nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
En Honduras, el sector educativo es uno de los sectores más afectados por la pandemia, la suspensión de clases presenciales ha dado lugar al confinamiento, la falta de acceso a servicios complementarios como alimentación escolar, apoyo psicosocial, servicios de salud, sumado a la falta de acceso a recursos económicos que impiden el acceso a internet  ( solo el 42% de la población )  y por ende a la continuidad educativa propuesta a través de plataformas digitales
De acuerdo con el monitoreo de vulnerabilidad mVAM44  ( 6.183 hogares en los 18 departamentos )  realizado por el Programa Mundial de Alimentos  ( PMA )  para identificar el impacto de la COVID en los hogares, todas las actividades económicas, generadoras de ingresos han sido afectadas en el país debido a las restricciones implementadas para controlar la propagación del virus, afectando especialmente los rubros de comercio, servicios, el empleo informal con paga diaria, turismo y pesca artesanal en las zonas pesqueras; teniendo un impacto de una reducción de un 51 por ciento en el empleo de la población
La recesión económica en los Estados Unidos ya está teniendo un fuerte impacto en Honduras con una disminución de las exportaciones, una fuerte reducción de las remesas y una contracción en el sector de los servicios, incluido el turismo. Como efecto de la COVID 19, durante el primer trimestre del año, la economía se ha contraído en un 1,3 por ciento, por primera vez desde la crisis económica de 2009.
Alrededor de 2.600 personas de colectivos LGBTIQ+ han solicitado apoyo humanitario.
Según el ACNUR, el número de solicitantes de asilo de Honduras aumentó a nivel mundial en un 35 por ciento en 2019. El aumento de las cifras se debe al deterioro de la situación interna y a la delincuencia organizada y la violencia, que han impulsado a muchas personas a abandonar el país45. E
Aunque la extorsión disminuyó casi un 80 por ciento en el país en marzo de 2020 en comparación con 2019, los informes sugieren que las bandas han amenazado a las empresas de transporte, advirtiendo que los pagos por extorsión se cobrarán con carácter retroactivo después de que se levanten las restricciones de COVID 19.
La suspensión de clases ha interrumpido los procesos educativos y formativos de niños, niñas y adolescentes  ( NNA ) . Esto pone en riesgo la vida escolar de muchos NNA  ( que quizás no vuelvan por el impacto de la crisis en la economía familiar ) , el logro esperado en el desarrollo de sus habilidades para la vida  ( académica, laboral, etc. ) , y su estabilidad emocional.
El análisis del número de denuncias por semana epidemiológica muestra que, en las primeras 11, cuando aún no iniciaba el confinamiento, se registraron 18.936 denuncias, esto equivale a 1.721 registros semanales. De la semana 12 a la 18, cuando ya existían medidas restrictivas de movilización, se reportaron 12.544, es decir, 1.792 semanales. Estos datos demuestran que las denuncias semanales por violencia doméstica e intrafamiliar incrementaron en 4.1%  ( 71 )  después de implementar las medidas para reducir el impacto de la pandemia46.
Uno de los retos importantes con la pandemia de la COVID 19 son las restricciones de movilidad y de horario que el Gobierno está imponiendo como medida para contener la propagación del virus. Estas restricciones están siendo un obstáculo para los actores humanitarios ya que buena parte de las acciones de respuesta se implementan en las zonas rurales y remotas del país. La movilización y compra de insumos, principalmente equipos de protección personal y medicamentos, se están viendo afectadas por la reducción del transporte aéreo de carga y el cierre de fronteras.
Si bien Honduras ya registraba una de las tasas de pobreza más altas de América Latina y el Caribe, con un 54,8 por ciento, la CEPAL proyecta que podrían llegar al 57,8 por ciento, mientras que la pobreza extrema podría aumentar del 18,7 por ciento al 20,5 por ciento
Tienden a ser geográficamente centralizados, con servicios y médicos especializados concentrados en pocos centros urbanos. Las instalaciones son insuficientes para el nivel de demanda previsto en tiempos de pandemia y dependen en gran medida de las importaciones de equipamiento e insumos.
Desde principios de marzo, al menos 1.000 niños migrantes no acompañados han sido obligados a retornar desde Estados Unidos a México y a los países del norte de América Central  ( El Salvador, Guatemala y Honduras ) , a pesar de que sus comunidades de origen presentan graves riesgos para su protección, agravados ahora por la COVID 19. Durante el mismo período, al menos 447 niños migrantes han sido devueltos de México a Guatemala y Honduras.
Según los cálculos del HNO sobre percepción de inseguridad por violencia y en extrema pobreza, hay alrededor de 285k personas con necesidades en los dos departamentos más afectados por la COVID 19 y que tienen mayor densidad población urbanas, Francisco Morazán  ( 170k )  y Cortés  ( 114k )  respectivamente.
La Federación Independiente de Trabajadores de Honduras  ( FITH )  indica que hasta el momento más de 200.000 empleados han sido suspendidos y despedidos debido a la emergencia de COVID. Antes de la pandemia, el país registraba 1,5 millones de personas sin empleo, el 26 por ciento en el sector formal y el 74 por ciento en el sector informal, lo que significa que, con los 200.000 trabajadores, ya hay cerca de dos millones de desempleados.
También se ha reportado la muerte de 2 mujeres en puerperio y de 2 mujeres del personal médico.
La falta de disponibilidad y acceso a alimentos ha llevado a que el 40 por ciento de los encuestados, en promedio, enfrenten vulnerabilidad económica severa.
