nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Regularización migratoria y acceso al reconocimiento de la condición de refugiado

Como puede verse en el Gráfico 8, en los tres países abordados el 51% de las personas LGBTI+ entrevistadas se encuentra en situación irregular, sin ningún tipo de documentación o permiso de permanencia regular en di  chos países. Esta situación, conduce a la imposibilidad de acceso formal a derechos sociales y servicios básicos debido al poco acceso a información confiable y veraz y al miedo de ser revictimizados; ello les expone a riesgos de infraprotección, como ser instrumentalizados/as en la explotación labo  ral y sexual, en el tráfico y trata de personas y ser víctimas de algún tipo de violencia, la cual termina invisibilizada.
Es importante analizar el caso de las personas LGBTI+ solicitantes de la condición de refugiado o refugiados/as, un porcentaje por debajo del 10% en los tres países, y ello se puede interpretar a partir de sus relatos, donde puntualizan que, a pesar de salir de su país por situaciones de persecución, violencia o violación de derechos humanos que llevarían a cumplir con los criterios para ser reconocidas/os con la condición de refugiado, no solicitan la protección internacional porque sienten que esa es una condición que les impide regresar a su país o movilizarse a otro destino.
Como se ha señalado, uno de los factores que aumentan el riesgo de viola  ción de los derechos humanos en las rutas desde Venezuela hacia Colombia, Ecuador y Chile es el tránsito irregular. La gran mayoría de personas LGBTI+ participantes de esta investigación lo hicieron a través de trochas, motiva  dos por la percepción de no poder cumplir con los requisitos de los países de destino, dado que, para ellos y ellas, el movimiento mixto regulado y formal es muy costoso, con procedimientos engorrosos y toma mucho tiempo. 

Bula y Cuello  ( 2019 )  consideran que en el caso de personas LGBTI+ es aún más probable que se desplacen de forma irregular por la falta de oportu  nidades históricas que han tenido que sortear por los prejuicios sociales frente a sus orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género diversas. Esto las ha llevado a expulsiones a temprana edad de sus familias, exclusión del sistema educativo, de acceso al trabajo y a un salario digno que les permita contar con el capital económico y simbólico para afrontar un desplazamiento en términos formales.

De acuerdo con las entrevistas realizadas y al no contar con documentación en regla  ( pasaporte, DNI )  el 70% de las personas LGBTI+  ( ver Gráfico 9 ) , han realizado la ruta a través de las trochas en Paraguachón, vía Maicao o por pasos informales en Cúcuta para ingresar a Colombia, y quienes han transitado a Ecuador y Chile, también, han acudido a tránsitos irregulares.
. Mencionan que ante los cierres de fronteras hacia Chile, Ecuador pasó de ser considerado como un lugar solo de tránsito a un país de perma  nencia.
En Ecuador. En los grupos de discusión se identifican tres puntos principa  les de entrada al país: el primero es por las Esperanzas en San Lorenzo, el segundo es Tulcán por Rumichaca y el último por San Miguel en Sucumbíos. Estos dos últimos son los que más entradas tienen, y donde se ha identifi  cado un mayor número de trochas.
Muchas personas LGBTI+ han ingresado al país debido a la aguda crisis económica que atraviesan y por el imaginario de dolarización que lo hace llamativo para el trabajo. Sin embargo, expresan que la oferta para ellos y ellas es muy reducida, por lo que en su mayoría han terminado en la oferta de servicios a través del trabajo en salones de belleza o el trabajo sexual.
En el caso de algunas mujeres trans, el ciclo de movilidad es permanente y podría interpretarse como una situación particular, ante la discriminación social y la falta de oportunidades. Muchas de ellas cuentan que su deseo es, luego de haber pasado Colombia, Ecuador, Perú y posteriormente llegar a Chile, lograr llegar a un país donde consideran que el trabajo sexual es mejor pagado. Este transitar trae consigo una serie de riesgos y muchas de ellas denuncian que terminaron en redes trata de personas, debido a sus condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social.
Se ha encontrado que los riesgos más significativos están referidos a la falta de acceso al derecho a la alimentación, muchas personas LGBTI+ están en situación de desnutrición y deshidratación. Lo más frecuente es encontrar relatos de lo complejo que es cruzar el páramo y esto resulta fuerte porque son personas que toda su vida han vivido en clima cálido, no tienen ropa con que abrigarse, se exponen a bajas temperaturas, contraen enfermedades, y hacen esta travesía a pie, además algunas de ellas viven con VIH, lo que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad.
Según la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, existe desconocimiento, tanto de los empresarios sobre los derechos de las personas extranjeras, como de los migrantes y refugiados venezolanos sobre cómo hacer valer sus derechos. Esto permite que se presenten abusos laborales como, por ejemplo, el incumplimiento de pago de las horas extras, retrasos en los pagos, trabajo sin contrato o demora excesiva en la firma de los contratos cuando el personal ya se encuentra trabajando, aprovecharse de los períodos de prueba21, entre otros.
Del total de la población migrante que ha ingresado a Ecuador, de acuerdo con datos del MREMH22, el 49% son mujeres, el 51% son hombres y el 21% corresponde a niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con datos de la OIM, aproximadamente el 8,7% de la población padece una condición médica crónica y/o discapacidad. Respecto de los rangos de edad, el 55% de personas se ubica entre los 18 a 35 años, seguido por el 22% que se ubica entre los 0 y 17 años.
El salario promedio percibido por los venezolanos encuestados en situación de movilidad humana en este ejercicio es de USD 295,59 mensuales.
Únicamente el 2% de la población venezolana ha accedido a productos de crédito, lo que limita su posibilidad de acceder a capital, no solo para cubrir sus necesidades familiares y enfrentar riesgos, dada su condición de vulnerabilidad, sino también para emprender negocios26.
