nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Sumado a lo anterior, nos encontramos con un déficit de oferta de vivienda transitoria regulada y conocida como podría tomar la forma de albergue, pensión o residencia. Algunos de estos casos se presentan en forma de vivienda colectiva, en que se comparten espacios de uso común.
Así podemos conocer que para 2018 había 9.157 niños y niñas migrantes en jardines infantiles, constituyendo un 3% de la matrícula total, mientras que para 2019 la cantidad llegó a 10.816  ( 3,5% del total de matriculados ) .
las posibilidades de habitación transitoria analizadas previamente, para el caso de arriendo hay oferta, pero las barreras ya mencionadas impiden que se acceda de manera más masiva. En cuanto a la oferta de subarriendo, es la que más encontramos en las ciudades, pero al no existir ningún tipo de regulación, las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad en muchos de los casos no existen.
On 29 July, ILO, FAO and IOM Chile launched the study "Labor insertion of migrants in the rural sector in Chile", which address the main challenges that rural migrant workers face.
Junto con ello, los requisitos administrativos asociados a la situación migratoria serían esenciales para acceder a viviendas con mejores condiciones. Vemos así con datos de la encuesta VM  ( 2019 )  en el Gráfico 7.1.2.  ( lado izquierdo ) , que quienes tienen un permiso de residencia, esto es, visa temporaria  ( VT )  o permanencia definitiva  ( PD )  presentan menores tasas de hacinamiento  ( 18% ) ; mientras que quienes tienen visa de turismo o se encuentran en situación irregular, presentan índices más altos  ( 28% ) 28
Otros actores que también han aprovechado el vacío de canales de información y atención se asocian a emprendimientos privados que cobran por asesorar en la realización de los trámites migratorios  ( se habla de los famosos “tramitadores' ) . Situación que muchas veces conduce a engaños o malas orientaciones que entorpecen los procesos de regularización migratoria de las personas.
Otra situación crítica, detectada en ambas ciudades, se estaría dando con las personas migrantes que llegan en grupos familiares sin una red de contacto que les provea alojamiento, dado que no existen refugios para familias, sólo alternativas de refugios proporcionados por organizaciones no gubernamentales que reciben a personas solas y están siempre abarrotados. En casos como esos no existe más alternativa que arrendar piezas, situación que los altos costos de arriendo y la escasez de trabajo hacen cada vez menos sostenible.
Específicamente, vemos que un 22,6% declara no pagar arriendo, versus un 12,2% en Santiago, lo que puede reflejar esta condición. Sin embargo, de quienes sí pagan arriendo, en Antofagasta paga relativamente más que en Santiago: 26,5% paga más de $150.000 mensuales, versus un 21% en Santiago. Las diferencias por tipo de hogar o por tipo de vivienda, por ejemplo, precio por arriendo de piezas, no se muestran significativas.
Ante las mencionadas barreras para acceder a una vivienda adecuada, se han diagnosticado diferentes alternativas de acceso por parte de personas migrantes en su primer período en Chile. Dentro ellas se encuentran opciones informales, como lo son los arriendos sin contrato en piezas o espacios pequeños  ( Troncoso et al., 2018 )  o la opción de vivir en campamentos  ( SJM et al., 2020 ) , entre otras. Nos centraremos en la segunda, guiándonos por los datos del Catastro Nacional de Campamentos realizado en 2019 por el Minvu, el cual arroja que el 27,5% de quienes viven en campamentos  ( 25.167 personas )  son migrantes.
La mayoría vive en la macrozona norte del país  ( 89% ) , esto es entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, donde solo habita el 27,4% de la población no migrante que vive en campamentos. Incluso en algunas regiones como Tarapacá y Antofagasta, habría más migrantes que no migrantes, donde representan el 55% y 64% respectivamente de la población que vive en campamentos.
datos de la PDI muestran que entre 2017 y 2019 las víctimas de trata y tráfico de origen venezolano aumentaron de 3 a 76, llegando este último año a constituir casi un cuarto de los casos totales detectados por PDI.
Para 2019 habría 18.704 estudiantes migrantes, de los cuales: 30% tendría nacionalidad peruana, 19% colombiana, 10% venezolana, 8% ecuatoriana, 7% boliviana, 6% haitiana y un 4% argentina. Éstas se condicen, si bien no con el orden exacto, con las nacionalidades más presentes en Chile  ( INE y DEM, 2020 ) . Las primeras once nacionalidades más presentes en las matrículas de educación superior serían todas de origen latinoamericano, siendo recién la número 12 España con 167 personas cursando algún programa de educación superior.
En la última década, Chile ha experimentado un alza importante en su porcentaje de población migrante, el cual se ha intensificado en los últimos dos años. Si para el año 2005 se estimaban en Chile 212.935 personas, para diciembre de 2017 este número se quintuplicó hasta sobrepasar el millón de personas migrantes en el país, de los que la mitad se concentran en la Región Metropolitana.
Considerando que a nivel nacional las personas migrantes representan el 5% de la población total, la proporción de migrantes presentes en algunas comunas es muy significativa. En Santiago e Independencia las personas migrantes representan alrededor de un tercio de la población total de cada comuna, seguidas por Estación Central, Recoleta y Antofagasta, donde la población migrante representa alrededor de un 15% del total  ( INE, 2017 ) .
De acuerdo con la encuesta Casen  ( 2017 ) , mientras el 78% de la población migrante del país arrienda la propiedad en que vive, el 35% sin contrato y pagando casi 20% más de valor de arriendo promedio que la población no migrante, el 25% vive en condiciones de hacinamiento, situación que se acentúa en algunas comunas del país, llegando a 56% en Estación Central.
Si bien a nivel total las personas migrantes viven en mayor proporción en una vivienda hacinada  ( 19% )  que a la población no migrante  ( 7% ) 27, existen algunas variaciones en la población extranjera relacionadas con el tiempo en Chile. En ese sentido con datos de la Encuesta VM  ( 2019 ) , podemos conocer la importancia de los recursos económicos, la situación migratoria y las redes que se tienen en Chile para mejores condiciones de habitabilidad.
