bien las barreras económicas y legales explican por qué la población migrante está alquilando su vivienda, cabe resaltar que existe también un alto número de ecuatorianos que también está alquilando su vivienda actual. Esto respondería a barreras económicas. No se identiﬁcaron diferencias por género en cuanto a la condición de la vivienda actual.
Por otro lado, en cuanto a los ambientes de la vivienda, se encuentra importantes diferencias. Ya que la población receptora vive en su mayoría en casas, es de esperarse que tengan una mayor cantidad de ambientes. Sumado a los cuadros anteriores, se reconfirma que la población migrante vive en mayores condiciones de hacinamiento: viviendas más pequeñas, menor cantidad de ambientes y mayor cantidad de miembros por familia. Esta situación puede ponerlos en mayor riesgo de vulnerabilidad, especialmente en temas de salud física y mental.
Sobre el tipo de vivienda, la mayoría de la población receptora vive en una casa  ( 48,8% )  mientras que la mayoría de la población venezolana declara vivir en departamento  ( 51,4% ) . A su vez, un 15,8% de la población en situación de movilidad humana declara estar en una habitación independiente o mono ambiente, a diferencia del 9,8% de la población receptora. La necesidad de economizar gastos explicaría la decisión de alquilar departamentos o habitaciones independientes, sin embargo, esto representa un mayor riesgo para la población venezolana si se considera que sus hogares pueden llegar a estar compuesto por más de seis miembros.
Se identifica que la población venezolana tiene un nivel educativo superior a la ecuatoriana. Un 25,4% ha completado sus estudios universitarios y un 12,2% cuenta por lo menos con una educación superior técnica. Esto se encuentra alrededor de 17 puntos porcentuales por encima de los ecuatorianos que indicaron contar con educación universitaria  ( 8% )  y 8 puntos por encima de aquellos que han recibido una educación superior técnica  ( 4.2% ) . Por su lado, un porcentaje importante de la población receptora  ( 28,9% )  declara haber recibido sólo educación primaria, lo cual representa 21 puntos por encima de la población venezolana.
Al desagregar el nivel de formación por género de acuerdo al gráfico 18, en la población venezolana se observa que tanto mujeres y hombres, tienen similar grado de instrucción técnica y/o Universitaria, en venezolanos alcanza un 25.4% y en mujeres 24.5%. Es decir, las mujeres venezolanas tienen un mayor nivel de preparación y ellas son quienes tendrían una mayor posibilidad de conseguir empleos acordes a su nivel de instrucción.
3.1.1.5 Homologación de títulos de la población en situación de movilidad humana y refugiada 

A través de las encuestas, se estima que el 88,3% de las personas en situación de movilidad no ha empezado ni realizado el proceso de homologación de su título profesional. También se encontraron diferencias por género, específicamente en la parroquia de Guamaní. En dicha parroquia, la brecha de género es mayor, el 94,4% de las mujeres  ( n=54 )  no ha iniciado o realizado el proceso frente al 78,1% de los hombres  ( n=32 ) . Si bien tanto hombres como mujeres realizan actividades laborales remunerativas, muchas mujeres también realizan actividades en el hogar relacionadas al cuidado de la familia y de las hijas e hijos. Esto hace que ocupen más tiempo en diversas labores y terminen dejando de lado otras prioridades como la homologación de los títulos.
En cuanto a las barreras para iniciar el trámite de homologación de los títulos profesionales, se identifica como principales obstáculos la falta de dinero y no tener los documentos originales en Ecuador. Debido a que el trámite de homologación es gratuito en Ecuador, cuando los participantes se refieren a costo, está relacionado a traer los documentos desde su país de origen. Para muchos migrantes la necesidad de cubrir necesidades inmediatas los obliga a concentrarse en generar ingresos para el día a día y dejar de lado otros temas.
Un 44% del total de encuestadas y encuestados manifiesta estar realizando alguna actividad laboral remunerada. Por el lado de la población venezolana, solo un 35,1% declara estar laborando mientras que en la población receptora la cifra llega a ser de 52,9%. El contexto de la pandemia afecta directamente la situación laboral. Esto explicaría por qué más de la mitad de la muestra no se encuentra laborando ya que muchos habrían perdido su trabajo. 

Al ver la situación a nivel de parroquias y por nacionalidad, se observa que para los venezolanos y venezolanas en Guamaní la situación es incluso más grave: un 72,8% de la población venezolana afirma no tener trabajo. Al ser Guamaní una zona con mayor nivel de comercio, muchos establecimientos habrían cerrado dejando sin empleo a muchas personas.
Se identifican diferencias por género, solo un 36,4% de las mujeres se encuentran laborando mientras que el porcentaje de hombres es considerablemente mayor, llegando a sumar un 57,8%. Más aún, las mujeres venezolanas son las que en mayor proporción se encuentran sin un empleo remunerado  ( 79,4% ) , convirtiéndolas en el grupo más afectado por el contexto actual. Se debe tener en cuenta que existen otros roles que las mujeres cumplen en el hogar como es el cuidado de la familia. Si bien estas labores son consideradas como trabajo, no son remuneradas.
