nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Casi la mitad de los encuestados  ( 52% )  dijeron que se acostaron con hambre de 1 a 2 noches por semana, el 23% dijo que se acostó con hambre de 3 a 5 noches a la semana y el 8% dijo que se acostó con hambre todas las noches.
El 84% de los encuestados dijeron que actualmente no tenían ingresos.
El pueblo Wayúu afectado por la agudización de la emergencia ante la carencia de agua y la situación de desnutrición.
El 52% por ciento de los encuestados dijeron que se sentían inseguros al acceder a los alimentos.
El 10% dijo que la comida que tenían no era apropiada y carecía de diversidad.
El 85% permanece en su propia casa durante la cuarentena, con sus dos padres, con alguno de ellos o con algún familiar. Por otro lado, uno de cada cuatro no vive con parientes.
60% adoptó más de tres medidas de distanciamiento físico.
Como consecuencia de la crisis profundizada por el COVID 19, alrededor del 70% ha tenido que buscar un lugar más económico para vivir, o está en riesgo de ser desalojado por falta de pago de alquileres.
Los pueblos en frontera binacionales y transfronterizos  ( Bari y Yukpa, especialmente ubicados en Norte de Santander y los pueblos Amorúa y Sikuani en el Vichada )  quienes enfrentan situaciones de alta desprotección por su condición de movilidad.
El 31% dijo que no tenía suficientes materiales o espacio para preparar la comida.
Los pueblos en la frontera con Brasil y pueblos en aislamiento voluntario, que al no haber estado expuestos a “occidente' su organismo es aún más vulnerable frente al COVID 19.
En coordinación con el Hospital Eduardo Arredondo en Valledupar, se ha brindado atención en salud a mujeres gestantes y lactantes.
más de cuatro de cada diez hogares migrantes  ( 41.4% )  tienen un consumo de alimentos pobre o limitado en comparación con dos de cada diez hogares de acogida  ( 22% ) . El consumo pobre o limitado de alimentos es más elevado entre los hogares migrantes que residen en Arauca, Norte Santander y Nariño, comparado con los otros departamentos evaluados.
El 70% de los hogares migrantes tiene niveles de inseguridad alimentaria severa o moderada durante los primeros tres meses de su llegada, y luego de tres a seis meses, esta proporción disminuye ligeramente al 61%. Después de seis meses de permanencia, y hasta más de un año después, la inseguridad alimentaria severa o moderada se establiliza en niveles altos  ( 47 50% ) .
El GIFMM está complementando la respuesta de las autoridades locales en el Centro de Atención Sanitaria COVID 19, ubicado en el puente internacional Las Tienditas, con dotación, kits de higiene, alimentación, activación de un espacio protector para NNA, asegurando la implementación de medidas de prevención del COVID 19, como acceso a salud, agua, saneamiento, así como acciones de protección y orientación.
Del total de 43.925 camas hospitalarias para adultos, el 35,3%  ( 15.492 )  se encuentran ocupada por pacientes con COVID 19. Es así como los departamentos que reportan ocupación de cama hospitalaría en adultos entre el 47,0% y 100,0%, fueron Caquetá  ( 100,0% ) , Guainía  ( 100,0% ) , Medellín  ( 88,1% ) , Putumayo  ( 86,0% ) , Cauca  ( 66,0% ) , Bogotá D.C  ( 60,1% ) , Cesar  ( 57,0% ) , Santander  ( 54,0% )  y Cundinamarca  ( 47,0% ) .
The pandemic has shown an increase in gender based violence in Nariño, where 1,268 requests for information and protection were reported between the months of March and June 2020. Limited access to internet has made it even more difficult for women to access or seek support. According to data from the National Administrative Department of Statistics, only 17 per cent of homes in Nariño have internet coverage
Casi la mitad de los encuestados  ( 48% )  dijeron que no estaban satisfechos con su alojamiento actual  ( 51% mujeres y 45% hombres ) .
Estas condiciones de hacinamiento son preocupantes, teniendo en cuenta que el 60% de las personas mayores cuidan al menos a un niño.
el 32% de los encuestados dijo que su alojamiento no tenía suficiente espacio.
Las personas con discapacidad también parecen estar experimentando mayores desafíos de salud que sus pares, con un 60% que informa de al menos una condición. Las dos condiciones más comúnmente reportadas son la hipertensión  ( 31% )  y los problemas gastrointestinales  ( 20% ) .
Las tasas de personas mayores que informan de dolores y molestias en las articulaciones aumentan con la edad, llegando a alcanzar el 73% de las personas mayores de 80 años.
El 35% de los encuestados  ( 37% hombres y el 32% mujeres )  dijeron que no se sentían seguros de ir a un centro de salud. Sus temores pueden verse exacerbados por la falta de apoyo a las personas mayores, ya que el 19% de los encuestados  ( 24% hombres y el 15% mujeres )  dicen que no tenían a nadie que les ayudara a acceder a los servicios.
Alrededor del 15% de las mujeres y los hombres mayores destacaron las actitudes negativas de los proveedores de atención médica.
La distancia a los centros de salud era un problema para el 11% de los encuestados  ( más hombres que mujeres ) .
Las autoridades venezolanas limitaron en julio la cifra de personas que podían cruzar los pasos fronterizos y, en algunos puntos, solo se permite el acceso algunos días de la semana. Esta presión genera aglomeraciones en las fronteras de Brasil y Colombia y, por tanto, mayor riesgo sanitario   hasta el 25 de agosto había unos2.700 venezolanos esperando en la ciudad colombiana de Cúcuta.
De acuerdo con la proporción de casos activos en relación con el total de casos reportados por cada departamento, se evidencia que los 10 territorios con mayor proporción de casos activos son: Quindío 27,9%, Casanare 25,3%, Caldas 22,1%, Guaviare 20,8%, Vichada 20,4%, Boyacá 19%, Arauca 18,9%, Huila 17,1%, San Andrés 15,1%, Risaralda 15%, Cauca 14,7%, y Guainía 13,4%. Con relación al total de casos activos del país la mayor proporción de estos casos están en Bogotá 29,5%, Antioquía 15,3%, Valle 8,4%, Santander 5,1% y Cundinamarca 3,9%.
