nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Al igual que en nuestras estimaciones anteriores, el número de nuevos pobres surgidos a raíz de la COVID 19 se calcula como la diferencia entre la pobreza proyectada con pandemia y sin ella. Para predecir la pobreza en el primer caso, utilizamos las previsiones de crecimiento del informe GEP de enero de 2021, y para el mundo sin pandemia, las incluidas en la edición de enero de 2020. [ 1 ] Es importante señalar que, si bien ahora estamos "repasando" el año 2020, nuestras estimaciones siguen basándose en extrapolaciones de encuestas de hogares anteriores a ese año.
El uso de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal en contra de quienes ejercen sus derechos fundamentales
Allanamientos sin orden judicial
La situación de los migrantes es también crítica en la vecina Colombia,el principal país de acogida de la diáspora venezolana. Allí, tres de cada cuatro consultados manifestaron provenir de Venezuela. El 98% de los encuestados afirmó que no lograba cubrir sus necesidades básicas, y enfatizó el hacinamiento en que viven,como lo han detallado otros informes recientes.
Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán encabezan un ránking de casi cien países y territorios que mejor han gestionado la pandemia de coronavirus, según un índice publicado este jueves en Australia, que pone a España en el puesto 78 y a Colombia, México y Brasil en las últimas posiciones.
España es el séptimo país en número de infecciones con más de 2,6 millones; mientras que las naciones latinoamericanas con más contagios son: Colombia  ( más de 2 millones ) , Argentina  ( unos 1,9 millones )  y México  ( unos 1,8 millones ) , que ocupan los puestos undécimo, duodécimo y décimo tercero, a nivel mundial.
Colombia empezó este martes la vacunación contra el coronavirus en adultos mayores de 80 años y puso en marcha la segunda parte del proceso de inmunización que comenzó el pasado miércoles con la aplicación de dosis al personal de salud que está en la primera línea de atención de la emergencia.
Con gran preocupación, se reporta que, entre las las 6:00 AM del 28 de abril y las 11:30 PM del 12 de mayo del 2021, a nivel nacional ocurrieron, al menos, 2.110 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública  ( sin contar casos de desapariciones ) , dentro de los cuales fue posible identificar:
La inmunización a los mayores de 80 se inició hoy en Bogotá luego de que la ciudad recibiera 12.026 vacunas de la farmacéutica china Sinovac.
El número de víctimas de homicidio, lesiones personales, agresiones sexuales y desaparición forzada, entre otros, aumenta de manera alarmante conforme pasan los días de movilización. La ciudadanía ha registrado de manera directa hechos cometidos por la fuerza pública en redes sociales por medio de videos, comunicados, reportes y anuncios que muestran altos niveles de violencia contra la población civil y uso de armas de impacto desproporcionado.
362 víctimas de violencia física ❖ 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública3
055 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes ❖ 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas ❖ 30 víctimas de agresiones oculares ❖ 133 casos de disparos de arma de fuego ❖ 16 víctimas de violencia sexual ❖ 3 víctimas de violencia basada en género
El uso de la figura del traslado por protección para conducir a las y los manifestantes a estaciones de policía en las cuales no hay presencia del Ministerio Público.
El uso de armas como el lanzador de proyectiles múltiples “VENOM' desde el suelo y de forma horizontal. La cual ha sido catalogada como un arma que no cuenta con la precisión y al utilizarla de esta forma en manifestaciones se convierte en un arma de alta peligrosidad
También, se registraron restricciones de acceso a servicios de salud, pues se conoce sobre el caso de un civil herido que posteriormente murió dado que el GDO no permitió el paso del paciente a un centro de salud.
Adicionalmente, el porcentaje de colom  bianos que está de acuerdo con que la frontera permanezca cerrada para que los venezolanos no puedan ingresar se mantiene en un 72 % desde agosto de 2020, según la Encuesta Inva  mer Gallup Poll  ( febrero 2021 )   ( Gráfico 2 ) .
En este sentido, el 41 % de los colombianos está de acuerdo con la medida del Gobierno colombiano que busca otorgar un Permiso de Protección Temporal  ( PPT )  por 10 años para los migrantes venezolanos con la im  plementación del ETPV.
Cundinamarca seguirá recibiendo pacientes de Bogotá, y viceversa, por cuenta de un convenio de apoyo entre el Distrito y el departamento. De hecho, este fin de semana en el sistema UCI de Cundinamarca había 23 pacientes de la capital. Otras ciudades, como Bucaramanga, recibieron solicitudes de Bogotá para remitir enfermos. Sin embargo, este pedido no se materializó.
Cerca de 877 personas pertenecientes a 3 comunidades indígenas tuvieron que salir de sus territorios a causa de la inundación. En Tame se afectaron 480 personas  ( 57 familias )  del resguardo indígena Caño Claro  ( etnia Makaguan ) , 300 personas  ( 65 familias )  del resguardo Cabañas Puyeros  ( etnia Makaguan ) , y en Arauquita, 97 personas  ( 24 familias )  del resguardo Cajaros  ( etnia Sikuani ) .
se registra el asesinato de 23 defensoras desde la Promulgación del Programa Integral de Garantías y 22 defensoras desde la posesión del actual gobierno.
Los campesinos han reportado cuantiosas perdidas de cultivos de pan coger  ( plátano, cacao, yuca, maracuyá, caña )  como también perdida de semovientes, y aves de corral.
No obstante, el 62 % de los colombianos está de acuerdo con que el Gobierno apoye a las comunidades de acogida  ( Gráfico 9a ) , y el 52 % con que los venezolanos más vulnerables deberían tener acceso a los programas sociales del Estado  ( Gráfico 9b ) .
Según el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres  ( CDGRD ) , al menos 14.000 hectáreas de cultivos fueron afectadas en todo el departamento de Arauca.