Además, la crisis sanitaria incrementó las dificultades para acceder al sistema de asilo, a los procesos de registro y regularización migratoria, así como a los servicios de salud pública.
El acceso al sistema financiero no solo representa una limitación al emprendimiento, también el empleo se ve afectado. Se ha evidenciado casos de personas que pierden oportunidades laborales por estar fuera del sistema financiero; sin embargo, se estima que otro grupo poblacional de aproximadamente un 18% de los migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador cuenta con algún tipo de producto financiero, y es porque, por lo general, cuenta con un empleo normal.
En ese sentido, tomando en cuenta que el 13% de las familias inicialmente encuestadas por el GTRM  ( 2021 )  manifestó su intención de establecerse en Ecuador, específicamente en el cantón Huaquillas, el CDH recibió una alerta de preocupación por asentamientos en donde incluiría población en movilidad humana en el sector Los Ángeles. La preocupación se origina en el evidente movimiento de las personas que se encontraban en el paradero turístico, hacia este asentamiento donde ya han sido notificadas de un inminente desalojo.
La situación económica de esta población es preocupante en términos de sostenibilidad. Más del 70% actualmente no percibe ingresos y sólo tres de los encuestados manifestó percibir entre $100 y $200 mensuales. El oficio de estas personas varía, ya que aproximadamente el 60% de ellas son amas de casa, el 16% se dedica al comercio informal o a trabajos relacionados a la albañilería y soldadura.
El nivel de empleo adecuado, aquel que cumple condiciones mínimas de salario y horas de trabajo, apenas alcanza a un tercio de la población económica activa  ( PEA ) . Las personas que para septiembre de 2020 cuentan con un empleo adecuado3 totalizan 2,5 millones.
Guayaquil, junto con Manta, Quito, Santo Domingo y Cuenca, es una de las ciudades elegidas por miles de ciudadanos venezolanos que se quedan en el país y buscan trabajo. Según Alfredo López, de la Asociación Civil de Venezolanos, desde julio de 2018 se vio un arribo masivo de migrantes venezolanos que continuaron su ruta hacia Perú o Chile. Explicó además que, aquellos que eligen quedarse en el país se van hacia la costa porque “hay menos denuncias de xenofobia y más empleo'.
Los cantones en donde se concentran el 44% del total de asentamientos son Guayaquil, Portoviejo, Milagro, La Libertad, Santo Domingo, Santa Elena, Montecristi, Machala, Durán y Quito  ( ídem ) . Es decir, ocho de los 10 cantones que aglutinan la mayor cantidad de asentamientos se encuentran en el Litoral.
Sin embargo, muchos refugiados comparten alojamiento o viven en edificios públicos no funcionales, centros colectivos, barrios marginales y asentamientos informales dentro de las zonas urbanas como respuesta a las necesidades de aquellos que han tenido que dejar su hogar por diversas situaciones como violencia generalizada, cambio climático o desastres naturales, como es en el caso de Ecuador.
While a significant number of UNHCR's persons of concern continue onward to other parts of Ecuador or third coun  tries, some are seeking to return to Venezuela due to the loss of livelihoods and housing due to COVID 19, yet others choose to remain in the area to work in agriculture or other income generating activities.
Sólo de diciembre de 2020 a marzo de 2021 el número de migrantes aumentó el 6,7%, es decir, alrededor de 28.000 ciudadanos venezolanos en sólo tres meses.
De ellos, el 83% se mantiene en una condición migratoria irregular debido a falta de documentos desde su ingreso al país, y solo cuatro personas mantienen una estatus migratorio regular: dos poseen visa temporal; una, visa permanente; y una, visa Unasur.
El hacinamiento es evidente ya que dentro de las pequeñas covachas improvisadas, el 71% de las familias vive con dos o tres familiares, mientras que otros viven hasta con más de cuatro familiares. Es decir, si por cada una de las 24 familias encuestadas se considera que tienen entre tres y cuatro miembros, se deduce un total aproximado de 100 personas residiendo en dichas condiciones precarias.
La situación económica de estas familias es similar a las evidenciadas en otras localidades como Milagro y Guayaquil. En efecto, el 62,50% de las familias que se encuentran asentadas en Huaquillas no percibe ingresos mensuales; el 29% gana entre $10 y $40 por razón de oficios relacionados a la venta informal en sectores de la ciudad, albañilería, soldadura, estibaje, entre otros. Sólo dos de los 24 encuestados aseguraron percibir entre $100 y $200 mensuales.
c. Situación del mercado laboral ecuatoriano hace desafiante la inclusión, no solo para los migrantes y refugiados.
De forma general, tanto la visa de residencia temporal como la permanente tienen requisitos similares, tales como documento de viaje válido, certificado de antecedentes penales, pago de la tarifa, entre otros.
El 54% de los participantes de la encuesta declararon enviar remesas con frecuencia. El monto promedio de envío es USD 62,90 mensuales. Los envíos tienen variaciones mínimas por localidad. Desde una perspectiva de género, los hombres tienden a enviar montos mayores,
Esto implica que el 16% de las personas venezolanas que han entrado a Ecuador se han quedado, mientras que el 84% han estado de paso hacia otros países, es decir su destino final no fue el Ecuador.
Las tres principales razones para haber elegido a Ecuador como país de destino son: oportunidades laborales, cercanía geográfica y el uso del dólar como moneda.
La crisis sanitaria impactó notablemente en la economía cuencana. Según la Cámara de Industrias y Productividad  ( CIPEM ) , desde el inicio del estado de excepción, el sector productivo perdió un promedio de 150 empleos diarios como resultado de una reducción en la demanda de productos y servicios y ventas estimadas en unos 8,3 millones de dólares americanos diarios, entre abril y mayo, y unos 4 millones de dólares diarios hacia agosto del 2020.
