nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
"Nos parece muy preocupante que mataron a estos migrantes, no porque son venezolanos, sino porque eran vulnerables, y la sociedad no dijo nada. No queremos que esto se vuelva recurrente porque no se puede normalizar el asesinato de dos venezolanos en Palmira", dijo consternado Arrieta, quien indagó acerca de las víctimas y afirma que eran muchachos buenos y trabajadores que no tenían inconveniente con ninguna persona y no estaban vinculados a grupos al margen de la ley.
Bertolucci dice; "Esta crisis es un nuevo escenario para las organizaciones humanitarias que trabajan con personas migrantes y refugiadas venezolanas. Los enfrentamientos armados, deben ser un factor determinante para brindar protección internacional en Colombia y en otros lugares. El conflicto armado agrava la ya grave situación de las personas necesitadas y agrava la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas."
El jueves 22 de abril, los hermanos Jefferson Daniel Aparicio Lugo, de 27 años y Luis Ernesto Leal Torrealba, de 26, fueron asesinados en el barrio Los Cristales, de Palmira, según informaron medios locales.
The Special Forum, through interviews and focus groups with women ex combatants, victims, and Afrodescendent and indigenous women in over 16 Departments, highlighted the increased security risks, not only from domestic violence, but also from illegal armed groups who have signaled those infected by COVID 19 as targets and who are restricting movement and silencing the reporting of these crimes within their territories.59
La Pastoral Social de la Diócesis de Palmira, en Valle del Cauca, hizo una denuncia pública y expresó su rechazo por el asesinato de dos jóvenes migrantes venezolanos, en un hecho ocurrido el pasado 22 de abril en el municipio Palmira de este departamento.
This survey found that the majority of respondents across countries used ‘informal' or ‘unverified' information to find out about COVID 19.
La Coordinación Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres  ( CMGRD )  del Bajo Baudó, reportó daños en el techo de la escuela de la comunidad de Puerto Galpes y afectaciones en 348 hectáreas de plátano, caña, arroz, maíz y papa china. Actualmente, los habitantes de las 20 familias afectadas por los daños en la viviendas se encuentran alojados en casas de familiares y vecinos.
Desde el 14 de abril, al menos 773 personas  ( 124 )  familias de las comunidades indígenas de Playa Bonita, Quiparadó, Guachal, Puerto Piña y Puerto Galpes, se encuentran damnificadas por cuenta del desbordamiento del rio Ordó Sivirú y fuertes vendavales que afectaron al menos 20 viviendas de las comunidades de Puerto Piña y Puerto Galpes.
Las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal evidenciaron una disminución de los casos de Violencia Basada en Género  ( VBG ) , en los periodos de enero a marzo del año 2021 con los del año anterior. El total de casos presentados para ambos sexos en el 2020, fue de 53.789, en cambio para el 2021 esta cifra disminuyó a un total de 36.534 casos.
Se destaca, el programa Vías Terciarias para la Paz 50/51, por ser una estrategia del Gobierno nacional para intervenir y mejorar tramos en los 50 municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la debilidad institucional y los cultivos de uso ilícito. Este programa es parte de los acuerdos de paz, y debe ser implementado por las alcaldías a través de la Agencia para la Renovación del Territorio.
Además, hay que destacar que la movilidad hacia Colombia es atractiva de por sí, pues no hay una barrera idiomática y hay una cultura similar, lo que facilita el proceso de movilización. Sin embargo, Colombia más que un paraíso puede llegar a ser un limbo para este colectivo, por lo que muchos deciden regresar o seguir migrando. El sueño del “paraíso de la igualdad' se ve desdibujado, y esto es porque Colombia, además de recibirlos con violencia –se han documentado 20 casos de asesinato de personas LGBTI provenientes de Venezuela–, recibe a esta comunidad con negación de derechos.
Las comunidades de acogida en la frontera son altamente homofóbicas, porque las alcaldías y gobiernos locales no preparan a los ciudadanos para acoger a los migrantes, mucho menos a los migrantes LGBTI.
The survey found that FDP from all countries reported experiencing increased xenophobia, including hate speech and physical attacks, over the past 12 months. Respondents from Peru were most likely to report this  ( 46% of respondents ) , followed by 28% of respondents from Colombia, 15% from Brazil and 10% from Turkey.
Vivir en Venezuela es un calvario, pero vivir en Venezuela siendo miembro de la comunidad LGBTI, es un infierno. Además de la grave situación humanitaria en la nación, producto de una crisis política y económica sin precedentes, la discriminación por orientación sexual contra este colectivo abunda y la misma Constitución venezolana le desconoce derechos y protecciones que sí les otorga a otros ciudadanos. Para las personas LGBTI, las acciones más simples, como la de alquilar una vivienda, son imposibles debido al rechazo de la sociedad.
El Estatuto Temporal de Protección, cuya primera fase de registro comenzó esta semana, busca corregir algunos problemas que se presentan para esta población y no se pueden desconocer sus bondades para la comunidad LGBTI. Gracias al Estatuto, las personas de este colectivo pueden dar un salto a la regularización, lo que les permite acceder a servicios y políticas públicas en las que trabajaba el Gobierno para esta población a nivel local. Sin embargo, hay elementos que se quedaron por fuera.
Un hecho llamativo es que solo un hogar de acogida en Cúcuta recibe a personas trans, lo que hace que la situación de empobrecimiento de esta comunidad se agudice. Se necesitan políticas migratorias con enfoques diferenciales para garantizar que situaciones así no ocurran y se garanticen los derechos.