Sello Migrante: creado por el Gobierno el año 2015 como un distintivo para municipalidades que trabajan la interculturalidad e inclusión de migrantes, su objetivo es crear y/o fortalecer la institucionalidad municipal necesaria para ejecutar planes, programas y proyectos orientados a la atención e inclusión de la población migrante, promoviendo la interculturalidad y reconociendo el aporte que las distintas comunidades pueden hacer al país y a su sociedad  ( De las Heras  ( 2016 )  Los migrantes como sujetos del sistema de protección social en Chile, Centro de Políticas Públicas UC, Temas de la Agenda Pública, año 11, n°91 ) .
En Antofagasta se observa que las condiciones de arriendo abusivo o excesivamente caro que encuentran las personas migrantes en el mercado habitacional formal los moviliza a optar por vivir en campamentos como estrategia de progreso.
En general, las situaciones de alojamiento de mayor precariedad son personas que, recién llegadas y sin redes familiares, no encuentran donde pasar las primeras noches y terminan en situación de calle, durmiendo en espacios públicos, en la playa o en refugios para personas en situación de calle.
Como se ha indicado anteriormente, tanto en Santiago como en Antofagasta, la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes se caracteriza por la escasez de redes de apoyo que tiene en el país, sumado a una baja capacidad de acreditación de antecedentes por las condiciones de irregularidad migratoria o discontinuidad de residencia, las fuertes asimetrías de información y con brechas culturales respecto al nivel de formalidad de funcionamiento del aparato estatal y de mercado chileno.
presencia de viviendas sin disponibilidad de recintos comunes aparte de los dormitorios  ( 63,6% )  o con una alta cantidad de dormitorios  ( 11% de las viviendas con más de 6 dormitorios y 25% con más de 4 dormitorios ) . En general, todas estas características son peores en Antofagasta que en Santiago, donde un 40% declara un alto número o no saber la cantidad de familias en su propia vivienda, así como apenas un 19% declara disponer de un recinto común más allá de los dormitorios  ( versus un 29% en Santiago ) .
Situaciones como la complejidad y burocracia de los trámites migratorios, el bajo nivel de ingresos, la falta de historial crediticio y respaldo bancario, e incluso la desconfianza que produce el mismo hecho de ser extranjeros, dado que los propietarios temen el riesgo de sobreuso y deterioro de su propiedad, ponen en situación de desventaja a las personas migrantes ante la obligación de competir en el mercado formal de acceso a la vivienda. Todo ello los obliga a recurrir a alternativas habitacionales informales de baja exigencia de requisitos, a cambio de altos niveles de precariedad habitacional.
. A la fecha existen 497.000 familias sin casa, habitando en condiciones de allegamiento, hacinamiento o residencia en vivienda irrecuperable  ( CASEN 2017 ) .
Una de las principales manifestaciones del arriendo abusivo tiene relación con las 

condiciones de precariedad habitacional a las que están expuestas las personas migrantes. Las entrevistas permiten identificar varias tipologías de vivienda precaria: viviendas colectivas o conventillos, correspondientes a casas unifamiliares que se han subdividido en piezas para arriendo; galpones o bodegas subdivididas en piezas, sin ventanas ni ventilación; habilitación de containers como piezas, sin ventanas ni aislación térmica; viviendas autoconstruidas en tomas de terrenos, muchas veces localizadas en zonas de riesgo o de exclusión de construcción, entre otros.
Como consecuencia de los altos niveles de hacinamiento, se identifican situaciones de riesgo tales como abusos, robos y aumento de denuncias por violencia intrafamiliar, además de externalidades en el contexto inmediato, como ocupación del espacio público para la realización de actividades más propias de la esfera doméstica, como asados o fiestas. También la disposición de basura y los ruidos molestos. Como se mencionó, en Antofagasta se observa un porcentaje algo mayor de cantidad de familias por vivienda, donde un porcentaje importante declara más de tres familias o no conocer la cantidad.
Los municipios tienen muchas dificultades para controlar el mercado informal de arriendo, porque no tienen la capacidad de controlar las transacciones informales de este mercado, así como no han logrado tampoco controlar el arriendo a través de sistemas como Airbnb o Homeaway. No tienen facultades para denunciar ni castigar, porque es facultad del Servicio de Impuestos Internos al ser una transacción económica sin pagar impuestos.
En el caso de Antofagasta, la situación se complejiza aún más, ya que los montos de subsidio están muy por debajo del costo de construcción, lo cual ha generado una paralización de la construcción de vivienda subsidiada por el riesgo económico que supone para las constructoras vinculadas al rubro. Lo anterior, sumado a los desastres naturales y a la llegada de migrantes, ha aumentado la cantidad de familias viviendo en campamentos de 1.000 a 4.000 familias entre 2012 y 2016  ( Flores, 2018 ) .
Las personas migrantes, si bien pueden no contar con una situación económica que les permita entrar en el mercado formal de arriendo una vez llegados a nuestro país, sí llegan con capacidad de pago para solventar alojamiento por un plazo acotado. Sin embargo, hace falta un sistema de residencia transitoria formal, que permita acoger a mayor cantidad de personas a un costo menor que el arriendo de una vivienda.
Para el caso específico de Antofagasta, se suma una barrera que tiene que ver con el costo de vida de esa ciudad y las distorsiones de mercado introducidas por la actividad económica de la región, que repercuten en valores de arriendo muy elevados a los cuales las personas migrantes no pueden acceder.
Para atenuar ese déficit, existen políticas públicas enfocadas en construir stock de vivienda, pero la construcción de vivienda pública es lenta. En primer lugar, necesita de un stock de suelo disponible, a lo que se suman todos los procesos técnicos y administrativos para iniciar una construcción.
Si bien el subsidio de arriendo podría entregar una solución para ese período de tiempo, de igual manera exige contar con RUT, lo cual puede tardar entre 3 y 8 meses, a lo que se debe sumar el tiempo que tome la postulación, asignación de subsidio, gestión de localización de arriendo y firma de contrato.