Por ejemplo, para la pregunta relacionada con el acceso de los migrantes vulnerables a programas socia  les del Estado hay una diferencia de 39 p.p. respecto al promedio nacional y de 51 p.p. frente a quienes no tienen confianza en la población migrante.
Además, el aumento del caudal de los ríos y caños, generó daños en la infraestructura vial del sector el Acuario  ( via Fortul Tame ) , Caño Amarillo y La Colorada  ( via Saravena Fortul ) , Caño Plato,  ( vía Tame Puerto Rondón ) , puente Macaguancito  ( vía Corocito Botalón )  y vía vereda Nápoles en el municipio de Tame. Igualmente, infraestructura de colegios, escuelas, iglesias y centros de salud en Saravena, Fortul, Tame y Arauquita, también tuvieron impacto.
hay evidencia de que personas con trastornos psiquiátricos crónicos tienen mayor riesgo de contagiarse. Por el otro, los casos de ansiedad y depresión en personas que incluso no han sufrido COVID 19 se disparan.
Se requiere la asistencia urgente con tanques de almacenamiento, filtros, kits de higiene y aseo personal y suministro de agua potable para 5 sectores rurales de Saravena  ( Puerto Nariño , Puerto Lleras, La capilla, Puerto Contreras, Caño Rojo )  ya que no cuentan con agua potable; al menos 470 familias  ( 1.880 personas )  están afectadas por la destrucción del sistema de acueducto.
Se sugiere la atención al total de las personas afectadas con kits alimentarios o mercados, en especial a las personas de sectores rurales que perdieron sus cultivos de pan coger por la inundación.
En todos los municipios afectados se requiere la asistencia con kits de alojamientos, colchonetas, frazadas, y carpas, en especial los sectores donde la afectación fue mas severa y el aumento del nivel del agua destruyo enseres, como son: Puerto Nariño Saravena  ( 1.880 personas ) , Cajaros Arauquita  ( 248 personas ) , Nuevo Fortul Fortul  ( 320 personas )  y zona rural de Tame  ( 1.280 personas ) .
Se requiere una brigada médica para verificar el estado de salud de las comunidades, articulación entre las Instituciones Prestadoras de Salud  ( IPS )  que operan en ambos municipios, entrega de equipos de protección personal  ( EPP ) , insumos de medicina tradicional y atención psicosocial, dado el miedo constante que permanece en la población por cuenta de los hechos victimizantes descritos.
A nivel nacional enero de 2021 superó en un 40 por ciento el máximo de contagios registrados en agosto de 2020.
Las zonas de chagras  ( áreas de cultivo )  están totalmente inundadas, perdiendo los cultivos de pan coger  ( plátano, yuca y frutales ) , situación que amenaza los medios de subsistencia de dichas familias.
Mediante el mecanismo COVAX se vacunarían 10 millones de personas con 20 millones de dosis disponibles, y el inicio de la vacunación está estipulado para el 20 de febrero.
Sin embargo, en febrero marzo de este año esa cifra disminuyó en 1 p.p. jalonada por la percepción de los colombianos de es  trato bajo, tendencia opuesta a la del estra  to alto, donde viene en aumento el porcen  taje de colombianos a favor de facilitar el acceso a documentación formal para vene  zolanos, que en este último levantamiento fue del 57 %, siendo incluso superior al pro  medio nacional
Se requieren estrategias para la potabilización de agua, además de la adecuación de los lugares que pueden ser dispuestos como albergue y la entrega de kits de higiene y aseo con enfoque diferencial para evitar la propagación de enfermedades prevenibles  ( enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda o COVID 19 ) .
La diferencia más alta  ( 38 p.p. )  se da para quienes consideran que los migrantes son un capital humano que hará crecer la econo  mía, pues, en general, apenas el 38 % de los colombianos lo cree así; no obstante, este porcentaje es del 76 % para quienes tienen confianza en los migrantes y del 51 % para quienes alguna vez migraron
porque en momentos así es que hay que darse inyecciones de esperanza, es que en el país los servicios de salud mental empiezan a llegar  de manera virtual  a donde antes nunca habían llegado.
En esta ocasión, el 46 % de los encuestados considera que los migrantes son una amenaza para la seguridad ciuda  dana de los colombianos, 3 p.p. por encima del resultado de septiembre de 2020  ( Grá  fico 13 ) . Esta percepción es jalonada, en mayor medida, por la población de estrato medio  ( 49 % ) , las personas entre los 35 y 54 años  ( 49 % ) , la ciudad de Bogotá  ( 54 % )  y la región Nororiente  ( 56 % ) , que se encuen  tran por encima del promedio nacional en este indicador.
Según la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, realizada en diciembre de 2020, la mayo  ría de los migrantes venezolanos durante la pandemia consideraron que en el país es difícil o muy difícil acceder a un empleo  ( 84,5 % ) , a documentos migratorios legales  ( 75 % )  y a salud  ( 67,3 % ) .
La Comisión ha venido monitoreando las vulneraciones a los derechos humanos vinculadas con la violencia en el país y en dicho marco ha tomado nota de la información de la Defensoría del Pueblo de Colombia donde se señala que, como consecuencia de las confrontaciones entre grupos armados ilícitos, el 26 de marzo más de2 mil personas fueron desplazadas desde el corregimiento del Plateado hacia la zona urbana de Argelia, Puerto Rico y El Mango. El 17 de abril, como resultado de los enfrentamientos entre grupos armados ilícitos y entre éstos y el Ejército Nacional de Colombia, aproximadamente250 personas fueron desplazadas en esta región. En conexión con estos hechos, al menos9 personas civiles habrían resultado gravemente heridas por la explosión de una mina antipersonal. En estos enfrentamientos también habrían fallecido un miembro del Ejército Nacional de Colombia y varios integrantes de los grupos armados ilícitos, además de varias personas heridas. Entre el 24 y 25 de abril, se repitieron estos enfrentamientos en el municipio de Timbiquí, donde al menos 5 mil personas se encuentran en riesgo de desplazamiento.