“Nosotros venimos documentando que las personas que atienden esos procesos, que dependen de Migración Colombia, no están formadas en derechos humanos y mucho menos en grupos poblacionales. Por eso recibimos con mucha frecuencia quejas de la ciudadanía sobre el maltrato relacionado con este desconocimiento. En 2020, por primera vez, las denuncias de mala atención por parte del Estado no venían de la Policía, sino de los funcionarios de Migración. Así que hay que tener un compromiso para garantizar una buena atención a la ciudadanía, tanto funcionarios de atención presencial como virtual', dice Castañeda.
En esta misma línea, el llamado a desarrollar programas de formación no solo va para los funcionarios de Migración, sino también para la Policía y la fuerza pública con un enfoque de derechos humanos diferenciado, en orden a que la interacción con personas migrantes y miembros de la comunidad LGBTI se presente sin vulneraciones. También se debe facilitar la ruta para denunciar ataques contra la población migrante LGBTI no solo por parte de funcionarios públicos, sino por toda la sociedad civil con el fin de romper el círculo de invisibilización de estos ataques.
Por otro lado, no solo hay que asegurar el acceso al tratamiento para el VIH sin condiciones, sino que hay que facilitar la información sobre protocolos de atención para acceder a estos tratamientos. Incluso, un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello señala que debería ampliarse el espectro de la cobertura de salud más allá de las enfermedades catastróficas para que incluya otras infecciones de transmisión sexual y se instalen programas de salud sexual y reproductiva.
These findings support existing evidence that xenophobia52 is fuelled by the pandemic. This is largely due the ‘othering' of displaced people in the political discourse and media and governments' discriminatory restrictions against these populations53 who are often seen as a threat to public health
77% also reported that the pandemic had had a dramatic impact on psychological well  being.
Los gobiernos también deben poner en marcha planes de registro diferenciados para así poder elaborar planes que atiendan a las necesidades específicas de la población LGBTI, algo que, dice Castañeda, no se ha presentado en el gobierno local.
In July 2020, a total of 93 ex combatants and their families were transferred from Ituango to Mutatá, with the support of the government agencies to ensure protection on arrival in Mutatà due to concerns for their safety.75
El 01 de noviembre de 2020 se reportaron dos homicidios y posteriormente la incineración de cuatro viviendas dejando a ocho familias  ( 27 personas )  afectadas, y configurando una situación de confinamiento en la comunidad de Santa Cruz del Siguí  ( Consejo Comunitario El Playón )  del municipio de López de Micay, la cual afectó al menos a 122 familias  ( 332 personas )
Asimismo, se evidencia el deterioro del mercado laboral y la pérdida de empleos, que dieron como resultado una tasa de desempleo de 15,9% y una disminución de 2,4 millones en el número de ocupados del país.
Las cifras reportadas por SIVIGILA evidenciaron un mayor reporte en los casos de Violencia de Género en la población proveniente de Venezuela, al comparar el año 2020 con el año anterior. El total de casos presentados para ambos sexos en el 2019 fue de 2,355 en cambio para el 2020 esta cifra aumentó a un total de 4,185 casos.
Ambas variables tienen un impacto significativo sobre el nivel de ingresos de las personas, por lo que su resultado está en línea con el amplio incremento en los niveles de pobreza del país.
El día 14 de mayo se presentó un desplazamiento masivo desde las veredas NANSALVI El Diviso  ( del Concejo Comunitario Manos Amigas del Patía Grande ) , el Playón, el Pinaude y Guilpi Piragua  ( del Concejo Comunitario la Voz de los Negras ) , del municipio de Magüí Payán, al casco urbano de este municipio, por los enfrentamientos entre los grupos delictivos organizados  ( GDO )  Frente Oliver Sinisterra y el Frente 30. Estos actores armados han intimidado a la población para que no realicen la declaración como víctimas ni reciban ayudas humanitarias.
Protección: Es necesario implementar medidas urgentes de protección para la población civil en medio del conflicto armado, así como estrategias para garantizar a la población víctima acceso a sus derechos ya que son presionados por actores armados para no realizar la declaración ni recibir ayudas humanitarias. Se requiere también brindar protección a estas personas para que puedan realizar su declaración y recibir la asistencia humanitaria contemplada en la ley de victimas.
Riesgo de desabastecimiento de agua para higiene y consumo debido a las restricciones de movilidad impuestas por los GAO, los cuales impiden a la población trasladarse hacia las fuentes de agua hídricas de las cuales se abastecen normalmente, o hacia fuentes de agua mejoradas o con menor grado de contaminación, por la inseguridad que conlleva la presencia de los actores armados en dichas zonas.
Riesgo de violencias basadas en género contra las mujeres y niñas por presencia de los GAO en las fuentes hídricas, que son lugares de higiene personal y abastecimiento de agua para comer  ( práctica culturalmente a cargo de las mujeres en las comunidades ) .
Riesgo de colapso de la poca y vulnerable infraestructura de agua, saneamiento e infraestructura productiva, por falta de mantenimiento y medidas de mitigación y adaptación a amenazas por inundación, lo cual provoca el desplazamiento de la población a albergues no adaptados.
De acuerdo con el Panorama de Necesidades Humanitarias⁸, en el 2021 se proyectan 77.199 personas en confinamiento y 36.631 personas víctimas de desplazamiento forzado.
Viviendas inadecuadas sin acceso a programas estatales de mejoramientos de baños, letrinas o pozos sépticos; poca o nula presencia de institucionalidad ni fuentes de financiación estatales para la planeación e implementación de proyectos en el sector de agua potable y saneamiento básico  ( WASH ) .
Respecto al número de personas proyectadas a tener necesidades en WASH en el mismo año, se estima que serán 5,4 millones de personas  ( PIN intersectorial WASH )  de las cuales un 6% cuenta con un nivel de severidad de las necesidades ‘Catastrófico', un 51% nivel ‘Extremo', un 35% nivel ‘Severo', un 2% presenta ‘Estrés' y un 7% con un nivel ‘Mínimo'.