Luego de la industria, la construcción y el comercio fueron los sectores más afectados en esta crisis, según los datos del gremio empresarial. Entre los tres representan cerca del 50% de la producción en Azuay y, antes de la pandemia, generaban el 37% de las plazas laborales5.
La cuidad de Manta es el centro económico más importante de la provincia de Manabí, al aportar más del 30% del PIB  ( producto bruto interno )  provincial.
De acuerdo con Lucía Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Manta  ( CCM ) , durante los ochenta días de confinamiento por la emergencia sanitaria, se calcula que la ciudad perdió diariamente unos dos millones de dólares americanos.
El turismo fue la actividad económica más afectada tras la pandemia del COVID 19. El flujo de cruceros se detuvo, como también el turismo nacional. De acuerdo con Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manta, durante los tres meses de confinamiento, este sector perdió cerca de 25 millones de dólares americanos.
Otra actividad económica que ha comenzado a tomar importancia es el turismo comunitario, que tiene a la comunidad indígena conocida como la nación Tsáchila, como uno de sus principales atractivos. Los visitantes tienen la oportunidad de conocer destinos naturales, al tiempo que interactúan con la cultura y tradiciones de la nación Tsáchila. Desafortunadamente, estos esfuerzos cuentan con un nivel bajo de formalidad.
Se estima que la tasa nacional de desempleo, como resultado del impacto económico generado por la pandemia del COVID 19, subió al 13,3%; con alrededor de 698 449 trabajadores que perdieron su empleo dada la incapacidad de las empresas para sostenerlos.
En lo que respecta a la equidad salarial, los trabajadores venezolanos reciben un salario entre un 38% y 61% menos que sus pares ecuatorianos con el mismo nivel educativo. Se estima que si los salarios de los venezolanos se igualaran al ingreso laboral que a los ecuatorianos del mismo nivel educativo, el PIB podría aumentar hasta en un 2%19.
El 67% de las administraciones encuestadas refirieron permitir la salida de las personas beneficiarias para la generación de medios de vida, mientras que el 33% prohíben expresamente la salida de las instalaciones durante el periodo de estancia.
A su llegada al albergue el 95% de los/las beneficiarios/as reportó haber recibido enseres básicos como edredones, cobijas, sábanas y almohadas cuya calidad es juzgada como buena por el 94,79%
Del total de personas encuestadas sólo alrededor del 37% ha recibido algún tipo de asesoría legal siendo los temas prioritarios, la documentación, derechos humanos, regularización migratoria y acceso a la justicia.
El 68,55% de las personas encuestadas refieren mantener comunicaciones con sus familiares a través de medios propios como dispositivos celulares, medios de computadora y acceso a redes wifi, en cambio 31,45% refiere no tener medios a su disposición, ni vías de facilitación de las comunicaciones al interior de los albergues.
Pese a estos elementos el 75% de las personas beneficiarias entrevistadas, de las cuales 45 son hombres, 39 mujeres y una persona LGTBIQ+, refieren sentirse más seguras desde su llegada al país y el 94%, de los cuales considera el albergue como un espacio de seguridad y confort personal y familiar.
Se identificó igualmente que sólo en 48% de los casos de violencia se realizó algún tipo de procedimiento, siendo los servicios de protección de identidad en el caso de denuncias anónimas, los servicios médicos y los servicios psicológicos los de utilización regular; las denuncias administrativas tuvieron menor prevalencia.
De los 28 beneficiarios/as que se sienten inseguros en el país, el 57% identifica a la xenofobia como la principal causa, seguido de la inseguridad
Sólo el 30% de la muestra tienen a su cargo NNA en edades escolares, de los cuales el 47% tiene acceso a servicios escolares formales,
Aquellos que indican que perciben inseguridad al interior de los albergues alegan la existencia de otros grupos beneficiarios potencialmente conflictivos, entre ellos los que consumen estupefacientes y/o alcohol o aquellos que se resisten a que se les retiren las armas blancas que portan a su llegada a la instalación.
En cuanto a las percepciones de inseguridad en los escenarios internos de los albergues, se visualiza   aunque con carácter excepcional   que los espacios son susceptibles a la reproducción de esquemas de violencia protagonizados por las personas residentes. Según los administradores, en la mayoría de los casos los intervinientes son hombres jóvenes que apelan en su mayoría a la violencia verbal y en ocasiones física. Ello deriva de conflictos de convivencia y de actividades que contravienen las normas disciplinarias de los albergues.
En menor medida se manifiestan agresiones de VBG; este hecho se atribuye a que las personas residentes conocen que esto figura como una indisciplina grave, ante la cual se dispone el cese inmediato de la residencia en el albergue y la toma de acciones legales contra el perpetrador.
Las personas beneficiarias refirieron que desde su llegada al país un 45% había demandado asistencia en salud de los cuales solo el 74% había recibido atención.
La mayoría de los empleadores ayuda o apoya a sus empleados y/o postulantes de nacionalidad venezolana con trámites que sean requeridos por ley o que deban ser actualizados para continuar trabajando.
En el caso de los servicios de alimentación, los/as usuarios/as manifiestan que al menos el 82% accede a entre 3 platos diarios con merienda y 3 platos de alimentos sin meriendas, específicamente los residentes de casa linda y casa buen samaritano reciben el 100% de su población, este beneficio. El 18% restante refiere consumir entre dos platos diarios con merienda, 1 plato diario sin merienda o entre 1 y 2 platos en días intermitentes.
La inmensa mayoría salvo el 5% accede al servicio de alimentación sin abonar ningún valor por los alimentos que consumen. Este 5% se desplaza de los albergues hacia otras instituciones que brindan el servicio por un precio módico o adquieren sus alimentos a través de la gastronomía local.
En materia de salud sexual y reproductiva el 79% manifestó haber recibido este servicio a través de la dotación de condones, acceso a la píldora del día después y capacitación e información sobre derechos.