Se denota cómo, después de la disminución en  tre marzo y abril de 2020 del porcentaje de colombianos que estaban a favor de otorgar documentos legales para que los migrantes puedan trabajar y acceder a servicios  ( 43 % ) , el porcentaje de aceptación de esta medida volvió a incrementarse en septiembre del 2020, alcanzando un 49 % en la fase de rea  pertura económica
A pesar de que cerca de 3 de cada 4 colom  bianos están de acuerdo con que es nece  sario facilitar que todos los migrantes ac  cedan a salud y educación, estos resultados disminuyeron en 3 puntos porcentuales  ( p.p. )  frente a los de septiembre de 2020, retrocediendo a niveles del segundo levan  tamiento  ( abril de 2020 ) , en plena pande  mia  ( Gráfico 4 ) . El estrato alto es el único que muestra una mejora en la favorabilidad hacia estas medidas y, aun así, no alcanza a superar los resultados de julio de 2019.
Existen vacíos en la información específica sobre afectaciones a mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores por parte de las entidades locales.
Por el contrario, el porcentaje de en  cuestados que está de acuerdo con que los migrantes les quitan los empleos a los co  lombianos se incrementó en 2 p.p. en com  paración con la medición de septiembre de 2020, pasando de 56 % a 58 %. La variación más alta, curiosamente, se presentó en el estrato alto en 13 p.p.  ( de 37 % en septiem  bre de 2020 pasa a 50 % en febrero marzo de 2021 )  que, aun así, se mantiene por de  bajo del promedio general y de los estratos medio y bajo
En este sentido, el 60 % de los encuestados considera que los migrantes son una carga para los servicios sociales del Estado, valor que era del 58 % en sep  tiembre de 2020.
La integración de los migrantes parece ser aceptada de forma parcial por los colom  bianos, dado que solo el 46 % considera que integrar a la población migrante traerá be  neficios a largo plazo para el país.
Además, apenas un 28 % está de acuerdo con brindar la nacionalidad a todos los mi  grantes, mientras que este indicador era del 24 % en la medición anterior. En contraste, el 77 % de los colombianos está de acuerdo cuando se trata de brindarla a los hijos de migrantes nacidos en Colombia, porcenta  je que se mantuvo constante con respecto a septiembre de 2020.
Debido al incremento de lluvias y ola invernal se puede presentar la proliferación de enfermedades respiratorias en todos los grupos vulnerables. Por tal motivo, se debe garantizar la protección de las personas afectadas con la adecuación e instalación de nuevos alojamientos temporales colectivos
48% de los productores ha enfrentado choques significativos, principalmente relacionado con las fuertes lluvias o inundaciones, brote de plagas o enfermedades y sequías prolongadas.
En Chocó: la respuesta en WASH ha sido lenta o nula por dificultades en el acceso al territorio.
Preocupa que, a pesar de conocer sobre los posibles enfrentamientos entre el GAO y el GDO desde hace 15 días, se observó una respuesta limitada en llevar a cabo acciones de prevención en las comunidades afectadas.
En Caquetá: La presencia de grupos armados, especialmente en zonas rurales, implica limitaciones de movilidad 

a la población por la imposición de toques de queda y amenazas de no cumplir estos
Además, se ha reportado la preocupación por la desnutrición aguda que sufren los niños y niñas en el resguardo. Actualmente, hay un caso de una niña de cuatro años en un estado grave de desnutrición.
El 49,5% de los empresarios consultados, cree que el país va a mejorar en el 2021.
Cabe considerar, por otra parte, que los territorios que tienen un alto PIN, afectación por Covid 19 y con presencia de grupos armados, también tienen un aumento de la contaminación por armas  ( MAP/MUSE/AEI ) .
También se encontró que existe discriminación contra los NNA con discapacidad en centros edu  cativos por parte de compañeros de clase.
Se conoce que desde esta fecha el GDO amenazó a la población y a los líderes indígenas, se posicionó cerca de las viviendas de la población civil, centros educativos y parcelas comunitarias, y declaró su intención de ejercer control sobre la zona y reclutar jóvenes.
En necesario realizar labores de desminado y jornadas de Educación en el Riesgo de Minas  ( ERM )  con las comunidades donde se han registrado incidentes con MAP.
Es necesaria la entrega de kits de aseo e higiene con enfoque étnico, de género y edad, facilitar el acceso al agua  ( actualmente cuentan con solo un punto de acceso a agua, 3 lavamanos sin conexión permanente a red de agua y tanques para almacenamiento de agua que se encuentran vacíos ) .
Durante el nuevo periodo de la emergencia sanitaria los restaurantes ya no necesitarán autorización para vender licor.
En la comunidad de Zabaletas se hace necesaria la entrega de filtros de agua para acceder a agua segura con el fin de prevenir afecciones de salud, ya que están consumiendo el agua del río y quebradas.
Las constantes intimidaciones generaron temor en la población, evitando así que puedan realizar actividades cotidianas como la caza, la recolección de alimentos, la elaboración de artesanías y el desarrollo de las jornadas educativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes  ( NNAJ ) .
• No hay condiciones de seguridad en el resguardo indígena para el retorno de las comunidades desplazadas.
Las personas desplazadas se encuentran albergadas actualmente en la escuela de la comunidad de Puerto Pizario en situación de hacinamiento.
En el caso de los NNAM no acompañados o separados de sus familiares, los procedimientos de reunificación familiar son particularmente complejos, dada la falta de relaciones consulares entre los dos Estados y las dificultades en el restablecimiento de contactos con los familiares.