Lo anterior plantea que, en el mejor de los casos, contando con una tramitación fluida y eficiente, existe un vacío insalvable de entre 1 y 2 años en que no hay ninguna solución habitacional que permita albergar a las personas mientras pasan a ser parte del sistema formal y pueden ser sujetos de subsidio atendidos en tiempos acotados. Pero en la práctica se observa que este período comúnmente se prolonga entre 3 y 4 años, dado que primero se debe pasar por dos visas de residencia temporaria más los períodos de espera del trámite, considerando que una vez cumplidos esos plazos la persona cumple con los requisitos como contar con un contrato de trabajo  ( SJM, 2018 ) .
A pesar de que el año 2017 se eliminó el requisito de antigüedad de residencia para postular a beneficios habitacionales  ( DS Nº22/2017 MINVU ) , por lo que ahora sólo se exige permanencia definitiva, aún en Chile no existe una política pública del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  ( MINVU )  que aborde la situación de las personas migrantes sin residencia definitiva, ni aquellos que, habiendo regularizado ya su situación migratoria, conforman hogares unipersonales  ( de acuerdo al Censo 2017, 21% a nivel nacional, llegando a 38% en algunas comunas como Santiago ) , o la problemática de los arriendos en condiciones irregulares, que afectan especialmente a la población en situación de mayor vulnerabilidad, todo lo cual se suma a las numerosas barreras de entrada que las personas migrantes deben sortear para recibir un trato justo e igualitario en el acceso a servicios públicos y derechos mínimos como es la vivienda.
Esta realidad tiene causas y efectos múltiples, matizados a su vez por las particularidades de los diferentes conglomerados migrantes: desde exponer a condiciones de arrendamiento abusivas promovidas por la situación migratoria irregular, consecuencia de los burocráticos procesos de regularización migratoria, sumado a la presión por reducir al máximo sus costos de vida con el fin de aumentar los ahorros enviados a sus familias, lo que los lleva a sacrificar las propias condiciones de habitabilidad  ( Barboza, Bustos, Muñoz, Thayer, 2018 ) . Cualquiera sea el caso, su realidad habitacional no cumple estándares mínimos de seguridad y habitabilidad.
Se detecta la existencia de una situación de desregulación de las condiciones del arriendo o subarriendo, vacío normativo que alimentaría las situaciones de abuso. No obstante, entre algunos dirigentes migrantes existen miradas divergentes respecto a considerar el subarriendo como intrínsecamente abusivo, dado que, desde su perspectiva personal, se aprecia como un mecanismo de aumento de la oferta habitacional disponible, dado que, si no hubiera personas que subarriendan, aunque sea en condiciones de precariedad, la demanda y necesidad sería aún mayor. Manifestaciones de la precariedad habitacional
En general, todos acceden a la primera vivienda a través de redes personales, con un porcentaje levemente superior en las personas migrantes de Haití y Colombia, que lo hacen a través de instituciones, aunque en ninguno de los casos alcanza el 3%. Un 90% de los encuestados accede a la primera vivienda a través de redes personales, esto es, a través de algún familiar, amigo o conocido. Por lo tanto, hay una falta de información a través de canales institucionalizados, que permitan enfrentar organizadamente la demanda por primera vivienda. A pesar de lo anterior, menos de un 20% ha estado en 3 viviendas o más, por lo que no se observa una rotación constante, sino más bien, una permanencia breve en la primera vivienda, que se podría mejorar considerablemente con mejores canales de información y apoyo temporal.
Mientras, en Antofagasta la oferta de alojamiento sería más limitada, lo que ha generado un aumento muy significativo en los costos de arriendo. Ante esto, se estaría evidenciando un cambio de tendencia particular a dicha comuna: si antes las personas migrantes llegaban a arrendar en el mercado formal y, ante la dificultad de seguir costeando el arriendo, se iban a un campamento, ahora muchos llegan directamente a arrendar al campamento, donde ha proliferado oferta de arriendo informal en terrenos tomados.
En relación a la primera vivienda, cerca del 60% de la población migrante tiene una permanencia menor a 6 meses de residencia, pasando a 85% con permanencia menor a 1 año. Es decir, se trata de una solución contingente a un problema habitacional inmediato, pero que implica alta rotación inicial. Esta primera vivienda corresponde, además, a un 27% en condición de allegamiento y a un 53% de arriendo de pieza individual o compartida, sin evidenciar diferencias significativas según nacionalidad. Se trata entonces de un 80% que accede a una primera vivienda en condición de vulnerabilidad residencial. En Antofagasta esta situación es más crítica, considerando un 11,6% que se distribuye en situaciones poco frecuentes en Santiago como: hospedería regular, casa del empleador, situación de calle y anexo en campamento. El porcentaje de permanencia menor a 1 mes también es mayor en Antofagasta  ( 29,6% )  respecto a Santiago  ( 15,7% ) .
En cuanto a las expectativas de proyección en el país, un 74% declara tener intención de establecer su vivienda propia en Chile, o no lo descarta a futuro. Colombianos y 19 ESTUDIO “SITUACIÓN HABITACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN LA REGIÓN METROPOLITANA Y ANTOFAGASTA' venezolanos son quienes menos descartan la posibilidad de establecerse definitivamente  ( sólo un 19% declara no tener el objetivo de vivienda propia, versus un 33% de peruanos y un 24% de haitianos ) . Sin embargo, colombianos y venezolanos declaran, en un 70%, no conocer la política de subsidios, con porcentajes levemente inferiores en los otros grupos.
La oferta habitacional informal existente, aunque no siempre cumpla estándares apropiados, es igualmente valorada por parte de las personas migrantes, dado que aporta a aumentar el stock de oferta disponible. Por lo tanto, existe preocupación respecto a que la fiscalización de las propiedades que no cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad, que puede concretar un desalojo, debe ser asociada a ampliar la oferta de alternativas para no aumentar el déficit y no queden migrantes más desprotegidos de lo que estaban antes.