Por su parte, según la UNGRD en el 2020, 233.186 personas fueron afectadas por desastres. Las proyecciones para el 2021 calculan 580.876 personas que puedan verse afectadas por este tipo de eventos.
No se cuenta con infraestructura para establecer alojamientos temporales, pues en muchas ocasiones se utilizan escuelas, coliseos u otro tipo de infraestructura sin la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento.
Población sin oportunidades de formación en liderazgo, organización comunitaria y social. Población sin iniciativas comunitarias de limpiezas y desinfecciones de lugares públicos y zonas comunes.
Riesgo de aumento de contagios de la Covid 19 por emergencias producto de eventos de desastres, los cuales generan caos y aglomeración de población propicias para el contagio masivo del virus.
Población localizada en municipios con múltiples privaciones en todas las dimensiones, según la información primaria recopilada en las ERN, y según información secundaria de la Medida de Pobreza Multidimensional Municipal.
• Riesgo de desabastecimiento de agua en temporadas de verano  ( disminución de los regímenes de precipitación )  y sequías inéditas extremas propias de eventos de cambio climático.
Riesgo de contaminación de las fuentes hídricas por vertimientos de excretas, residuos sólidos, aguas residuales, residuos de explosiones de minas antipersonal, pesca con dinamita por parte de los GAO, y cadáveres producto de la violencia armada.
Riesgo de violación de derechos a la vida, la dignidad y el bienestar, debido al impacto en las prácticas de aseo personal de las comunidades por la presencia de los actores armados en su territorio.
Vulnerabilidad económica, social y organizativa • Población en pobreza y pobreza extrema  ( particularmente víctimas de desplazamiento ) . Poblaciones de nivel socioeconómico muy bajo y bajo, especialmente comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes.
Por su parte, la cobertura de alcantarillado fue de 82,8% para el área urbana y de 14,3% para el área rural.
This survey found that lack of access to food or a nutritious diet, children dropping out of school or educational projects, and violence against children were the top three concerns for families across the surveyed countries.
Espinosa precisó que a seis días de haber comenzado la fase virtual de la implentación del Estatuto ya van 131 mil migrantes venezolanos que han creado su usuario y contraseña, 6.200 han adelantando su inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos  ( RUMV )  y 3.872 ? han diligenciado la encuesta de caracterización socioeconómica.
Children's lack of access to food or poor diet was reported by respondents as the top concern for most refugees and IDPs in Colombia  ( 67% ) , Venezuela  ( 56% ) , and Peru  ( 50% ) . This finding correlates with the main coping strategy adopted by respondents in these countries  ( i.e. cutting down on food or buying less nutritious food ) .
En América Latina y el Caribe se contabilizan 4,6 millones de refugiados y migrantes venezolanos. Colombia sigue siendo la nación suramericana que más ha recibido esta diáspora, con 1,7 millones de personas.
El director de Migración Colombia anunció que habilitarán un sistema de registro asistido, el cual empezará a funcionar a comienzos del próximo mes, con el fin de atender a los migrantes que no tienen acceso o conocimientos en tecnología. Debido al alto número de personas que intentan acceder a diario a la página de Migración Colombia, esta web ha presentado fallas constantes desde el 5 de mayo.La venezolana Carmen Cortez expresó su malestar porque no ha podido finalizar la primera fase virtual."No hemos podido cargar las fotos... Se ha hecho de todo y no las carga. Ayúdenos, cada día que pasa es un día menos en el calendario de la implementación del Estatuto", se quejó.
Also, communities are perceived to be less safe for children than before COVID 19, with 80% of respondents in Colombia, for example, worrying more about safety for children.
Casi todos los hogares  ( 85% )  manifestaron ser de nacionalidad colombiana y solo un 23% de ser de nacionalidad venezolana siendo un 7% de este total de ambas nacionalidades.
Los núcleos en donde ritmo se pierde el bosque natural con mayor en esta región, son en su orden los siguientes: el medio y bajo río Caguán en el de  partamento del Caquetá; sur del Meta occidente del Guaviare en la denominada carretera «Marginal de la Selva» y las denominadas «Sabanas del Yarí» en el de  partamento del Caquetá  ( Ideam, 16 de marzo de 2019; ver mapa 11 ) .
Respondents reported significant disruptions in Colombia  ( 33% ) , Peru  ( 24% ) , and Venezuela  ( 25% )  relating to access to medical treatment for cases of child violence and abuse, on top of already low access prior to COVID 19.
Despite these efforts, the region continues to be an epicentre of the pandemic. The Amazonas Department has recorded the highest number of deaths among Colombia's 32 departments, with more than 290 deaths per 100,000 inhabitants   a rate more than double the national average.
One reason for the spread is people commuting along the Amazon River. This resulted in the closure of the border and Leticia airport in the Colombian territory for over three months this year to help mitigate the spread. Following PAHO's warning, the Colombian Government prioritized vaccinations for people living in the Amazonas, Guainía and Vaupés Departments, creating the so called epidemiological wall.
Respecto al porcentaje de la población también en la zona rural con acceso a métodos de saneamiento adecuado, en el 2015 fue de un 72,8%. Como se observa, existe una diferencia considerable entre los valores de acceso presentados por esta fuente, y las otras mencionadas anteriormente. Al respecto, es importante mencionar, que la Gran Encuesta Integrada de Hogares proporciona resultados solo para algunos departamentos  ( ejemplo: no presenta para Chocó )  y algunos municipios.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares⁴  ( fuente de información de los indicadores del ODS6 ) , con un promedio de 73,3% en el 2019, Colombia todavía no alcanzaba la meta ODM 2018 de 76,6% de personas con acceso a agua potable en zona rural.