• La respuesta en términos de alojamientos, salud, seguridad alimentaria y protección de las comunidades desplazadas y confinadas no alcanza a cubrir las necesidades identificadas, por lo que se requiere acciones de complementariedad.
Debido a las fuertes lluvias que se presentaron entre el 13 y 14 de junio, se generaron inundaciones en zonas rurales y urbanas de los municipios de Puerto Asís, San Miguel, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán y Villagarzón, afectando a cerca de 4.924 familias, 20.472 personas )  debido al desbordamiento de los ríos y caños  ( Guineo, Luzón, San Miguel, Putumayo, Acae, Sábalo, Mocoa, Caquetá, Mandur y San Juan ) .
• Con motivo del Paro Nacional que inició el 28 de abril y los bloqueos en las vías, las Ayudas Humanitarias Inmediatas  ( AHI )  incluyendo alimentos que entregará la Unidad para las Víctimas  ( UARIV )  para las 1.946 personas se retrasó, por las limitaciones en el transporte desde Bogotá. Se tiene prevista la entrega el 18 de junio.
• Las personas que han llegado en los recientes eventos de desplazamiento masivo no han declarado y no han sido incluidos en el Registro Único de Víctimas  ( RUV )  para el acceso a la ayuda humanitaria entregada por la Unidad para las Víctimas.
Los organismos de socorro en el departamento de Córdoba están en alerta máximaporque las altas temperaturas podrían provocar incendios forestales en los municipios ya mencionados en esta región.
El intenso verano en los primeros días del año comenzó a causarproblemas de desabastecimiento de agua en la zona rural del municipio de Montería,porque las represas y pozos ya comenzaron a bajar el nivel.
Los casos asintomáticos reportados han mostrado decrecimiento en las últimas semanas, para la fecha el reporte de casos asintomáticos corresponde al 13% de los casos notificados
La tasa de cambio nominal de equilibrio de largo plazo  ( 2023 )  sería de 3,186 y 3,308.
La gran mayoría de estudiantes continuó matriculado en el 2020. Sin embargo, 2.5% de los cuidadores en nuestra muestra reporta que un estudiante de su hogar dejó de estudiar cuando comenzó la pandemia.
Es de resaltar que en la vereda El Tigre II  ( Caucasia )  y La Maturana  ( Zaragoza )  no cuentan con acueducto o lo tienen parcial  ( media hora al día todos los días ) , y la comunidad accede al agua a través de nacederos sin aplicar tratamientos para garantizar su potabilidad
La mayor cantidad de casos se concentran en las partes costeras del país atlántico y pacífico, siendo los territorios con mayor número de casos: Cali 12,4%, Cartagena 11,3%, Barranquilla 8,9%, Buenaventura 7,8%, Quibdó 7,8%, Tumaco 7,8%, Medellín 5,3%, Bogotá 4,6%. El 3,6% de los casos en los grupos afrocolombianos son asintomáticos.
Las mujeres y niñas venezolanas en embarazo encuentran barreras para acceder a servicios, pese a que la atención materna está dentro de los servicios de urgencia y prioritaria que diferentes autoridades colombianas  ( Ministerio de Salud y Corte Constitucional )  han ordenado para la población venezolana. En relación con el derecho a la IVE, la falta de información o provisión de información falsa sobre el marco legal nacional impide a mujeres migrantes acudir al servicio por temor a ser deportadas o a enfrentar otras consecuencias legales como la criminalización derivada de la solicitud de servicios como el aborto42. Así mismo, la situación migratoria irregular es una de las principales barreras de acceso a la IVE y otros servicios de salud sexual y reproductiva  ( SSR )  para mujeres migrantes, pues las entidades prestadoras de servicios de salud condicionan la atención a la presentación de documentos que demuestren la situación de permanencia regular en el país como la cédula de extranjería, carné diplomático, o, en su ausencia, PEP43 que son los documentos que les permiten también afiliarse al sistema de salud44.
En el caso de la atención materno infantil, si bien en algunas ocasiones se prestan los servicios para atender el parto, en muchas ocasiones las mujeres atendidas son víctimas de violencia obstétrica por razones discriminatorias y por prejuicio. Incluso, los hospitales se niegan a practicarles pruebas de embarazo. Adicionalmente, existe una gran deficiencia en el acceso a controles prenatales y servicios post parto para las mujeres y niñas migrantes y refugiadas, principalmente para aquellas que se encuentran en situación migratoria irregular.
En relación con la situación de las mujeres migrantes víctimas de trata de personas, el Estado colombiano carece de servicios de respuesta adecuada a este fenómeno. Con respecto a las dimensiones de esta situación aún persiste invisibilidad, pese a que el aumento de víctimas de trata de origen venezolano es un hecho constatado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, e incluso por entidades públicas, como la Fiscalía General de la Nación, que en 2018 tuvo conocimiento de 117 casos de trata de personas, 11 de ellas venezolanas. Sin embargo, el informe estadístico anual del Observatorio del delito de trata del Ministerio del Interior no recoge el número de víctimas venezolanas que son trasladadas a Colombia para ser explotadas.47 La baja calidad y profundidad de los datos oficiales es un indicador de la falta de visión de las autoridades sobre el riesgo de trata que enfrentan las personas migrantes venezolanas que llegan a Colombia, especialmente mujeres y niñas.