Es importante señalar que las mujeres y adolescentes que viajan solas/ os se exponen a mayores riesgos y vulnerabilidades de caer en redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como de robos, agresiones físicas, secuestros y extorsión.
Entre la muestra encuestada 36.9% de personas refirieron presentar algún tipo de discapacidades o de enfermedades severas y/o degenerativas. La más notoria fue la discapacidad visual, seguida de enfermedades cardíacas y degenerativas  ( diabetes, enfermedades autoinmunes, hipertensión arterial, etc ) . Menor presencia tuvo otras discapacidades de origen auditivo o motor, intelectuales o del aprendizaje. Se reporta un caso de VIH.
Al entrevistar a los responsables administrativos por alojamiento, cinco de los ochos que se encuentran en la muestra reportaron que tenían presencia de 112 NNA  ( 42 niños, 69 niñas )  en edades entre 0 y 17 años. Solo el alojamiento de Casa Linda tiene servicio formal de educación a través de MINEDUC, el alojamiento de Rumichaca, el albergue 8 de septiembre, Fundación Nuestros Jóvenes y el Buen Samaritano tienen servicio ocupacional, desarrollo de habilidades en NNA de tránsito.
En lo que se refiere a las intenciones de permanencia o desplazamiento de las personas, una sustancial mayoría tenía intenciones de quedarse en Ecuador pese a las dificultades que enfrentaban. Así, el 86% señalaba tener intención de quedarse, frente a 6% que decía no tener claras sus intenciones y un 7% que decía querer desplazarse. De estas últimas, el 40% quería mudarse a otra localidad dentro de Ecuador, un 25% quería ir a otro país  ( mayoritariamente a Chile ) , un 25% decía querer regresar a su país de origen y un 7% no sabía bien a dónde quería ir.
Fuentes como el GTRM reconocen que durante el último mes  ( marzo/2021 )  se ha generado un incremento de personas refugiadas y migrantes en situación de calle en las principales ciudades del país y en zonas cercanas a las fronteras como Ibarra, Tulcán, Huaquillas y Machala1.
En promedio los encuestados pagan alrededor de USD 182 al mes en arriendo/vivienda.
En el marco de la situación con el COVID 19 los espacios han disminuido en ocupación, como parte del cumplimiento de medidas sanitarias, aunque en situaciones regulares, la mayor parte de los informantes refieren que han presentado hacinamiento temporal o han debido habilitar otras áreas cuando se generan incrementos exponenciales de flujo migratorio.
El el agua para beber proviene de la misma fuente de abasto que la destinada para otras actividades de consumo. Por esta razón las personas beneficiarias muestran desconfianza de la calidad y seguridad del agua que consumen.
El acceso a agua segura para la realización de actividades básicas de consumo, aseo personal, higienización de áreas y elaboración de alimentos  ( cuando se ofrece este servicio ) , se encuentran presente en el 100% de las instituciones a través de las vías de abasto convencionales. Varias de ellas han realizado mantenimientos constructivos y otras inversiones para ampliar la cobertura de acceso al agua y saneamiento
Las personas migrantes pueden acceder a vivienda social siempre que cumplan con los requisitos, como tener estatus migratorio regular y cumplir con ciertas características socioeconómicas. La promoción de suelo y vivienda nueva de interés social se encuentra regulada en la Ordenanza 267 del Código Municipal  ( 2008 ) , dirigida a familias en situación de pobreza, población vulnerable y en situación de riesgo. La vivienda de interés social es desarrollada por la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda. De igual manera, existen centros de acogida o albergues, adonde son dirigidas las personas migrantes en situación de vulnerabilidad hasta que encuentren una vivienda definitiva. El acceso a estos servicios no tiene restricciones de estatus migratorio ni de situación socioeconómica. El Municipio canaliza este servicio a través de las unidades de los ejes sociales de las Administraciones Zonales, Unidad Patronato San José y la Secretaría de Inclusión Social, desde un enfoque de igualdad e inclusión social, y bajo los principios de no discriminación y ciudadanía universal establecidos en la CRE. Sin embargo, durante la pandemia de COVID 19 la saturación de los albergues temporales se recrudeció, dificultándose el acceso de población extranjera a estos albergues.
Según lo observado, sólo el 25% de los alojamientos cuentan con rampas de acceso para personas con discapacidad y prevalece que los espacios, baños y áreas comunes no poseen adaptaciones para discapacitados/as, personas de la tercera edad y niños/as. Solo el alojamiento Casa buen samaritano tiene adecuación para NNA, personas discapacitadas/ adulto mayor para las puertas de salidas de emergencia.
1.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional Las autoridades locales no han desarrollado aún programas de orientación o bienvenida disponibles para personas migrantes recién llegadas. Sin embargo, la página web del Consejo de Protección de Derechos  ( CPD ) 26 del DMQ contiene información sobre los derechos de las personas en situación de movilidad humana, información para conocer si un derecho ha sido vulnerado y dónde acudir en caso de emergencia o de ser víctima de violencia. De igual manera, el Gobierno Provincial de Pichincha cuenta con una Guía Informativa para personas en situación de movilidad humana que contiene información fundamental para acceder a los servicios con un enfoque de derechos humanos. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  ( MREMH )  ha emitido un “Folleto informativo sobre derechos, obligaciones y servicios para personas en situación de movilidad humana en frontera norte y sur', que brinda información relevante sobre requisitos y documentos necesarios para ingresar, permanecer y salir del Ecuador, así como información sobre tipos de visa, el proceso de regularización en Ecuador, y el proceso para solicitar refugio.
