nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Así mismo, el clúster de recuperación temprana reporta que existen diferentes riesgos para las mujeres en contextos de pandemia como: Aumento del riesgo de violencia intrafamiliar y violencia sexual ya que hay mujeres aisladas junto con sus abusadores, riesgos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños; se aumentan tensiones por las dificultades económicas a causa de la crisis, y hay mayor dificultad para dejar a sus parejas violentas y acceder a los servicios. Explotación sexual debido a la pérdida de fuentes de ingresos por trabajadoras informales. Aumento del riesgo de tráfico de personas porque el cierre de fronteras lleva a mayor uso de pasos irregulares. Violencia cibernética, debido al aumento de la utilización de medios virtuales como alternativa ante la restricción de movimiento, también se pueden intensificar las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y niñas a través de internet con amenazas de violencia, acoso online, difusión de información, imágenes, videos personales sin consentimiento. Riesgos para mujeres lideresas y defensoras, tanto en sus propios hogares como en el ejercicio de defensa de derechos humanos.
El Banco Mundial aprobó un préstamo por US$700 millones para apoyar la respuesta de Colombia ante la pandemia por COVID 1910. Estos recursos se destinarán a fortalecer el sistema de salud, proporcionar ingresos y apoyo nutricional a los hogares más pobres y vulnerables, y mantener la liquidez y el acceso al financiamiento para las empresas. Los responsables de la coordinación e implementación de este financiamiento serán el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación
La pandemia de Covid 19 y las medidas de aislamiento dispuestas para contenerla están provocando que les resulte aún más difícil sobrevivir a los wayuu, un pueblo indígena que habita en Colombia y Venezuela, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins en un informe conjunto y una publicación multimedia que se dieron a conocer hoy.
7. Confinamiento y Acceso Humanitario: A pesar de no tenerse información de casos de confinamiento, durante los últimos años se han presentado amenazas o advertencias directas en contra de entidades públicas y de cooperación internacional, que podrían apuntar a un posible cierre del espacio humanitario en algunos sectores del departamento. El cierre respondería particularmente al perfil de la entidad u organización y los temas que se abordan. Se destacan los casos de amenazas directas al personal de UNODC en municipios como Paujil y Cartagena del Chairá y la situación que se presentó con CEV y la UNMVC en la vereda Monserrate de Cartagena del Chairá, todos estos hechos entre el 2018 y 2019. A estas amenazas también es necesario incluir las hechas a los operadores de desminado humanitario referidas en el punto de arriba y las situaciones de riesgos para personal de Parques Nacionales Naturales desde el 201825. En abril de este año se presentó una situación de restricción al acceso humanitario encabezada por el Alcalde de la Montañita, personero municipal y una misión médica fue detenida por la población del corregimiento de la Unión Peneya, municipio de la Montañita, y obligada a devolverse por miedo a que se presenten casos de contagio por COVID 19. La misión llevaba 200 paquetes nutricionales y alimentos necesarios como pollo para la población que se ha visto afectada por el confinamiento.
La Alcaldía de Itagüí brindó servicios de transporte humanitario hacia la frontera con Venezuela a 250 refugiados y migrantes con intención de retornar a su país
Durante estos 15 días de cese de actividades se realizaron ajustes en la infraestructura y en los procesos, necesarios para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud  ( OMS ) ; el Gobierno de Colombia en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y el Procedimiento Operativo Estándar de Save The Children, en busca de disminuir los factores de riesgo para la propagación de la COVID 19.
A lo largo del país, se presentaron diferentes protestas sociales y pronunciamientos de la comunidad. En Hacarí  ( Norte de Santander ) , habitantes de la zona impidieron la continuación de las operaciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito por parte del Ejército Nacional, alegando que esta es su única forma de sustento durante la pandemia. En Valledupar  ( Cesar ) , personal de la salud protestó a las afueras del hospital Rosario Pumarejo exigiendo mayores garantías laborales y manifestaron que las directivas del hospital los obligan a renunciar a la Administradora de Riesgos Laborales  ( ARL )  si son contagiados de COVID 19, además no cuentan con elementos de protección personal  ( EPP )  para continuar con el ejercicio de su profesión.