En el grupo de personas que se calificaron como dependientes se identifica una brecha significativa entre receptores y venezolanos. La mayoría de los dependientes ecuatorianos se encuentran contratados de manera formal  ( 76,3% ) , a diferencia de la población en situación de movilidad  ( 27,4% ) . Entre hombres y mujeres la situación es similar, un mayor porcentaje de hombres declara estar contratado de manera formal  ( 61,8% ) , frente al porcentaje de mujeres  ( 57,3% ) . Se destaca que en Carapungo hay un poco más de formalidad entre los venezolanos, dónde un 32,1% de la población en situación de movilidad humana manifestó estar en rol de pagos.
3.1.2.2.2 Explotación laboral En cuanto a la duración de la jornada laboral, cabe resaltar que la población migrante suele asignar más días y horas semanales al trabajo remunerado. En la Tabla 24 y Tabla 25 se muestra las diferencias de horas y días trabajados entre población receptora y en situación de movilidad humana. El 58,8% de las venezolanas y venezolanos dedican entre 9 y 12 horas de trabajo, mientras que, en la población receptora un 44,1% declara trabajar el mismo nivel de horas. Una situación similar se da por género, entre hombres y mujeres, siendo el primer grupo el que más tiempo dedica a su trabajo con un 54,7% de hombres declarando trabajar entre 9 y 12 horas, casi 9 puntos porcentuales por encima de las mujeres.
3.1.2.2.3 Beneficios laborales En cuanto a beneficios, existe una importante diferencia entre receptores y personas en movilidad humana. El 66,7% de los venezolanos declaró no recibir beneficio alguno por parte de sus empleadores, un amplio contraste con la población receptora donde solo un 16,1% declaró lo mismo.
Sobre las remesas, un 48,6% de las venezolanas y venezolanos afirmó estar enviando remesas a sus familiares en Venezuela. Se encuentran ligeras diferencias por parroquia, siendo los pobladores de Guamaní quienes más envían remesas  ( 52% ) .
En primer lugar, es importante conocer la situación migratoria actual de las personas venezolanas en Ecuador. En este sentido, se identifica que la mayoría de población en situación de movilidad humana se encuentra en una situación irregular  ( 65,4% ) , siendo este porcentaje mayor en la parroquia Guamaní  ( 69,6% )  en comparación con los residentes de Carapungo  ( 61,2% )
Sobre los documentos utilizados para ingresar al país, un 46,1% declara haber entrado con su pasaporte vigente. Como se puede observar en la Tabla 29, los regularizados son lo que más usaron este documento  ( 76,3% ) . Los otros instrumentos más utilizados fueron la Carta Andina y la Cédula de Identidad, principalmente por los que entraron de forma irregular. Se comprende que aquellos que llegaron con su pasaporte vigente, tuvieron más facilidades para regularizar su situación en el país. En este sentido, la falta de pasaporte representa una importante barrera para poder regularizar su situación legal. 

Sólo un 3,6% declaro haber entrado sin ningún documento, siendo mayor este número en los irregulares con el 4,9% y entre los residentes de Guamaní el 4,8%, ratificando que la falta de pasaporte limita la regularización legal. No se identificaron diferencias por género en cuanto a la regularización del status como residente o los documentos con los que se ingresaron al país.
3.1.3.2 Evaluación del proceso de regularización Cuando se pregunta sobre el proceso se indaga sobre dos aspectos: la calidad y la rapidez. Un importante porcentaje considera que la calidad del proceso de regularización ha sido muy buena o buena  ( 54,5% ) , y cuando evalúan la rapidez, la calificación de muy buena o buena disminuye en 9 puntos porcentuales  ( 45,3% ) . Solo un pequeño porcentaje califica al proceso como muy malo tanto en calidad y rapidez. El problema con la regularización parece estar más en el obstáculo para conseguir los documentos requeridos que el proceso en sí.
3.1.3.3 Registro Migratorio 

En octubre del año pasado, el gobierno ecuatoriano implementó el Registro Migratorio de Ciudadanos Venezolanos como un requisito para la amnistía migratoria y para acceder a la residencia temporal. De la población migrante, un 45% menciona estar aplicando al registro y solo un 15,2% afirma que ya lo realizó. En Carapungo el porcentaje de personas que ya realizó el trámite aumenta a 19,2% mientras que en Guamaní sólo el 11,2% lo ha realizado.
3.1.3.4 Planes a futuro En los próximos 12 meses, un 57,8% de los hogares migrantes  ( n=500 )  expresó su intención de realizar un emprendimiento o negocio propio y solo un 9,8% dijo haberlo iniciado. En la población receptora  ( n=500 )  la intención de iniciar un negocio es menor  ( 38,8% )  y un 12,4% mencionó ya haberlo iniciado. Asimismo, en la zona de Guamaní la intención es incluso mayor  ( 57,8% ) . Si bien se puede comprender que la población en situación de movilidad humana es más emprendedora, se debe tener en cuenta que tienen menos oportunidades laborales frente a los receptores como ya se ha mencionado previamente: trabajan más horas, más días y tienen un ingreso monetario menor. En este sentido, el realizar un emprendimiento termina siendo la única forma para mejorar su calidad de vida. Cabe resaltar que no se identificaron diferencias significativas por género en ningún grupo poblacional.