En cuanto a la respuesta institucional, persiste la falta de mecanismos efectivos de identificación, protocolos unificados de actuación entre las entidades competentes y coordinación interinstitucional para la asistencia adecuada e integral de las víctimas. Adicionalmente, se presentan dificultades de coordinación interinstitucional debido a:  ( i )  el desconocimiento de los funcionarios sobre cómo activar la ruta de atención;  ( ii )  la reportada falta de atención y respuesta del Ministerio del Interior una vez se le reporta un caso;  ( iii )  el hecho de que la Policía o Fiscalía realicen una revisión de las denuncias antes de reportar los casos al comité departamental; y  ( iv )  la relación no fluida entre los funcionarios encargados de la asistencia y los encargados de la protección  ( lo que dificulta la activación de los protocolos de seguridad ) 49.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ( ICBF )  – la autoridad responsable de los derechos de los niños en Colombia – ha progresivamente ampliado sus servicios en beneficio de la niñez migrante y refugiada y ha incrementado de forma significativa el número de atenciones a NNAM provenientes de Venezuela. El instituto ha eliminado la necesidad de presentar documentos de identificación para poder acceder a sus servicios. Sin embargo, los recursos limitados aunado a la extensa falta de datos sobre los NNAM provenientes de Venezuela presentes en territorio colombiano y el subregistro que deriva de ello, genera que un número importante de NNAM no tenga acceso a los servicios del Instituto y que tampoco se tenga conocimiento de sus necesidades y la de sus familias.
Respecto a las actuaciones del ICBF, se han registrado casos en los cuales el Instituto ha iniciado el Proceso de Colocación de niños y niñas provenientes de Venezuela bajo su protección, en el marco de procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos  ( PARD ) . En estos casos, el Instituto pareciera haber actuado a partir de una presunción generalizada sobre la incapacidad de los padres del menor – nacionales venezolanos con estatus migratorio irregular   de hacerse cargo de las necesidades y manutención de su hijo y, por ende, de mantener la custodia. En algunos de estos casos, durante varias semanas los padres no recibieron información alguna sobre el paradero de sus hijos por parte del Instituto y tampoco les comunicaron los motivos por los cuales el PARD se había concluido con la pérdida de la custodia del menor.
Muñoz53 argumenta que los programas que han hecho parte del Plan de Retorno están focalizados fundamentalmente en aquellos migrantes que poseen recursos y capital financiero, pasando por alto el caso de los colombianos que retornan en condiciones precarias. Actualmente en tiempos de pandemia, retornados colombianos de Venezuela en condición de vulnerabilidad y que se encuentran registrados en el RUR, en zona de frontera, manifiestan estar desatendidos por parte del gobierno y de Cancillería de Colombia, para lo cual no han recibido ninguna ayuda del gobierno, ni asesoría, ni acompañamiento sobre trámites administrativos, ni han sido incluidos como beneficiarios por programas estatales54.
En cuanto al análisis sobre la situación de los colombianos retornados de Venezuela, realizado por la oficina binacional Arauca Apure del JRS LAC, se destaca lo siguiente: existe un desconocimiento de sus derechos como retornados y de sus derechos como víctimas en el exterior, desconocimiento por parte de las autoridades sobre la Ley de Retorno, respuestas paliativas a los retornados no articuladas a respuestas integrales ni estatales sino de corte discrecional por parte de los gobiernos locales, existen riesgos asociados a violencia sexual por paso irregular a través de pasos fronterizos no autorizados. Así mismo, para el caso de los hijos de colombianos nacidos en el exterior, que requieren procesos de nacionalización, persiste la desinformación y se desconoce las rutas tanto por parte de los retornados como los procedimientos por parte de las autoridades locales. Debido a la pandemia no se cuenta con atención en las registradurías municipales, lo cual retrasa los procesos que dificultan el acceso a derechos fundamentales como a la salud, educación, etc., para población con mayor vulnerabilidad como los niños, niñas y adolescentes. Además, esta ruta tiene múltiples barreras que hacen que la población retornada no cuente con mecanismos efectivos de reintegración.
Estos grupos delincuenciales, se aprovechan del desconocimiento del contexto por parte de la población venezolana y del alto nivel de vulnerabilidad, recurriendo a la amenaza, reclutamiento uso y/o utilización de NNAM, homicidio, desplazamiento forzado interno y resolución de los conflictos comunitarios de manera violenta para hacerse con el control territorial y de economías ilícitas como el microtráfico, control de sitios de consumo, venta y tráfico de armas, extorsión y vacunas a comerciantes y vendedores informales, entre otras.
Sin embargo, las medidas de prevención y protección por parte del Estado colombiano han sido insuficientes y, por el contrario, en algunos casos se llega a situaciones de violencia institucional. Ejemplo de ello son las barreras de acceso al sistema de atención y reparación a víctimas para la población venezolana, que no solo tiene consecuencias graves en términos de la desprotección de la víctima, sino que configura una situación de profunda desigualdad proveniente de las decisiones administrativas de las entidades públicas, en este caso, particularmente de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas  ( UARIV ) , y en alguna medida el Ministerio Público.
Así mismo, existe una triple afectación aunando los desastres naturales, inundaciones en zonas periféricas donde se asientan los desplazados, migrantes forzados y refugiados, así como afectación y contaminación a fuentes hídricas, sequías, asentamiento en zonas de alto riesgo, entre otros.
el 50,6% de los empresarios destinó hasta el 20% de sus ingresos para adaptar los protocolos de bioseguridad y el 20,5% hasta el 40% de sus ingresos con el fin de retomar y mantener su actividad comercial.
Se observa que esta puede ser una causa de enfermedades, como brotes en la piel y diarrea, lo cual significa un riesgo para la población, teniendo en cuenta que no se accede fácilmente a la atención en salud, ante la lejanía de los centros existentes.