De las 2.543 encuestas a nivel nacional, el 78% de los entrevistados son mujeres y el 22% restante hombres  ( cuatro personas se identifican como otro ) .
En relación con los casos de COVID 19 por regiones, la región Andina concentra el 62,7% de los casos  ( 555.906 )  y el 53,3% de las defunciones  ( 14.587 ) , la mayor proporción de casos graves y fatales se presentan en la región del Pacifico con el 6,3% y la región Caribe con el 5,8%.
En promedio, la persona entrevistada tiene 33 años.
Hemos comprado menor cantidad de productos de los que usualmente comprabamos 57%
Estamos comiendo menos veces en el día 48%
Acudimos a ayuda de familia y/o amigos 40%
El 79% de todos los entrevistados se encuentra entre los 25 y 50 años, esto es, población económicamente activa; así mismo, el 19% está entre los 18 y 25 años y un porcentaje menor corresponde a adultos mayores de 60 años  ( 2%, ver gráfica 1 ) .
Pedimos dinero prestado 26%
Las autoridades locales no nos dejan acceder a esa zona 27%
La tienda o mercado estaba cerrado 22%
Proporción de los encuestados que reportaron dificultades para reabastecerse: Sí 52%  ( 38 )
Los centros médicos en La Guajira suelen estar a gran distancia de las comunidades indígenas y acceder a ellos resulta costoso para muchos wayuu, que en algunos casos deben viajar varias horas para recibir atención médica. Muchos niños y niñas enfermos no sobreviven el viaje o experimentan una recaída después de abandonar el centro de atención.
Solamente 3 de los 16 hospitales de La Guajira ofrecen atención en salud especializada para manejar casos complejos de desnutrición aguda. La Alta Guajira, una región del norte del departamento donde vive la mayor cantidad de población wayuu, tiene solamente un hospital que ofrece atención básica. Los niños que requieren atención más especializada deben ser transportados a Riohacha, la capital de La Guajira, lo cual suele requerir un viaje de varias horas desde las comunidades, siempre y cuando las condiciones de la carretera permitan la circulación.
La corrupción gubernamental generalizada en La Guajira, especialmente en los contratos públicos y su ejecución, también está menoscabando los proyectos hídricos, los programas de alimentación escolar y los servicios de salud en el departamento. A través de 14 auditorías oficiales de programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que se perdieron 30.000 millones de pesos colombianos  ( aproximadamente USD 10 millones )  como consecuencia de la corrupción o una administración deficiente de los recursos. A pesar de los esfuerzos significativos de algunos funcionarios, en general las autoridades han logrado muy pocos avances para que los funcionarios corruptos de La Guajira rindan cuentas por sus delitos, lo cual prácticamente garantiza que continúe la corrupción, señaló Human Rights Watch. Un obstáculo importante es la cantidad limitada de fiscales, jueces e investigadores con que cuenta el departamento para perseguir la corrupción.
Los riesgos de seguridad que enfrentan los fiscales e investigadores también han menoscabado su capacidad de investigar delitos. Varios fiscales manifestaron a Human Rights Watch que han recibido amenazas por llevar a cabo investigaciones en la región. En 2016, al menos seis fiscales y cuatro investigadores que manejaban casos de corrupción en La Guajira fueron transferidos a Bogotá porque su seguridad estaba en riesgo, según señalaron los fiscales.
Numerosas investigaciones se llevan a cabo en Bogotá, donde hay muchos más fiscales e investigadores, algunos de los cuales se especializan en investigar la corrupción. De hecho, muchos de los casos en que la Fiscalía de la Nación ha logrado avances sustanciales contra la corrupción en La Guajira han sido investigados por la Unidad Nacional Anticorrupción basada en Bogotá. No obstante, como regla general el derecho colombiano obliga a los fiscales en Bogotá a presentar estos casos ante los tribunales de La Guajira, que también son escasos y enfrentan importantes demoras y problemas por la carga de trabajo atrasado.
El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene la responsabilidad de supervisar el trabajo de los jueces en todo el país, señaló que solo hay seis juzgados en La Guajira que se pueden ocupar de casos de corrupción. Al mes de junio, los juzgados manejaban un promedio de 1.000 casos y tenían solamente entre tres y cinco funcionarios cada uno. El departamento tiene un tribunal con dos salas penales, cada una con dos funcionarios, incluyendo al juez. Debido a la abrumadora cantidad de casos, las audiencias de casos de corrupción son programadas aproximadamente cada siete meses, lo cual causa demoras significativas, según señalaron fiscales, autoridades de la Fiscalía y un funcionario de la Procuraduría a Human Rights Watch.
La Procuraduría, que está a cargo de llevar adelante investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos, ha logrado avances muy limitados  si es que alguno  en la investigación de hechos de corrupción en La Guajira. La Procuraduría informó a Human Rights Watch que ha iniciado 92 casos de corrupción en La Guajira desde 2016. Dos funcionarios gubernamentales han sido acusados, pero ninguno ha sido sancionado en procedimientos disciplinarios hasta el momento. Una razón clave que explica las demoras es la falta de personal suficiente. Un funcionario de la Procuraduría manifestó en marzo a Human Rights Watch que solo había un procurador a cargo de los casos de corrupción. Al mes de marzo, tenía aproximadamente 1.000 casos bajo su cargo, así como varias otras tareas
El 50% solicita dinero prestado para alimentos o bienes básicos.