Por otra parte, un 73,2% de la población venezolana planea quedarse en el territorio ecuatoriano, resultado similar tanto por parroquia como por género. Se reafirma la noción que Ecuador ya no es un país transitorio, la población migrante ahora percibe un potencial en la zona de acogida para establecerse ahí.
Por último, un 15,7% de las mujeres embarazadas no recibe control prenatal, situación que se acentúa en el caso de las mujeres venezolanas. Del grupo que sí recibe control prenatal, la mayoría va a instituciones públicas  ( 93,2%, n=59 ) . Sobre la calidad del servicio, un 83%  ( n=59 ) , mencionó que este es muy bueno o bueno.
3.1.4.1 Protección y desarrollo infantil temprano 

Se indagó dos variables importantes: el acceso a la vacunación para niños menores de 5 años y el control prenatal en mujeres embarazadas. Un 87,7% de los hogares con menores de 5 años  ( n = 587 ) , declaró que las niñas y niños sí habían recibido su vacuna. Aquellos que afirman que los menores de 5 años en su hogar no han sido aún vacunados representan el 12,3%. En el Gráfico 33, se observan las razones para la no vacunación  ( n = 72 )  dividido por nacionalidad. El obstáculo principal ha sido la emergencia sanitaria del COVID 19. Cuando se menciona que la emergencia sanitaria fue una barrera para la vacunación, se refieren a que se prefirió no salir de casa debido a las medidas de cuarentena y en parte también por el miedo de salir de casa y exponer a los niños al virus.
Respecto a la presencia de mujeres embarazadas en el hogar, se identifica que apenas 7% de los hogares  ( n=1000 )  contaba con al menos una mujer embarazada. Cabe resaltar que esta proporción es mayor en los hogares venezolanos  ( 9,6%, n=500 ) . Por otro lado, al realizar un análisis por parroquia, se observa que, en la parroquia de Guamaní, el porcentaje de mujeres migrantes embarazadas es mayor  ( 7,6%, n=250 ) .
Considerando solo a aquellos hogares migrantes con hijas e hijos que aún no están en edad de iniciar la escuela, el obstáculo más grande para matricular a sus hijos serían los problemas económicos con un 45% y en segundo lugar sería la falta de documentos con un 38,3%
Por último, un 11,1% de los hogares con niñas y niños matriculados en la escuela indicaron tener algún problema para matricularlos. Esta cifra es mayor en la población venezolana  ( 17,5% ) , en comparación al 7,2% de los ecuatorianos que declararon lo mismo. Entre parroquias la situación es muy similar.
3.1.4.3 Acceso a la salud 

Es importante aclarar que el acceso a la salud en Ecuador es universal, independientemente de la nacionalidad o del status migratorio en el que se encuentre la persona. Sin embargo, en las entrevistas realizadas se afirma que actualmente existen problemas relacionados a la calidad y capacidad que afecta tanto a receptores como población en movilidad humana. En la encuesta, se indagó por la tenencia de algún tipo de seguro integral y se encontró que un porcentaje importante del total de la muestra no cuenta con seguro alguno  ( 75% ) . Esta situación es más crítica en la población venezolana  ( 86,8% ) , aspecto que va de la mano con la situación de informalidad laboral en la que se encuentran y la irregularidad de su status migratorio.
En cuanto a hechos de violencia en el hogar, el 85,1% de los hogares declara no haber recibido algún tipo de abuso durante el último año. Este resultado es muy similar entre nacionalidad y género. Las agresiones que sí se reportaron, se identificó a la violencia económica  ( 11,8% )  como la principal modalidad, es decir, la reducción unilateral de dinero, con una proporción ligeramente superior en la población en situación de movilidad humana. En segundo lugar, se encuentran las agresiones físicas, reportada principalmente por mujeres.
Al mismo tiempo, las encuestadas y encuestados afirman que el lugar donde ocurrían hechos de violencia ha sido principalmente en la vivienda  ( 79,9% ) , seguido del centro de trabajo  ( 18,1% ) . Para el caso específico de la población venezolana, el número de personas que reportaba estos hechos en el centro de trabajo  ( 22,4% )  era mayor en comparación con sus pares ecuatorianos  ( 13,3% ) . Este resultado refleja las condiciones de explotación a las que están expuestos las ciudadanas y ciudadanos venezolanos.
En el grupo que sufrió algún tipo de agresión  ( ver Tabla 53 ) , solo el 17,4% aviso sobre estos eventos a alguna autoridad o persona de confianza. La población receptora es aquella que ha realizado más denuncias frente a la población venezolana y por otro lado son las mujeres quienes más denuncias han realizado en comparación de los hombres
Asimismo, para las mujeres, el principal motivo para no realizar una denuncia es el desconocimiento sobre dónde acudir. Entre la población venezolana existe dos preocupaciones adicionales: la falta de recursos y el temor a ser deportada. Esto último hace notar que las mujeres venezolanas requieren de más información en casos de violencia. Esto ayudaría a que tengan mayor seguridad disposición de herramientas para realizar las denuncias.