• Presentar documentos en óptimo estado físico para evitar la contaminación del archivo físico de la enti  dad con aquellos documentos que se presenten su  cios o en mal estado. • Exigir presencia de los niños  ( as )  o testigos durante la pandemia para realizar el trámite de registro. • Exigir el pasaporte sellado a los solicitantes como evidencia de la situación migratoria regular sin tener en consideración el marco legal establecido por la Resolución 0872 de 2019. • Exigir la revisión previa de la documentación por parte de la Personería Distrital. • Cobros por parte de la Notaría a los solicitantes del trámite por conceptos como biometría o impresión del duplicado del certificado de nacido vivo, aun pre  sentando el certificado original a pesar del marco le  gal que indica la plena gratuidad de este trámite.
A lo anterior, se suman otros riesgos asociados a temas de salubridad, pues se ven obligados a ubicarse en zonas poco adecuadas para descansar, dormir, cocinar y asearse, ya sea al borde de las carreteras, en pequeños planchones que dividen la vía de alguna fuente hídrica y/o en pastizales que separan las vías; riesgos en seguridad como, por ejemplo, ser víctimas de robo o de accidentes de tránsito; así como el riesgo latente de desescolarización de los niños, niñas adolescentes y jóvenes, pues si bien, algunos de ellos se encontraban estudiando, el salir a un nuevo rumbo les significó dejar su educación y romper nuevamente su ciclo de crecimiento estudiantil61.
Además de lo anterior, el 80% de la población no tiene pozo séptico.
En el gráfico 19 se observan los obstáculos relacionados con factores externos para el aprendizaje, tales como tener trabajo remunerado, realizar tareas domésticas, o que no lo dejan aprender. Se puede identificar que estas causas no representan el mayor obstáculo de aprendizaje en los países analizados
Se observa que en las comunidades El Pando, El Tigre 1 y El Delirio  ( Caucasia ) , sus cultivos y por ende su alimentación se ve afectada cuando la violencia armada se intensifica en la zona, ya que los GAO ponen restricciones en la movilidad interna del sector y en muchas ocasiones no pueden desplazarse a trabajar sus tierras, actividades de agricultura o económicas. Estas restricciones afectan su dignidad y su calidad de vida a nivel familiar. En El Tigre 2  ( Caucasia )  la comunidad no cuenta con mercados locales  ( la comida que no se produce se compra en el pueblo ) , en El Saltillo  ( Zaragoza )  pasa la misma situación, además las tiendas ofrecen productos con precios elevados. La vía de acceso se encuentra en construcción  ( ruta Segovia Remedios Zaragoza )  y las fuentes de ingreso principales son la minería y jornales. En Las Malvinas  ( Caucasia )  la comunidad no cuenta con un mercado local y tampoco tienen terrenos para la siembra y cultivo de alimentos de pan coger. Son las comunidades aledañas quienes surten de alimento a la comunidad
Respecto al clúster de Salud, las veredas El Saltillo  ( Zaragoza ) , El Tigre II y Las Malvinas  ( Caucasia )  no cuentan con un puesto de salud y los servicios médicos son ofertados en la cabecera municipal.
Entre diciembre 2020 y enero 2021 se presentaron emergencias masivas como desplazamientos y confinamientos en Chocó, Nariño y Cauca, situaciones que aumentan el riesgo de contagio para las comunidades expulsadas y para las comunidades anfitrionas de los departamentos en mención, debido a las condiciones de hacinamiento que afrontan.
Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienenla mayoríade los bosques tropicales del mundo.
En su misión por estimular las economías azotadas por la pandemia, los gobiernos de Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han dejado de lado salvaguardas sociales y ambientales en favor de proyectos de desarrollo destructivos que están causando daño a comunidades indígenas y los bosques que cuidan, según un informe publicado hoy por Forest Peoples Programme.
Preocupa el incremento de acciones por parte de grupos armados con atentados en lugares públicos que ponen en riesgo la vida de personas civiles; así mismo estas acciones no permiten desarrollar intervenciones en algunos territorios, ya que ponen en riegos la seguridad del personal que realiza intervenciones
La subregión del Bajo Cauca está conformada por comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y mestizas. La economía de la zona está compuesta por la ganadería, la minería y la agricultura. Es un espacio geoestratégico por ser la conexión entre la costa norte y el centro de Antioquia, además de tener límites con el departamento Córdoba, lo cual facilita la salida al mar y la articulación al mercado internacional. Por lo anterior, se propician las economías ilícitas donde convergen el comercio de coca y oro, factor que se posiciona como uno de los motivos de las disputas en el territorio entre grupos armados organizados  ( GAO )  y grupos armados delictivos  ( GAD ) . Luego de la salida de las extintas FARC EP del territorio, otros GAO GDO1 se reconfiguraron, expandieron y accedieron al control de cadenas productivas de economías ilícitas de la zona.
La International Agency for Research on Cancer, conocido como el Ob  servatorio Global de Cáncer  ( GLOBOCAN )  realizó una estimación de tasa de incidencia  ( TI )  en 2020 para Colombia de cáncer en niños y niñas de 14,2 por 100 000 habitantes, para leucemias de 5,2 por 100 000 ha  bitantes, de 2 por 100 000 habitantes para linfomas y tumores del SNC. Así mismo, se observó en el comportamiento de la notificación al Sivigila una TI de 6,1 por 100 000 habitantes para los cánceres diferentes a leu  cemias, de 3,6 por 100 000 habitantes para leucemia, en los tumores del SNC de 1,4 por 100 000 habitantes y de 1,0 por 100 000 habitantes para linfomas
En las comunidades visitadas de los municipios de Zaragoza y Caucasia, se encuentra que las niñas y niños entre los 0 y los 5 años carecen de instituciones que les garanticen su protección y el cumplimiento de sus derechos. No existen instituciones recreativas para el uso del tiempo libre de los menores, lo cual implica que se encuentren en particular vulnerabilidad respecto a las dinámicas de conflicto en el territorio. En Saltillo  ( Zaragoza )  no cuentan con centros culturales, parques o biblioteca.
