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El ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, se reunió con su par de Rusia, Vladimir Vladimirovich Yakuschev, en Moscú, para afianzar estrategias en materia de viviendas. “Continuamos materializando el sueño de Chávez a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sostuvimos reunión bilateral con el excelentísimo señor ministro de Construcción, Vivienda y Hábitat de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Yakuschev, para afianzar estrategias en materia de viviendas', informó Villarroel en el Twitter. Villaroel se encuentra en Rusia para presentar los avances que en materia de vivienda tiene Venezuela, durante su participación en el Encuentro Mundial del Día de las Ciudades que se celebrará en Ekaterimburgo, ciudad ubicada al norte de Rusia.
se han hablado de cifras que van desde los descabellados casi cinco millones de refugiados  ( según ACNUR ) , hasta los conservadores 700.000 migrantes  ( Gobierno de Venezuela ) , que si bien no es objeto de esta opinión emitir algún juicio de valor, podemos decir que se incluyen como refugiado político hasta los que han pagado costosos pasajes aéreos a Miami, Madrid y Bogotá; en muchos casos huyendo de la Justicia.
El Gobierno venezolano, ha repatriado a través de un puente aéreo a casi 16.000 compatriotas, según cifras oficiales de octubre de 2019 y se afirma que hay decenas de miles que están en listas de espera. Algunos están en Perú y Ecuador donde la xenofobia ha llegado a límites del desquicio y ha torpedeado los humildes esfuerzos para traer a suelo seguro a las víctimas de aquella suerte de Noche de los cuchillos largos.
En cuanto a la dotación de los hospitales, el Gobierno venezolano ha dicho que existen avances de la cooperación con la Organización Panamericana de la Salud  ( OPS )  para mejorar los centros hospitalarios. Según Caracas, esa cooperación con la OPS y la Organización Mundial de la Salud  ( OMS )  ha permitido el arribo de toneladas de medicamentos. En febrero pasado, Rusia junto con la OPS y la OMS enviaron más de 300 toneladas de productos esenciales para los centros asistenciales.
Según Trujillo, la realización de esta conferencia tendrá un efecto positivo, no solo porque se conocerá con mayor detalle la magnitud de la situación migratoria de Venezuela a nivel global, sino también por la perspectiva de una mayor cooperación internacional para la atención humanitaria de los venezolanos.
A su vez, ACNUR y la OIM cooperan con más de 200 organizaciones sociales y humanitarias para implementar un plan de respuesta integral de 738 millones de dólares, que hasta ahora ha sido financiado en un 48%.
Nutrición: no hay datos oficiales disponibles para las tasas de desnutrición en Venezuela, pero la prevalencia de la desnutrición ha ido en aumento debido a la escasez y a los altos precios de los alimentos, pasando del 3,6% en 2013 al 11,7% en 2017.8 Las consultas para la desnutrición grave en los hospitales han aumentado del 2 al 14 por ciento.9 En los últimos años, la desnutrición ha alcanzado umbrales de emergencia para los niños menores de 5, con un 50% exhibiendo cierto grado de desnutrición, y unos 280.000 en riesgo de muerte debido a la desnutrición. Las mujeres embarazadas y la población en zonas empobrecidas del país también son más vulnerables a la desnutrición.10
Durante el mes de septiembre, más de 35.000 estudiantes se beneficiaron de actividades educativas en 292 centros; más de 60.000 dosis de insulina fueron distribuidas en el Distrito Capital y 21 estados; más de 21.700 personas recibieron servicios especializados de protección y 50.000 personas se beneficiaron de actividades de apoyo a la seguridad alimentaria, como distribución y producción de alimentos.
Según el Financial Tracking Service  ( FTS ) , se recibieron 157,9 millones de dólares en 2019 para actividades humanitarias  ( hasta 14 de noviembre ) . Esto incluye fondos movilizados antes y a través del Plan de Respuesta y fondos recibidos por organizaciones que no tienen proyectos en el Plan  ( como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja )
Human Rights Watch analizó el alcance y el impacto de esta crisis a través de investigaciones realizadas en el terreno en seis estados y en la capital del país, Caracas, en junio de 2016, y posteriores entrevistas por vía telefónica y otros medios. Visitamos hospitales públicos y distintos lugares donde personas formaban ­la para comprar alimentos sujetos a los controles de precios impuestos por el gobierno 1. Entrevistamos a más de 100 personas, entre ellos médicos, enfermeras, personas que intentaban obtener asistencia médica o alimentos sujetos a control de precios, personas que habían sido detenidas en relación con protestas por la escasez, defensores de derechos humanos y especialistas en salud pública.
La situación humanitaria en los estados a lo largo de la frontera con Colombia y también en otros estados, se ve afectada por la falta de servicios básicos de agua, energía eléctrica y gas y de gasolina. En relación con la gasolina, se han reportado largas colas en las estaciones de combustible, algunas durando varios días. Esto ha afectado la prestación de servicios básicos, incluyendo jornadas de salud, y en los últimos meses ha comenzado a afectar las operaciones humanitarias. Varios actores humanitarios reportan haber tenido dificultades para obtener combustible y han tenido que suspender activadas o pagar altos costos adicionales de transporte.