El Municipio cuenta con la primera Junta de Protección de Derechos especializada en Mujeres y Personas Adultas Mayores, además de con Juntas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia adscritas a la Secretaría de Inclusión Social del Municipio, encargadas de emitir medidas para garantizar la protección de NNA no acompañados desde un enfoque integral, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social  ( MIES )  y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  ( MREMH ) . Sin embargo, la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  ( 2017 )  carece de procedimientos especializados para atender a NNA desde el enfoque de movilidad humana, lo que se dificulta aún más cuando se trata de NNA en situación migratoria irregular. El ingreso al país de NNA por vías irregulares impide su identificación, remisión, cuidado y reunificación familiar, así como brindarles asistencia legal, o llevar a cabo procedimientos específicos de visado y asilo.
Las autoridades locales recopilan y publican datos relacionados con la migración, pero la información se encuentra dispersa, no es de acceso público y tampoco se publica de manera regular. Las instancias municipales registran a la población atendida a través de los servicios que prestan y, generalmente, se toma en cuenta la variable de nacionalidad. Esta información es recolectada por la Dirección de Gestión de la Información, entidad adscrita a la Secretaría de Planificación, a través del Sistema de Gobierno Abierto, el Observatorio de Seguridad y otros instrumentos de recolección de datos. La Secretaría General de Planificación de Quito realiza estudios anuales para recopilar información específica sobre movilidad humana. Para acceder a esta información, desagregada por variables de sexo, edad y estatus migratorio entre otras, es necesario realizar una solicitud a dicha Secretaría.
No existen procedimientos específicos o medidas dirigidas a asegurar la protección de la niñez migrante, niñas, niños y adolescentes  ( NNA )  no acompañados o aquellos que se quedan atrás. Si bien la normativa vigente del DMQ y los instrumentos para la protección de derechos de los NNA tienen un enfoque integral, no incluyen de manera específica el enfoque de movilidad humana. Esto supone vacíos en los protocolos cuando se atiende a NNA no acompañados, sobre todo a aquellos en condición migratoria irregular, lo que dificulta la garantía de sus derechos.
En términos de reconocimiento de la condición de persona re  fugiada, entre enero de 2018 y mayo de 2021, Ecuador recibió 13.375 solicitudes de asilo de personas colombianas y reconoció a 8.659 como refugiadas. Esto supone que la tasa de reconoci  miento del alrededor del 65%. En el mismo periodo se recibie  ron 33.936 solicitudes de personas venezolanas y se reconoció como refugiadas a 444. Es decir, tasa de reconocimientos alcan  zó el 1%  ( Gráfico 5 ) .
No se ha desarrollado aún a nivel local un programa de facilitación de la reintegración de las personas migrantes ecuatorianas que regresan al país. No obstante, la Agenda de Protección de Derechos de Personas en Situación de Movilidad Humana, emitida en 2017 por el Consejo de Protección de Derechos del MDMQ busca incrementar la seguridad económica de las personas en movilidad humana. Por ejemplo, se contempla el fortalecimiento de fondos semilla para emprendimientos impulsados por las familias o personas retornadas. Al momento de la publicación del presente documento, el MDMQ, se encuentra elaborando el Plan Distrital de Movilidad Humana que se espera tomará en cuenta el tema de reintegración de las personas migrantes retornadas ecuatorianas.
En el 80% de las instalaciones se constató que los baños compartidos  ( de uso común )  que se encuentran en áreas sociales y administrativas, presentan buen estado con mecanismos de cierre desde el interior. Mientras que las instalaciones sanitarias habilitadas para mujeres y hombre cuentan con cerrojos internos y otras condiciones  ( ventanas en altura y sistemas de ventilación sin acceso visual desde el exterior )  para preservar la privacidad e intimidad de las personas y prevenir actos de acoso y violencia sexual.
En términos generales, se observa una relación entre las posi  bilidades de acceso a regularización migratoria y el territorio de asentamiento de la población. La región Costa parecería albergar a más personas en situación irregular que el resto del país  ( 68% decían no contar con visa o permiso de residencia alguno ) , mien  tras que en la Frontera Norte y, en menor medida, en la Sierra, los porcentajes de irregularidad son ligeramente inferiores  ( 51% y 56% respectivamente ) .
La mayoría de las personas encuestadas señaló contar con una cédula o documento de identidad vigente del país de origen  ( 51% ) . Sin embargo, sólo el 17% dijo contar con un pasaporte vigente  ( y apenas el 12% en el caso de la población venezola  na ) . Esta situación complica mucho las posibilidades de regula  rización con las distintas alternativas migratorias disponibles en Ecuador para las personas en movilidad humana, puesto que el pasaporte vigente es requisito en todas ellas.  ( Gráfico 9 )
Las 799 familias encuestadas reportaron un total de 710 inci  dentes de protección. Los más recurrentes son la amenaza fí  sica  ( 30% ) , el robo  ( 19% ) , la agresión o maltrato físico  ( 11% ) , la amenaza de desalojo  ( 8% )  y el desalojo de la vivienda  ( 6% ) .
En cuanto al nivel de satisfacción, el 82% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la atención recibida. El 12% estuvo en desacuerdo y el restante 6% indeciso. Entre las personas que consideran no haber recibido la atención adecuada, un 21% ma  nifiesta que le negaron la atención, un 10% dice que el servicio no estuvo disponible, y el 36% acusa la falta de recursos, infor  mación, documentación o seguro médico para recibir la atención requerida.
• 1 de cada 5 mujeres, en el último año, fueron obligadas a relaciones sexuales con un arma o por la fuerza; y, 1 de cada 4 mujeres fueron víctimas de sexo forzado bajo chantajes, en  gaños o amenazas.
Por otra parte, para los servicios de disposición de basuras y lavandería  ( en el caso en que se preste este servicio )  se esgrimen opiniones positivas salvo para el 5 % que presentan criterios adversos, fundamentalmente en lo concerniente a la baja disponibilidad de espacios y equipamiento para la realización del lavado de ropa, específicamente en el alojamiento de Casa Linda, Albergue Municipal de Ibarra y Fundación de Nuestro Jóvenes.