La comunidad del corregimiento de Charras – Boquerón en el municipio de San José del Guaviare, denuncian la falta de personal médico en el centro asistencial del corregimiento que tiene más de 1.200 habitantes. En la zona hay un enfermero, pero no hay médicos que atiendan a la población cuando presenten síntomas o enfermedades de gravedad8.
En Chocó: La comunidad del municipio de Tadó no accede al servicio de Salud, debido a que las inundaciones afectaron el sistema de suministro de agua del Hospital de este municipio.
Debido a la presencia de grupos delictivos organizados  ( GDO )  en zona rural del municipio de Mosquera  ( Nariño ) , se ha generado temor permanente en la población civil, ya que los GDO han realizado amenazas directas en contra de la comunidades y las señalan de colaborar con otros grupos.
En La Guajira: En la zona Alta y Media tienen se ve amenazado el acceso al servicio a agua por la llegada de la temporada de sequía, lo cual demanda un proceso de preparación y de respuesta ante los efectos que esta temporada pueda causar en los diferentes territorios, que ponga en peligro el acceso a agua para consumo humano y realizar el correcto lavado de manos. Ante el aumento de casos y la alta ocupación de UCI el sector debe adecuar su respuesta para realizar acciones preventivas con las comunidades que se han visto más afectadas por el contagio del virus.
Por esta situación, desde el 16 de febrero se desplazaron aproximadamente 210 personas afrodescendientes  ( 78 familias )  desde las veredas Panpa Quiñonez y Panpa Chapil hacia el casco urbano del municipio de Mosquera. Entre las personas desplazadas se han identificado a 90 niños y niñas, sin embargo, el censo se mantiene abierto hasta 19 de febrero. Se informa que continúan llegando familias al casco urbano del municipio auto albergándose en casas de familiares, amigos y en algunos casos pagando alquiler, debido a que el municipio no cuenta con albergues temporales para este tipo de emergencias.
Providencia y Santa Catalina: Continua la distribución de agua por medio de la UNGRD y la Cruz Roja Colombiana en algunas zonas de la isla. La acumulación de algunos pozos sépticos y aguas estancadas podrían aumentar el riesgo de proliferación de enfermedades transmisibles por vectores  ( al menos 1 caso de dengue ha sido identificado en la zona durante las últimas semanas ) .
En Meta: Es preocupante la presencia de grupos armados organizados en municipios de la región del Rio Ariari, Piedemonte y Rio Meta. Durante diciembre cabe resaltar los hechos de violencia contra la población civil  ( homicidio, tortura y amenazas )  19 que se han presentado en el municipio de Cabuyaro y que han dejado a 47 personas afectadas.
En Guaviare: En el municipio de Miraflores también preocupa el aumento en los hechos de violencia y ataques contra la población civil por parte de un Grupo Generador de Violencia  ( GGV )  que tiene presencia en la zona, además de los combates que ocurren debido a las operaciones que desarrolla la Fuerza Pública20. Cabe resaltar que en este municipio el acceso a centros de salud por parte de la población es limitado.
• Nariño y Chocó: a partir del diálogo con los pobladores e institucionalidad local es necesario aumentar la cobertura de los programas de salud y protección social. Existe un temor generalizado frente al rezago que puede existir en la implementación del plan de vacunación, para prevenir casos de COVID 19 en los lugares más retirados o confinados geográficamente.
A raíz del impacto de la pandemia, desde marzo de 2020 la Fundación para la Educación Superior y Desarrollo   FEDESARROLLO  realizó estimaciones sobre la proyección del PIB para Colombia, estimando que la economía disminuyó en un siete  ( 7 )  por ciento  ( y no en un 6,5% como fue proyectado inicialmente )  durante 2020; lo anterior resultado de la desaceleración de la demanda en los hogares colombianos. Contrario a esto, la misma entidad refiere que la proyección del PIB durante 2021 será del 4,8 por ciento, gracias al levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio y la implementación del Plan Nacional de Vacunación
En Meta la Alcaldía de Villavicencio alertó sobre el aumento de casos durante la temporada de fiestas de fin de año; debido a la cifra de contagios del municipio de Villavicencio  ( 28.928 casos confirmados ) 7,la alta ocupación de UCI  ( 87 – 90% )  y que no se están aplicando las medidas de bioseguridad por parte de la población,
Frente a la vacunación de población refugiada y migrante, el Gobierno Nacional reiteró que todos los migrantes de cualquier lugar del mundo que estén residentes regularizados en Colombia son reconocidos como población para vacunar bajo el actual Plan Nacional de Vacunación, ante el sistema de seguridad social en salud, tal como lo estipula la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015.
Debido a las inundaciones, la comunidad de Puerto Santander carece de acceso al servicio de agua apta para el consumo ya que la planta de tratamiento de agua potable ha presentado daños. Esto ha ocasionado el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua, dificultando la atención en salud que ya tiene el municipio por los casos de COVID 19 y realizar correctas prácticas de higiene, limpieza y desinfección que los proteja del virus que causa la mencionada enfermedad.
Es preocupante no contar un proceso seguro de retorno a las escuelas, esta situación aparte de ser una barrera de accesos a la educación representa un gran riesgo para los niños y niñas que están expuesto a actores armados para reclutamiento, uso y utilización.
• En Caquetá: La caída en los ingresos de la población afecta la posibilidad de pagar arriendos; a pesar de que se han entregado subsidios por parte de algunas organizaciones, estos no son garantía para cubrir por largo tiempo el arriendo de los beneficiarios.
Debido a algunos cambios de personal dentro de las autoridades  ( o la falta de contratación para 2021 )  no se ha podido retomar procesos de articulación con estas para asegurar la complementariedad de acciones, la priorización de sitios críticos para la respuesta a la COVID 19, y la creación de alertas tempranas epidemiológicas y climáticas que amenacen los servicios WASH.