Algunas municipalidades están haciendo uso de su facultad de fiscalización del cumplimiento de las condiciones normativas de las edificaciones, identificando las “viviendas colectivas'; fiscalizando que se cumplan estándares de seguridad y habitabilidad mínimos para las personas que viven ahí; la Dirección de Obras Municipales  ( DOM )  fiscaliza y si hay posibilidad de regularización normativa, la DOM entrega asesoría técnica respecto a las mejoras que requiere el lugar para regularizarla, cosa que se ha dado en varios casos; en caso de que la propiedad no tenga cómo ser regularizada o que el propietario no esté dispuesto a invertir para mejorarlo en función de la recomendación de la DOM, entonces ésta genera un decreto de inhabilidad y de desalojo  ( como ejemplo, en Independencia se han realizado más de 30 ) .
Más allá del problema de stock de vivienda objeto de subsidio, actualmente la política habitacional presenta diversas barreras de acceso para las personas migrantes. En primer lugar, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos: para el caso de subsidio de propiedad se debe contar con residencia  ( permanencia definitiva ) , estar inscrito en el Registro Social de Hogares, contar con el ahorro mínimo exigido y pertenecer a un núcleo familiar. El requisito de contar con residencia implica una barrera temporal de al menos 2 años en que no es posible postular a los subsidios de propiedad, a lo que se debe sumar al menos 2 años de construcción.
A pesar de que este instrumento cumple con ser un instrumento más accesible cuando el migrante ya ha entrado en la formalidad, aún presenta muchos requisitos que se constituyen en barrera de entrada para aquellos que vienen llegando o se encuentran hace poco en el país: exigencia de RUT, el tener RUT se asocia a tener empleo, estar en el Registro Social de Hogares, pertenecer a un núcleo familiar. Sumado a ello, el proceso de postulación y obtención de subsidio es engorroso y para materializar el aporte se debe contar con un arrendador que cumpla con los requisitos del subsidio y tenga la disposición a arrendar a un migrante, lo que limita la libertad de negociación de las personas migrantes en relación a la de los nacionales.
Necesidades relacionadas a la pandemia COVID 19 Destaca que un 90% de los participantes de la encuesta reportan sentirse angustiados o preocupados la última semana a causa del COVID 19  ( n=1516 )   ( Figura 19 ) , mientras que un 73% declara haberse sentido triste o deprimido por esta misma causa en la última semana de la fecha de respuesta de la encuesta  ( Figura 20 ) . En términos simples, 9 de cada 10 migrantes internacionales incluidos en esta muestra reportan sentirse angustiados o preocupados, y 7 de cada 10 tristes o deprimidos a causa de la pandemia.
Si en la población total el 11,8% tiene 65 años o más, esto sería de sólo un 2,8% en la población migrante. Esto es un desafío social a largo plazo, pues cada vez habrá menos activos sosteniendo pasivos, lo cual expone las oportunidades que trae la migración en sociedades en proceso de envejecimiento  ( Bravo, 2019 ) .
En cuanto a las zonas de residencia habitual, si bien no se cuenta aún con los datos a 2019, podemos exponer cómo era la situación a 2018, donde la población migrante residente se distribuye diferenciadamente en las regiones, concentrándose un 77% de ella entre la Región Metropolitana  ( RM )  y el Norte Grande  ( Arica y Parinacota, Tarapacá, y Antofagasta ) .
En la región de Arica y Parinacota hay un alto porcentaje de migrantes dado que ahí se ubica el principal acceso desde Perú  ( Rojas y Silva, 2016 ) , además de su tradición migratoria fronteriza  ( Perú y Bolivia )   ( Mundaca et al., 2018 ) .
debido a los nuevos requisitos de ingreso para venezolanos/as promulgados el 22 de junio de 2019, se impidió que éstos pudiesen ingresar como turistas desde la misma frontera  ( ya que deben postular una visa en algún consulado chileno en el exterior ) , por lo que hubo una disminución en los ingresos regulares de este grupo.
Respecto a la educación de los participantes de Venezuela  ( n=1009 )  el 80,3% alcanzan niveles universitarios, el 18,5% alcanzó estudios secundarios y sólo el 8,8% llegó a la primaria. Dos personas no reportaron el dato. Por su parte, de la población colombiana que respondió la encuesta  ( n=229 ) , el 60,2% alcanzó estudios universitarios, un 34% secundario y un 4,8% sólo primarios. Una persona no reportó el dato. Los participantes haitianos por su parte  ( n=91 )  manifestaron en un 71,4% haber cumplido estudios universitarios, un 27,4% estudios secundarios y sólo un 1,1% sólo estudios primarios  ( Figura 71, 72, 73 ) .
La segunda nacionalidad con más órdenes de expulsión en 2019 la venezolana, correspondiendo al 24% del total, siendo que en 2018 solamente alcanzaban el 0,8%. Casi la totalidad de dichas expulsiones fueron del tipo administrativas.
Tarapacá y Antofagasta, en tanto, son regiones atractivas por la minería y sus derivados, y en el caso específico de esta última por ser un espacio de intercambio fronterizo a partir de sus cuatro pasos habilitados  ( Rojas y Silva, 2016 ) .
Chile: se implementa el programa Chile Cuida de atención a las personas en situación de dependencia, sus cuidadores y cuidadoras, sus hogares y su red de apoyo. Es de destacar también el rol que ha cumplido el Programa Chile Crece Contigo en la región, siendo una involucramiento paterno en el mejoramiento de los resultados del desarrollo infantil.
En cuanto a las nacionalidades que más recibieron VT en la década, la primera fue la venezolana con más de 417 mil  ( 22% del total ) , seguido por la peruana  ( 20% )  y colombiana  ( 15% ) .
las más otorgadas en 2019 fueron las visas sujetas a contrato  ( 35,5% )   ( Ver Tabla 4.1.3 ) . Ahora bien, según nacionalidad esto varía. Quienes en mayor proporción han recibido este permiso han sido venezolanos/as  ( 48,9% ) , peruanos/as  ( 45% )  y colombianos/as  ( 44,8% ) .
En 2019  ( Tabla 3.2.2 ) , cada mes ha registrado más ingresos de este tipo que todo 2018 para venezolanos/as, siendo junio el punto más álgido  ( 526 ) , mes en que se promulgaron los requisitos ya mencionados.