Entre los riesgos para las mujeres que suponen las medidas adoptadas por la crisis sanitaria, se mencionan:
Ninguna entidad refirió la realización de otras actividades como controles pre y postnatales, tamizajes de ITS, etc. Sólo en el caso del albergue de la Fundación Nuestros Jóvenes se mencionan las gestiones de la Coordinadora del Centro con las autoridades zonales de salud para la realización de campañas de revisión al estado de salud de las mujeres, en particular las pruebas citológicas, así como la atención a embarazadas. En este sentido, los/las beneficiarios/as apuntan la relevancia de la coordinación con otras instituciones y la necesidad en los flujos de abasto en los productos de aseo e higiene.
La discrepancia entre las cifras de la encuesta y el número de visas emitidas por el Estado puede deberse al tamaño de la muestra, que en este primer piloto no es suficiente para hacer inferencias a toda la población. Sin embargo, cabe también considerar que, de las 218.000 visas emitidas, un número significativo podría haber vencido, no haberse renovado o suponer la emisión de una visa permanente a personas que ya contaban con visa temporal anteriormente. Así, el porcentaje de personas en situación irregular se presumiría superior al 48% señalado.
Muchos padres y madres se ven obligados a pedir dinero a los transeúntes o venden golosinas en el espacio público y junto a ellos/ellas niños/as de edades tempranas, sometidos a la contaminación, las inclemencias climáticas y los riesgos propios de permanecer tantas horas en zonas de alto tráfico humano y vehicular. En el propio sentido, los roles de cuidado preasignados a las madres inhibe de manera constante sus posibilidades efectivas de encontrar empleo.
En lo que respecta al tipo de servicios de salud a los que las personas recurren, inmensa mayoría  ( 97% )  lo hace a servicios públicos  ( centros de salud, 59% y hospitales, 39% ) , frente a apenas un 2% que acude a clínicas o centros de salud privados.
Las comunidades Awá apenas cuentan con acceso a internet, no tienen impresoras ni carreteras. Es por ello que los profesores no tienen otra opción que caminar hasta Chical para que el sistema educativo siga funcionando.
Se reportó también sobre graves condiciones de explotación laboral en la localidad: horarios por encima de las 8 horas dia   rias, jornadas impagas o pagos por debajo de lo acordado, maltrato y discriminación en el acceso al empleo, etc.
El pueblo indígena Awá habita en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Muchos de sus miembros que nacieron en Colombia tuvieron que huir a Ecuador para salvar sus vidas debido al conflicto armado interno colombiano.
La encuesta reveló que en torno al 26% de los NNA en situación de movilidad humana no estaban matriculados en el sistema educativo, lo que podría exponerles a riesgos y afectar su bienestar. Además, de los que sí lo estaban, el 57% no contaba con los recursos necesarios para realizar su educación de forma virtual.
Se han presentado casos de intimidación de personas que se encuentran realizando trabajo de venta ambulante.
Además, los trabajadores venezolanos dedicaban al trabajo 5 horas más a la semana que los ecuatorianos, pero recibiendo un pago entre el 41 y el 42 por ciento menor.
Según un estudio del Banco Mundial  ( 2020 ) , antes de la pandemia, más de la mitad de las personas venezolanas que trabajaban lo hacían en el sector informal, 71% en un trabajo temporal y solo el 84% recibiendo por su trabajo el pago acordado; frente al 52% y 95% de las contrapartes ecuatorianas, respectivamente.
En su mayoría, sufrieron un retroceso en la formalidad de su situación laboral en comparación con la que tenían en Venezuela. El 39,4% de las personas encuestadas manifestó haber tenido un empleo formal en Venezuela; mientras que en Ecuador solo el 8% declaró tener un empleo formal. El 52% declaró estar en búsqueda de empleo.
El 52% contaba con estudios superiores  ( 20% con formación técnica, 28% con formación universitaria y 4% con posgrados ) . A la edad promedio de 36 años, la media contaba con una experiencia ganada de 10 años, lo que revela una fuerza laboral de la que pudiera beneficiarse el tejido empresarial en Ecuador.
Además, el 64% de las personas encuestadas consideraban que su relación con la población local es positiva o muy positiva, frente a un 29% la creía neutral y apenas un 3% que la percibía como negativa o muy negativa. Sin embargo, llama la atención que casi la mitad de las personas dijeron haberse sentido solitarias o apartadas socialmente en Ecuador  ( 48% ) .
Además, el 33% no contaba con acceso a un baño privado y debía compartirlo con otras familias  ( 30% )  o con desconocidos  ( 3% ) , con los riesgos de protección y salud que ello conlleva.
Durante los últimos 3 meses de 2020, del total de personas encuestadas, el 69% debió reducir la cantidad de alimentos consumidos, el 53% tuvo que limitar el consumo de alimentos entre adultos para dar a los niños y niñas, el 48% tuvo que pedir prestado para comprar bienes de primera necesidad, el 45% tuvo que dejar de pagar el arriendo por varios meses y arriesgándose a ser desalojado, el 37% debió buscar ayuda en las agencias humanitarias, entre otras.
De las personas encuestadas, el 71% declaraba haber ingresado de forma regular al país frente a un 27% que lo había hecho de forma irregular. Sin embargo, existe una evidente relación entre el tiempo de permanencia en el país y la forma de ingreso al territorio. Así, de las personas que llevan menos de un año en Ecuador, el 68% ingresó irregularmente, lo que da cuenta de las actuales dificultades de acceso al país.
Del 82% que no había solicitado asilo, el 56% de las personas encuestadas no tenían pensado hacerlo, mientras que el 25% tenían intenciones, pero todavía no lo habían hecho. Las principales razones de estos últimos para no haberlo hecho fueron: la falta de información  ( 75% ) , la falta de documentación  ( 35% ) , la falta de tiempo  ( 13% )  y el costo  ( 12% ) .