• Una parte de la población más vulnerable en las partes centrales del país están desplazándose hacia la frontera en busca de mejores condiciones de vida, pero a la vez exponiéndose a altos riesgos de protección. En Táchira, donde un alto número de personas han llegado, estos riesgos incluyen altos niveles de inseguridad en algunas zonas y presencia de grupos irregulares, incidentes de trata, explotación y abuso, y violencia de género, que ha aumentado debido a la falta de agua y energía  ( gas, electricidad )  ya que las mujeres y las niñas se ven obligadas a recolectar madera y agua exponiéndose más a estos riesgos. • La suspensión de las actividades de registro para asociaciones civiles y fundaciones está teniendo un impacto sobre la implementación del Plan de Respuesta Humanitaria. Esto crea tramas administrativas, incluyendo la inhabilidad de manejar recursos, firmar contratos con proveedores, alquilar oficinas, contratar personal o realizar compras de insumos entre otros. El Equipo Humanitario País  ( EHP )  está abogando con el Gobierno para resolver el tema. • Según la Organización Panamericana de la Salud  ( OPS ) , en 2018 se registraron 406.924 casos de malaria en Venezuela, más del 50 por ciento del total de casos reportados en la región, mientras que en 2019 la transmisión se mantuvo alta con 214.021 casos reportados hasta junio 2019, un aumento del 7 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2018. El brote de difteria que comenzó en 2016 sigue en curso, y se reportaron un total de 2.956 personas sospechosas de difteria incluyendo 287 muertes hasta agosto de 2019. Otros problemas de salud pública incluyen aumentos en casos de tuberculosis y mortalidad materna e infantil, así como problemas relacionados con la salud mental y salud preventiva. Otra preocupación es el acceso limitado a medicamentos y atención adecuada para personas con afecciones agudas y crónicas potencialmente mortales, incluidos los pacientes con VIH.
Según el FTS, se recibieron 157,9 millones de dólares en 2019 para actividades humanitarias  ( hasta el 14 de noviembre ) . Esto incluye fondos movilizados antes y a través del Plan de Respuesta y fondos recibidos por organizaciones que no tienen proyectos en el Plan  ( como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ) . • Según el FTS  ( hasta el 14 de noviembre ) , se han recibido $55,5 millones de los $223 millones necesarios para la implementación del Plan de Respuesta Humanitaria 2019  ( el 25 por ciento de los fondos requeridos ) . • Los organismos y países contribuyentes a las actividades humanitarias son los siguientes: Unión Europea, Estados Unidos, Fondo Central de Emergencias2, Reino Unido, Suecia, Italia, Suiza, Noruega y Canadá.
Profesionales del ámbito de la salud dijeron a Human Rights Watch que la escasez muchas veces impide que puedan practicar procedimientos médicos básicos y brindar atención esencial a pacientes. Por ejemplo, han tenido que postergar cirugías y se han visto forzados a administrar solamente tratamientos parciales de antibióticos y medicamentos, una práctica que puede provocar recaídas e infecciones resistentes a medicamentos. El gobierno venezolano prácticamente no ha publicado estadísticas clave sobre atención de la salud, incluidas las tasas de mortalidad materna e infantil, lo cual ha di­cultado evaluar el impacto de la crisis5. Sin embargo, las pocas estadísticas o­ciales disponibles muestran un panorama sombrío. Los índices o­ciales de mortalidad infantil y materna informados por el gobierno venezolano han tenido un incremento signi­cativo en los últimos años.
Educación Necesidades • De acuerdo con distintas fuentes del Clúster Educación y el Observatorio Venezolano por el Derecho a la Educación, al inicio del año escolar 2019 2020 se evidencia una mayor retención de maestros en las escuelas del sector público en comparación con una mayor deserción de maestros en el sector subvencionado. Sin embargo, el ausentismo de profesores es un factor que continúa impactando la calidad de la educación. • Al comenzar el año escolar, en las escuelas monitoreadas por los socios del Clúster, se registra un promedio del 60 por ciento de asistencia diaria de NNA, es decir asistencia promedio de tres días por semana. Este promedio es una tendencia típica al inicio del año escolar, sin embargo, se esta haciendo un monitoreo para tomar acciones que puedan motivar una mayor asistencia a la escuela, ya que el año escolar anterior cerro con un bajo promedio de asistencia.
Necesidades • Se reportaron 8.638 casos de dengue, incluyendo 44 casos de dengue grave y 14 muertes hasta el 31 de agosto, con una tasa de letalidad de 0,16 por ciento. Se observa una disminución del 6,4 por ciento en comparación con los casos reportados durante el mismo periodo en 2018  ( 8.120 )  pero se informó un aumento del 180 por ciento en el número de muertes. • Se ha controlado progresivamente el brote de sarampión, aunque sigue activo en varios estados. Hasta el 7 de septiembre, hubo 449 casos confirmados provenientes de 12 estados y el Distrito Capital. El último caso confirmado fue del estado de Zulia. No se han reportado muertes. Hasta el 7 de septiembre de 2019, se habían reportado 86 casos de sarampión en comunidades indígenas, todos en el estado de Zulia. • El Ministerio del Poder Popular para la Salud estima 6 de cada 10 embarazos adolescentes no están planificados en el país por lo que es necesario difundir alternativas anticonceptivas para prevenir embarazos no planificados
Infraestructura sanitaria: según la encuesta nacional de hospitales realizada entre el 1 y el 10 de marzo de 2018 y la topografía de unos 40 hospitales de toda Venezuela, el sistema de salud continúa deteriorándose. La prestación de servicios se ha visto afectada por el cierre de las instalaciones sanitarias, el deterioro de la infraestructura, la escasez de medicamentos y las protestas del personal médico.