La restricción a la movilización por el Estado de excepción tanto en las fronteras como en las ciudades tiene efectos directos y negativos en la generación de ingreso y oportunidades de vida de un segmento importante de la población. Asimismo, el nivel de subempleo es elevado generando una disminución de los ingresos 

debido a la pérdida de oportunidades de trabajo, movilidad restringida  ( interna e internacional ) , pérdida de acceso a insumos productivos, pérdida de acceso a los mercados, disminución de la productividad por enfermedad, aumento de los gastos en salud.
el contexto de la contención de la epidemia y de las medidas que se están tomando, existe una fuerte probabilidad de agravamiento de las desigualdades de género existentes, aumentando el daño y los riesgos para mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual, tanto en el hogar como en la comunidad. Si bien se notó una baja en la tasa de homicidios en Honduras en las primeras 11 semanas del año en comparación con el 2019, hubo un aumento de la violencia doméstica y de género. Así en el mes de marzo de 2020 se han reportado 80 casos diarios, mientras que en marzo de 2019 los casos reportados era 59. Las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno para hacer frente a la actual crisis de salud, obliga a las mujeres, niñas y niños a permanecer en sus hogares junto con sus agresores. Esta situación ha conducido a un aumento de violencia doméstica e intrafamiliar en el país
Entre las personas más afectadas están aquellas que viven en condiciones de marginalidad y pobreza extrema en el área urbana y que se dedican a empleos no formales con pago de jornal diario  ( no agrícola ) , no percibiendo ingresos y gastando sus limitados ahorros tales como rubros de: construcción, transporte, textil entre otros; los agricultores de subsistencia afectados por la sequía, que se encuentran más expuestos a contraer el coronavirus.
Las situaciones de cuarentena representan un alto riesgo en cuanto a la violencia y abuso sexual contra mujeres, niñas y niños. El personal de la salud, las mujeres embarazadas, migrantes retornadas, mujeres desplazadas, vendedoras informales, mujeres privadas de libertad, mujeres rurales, así como también los adultos mayores  ( mayores de 60 años ) , personas con enfermedades crónicas, viviendo con VIH u otras síndrome de inmunodeficiencia, miembros de la comunidad LGBTIQ+ y los pueblos indígenas y afro descendientes son especialmente vulnerables a la COVID 19 dado que con frecuencia tienen difícil acceder a centros, bienes y servicios de salud de calidad.
Due to the increase in complaints of gender based violence, the HCT activated the Gender Based Violence Area of Responsibility, coordinated by UNFPA
Securing the continuity of sexual and reproductive health services, especially maternal and newborn health and family planning, in municipalities highly affected by the pandemic,
También se ha dado el caso de migrantes que han recibido amenazas violentas al regresar a sus comunidades, mientras que los centros de recepción y tránsito han recibido amenazas o ataques.
La región de ALC alberga los movimientos de migrantes y rápido crecimiento en el mundo,137 con más de 5.1 millones de personas venezolanas que han abandonado sus hogares,138 además de un flujo migratorio la República Dominicana y a países sudamericanos,139 y una migración regional intensa de América Central hacia los Estados Unidos; especialmente desde Honduras, Guatemala y El Salvador.14
3.2 millones de personas necesitan asistencia alimentaria en Honduras
Las mujeres y las niñas también enfrentan mayores dificultades en el acceso a alimentos nutritivos y seguros de cara a la COVID 19, a consecuencia de la interrupción de los servicios de alimentación en las escuelas y las comunidades, además de la escasez de alimentos, las disrupciones en las cadenas de suministro, los menores ingresos y las restricciones a la movilidad y otras restricciones propias de las cuarentenas.
Aun cuando más del 67% de los habitantes de la región hacían uso de Internet en el 2017, esta proporción variaba de manera significativa entre países, localidades urbanas rurales, grupos étnicos y sectores de ingresos; el 80% de la población en Chile, Brasil, Costa Rica y Uruguay tiene conexión a Internet móvil, pero únicamente el 30% la tiene en Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua  ( las cifras entre estos países varían de manera exagerada ) .
En América Central, líderes comunitarios y personas desplazadas internas  ( PDI )  ha reportado que grupos del crimen organizado han estado explotando las medidas de confinamiento para fortalecer su control de las comunidades locales en Honduras, El Salvador y Guatemala,
En Honduras, únicamente el 33.34% de las mujeres contaba con una instalación de agua potable en el interior de sus viviendas, lo que significa que 77 de cada 100 mujeres se ven obligadas a cargar agua de tomas públicas u otras fuentes para garantizar el acceso a agua en sus hogares
Al menos 3,529 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 25 países en ALC en el 2018,163 con las tasas más altas reportadas en El Salvador, Honduras, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Bolivia, Guatemala y la República Dominicana
La región de ALC tiene una de las tasas de homicidios intencionales más altas del mundo, que representa el 37%194 de los homicidios registrados a nivel mundial durante 2019, con El Salvador, Venezuela, Honduras y Brasil registrando algunas de las tasas más altas
En el "Corredor Seco" de Centroamérica, en donde temporadas de sequía consecutivas han destruido cosechas y agotado sus reservas, las y los agricultores están renuentes a cultivar sus tierras por temor de contagiarse de COVID 19 o de ser detenidos por la policía.