Partiendo con la Visa de Oportunidades Laborales  ( VOL ) , donde un 40,7% ha sido rechazada y casi un 30% está sin resolver. Ésta se dirige a profesionales, técnicos e individuos con oficios acreditados que busquen trabajar y residir en Chile o a personas que vengan al país con un capital de inversión, la cual ha sido solicitada mayoritariamente por venezolanos/ as  ( 60% ) , colombianos/as  ( 22% )  y cubanos/as  ( 8% ) .
La mayoría de los participantes de la encuesta llegados entre 1 y 5 años atrás declararon residir en la Región Metropolitana  ( 68,17% ) , seguido por la región de Los Lagos  ( 9,23% )  y la región de Valparaíso  ( 4,61% ) , entre un total de 15 regiones representadas en este grupo  ( Figura 125, Tabla 80 ) . Entre los que declararon haber llegado a Chile entre 6 meses y 1 año atrás, el 69,82% residían en la Región Metropolitana, el 5,96% en la región del Bío Bío y el 5,26% en la región de Los Lagos, entre 14 regiones para este grupo  ( Figura 126, Tabla 81 ) . Los participantes que llevaban entre 6 y 10 años en Chile se distribuían entre 13 regiones, entre las cuales eran mayoritarios los que residían en la Región Metropolitana  ( 65,13% ) , la región de Valparaíso  ( 7,89% )  y la de Los Lagos  ( 7,89% )   ( Figura 127, Tabla 82 ) . De los participantes que llevaban más de 10 años en Chile, el 57,04% declaró vivir en la Región Metropolitana, el 9,63% en la región de Valparaíso y 7,41% en la Región de Antofagasta, entre un
de 16.933 solicitudes de ingreso como solicitantes de refugio a Chile que se dieron en 2019, 16.748 fueron de personas venezolanas, lo que constituye el 98,9%.15 El peak fue en el mes de mayo con 3.808 solicitudes en frontera para ingresar a Chile y luego en junio fueron 3.361; sin embargo, en julio bajaron drásticamente a 19, haciéndose efectiva la solicitud en frontera a sólo 21 personas en todo el trimestre julio septiembre, y luego sólo a 12 el trimestre octubre diciembre.
la mayoría de los solicitantes en frontera  ( 66,7% )  fueron mujeres.
Con respecto al nivel educacional de los participantes, en todos los grupos por tiempo de residencia, la mayoría indicó tener un nivel universitario, seguido por el nivel segundario, y el nivel primario en tercer lugar  ( Figura 130 a 134 ) ;  ( Tablas 85 a 89 ) . En lo que concierne el empleo formal e informal, de los participantes que llevaban entre 1 y 5 años en Chile, el 62,43% tenían trabajo cuando respondieron la encuesta, el 36,53% no tenía, pero quería trabajar, y el 1,04% no tenía trabajo ni quería trabajar  ( Figura 135, Tabla 90 ) . La situación reportada por los participantes que llevaban entre 6 meses y 1 año es diferente, ya que la mayoría, o el 62,46%, no tenía trabajo, pero quería trabajar, mientras que solo el 36,14% sí tenía trabajo, con una tasa similar de participantes que no tenía trabajo ni quería trabajar, 1,40%  ( Figura 136, Tabla 91 ) . La situación de los participantes que llevaban entre 6 y 10 años, y más de 10 años en el país es nuevamente similar a la del primer grupo mencionado, con, respectivamente, el 75,00% y el 71,11% reportando tener trabajo, el 23,68% y el 26,67% reportando no tener trabajo y querer trabajar y el 1,32% y 2,22% reportando no tener trabajo y no querer trabajar  ( Figura 137, 138 ) ;  ( Tabla 92, 93 ) . Finalmente, entre los que habían llegado menos de 6 meses atrás, se puede observar una situación parecida a la de los participantes que llevaban entre 6 meses y 1 año en Chile, con la gran mayoría sin trabajo, pero queriendo trabajar  ( 71,43% )  y una representación menor de los que sí tenían trabajo  ( 23,21% ) , destacando sin embargo la tasa de participantes sin trabajo que reportan no querer trabajar  ( 5,36% )   ( Figura 139, Tabla 94 ) .
Finalmente, los participantes que llevaban menos de 6 meses en Chile se distribuían entre 9 regiones de residencia, con la mayoría en la Región Metropolitana  ( 76,79% ) , la región de Valparaíso  ( 7,14% )  y la de Los Lagos  ( 5,36% )   ( Figura 129, Tabla 84 ) .
Mientras que un 41% de las personas que han formalizado su solicitud son mujeres, la nacionalidad que más ha solicitado protección por esta vía, entre 2010 y 2019, es la colombiana, que de 16.351 solicitudes formalizadas de personas extranjeras, ha constituido el 44%, seguida por la cubana  ( 29% )  y venezolana  ( 22% ) .
Es más, la Encuesta VM  ( 2019 )  arroja que un 67% de las personas migrantes mayores de 18 años que vive en Chile, se fue de su país por razones asociadas a falta de empleo y deseos de mejorar su situación económica.
Perfil sociodemográfico y migratorio general de los participantes 

El promedio de edad de los participantes de la encuesta fue de 38,17 años  ( mínimo 18 y máximo 85 )   ( Figura 1 ) . El 67% de la muestra fue de sexo femenino, el 33% de sexo masculino y menos del 0,1% de otro  ( Figura 2 ) . Se identificaron 35 países distintos de origen de los participantes, siendo los cuatro principales: Venezuela  ( 59,7% ) , Colombia  ( 13,5% ) , Haití  ( 5,3% )  y Perú  ( 4,3% )   ( Figura 3, Tabla 1 ) . 

El 62,8% de los participantes llegó a Chile entre 1 y 5 años atrás, seguido por el 16,8% que declara haber llegado entre hace 6 meses y un año y el 8,9% que indica haber llegado a Chile hace entre 6 años y 10 años  ( Figura 4, Tabla 2 ) . La mayoría reside en la región metropolitana  ( 67,5% ) , luego la región de los Lagos  ( 7,6% ) , de Valparaíso  ( 5,0% ) , Bío Bío  ( 4,0% ) , Coquimbo  ( 3,3% )  y Antofagasta  ( 3,2% )   ( Figura 5, Tabla 3 ) . 