Necesidades • Los actuales esfuerzos para la recuperación nutricional de mujeres en periodo de lactancia son insuficientes para lograr una recuperación efectiva, ya que la suplementación de micronutrientes por sí sola no tiene incidencia en la ganancia de peso. Por lo que es necesario tener una dieta variada y equilibrada, pero el gasto en alimentos en Venezuela ha aumentado considerablemente. • Socios indican que una gran cantidad de niñas y niños atendidos por programas contra la desnutrición recaen en esa condición poco después de haber dejado el programa. Es necesario ejecutar estrategias conjuntas con el Clúster de Seguridad Alimentaria dirigidas a mejorar la accesibilidad a alimentos por parte de los hogares vulnerables, complementando las políticas públicas como los comedores escolares y las casas de alimentación comunitarias. • Basado en los informes de los actores humanitarios, hay un aumento del numero de mujeres adolescentes embarazadas que presentan cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del bebé. Estos bebes tienen alta probabilidad de nacer con bajo peso y desarrollar desnutrición.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LA ESCASEZ Desde enero de 2016, el gobierno venezolano ha anunciado una serie de iniciativas destinadas a abordar la escasez de medicamentos, alimentos y otros artículos básicos. Estas iniciativas incluyen medidas para aumentar la producción local de medicamentos, insumos médicos y alimentos. Si se implementaran adecuadamente, algunas de estas iniciativas podrían contribuir a mediano o largo plazo a reducir la escasez. No obstante, hasta ahora no han conseguido aliviar signi­cativamente la severidad de la crisis humanitaria en Venezuela. El gobierno venezolano ha solicitado algo de ayuda humanitaria internacional, pero solamente en forma limitada. Hasta el momento, las políticas propuestas por el gobierno y sus esfuerzos limitados por obtener ayuda internacional han estado lejos de proporcionar las soluciones necesarias para aliviar la escasez. Sin embargo, el gobierno venezolano no parece haber intentado obtener asistencia adicional que podría estar disponible en forma inmediata. Por el contrario, el gobierno ha negado enfáticamente la magnitud de la necesidad de asistencia y ha frenado una iniciativa de la Asamblea Nacional, donde actualmente hay mayoría opositora, para solicitar ayuda internacional.
• Las personas con necesidades de protección especificas incluye sobrevivientes de violencia de género, niñas y niños en riesgo, personas en riesgo de apátrida, poblaciones indígenas, personas LGBTI  ( lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, intersexuales ) , personas desplazadas y personas con VIH. Adultos mayores y personas con discapacidad necesitan servicios de protección especializados de calidad cuya disponibilidad y acceso siguen siendo limitados. Según informes de los socios, el incremento de casos de trata de personas y explotación sexual, sobre todo en estados fronterizos con concentración de población indígena  ( Táchira, Bolívar y Zulia )  sigue siendo preocupante. • Se necesita ampliar la cobertura de servicios de calidad de prevención y respuesta a la Violencia de Género  ( VG ) , incluyendo programas de medios de vida dirigidos a mujeres y niñas adolescentes para mitigar los riesgos de VbG sobre todo informando de las rutas de acceso a los servicios. Además de realizar capacitaciones a los actores humanitarios que brindan servicios de repuesta de VG, haciendo énfasis en los estándares mínimos para la prevención y respuesta de la VG en situaciones de emergencia. • Se necesita priorizar el mapeo de los servicios de protección de NNA y VG como también la creación y diseminación de rutas de atención para las diferentes instancias de protección, el sistema educativo, los servicios de salud y para los actores humanitarios no especializados en protección de NNA y VG.
Entre los insumos que faltaban o escaseaban en hospitales públicos se incluían guantes y gasas estériles, antisépticos, alcohol de uso médico, bisturíes, agujas, catéteres, soluciones intravenosas, nebulizadores y suturas quirúrgicas. Incluso era común que faltaran productos básicos de limpieza  ( como lavandina ) , que son esenciales para asegurar un ambiente estéril en los hospitales. Las condiciones insalubres han provocado infecciones intrahospitalarias que podrían haberse prevenido. Ante este tipo de faltantes, los médicos piden a los pacientes que compren los medicamentos e insumos por su cuenta. Muchos pacientes hacen lo posible por conseguirlos, pero regresan con las manos vacías o tan solo con parte de lo que se necesita. En junio, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela calculó que el 85 por ciento de los medicamentos que deberían encontrarse en farmacias privadas no estaban disponibles o eran difíciles de conseguir, lo cual supone un aumento respecto de 2014, cuando los faltantes alcanzaban el 60 por ciento.
Seguridad alimentaria y medios de vida: desde 2017, la producción nacional de alimentos se ha reducido en más del 60 por ciento, y las importaciones disminuyeron en más del 70 por ciento, lo que condujo a una escasez significativa de alimentos y niveles alarmantes de inseguridad alimentaria en todo el país.6 La comida es distribuida por el gobierno siguiendo el ' “Plan de la patria', inicialmente establecido por Hugo Chávez. El plan tiene como objetivo fortalecer la producción de alimentos y la distribución de cajas de alimentos a través de la CLAP  ( comités locales de abastecimiento y producción ) . La distribución, sin embargo, está condicionada por la titularidad de una "tarjeta de patria".