Cuando se les consultaba sobre su estatus migratorio en Ecuador, el 62% de las personas encuestadas señalaba no contar con ninguna visa o permiso de residencia en el Ecuador, mientras que el 32% contaba con algún permiso  ( visa VERHU, 14%; visa de residencia temporal, 10%; visa de residencia permanente, 3% visa de solicitante de asilo ) , un 2% estaba pendiente de resolución y un 4% prefería no contar.
El 26% de las personas encuestadas sufrieron o fueron testigo de algún incidente de protección desde que salieron de su país de origen. Los incidentes más recurrentes son el robo  ( 36% ) , la amenaza o intimidación  ( 17% ) , la amenaza de desalojo  ( 11% )  y el maltrato físico o abuso  ( 10% ) . La mayoría de los incidentes se produjeron en el país actual  ( 43% ) , en el país de origen  ( 30% )  o durante el desplazamiento  ( 25% ) .
Pese al relativo buen acceso al sistema de sauld pública, la crisis sanitaria y las medidas de austeridad que emprendió el gobierno tuvieron un fuerte impacto sobre el sistema de salud. Los pacientes COVID 19 fueron priorizados en centros de atención primaria y colapsaron las unidades de cuidados intensivos de la mayoría de los hospitales  ( El Comercio, 2020 ) , a lo que se sumaron despidos masivos de personal sanitario  ( Primicias, 2020a ) . Esto provocó la desatención de pacientes con otras condiciones de salud.
Así, las personas encuestadas que no acudieron o recibieron los servicios de salud necesarios señalan como principales barreras que se les negó el acceso, que el servicio no estaba disponible o que no tenían recursos para cubrir los costos.
Durante la emergencia sanitaria, profesores indígenas Awá deben recorrer largos trayectos caminando a través de la selva todas las semanas para que los niños y niñas de sus comunidades puedan seguir estudiando. Los docentes caminan hasta Chical, la cabecera parroquial, para recoger las guías educativas del Ministerio de Educación que son entregadas por FUDELA, socio de ACNUR. Más tarde, llevan las guías de vuelta a sus comunidades para entregárselas a los alumnos.
Esta es una problemática que no solamente afecta a los NNA eenn movilidad. De acuerdo con un estudio de UNICEF  ( 2020 ) , dos tercios de los hogares en Ecuador no cuentan con una conexión Internet . En el caso de las familias encuestadas en dicho estudio que tenían hijos matriculados en el sistema educativo, el 45% señalaba tener dificultades o muchas dificultades para acceder a Internet cuando lo necesitaban.
Por otra parte, hay mayor probabilidad de que las personas en situación de movilidad humana terminen accediendo a empleos sólo en el sector informal debido a su situación migratoria irregular.
Uno de los principales problemas identificados durante el proceso de Consultas Comunitarias  ( 2020 )  fue el acceso de las personas de interés a medios de vida sostenible y a oportunidades de trabajo decente. Los problemas de regularización y documentación impiden el acceso a empleo formal y agrava las condiciones de explotación laboral.
Las principales ocupaciones de las personas encuestadas en Ecuador fueron empleos informales  ( 35% )  y ventas callejeras  ( 28% ) , mientras que un 19% se encontraba desempleada. Si se compara la situación con la que tenían en su país, las condiciones parecen haber empeorado. Mientras 1 de cada 3 personas tenía un empleo formal, trabajaba en el sector público o era estudiante en su país, en Ecuador estas ocupaciones alcanzan apenas el 6%.
En general, las personas de interés encuestas se sentían seguras en el barrio o comunidad donde residen y consideraban que tienen una buena relación con la población local. Un 82% decían sentirse seguras o muy seguras en su comunidad de acogida, frente a un 9% que dijo sentirse inseguro o muy inseguro y un 6% que está indeciso.
El acceso a la electricidad durante todo el día es generalizado  ( 98% ) , sin embargo, el acceso a conectividad, necesaria en tiempos de pandemia para la realización de múltiples trámites y para el acceso a educación de NNA, es limitada. El 37% de las personas encuestadas señaló tener dificultades o muchas dificultades para acceder a internet cuando lo necesita.
Además, el 43% de las personas encuestadas no contaba con suficiente acceso al agua potable. Esto podría indicar una situación presistente de inseguridad alimentaria.
Si bien el 64% de las personas encuestadas residía en un apartamento o casa de alquiler, el otro 36% se encontraba en unas condiciones de habitabilidad inadecuadas: toda la familia en una sola habitación  ( 21% ) , compartiendo con otras familias  ( 9% ) , o en alojamientos pagados por día  ( 3% ) .
El 17% de las personas dentro de los grupos familiares presentaban alguna necesidad específica de protección, siendo las más recurrentes: personas con condiciones médicas críticas o crónicas  ( 6% ) , mujeres en lactancia  ( 3% ) , madre o padre solo/a con hijos/as menores de edad  ( 3% )  y personas con discapacidad  ( 2% ) .
De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, hasta enero de 2021 se habían emitido casi 218.000 visas a personas venezolanas en Ecuador, de las cuales un 25% son visas VERHU. Así, de las 417.000 personas venezolanas viviendo en Ecuador, alrededor del 48% estarían en situación irregular.
En lo referente al proceso de solicitud de la condición de persona refugiada, solamente el 18% de las personas encuestadas lo habían solicitado. De ellas, un 5% eran refugiados reconocidos en el Ecuador y un 5% estaban pendientes de resolución, mientras que un 7% habían sido ya rechazadas.