Los PDET incluyen la implementación de proyectos sectoriales en WASH de acueducto y alcantarillado para reducir el déficit de las necesidades básicas insatisfechas en estos territorios. Los municipios PDET comprenden el 24% de la población rural del país; 2,5 millones de víctimas; el 57% de la población rural pobre; 6,6 millones de personas en total; el 36% del territorio nacional; y el 45% del área de Parques Nacionales Naturales. Cabe resaltar que el Plan de Respuesta Humanitaria  ( HRP, 2020 ) , se identificaron y priorizaron 205 municipios, 119 de ellos siendo municipios PDET.
Este incremento de confinamientos ha generado una mayor necesidad en los sectores de PROTECCIÓN y SAN, disminuyendo el sector de Albergue. Las acciones y necesidades en el sector de WASH son transversales en todas las emergencias y al igual que las respectivas de los sectores SALUD y Violencias Basadas en Género  ( VBG ) , han permanecido constantes en todas las emergencias. Particularmente las necesidades en WASH son transversales, porque los municipios atendidos son a su vez los de mayor déficit en el sector de agua, saneamiento e higiene del país.
Las dinámicas de control territorial incluyen el uso de minas antipersonal  ( MAP/MUSE/EIA )  por parte de los actores armados como estrategia para evitar el avance de la fuerza pública. MIRE identificó la presencia de minas en el 42,8% de las emergencias evaluadas por confinamiento. Esta situación se evidenció en los departamentos de Nariño, Córdoba, Chocó, Antioquia y Cauca. Según el HNO⁷ para el 2021, se proyecta que 268.000 personas tendrán necesidades debido a la presencia de artefactos explosivos.
Riesgo de contraer infecciones debidas al mal funcionamiento y colapso de los rellenos de basura autoconstruidos para la disposición final de residuos, debido a la falta de especificaciones técnicas por lo cual no soportan los eventos de precipitaciones constantes e intensas.
Infraestructura de vivienda, productiva y de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento sin especificaciones técnicas necesarias para resistir a los impactos de eventos por amenaza natural y cambio climático.
Indigenous communities in rural areas often lack access to essential services. To reach the nearest medical centre, they sometimes must travel along rivers for several days. To access education, health care or jobs, many people leave their villages for peri urban areas, such as Leticia in the Amazonas Department.
The region has poor health services with no intensive care facilities.Medical Ministry International, which has a long standing presence in Amazonas, has been key in the pandemic response, reaching rural indigenous people with its medical boats and providing critical health services to communities since the pandemic began.
En 2020, según la fuente oficial, se registraron 6 víctimas de MAP, sin embargo, en la plataforma Monitor se registraron 32 eventos incluyendo otros artefactos explosivos, de las cuales 10 personas resultaron heridas entre ellos 4 menores de edad y dos militares fallecidos que cayeron en un campo minado, mientras realizaban labores de erradicación de cultivos de uso ilícito  ( Argelia ) .
The Amazon region was the epicentre of the first wave of COVID 19 infections in South America in 2020. But history repeated itself in less than a year: a second outbreak of the virus in December hit the region harder than the first.
77% of respondents reported being unable to meet food needs 71% of respondents reported being unable to meet rental needs 68% of respondents reported being unable to meet health care needs 69% of respondents reported being unable to meet education needs
Indigenous people in urban areas also face difficulties. Their most critical need is food   an estimated 59 per cent of people endure moderate or severe food insecurity.
Por último, la pandemia ha restringido fuertemente las remesas, una fuente de ingresos fundamental para muchos hogares de la región. La provisión de estos ingresos por parte de las trabajadoras y trabajadores migrantes depende en una mayor proporción de las mujeres. Estas tienden a enviar sumas superiores en comparación con los varones. Más importante aún, las mujeres también son las principales receptoras de remesas del extranjero en los países de origen. Por lo tanto, la restricción de los ingresos por remesas como consecuencia del COVID 19 tiene un impacto de género desproporcionado en las mujeres y los hogares dependientes de estas.15
• 16 community groups at four collection points indicated that activities to promote the security situation are a priority for the host community. At two sites in Vereda de Cájaros, data collection teams reported that the population does not have freedom of movement, given the current security conditions and the presence of armed actors. In three collection points, Alcaraván, La Esmeralda and Sector Urbano   Riberas, key informants reported that people who intend to move to another areas face barriers due to the security situation.
Overcrowding, the loss of informal jobs and lack of access to drinking water put them at greater risk of contracting COVID 19.
Los datos disponibles muestran que el trabajo doméstico no remunerado es la categoría ocupacional más impactada en varios países de la región, como Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.
Durante este período, también se evidencia un aumento significativo de la diferencia en la tasa de desocupación de las mujeres respecto a la de los hombres, de 5,4 a 9 puntos porcentuales. Asimismo, los datos muestran que las mujeres perdieron más empleos en sectores altamente feminizados impactados con fuerza por la crisis, como por ejemplo, en la actividad textil e indumentaria, que tuvo una contracción interanual del 28% y en donde los puestos de trabajo femeninos representaron el 80% de la caída en el empleo.