Desde el 3 de agosto está nuevamente en funcionamiento la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Save the Children, que opera en alianza con el Hospital San José de Maicao, La Guajira, y que estaba suspendida desde el pasado 15 de julio.
El Ministerio de Salud indicó que, durante la pandemia se ha generado un aumento del 19 por ciento en ataques contra los trabajadores de salud en el país11; por ejemplo, en Tierralta  ( Córdoba ) , circuló un panfleto anónimo de amenazas al personal médico del hospital municipal y fueron declarados objetivo militar por el contacto con personas contagiadas por COVID 19. En otro casos, se amenaza al personal médico en caso de que mueran pacientes diagnosticados con COVID  1912. Por su parte, el sindicado de Abogados Litigantes y la Federación de Colegios de Abogados convocaron a una protesta pacífica en 13 ciudades del país para exigir que se ordene la reactivación de la actividad judicial en medio de la emergencia sanitaria. La confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados del país emitió un comunicado donde expresan la decisión de terminar el año escolar de forma remota y no retornar clases presenciales después de conocer los lineamientos para el regreso a clases del Ministerio de Educación
De acuerdo con el INS, actualmente Chocó se encuentra dentro de departamentos con mayor tasa de incidencia  ( 498 )  y dentro de los 10 departamentos con mayor tasa de mortalidad  ( 152,4 )  a nivel nacional. Adicionalmente, el INS reporta que la ocupación de UCI en el departamento es del 100%.
En enero de 2020, investigadores de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, basado en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, entrevistaron a más de 150 personas en La Guajira y en Bogotá, incluyendo miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales. Entre enero y junio, investigadores de Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria llevaron a cabo otras 42 entrevistas telefónicas. También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción.
Alerta por parte de la Personería de Istmina por el incremento de casos positivos de COVID 19 en la población carcelaria de Las Mercerces. De 40 pruebas realizadas a personas privadas de la libertad  ( PPR )  20 resultaron positivas.
Con una población de al menos 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia. La gran mayoría vive en el departamento de La Guajira, que tiene un territorio parcialmente desértico. Casi todos viven en áreas rurales o poblados pequeños; sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras o la pesca. Muchos otros trabajan en el sector de turismo o en la minería de sal o carbón, elaboran artesanías y las venden, o dependen del comercio con Venezuela. Según un censo llevado a cabo por el gobierno en 2018, el 90 % de las personas en La Guajira trabajan en el sector informal, incluyendo los sectores de turismo, hotelería y comercio transfronterizo.
Incremento de denuncias por reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de los Grupos Armados Organizados  ( GAO )  y estructuras criminales en municipios como Lloró, Bojayá e Istmina y de forma más reciente, en Quibdó.
La Alcaldía de Barranquilla anunció el cierre de establecimientos comerciales no esenciales desde el miércoles 24 hasta el lunes 29 de junio, así como la ley seca extendida para controlar las aglomeraciones y evitar el contagio por COVID 19. El Gobierno Nacional envió 50 ventiladores a Barranquilla para ampliar su capacidad hospitalaria. Además, se declaró la Alerta Naranja después de un aumento en los casos diarios reportados y se establecieron medidas para enfrentar el virus. Se amplía el cerco sanitario, se militarizará la ciudad y los colegios públicos no regresarán a clases presenciales en lo que queda del 2020. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias  ( CRUE )  de la ciudad, centralizará la disponibilidad hospitalaria y asignará las camas necesarias. Hoy, la ocupación de UCI se encuentra al 90 por ciento de su capacidad.
La Alcaldía de La Guajira declara Alerta Naranja hospitalaria tras conocerse que solo quedan 38 camas de UCI disponibles en el departamento que no darían abasto por el incremento de casos de COVID 19. Por su parte, la Gobernación del Atlántico anunció la extensión de la cuarentena hasta el 30 de junio en los municipios de Galapa, Malambo, Sabanagrande y Soledad, ante un aumento en el número de casos. Igualmente, diferentes ciudades del país implementaron restricciones durante el festivo, como toques de queda y ley seca en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Tunja.