Al 7 de octubre, el 58,5%  ( 6.292 )  de las UCI están ocupadas a nivel nacional. Del total de las 10.752 camas de UCI, se encuentran: 2.096  ( 19,5% )  casos confirmados, 938  ( 8,7% )  pacientes sospechosos y 3.258  ( 30,3% )  casos no COVID 19. Los territorios que han reportado ocupación de UCI entre el entre el 66,0% y 84,0% fueron en Quindío  ( 84,0% ) , Antioquía  ( 73,0% ) , Valle del Cauca  ( 71,0% ) , Cauca  ( 71,0% ) , Santander  ( 71,0% ) , Huila  ( 70,0% ) , San Andrés  ( 69,0% ) , Medellín  ( 67,0% )  y Casanare  ( 66,0% ) .
Por ejemplo, en dos investigaciones relacionadas con programas del ICBF llevadas a cabo en 2015 y 2016, los investigadores determinaron que funcionarios de gobierno y empleados de un proveedor de salud privado se apropiaron indebidamente de aproximadamente 3.712 millones de pesos  ( cerca de USD 1,2 millones )  destinados a planes para proporcionar alimentos y atención médica integral a más de 28.000 niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas o lactantes en 2015. Los fiscales comprobaron que se habían utilizado facturas falsas, inventado nombres falsos y realizado pagos de alquileres por el doble del valor real. Al mes de marzo, la Fiscalía había acusado a 17 personas, incluyendo funcionarios de alto rango del ICBF, algunos de los cuales actualmente están a la espera de un juicio.
En 2017, el entonces alcalde de Riohacha, un municipio de La Guajira, y su entonces secretaria de educación fueron imputados en otro caso por la apropiación indebida en 2016 de más de1.000 millones de pesos colombianos ( USD 385.000 )  de un plan para alimentar a más de 16.000 niños y niñas de escuelas en comunidades rurales e indígenas de Riohacha. La Fiscalíacomprobóque se les había pagado dos veces a algunos contratistas y que había sobrecostos en el transporte. Algunos alimentos no habían sido entregados y otros no eran “aptos para el consumo humano' o eran de “mala calidad', según los fiscales a cargo del caso. La Fiscalía informó a Human Rights Watch que el exalcalde y la exsecretaria fueron imputados y enviados a prisión preventiva en febrero de 2017. Otras personas todavía están siendo investigadas como parte del caso.
Un obstáculo fundamental es la cantidad limitada de fiscales que se ocupan de la investigación y el procesamiento de casos de corrupción en La Guajira y el número excesivo de casos que tienen a su cargo, según manifestaron los fiscales a Human Rights Watch. De los 47 fiscales que actualmente trabajan en La Guajira, solamente dos se encargan de casos de corrupción de funcionarios públicos, ambos de ellos en Riohacha. Cada uno tiene más de 400 casos a su cargo, según señaló la Fiscalía
Hasta el 8 de octubre, el Instituto Nacional el procesamiento de 3.550.223 pruebas de RT PCR en 119 laboratorios adjuntos para diagnóstico de COVID 19, con un incremento de 23.264 en las últimas 24 horas. A la fecha 906.579 muestras han arrojado un resultado positivo; sin embargo, este dato incluye segundas pruebas o más, a casos activos que aún no se recuperan. La capacidad máxima declarada por el INS es de 54.681 muestras/día.
Se mantiene la medida de aislamiento preventivo a nivel nacional hasta el 30 de agosto de 2020, según el Decreto 1076 del 28 de julio2 manteniendo hasta el momento las excepciones establecidas desde su emisión.
La proporción de positividad es de 24,9%, donde la entidad territorial que presenta la mayor positividad es el departamento de Caquetá con el 50,1%, seguido de Magdalena con el 42,8% y Atlántico con el 35,4%. Ciudades que presentan mayor número de casos como Bogotá tienen una positividad del 23,6% Cartagena de 18,1% y Barranquilla del 16,2%.
El director de Migración Colombia informa que la cifra de ciudadanos venezolanos en Colombia descendió respecto al mes anterior. Sin embargo, en Nariño se evidenció un leve aumento, puesto que para mayo había 13.613 venezolanos y en junio pasaron a ser 13.826 refugiados y migrantes en el departamento
Se realiza la entrega de transferencias monetarias en Cali y de bonos alimentarios en Palmira,
Las comunidades indígenas del Cauca continúan estableciendo puntos de control COVID 19 para evitar el ingreso de personal externo a sus resguardos. Se han presentados bloqueos de carreteras entre municipios. Por su parte, se sabe que, en el Cauca, los GAO también han establecido puestos de control COVID 19. Durante la pandemia en Colombia, dicha dinámica se ha reconocido también en Norte de Santander.
El presidente Iván Duque, manifestó que tiene diseñada una política para que “una eventual vacuna  ( contra la COVID 19 )  pueda ser distribuida lo más rápido posible en Colombia, empezando por los sectores de mayor vulnerabilidad'. También explicó que, ante una vacuna contra la COVID 19 se desarrollaría un plan ampliado de inmunización que hace parte del Plan Nacional de Vacunación; este plan tiene diferentes componentes que incluye: estrategia de acceso, planeación, adquisición, distribución, bodegaje, aplicación, seguimiento, evaluación y apoyo tecnológico3. Igualmente se destacó la experiencia de Colombia en la aplicación masiva de vacunas, priorizando las personas con mayor factor de riesgo como: los trabajadores de la salud, mayores de 60 años, personas con comorbilidades4, según lo explicó el Ministro de Salud.
Las Administradoras de Riesgos Laborales  ( ARL ) , las Entidades Promotoras de Salud  ( EPS )  y entidades gubernamentales, conjuntamente construyeron una nueva alternativa con el fin de beneficiar a los trabajadores colombianos que tengan su contrato y que estén incapacitados por la COVID 19; estos recibirán un recurso económico o Ingreso Solidario cuando tengan que aislarse, el Ministro de Trabajo indico que de concretarse la propuesta los fondos utilizados para este fin saldrían de Fondo de Riesgos Laborales y de las ARL
El 8.4% de los respondientes de la encuesta3 de las cuatro zonas monitoreadas tiene algún tipo de discapacidad
Las afectaciones humanitarias en el Departamento se presentan como resultado de tres principales dinámicas: conflicto armado, flujos migratorios mixtos y desastres naturales.