Al consultarles sobre el promedio de días trabajados y pagados por semana durante el último mes, la distribución es desigual. La mayoría pudieron trabajar recibiendo alguna retribución  ( 27% entre 2 y 3 días por semana; 30% entre 4 y 6 días; y 29% todos los días de la semana ) , mientras que un 13% trabajaron 1 día o menos o no pudieron trabajar. Esto supone que alrededor de 50% de familias encuestadas no pudieron generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas en el último mes.
En la Evaluación Conjunta de Necesidades llevada a cabo por el GTRM Ecuador  ( 2020 ) , un 61% de las personas entrevistadas manifestaron ya en julio agosto de 2020 que habían tenido acceso parcial a alimentos. Este porcentaje coincide con los resultados del Monitoreo de Protección, en el que 6 de cada 10 familias en movilidad humana señalaron tener acceso a dos comidas diarias o menos. Es decir, apenas el 39% tendría garantizadas tres comidas al día.
De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, en el período que comprende de 2010 a 2019 hay un saldo migratorio de 366 596 personas venezolanas en Ecuador, quienes han ingresado por alguno de los pasos fronterizos regulares.
Sin embargo, extraoficialmente, se estima que la cifra es superior a las 500 000 personas, tomando en cuenta que es el tercer país de acogida, luego de Colombia y Perú.
a. Carencia de un estatus migratorio regular, por lo tanto, sus oportunidades de trabajo se limitan a empleos de baja calificación y remuneración en la informalidad  ( inclusive, si se cuenta con altas calificaciones académicas y profesionales ) .
Durante el mes de agosto de 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  ( INEC )  reportó una tasa de desempeño de 13.3% entre los meses de mayo y junio del 2020, siendo esta la cifra más alta desde 2007.
A través del Monitoreo de Protección, en  contramos que entre las 799 familias encuestadas, casi el 90% declararon que su intención es quedarse en Ecuador  ( 85% el lugar donde residen y el 5% en otra localidad dentro del país )
Las formas de desplazamiento de la población venezolana tam  bién han ido cambiando con el paso del tiempo, aumentando progresivamente los riesgos que enfrentan en su viaje. Un 66% de las personas que llegaron antes de 2019 señalaban que uti  lizaron el autobús como principal medio de transporte, mientras que, de las que llegaron durante el primer trimestre de 2021, sólo el 47% lo hicieron en bus. De la misma forma, un 13% señalaban haber tenido que hacer algún tramo a pie y un 8% en autostop antes de 2019 y, en los últimos tres meses, estos porcentajes ascendían al 22% y al 15%, respectivamente.
Viajar a pie o en autostop expone más a las personas durante su desplazamiento, especialmente si son familias, mujeres solas, adultos mayores o niños, niñas y adolescentes. Se puede concluir, por tanto, que los riesgos de protección en el desplazamiento han aumentado a lo largo del tiempo.
Esto, según la autora, respondería a que este tipo de agresiones predominan en las áreas urbanas y a que las provincias de la franja fronteriza tienen menos concentración urbana que otras provincias. Las mayores tasas de violencia sexual en las ciudades se explicaría porque entre las variables que se usaron para medir este tipo de violencia constan el hostigamiento en el transporte público, el acoso en eventos masivos, los piropos de connotación sexual, prácticas que se producirían más en los grandes centros urbanos, y a las que están expuestas todas las mujeres, entre ellas las migrantes o refugiadas debido a su origen, pero también porque interactúan y realizan sus trabajo en los espacios públicos
La xenofobia también se ha identiﬁcado como un factor importante para la adaptación de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo del país. Las escuelas son también lugares donde los niños, niñas y adolescentes sufren de forma frecuente la discriminación. Esto se acrecienta para las niñas y adolescentes mujeres, donde 8,5% indicó que se sienten discriminadas por sus pares por ser de otro país. Para los hombres, esa cifra se reduce a 1,1%  ( Banco Mundial, 2020, págs. 130 131 ) .
Entre las mujeres venezolanas de entre 18 y 29 años encuestadas, en Ibarra el 57,2% lo ha considerado al menos una vez, al igual que el 60% en Lago Agrio y San Lorenzo  ( Muñoz Núñez et al., 2018 ) .
“Es un plan que obedece a razones humanitarias, estamos trabajando con organismos internacionales y vamos a pedir ayuda,porque Ecuador solo no puede atender a estos 430.000 o 450.000 venezolanos',dijo el gobernante en una entrevista con Efe en el Palacio de Carondelet  ( sede de Gobierno ) .
Sin embargo, Lasso dijo que el plan que se está preparando es más ambicioso porque incluye la incorporación plena de los migrantes al país que los ha acogido.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó este jueves que el plan que diseña su Gobierno para regularizar la situación de cerca de 450.000 venezolanos va más allá de una medida migratoria porque busca la incorporación de los extranjeros a la sociedad ecuatoriana mediante trabajo y educación.
En talleres realizados con diversos actores relacionados La ocurrencia de casos de trata con la finalidad de explotación sexual y laboral fue confirmada por la población participante de los talleres. Reportan captación de mujeres venezolanas y colombianas desplazadas en los municipios de frontera, a quienes son vinculadas mediante engaño, ofreciéndoles trabajo, luego de lo cual son trasladadas a Ecuador donde son víctimas de explotación sexual y prostitución ajena4  ( Defensoría del Pueblo de Colombia, 2019: 160 )
En el actual contexto en que la crisis económica y la crisis sanitaria provocada por el COVID 19, ha profundizado problemas como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la violencia de género, entre otros; situación a la que se enfrenta con mayor desventaja la población venezolana en situación de movilidad humana.
En el caso de Ecuador, la organización da un total de 362.857 personas en situación de movilidad humana de nacionalidad venezolana para el mismo año, con base a los reportes del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Esta cifra va acorde con los estimados de la ONU  ( 2019 )  así como otros estudios previos  ( Mazuera  Arias et al., 2019 ) .