En América Latina, el 78% de los hogares monoparentales están encabezados por madres solteras, quienes asumen la responsabilidad del cuidado de niños, niñas y personas adultas. En general, estos hogares enfrentan la crisis de COVID 19 en condiciones de pobreza extrema, con ingresos limitados y precarios, y con una sobrecarga de las mujeres jefas respecto de las demandas del trabajo reproductivo y productivo, en caso de que puedan mantener su empleo.14
Estos grupos buscan el control territorial en parte para facilitar la recolección y el transporte seguro de la coca. Dominar determinado territorio también es lucra  tivo porque a menudo le permite a un grupo gravar toda la actividad económica de la zona que controla
Participación. Los datos desagregados por sexo sobre la cobertura de los programas son escasos, fragmentarios y poco sistemáticos. Las cifras disponibles muestran que las mujeres representan la mayoría del total de personas beneficiarias en todos los programas. Al respecto, el programa implementado por Ecuador alcanza la participación femenina más alta, cercana al 88% sobre el total de personas beneficiarias – el 45% son jefas del núcleo familiar y el 33% son madres de menores de edad. En Argentina, Colombia y Costa Rica, las mujeres representan el 56%, 57% y 53% del total de personas cubiertas por los nuevos programas, respectivamente.23
Las mujeres de América Latina dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.52 En la prepandemia, las mujeres dedicaban entre 22 y 42 horas semanales más que los varones a las tareas domésticas y de cuidados no remunerado, es decir, que ocupaban por día entre media y una jornada laboral completa más de su tiempo.53 Estas desigualdades se acrecentaban además en el caso de las mujeres afrodescendientes, indígenas y quienes vivían en los hogares más empobrecidos. Por otro lado, en 11 países de la región, antes de la llegada del coronavirus, las mujeres en situación de pobreza ya dedicaban casi dos horas diarias más al cuidado no remunerado que las mujeres de los estratos socioeconómicos más elevados.
En general, los cultivadores de coca tienden a ser jóvenes  ( un estudio encontró que el 40 por ciento eran menores de diecinueve años )  o económicamente desfavorecidos, por ejemplo, hogares encabezados por mujeres o ancianos66. Como grupo, la mayo  ría de los cultivadores de coca son migrantes que no son originalmente de las áreas que están cultivando y entre ellos hay muchas víctimas del conflicto que han sido objeto de desplazamientos interno67.
Los grupos armados a menudo imponen reglas a toda la población local, no solo a los cultivadores de coca, para garantizar que la actividad ilegal pueda llevarse a cabo sin obstáculos. Pueden presionar a los residentes para que informen unos de otros, señalando presuntos colaboradores del ejército u otros grupos83. En el Chocó, un departamento costero del Pacífico donde el ELN y el cartel Gaitanista están activos, una lideresa de la sociedad civil explicó: “Los grupos armados están imponiendo sus leyes, lo que dificulta la libertad de movimiento. No hay libertad de expresión. Con  trolan la economía; controlan el abastecimiento de alimentos. Pueden hacerlo por la falta de orden público'
Las medidas de aislamiento implementadas para enfrentar la pandemia han exacerbado estas desigualdades. El cierre de escuelas y espacios de cuidados ha aumentado la carga de trabajo doméstico y de cuidados de los hogares, que ha recaído de forma preponderante en mujeres y niñas. Entre ellas, el impacto ha sido aún mayor para las mujeres jefas de hogar y quienes se encuentran desocupadas o dependen de empleos precarios. El confinamiento ha implicado además una disminución del apoyo que recibían muchos hogares para realizar tareas de cuidado – a través de la contratación de trabajadoras de casas particulares, el apoyo de vecinos o la ayuda de familiares. Aumentaron así las horas dedicadas dentro de los hogares al cuidado de niños y adultos mayores, así como las horas empleadas en la limpieza, la cocina, la gestión de estos trabajos y la organización del hogar. El impacto del confinamiento ha resultado especialmente problemático además para las trabajadoras esenciales que continuaron sus tareas fuera del hogar.55
Las prolongadas campañas antinarcóticos han transformado la producción de coca, y ha hecho que los pequeños cultivadores sean tanto los pilares de su comercio y en sus principales víctimas11. La erradicación forzosa ha criminalizado a los cultivadores pobres, los ha desplazado a los márgenes del territorio colombiano y los ha llevado a ponerse del lado de los grupos armados locales. Los civiles tienden a estar en mayor peligro cuando varias bandas de narco  traficantes, al igual que los militares, luchan por el control del territorio.
a que es ilegal culti  var coca, los campesinos a menudo operan según las reglas de los actores violentos que controlan el comercio. En muchos casos, no pueden decidir a quién venderle y cuentan con pocas alternativas si la transacción resulta injusta. La coca pone a los campesinos en contacto directo con grupos armados, especialmente al momento de la venta. Las mujeres cuentan que hay más violencia sexual y doméstica, así como reclutamiento de menores, en las zonas de cultivos de coca17. En las tierras en disputa, los cultivadores corren el riesgo de enfrentar represalias si le venden a cierto grupo, en lugar de a su rival.
l gobierno cree que la coca más rentable se cultiva en terrenos más grandes, de entre 30 y 40 hectáreas, algunas de ellas localizadas en medio de zonas que están le  galmente fuera del alcance de la erradicación61. Las autoridades señalan importantes terrenos en resguardos indígenas de Nariño, así como en los límites de la selva ama  zónica en regiones del sur como Putumayo y Guaviare. Las relaciones entre estos grandes productores y los grupos armados son turbias y varían según la región. El ejército colombiano cree que los grupos armados tienen el control directo de algunos terrenos, mientras que otros son empresas privadas gravadas ilícitamente por estos grupos.
El grupo disidente de las FARC Frente 1 mantiene un “control total' sobre el cul  tivo y procesamiento en el departamento del Guaviare, de acuerdo con declaraciones militares.