• Debido a la falta de repuestos de maquinaria agrícola e insumos, la producción de 500 mil toneladas de maíz no llega al 30 por ciento de los requerimientos para 2019. Cerca de 200 mil hectáreas han sido sembradas con un rendimiento de 2,5 toneladas por hectárea. En el caso del arroz, 75 mil hectáreas sembradas para este ciclo 2019 con un rendimiento de 2,5 toneladas por hectárea. • En total, es importante destacar la disminución en el ciclo de siembra de 2019 donde solo se cuenta con 30 por ciento de los alimentos que requiere el país mensualmente. • No hay divisas suficientes para la importación de alimentos, lo que podría afectar el coste de los alimentos y asimismo el acceso a ellos. • La producción nacional de alimentos básicos  ( principalmente maíz )  está en riesgo para la temporada de cosecha 2020 2021, ya que la producción actual de semillas no puede satisfacer la demanda de las 1,4 toneladas de semillas de maíz requeridas al año. • Las condiciones climáticas podrían verse afectadas por el fenómeno de El Niño, que generalmente aumenta la probabilidad de condiciones secas. Se prevé que las condiciones secas prolongadas afecten a Venezuela en las zonas de Lara, Trujillo y Mérida durante el final de 2019. Esto podría afectar la siembra y el crecimiento de las temporadas finales de 2019 del maíz principal y de los cultivos secundarios de arroz. • El Instituto Nacional de Meteorológica e Hidrología indica en su informe semanal que en las ultimas semanas se han iniciado los efectos importantes de precipitaciones por efecto de ondas tropicales en el país; esto ha creado algunas condiciones de riesgo bajo en los estados principales productores, especialmente cerealeros  ( Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico ) .
Human Rights Watch entrevistó a 20 profesionales de la salud, incluidos médicos y personal de enfermería, que trabajaban en 10 establecimientos  ( ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación que brinda servicios de salud a pacientes ) . En todos los hospitales que visitamos, médicos y pacientes informaron grave escasez  y, en algunos casos, desabastecimiento total  de medicamentos tan elementales como antibióticos, antiepilépticos, anticonvulsivos, miorrelajantes y analgésicos, entre muchos otros más. Una encuesta independiente realizada por una red de más de 200 médicos en agosto de 2016 determinó que el 76 por ciento de los hospitales públicos no tienen los medicamentos básicos que, según aseveraron los médicos, deberían estar disponibles en cualquier hospital público en funcionamiento, incluidos muchos que ­guran en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud  ( OMS ) . Esto supuso un incremento respecto del 55 por ciento de los hospitales que estaban en esa situación en 2014, y del 67 por ciento en 2015.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A CRÍTICOS Human Rights Watch documentó decenas de casos de venezolanos que a­rmaron haber sufrido actos de intimidación o violencia por parte de agentes gubernamentales, en respuesta a críticas públicas o protestas ante la respuesta del gobierno a la crisis humanitaria en el país. Tanto médicos como profesionales de enfermería indicaron haber sido amenazados con represalias, incluyendo ser despedidos de sus puestos, luego de haber hablado públicamente sobre la escasez de medicamentos e insumos médicos, y sobre la precariedad de la infraestructura en los hospitales donde trabajaban. Diversos defensores de derechos humanos denunciaron un clima de intimidación como resultado de medidas aprobadas por el gobierno para restringir el ­nanciamiento internacional y de las reiteradas acusaciones infundadas, proferidas por funcionarios y partidarios del gobierno, de que los defensores conspiraban para desestabilizar al país. En mayo de 2016, el Presidente Maduro aprobó un decreto en respuesta a la “emergencia económica' mediante el cual instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores que suspendiera todos los convenios que prevean el ­nanciamiento extranjero para personas u organizaciones, cuando “se presuma' su “utilización con ­nes políticos o de desestabilización de la República'. Si bien la seguridad nacional es, sin duda, un tema de interés para el gobierno, este lenguaje impreciso puede ser usado  y, de hecho, parece haber sido diseñado  para socavar las posibilidades de organizaciones independientes de la sociedad civil de operar efectivamente y sin miedo a sufrir represalias.
Desde 2015 y hasta abril 2019, más de 4 millones personas han salido del país,2 de las cuales sólo alrededor de 1,4 millones tienen estatus regular en los países receptores. El número de venezolanos en el extranjero pasó de 700.000 a más de 1,6 millones entre 2015 y 2017, y algunos 1,1 millones más huyeron entre 2017 y el comienzo de 2019. Las razones para salir son variadas, e incluyen la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Muchos necesitan protección internacional, y desde 2014, 408.500 venezolanos han solicitado asilo, incluyendo 248.000 en 2018 solamente. En 2014, poco más de 4.000 venezolanos solicitaron asilo.3 En 2018, la migración fuera de Venezuela continuó, con 5.000 venezolanos saliendo del país en promedio todos los días.4 Según una encuesta de Gallup realizada en 2018, el 36% de los venezolanos dijo que les gustaría dejar Venezuela permanentemente si podían, incluyendo una mayoría  ( 51% )  de venezolanos de 15 a 29 años.
Educación: el acceso a la educación se ha deteriorado como resultado de la crisis. Hasta el 70% de los niños en edad escolar no asisten a la escuela de forma regular, y al menos un 15% exhiben retrasos significativos en su educación. Debido a la hiperinflación, los costos de la escolarización se han disparado, y la mayoría de los padres tienen que pagar el equivalente de 30 veces el salario mínimo mensual para que sus hijos asistan a la escuela. El acceso a la educación también se interrumpe mayormente debido al mal funcionamiento de las carreteras y el transporte público. En la frontera con Colombia, muchos estudiantes cruzan el puente Simón Bolívar todos los días para asistir a la escuela. En febrero de 2019, el puente fue bloqueado por las fuerzas venezolanas para evitar que la caravana de ayuda entrara en el país afectando a unos 4.000 niños en edad escolar. Más adelante se abrió un "pasaje humanitario" para permitir a los estudiantes ir y venir.