En 2015, el uso de la Internet por las mujeres era menor en comparación con los hombres en casi todos los países de ALC en los que se realizaron encuestas. En aquellos hogares que cuentan con acceso a Internet, las mujeres mostraron un uso de Internet ligeramente mayor que el de los hombres  ( en el mismo hogar ) . Sin embargo, el acceso a Internet en los hogares varía notablemente entre países: apenas 2% de las mujeres y los hombres en Nicaragua tienen acceso, en comparación con un 9% en Guatemala y un 17% en Bolivia.155 Estas diferencias de género varían aún más dependiendo de si los hombres y las mujeres trabajan por su cuenta, son asalariados, o patrones; las mujeres empleadas como trabajadoras asalariadas tienen la tasa de acceso y uso de Internet más alta, mientras que las mujeres que trabajan por su cuenta registran las tasas más bajas. Obviamente, las personas pertenecientes al quintil más bajo tenían el menor nivel de acceso, particularmente en el caso de las mujeres; por ejemplo, únicamente un 14.1%  ( Bolivia ) , un 8%  ( El Salvador ) , un 9.5%  ( Honduras )  y un 9%  ( Perú )  de las mujeres en el quintil más bajo tenían acceso a la Internet y, en todos los casos, este porcentaje de acceso fue menor que la tasa de acceso entre los hombres.
UNICEF ha recibido informaciones de comunidades en Guatemala y Honduras que prohíben la entrada física a grupos de fuera o extraños, incluidos los retornados, para prevenir la transmisión local de la enfermedad.
La información pública sobre los protocolos de prueba, tratamiento y contención de la COVID 19 en la región es limitada, lo que está generando confusión y miedo entre los retornados y la población en general. En algunas comunidades, existe la preocupación de que los niños y las familias que regresaron de EEUU y México puedan ser portadores del virus, lo que ha agudizado la estigmatización de los migrantes
En El Salvador y Honduras, UNICEF está ampliando sus esfuerzos para proteger a los niños migrantes y retornados. Esto implica trabajar con gobiernos y aliados para fortalecer las evaluaciones de protección infantil, apoyar a las agencias estatales en la reunificación de niños no acompañados con sus familias, incluso mediante el suministro de transporte, suministrar equipos de protección individual  ( EPI )  a las autoridades de protección infantil, y ayudar a las autoridades a crear condiciones para una reintegración segura en sus comunidades.
En Honduras 09 de cada 10 victimas de Homicidios son Hombres y 06 de cada 10 victimas de Homicidios ocurren en área urbana.
En el 2017, de los 301 homici  dios de mujeres con información según ocupación, el 1%  ( 3 )  corresponde a mujeres docentes  ( UNAH 2017 ) .
El uso de inodoro conectado a alcantarilla es predominantemente urbano: el 66.5% de las viviendas tienen este sistema de saneamiento, sobresaliendo en San Pedro Sula y el Distrito Central  ( 85.5% y 81.7% respectivamente ) . En el área rural lo más común es encontrar viviendas que cuentan con letrinas con cierre hidráulico  ( 47.1% ) , seguido por las viviendas sin ningún tipo de sistema de eliminación de excretas  ( 10.1% )  y letrinas con pozo negro o simple  ( 6.5% ) . Los resultados de la LXV EPHPM demuestran que existe relación entre el acceso a saneamiento básico, el nivel educativo del jefe del hogar y el quintil de ingreso del hogar; puesto que el 11.7% de los hogares cuyo jefe no tiene ningún nivel educativo no tiene sistema de eliminación de excretas y el 9.6% tiene letrina con pozo negro o simple; es decir, casi la mitad de los hogares cuyo jefe no tiene ningún tipo de educación formal no dispone de un sistema de saneamiento adecuado. En cambio, el 86.3% de los hogares cuyo jefe tiene educación superior viven en viviendas que tienen inodoro conectado a alcantarilla. De igual manera el 12.8% de los hogares en el primer quintil  ( 20% más pobre )  no tiene sistema de eliminación de excretas y un 8.1% tiene letrina con pozo simple; mientras que el 71.3% de los hogares en el último quintil  ( 20% más rico )  tienen inodoro conectado a red de alcantarilla y un 20.7% lo tienen conectado a pozo séptico.
1.1 Energía El acceso a este servicio es una característica predominantemente urbana. Mientras el 99.1% de las viviendas de esta zona tienen cobertura por el sistema público de electricidad, sólo un 76.7% de las viviendas rurales cuenta con el mismo.
Para la población entre los 15 y los 17 años; la cobertura solo es del 35.7%. Esto quiere decir que casi uno 1 de cada 3 jóvenes entre esas edades está asistiendo a un centro de enseñanza. Sin embargo, es más preocupante la diferencia que existe entre el área urbana  ( 50.3% )  y la rural  ( 19.6% ) .
Los resultados de la última encuesta permanente de hogares estiman en 2,188,849 el número de viviendas del país y en ellas 9,151,940 personas, promediándose una relación de 4.2 personas por hogar a nivel nacional. La cantidad de personas que integran los hogares rurales es mayor a la de los hogares urbanos  ( 4.3 y 4.0 personas respectivamente ) . 1. VIVIENDA Del total de éstas, el 56.7% se encuentran en el área urbana.
Saneamiento básico El 13.4% de las viviendas de Honduras, no cuentan con un sistema de saneamiento adecuado. Esta proporción es mayor en el área rural  ( 10.2% ) , debido a que, en su mayoría, las viviendas rurales utilizan letrinas con pozo simple y otras adolecen de alguna forma de eliminación de excretas2.
3. POBLACIÓN Con base a los resultados de esta encuesta, los habitantes se estiman en 9,151,940; de los cuales 4,416,020  ( 48.3% )  son hombres y 4,735,920  ( 51.7% )  son mujeres. La población urbana es de 5,013,323 habitantes, y de ésta el Distrito Central concentra aproximadamente el 20.9% con 1,048,026 habitantes, mientras que San Pedro Sula con 613,497 habitantes representa el 6.7%.
La población hondureña se caracteriza por ser joven, representada por adolescentes menores de 19 años  ( 38.6% ) . Por otro lado, la población de la tercera edad representada por adultos de 60 años y más, conforman una minoría de apenas un 11.2%.