La mayoría de los participantes reportan nivel educacional universitario, correspondiente al 74% de la muestra, seguido del nivel secundario con un 24% y nivel primario con un 2%  ( Figura 6, Tabla 4 ) . Respecto a la situación laboral sea esta formal o informal, el 58,5% de la muestra indicó estar trabajando el día en que respondieron la encuesta, el 40,1% indicó no estar trabajando, pero querer trabajar, y tan solo el 1,3% señaló no estar trabajando y no estar interesado en trabajar  ( Figura 7 ) . 

Por último, sobre el tipo de previsión reportado por los participantes, la mayoría declaró tener previsión de salud pública  ( 62,7% ) , seguido de no tener ninguna previsión  ( 18,5% ) , tener previsión privada de salud  ( 15,4% ) , no saber si tiene o no previsión de salud  ( 2,4% )  y un porcentaje menor de personas con otro tipo de seguro, por ejemplo, de carácter internacional  ( 0.8% )   ( Figura 8, Tabla 5 ) .
En el ámbito económico y social a nivel nacional, los participantes hicieron sugerencias en cuanto a medidas frente a la contingencia para las PYMES y los hogares y cambios estructurales que personas nacionales y extranjeras están hoy enfrentado. En el ámbito laboral, se expresó la necesidad de estabilidad y seguridad laboral: mantener el empleo, conseguir un empleo, volver a trabajar. También se mencionaron medidas de protección de los trabajadores y de seguridad y salud en el trabajo, incluso aquellas referidas al teletrabajo.
Los participantes expresaron diversas necesidades vinculadas con el “ser migrante', en materia de reconocimiento de la vulnerabilidad de grupos de migrantes internacionales que hoy lo padecen y medidas de protección de los migrantes internacionales con respecto a aspectos económicos,
Síntomas y uso de servicios de salud asociados a COVID 19 Del total de participantes que respondieron esta encuesta on line, el 1,3%  ( n=22 )  indicó haber tenido fiebre mayor a 38,5C y dificultad respiratoria  ( al mismo tiempo )  en los últimos 30 días  ( Tabla 9 ) . El promedio de edad de este subgrupo es de 40,22 años  ( mínimo 23 máximo 85 ) , ligeramente más alto que el promedio de la muestra. Doce eran mujeres y 10 eran varones, lo que corresponde a una sobrerrepresentación de hombres con síntomas sugerentes de COVID 19  ( 45,5% )  respecto de la proporción total de la muestra que reportó ser masculina  ( 33% ) . Del total de casos, 10 provenían de Venezuela, 3 de Perú, 3 de Haití y los restantes de diversos países Latinoamericanos  ( Tabla 10 ) . De los 22 casos auto reportados, solo dos sí se hicieron examen  ( ambos hombres venezolanos )  y solo seis consultaron a algún centro asistencial  ( 3 hombres y 3 mujeres, 3 de Venezuela, uno de Perú, uno de Ecuador y uno de Colombia ) . De todos los casos, solo uno indicó haber sido diagnosticado de COVID 19  ( hombre venezolano ) , junto a un familiar con quien vivía.
Percepción de calidad y utilidad de la información oficial entregada sobre COVID 19 

Un 75% de los participantes indica haber recibido información suficiente sobre COVID 19 desde autoridades y profesionales de salud. Esto equivale a que uno de cada cuatro  ( 25% )  no considera estar recibiendo información suficiente  ( Figura 13, Tabla 12 ) . Respecto de la percepción de participantes sobre comprensión de la información que reciben sobre COVID 19 desde Minsal, un 30% considera que no es comprensible  ( n=515 )   ( Figura 14 ) . 

Sobre la percepción de participantes sobre sentirse preparados para enfrentar el COVID 19, llama la atención que el 61%  ( n=1023 )  declara no sentirse preparado y solo un 39% sí se siente preparado para enfrentar esta pandemia  ( Figura 15 ) . Por último, acerca del conocimiento de participantes sobre dónde consultar si tienen cualquier inquietud sobre COVID 19, un 34% declara no saber dónde consultar. Esto es, uno de cada tres migrantes internacionales participantes en la encuesta señalan no saber dónde ir en caso de requerir asistencia médica asociada a esta pandemia  ( Figura 16 ) . 

Se consultó sobre la apreciación global de la información que se ha recibido hasta ahora sobre COVID  19 de autoridades y profesionales de salud, encontrándose que el 64% la valora como buena, el 24% como muy mala, el 11% como muy buena y el 1,7% como mala. En forma agregada, el 75% califica la información recibida como buena/muy buena, y el 25% como mala/muy mala. Esto es, uno de cada cuatro migrantes internacionales considera que ha recibido información de mala o muy mala calidad acerca del COVID 19 por parte de autoridades y profesionales de salud  ( Figura 17, 18, Tabla 13 ) .
Capítulo 4: Resultados según Tiempo de residencia Perfil sociodemográfico y migratorio general de los participantes según tiempo de residencia En promedio, los participantes llegados entre 1 y 5 años atrás en el momento de la encuesta tenían 37,71 años  ( Figura 110 ) , los llegados entre 6 meses y 1 año atrás tenían 37,17 años  ( Figura 111 ) , los que llegaron entre 6 y 10 años atrás tenían 38,01 años  ( Figura 112 ) , los que llevaban más de 10 años en Chile tenían 44,98 años  ( Figura 113 ) , y finalmente, los que llevaban menos de 6 meses en el país tenían 36,13 años  ( Figura 114 ) .