El Plan de respuesta para los refugiados y migrantes  ( RMRP por su sigla en inglés ) 33 tras el lanzamiento oficial en Ginebra el 14 de diciembre, para el 2019 pretende proporcionar: 1. una estrategia para atender las necesidades de 2,2 millones refugiados y migrantes en 16 países, alineados con las respuestas de los gobiernos y en coordinación con los actores del desarrollo. 2. una respuesta operativa coordinada que beneficie a los refugiados y migrantes, pero también a las comunidades anfitrionas en cuatro esferas clave de intervención: asistencia directa de emergencia, protección, integración socioeconómica y cultural y fortalecimiento de la capacidad de los anfitriones Gobiernos. 3. un mecanismo de coordinación para asegurar sinergias entre 95 socios, evitar duplicaciones y minimizar las brechas. un mecanismo de financiación para permitir la movilización de recursos y proporcionar una visión global de las necesidades y la respuesta, estipulando requisitos financieros de US $738 millones. De acuerdo con los datos compartidos en la plataforma regional de coordinación para los refugiados y migrantes venezolanos34, coordinada por ACNUR y OIM, en enero de 2019, se contaban aproximadamente 3,4millones de migrantes venezolanos y refugiados en el mundo  ( más del 10% de la población venezolana actual ) ; de los cuales 2,7M de migrantes y refugiados venezolanos sólo en América Latina y el Caribe.
Para nales del 2019, 4 años después del comienzo de la crisis humanitaria venezolana, 4.6 millones de venezolanos han huido del país, alrededor del 16 por ciento de la población. La cifra es sumamente similar a los 4,8 millones de personas que habían huido de Siria en 2015, 4 años después de la crisis del desplazamiento forzado masivo allí. Como muestra la Figura 1, la crisis de refugiados venezolanos es una de las más grandes en la historia moderna, y si las tendencias actuales continúan, podría haber hasta 6.5 millones de venezolanos viviendo fuera del país para 2020  ( según las estimaciones del ACNUR ) , superando ampliamente la velocidad del desplazamiento observado en Siria. En trabajos anteriores, mostramos que los números podrían ser signicativamente más altos si la crisis humanitaria en Venezuela continúa empeorando, llegando a más de 8 millones
¿Qué podemos esperar en 2020? Desafortunadamente, no hay razón para creer que los ujos masivos de venezolanos disminuirán en el corto plazo, mientras Maduro continúe en el poder y la situación humanitaria continúe deteriorándose. Al ser vista como una crisis regional, la comunidad internacional no ha priorizado esta crisis al nivel que deberían. El fracaso de la comunidad internacional de movilizar fondos adicionales para apoyar los esfuerzos de integración de las naciones receptoras tiene consecuencias: algunos países de la región, como Ecuador, Perú y Chile, ya han impuesto barreras de entrada para los venezolanos. Además, con la creciente inestabilidad económica y los disturbios sociales en gran parte de América Latina, los migrantes y refugiados venezolanos corren el riesgo de ser utilizados como chivos expiatorios, lo que se suma a los sentimientos xenófobos que continúan surgiendo en la región. No hay soluciones simples: la crisis es políticamente compleja, prolongada e involucra a más de 17 países receptores en la región. Sin embargo, un primer paso clave debe ser una mayor coordinación entre las naciones antrionas y los donantes. Si bien los países antriones, junto con el ACNUR y la OIM, han creado una plataforma para la coordinación regional, el Proceso de Quito, los países aún no han acordado un plan de respuesta integral, tanto en términos de políticas como de esfuerzos conjuntos de recaudación de fondos. Las áreas clave para la colaboración en materia de políticas incluyen una gestión mejorada de las fronteras, un sistema unicado de identicación, esquemas de reasignación regional voluntaria e inversiones conjuntas en infraestructura. El presidente venezolano Juan Guaidó y su gobierno interino deben unirse, y tal vez incluso liderar, los esfuerzos regionales para buscar soluciones diplomáticas a la crisis de refugiados venezolanos, trabajando con los casi 60 países que lo reconocen como el presidente legítimo del país, la mayoría de los cuales son países donantes
El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el brote de COVID 19 como una pandemia mundial. La mayoría de los países, exceptuando solo unos pocos, han registrado casos de COVID 19
Por lo tanto, el gobierno colombiano, desde el inicio de esta situación, ha intentado coordinar esfuerzos a nivel nacional y local, para tener unos procedimientos que permitan una migración hacia Venezuela controlada y ordenada, que no suponga un riesgo sanitario para el país ni para las comunidades  ( Migración Colombia, 2020 ) .
otra postura desde el campo humanitario, que desincentiva también el retorno de los migrantes venezolanos, corresponde a la falta de garantías de seguridad y dignidad al momento de su regreso, ya que varios de ellos se exponen a niveles altos de contagio y riesgos en temas de protección  ( exposición a hurtos, extorsiones, abusos y demás ) , durante su recorrido de vuelta.
Venezuela: A limited number of UNHCR missions have been taking place, in coordination with government counterparts. UNHCR, together with NGO partner Vivienda Popular, delivered 50 kits including solar lamps, soap, jerrycans and water purification tablets to people in need in several communities in the greater Caracas area. UNHCR, in collaboration with community groups in the western state of Táchira, distributed 50 habitat kits to families grappling with overcrowding in the community of Mi Pequeña Barinas. The kits benefited a total of 298 people, including 166 children and adolescents.
The Protection Cluster will continue to provide training on the centrality of protection in humanitarian action tostrengthen capacities of partners working in humanitarian response in Venezuela. It also plans to offer training on thelegal framework for protection of internally displaced persons. The processes of referral to specialized services forchildren and their families still needs to be strengthened and systematized. Training to establish standards in servicesis planned for February and March for members of the Child Protection AoR.The technical capacity of humanitarian institutions and organizations with a role in prevention, mitigation and responseto GBV in emergencies, in accordance with international guidelines and in compliance with national regulations, still needs to be strengthened.