5. EDUCACION El analfabetismo, es un problema muy importante en la realidad educativa del país. En Honduras, el 11.5% de las personas mayores de 15 años, no sabe leer ni escribir. Los datos indican que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor en la población del área rural  ( 18.4% ) . Sin embargo, afecta tanto a hombres como a mujeres, en ambos casos la tasa de analfabetismo es cercana al 12%. Además, el analfabetismo es superior en las personas de mayor edad. Hasta los 35 años la tasa es menor al 8.7%, a partir de los 36 años aumenta hasta alcanzar su máximo en la población de 60 años y más donde el 28.3% no sabe leer ni escribir. Al analizar el indicador que muestras los años promedio de estudio de las personas, disminuyen sistemáticamente con la edad, de 9.2 años de estudio  ( en personas de 19 a 24 años )  a 6.0 años de estudio  ( en personas de 60 años y más )  este comportamiento es similar a lo hallado con la tasa de analfabetismo.
El 68.1% de los hogares desplazados tenían su lugar de residencia previa al desplazamiento en el depar  tamento de Cortés  ( 35%   14,267 hogares )  y Francis  co Morazán  ( 33%   13,269 hogares ) . Las principales ciudades expulsoras son: Distrito Central  ( 31.9%, equivalente a 12,913 hogares ) , San Pedro Sula  ( 21.5%, equivalente a 8,686 hogares ) , La Ceiba  ( 9.7%, equivalente a 3,918 hogares )  y Choloma  ( 9.3%, equivalente a 3,777 hogares ) .
El CONADEH en los años 2016 y 2017 registró 1,445 casos en situación de riesgo o desplazamiento inter  no forzado, e identi ( cid:30 ) có a los docentes y a los estu  diantes como tercer y cuarto grupo de mayor afec  tación por desplazamiento forzado respectivamen  te  ( CONADEH, 2017 ) .
La falta de información y conocimiento  ( 36% )  constituye el cuarto obstáculo que impide la apertu  ra con otros colegas, el desconocer cómo conducir  se ante un acto violento, forma de proceder y poder aconsejar al colega.
En tercer lugar, la falta de apoyo, colaboración, solidaridad y comprensión  ( 53% ) , conduce al gremio a aislarse y como resultado existe una débil cohesión e integración de los docentes.
Dado el contexto de violencia en las zonas que se ubican algunos centros educativos, manifestaron que son obligados a tomar decisiones coaccionados o amenazados para evaluar favorablemente a estu  diantes con problemas de conducta y/o rendimiento.
El 22.1%  ( 336 )  de los homicidios de estudiantes corresponden a mujeres y el 77.9%  ( 1,186 )  a hombres. Estas cifras permiten establecer que de cada 5 homici  dios de estudiantes, 1 corresponde a una mujer.
el temor y la inseguridad  ( 53% ) , los docentes mencionan que en zonas de altos riesgo, existe la posibilidad de complicidad de los padres de familia con los grupos del crimen orga  nizado y no organizado, que impide a los docentes exponer libremente situaciones de violencia.
Los departamentos con mayor incidencia de homi  cidios de estudiantes universitarios son Francisco Morazán  ( 47.3% )  y Cortés  ( 30.5% ) ; el restante 22.2% corresponde a otros departamentos.
En zonas rurales, la incidencia del desplazamiento forzado de las personas está marcado por la presen  cia de grupos criminales dedicados al narcotrá ( cid:30 ) co, extorsión, sicariato y delitos conexos, que ejercen luchas internas para controlar estratégicamente territorios de rutas de narcotrá ( cid:30 ) co o con otros  ( cid:30 ) nes, además, por con ( cid:24 ) ictos históricos de tenencia de tierras, ocupación informal de predios, la ejecución de proyectos de desarrollo nacional sin previa consulta a los pueblos indígenas y afro hondureños, que deviene en el abandono, despojo y usurpación de tierras, territorios y viviendas.
El Observatorio Nacional de la Violencia registró entre el 2010 a mayo de 2018; 26,714 muertes violentas de niñez y juventud, de los cuales el 1.8%  ( 489 víctimas )  son niños y niñas, y 98.2% son jóve  nes en edades de 12 a 30 años  ( UNAH, 2018 ) .
Por otro lado, indican que se han enfrentado a cam  pañas de desprestigio al docente  ( 11% ) , que afecta la manera en que los docentes son percibidos en las comunidades. Con base en las re ( cid:24 ) exiones expresadas por los docentes, puede considerarse que la pérdida de libertad de cátedra  ( 5% ) , y la labor bajo presión  ( 2% ) , son impactos de las condi  ciones antes mencionadas.
El procedimiento de traslado, si bien se brinda en cuatro aspectos: integración familiar, seguridad, salud y por años de servicio, dando prioridad a las situaciones de seguridad personal, debe pasar por varias etapas del trámite, que incluye veri ( cid:30 ) cación de plazas disponibles, compatibilidad de sueldos, documentar las razones del traslado, brindar sopor  tes, entre otros; estos procedimiento causan satura  ción en las direcciones departamentales para darle trámite y aprobar el traslado.
En Honduras, en los últimos años el gobierno ha realizado esfuerzos para reducir la violencia, no obstante, se siguen presentando altos índices de violencia e inseguridad ciudadana en el país. De acuerdo al boletín No. 48, publicado por el Observa  torio Nacional de Violencia  ( ONV )  de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras  ( UNAH )  entre el 2010 y el 2017 se han registrado 47,372 homicidios y los más afectados son los hombres en el rango de 15 a 30 años de edad.