En este contexto, es necesario que la acción humanitaria continúe para establecer procesos duraderos de reducción de brechas, a través de la creación de capacidad de resiliencia local, tanto en las comunidades, como en las instituciones.
La población continúa presentando altos niveles de necesidades básicas insatisfechas  ( NBI )  y, algunos grupos específicos como mujeres, niños, niñas y adolescentes  ( NNA ) , comunidades indígenas, y refugiados, retornados y migrantes, viven en condiciones de particular vulnerabilidad, acentuadas por el fuerte control de grupos armados.
En Bogotá se reportaron desalojos en la localidad de Santa Fe. De acuerdo con un punto focal de protección de DRC en dicha localidad, se desalojó a en promedio de 30 personas de un inquilinato donde se pagaba por día.
El Covid 19 podría ser transmitido fácilmente dentro de las comunidades wayuu, muchas de las cuales carecen de acceso a un suministro continuo y suficiente de agua que les permita seguir las pautas básicas de higiene para prevenir la propagación del virus. Si se contagian, muchos wayuu no tendrán acceso seguro a un hospital.
Por otra parte, los NNA siguen siendo violentados sexualmente y maltratados al interior de los hogares; en 2019 se presentaron 293 casos de presunto delito sexual y 129 casos de violencia intrafamiliar y de enero a junio de 2020, se presentaron 118 casos de presunto delito sexual y 49 casos de violencia intrafamiliar8
A su vez, profesionales médicos, funcionarios y residentes locales afirman que las medidas de aislamiento en Colombia, que comenzaron en marzo y continúan al menos hasta el 30 de agosto, así como otras restricciones a la movilidad, limitan gravemente el acceso de los wayuu a alimentos.
20% de ICs reportaron que ellas o mujeres dentro de su grupo se encontraban viajando en estado de gestación o lactancia8.
Hay una gran falta de infraestructura hídrica en los asentamientos informales de La Guajira y las zonas donde viven los Wayúu
El 9% dijo que enfrentaban barreras físicas para recolectar o preparar alimentos.
“La corrupción gubernamental en La Guajira, que en general queda impune, ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son esenciales para la supervivencia de muchos wayuu', señaló Vivanco. “Las autoridades colombianas deben llevar ante la justicia a los responsables de la corrupción, así como asegurarse de manera urgente que la asistencia gubernamental llegue a los wayuu, especialmente durante la pandemia'
5. Comunidades étnicas En el departamento tienen presencia seis pueblos indígenas: Hitnü, Makaguan, Sikuani, Uwa, Inga y Betoy, quienes suman aproximadamente 6.573 miembros10. Los Hitnü, Makaguan y Sikuani continúan en riesgo de extinción física y cultural, según en el Auto 382/2010. L
El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que334 venezolanos han sido deportados durante los días de la cuarentena obligatoria nacional, por incumplir normas y no acatar las medidas mínimas de bioseguridad.
En La Guajira vive alrededor del 7 % de la población de Colombia, pero el departamento registra más del 20 % de las muertes por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. Según datos del gobierno, más del 75 % de las muertes por desnutrición en La Guajira corresponden a niños y niñas indígenas, aunque la población indígena representa el 42 % de la población del departamento
En una rueda de prensa realizada este martes, Espinosa precisó quehan hecho 17 mil verificaciones, evaluando las condiciones de salud de los ciudadanos venezolanos que se regresan a su país. De igual forma, indicó que29 empresas de transporte han sido sancionadaspor violar normas y transportar venezolanos sin los permisos debidos.“Han sido multadas estas empresas por no respetar los movimientos internos en Colombia', expresó.
Al menos 80 mil venezolanos han retornadopor los principales puntos de frontera como lo son Villa del Rosario y Arauca.El titular de Migración Colombia informó además que la frontera se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso.
Agua y Saneamiento básico, ya que no cuentan con agua potable, se abastecen de fuentes hídricas cercanas y cuando se presentan restricciones a la movilidad, el acceso a estas fuentes se limita;
La tasa de mortalidad nacional es de 542,6 muertes por cada millón de habitantes; se observa una tasa de mortalidad mayor a la nacional en: Amazonas  ( 1.480,6 ) , Barranquilla  ( 1.320,0 ) , Bogotá  ( 905,9 ) , Córdoba  ( 859,0 ) , Santa Marta  ( 842,9 ) , Caquetá  ( 799,0 ) , Sucre  ( 621,5 ) , Santander  ( 619,1 ) , Norte Santander  ( 586,3 ) , Buenaventura  ( 551,6 )  y Cartagena  ( 546,3 ) .
Salud, ya que el acceso a los centros médicos es complejo por las distancias, sumado a la precaria calidad del servicio; por otro lado, tras entrar en liquidación la EPS Salud Vida en 2019, fueron reasignados en su mayoría a la Nueva EPS, la cual no cuenta con un enfoque diferencial para la atención
Así mismo, y con el fin de que se evalúe la posibilidad de establecer este tránsito a través del Puente Internacional de Rumichaca, que permita el retorno al país de estos ciudadanos, los solicitantes deberán diligenciar el Registro en Emergencias y Desastres en el Sistema Integral de Trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores
edios de vida, puesto que aquellos que laboran, lo hacen en su mayoría en la informalidad, lo cual genera ingresos variables y precarios;
Educación en Emergencias, debido que en ocasiones los docentes son amenazados, lo cual los obliga a desplazarse, dejando así muchos NNA sin el servicio y, finalmente
Adicionalmente, las amenazas a comunidades indígenas y comunidades rurales para restringir su movilidad generan graves afectaciones en los sectores de: Educación en Emergencia, ya que los NNA no se pueden movilizar hacia las Instituciones Educativas; Salud, al no poder asistir a los centros médicos; Seguridad Alimentaria, al no poderse abastecer ni cazar, Medios de Vida al no poder desplazarse a sus lugares de trabajo y WASH, ya que no cuentan con alcantarillado y necesitan desplazarse a las fuentes hídricas naturales para obtener agua.