Venezuela, considerado uno de los países más vulnerables de la región frente al COVID19, en relación con el pobre estado del sistema de salud del país, reportó sus primeros casos e13 de marzo.
La Organización Panamericana de la Salud  ( OPS )  renovó su compromiso de seguir apoyando al Ministerio del Poder Popular para la Salud  ( MPPS )  y al equipo asesor de la Asamblea Nacional de Venezuela en la respuesta a la pandemia por COVID 19, incluyendo la búsqueda de recursos financieros que contribuyan a fortalecer la capacidad del país para enfrentar esta emergencia.
En una reunión realizada hoy martes 9 de junio, entre el ministro de Salud, Carlos Alvarado; el asesor de la Asamblea Nacional, Julio Castro; el director de emergencias en salud de la OPS, Ciro Ugarte, y el representante de la OPS en Venezuela, Gerardo de Cosio, se acordó brindar prioridad al acceso a los equipos de protección para el personal de salud y a las medicinas e insumos para tratamientos, descentralizar las pruebas diagnósticas y aunar esfuerzos para la atención en los estados más afectados.
el acuerdo que firmaron las tres partes el 1 de junio pasado se identificaron como líneas prioritarias: la detección de casos activos de COVID 19 con diagnóstico de laboratorio; el tratamiento oportuno y adecuado de casos confirmados; y el aislamiento supervisado de los casos sintomáticos y la cuarentena de sus contactos. Con respecto a los servicios de salud, identificaron a la protección del personal de salud y la implementación de acciones de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud. También indicaron como prioritaria la vigilancia epidemiológica con el análisis de información y reportes de situación, así como la comunicación de riesgos para que la población adopte medidas de prevención y cuidado.
Ambas partes del acuerdo señalaron que la pandemia por COVID 19 representa un reto para la salud, la economía y el bienestar de la sociedad venezolana. Con el fin de salvar vidas, proteger al personal de salud y reducir la transmisión de la enfermedad en el país, se requiere el trabajo complementario de todas las entidades públicas y privadas. En ese sentido, el MPPS y la Asamblea Nacional solicitaron el apoyo técnico y administrativo de la OPS para asegurar la implementación, seguimiento y supervisión de esta colaboración, así como para informar regularmente sobre las líneas acordadas como prioritarias.
Before the COVID 19 prevention measures took effect, we provided 28,600 meals to children in Capital District and Miranda.
La inseguridad alimentaria y el acceso insuficiente al agua limpia inhiben la capacidad de la población para hacer frente a un brote de COVID 19 y a medidas de contención prolongadas. La capacidad de respuesta humanitaria se ve aún más afectada por restricciones de acceso.
El gobierno nacional bajo el Presidente Nicolás Maduro, ha implementado varias medidas de control para reducir la propagación de COVID 19. El estado de emergencia fue declarado el 12 de marzo de 2020. Luego, el 16 de marzo de 2020, se declaró una "cuarentena social", estipulando restricciones estrictas de movimiento, cierre temporal de negocios no esenciales, así como la suspensión de la mayoría de las actividades laborales y de todas las clases a nivel nacional
Respuesta nacional e internacional El gobierno asignó 46 hospitales y centros de salud centinela para recibir los casos de COVID 19, declarando que 23.700 camas en hospitales y hoteles, incluyendo 1.200 camas en unidades de cuidados intensivos  ( UCI ) , estarían preparados para recibir casos  ( OCHA 10/04/2020; CNN 23/03/2020 ) . Además, el sistema Barrio Adentro ha sido asignado para identificar casos e informar sobre las encuestas  ( Efecto Cocuyo 25/04/2020 ) .
Según los informes, el gobierno ha recibido cierto apoyo médico de aliados como China y Rusia  ( Gobierno de Venezuela 12/04/2020; OCHA 23/04/2020 ) . Agencias de la ONU como la OMS/OPS y UNICEF han entregado suministros médicos, incluyendo equipos de protección personal  ( PPE, por sus siglas en inglés )  para trabajadores médicos, concentradores de oxígeno y kits de higiene  ( OCHA 23/04/2020 ) . Las organizaciones de la sociedad civil están apoyando la respuesta  ( OCHA 04/05/2020 ) . ACNUR entregó artículos no alimentarios  ( NFI, por sus siglas en inglés ) , incluyendo artículos de higiene, a los estados Táchira y Zulia  ( OCHA 23/04/2020; OCHA 22/05/2020 ) . La ONU, además, lanzó un plan de respuesta al COVID 19 para Venezuela el 10 de abril de 2020.
La confianza en las pruebas rápidas, dada la capacidad limitada para realizar pruebas PCR, probablemente distorsiona aún más el panorama del número total de casos. Además, el Presidente Maduro pidió la hospitalización de todos los casos confirmados de COVID 19, lo que puede disuadir a la gente de acercarse a los servicios de salud, y por lo tanto llevar a que no se registren casos
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela, presentada este martes desde Caracas, reveló preocupantes números sobre pobreza en ese país y mostró cuales son las razones por las que los venezolanos salen forzadamente en busca de oportunidades
Las restricciones a la circulación pueden aumentar la dependencia de traficantes y los grupos ilícitos. Aprovechando la situación actual, incluso con la militarización de muchas fronteras, y abusando de la vulnerabilidad de las personas refugiadas y los migrantes, los traficantes que ya operan en los cruces fronterizos informales pueden llegar a cobrar honorarios aún más altos por sus servicios o recurrir a la extorsión.