Por otro lado, cuando se preguntó si conocían sobre los lugares de atención en caso de violencia, un 74,8% de las encuestadas menciona que no sabe a dónde acudir. Al dividir por nacionalidad, este porcentaje se reduce significativamente a un 68,3% en el segmento de venezolanas, cifra que coloca a las ciudadanas venezolanas en una posición más vulnerable en los casos de algún tipo de violencia  ( ver Gráfico 38 ) .
Discriminación de género • Se observa discriminación para las mujeres en los trabajos, generalmente por el cuidado de las hijas e hijos, puesto que en algunos casos piden permisos para el cuidado de los menores y por eso se prefiere contratar varones.
Discriminación por nacionalidad
• Se da de manera recurrente en todo el país. Esta se extiende al cómo hablan, el color de piel, etc.
• Esto genera que las personas venezolanas estén en una situación de vulnerabilidad constante y tengan más riesgo de agresión.
Discriminación laboral
• En general, se suele dar preferencia al trabajador local.
• La población en situación de movilidad humana suele aceptar sueldos más bajos debido a su condición económica.
• Asimismo, la población local siente que las personas venezolanas les quitan oportunidades de trabajo.
En este sentido, a través de la encuesta se observa que existe una clara diferencia por nacionalidad. Apenas un 9,6% de la población ecuatoriana mencionó haberse sentido discriminada mientras que un 55,4% de la población venezolana manifestó lo mismo. Dividido por género, un 58,5% de las migrantes mujeres declara haberse sentido discriminada, porcentaje por encima la población migrante hombre  ( ver Tabla 56 ) .
La discriminación hacia la población en situación de movilidad humana es principalmente de tipo xenofóbico  ( 85,2% ) . Esta ha sucedido en la calle y en una menor proporción en el transporte público y en el centro de trabajo  ( ver Gráfico 39 ) .
Finalmente, ante la pregunta de qué aspectos positivos trae la migración venezolana al país, la actitud fue altamente negativa en la población ecuatoriana  ( 80,8% ) , declarando que su aporte es ninguno. No obstante, resalta que al menos más de un 10% de la población receptora comenta que las personas en situación de movilidad humana están apoyando en la economía, lo cual representaría una alternativa para empezar a trabajar la integración a la población venezolana con la ecuatoriana.
Del gráfico 5, pueden verse una serie de actividades económicas que se desarrollan en un contexto de precarización en el mundo del trabajo, con ausencia de derechos laborales, seguridad social, extensas jornadas y salarios inferiores a la actividad realizada. En este contexto los trabajos de rebusque, por cuenta propia, realizados en espacios públicos en ocasiones se desarrollan en lugares donde están prohibidas las ventas informales. Ante la urgencia de sustentar necesidades básicas muchos de ellos y ellas optan por realizar actividades que ponen en riesgo su salud física y emocional. 

En este escenario de informalidad y rebusque las mujeres trans son el co  lectivo que más asimetrías enfrenta; si bien para todos y todas la mayoría de ocupaciones se encuentran en el plano de la economía informal y de subsis _x000c_tencia, muchas de las acciones de emprendimiento, o aquellas relacionadas con ventas en espacios públicos, no las contemplan a ellas, quienes en su mayoría hacen parte de redes de trata con fines de explotación sexual donde se les vulneran múltiples derechos.
La informalidad en ocasiones es un espacio de clandestinidad, al que se llega ante la ausencia de documentos legales, y se expresa en espacios donde se _x000c_comparte con diversos actores generando tensiones y luchas por la perma  nencia. Ello es una característica que alimenta la invisibilidad y naturaliza  ción de violencias y además trae consigo una impunidad frente a las viola  ciones de derechos. En este sentido, también es clave señalar que el 85 % de las personas entrevistadas no se encuentra afiliada a los sistemas de salud.
Algunas personas han optado por otras formas de regularización como permisos es  peciales de permanencia que les permiten tener acceso a trabajos y algunos servicios sociales. Se puede observar que, tanto en Colombia como Ecuador, un número menor al 15% se reconoce como pendular, de ellos y ellas la ma  yoría son hijos de personas que anteriormente habían sido refugiados/as o migrantes en Venezuela y que por la crisis retornaron a sus países. En este aspecto, tienen la ventaja de poder gestionar su documentación y legalizar su nacionalidad, sin embargo, manifiestan que son procesos burocráticos y muchas veces existe desconocimiento sobre los mismos.
La primera    [ motivación para salir del país de origen ]  , y quizá más significativa, está asociada al contexto del país, al ámbito político, económico y social; un segundo motivo se relaciona con barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, inclui  do el acceso al tratamiento antirretroviral en el caso de las personas que viven con VIH/sida, y acceso a otras medicinas y servicios de salud para el tratamiento de enfermedades crónicas; y una tercera motivación está rela  cionada con la ausencia de un marco normativo que permita garantizar el ejercicio de derechos a las personas LGBTI+, lo que acrecienta los casos de violencia por prejuicio y la negación de derechos fundamentales.