Por otro lado, los docentes en Honduras, además de enfrentar riesgos que afecten su seguridad e inte  gridad física, enfrentan la debilidad del sector edu  cativo del país. En 2014, en el marco del plan maes  tro para rehabilitar los centros educativos se realizó la inspección de los Centros Educativos en el Depar  tamento de Francisco Morazán, los resultados reve  laron que el 47% de las escuelas y colegios de Fran  cisco Morazán se encuentran en condiciones de precariedad de condiciones básicas y servicios públicos ( cid:28 )  ( cid:26 )
De acuerdo al estudio de “Caracterización del Des  plazamiento Interno en Honduras' de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia  ( CIPPDV ) ; se estimó que 174,000 personas se han desplazado por violencia o inseguridad desde el año 2004 al 2014 en 20 municipios de Honduras donde se llevó a cabo la investigación, aproximadamente 41,000 hogares  ( 4% del total de hogares ) .
En algunas circunstancias, las situaciones de violencia, no les permiten desarrollar con libertad algunas de sus funciones, sobre todo las relaciona  das con la impartición de su cátedra, que implica una relación directa entre el docente con alumnos y padres de familia. En ciertos casos, estas relacio  nes están marcadas por el miedo y amenazas. En ese sentido, consideran que algunas normas que contiene la ley, se vuelven coercitivas  ( 34% )  en la forma de aplicación jurídica, ya que el incumpli  miento de las mismas puede acarrear sanciones.
Un 22% considera que las leyes existentes, no brin  dan las respuestas adecuadas a las situaciones de violencia y riesgo. Mencionan aspectos en la Ley Fundamental de Educación  ( 11% ) , en el Estatuto del Docente  ( 7% )  y contradicciones entre ambos  ( 3% ) ; ‘‘la ley cuenta con 22 reglamentos, consideramos que hay varias disposiciones que se contradicen, por eso debe ser revisada
Frente a la presencia de militares en los centros educativos  ( 1% ) , los docentes mani ( cid:30 ) estan que es una medida de acción temporal, no sostenible, que representa una respuesta inmediata frente a situa  ciones especí ( cid:30 ) cas, pero no resuelve la raíz del problema.
Asimismo perciben la falta de presupuesto  ( 8% ) , como un factor que ha vulnerado los Centros Educa  tivos como entorno protector en las comunidades. ‘‘La falta de infraestructura ha provocado condiciones de hacinamiento y antipedagógicas para el correcto aprendizaje y desarrollo de los estudiantes ''.
Con el objetivo de mejorar la comunicación  ( 15% ) , entre docentes y entidades competentes, consideran fundamental se les conceda mayor parti  cipación para fortalecer la representatividad de los docentes en espacios y mesas de diálogo, en las cuales se toman decisiones relevantes para el sector educativo. Así mismo, que se designen puntos foca  les para el seguimiento a los acuerdos de trabajo.
La principal propuesta realizada por los docentes es tomar en cuenta la reactivación de policía escolar comu  nitaria  ( 67% ) , de forma que permita articular acciones y establecer mecanismos interinstitucionales involucran  do a todos los entes competentes. Es preciso tomar en cuenta que las acciones deben estar enmarcadas bajo el enfoque de protección y no solamente desde la perspec  tiva de seguridad.
También se propone que, bajo el liderazgo de la Secretaría de Educación y en complementariedad con la Secretaría de Seguridad, se cree una o ( cid:31 ) cina administrativa, para atender y dar seguimiento a denuncias  ( 21% )  y casos de docentes; que cuente con una línea de atención permanente y que maneje la información de manera con ( cid:30 ) dencial.
Por otro lado, los procedimientos de sanción por faltas a los alumnos, y sistema de evaluación  ( 15% )  implican que los docentes deben levantar actas de incidencia  ( 10% ) , y/o dialogar con los padres de familia acerca de situaciones con respecto al com  portamiento de sus hijos. Estos procedimientos, implican que en zonas de alto riesgo, los docentes deban tener especial cuidado con el manejo de información frente a con ( cid:24 ) ictos que puedan derivar  se de estos asuntos. ( cid:27 )  ( cid:21 )  En septiembre de 2017 trascendió en los medios de comunicación el asesinato de un docente de educa  ción media que ostentaba el rol de orientador en el centro educativo. Según las informaciones prelimi  nares del caso, el asesinato fue producto de una pelea entre alumnas que condujo a que el docente convocara a padres de familia para plantearles el caso, y tomara medidas que representaron un riesgo que signi ( cid:30 ) có la pérdida de su vida.
Además, acerca de otros aspectos de procedimien  tos establecidos, los docentes indicaron que el Sistema de Administración de Centros Educati  vos  ( SACE )  no brinda seguridad de los datos personales de los docentes  ( 7% ) , es decir, que las personas que entren al sistema y consulten datos generales de centros educativos pueden tener acceso a la información básica  ( nombres, lugar de trabajo y en algunos casos números telefónicos )  de los docentes. En ese sentido, creen estar expuestos a personas o grupos que puedan tener acceso a sus datos para amenazar, intimidar y/o extorsionar.
En los días de semana, el día domingo es el que mas representatividad tiene con registros de homicidios con 21.49%, seguido del día sábado 17.68% y el día lunes con 15.19%.
Venezuelan intelligence agents have detained a senior aide to opposition leader Juan Guaidó after a raid on his Caracas home. Mr Guaidó has demanded the immediate release of his chief of staff Roberto Marrero, whose whereabouts are unknown. The nearby home of opposition legislator Sergio Vergara was also raided. He was briefly detained.
Mr Vergara, who lives in the same building, said more than 40 heavily armed officers from intelligence agency Sebin took part in the raids on his and Mr Marrero's apartments. Mr Vergara added that his driver had also been detained. Venezuela's information ministry has not commented.