Por último, en lo que concierne el tipo de previsión de salud de los participantes, entre los que reportaron haber llegado a Chile entre 1 y 5 años atrás, la mayoría declaró tener previsión de salud pública  ( 69,87% ) , seguido por los que declararon no tener ninguna previsión  ( 13,94% )  y los que reportan tener previsión de salud privada  ( 13,09% )   ( Figura 140, Tabla 95 ) . De los que llevaban entre 6 meses y un año en el país, la mayoría también declaró tener previsión de salud pública  ( 51,93% ) , seguido por los que declararon no tener ninguna previsión de salud  ( 41,75% )  y por los que declararon no saber  ( 3,86% )   ( Figura 141, Tabla 96 ) . Entre los participantes llegados entre 6 y 10 años atrás, el 48,68% declaró tener previsión de salud pública, el 40,13% tener previsión de salud privada, y un porcentaje menor de participantes, el 9,87%, declaró no tener ninguna previsión de salud  ( Figura 142, Tabla 97 ) . En lo que concierne los participantes que llevaban más de 10 años en el país, el 58,52% reportó tener previsión de salud pública, seguido por el 33,33% que reportó tener previsión de salud privada, y el 5,93% que reportó no tener ninguna previsión de salud  ( Figura 143, Tabla 98 ) . Finalmente, entre los participantes que llevaban menos de 6 meses en Chile, la mayoría indicó no tener ninguna previsión de salud con 57,14%, seguido por los que indicaron tener previsión de salud pública con 30,36% y los que indicaron no saber con 7,14%  ( Figura 144, Tabla 99 ) .
Respecto a la situación laboral de la población venezolana encuestada un 54% manifestó estar trabajando formal o informalmente y un 45% declaró no estarlo, pero desear trabajar. Sólo un 1% declaró estar desempleado sin buscar trabajo. En la población colombiana el 63% declaró tener empleo, mientras el 36% manifestó no tenerlo, pero desear encontrarlo y también 75 sólo un 1% de las personas encuestadas de este origen dijo que no tenía trabajo ni desearía trabajar. Por último, en la población haitiana el 73% declaró estar trabajando contra un 26% que dijo no tener trabajo, pero estar buscándolo. En fin, un 1% declaró no tener empleo ni desear encontrarlo  ( Figura 74, 75, 76 ) .
Por último, sobre el tipo de previsión reportado por los participantes de origen venezolano, un 64% declaró estar afiliado al sistema público de salud, seguido por un 21,11% de participantes que no tienen ninguna previsión y un 12% afiliada al sistema privado de Isapres. Un 2,3% no sabe qué tipo de previsión tiene y un 0,4% está afiliado a seguros internacionales u otros sistemas. En la población colombiana también predomina la afiliación al sistema público de salud con un 60% de los participantes en este sistema, seguido por un 19,2% de personas sin ningún tipo de seguro de salud, un 15,7% perteneciente a instituciones privadas, un 3,4% que no sabe su tipo de previsión y un 1,7% que usa seguros privados internacionales. Por su parte, un 91,2% de la población haitiana que respondió la encuesta está afiliada al sistema público  ( FONASA ) , un 3,3% no tiene ninguna cobertura sanitaria, un 4,4% está afiliado a sistema privado y un 1,1% no sabe qué tipo de seguro tiene  ( Figura 77, 78, 79 ) .
Perfil sociodemográfico y migratorio de los participantes por país El promedio de edad de los participantes de la encuesta fue de 38,17 años  ( mínimo 18 y máximo 85 ) . En los tres países principalmente representados en la encuesta la media de edad llegó a 38,3 años en Venezuela, 31,5 años en Colombia y 38,3 años en los participantes de Haití  ( Figura 59, 60, 61 ) . En cuanto a la distribución según sexo, de los participantes provenientes de Venezuela el 28,8% es de sexo masculino, mientras el 71,1% es femenino; de aquellos provenientes de Colombia el 26% es de sexo masculino y el 73% de sexo femenino, mientras que una persona se definió perteneciente a sexo “otro'. A diferencia de los anteriores en Haití predominan las respuestas de participantes de sexo masculino, perteneciendo el 69% a este género y el 30% a mujeres. En este grupo también hubo un participante que adscribió a sexo otro  ( Figura 62, 63, 64 ) .
De los participantes provenientes de Venezuela  ( n=1009 )  el 69% reside en La Región Metropolitana, el 9% en la Región de Los Lagos, el 5% en la Región del Bío Bío, el 4,1% en la Región de Valparaíso y el 3,7% en la Región de Coquimbo. Los participantes provenientes de Colombia  ( n=229 ) , en cambio, residen en un 62,4% en la Región Metropolitana, seguidos por la Región de Antofagasta en la que habitan un 9,6%, la Región de los Lagos con un 7,8% y Valparaíso donde habita el 3,9% de los encuestados. La comunidad haitiana por su parte también se concentra en la Región Metropolitana, donde habita un 73,6% de los participantes, seguida por la Región de Valparaíso con un 9,8% de los encuestados, la región del Maule y Bío Bío, ambas con 4,4% y la Araucanía y los Lagos con un 2,2% cada una  ( Figura 68, 69, 70 ) ;  ( Tabla 57, 58, 59 ) .
El tiempo en Chile también es relevante y con la encuesta VM  ( 2019 ) , podemos saber que de quienes llegaron antes de 2016, un 6,7% está cesante  ( sin empleo y buscando uno ) , cifra que aumenta a 12,8% en quienes llegaron desde el 2016.
En lo que concierne el sexo de los participantes, de los llegados entre 1 y 5 años atrás, el 66% fue de sexo femenino, 34% de sexo masculino, y menos de 1% de otro sexo  ( Figura 115 ) . De los que llegaron entre 6 meses y 1 año atrás, el 68% fue de sexo femenino, el 32% de sexo masculino, y ninguno de otro sexo  ( Figura 116 ) , y de los llegados entre 6 y 10 años atrás, el 68% fue de sexo femenino, el 31% de sexo masculino, y el 1% de otro sexo  ( Figura 117 ) , haciendo de este último grupo el que tiene la mayor representación de participantes de otro sexo. El grupo con mayor representación de participantes de sexo masculino es el de los que llegaron a Chile más de 10 años atrás, con 35%, mientras que los participantes de sexo femenino representaron el 65% de ese grupo y en ese grupo, ningún participante fue de otro sexo  ( Figura 118 ) . Finalmente, el grupo con mayor representación de sexo femenino, con 84%, y menor representación de participantes de sexo masculino, con 16%, es de los participantes que habían llegado a Chile menos de 6 meses atrás. De ese último grupo, ninguno fue de otro sexo  ( Figura 119 ) .