El Plan Nacional de Vacunación fue publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y contempla cinco fases de vacunación que inicia el 17 de febrero en ciudades principales e intermedias. Durante la primera fase se priorizarán adultos mayores y personal de servicio de salud de primera línea de respuesta.
A finales de enero de 2021 cinco departamentos  Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Nariño y Bogotá  estuvieron en alerta por ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo superior al 80 por ciento. Mientras que el departamento del Amazonas, según el Ministerio de Salud y Protección Social, a 10 de febrero, el departamento tiene adaptado ventilación mecánica a las 25 camas de cuidados intermedios para el manejo de pacientes con cuadros clínicos graves.
Los niños, niñas y adolescentes del país principalmente aquellos que tienen limitado acceso a internet y a dispositivos tecnológicos y que no acceden a educación, ya que los centros educativos carecen de servicios WASH de calidad que permitan la realización de los protocolos de bioseguridad mínimos para protegerse del virus que causa la COVID  19, y así poder volver a clases de manera presencial.
Actualmente el Ente territorial, las EAPB y red prestadora de servicios tienen a disposición la toma de muestras, sin embargo, se observa la negación de la población para el acceso a estas, por temor al resultado ya que en muchas de las ocasiones los imposibilita ante las acciones que se deben adelantar en el marco del PRASS. Adicionalmente, no se cuenta con las garantías complementarias  ( Sitio de aislamientos, alimentación y otros )  para lograr el aislamiento a población refugiada y migrante, retornados y en situación de calle que se encuentren positivos.
En Vichada: El laboratorio de salud pública cuenta con la capacidad para realizar pruebas antígenos, pero no se tienen los recursos para adquirirlas; las muestras se deben enviar a la ciudad de Bogotá y cada vez son más demorados los resultados. En este momento es la mayor preocupación teniendo en cuenta que entre más se demoren los resultados es más complicado realizar cercos epidemiológicos, También es muy costoso el traslado por vía aérea de las muestras y cada día es más difícil la financiación, cada vuelo cuesta entre 8 y 10 millones16.
En Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca: Las comunidades de los municipios del Alto Baudó, Bojayá, Bahía Solano  ( Chocó ) , Buenaventura  ( Valle del Cauca ) , Roberto Payan, Barbacoas  ( Nariño )  y Argelia  ( Cauca )  las cuales han sido víctimas de confinamiento y desplazamiento, requieren una fuerte respuesta en WASH con el fin de garantizar el acceso con calidad a estos servicios que los protejan de adquirir enfermedades prevenible, dentro de las cuales se encuentra la COVID 19.
Se ha evidenciado en los territorios bajo uso de elementos de protección personal contra el COVID 19, y quienes lo usan lo hacen de manera inapropiada. Según información de personas que han viajo en los últimos días, indican disminución de las medidas de bioseguridad en el transporte público donde difícilmente se cumple con la medida de distanciamiento.
debido a que Colombia hace parte de esta triple frontera, el INS ha realizado monitoreo permanente de los linajes de los virus y el 31 de enero confirmó la circulación de la esta variante en dos personas de nacionalidad colombiana. Esta situación impulsó medidas de restricciones en la movilidad de pasajeros  ( aérea y fluvial )  en toda la región de la Triple Frontera, junto con acciones de vigilancia y control más estrictas por parte de los gobiernos regionales.
En Norte de Santander, Chocó y Nariño: Las comunidades de los municipios del Catatumbo  ( Norte de Santander )  así como las comunidades del Chocó y Nariño carecen de centros de salud con suficiente capacidad instalada en los servicios WASH, que logren garantizar la atención de salud segura y de calidad y procesos de IPC, así como de instituciones educativas en las que se pueda realizar un retorno a clases seguro para la comunidad educativa. Para poder coordinar una respuesta pertinente en estos centros de salud e instituciones educativas, se requiere en una primera fase contar con recursos humanos y técnicos
Estas cifras reflejan solo una parte de la realidad, ya que hay muchos otros casos que no se han reportado, por temor de los familiares o por otras razones.
Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla, son las ciudades en las que se han registrado el mayor número de venezolanos, para acogerse al Estatuto Temporal de Protección. La medida, que entró en vigencia hace un poco más de un mes, se extenderá hasta el próximo 28 de mayo de 2022.
El Régimen Especial y Excepcional para Adquirir la Nacionalidad Colombia  na por Nacimiento – Ley 1997 de 2019, la cual ampara a las personas nacidas en el país para obtener la nacionalidad colombiana, sólo se encuentra vigente hasta septiembre de 2021 y no hay no  vedades sobre su posible prórroga. La ausencia de la misma podría tener un impacto negativo en la población y au  mentar los riesgos de apatridia.
"Por eso es importante hacer la actualización de marco tarifario del acueducto, alcantarillado y aseo para tener maneras de prevenir estos escenarios de desabastecimiento de agua con mayor inversión en lo ambiental y en infraestructura.La CRA, incluso, cuenta con un recurso para activar el desincentivo al uso del agua, en caso de presentarse el riesgo de desabastecimiento por sequía u otra situación.Por ahora, no lo hemos usado, además porque la pandemia nos ha hecho también generar acciones que garanticen el recurso de agua, por ejemplo, para el lavado constante de manos", afirmó.
En Arauca, los comerciantes reportaron en mayor proporción  ( 50% )  haber experimentado desafíos en el mes previo a la recolección de los datos. En Nariño, los comerciantes informaron en mayor proporción  ( 43% )  esperar experimentar desafíos en el mes siguiente.
La jefa de la cartera hizo un balance positivo del inicio del cronograma académico de 2021, en el quemás de la mitad de las Secretarías de Educación adelantan el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro por parte de los alumnos a las aulas de clase en 21 de los 32 departamentos del país.