On Thursday, Venezuelan intelligence agents stormed the home of Roberto Marrero, the chief of staff of the opposition leader Juan Guaidó,taking Mr. Marrero into custodyon charges of being part of a terrorist cell. Mr. Marrero hasn't been seen since. “The government is doing everything it can to force a sense of exasperation with Guaidó and force people to lose faith in him,' said Geoff Ramsey, assistant director for Venezuela at the Washington Office on Latin America, a human rights group.
In addition to the January oil sanctions, the United States targeted governors, generals, intelligence agency heads, the state oil company and a Russian bank partly owned by Venezuela; it also canceled visas for dozens of friends and family members of Mr. Maduro. On Friday, the United States issued new sanctions targeting the country's development bank and other institutions it owns.
In March, a similarly confusing incident took place in Lima, Peru when workers were spotted at night removing chairs and even a stately bust of South American independence hero Simon Bolivar from the Venezuelan embassy. The furniture was put back inside after anti government protesters decried them. "You've robbed enough in Venezuela!" one angry woman shouted.
Days earlier, Venezuelan leader Nicolas Maduro had severed ties with the neighboring Andean nation where over a million of his compatriots have fled in recent years, recalling all his diplomats and leaving the consulate and embassy buildings closed. The man challenging Maduro's claim to the presidency had appointed a new ambassador, but he was at a loss about how to help her. Despite Colombia recognizing Juan Guaido as Venezuela's legitimate president, the ambassador he sent does not have access to the consulate or the ability to issue passport extensions. "You feel trapped," said Delgado, 32, who needs to travel abroad to apply for a work visa. "We're in limbo."
In February, the Guaido appointed ambassador to Costa Rica, Maria Faria, announced she had taken control of the embassy in San Jose, proudly posting on Twitter a photograph of herself standing in front of a Venezuelan flag inside the building. A shouting match erupted outside when the Maduro appointed diplomats tried to get in. Costa Rica's Ministry of Foreign Affairs, despite recognizing Faria as Venezuela's ambassador, issued a statement deploring her actions, saying she'd broken an established protocol allowing Maduro appointees 60 days to leave.
According to the statement, Panamanian President Juan Carlos Varela accepted credentials from Fabiola Zavarce, who is an envoy of Guaido.
Earlier this week, forces affiliated with the Maduro government broke into the homes of officials backing Guaido and threatened them with their lives. Guaido's chief of staff, Roberto Marrero, was kidnapped. In an op ed published Friday in The Miami Herald, Vice President Mike Pence said the kidnapping was an "egregious violation of the rule of law" and was only the latest example of Maduro's "brutality and despotism." "We're not bluffing when we told Maduro not to do stuff like this  ( the kidnapping ) ," John Bolton, Trump's national security adviser told Univision News in an interview aired Friday.
International agencies immediately begin workwith local civil society groups to address Venezuela's humanitarian crisis. A treatment program focused on HIV, tuberculosis and malaria alone could cost $120 million.
The Panamanian authorities decided on Saturday to revoke the credentials of 14 Venezuelan diplomats appointed by President Nicolas Maduro, Panama's Foreign Ministry said in a statement. “This measure is taken a day after illegal detention of Roberto Marrero, chief of the cabinet of  [ self proclaimed ]  President  [ Juan ]  Guaido. This move is undermining the peace process in the country,' the statement noted.
The democratically elected legislature,the National Assembly, regains authority. The substitute body created by Maduro is invalidated. New Supreme Court judges,already chosen by the National Assembly in the event of a transition, replace the current partisan court.
The new government petitionsthe Pan American Health Organization,UNICEF, the IMF and others for emergency financing and technical assistance for the economy; long term stabilization agreements with the IMF will take months to negotiate. Neighboring countries and regional leadersoffer financial support to quickly furnish supplies and rebuild priority infrastructure, including hospitals and transportation networks, needed to ensure the effective delivery of humanitarian aid.
Russia's UN ambassador on Thursday said Moscow is "very much concerned that some hotheads may be considering a military action against Venezuela," after Cuba warned the United States was moving special forces closer to the chaotic South American country. Vassily Nebenzia told reporters at UN headquarters in New York that this "would be a very bad development." Mr Nebenzia said that even countries supporting Venezuela's opposition against President Nicolas Maduro "are categorically against any military action and intervention into Venezuela." Cuba said on Thursday the United States was in the process of carrying out a plan to intervene in the country using the pretext of a humanitarian crisis.
The criminal activities of the ELN have been expanding into Venezuela and along the border, affecting Venezuelans refugees, who are at high risk of falling in the ranks of the militia, due to lack of other livelihood opportunities. The presence of Venezuelan migrants is likely to aggravate the IDP situation due to limited capacity of local authorities, especially at the border.
Guaido estimated that between 80 85 percent of military members were “convinced of the need for a change in Venezuela,' and that his team has been meeting with higher ranking members. “What's missing? That the leadership, the high command of the armed forces, take the side of the constitution,' he said.
Venezuelan migrants are also more likely to fall victim to the dissident armed groups operating at the border. There are seven official border crossings between Venezuela and Colombia and over 200 informal crossing points, known as trochas, often controlled by armed groups posing risks of extortion, theft, and violence for vulnerable Venezuelan migrants.
El presidente de Venezuela,Nicolás Maduro, encabezó este domingo unas maniobras militares con las que mostró su confianza en los soldados, mientras que la oposición recorre los cuarteles para entregarle a los uniformados del país el texto de una ley con la que buscan que desconozcan al mandatario.
La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID acelerará la ejecución de los montos inicialmente previstos para este año. Con esta contribución, la ayuda total aportada por la AECID a este contexto alcanzará un mínimo de 6 millones de euros entre los años 2017 y 2019.