Entre los participantes que llegaron a Chile entre 1 y 5 años atrás, la mayoría era de Venezuela  ( 66% ) , Colombia  ( 11% )  y Haití  ( 8% ) , entre un total de 21 países representados en ese grupo  ( Figura 120, Tabla 75 ) . De los que llegaron entre 6 meses y 1 año atrás, estaban representados 11 países, con la mayoría de los participantes de origen venezolano  ( 85% ) , colombiano  ( 7% )  y cubano  ( 3% )   ( Figura 121, Tabla 76 ) . Los participantes que llegaron a Chile entre 6 y 10 años atrás se distribuyeron entre 24 países de origen, entre los cuales eran mayoritarios aquellos participantes provenientes de Colombia  ( 36% ) , Venezuela  ( 13% )  y Perú  ( 10% )   ( Figura 122, Tabla 77 ) . De los participantes que más tiempo llevaban en Chile, más de 10 años, prevalecían los de origen peruano  ( 24% ) , colombiano  ( 22% )  y argentino  ( 12% ) , entre un total de 27 países  ( Figura 123, Tabla 78 ) . Finalmente, de los participantes que menos tiempo llevaban en el país, menos de 6 meses, eran mayoritarios los participantes de Venezuela  ( 73% ) , seguidos por los que provenían de Colombia  ( 7% ) , Bolivia  ( 5% )  y Perú  ( 5% ) , entre un total de 8 países representados en ese grupo  ( Figura 124, Tabla 79 ) .
Qué le preocupa de su futuro en Chile luego que COVID 19 haya pasado La Tabla 135 detalla estos hallazgos sistematizados a partir de la categoría “otro' que fue respondida por 199 participantes. Se identificaron ocho categorías generales principales: situación del país, situación económica individual, situación laboral, condiciones de vida, salud, educación, situación migratoria, y relación con el país de origen. Sobre situación del país, se expresaron preocupaciones en cuanto a la situación política y social, económica y de desempleo en el futuro post COVID 19. Los participantes mostraron incertidumbre en cuanto a la situación general a nivel nacional, con una anticipación de consecuencias negativas tales como un aumento de la inseguridad, aumento de los precios, disminución de la calidad de vida y desempleo tanto para la población general como para la población migrante específicamente. Asimismo, algunas respuestas aludieron al estallido social de 2019. Sobre situación económica individual, destacó la preocupación en cuanto a la situación económica propia, a nivel individual o del hogar. Apareció como tema central la insuficiencia o pérdida total del ingreso, preocupación acerca de ahorros, inversiones y fondos de pensiones y, finalmente, la situación de dueños de empresas y trabajadores independientes en cuanto a pagos y continuidad del negocio. Respecto de la situación laboral, se reporta el temor de perder el trabajo o no encontrar empleo y la anticipación de consecuencias negativas de ambas instancias. También se alude a la situación laboral del proveedor del hogar o de familiares, con anticipación de consecuencias negativas. Referido a condiciones de vida, se manifiestan preocupaciones acerca de la vivienda y servicios y del acceso a alimentos, principalmente relacionados con la falta de ingresos y con desalojos. Sobre educación, algunos participantes aludieron a su educación, expresando preocupaciones acerca de la continuidad de su carrera. Sobre salud, se expresaron inquietudes en cuanto a la salud física y mental, por la contingencia y/o por una enfermedad crónica u otra condición preexistente. Los participantes también se refirieron a su situación migratoria, aludiendo a trámites en curso, dificultades asociadas a la irregularidad e inquietudes en cuanto a la continuidad de su permanencia en el país. Asimismo, expresaron preocupación acerca de la situación migratoria de familiares y la reunificación familiar. Finalmente, se expresaron inquietudes vinculadas con el país de origen: familia que se quedó atrás, envío de remesas y viaje previsto o deseado.
La situación migratoria tampoco sería algo inocuo, dado que de quienes cuentan con una visa temporaria o permanencia definitiva, un 10,5% estaría cesante, mientras que para quienes no cuentan con dicha documentación la cesantía corresponde a un 18,7%22. Así, factores como país de nacimiento, sexo, tiempo en Chile y situación migratoria, entre otros, son relevantes para entender la participación laboral de las personas migrantes.
Diferentes estudios han dado cuenta de la existencia de una percepción poco favorable hacia el proceso migratorio actual en distintos segmentos de la sociedad chilena, lo cual se ha reflejado en diversos espacios cotidianos como escuelas  ( Galaz, Pávez, Álvarez y Hedreda, 2019 ) , centros de salud  ( Cabieses et al., 2017 ) , espacios de trabajo  ( Silva, Ramírez y Zapata, 2018 )  y barrios  ( SJM, 2019a ) .
Por otro lado, más asociado a las condiciones en que se da la participación laboral, a partir del reciente estudio de SJM y CFV  ( 2019 ) , con datos Casen 2017, se observa un mayor promedio de horas trabajadas en personas migrantes que no migrantes, siendo un indicador de peores condiciones laborales.
A pesar del aumento mismo, la distribución en cuanto a dependencia administrativa de los estudiantes migrantes es siempre mayoritaria en establecimientos públicos  ( municipales o de servicios locales de educación ) . Para 2019, el 59% estudia en dichos establecimientos.
la Región Metropolitana se ubica Santiago, capital del país, que concentra parte importante de las actividades económicas y comerciales  ( Sabatini y Wordmald, 2008, citado en Stefoni, 2011 ) , siendo la región con mayor cantidad de habitantes migrantes y no migrantes.
En cuanto al tipo de delito el más predominante a lo largo de los años se asocia al de tráfico de migrantes, el cual ha constituido el 62% del total con 541 casos. Por otra parte, el 53% de las víctimas entre 2012 y 2019 son mujeres, y la nacionalidad prevalente ha sido la dominicana, con 125 casos, seguida por colombianos  ( 95 casos ) , venezolanos  ( 88 ) , bolivianos  ( 79 )  y chinos  ( 73 ) .