En febrero de 2017, el gobierno nacional intervino las entidades departamentales responsables del suministro de agua y de los servicios de salud y educación en La Guajira y nombró autoridades temporales del gobierno nacional para que se hicieran cargo de su administración y brindaran “orientación técnica'. El 2 de julio de 2020, el gobierno nacionalrestituyóla supervisión en materia de salud a las autoridades departamentales, pero los servicios de educación, alimentación y agua continúan bajo “intervención'hasta 2022.
El gobierno ha realizado esfuerzos para mejorar el acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios para los wayuu en el marco de la llegada masiva de exiliados venezolanos a La Guajira, pero ha tenido resultados limitados.
6% de ICs reportaron que dentro de su grupo había menores de edad viajando sin su acudiente legal6.
Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins identificaron graves deficiencias en numerosos programas y políticas gubernamentales para abordar la desnutrición en La Guajira.
Sigue siendo un motivo de preocupación los 5,1 millones de personas quienes subsisten en términos socioeconómicos del trabajo informal, con lo que se dificulta cumplir con las medidas de prevención estipuladas al depender de su trabajo para cubrir las necesidades más básicas. En términos de vulnerabilidad socioeconómica, el porcentaje de personas extremadamente pobres entre la población desplazada es casi cuatro veces mayor que la tasa nacional  ( 9.1% ) , porcentaje que se acentuará con los efectos del COVID 19. De otro lado, el 92 por ciento de los comerciantes  ( minoristas )  han reportado impactos por la pandemia
En el país se reportan 1.488 conglomerados activos con 30.234 casos, de los cuales 31,3%  ( 5.588 casos )  son reportados en empresas, el 24,5%  ( 3.631 casos )  en instituciones de salud, el 21,3%  ( 7.101 casos )  en Fuerzas militares y policía, 17%  ( 11.900 casos )  en centros de protección y población carcelaria, 3,3%  ( 481 casos )  en pueblos indígenas, plaza de mercado 1,1%  ( 912 casos )  entre otros.
La falta de familiaridad con los centros de salud y de conocimiento del idioma, así como antecedentes de discriminación y desatención, son otros factores que obstaculizan y limitan el acceso de los wayuu a los servicios de salud. Muchos wayuu hablan únicamente wayuunaiki y no dominan el español, no todos los trabajadores de atención de la salud hablan wayuunaiki y no siempre hay intérpretes disponibles.
Sin embargo, es importante reconocer que una cierta proporción de personas mayores puede hacer frente a su situación: el 27% puede hacer frente sin apoyo adicional, mientras que el 68% puede hacer frente con apoyo.
También entrará en vigor la Resolución 1161 del 15 de julio 20207, por medio de la cual se establecen los servicios y tecnologías en salud que integran las 13 canastas para la atención del COVID 198, y se regula el pago del anticipo por disponibilidad de camas de cuidados intensivos e intermedios. Este pago se hará por un periodo de tres meses y solo se pagará a aquellas instituciones que reporten su disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos  ( UCI )  en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud  ( REPS ) . Se dará ese pago en la medida que haya la certeza de que los recursos de las Entidades Prestadoras de Salud  ( EPS )  se hayan agotado y a su vez se esté llegando al pico de la pandemia en el país9. Por otro lado, por orden del Ministerio de salud se prohibieron segundas pruebas a los pacientes positivos asintomáticos para COVID 19, esta decisión fue tomada porque según estudios científicos después del décimo día el virus, ya no es contagioso
La segunda evaluación rápida del impacto socioeconómico del COVID 19 realizada por REACH en los mercados locales de 19 departamentos11 y de la capital Bogotá permitió evaluar la inflación de productos y elementos básicos para la prevención del COVID 19 que continúa afectando a las personas de más bajos recursos en los territorios. Por ejemplo, el precio de los productos ha aumentado drásticamente, como son los casos de: tapabocas  ( 233% ) , alcohol  ( 100% ) , gel antibacterial  ( 88% ) , cloro  ( 39% )  y jabón  ( 36% ) . A esto se le suma lo manifestado por diferentes comerciantes en cuanto a la escasez y dificultad para abastecerse de algunos de estos productos  ( jabón, alcohol y gel antibacterial ) 12. Adicionalmente, se ha identificado un incremento de precios en algunos productos de la canasta familiar, lo que, asociado a costos de transporte, dificultades de acceso, disminución de ingresos e impacto por fenómenos naturales  ( en zonas de lluvia y zonas de sequía ) , situación que genera un impacto en la frecuencia del consumo y la diversidad de la dieta de la poblaciones vulnerables y comunidades en las zonas rurales.
Por su parte, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación  ( S.C.A.R.E. )  alertó que, debido al aumento de contagios del COVID 19 se está presentando el desabastecimiento de algunos medicamentos útiles para el tratamiento del virus y otros procedimientos, cirugías y tratamientos esenciales para la salud, como: sedantes, analgésicos opioides y relajantes musculares. La situación ha afectado a ciudades como Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Riohacha, en donde, además de evidenciar la máxima ocupación hospitalaria, hay principal desabastecimiento de medicamentos como midazolam, morfina, fentanil, hidromorfona y metadona
A lo largo de los últimos cuatro meses, de acuerdo a Human Rights Watch diferentes GAO han repartido panfletos amenazantes contra pacientes de COVID 19 y comunidades que no cumplan con medidas estrictas de aislamiento preventivo, así mismo han instalados puestos de control o retenes de control de COVID 19 en los departamentos de Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander and Putumayo, exigiendo en algunos casos que el personal en movimiento demuestre resultados negativos de una prueba rápida de COVID 19 o en su defecto pague una cuota de dinero para ingresar a los territorios
A la fecha Colombia registró 886.179 casos  ( 8.496 casos nuevos en las últimas 24 horas )  con un incremento nacional del 0,9% en las últimas 24h y 27.331 defunciones  ( 151 en las últimas 24 horas )  con un incremento de 0,6% en las últimas 24h.