La oposición venezolana inició este domingo una campaña para hacer llegar a los militares y policías del país el texto de una ley que aprobó recientemente el Parlamento, donde ejerce una contundente mayoría, y que busca que desconozcan a Maduro.
Sin embargo, Maduro anunció el viernes que su gobierno realizará en febrero ejercicios militares. Señaló que todo aquel que quiera "patria" debe prepararse para defenderla: "Y las fuerzas militares venezolanas tenemos ejercicios del 10 al 15 de febrero".
Their discussion substantially focused on the urgent need to deliver life saving humanitarian assistance to the people of Venezuela at the scale desperately needed, which is currently being stopped by one man: Nicolás Maduro. At Interim President Guaidó's request, the U.S. Government has worked with the Colombian Government and the rest of the international community to pre position humanitarian aid so that it is available as soon as it can be safely and responsibly delivered to the Venezuelan people who are in dire need. These critical relief supplies include ready to use supplemental food for moderately malnourished infants; medical supplies; hygiene kits; high protein and high energy nutritional supplements; and locally purchased food.
USAID Administrator Green and other USAID officials willtravelto the Republic of Colombia from February 15 to February 18 to visit the border with Venezuela. The Administrator will tour the warehouse where the United States has been pre positioning humanitarian commodities to provide relief to Venezuelans who are coping with severe shortages of food and medicine caused by the mismanagement and tyranny of Maduro. While in Colombia, he will also meet with USAID staff who are working with governments in the region and humanitarian partners, including non governmental and faith based organizations, to help ensure these emergency supplies reach the most vulnerable populations. On February 16, the Department of State, USAID, and the Department of Defense, in a cooperative effort,will deliver aidready for distribution within Venezuela to Cucuta, Colombia. Principal Deputy Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs Julie Chung will represent the U.S. Department of State. This whole of government response is a demonstration of the U.S. commitment to the Venezuelan people. This humanitarian mission also underscores the United States' firm commitment and readiness to respond to the man made political, economic, and humanitarian crisis in Venezuela. This humanitarian assistance must be allowed to enter Venezuela to reach people in need.
US military planes have been delivering humanitarian aid for Venezuela in the Colombian border town of Cucuta. The aid is being stockpiled at the request of the Venezuelan opposition leader, Juan Guaidó, who declared himself interim president last month.
A representative for Mr Guaidó said more collection points for aid were being opened up in Brazil and the Caribbean. He said meetings would take place with the Brazilian government this week to organise details of storage facilities in the Brazilian state of Roraima on the border with Venezuela.
President Maduro has called the operation a US orchestrated show and denies there is any crisis. On Friday he ordered the military to remain on high alert against what he described as US "war plans".
Since the beginning of the diphtheria outbreak in Venezuela in July 2016, health actors had recorded nearly 1,560 confirmed cases, including 270 deaths, as of mid January, PAHO reports. In 2018, health authorities recorded 150 diphtheria related deaths, representing a case fatality rate of 20 percent, approximately 7 percent higher than the case fatality rate recorded in 2017. In addition to the ongoing diphtheria outbreak, health authorities recorded more than 2,400 confirmed dengue cases in Venezuela in 2018, representing an increase from cases reported since 2016.
“Hemos recibido denuncias constantes de undesprecio sistemático y generalizado de los derechos humanosdemostrado por las autoridades venezolanas durante la represión de los manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos. Pedimos al Gobierno que respete y proteja el derecho a la libertad de reunión pacífica y que aborde las causas subyacentes de las manifestaciones", señalan en el comunicado. Los manifestantes protestan por la falta de acceso a servicios básicos, como salud, medicamentos, alimentos y agua, y piden un cambio democrático.
The Trump administration has imposed numerous sanctions on Venezuelan businesses and those close to Maduro in recent months as the country's humanitarian and economic crises worsen. The U.S. and several other nations declared Maduro's recent re election and subsequent inaugurationillegitimate.
The US military will transport some 200 tons of humanitarian aid to Colombia to help relieve the crisis in neighboring Venezuela, a US defense official said Friday. Speaking on condition of anonymity ahead of a formal announcement, the official said the aid would be sent in the coming days, most likely aboard a C 17 transport plane.
La prensa ha sido un blanco específico de las autoridades venezolanas de acuerdo con las informaciones recogidas. Solo el 23 de enero, 17 periodistas denunciaron ataques, detenciones y confiscación de equipos. Ese mismo día, se interrumpió el acceso a las redes sociales ylas autoridades civiles y militares allanaron tres medios de comunicación, lo que provocó la destrucción y el decomiso de los equipos que impedían la transmisión de las emisoras. En total 48 periodistas han sido objeto de detenciones arbitrarias, ataques y confiscación de equipos, entre finales de enero y la primera semana de marzo.
¿Qué posibilidad hay de que las Fuerzas Armadas se le volteen a Maduro? Teóricamente es posible pero lo veo poco probable particularmente porque el enfoque principal de este régimen durante los últimos 20 años de gobierno ha sido establecer una alianza muy cercana con el estamento militar, de cambiarlo, corromperlo y obligarlos o amenazarlos para que de alguna manera le respondan a Maduro. Esa combinación de la zanahoria y el mazo ha sido muy efectiva tanto para Chávez como para Maduro para afianzarse en esa alianza con los militares.
¿Qué se podría hacer para que los militares cambien de bando? Quizá un conflicto social de proporciones mayores del que hemos visto ahora. Estoy imaginándome un escenario donde quizá una situación de conflicto social masivo que las Fuerzas Armadas no quieran o puedan controlar, y que dure mucho tiempo. En el 2017 fueron cinco meses, murieron más de 120 personas y al final no pasó nada.