En la cárcel Villahermosa en Cali se registraron dos muertes por COVID 19. El centro penitenciario tiene un hacinamiento del 170 por ciento, 5.000 reclusos, y hasta el sábado 20 de junio se reportaron 675 contagiados de COVID 19. En la cárcel de El Espinal en Tolima se registraron 32 nuevos casos de COVID 19, el centro penitenciario cuenta con 37 casos y las autoridades locales confirmaron que en el lugar hay un foco de la enfermedad
En 2015, laComisión Interamericana de Derechos Humanos  ( CIDH ) instó al gobierno colombiano a adoptar medidas urgentes para garantizar al pueblo wayuu el derecho a acceder a alimentos, agua y atención de la salud en varios municipios de La Guajira. En sentencias de 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno que abordara la crisis. En la sentencia de 2017, la corte determinó que, en parte por la inacción gubernamental, los wayuu habían experimentado una “vulneración generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos al agua, a la alimentación y a la salud', y ordenó al gobierno que tomara medidas “urgentes y prioritarias' para asegurar que los niños y niñas wayuu tengan disponibilidad de alimentos, agua y servicios de atención de la salud accesibles y de calidad.
• Decreto 457 del 22 de marzo de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia y el mantenimiento del orden público todo el territorio Nacional.
En los últimos cuatro años  salvo por una breve mejora en 2017  las estadísticas sobre niños y niñas de La Guajira que sufren desnutrición aguda no han registrado mejoras significativas. Según datos del gobierno, hubo 1.607 casos de desnutrición grave en La Guajira en 2019; 1.647 en 2018; 993 en 2017 y 1.661 en 2016. En 2019, se registraron 64 muertes relacionadas con la desnutrición, mientras que en 2018 hubo 105; en 2017, 50; en 2016, 85 y en 2015, 48. La tasa de desnutrición y de muertes por desnutrición en comparación con los nacimientos en el departamento tampoco ha mejorado significativamente desde 2016.
Las muertes de niños y niñas de menos de 5 años a causa de diarrea  a menudo vinculadas con acceso a agua contaminada o insuficiente para una buena higiene  han aumentado en los últimos años, según datos del gobierno. En 2019, 46 niños y niñas de menos de 5 años fallecieron por diarrea en el departamento; en 2018, 33; en 2017, 13; en 2016, 23 y en 2015, 6. Las muertes a causa de diarrea, al igual que las muertes por desnutrición, son en gran medida prevenibles. La desproporcionada tasa de muertes por desnutrición en La Guajira, que es cinco veces más alta que el promedio nacional, resalta el pobre acceso a agua y a saneamiento en el departamento
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ( ICBF )  ha establecido dos centros de recuperación en La Guajira para niños y niñas con desnutrición aguda. Además, ha creado unidades móviles para evaluar a los niños y niñas, en cada una de las cuales trabajan un profesional médico, un profesional de enfermería, un trabajador social y un promotor de atención de la salud. Entre 2015 y 2018, el gobierno amplió la cantidad de unidades de 4 a 10. Según cifras aportadas por el gobierno, en estas unidades se evaluaron 27.000 niños en 2018.
No obstante, una autoridad de salud local entrevistada en enero señaló que aproximadamente la mitad de los niños y las niñas con diagnóstico de desnutrición en el departamento no reciben asistencia en el marco de los programas de alimentos o tratamientos de ese organismo. A su vez, las unidades móviles del ICBF solamente funcionaron durante tres meses de 2019, y no han operado al menos entre enero y julio de 2020 debido a la falta de presupuesto, según señalaron funcionarios del organismo a Human Rights Watch.
Desde el 25 de agosto, las autoridades locales alertaron sobre el confinamiento1 de al menos 5.1392 personas  ( 1.144 familias ) , pertenecientes a 10 comunidades afrocolombianas y 21 comunidades indígenas  ( ver Tabla No. 1 )  ubicadas en la zona norte del Alto Baudó.