En cuanto a causas que han exacerbado el desplazamiento de personas LGB  TI+ a Colombia, Ecuador y Chile, se cuentan diferentes formas de violencias propiciadas por actores estatales, paraestatales y sociales, estas violencias suelen estar alimentadas por el prejuicio. En los imaginarios colectivos se acentúan, como se expresaba en el relato anterior, una serie de represen  taciones e imaginarios sobre las personas LGBTI+, quienes, ante la ausen _x000c_cia de un marco de derechos y de un reconocimiento de sus ciudadanías, se convierten en sujetos de extrema vulnerabilidad. Sus cuerpos terminan instrumentalizándose, la diferencia se ve como amenaza, se agudizan las violencias y se hacen visibles las irrupciones a la moral y al orden social excluyente construido socialmente por lo que se tienden a tratar de contro  larles o de eliminarles. 

Entre estos dispositivos de control y violencia las personas entrevistadas refieren: extorsiones de bandas criminales, amenazas, restricciones en el uso del espacio público, denegación de servicios de salud y subsidios, en  tre otras. En uno de los grupos focales se plantearon casos donde personas LGBTI+ han tenido que huir de Venezuela porque carecen de los recursos para pagar extorsiones; así mismo se evidencian en los testimonios la ocurrencia de violencias físicas y verbales por parte de la sociedad civil y agentes del Estado.
En los testimonios, las personas LGBTI+ refugiadas y migrantes venezola  nas plantean haber sido víctimas de diferentes acciones degradantes en las fronteras Venezuela Colombia, Colombia Ecuador y el ingreso fronterizo a Chile. Identifican como actores generadores de esta violencia, en primer lu  gar, a la Guardia venezolana, luego a la Fuerza Pública colombiana, la ecua  toriana y la chilena, sucesivamente. Mencionan experiencias con diferentes actores en las comunidades, donde vivieron violencias verbales motivadas en muchas ocasiones por su orientación sexual, expresión e identidad de género. Como se presentará en el próximo apartado, estas violencias varían según la identidad o expresión de género de la persona. Mujeres trans y les  bianas coinciden en haber sido víctimas de una serie de violencias cargadas de prejuicio e intrumentalización de sus cuerpos, intentos de violación y violaciones, hostigamientos y amenazas para ser sometidas a redes de trata de personas. En el caso de los hombres, afirman haberse sentido víctimas de extorsión, hostigamientos y haber sufrido robos de dinero y pertenencias.
The increase in irregular movements has led to heightened protection risks and increased vulnerabilities for refugees and migrants, and poses challenges for R4V partners seeking to identify and assist people in need.
Moreover, 62 per cent have no visa or an expired visa, and thus are in an irregular situation.
Of the 46 per cent of households with school age children, 32 per cent of children were not attending school
In terms of access to livelihoods, 38.5 per cent of Venezuelan refugees and migrants are unemployed, in comparison to 6.3 per cent among host communities.
, el 72% de los entrevistados mencionaron identificarse como mestizos/as, el 16% como afrodescendientes, un 7% como blancos/as, el 2% como indígenas y el restante 3% no lo sabe o prefirió no decir
Ecuador's government did not, unlike in other countries, use the existing non contributory program to deliver additional cash assistance. It appears, though, that existing recipients continued to receive their regular monthly transfers.185 The government instead announced on March 20th a cash transfer, the Family Protection Bonus, for 400,000 individuals and households with no income due to the pandemic. A week later, on March 27th, the bonus was formalized in an executive decree. It provided two US$ 60 transfers, for April and May, to 400 000 households affiliated with two government registries  ( rural social security and unpaid domestic work )  and with a household income below minimum wage. Households that received any other government transfers  ( for example, the human development bonus )  were ineligible.186 The government pre selected the recipients, and began distribution of these transfers on April 1st. Eligible individuals could check online to see if they were recipients but could not apply for it. By April 24th, 352,000 of the original recipients had collected the April transfer of US$ 60 dollars, and before mid May, the number had reached over 400,000, of whom 88% were women, according to government data.187 On April 10th, the government announced an additional 550,000 recipients for this two time cash transfer, increasing the total reach to 950 000 individuals. This expansion was financed by the Inter  American Development Bank. Given the extremely limited fiscal space, the President at the same time announced his solidarity tax plan, to temporarily tax profits and high income earners, and with which he planned to broaden social assistance, including extending the Family Protection transfer to an additional one million people, thus altogether reaching two million people.188 The solidarity tax raised strong opposition, and failed in Congress, as mentioned above. The extension of the IADB financed Family Protection Bonus was formalized in an executive decree on April 24th.189 The recipients for this extension were selected based on the government's social registry and an inter ministerial committee.190 To avoid additional movement and lines during the pandemic, the government established a one time transfer of US$ 120 dollars for this group. The plan was to extend this transfer to all recipients between May 1st and June 30th. At the end of April, the government provided a webpage where people could check to see if they had been selected as recipients. On May 14th, two weeks behind schedule, the government announced that the distribution of the 120 dollar transfer to the second group of recipients would begin. Recipients could collect their transfer on dates determined by the last number of their identity card; moreover, recipients were divided into two groups: the first could collect starting May 15th, and the second group, starting June 1st.191 No information was reported on how many had received the transfer by the end of July, but the government webpage still listed locations at which recipients could collect it at.192 As per Figures 6 to 9, the breadth and sufficiency of transfer in Ecuador are low.