El impacto en la salud pública también puede ser alarmante. Las mujeres pueden sufrir abortos espontáneos; provoca diarrea en los niños; y los investigadores han documentado lesiones cutáneas e infecciones respiratorias179. A largo plazo, la Orga  nización Mundial de la Salud considera al glifosato como un posible carcinógeno180. Estos efectos adversos, junto con la devastadora pérdida de cultivos alimenticios y medios de subsistencia, pueden desencadenar una crisis humanitaria afectando a muchos campesinos que no se dedican a cultivar coca. “Un avión de fumigación puede erradicar quizás 1000 hectáreas, pero detrás de esas hectáreas hay 10 000 campe  sinos y sus familias', dijo un cultivador181.
En estos sectores se han presentado las más altas cifras dereclutamiento de menores de edad, en los últimos días, por parte de la guerrilla colombiana, grupo armado que tiene fuerte injerencia en el departamento.
Niños, Niñas y Jóvenes en Conflicto Armado: La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia  ( COALICO )  informa que, la cuarentena y la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación desde el 16 de marzo de 2020 ha incidido en el aumento de los casos de reclutamiento forzado.
La alternancia no es solo plantear cuáles niños van cuáles días. Detrás hay un trabajo complejo con las instituciones, de recursos y de adecuaciones. Hay que pensarlo de forma pedagógica para que estos espacios permitan suplir las carencias generadas por la emergencia.
En junio, julio y agosto se realizaron prácticas con alternancia en instituciones de educación superior. Fueron en ese momento 154. A partir de agosto se ha venido dando un inicio gradual del proceso de alternancia. Ya son más de 30 establecimientos que ya trabajan con presencialidad en laboratorios.
Los protocolos son para reducir los riesgos que haya. Cabe mencionar que han salido varios estudios y recomendaciones de la OMS, Unicef y la Unesco sobre el impacto en el desarrollo emocional, cognitivo y nutricional por el aislamiento. Si bien se han hecho esfuerzos por la educación en casa, ya hay un llamado y un momento de implementar estos protocolos con todas las medidas de bioseguridad para realizar un retorno con alternancia.
La ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, anunció, este martes 16 de febrero, que el 59% de las Secretarías de Educación en el país adelantan en el retorno a clases bajo el modelo de la alternancia educativa.
Para el departamento del Cauca se reportan un total de 27.540 casos confirmados, 753 muertes, 294 hospitalizados, 55 en Unidad de Cuidados Intensivos con un porcentaje de ocupación del 32,4 por ciento, 54 pacientes en casa, 26.404 recuperados.
Por su parte, el indicador de pedidos a proveedores se ubicó en  11,3%, con un incremento de 54,6 pps frente a abril del año pasado.
• El 19 de febrero de 2021, se levanta el toque de queda. Los establecimientos públicos como bares y restaurantes podrán laborar.
Se requiere fortalecimiento de estrategias de difusión sobre los protocolos de bioseguridad útiles para prevenir el contagio del COVID 19 en toda la población Caucana, ya que a pesar de que los casos han disminuido, podría presentarse un nuevo pico de contagios debido a que la población está optando por no usar tapabocas.
Fortalecimiento de la red hospitalaria, con el fin de dar respuesta a pacientes que presentan diagnósticos de alta complejidad y que sean remitidos de otros municipios y/o departamentos; evitando que la capacidad de hospitalización sea limitada.
En la medición de abril, el indicador de demanda actual del sector comercio registró un balance de 46,6%, que representa un aumento de 57,3 pps frente al mismo mes un año atrás.
En la actualidad hasta marzo del año en curso se han notificado un total de 1.097 casos sospechosos de violencia de género en la población proveniente de Venezuela; donde la violencia física fue notiﬁcada con un total de 548 casos, psicológica 39, negligencia y abandono 248 y violencia sexual 262 casos. Se observa que 865 son víctimas mujeres y 232 hombres.
La caída en la confianza de los consumidores frente al mes pasado obedeció principalmente a una disminución de 32,9 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor y a una caída de 7,7 pps en el Índice de Condiciones Económicas.
Desde el CICR hacemos un llamado al respeto de la Misión Médica en toda circunstancia, a que se permita que el personal de salud lleve a cabo sus actividades para salvar vidas y que los insumos médicos vitales lleguen a donde se necesiten.
En las últimas dos semanas se han reportado más de cien afectaciones contra la Misión Médica en distintos lugares del país, entre las que se encuentran lesiones personales, amenazas y ataques contra el personal de salud, así como agresiones a vehículos sanitarios. Es particularmente preocupante la obstaculización al paso de ambulancias  ( que ya han ocasionado la pérdida de al menos una vida humana )  y el bloqueo del tránsito de insumos médicos vitales.
Esta situación no solo resulta difícil para los trabajadores sanitarios que enfrentan serias limitaciones y riesgos para el desarrollo de su labor, especialmente en el contexto actual del tercer pico de la pandemia por COVID 19, sino también para las comunidades y pacientes que no pueden acceder a los servicios de salud.
World Vision's survey found that across all eight countries, 73% of respondents reported experiencing a drop in income in the last 12 months. The top three reported reasons for income reduction within this survey were job loss, decline in revenue for small business owners, and salary decrease. Respondents who had experienced income losses were significantly more likely to be women  ( 64% compared to 36% men ) .
Women represented a large proportion of the survey's respondents and many of the households, particularly in Venezuela, Peru, and Colombia, were headed by women. Women refugees have generally been more heavily affected by disruptions to livelihoods,66 primarily due to the industries in which they work in.
En marzo, las ventas reales del comercio minorista registraron una variación de 20,1% respecto al mismo mes de 2020. Excluyendo las ventas de combustibles el crecimiento real del comercio minorista se ubicó en 9,7%, mientras que la variación anual de las ventas excluyendo vehículos se ubicó en 15,7%.