Las brechas en la cobertura de atención médica también provienen de las dificultades logísticas para llegar a comunidades remotas. Las opciones virtuales como los servicios de telesalud son difíciles de implementar debido a las limitaciones en elacceso a internet en el departamento
El acceso deficiente a los servicios es preocupante, ya que casi una cuarta parte de los encuestados  ( 24% )  tienen dificultades para caminar y más de la mitad tienen una enfermedad crónica.
Finalmente, el 20% dijo que su alojamiento estaba lejos de su familia o amigos. Esto se aplica especialmente a aquellos que viven solos  ( 32% ) .
En Medellín, la ocupación de camas en las UCI llega al 59 por ciento, aunque la mayoría de los pacientes que las ocupan tienen patologías ajenas al COVID 19. Las instituciones de salud vieron multiplicar el número de pacientes en UCI en casi un 50 por ciento en los últimos 10 días. La administración municipal planteó la preocupación por el reporte de 10 casos de COVID 19 confirmados en una sola central de abastecimiento de alimentos en la ciudad
Las soluciones provisorias también están siendo implementadas a un ritmo lento: al mes de marzo, el Ministerio de Vivienda había finalizado solo uno de los 19 puntos provisorios de suministro de agua que planeaba construir con financiamiento de la cooperación internacional antes de 2022. También había obtenido financiamiento para otros cuatro, según informó un funcionario gubernamental de alto rango de La Guajira. Un funcionario local informó que el plan se encuentra interrumpido en la actualidad a causa de la pandemia.
Se evidencia un importante aumento de feminicidios en Valle del Cauca y Cauca, transfeminicidios en Cali y deficiencias en la respuesta de instituciones del Estado a las necesidades de comunidades LGTBI en La Guajira.
El acceso limitado al sistema de salud ha traspasado los esfuerzos realizados por las mujeres a los hogares, al intentar brindar los cuidados de salud necesarios en sus familias. De igual forma, con el cierre de las escuelas, la sobrecarga de trabajo no remunerado se intensiﬁca.
Los desastres naturales son causados por dos fenómenos principales: los incendios forestales  muchos causados por quemas intencionales  en temporada de verano y las inundaciones en época de invierno, las cuales afectan a las poblaciones asentadas en la ribera del río, así como también, a aquellas que residen en las zonas inundables de la sabana. Estos fenómenos generan un gran impacto en los sectores de Albergue, Salud y WASH.
Las necesidades imperantes en los temas de atención a la emergencia sanitaria hacen que no haya suficiente respuesta ni recursos para activar los mecanismos de reactivación económica, afectando especialmente a la población más vulnerable y aquella que depende de la economía informal.
Se observa que al menos 8,1 millones de trabajadores  ( 36,1% )  tienen una vulnerabilidad alta, principalmente en sectores relacionados con comercio y servicios. De igual forma, se considera que, en promedio el 47,4 por ciento de las mujeres  ( 43,6% ) , jóvenes  ( 43,2% )  y refugiados y migrantes  ( 55,4% )  están ocupados en sectores económicos altamente vulnerables ante la COVID 19.
La tasa de incidencia nacional es de 1.759,3 casos por cada 100.000 habitantes; los departamentos y/o distritos que superan la tasa nacional son en su orden: Bogotá  ( 3.651,8 ) , Amazonas  ( 3.480,1 ) , Barranquilla  ( 3.050,0 ) , San Andrés  ( 2.468,1 ) , Cartagena  ( 2.356,4 ) , Caquetá  ( 2.297,1 ) , Guainía  ( 2.014,4 ) , Vaupés  ( 1.945,8 ) , Santa Marta  ( 1.930,0 )  y Antioquia  ( 1.869,2 ) .
Cuando se les preguntó si su identificación les permitía el acceso a bienes y servicios humanitarios, el 81% de los que tenían una identificación dijeron que sí, el 16% dijeron que no, y el 3% dijeron que no sabían.
Las personas mayores que viven solas son especialmente vulnerables, y el 47% dice que se siente inseguro en su hogar. Muchos encuestados comentaron que la incertidumbre de su situación y sus condiciones de vida los hacían sentir inseguros.
El 76% de las personas mayores no tienen suficiente para comer.
Se encontró que las tasas de hipertensión aumentan con la edad de 50 a 79 años, pero disminuyen en las personas mayores de 80 años.
El 78% no tiene acceso a agua potable.
A su vez, los pasos humanitarios en la frontera aumentan el riesgo de contagio de la Covid 19 por las aglomeraciones en estos pasos fronterizos
El 64% no tiene acceso a las instalaciones de baño, el 84% no tiene acceso a las instalaciones de lavado de manos y el 71% no tiene acceso a inodoros.
46% En condición migratoria regular 54% En condición migratoria iregular
Por otro lado, muchos de los alojamientos seguros para estas mujeres y niñas, han sido cerrados o suspendidos de manera temporal durante las medidas de aislamiento social, dejándolas sin alternativas para mantenerse alejadas de su agresor
El 34% confían de familiares, amigos o voluntarios para poderse desempeñar.
Aproximadamente la mitad de los que dijeron que eran venezolanos  ( 46% )  dijeron que no habían solicitado asilo. Un tercio de estos  ( 34% )  dijo que esto se debía a que no sabían cómo hacerlo.
El 60% de las personas mayores  ( 70% de las mujeres, 49% de los hombres )  dependen de su familia o amigos para satisfacer sus necesidades básicas.