On April 24th, the arrival of a "new normal" in the country was announced, with the reactivation of some sectors of the economy starting on May 4th. The opening began with a system of traffic lights, with the aim of moving towards economic recovery. The "epidemiological traffic light" establishes differentiated restrictions on the mobility of people, the reopening of businesses and transport, according to the state of the situation in each area and the risk of contagion. On June 1st, the traffic light rules were updated, allowing new flexibilities for both the red and yellow zones. The state of exception has been extended until August 13th, continuing the traffic light system with updates. Starting on August 1st, a new Toque de queda was announced for Quito and the cantons of 18 provinces of Ecuador, as COVID 19 cases continued to rise; other less extensive movement restrictions were announced for those cantons in yellow.
In Ecuador, with the suspension of presential labor activities from March 17th on, the government issued two ministerial directives in mid and late March, to allow for changes in working hours, as well as a reduction of weekly work hours down to 30, for six months  ( and renewable for another six months ) , with a corresponding salary reduction. A suspension of both work hours and salary payments was also allowed, but in both cases with an expectation of payment and recuperation of the hours worked at a later point.148 In early April, the government also announced a plan to reduce the waiting period for unemployment insurance from sixty to seven days, but this was finally only approved in a legal reform on June 19th  ( detailed below ) . 

On April 10th, the President called for a national Humanitarian Assistance Accord, to confront the crisis. With the fiscal constraints, the government sought funding from multilateral organizations and from high income earners in his own country. He called for ‘solidarity contributions', which involved a 5% contribution from companies with profits higher than one million US$, while workers with salaries above 500 US$ would over the next nine months contribute a progressively higher share of their income as their salaries increased, bringing in US$ 1.4 billion.149 With this financing, the government's plan was to establish a humanitarian fund, led by representatives from civil society, that would provide health, social and labor assistance.150 The reform also reduced the waiting time for unemployment insurance, and broadened eligibility to affiliated independent workers, provided credit for small and medium enterprises to stay afloat and pay their workers, and finally, it provided for the flexibilization of labor contracts, with the stated aim of maintaining employment.151
The government sent its plan to Congress in mid April, where it met opposition from legislators, labor unions and business. Labor unions objected to any reductions in labor rights, and business and politicians objected to tax increases. Congress had thirty days to vote on the reform.
la mayoría manifestó que ingresó al país de manera irregular, mediante pasos informales en condiciones que elevan el riesgo de la vulneración de sus derechos durante el viaje.
Se han mencionado distintos factores que determinaron la elección de las ciudades en las que residen. Entre ellos, la similitud del clima del lugar al que llegan con su localidad de origen, la sensación de vivir con mayor seguridad, las redes de apoyo como amigos y familiares que les esperan, las experiencias de haber sido discriminados en otras ciudades del país, la cercanía con la frontera colombiana, entre otras. Además, algunas personas señalaron que veían a Ecuador como un país de paso, pero debido a la pandemia debieron radicarse en los lugares donde ahora residen
Documentación Las personas de interés en la Frontera Norte poseen, en comparación con la media nacional, un mayor porcentaje de documentos vigentes del país de origen. Es así como, el porcentaje de personas con cédulas y pasaportes vigentes es del 80% frente al 70% registrado a nivel nacional  ( gráfico 4
Necesidades prioritarias Al preguntar a las familias por sus principales necesidades en Ecuador, los resultados de la Frontera Norte fueron muy similares a los del resto del país. El 70% de las familias dijeron estar preocupadas por cubrir sus necesidades más básicas: alimentación, vivienda, vestimenta, etc
El 23% dijeron que su prioridad era conseguir un trabajo o acceder a servicios  ( educación, salud, etc. )  y un 6% estaban preocupados por acceder a documentación y regularización migratoria  ( gráfico 8 ) .
En términos de vivienda, los resultados de la Frontera Norte son muy similares a los nacionales. Así, un 49% de las familias señalaban vivir en un apartamento arrendado exclusivamente para su grupo familiar. El 26% decían arrendar una habitación, el 8% vivir en un apartamento compartido y el 17% restante residen en otro tipo de viviendas.
En cuanto al acceso a los servicios de saneamiento, el 62% de las familias decían contar con baño privado en el lugar donde residen, mientras que un 35% de familias utilizan baños no seguros  ( compartidos, colectivos o letrinas ) , y el restante 3% no tenían acceso a un baño en su vivienda  ( gráfico 9 )
En referencia al acceso a los servicios básicos, en la Frontera Norte se observan pequeñas diferencias con los resultados nacionales. El acceso a electricidad las 24 horas es generalizado en todo país  ( 96% en la Frontera Norte, 97% a nivel nacional
Con respecto al suministro de agua en la vivienda, un 72% dijeron tener acceso a más de dos horas diarias al suministro de agua; un 10% tienen acceso al agua por menos de dos horas al día; y, la proporción de familias que recurren al agua embotellada o al tanquero/camión repartidor es inferior frente al porcentaje a nivel nacional  ( gráfico 10 ) .