Según el informe, efectuado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, el 82,8 de las personas que han emigrado lo hacen por motivos laborales, porque buscan trabajo o porque hallaron uno. La pérdida de la garantía de empleo en Venezuela impulsa a los ciudadanos a emigrar solos, para luego de unos meses reunirse con su familia en otras fronteras. Solo el 5,8 por ciento de las personas que migran lo hacen por reagruparse en familia, el 1,3 por ciento por razones políticas y el 1,1 por ciento lo hace para estudiar.
En la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela se han reportado niveles crecientes de xenofobia y discriminación en contra de personas venezolanas, a los que se ha acusado falsamente de propagar la COVID 19, lo cual se está traduciendo en barreras adicionales para el acceso a servicios de salud por parte de esta población.
· Con el aumento del cierre de las fronteras permeables con Venezuela, las personas desesperadas se ven obligadas a recurrir a una migración riesgosa y a un cruce fronterizo informal por medio de 'trochas'. La experiencia de epidemias anteriores sugiere que las restricciones de movimiento y otras medidas de contingencia pueden crear oportunidades para la explotación y abuso sexual.
Actualmente el 43 por ciento de los hogares venezolanos muestran imposibilidad para trabajar, marcado por la afectación de la pandemia generada por la covid 19.
Suiza organizó el transporte a Venezuela de un cargamento de 94 toneladas de ayuda humanitaria  principalmente de suministros médicos para la lucha contra el coronavirus , reunida por diversas organizaciones internacionales, informó el Ministerio suizo de Exteriores  ( DFAE )
No obstante esos datos, llama fuertemente la atención las cifras sobre pobreza. Según el documento, la pobreza total en el país es del 96,2 por ciento, un número que aumentó respecto del presentado en 2018, que fue del 92,6 por ciento. En cuanto a la pobreza extrema, el informe estableció que el 79,3 por ciento de los hogares está en esta condición.
La carga consiste principalmente en material médico, como equipo de protección personal para la lucha contra la COVID 19, medicamentos, equipo de emergencia y artículos de higiene, así como utensilios para el tratamiento del agua. Se espera que alrededor de 1,2 millones de personas se beneficien de esta acción.
La inseguridad alimentaria es uno de los motivos por los cuales los venezolanos buscan oportunidades laborales fuera de su país. Según la encuesta ENCOVI, en el 97 por ciento de los núcleos familiares no se cuenta con seguridad alimentaria, representando en esta oportunidad la seguridad alimentaria severa el 33 por ciento de los casos.
Este sábado en una sesión de preguntas y respuestas a través de Facebook Live el presidente Iván Duque anunció que el próximo mes inicia la renovación del Permiso Especial de Permanencia para ciudadanos extranjeros radicados en el país. El anuncio se dio ante la pregunta de una ciudadana venezolana que preguntó al jefe de Estado la fecha en que el Gobierno habilitará la renovación de dicho documento, conocido como PEP.
During the reporting period, fuel shortages persisted, and continued to cause significant challenges for the general population and humanitarian operators alike. Despite the quarantine, long queues at gas stations were reported in Bolivar, Tachira and Zulia states. By the end of May, the availability of more petrol slightly improved the situation.
The Maduro government's latest power play – in which loyalist judges appointed the board that will oversee end of year elections – is evidence to many in the Venezuelan opposition that talking is fruitless. But negotiations remain the only route to a stable outcome for the country's protracted crisis.
Another Chavista Power Play The Venezuelan constitution stipulates that all members of the CNE should be independent. But in practice its new board will include three pro government members  ( including two recruited from among Supreme Court justices ) , one member from a minority party not aligned with the mainstream opposition and one from a dissident faction of a mainstream party, Acción Democrática. All three pro government members have previously been sanctioned, by the U.S. and Canada, for alleged involvement in human rights abuses and/or financial crimes.
But the president's other major headache is that nearly 60 countries, including the U.S., numerous Latin American nations and the European Union's member states, regard opposition leader Juan Guaidó, president of the National Assembly, and not Maduro, as the country's rightful president. These states' refusal to recognise Maduro followed his re election in a 2018 vote that they viewed as a sham.
Los refugiados y migrantes venezolanos, por ejemplo, están regresando a Venezuela en flujos migratorios irregulares, lo que aumenta los riesgos de protección y sanitarios, bien como la xenofobia. El surgimiento de compañías de transporte ilegales que utilizan puntos de cruce no oficiales representa un mayor riesgo de situaciones de VBG, trata y tráfico ilícito de migrantes, y sexo por supervivencia,12 que está aumentando a medida que las poblaciones vulnerables buscan usar estos servicios.
n the absence of a comprehensive political agreement between government and opposition, even a relatively competitive parliamentary election would make only a modest contribution to resolution of Venezuela's political conflict, now two decades long. An unfair election, on the other hand, will certainly exacerbate the conflict by denying the mainstream opposition an institutional foothold in Venezuela, reducing the possibility of compromise between the sides and shutting off one of the last possible routes to peaceful political change.
El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que 334 venezolanos han sido deportados durante los días de la cuarentena obligatoria nacional, por incumplir normas y no acatar las medidas mínimas de bioseguridad.
Al menos 80 mil venezolanos han retornado por los principales puntos de frontera
En establecimientos de salud: 30 establecimientos  ( 82.100 personas estimadas )  han recibido un apoyo ASH en el suministro de agua y/o la promoción de higiene.
Factores de riesgo Capacidad médica limitada Los hospitales venezolanos no se están equipados para hacer frente a un brote a gran escala. El sistema de salud venezolano ha sido mermado por años por un éxodo de personal médico, por la falta de suministros médicos, incluyendo farmacéuticos y otros básicos como tapabocas y desinfectantes, así como por el débil estado de la infraestructura de agua y electricidad.