On Friday, he instructed his army to prepare a “special deployment plan' for the 2,200 kilometer border with Colombia. He said he would examine “what new forces' might be needed to keep the frontier “inviolable'. Maduro claimed that US President Donald Trump and Colombian counterpart Ivan Duque had worked out “war plans against Venezuela' when they met Wednesday in Washington.
A U.S. military transport plane carrying humanitarian aid meant for Venezuelans landed on Saturday in the Colombian border city of Cucuta, where food and medicine is being stored amid uncertainty over how and where aid will be distributed. The shipment will be the second arrival of large scale U.S. and international aid for Venezuelans, many of whom have scant access to food and medicine, since opposition leader Juan Guaido declared himself interim president in defiance of socialist President Nicolas Maduro.
Millions of Venezuelans will be traveling to the border to safeguard arriving aid, Lester Toledo, a Guaido representative, said at a news conference in Cucuta. "We are seven days from this being a reality," Toledo said. "We are going to have the accompaniment of people, of hundreds of thousands, of millions of Venezuelans that our president Juan Guaido has called upon, who we have asked to go to the border dressed in white as a sign of peace."
Calling for a political solution with the interests of the population at its heart, she said nearly all 30 million Venezuelans are affected by the crisis and about 3 million are now living abroad, with many having fled to neighbouring countries. Recalling that the National Assembly leader, Juan Guaidó, declared himself President amid widespread protests this week, she cited reports that protesters were injured and killed, and called for a full investigation into the possible excessive use of force.
The US military will transport some 200 tons of humanitarian aid to Colombia to help relieve the crisis in neighboring Venezuela, a US defense official said Friday. Speaking on condition of anonymity ahead of a formal announcement, the official said the aid would be sent in the coming days, most likely aboard a C 17 transport plane. In a statement, the Pentagon said the US "remains deeply concerned about the crisis in Venezuela that has consequences for the entire region."
Officials from the State Department and US Agency for International Development  ( USAID )  will be aboard a military aircraft that the United States is sending to the Venezuelan border on Saturday to deliver aid to the crisis torn country, the department's Deputy Spokesperson Robert Palladino said. "On February 16, the Department of State, USAID, and the Department of Defense, in a cooperative effort, will deliver aid ready for distribution within Venezuela to Cucuta, Colombia", Palladino said in a statement on Friday. "Department of State and USAID officials will join the flight of humanitarian assistance leaving Miami on February 16".
Millones de venezolanos pasaron la noche del lunes al martes a oscuras, cuando apenas empezaban a recuperase del masivo apagón que 20 días atrás paralizó al país por una semana. Una vez más, Caracas y al menos 21 de los 23 estados de Venezuela fueron golpeadospor un masivo apagón, reportaron usuarios que utilizaron la etiqueta SinLuz o Apagón en las redes sociales.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, adujo que se trató de "un ataque al centro de carga y transmisión" de la hidroeléctrica de Guri  ( estado Bolívar, sur ) , que genera 80% de la energía que consume este país de 30 millones de habitantes. Pero el líder opositor y jefe del Parlamento Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países tras proclamarse hace dos meses luego de que el legislativo declarara "usurpador" a Maduro, aseguró que el corte se produjo por una "sobrecarga en el sistema de subestaciones".
El país petrolero de 30 millones de habitantes volvió a quedar a oscuras muy pocos días después de la peor falla eléctrica de su historia, que se inició el 7 de marzo y duró casi una semana. Además de la capital, el corte afecta a 21 de los 23 estados, según reportes de usuarios en redes sociales. La falla comenzó el lunes a las 13H22  ( 17H22 GMT )  y colapsó el suministro de agua, las redes de telefonía einternety la banca electrónica, vital ante la falta de efectivo que genera la voraz hiperinflación.
Power went down in Caracas around 13:20  ( 17:20 GMT )  on Monday, causing chaos in the city's public transport system as the metro shut down and many thousands of people had to stream home on foot or by bus. Electricity was restored about four hours later but cut out again at 21:50, Information Minister Jorge Rodríguez was quoted as saying by Efe news agency.
These events, the declaration said, had led the United States to impose drastic sanctions causing damage “1000 times greater' than the aid it is trying to force on the country. “Between February 6 and 10 military transport aircraft have flown to the Rafael Miranda Airport of Puerto Rico, the San Isidro Air Base, in the Dominican Republic and to other strategically located Caribbean islands, probably without knowledge of the governments of those nations,' the declaration said. “These flights originated in American military installations from which units of Special Operations and Marine Corps operate, which are used for covert actions,' it said.
Trump hosted Guaido's wife, Fabiana Rosales, who is a journalist and opposition activist, at the White House on Wednesday. Rosales told Trump that Guaido was attacked on Tuesday, though she did not provide details. "I fear for my husband's life," she said. She was accompanied by the wife and sister of Roberto Marrero, Guaido's chief of staff, who was arrested and detained last week.
The wife of Venezuelan opposition leader Juan Guaido was welcomed Wednesday at the White House as she rallies international support for the ouster of President Nicolas Maduro. President Donald Trump and Vice President Mike Pence lavished praise on Fabiana Rosales, the wife of opposition leader Juan Guaido, who has emerged as a prominent figure in her husband's campaign to bring change to the crisis wracked country.
The minimum monthly salary in Venezuela is 18,000bolivars ( $5.47 ) . A bag of flour costs 2,600 bolivars  ( $0.79 ) , a bag of rice 2,900 bolivars  ( $0.88 )  and a pound of potatoes 6,000 bolivars  ( $1.80 ) . Buying those staples amounts to more than half a month's wages.