Además, al parecer las personas que residen en la Frontera Norte sienten menor seguridad en los barrios donde residen en comparación con los resultados nacionales. Este resultado puede tener que ver con los problemas de seguridad específicos de la zona fronteriza, como se ha señalado anteriormente.
De las familias encuestadas en la región norte, el 70% dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten seguras en sus barrios frente al 77% a nivel nacional  ( gráfico 11 ) . Este resultado dista significativamente de lo encontrado para la región Costa donde un 82% de familias indicaron sentirse seguras en sus barrios  ( ACNUR, 2021a ) .
Otro factor que incide en la permanencia es la falta de conectividad que ha sido fundamental durante este último año a causa de la pandemia, además de los escasos recursos para adquirir los útiles escolares que demandan las instituciones. Inclusive, algunos jóvenes han tenido que abandonar el colegio para trabajar y apoyar a sus padres en la división de gastos del hogar
Integración económica La capacidad de las familias en movilidad humana para acceder a fuentes seguras de generación de ingresos apunta en un primer momento a que puedan satisfacer sus necesidades básicas en el país, y a partir de ello, a incrementar de manera sostenida su bienestar y de esa manera integrarse económicamente en la sociedad. Es así como, al consultar sobre la situación laboral de las personas de interés en la Frontera Norte, encontramos que sólo el 4% de ellas decía contar con un empleo formal
La mayoría se encontraba en búsqueda de un empleo  ( 39% ) , realizaba actividades de manera informal  ( 29% )  o acudía a otras actividades de generación de ingresos  ( 28% )   ( gráfico 15 ) .
n referencia a los riesgos por COVID 19, las personas manifestaron que al trabajar en las calles  ( ventas ambulantes )  sentían que estaban expuestos/as a un mayor riesgo de contagio.
Además, el 55% de personas indicaron no haber tenido que recurrir a mecanismos de afrontamiento extremo para solventar sus necesidades prioritarias. Pero, entre las familias que, si lo hicieron en la Frontera Norte, resalta el pedir limosna en el 16% de los casos
Durante los grupos focales, la población considera que al acceder a regularización migratoria podrán reclamar sus derechos de acceso a la educación superior, de acceso a viviendas en condiciones aptas, a la denuncia de injusticias, entre otras. Además, varios de los participantes explicaron que un factor de vulneración de derechos laborales es encontrarse en condición migratoria irregular. Se mencionó que los abusos por jornadas extendidas de trabajo y remuneraciones injustas evidencian la frecuente explotación laboral que vive gran parte de la población refugiada y migrante
se identificó que, de quienes eran estudiantes en su país natal, en Ecuador 53,4% se encuentra trabajando de manera independiente, 22,7% está en la desocupación, 21% trabaja bajo relacion de dependencia, 2,1% continúa estudiando y 0,2% trabaja como voluntario.
Del total de la población entrevistada, 62,6% afirmó tener uno o más dependientes económicos en los países de: Venezuela  ( 69,8% ) , Ecuador  ( 65,7% ) , Colombia  ( 2,2% )  y Perú  ( 1% ) . Además, se observó que, 83,8% tiene entre 1 y 2 dependientes económicos, 10,7% tiene 3 dependientes y el restante 5,6% tiene 4 o más dependientes.
De acuerdo con lo reportado por la población encuestada, se evidencia que existe deficiencias en el acceso a servicios de salud. Del total de las personas respondientes, 97% no cuenta con ningún tipo de seguro médico. Mientras que, solamente 1,7% cuenta con seguro de salud público, 1,1% con seguro privado y 0,3% tiene seguro médico público y privado.
Por otro lado, 23,9% de la población entrevistada manifestó haber tenido un problema de salud por el cual requirió asistencia médica. De estos casos, 68,4% mencionó haber acudido a los centros de salud públicos, 13,1% a las farmacias, 3,4% a los centros de salud privados y 1,8% pidió ayuda en amigos o familiares. Sin embargo, 13,4% de quienes tuvieron alguna afección médica no buscó asistencia.
En cuanto a las personas que tienen a su cargo a uno o más niños, niñas o adolescentes  ( NNA ) , 36,1% manifestó que los NNA tuvieron un problema de salud por el cual requirieron asistencia médica. En estos casos, 89,3% de los cuidadores acudió a los centros de salud públicos, 4,7% a las farmacias, 3,1% a los centros de salud privados y 0,7% recurrió a amigos o familiares. Sin embargo, 2,6% de los cuidadores no buscó ayuda.