La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación  ( S.C.A.R.E. )  alertó que debido al aumento de contagios del COVID 19 se está presentando el desabastecimiento de algunos medicamentos para el tratamiento del virus y otros procedimientos, cirugías y tratamientos esenciales para la salud.
Las ciudades y municipios que concentran el mayor número de casos activos por cada 100,000 habitantes son Bogotá D.C., Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Cartagena D.T. y C., Antioquia. De estos, algunos coinciden  ( Barranquilla, Bogotá, Atlántico, Cartagena )  en la concentración de la mayor cantidad de fallecidos a causa del virus, pero se le suma Córdoba. La situación de UCIs a nivel nacional, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por expandir la capacidad en elementos para UCI, evidencia que aún hay departamentos que presentan poca disponibilidad de UCI y de personal habilitado, sumado a un gran número de aumento de casos identificados en Antioquia, Bogotá, Caquetá, Norte de Santander, Valle del Cauca y Putumayo.
En El Carmen de Bolívar: los casos de COVID 19 han venido creciendo de manera significativa, además de esto, la presencia de GAO ha tomado mayor fuerza, así como un incremento en el número de asesinatos de líderes sociales en el municipio
A nivel rural los productores se ven severamente afectados por la crisis de la COVID 19. El 87 por ciento  ( FAO, 2020 )  puede tener múltiples impactos que afectan su rol en la producción. A ello se suman problemas asociados a eventos agroclimáticos como sequías y vendavales, así como complicaciones en la movilidad y transporte.
En Bolívar: la zona de los Montes de María no cuenta con proveedores de las materias primas para la producción de tapabocas, por lo que se deben recurrir a otras zonas o ciudades, las limitaciones y restricciones en movilidad dificultan el proceso, así como el incremento en los precios de los materiales y los costos de transporte.
As COVID 19 confinement measures started in Colombia, the country saw a rise in cases of violence against women, including those reported through hotline numbers. There was a 107 per cent increase in calls for help this year, between 25 March and 30 July, in comparison to the same period in 2019. Eighty nine per cent of those calls were rerouted to hotlines dedicated to serve victims and survivors of violence against women.
El programa de Inclusión para la Paz  ( IPA )  de OIM con cubrimiento para los municipios IPA: Bogotá; Soacha, Ricaurte  ( Cundinamarca ) ; Tumaco, Barbacoas;  ( Nariño ) ; San Juan del Cesar  ( César )  ; Uribia, Riohacha  ( la Guajira )  ; Cartagena  ( Bolívar ) ; Medellín  ( Antioquia ) ; Cali  ( Valle del Cauca ) ; Buenaventura, Guapi, Timbiquí, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Caloto  ( Cauca ) ; San José del Guaviare  ( Guaviare ) ; Quibdó, Bojayá y Bagadó  ( Chocó ) , identificó que las organizaciones locales requieren de un procesos de dotación de materias primas para generar ingresos, además de apoyo en la adaptación a la utilización de herramientas tecnológicas en sus procesos de comunicación, producción y comercialización ante la crisis COVID 19 desde un enfoque de recuperación temprana.
Se notifica a la fecha, la realización de 452.541 pruebas de antígeno, de las cuales se reportan 94.756 pruebas positivas, con un incremento en las últimas 24 horas de 22.828  ( positividad del 20,9% ) , realizados en 825 IPS de 32 departamentos.
En Chocó: el ELC observa el aumento de la deserción escolar y la desescolarización, con un impacto diferenciado a las niñas, ya que las tareas del cuidado en el hogar se han recargado hacia ellas.
En Caquetá: En San Vicente del Caguán se reporta deficiencia en los equipamientos de infraestructura sanitaria de las escuelas. Se presenta también incapacidad de recursos para para mantener la provisión permanente de gel antibacterial, alcohol, toallas de papel y productos de desinfección para las superficies.
San Vicente del Caguán es un municipio No COVID, pero el 86 por ciento de las familias declaran no estar dispuestos a llevar a sus hijos al colegio bajo el modelo de alternancia
Una gran mayoría de los encuestados  ( 80% )  dijeron que estaban preocupados por la seguridad.
Al 15 de julio hay 1.087 casos reportados en el departamento  ( 947 más que al 15 de junio ) . Además, han fallecido 61 personas  ( 52 más que al 15 de junio ) .
Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado  ( empresa local de acueducto ) , debido al bajo caudal de su principal fuente de agua, declaró, en un principio, ALERTA ROJA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA, con especial énfasis en los municipios de Alta y Media Guajira. Dicha situación conllevó al establecimiento de cortes temporales en el servicio de agua en el departamento, lo que dificultó la implementación de medidas de respuesta ante el COVID 19 como la instalación de módulos de lavado de manos en el territorio.
Preocupa la situación de víctimas sin acceso a tierra, ni a planes de vivienda, por esta situación muchos han ocupado terrenos desocupados y viven en condiciones de vulnerabilidad y estigmatización. De igual forma preocupan las amenazas recurrentes a víctimas del conflicto que se dedican a la sustitución de cultivos ilícitos y que luchan por el acceso a tierra, estas víctimas no han recibido beneficios de seguridad para ellos, ni para sus familias.
En Arauca se denuncia el incremento del reclutamiento de menores por parte del ELN y disidencias de las antiguas FARC  EP en medio de la pandemia.
En abril de 2020, la Fiscalía, que lleva adelante investigaciones penales, informó a Human Rights Watch que estaba adelantando al menos 28 investigaciones en La Guajira por apropiación indebida de fondos públicos que estaban destinados a servicios de alimentación y salud. Estas incluyen tres contra exgobernadores y cuatro contra exalcaldes. Al mes de marzo, 21 personas habían sido imputadas en casos de corrupción y al menos 13  incluyendo un exgobernador y cinco contratistas privados  habían sido condenadas, según manifestó la Fiscalía
También se han producido casos de corrupción relacionados con los servicios de agua en La Guajira. Por ejemplo, en noviembre de 2016 la Fiscalía logró laimputaciónde 11 personas, incluido un exalcalde de Riohacha, por corrupción en la construcción de un acueducto entre 2012 y 2014. El acueducto nunca funcionó y los fiscales estiman que se perdieron más de 12.000 millones de pesos colombianos  ( aproximadamente USD 3,9 millones )  a causa de la corrupción.