Las iniciativas gubernamentales para llevar agua a las comunidades indígenas de La Guajira se están llevando a cabo a un ritmo lento, a pesar de que el agua se está volviendo progresivamente más escasa y su acceso es cada más importante. Las autoridades gubernamentales han creado pozos, puntos provisorios de suministro público de agua y acueductos para mejorar el acceso al agua de las comunidades. Como parte de un programa en el que participan múltiples organismos, la Alianza por el Agua y la Vida en la Guajira, que comenzó en 2015, el gobierno informó que había construido o reparado 249 “soluciones de agua' hasta fines de 2019, incluidos pozos que funcionan con energía solar y eólica, instalaciones para el almacenamiento de agua y algunos pozos entubados profundos.
Esta emergencia, se desencadena tras diversos hechos victimizantes como amenazas, homicidios y retenes ilegales contra la población civil perpetrados por los Grupos Armados Organizados  ( GAO )  que se disputan estos territorios
Sin embargo, los residentes manifestaron que muchas “soluciones de agua' se han contaminado o dejado de funcionar debido a falta de mantenimiento y que algunas solo funcionan de modo intermitente, puesto que el funcionamiento de sus bombas depende de que haya viento. Indígenas wayuu, funcionarios gubernamentales y funcionarios de organismos humanitarios señalaron que el agua de estos pozos a veces está sucia, tiene color amarronado o verdoso, o un sabor salado. Human Rights Watch visitó varios pozos y jagüeyes reservorios indígenas de agua a cielo abierto  en diversas comunidades y encontró que, si bien algunos funcionaban y eran accesibles, el agua era turbia en ciertos casos y había presencia de animales como cabras o perros, lo cual representa un riesgo de contaminación.
A estos eventos, se suma la activación de una mina antipersonal  ( MAP )  cerca de las comunidades desplazadas que impactó en un animal.
Por la continuidad de los enfrentamientos, el 2 de septiembre, al menos 136 personas  ( 31 familias )  de las comunidades de Puerto Manzo, Ajidó y La Ensenada se desplazaron masivamente3 hacia la comunidad de Santa María de Condoto
El número aproximado de pruebas COVID 19 realizadas en el departamento es de 4.738  ( 271 nuevas pruebas entre el 20 de agosto y el 3 de septiembre ) . Recientemente, se ha instalado y aprobado el funcionamiento del primer laboratorio para el procesamiento de pruebas de COVID 19, está ubicado en el municipio de Puerto Asís.
Otra medida temporal que beneficia a algunas comunidades es la entrega de tanques de agua suministrados por el gobierno. No obstante, la entrega plantea dificultades porque las comunidades wayuu tienden a encontrarse dispersas en zonas rurales. Residentes y autoridades locales explicaron que las entregas a veces son infrecuentes y que en ocasiones deben caminar varias horas para obtener agua. Este sistema no puede garantizar la calidad del agua ni la ausencia de contaminación en los puntos de recolección o de uso, dada la falta de presupuesto suficiente para realizar un monitoreo y tratamiento del agua.
Recientemente, se conoció que las comunidades desplazadas y la comunidad receptora, quienes ahora se encuentran confinadas por la presencia activa de los GAO, están en riesgo de un segundo desplazamiento hacia el municipio de Nuquí.
Según la información registrada en el Sistema Integrado de Información de la Protección Social  ( SISPRO ) , actualmente el departamento cuenta con 24 camas de UCI, de las cuales 11 camas están ubicadas en el Hospital José María Hernández en el municipio de Mocoa y 13 camas ubicadas en la Clínica Privada Putumayo, del municipio de Puerto Asís. Mostrando una disponibilidad del 58% de camas a nivel departamental.
En 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que la corrupción fue uno de los principales factores que afectaron el acceso de los niños y las niñas al agua, a los programas de alimentación escolar y a los servicios de salud en La Guajira. La corte determinó que la contratación de estos servicios fue realizada con poca transparencia y señaló que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debían priorizar las medidas para sancionar la corrupción en el departamento.
• Decreto 0639 del 19 de marzo de 2020: Por el cual se adoptan medidas y acciones en el departamento del Cauca con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID 19.
• Decreto 0640 del 19 de marzo de 2020: Por el cual se declara toque de queda desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, entre las 8:00 pm de cada día hasta las 5:00 am del día siguiente.