Casi todos los hogares  ( 85% )  manifestaron ser de nacionalidad colombiana y solo un 24% de ser de nacionalidad venezolana.
Este mes la inflación mensual fue de 0,59%, superior a las expectativas de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo  ( 0,35% ) .
Hasta el 8 de marzo se han tomado 78.621 muestras, de las cuales 51.081 se reportan negativo para un total de 403 casos activos; los municipios que más presentan casos son: Popayán 19.494, Santander de Quilichao 1.695, Puerto Tejada 663, Timbío 542 y Piendamo 536
Por último, también será necesario un acercamiento dentro del gobierno  ( especialmente a nivel local )  para que los funcionarios comprendan cuáles son los derechos que cobijan a los beneficiarios de esta medida y garantizar que las reglas se apliquen consistentemente. Las lecciones del PEP muestran que esta no será una tarea fácil. Aunque el gobierno declaró que los migrantes con PEP podían, por ejemplo, acceder a productos y servicios financieros, los bancos continuaron exigiendo tarjetas de ciudadanía o pasaportes y prueba de un historial crediticio para abrir una cuenta bancaria.
Los migrantes en situación irregular tendrán un camino más difícil. Tendrán que demostrar que estuvieron en Colombia antes del 31 de enero, y no queda claro, qué tipo de documentos podrán usar o cuáles son los mecanismos y dispositivos de verificación que utilizará el gobierno al momento del proceso de preregistro que se realizará en línea. Se necesitará una estrategia masiva y personalizada de comunicación y divulgación para garantizar que los migrantes conozcan los requisitos y tengan los conocimientos técnicos y prácticos para poder aplicar. Los funcionarios del gobierno también deberán evitar el fraude inevitable de "intermediarios" que cobran para entregar permisos. Todo esto deberá además hacerse siguiendo los protocolos para evitar el contagio del COVID 19.
A fines de 2020, el 56 por ciento de los venezolanos recién llegados se encontraban en situación irregular, lo que limitaba su acceso a servicios como educación, atención médica y servicios financieros y lo que es más importante, los mantenía fuera del mercado laboral formal.
Sin embargo, tanto las rondas que se abrieron del PEP, como sus sucesivos procesos de renovación, representaban una barrera práctica para los migrantes regulares, ya que a éstos no se les permitía un camino hacia la residencia permanente. Así mismo, la población venezolana es cada vez más manifiesta de su intención de permanencia en Colombia, por lo que las rondas discontinuas y esporádicas del PEP dejaron a cientos de miles de migrantes venezolanos en situación de irregularidad y con limitadas fuentes de acceso a servicios básicos o empleo formal, hecho que se manifestó en un sentido amplio de frustración, malestar y descontento tanto dentro de la población migrante, como de las mismas comunidades de acogida.
El EPTV permite el acceso a servicios y empleo y crea una vía para que los beneficiarios hagan la transición hacia la residencia permanente  ( donde, además, el tiempo que ya pasaron en el país se tomaría en cuenta para el requisito de residencia de cinco años ) .
Las encuestas de opinión públicarealizadas en septiembre de 2020 revelaron que más de la mitad de los colombianos creen que los venezolanos reducirán las oportunidades laborales para la población local y afectarán la economía. En este entorno, anunciar nuevas inversiones para los recién llegados en un momento de precariedad económica, sin articular el beneficio a largo plazo para la sociedad, podría agravar los problemas existentes.
También, se observaron restricciones en la movilidad que mantienen algunas comunidades para acceder a cultivos después de las 6:00 p.m. por miedo a ser violentados por parte del GDO, en particular en las comunidades de Mesopotamia, Napipí, Carrillo y Aburibidó  ( Bojayá )  e Isla de Los Rojas  ( Murindó ) .
El nuevo Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos  ( EPTV ) , reemplazará al actual Permiso Especial de Permanencia  ( PEP ) , cuya duración era de dos años, y beneficiará a aproximadamente 1.7 millones de migrantes venezolanos dentro de los cuales se incluye a casi 1 millón de migrantes en situación irregular, toda vez que puedan demostrar que su ingreso al país fue antes del 31 de enero.
La emisión del EPTV requerirá un esfuerzo logístico enorme. En una primera fase, que comenzaría en abril, los migrantes deberán mostrar documentos para comprobar su elegibilidad. Teóricamente, alrededor de la mitad de ellos y quienes hoy están en condición regular, podrán hacerlo, incluidos los migrantes que ingresaron a Colombia con pasaporte, los que ya tienen un PEP, los solicitantes de asilo y quienes estén tramitando o tengan una visa otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, existe la posibilidad de que no estén al tanto de los pasos que deben seguir o de los plazos  ( por ejemplo, quienes no cuentan con acceso fácil a telefonía celular o Internet ) .
En Colombia, predomina una narrativa positiva por parte del gobierno nacional en torno a la recepción de los migrantes venezolanos. Sin embargo, esta narrativa oculta algunas señales de tensión que se ven en algunos momentos y en algunas partes del país. Si bienlas encuestas muestranque la mayoría de los colombianos están de acuerdo con que los migrantes accedan a servicios esenciales como salud y educación, la situación se complejiza cuando se les pregunta si están de acuerdo con que tengan acceso a un empleo.
Encuestas recientesmuestran que tan solo el 43 por ciento de los colombianos cree que facilitar la integración de los migrantes beneficia a Colombia de manera amplia. Cambiar esta percepción será un factor determinante para lograr la aceptación necesaria para implementar la regularización. Implementar esta medida será aún más difícil en el contexto de la pandemia, donde las personas pueden estar compitiendo por recursos y trabajos escasos y en donde existen menores oportunidades para realizar conexiones sociales. Sin embargo, para lograr una reforma política ambiciosa, las personas deben creer que dichas medidas están sirviéndoles a sus mejores intereses.
