1. Desplazamiento Forzado. Según datos del Registro Único de Víctimas  ( RUV ) , durante el 2019 se recibieron 2.546 declaraciones por diferentes hechos victimizantes, de los cuales 2.337 corresponden a desplazamiento forzado en 6 eventos masivos; enfrentamientos entre grupos armados ilegales, amenazas, homicidios selectivos y otros ataques contra la población civil, han sido las principales causas de los desplazamientos. En la región son comunes los desplazamientos interveredales e individuales, tanto en comunidades campesinas como en las comunidades indígenas zenúes y Emberá Katíos; por lo cual en la mayoría de los casos no se denuncian por temor a represalias de los grupos armados, situación que invisibiliza estos hechos. Las autoridades locales han manifestado su débil capacidad para la atención inmediata en caso de presentarse una emergencia; igualmente, las autoridades de los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador  ( sur de Córdoba )  han manifestado que existen limitaciones de acceso a las instituciones del Estado por el entorno físico, los recursos limitados y las condiciones de seguridad, lo cual no permite brindar garantías de seguridad ni condiciones adecuadas para el retorno. Todos los municipios del sur de Córdoba se mantienen en alerta ante posibles nuevos desplazamientos, motivados por los constantes combates entre las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia  ( AGC )  y los Caparrapos. Otro riesgo de desplazamiento está asociado al desalojo por parte de empresa Minerales de Córdoba a la comunidad “Minas el Alacrán' en el municipio de Puerto Libertador; esta comunidad actualmente cuenta con el título para la exploración de la mina, poniéndola en una situación de vulnerabilidad debido a que, las mesas de concertación no han arrojado acuerdos entre las partes de esta conflictividad. La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas advirtió el riesgo6 para la población civil de los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Bajo este contexto se cree que están en riesgo más de 26.000 personas entre campesinos e indígenas de las poblaciones mencionadas quienes han visto una intensificación en el actuar de los grupos armados quienes según estas alertas, las organizaciones criminales actúan con mayor crueldad a través de ejecuciones públicas, decapitaciones y torturas, quema de viviendas y ordenes de desplazamiento. A pesar de que todas estas situaciones han sido alertadas por la Defensoría del Pueblo y de la respuesta dada, no siempre es oportuna ni eficaz quedando vacíos por ser cubiertos; es así como según este organismo, en dos años se han presentado “14 desplazamientos masivos de comunidades campesinas e indígenas, masacres, homicidios en persona protegida, utilización de métodos para generar terror en la población civil, desapariciones presuntamente forzadas, amenazas de reclutamiento forzado, entre otras graves conductas vulneradoras de los DD.HH. e infracciones al DIH'. De estos se resalta el desplazamiento masivo ocurrido en el municipio de Puerto Libertador  ( primer trimestre de 2019 ) , corregimiento de Juan José, de más de 2.200 personas provenientes de 9 veredas hasta el centro poblado del corregimiento para salvaguardar sus vidas de los ataques violentos cometidos por grupos armados al margen de la ley. Dada la magnitud de la emergencia, las ayudas para atender la emergencia no fueron suficientes para que las comunidades desplazadas se quedaran en los albergues; esta situación generó que las comunidades paulatinamente retornaran a sus viviendas sin garantías de seguridad. En el municipio de San José de Uré y Tierralta, también ocurrieron eventos durante el año 2019 que desencadenaron desplazamientos masivos entre veredas por alrededor de 466 familias  ( más de 1.000 personas ) . En San José de Uré, el homicidio de miembros de las comunidades en la cancha de la institución educativa del corregimiento de Brazo izquierdo ocasionó una gran conmoción en la comunidad en general y afectaciones psicológicas, provocando el desplazamiento de algunas familias hacia el casco urbano de San José de Ure y el de Montelíbano. En Tierralta, el enfrentamiento entre el Ejército Nacional y grupos armados al margen de la ley causó el desplazamiento de 200 familias de etnia Emberá Katíos y una comunidad de campesinas.