Paralelo a esta situación, la capacidad de procesamiento de pruebas ha aumentado en el país, actualmente se evalúan 22.248 pruebas por día en 81 laboratorios localizados a lo largo del país. Sólo durante junio el 15.8 por ciento de las pruebas procesadas resultaron positivas  ( es necesario tener en cuenta que dicha cifra varía según el municipio o departamento, por ejemplo, en Atlántico la tasa de positividad es del 55 por ciento desde mediados de junio  excluyendo a Barranquilla  ) , evidenciando una necesidad mayor de realizar pruebas masivas en aquellos departamentos con mayor número de casos.
La cantidad de investigadores que apoyan a los fiscales en su trabajo también es insuficiente. El Cuerpo Técnico de Investigación  ( CTI ) , el área de la Fiscalía que se encarga de brindar apoyo investigativo y forense a los fiscales en procesos penales, cuenta con aproximadamente 60 investigadores en La Guajira. Pero solamente tres de ellos trabajan en los más de 900 casos de corrupción que se encuentran en investigación en este momento. Solamente uno de los tres ha recibido alguna capacitación para llevar adelante investigaciones sobre corrupción. Ninguno tiene formación en contabilidad ni análisis financiero, habilidades que, según señalaron los fiscales, son necesarias para adelantar estas investigaciones.
A nivel departamental 12.951 familias se registraron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos  ( PNIS ) , de estás sólo 3.732 han recibido la totalidad de los pagos  ( bonos de 2'000.000 COP cada dos meses )  a 30 de septiembre de 201912, indicando que cerca del 71% de las familias que dependían de cultivos ilícitos, probablemente han tenido que recurrir a otros métodos de subsistencia  ( o inclusive al mismo )  al no recibir los pagos programados.
Debido al aumento en el número de casos confirmados diariamente, el presidente Iván Duque, anunció la extensión de la actual medida de aislamiento preventivo hasta el 15 de julio del 20203. Los estados de emergencia sanitaria y emergencia económica se mantienen. Por otro lado, el Gobierno Nacional tomó nuevas medidas sanitarias y de orden público en el Atlántico4 ante el creciente número de contagios por COVID 19, éstas incluyen: cuarentena estricta hasta el 6 de julio, los próximos días sin IVA serán virtuales, pico y cédula con 2 dígitos para la movilización, toque de queda durante los fines de semana y en las noches entre semana y el cierre temporal de las actividades de comercio.
En 2020 se han reportado 54 homicidios por hechos violentos en el departamento15, 3 de ellos son asesinatos a líderes sociales y 1 asesinato de persona en proceso de reincorporación 16
Los aeropuertos nacionales El Dorado  ( Bogotá ) , Olaya Herrera y José Maria Córdoba  ( Medellín )  implementaran un plan piloto de reapertura que incluye medidas para pasajeros: el lavado de manos y toma de temperatura al ingresar al aeropuerto, tener el pasabordo impreso o en el celular para dirigirse directamente a la sala de embarque para abordar, señalización de distanciamiento físico y uso de tapabocas en todo momento, y los empleados del aeropuerto tendrán toma de muestra con un protocolo de seguimiento de su estado de salud. Por su parte, Migración Colombia en articulación con las autoridades de Ecuador, anunció la implementación de un protocolo para el ingreso al país por vía terrestre de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes, a través del Puente Internacional de Rumichaca; en este sentido, los nacionales y extranjeros residentes en Colombia y que permanecen en Ecuador, deberán informar al Consulado colombiano su situación de vulnerabilidad y necesidad de regresar al país  ( incluyendo información sobre su estado de salud )  para la repatriación.
La Contraloría, que puede sancionar a los funcionarios gubernamentales o a particulares que realicen una mala administración de los recursos públicos, también ha logrado resultados muy limitados. La Contraloría señaló en abril que había iniciado 28 investigaciones sobre corrupción en La Guajira desde 2016, incluyendo 21 que estaban relacionadas con programas de alimentación. En marzo, de esas 28 investigaciones, 23 seguían en curso y 3 se habían archivado.
Adicional a estas problemáticas, los feminicidios y violencia asociada siguen presentándose de manera persistente en el departamento; según el observatorio de feminicidios21 en 2018 se presentaron 17 casos y durante 2019 se presentaron 8 casos, mientras en lo corrido de 2020 se ha presentado 2 casos.
A esta situación se suman, factores como el conflicto de los territorios y la presencia de grupos armados al margen de la ley, los cuales pueden resultar determinantes en la violencia de género, en especial aquella que se centra en lideresas sociales y defensoras de derechos humanos.
Migración Colombia anuncia la posibilidad de renovación del PEP RAMV del 6 de julio al 14 de agosto. Esta medida busca dar continuidad para que la población registrada pueda continuar de manera regular en el país. El proceso de renovación no tiene costo y se podrá realizar a través de la página de Migración Colombia en los días designados según el último dígito del documento
En otros tres casos, la Contraloría archivó las investigaciones porque las personas investigadas devolvieron parte del dinero presuntamente robado o mal administrado. Entre las personas que están siendo investigadas hay 7 funcionarios gubernamentales, incluyendo dos exalcaldes, y al menos 21 contratistas, incluyendo varios de comunidades indígenas. En relación con casos de presuntas irregularidades en contratos de alimentación y atención en salud ocurridos 2016, la Contraloría había recuperado, hasta marzo de 2020, solamente 8 millones de pesos colombianos  ( aproximadamente USD 2.719 )  de los casi 6.400 millones de pesos colombianos  ( aproximadamente USD 2,1 millones )  que esta entidad estima que se han perdido a causa de desmanejos y corrupción.