De 19.009 mujeres y hombres atendidas por MIRE, 12.342 personas se encuentraban incluidas en el RUV, de estas el 21,8%  ( 2.689 personas )  ha sufrido un hecho victimizante por primera vez en el 2020, mientras que el 78,2%  ( 9.653 personas )  sufrieron revictimización¹.
La ocurrencia cíclica de doble afectación  ( eventos asociados a desastres naturales y violencia armada ) , impiden el ejercicio de las actividades económicas de las comunidades, sumado a los vacíos históricos relacionados con el acceso óptimo a servicios de salud especialmente en niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Protección: De manera general, se conoce sobre la presencia de GAO/GDO en las comunidades visitadas y sobre las cuencas de los ríos Atrato, Napipí y Opogadó  implicando riesgos en el libre tránsito de las comunidades . Existe debilitamiento del ejercicio de gobernabilidad de las estructuras organizativas comunitarias y temor constante en la población, ante la presencia constante de un GDO en su territorio.
la fecha Colombia reporta 3.432.422 casos  ( 25.966 casos nuevos en las últimas 24h )  con un incremento nacional del 0,4% en las últimas 24h y 89.297 defunciones  ( 523 en las últimas 24 Horas )  con un aumento nacional del 0,6% en las últimas 24h.
Salud: Este sector fue el más priorizado por las comunidades visitadas, principalmente por su carácter intersectorial dadas las afectaciones en agua y saneamiento básico.
Se destaca la necesidad de activar las rutas de protección, atención y reparación frente a limitaciones en la atención sobre un caso que denunció la comunidad de Mesopotamia  ( ataque contra un civil por parte de un grupo armado )  en octubre del 2020.
Tambien se informó sobre la falta de herramientas para la transformación de productos como la caña, desabastecimiento alimentario por cuenta de las inundaciones recurrentes  al menos tres en el año , que obliga a las comunidades a adquirir deudas por la compra de alimentos, sumado a las restricciones en la movilidad para acceder a cultivos por parte de los GAO/GDO. Esta situación se traduce en un nivel bajo de ingresos que, a su vez, recae en necesidades de vivienda, comunicaciones y especialmente, en seguridad alimentaria y nutricional.
se evidencian limitaciones para acceder a varios servicios como: medicamentos, cirugías, atención por mordedura de serpiente – en Mesopotamia se denunció la muerte de un hombre por la no atención de las Entidades Prestadoras de Salud  ( EPS )  correspondiente , atención psicosocial a personas que han sido víctimas por los desplazamientos y confinamientos; falta de sensibilización sobre el acceso a servicios de Salud Sexual y Reproductiva  ( SSR ) , Interrupción Voluntaria de Embarazos  ( IVE ) , rutas de atención a casos de VBG y sensibilización sobre abuso y violencia sexual  se percibe la normalización de Violencia Sexual al interior de las comunidades .
También, se encontró que en pocas viviendas de las comunidades visitadas existen baños o duchas, por lo que recurren a los ríos y quebradas para bañarse.
Se conoce que en comunidades como Napipí y Bocas de Opogadó  ( Bojayá )  se recurre a pozos sépticos  en algunos casos defecación a campo abierto  y al río para la disposición de excretas; esta situación genera focos de contaminación que a su vez facilitan cuadros de enfermedades prevenibles  EDA, IRA, afecciones en la piel, intoxicaciones .
Al 1 de junio, del total de las 13.017 camas de UCI, el 85,9%  ( 11.180 )  están ocupadas con una disponibilidad a nivel nacional del 14,1%  ( 1.837 ) . En comparación con las últimas 24 horas el porcentaje de disponibilidad disminuyó en un 6,04% y el número de camas disponibles en 6,08%, y en los últimos 7 días con una tendencia a la disminución de la disponibilidad
Las comunidades de Carrillo y Amburibidó fueron desplazadas en el 2019  ( 45 personas, 22 familias ) , en Napipí y Mesopotamia se han venido presentando desplazamientos individuales desde el mismo año, incluso se informa que Napipí redujo su población de 1.100 personas a 815 y Mesopotamia de 400 a 90 personas aproximadamente3, tanto por dinámicas de seguridad del contexto como por falta de oportunidades de desarrollo socioeconómico en sus comunidades.
Las comunidades que habitan en zona rural de los municipios de Bojayá  ( Chocó ) , Murindó y Vigía del Fuerte  ( Antioquia ) , ubicadas sobre la cuenca del río Atrato  parte baja  y algunos de sus afluentes, principalmente los ríos Bojayá, Opogadó y Napipí, comprenden en su mayoría población afrodescendiente e indígena que ha sido históricamente víctima por situaciones enmarcadas en la violencia y el conflicto armado. Entre estas se destacan afectaciones como: restricciones en la movilidad, confinamientos, desplazamientos masivos e individuales, y otras afectaciones por eventos de origen natural como: inundaciones y vendavales, configurando en algunas ocasiones una doble afectación que se perpetúa de manera crónica. De aquí que, durante el periodo de aislamiento obligatorio en 2020, la ausencia de presencia institucional y de las organizaciones humanitarias propició el escenario para el fortalecimiento de las formas de control territorial por parte de Grupos Delincuenciales Organizados  ( GDO )  y Grupos Armados Organizados  ( GAO ) , a través de amenazas, instalación de minas antipersonales –MAP , reclutamiento forzado, uso y utilización de menores en economías ilegales, violencia sexual en menores, debilitamiento de las estructuras organizativas étnicas, restricciones a la movilidad, ocupación y uso de bienes civiles,.