La fluidez de las fronteras y la falta de control gubernamental sobre los cruces fronterizos irregulares plantean un desafío al control epidemiológico de la migración desde y hacia Venezuela.
Información epidemiológica limitada El gobierno, siendo el responsable de actualizar las cifras de casos bajo las normas del Reglamento Sanitario Internacional, controla el flujo de información epidemiológica. Las publicaciones independientes de cifras estimadas de casos y los reportes de las condiciones del sistema de salud son suprimidos. Aunado a una baja tasa de pruebas PCR, esto probablemente conduce a un reporte de casos por debajo de la realidad. En consecuencia, la detección de un brote importante de COVID 19 sería retrasada, con casos reportados que no reflejan la situación real
The COVID 19 crisis has led to significant regional population movements in Latin America, both inside countries and across borders. There are currently around 1 million refugees and asylum seekers  ( mostly Venezuelans ) , 8.3 million IDPs, and 4.2 million people displaced and in transit throughout the region
National capacities throughout the region are stretched, and access to healthcare is a challenge, especially for irregular migrants and those in transit. Shelter, food and NFIs are critically needed; the onset of winter will increase humanitarian needs.
For the first time since 2015 the number of Venezuelan refugees and migrants in Colombia has decreased, with 68,000 Venezuelans returning to their country. Around 200,000 people in Peru's urban areas are trying to return to their places of origin. Nicaraguans in Costa Rica and Bolivians in Chile are also returning to their home countries. Many have lost their livelihoods and face poverty, eviction, food insecurity, and increased protection risks.
Factores subyacentes y agravantes Conflicto político Venezuela está dominada por un ambiente político extremadamente polarizado. El conflicto político sobre el poder nacional que existe entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, liderada por la administración de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, supone un obstáculo a la acción coordinada y conjunta de los agentes políticos durante la epidemia. Cualquier tipo de información sobre la evolución de la crisis es susceptible de ser usada con propósitos políticos.
Acceso humanitario limitado Los problemas de acceso han supuesto desafíos operativos para los agentes comunitarios, incluso antes de la crisis de COVID 19. Estos problemas han sido agravados por la cuarentena nacional. Es probable que esto impacte el acceso de los agentes de respuesta a las poblaciones afectadas y la capacidad de apoyar al sistema de salud durante un brote de COVID 19 de grandes dimensiones. Los vacíos de información plantean problemas para la planificación de respuesta.
Over 48,000 children were supported with distance learning in Bolivar, Zulia, Apure, Capital District, Miranda, Tachira, La Guaira and Delta Amacuro.
Education UNICEF continues encouraging children to carry out their education from home, in compliance with COVID 19 quarantine measures. Technical assistance, including developing an adequate distance learning curriculum, continues to be provided to the Ministry of Education  ( MoE )  to strengthen the national school continuity programme ‘Cada familia una escuela'  ( Each family, one school ) . UNICEF is also working to support the school re opening strategic plan in accordance with the global framework issued by UNICEF, UNESCO, WFP and World Bank in April 2020
Antes de la pandemia de COVID 19, la xenofobia contra las personas migrantes y refugiadas ya iba en aumento. Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo centroamericanas y venezolanas ya expresaban temor de ser agredidas físicamente por otros miembros de la comunidad, coyotes y/o autoridades nacionales.199 Por ejemplo, el 35.6% de los ciudadanos venezolanos  ( el 36.6% de las mujeres y el 34.6% de los hombres )
La hiperinflación desenfrenada está controlando el precio de los bienes esenciales. En Abril de 2020, los precios incrementaron un 80 % y la inflación anual llegó a más de 4000 %  ( Reuters 11/05/2020 ) . El gobierno retomó recientemente las medidas de control de precios, las cuales habían sido relajadas previamente, en un intento de frenar la inflación  ( Reuters 30/04/2020 ) . A pesar de los aumentos progresivos del salario mínimo, el poder adquisitivo es muy limitado. En Marzo de 2020, el salario mínimo era suficiente para adquirir solamente un 1.3 % de la canasta básica de alimentos  ( CENDA 03/2020 )
el estallido de COVID 19, mujeres y hombres refugiados y migrantes de Venezuela pueden enfrentarse a vulnerabilidades específicas debido a las circunstancias de su viaje y a sus condiciones precarias de vida y de trabajo. Las restricciones de viaje y movilidad sin precedentes destinadas a impedir la propagación de COVID 19 tienen efectos multifacéticos que, combinados, fomentan un entorno en el que las personas refugiadas y migrantes, en particular las que se encuentran en situación irregular, podrían ser objeto de abuso y explotación, adicionalmente a dificultades de identificación, protección e investigación de casos
· Capacidad estatal desbordada para hacer frente a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El brote de COVID 19 ejerce una gran presión sobre las capacidades del Estado a todos los niveles, y es posible que se desvíen recursos de las actividades de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes debido a las prioridades sanitarias más inmediatas. La prestación de protección y asistencia a las víctimas, así como la investigación y la judicialización de los perpetradores pueden verse afectados por el cierre de instituciones públicas y organizaciones de apoyo, o por la situación de los empleados y empleadas que trabajan desde su casa, y el cierre de las fronteras.
· Debido a las restricciones impuestas por la pandemia –aislamiento, acceso reducido a los servicios básicos–, las posibles víctimas de la trata, en particular las que se encuentran en situación irregular, pueden no querer o no poder informar sobre sus condiciones de salud por los gastos médicos que no pueden pagar, o por temor a ser identificadas, detenidas y/o deportadas por las autoridades. · Las personas que trabajan en el sector informal o en situación irregular pueden estar más expuestas a contraer el virus debido a las precarias condiciones de trabajo sin suficientes medidas de prevención