Por otro lado, 70.8% de las personas respondientes manifestó que durante el último año no ha tenido acceso a ningún servicio de salud sexual y reproductiva. En tanto que, 24,7% tuvo acceso a métodos anticonceptivos, 5,5% tuvo acceso a servicios de educación sexual y consejería y 4,4% tuvo acceso a pruebas de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
Finalmente, 69,5% de la población respondiente manifestó haber sufrido estrés o malestar emocional que le ha impedido realizar sus actividades cotidianas. La frecuencia con la que las personas encuestadas se sienten de esta manera es: 54,6% a veces, 35,5% casi siempre y 9,9% siempre. Además, para atender este malestar, 23,8% indicó acudir a amigos o familiares, 6,9% a centros religiosos, 6,5% a centros de salud públicos y 0,4% a centros privados. Sin embargo, el 62,4% no buscó ayuda.
Del total de la población encuestada, 34,8% afirmó no haber tenido dificultades relacionadas a la pandemia por COVID 19. Sin embargo, 53,5% reportó haber tenido dificultades económicas; 18,4% reportó experimentar problemas psicológicos como angustia, temor al contagio, sensación de indefensión frente a la incertidumbre e impotencia; 7,3% tuvo problemas sociales como estigma debido a que él/ella o un miembro de su grupo de viaje fue diagnosticado con COVID 19; 6,5% tuvo problemas de salud como secuelas de haberse contagiado de COVID 19 y 4,8% ha tenido dificultades para acceder a los servicios de salud.
De quienes manifestaron haber tenido dificultades económicas asociadas a la pandemia por COVID 19, 86,3% indicó que sus ingresos económicos han disminuido; 35,9% ha tenido un acceso restringido a alimentos por lo que ha tenido que cambiar sus costumbres alimenticias por otras más económicas; 26,9% perdió su trabajo; 3,5% no puede costear su educación o la de los miembros de su familia; 1,9% no puede pagar por las existencias o bienes y 1,2% no puede reembolsar su préstamo.
Esmeraldas s. De acuerdo con el INEC  ( 2015 ) , en 2014 el 56.3% de la población de la provincia era pobre por necesidades básicas insatisfechas y el 13.6% se encontraba en situación de extrema pobreza por consumo.
Riesgos de Protección Como se ha señalado, las personas refugiadas y migrantes residentes en Esmeraldas tienen ciertas facilidades de integración con respecto a otras ciudades del país, aunque también enfrentan numerosos riesgos de protección. Las personas participantes en los mapeos señalaron que numerosos barrios en los que residen las personas refugiadas y migrantes tienen problemas de seguridad. La violencia, venta y consumo de drogas, los asaltos e incluso eventuales asesinatos se reportan en numerosos barrios de la ciudad, especialmente en la ribera del río Esmeraldas y los barrios altos
Tulcán A finales de agosto de 2019, Ecuador comenzó a solicitar visado a la población venezolana que deseaba acceder al país. Este requisito provocó un significativo incremento del flujo de personas venezolanas cruzando por los numerosos pasos fronterizos irregulares  ( conocidos popularmente como trochas ) .
, la integración económica en la provincia es un desafío para las personas en movilidad humana. Buena parte de las personas refugiadas y migrantes que llegan a las distintas localidades no cuentan con formación especializada ni mucha experiencia laboral, por lo que realizan actividades de baja calificación y en condiciones abusivas, o se dedican a pequeños emprendimientos de subsistencia, ventas ambulantes o mendicidad. A
Muchos NNA no se encuentran escolarizados, por lo que no cuentan con este esencial espacio de protección y se ven expuestos a riesgos tanto en el hogar como en los barrios donde viven
Lago Agrio se identificó que existe un alto índice de movilidad interna dentro de la ciudad de Lago Agrio, sobre todo entre núcleos familiares de nacionalidad venezolana. Los altos costos del arriendo y el elevado número de integrantes de las familias les empujan a instalarse a su llegada en pequeñas viviendas, aunque luego deben buscar espacios más amplios.
Las personas encuestadas viven principalmente en Quito  ( 36% ) , Guayaquil  ( 20% ) , Cuenca  ( 12% ) , Santo Domingo  ( 5% ) , Ibarra  ( 4% ) , Esmeraldas, Manta y Loja  ( 3% ) , Ambato, Machala y Portoviejo  ( 2% ) , Durán, Milagro, Riobamba y Quevedo  ( 1% ) .
Es importante aclarar que, para las personas de nacionalidad venezolana consultadas, el hecho de ser categorizadas como persona migrante no significa que no tengan necesidad de protección internacional y puedan ser reconocidas como tales, como se explica en la sección anterior acerca de las causas de la movilidad.
Para el caso de las personas provenientes de Venezuela, la necesidad de alimentación alcanza el 81%; en un 76%, el acceso a la salud y, en tercer lugar, apoyar a la familia con un 56%. Factores importantes como el acceso al trabajo y oportunidades de ingresos, protección frente a amenazas, apoyo psicosocial, documentación, vivienda y educación son también aspectos que adquieren mayor relevancia.
En relación con la documentación, los datos muestran que muchas personas mayores en situación de movilidad humana no tienen acceso a los procesos y la documentación que les permite disfrutar de esos derechos. El 30% de las personas consultadas no cuenta con ningún permiso o documento