• Decreto 0641 del 19 de marzo de 2020: Por el cual se dicta una medida de aislamiento preventivo desde el sábado 21 de marzo a las 02:00 pm hasta el martes 24 de marzo a las 5:00 am.
Minsalud expide nuevo protocolo de bioseguridad para cines y teatros. El Ministerio de Salud y Protección Social entregó nuevos parámetros de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID 19 en salas de cine, teatros, autocines y auto eventos, a través de Resolución 1746 de 2020. Uno de los principales cambios en el documento técnico, que deroga al de la Resolución 1408 de 2020, es la disposición de las sillas para guardar el distanciamiento, garantizando que los espacios para cada asistente individual o grupos estén claramente señalizado y delimitado. "Los grupos familiares o de personas que residan en la misma vivienda podrán utilizar máximo cuatro sillas o espacios continuos, guardando el distanciamiento de dos metros con otros grupos de espectadores y asistentes", indicó Claudia Cuéllar, directora  ( e )  de Promoción y Prevención.
A la fecha, en el país se han presentado 28.970 defunciones por COVID 19, de las cuales corresponden 64,2% a hombres. El 75,9% de los fallecidos están en el grupo de edad de 60 y más años. Las personas que presentan el mayor número de muertes es el de 70 a 79 años con 7.365, seguido del grupo de 60 a 69 años con 6.578 fallecidos.
A la fecha la proporción de positividad es de 25,2%, donde la entidad territorial que presenta la mayor positividad es el departamento de Caquetá con el 52,3%, seguido de Magdalena con el 41,5% y Cauca con el 35,3%. Ciudades que presentan mayor número de casos como Bogotá tienen una positividad del 23,6% Cartagena de 18,2% y Barranquilla del 16,2%.
Andrés Cubillos, coordinador de la Red Migración y Salud, dijo alProyecto Migración Venezuelaque lo más preocupante es la situación de vulnerabilidad a la que se están enfrentando los niños que están migrando a pie con sus padres desde Venezuela."Nos preocupa mucho que tantos niños migrantes tengan que pasar la noche a orillas de las carreteras, exponiéndose al frío y a tantos peligros. Es muy grave que no tengan acceso a aliementos y a una nutrición adecuada", lamentó el investigador.
De acuerdo con la proporción de casos activos en relación con el total de casos reportados por cada departamento, se evidencia que los 10 territorios con mayor proporción de casos activos son: Casanare 23,1%, Quindío 20,9%, Caldas 19,4%, Boyacá 17,1%, Huila 13,4%, Arauca 12,5%, Risaralda 12,3% Cauca 10,8%, Guaviare 10,2%, y Tolima 9,9%. Con relación al total de casos activos del país la mayor proporción de estos casos están en Bogotá 27,5%, Antioquía 14,8%, Valle 7,0%, Santander 4,4%, Huila 2,9% y Cundinamarca 2,9%
El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, hizo una invitación a no bajar la guardia y no permitir que las aglomeraciones y la falta de disciplina social conlleven a perder lo ganado hasta ahora frente a la pandemia, en el marco del evento Compromiso por Colombia, desarrollado en Pasto.
Gabriela Cano, coordinadora del Centro de Pensamiento Independiente Diáspora, apuntó quelo prioritario es articular apoyo con las organizaciones que brindan atención en las rutas de los caminantes venezolanos en Norte de Santander."En esa zona están desbordados y en condiciones adversas porque los albergues siguen cerrados por las medidas sanitarias", dijo.
Cano sugirió que quienes tengan vocería y participación en la plataforma regional Response for Venezuela  ( R4V )  deberán hacer un llamado por reforzar la ayuda."Hay que hacer una urgente gestión de las migraciones con enfoque de derechos humanos y en consonancia con los acuerdos internacionales. Es una responsabilidad compartida desde los ámbitos local y nacional de garantizar la vida e integridad de estas personas. Los muertos en nuestro suelo, son nuestros, así como también la vida y su protección", concluyó Cano.
Quienes deciden regresar a Venezuela lo hacen en muchos casos en condiciones precarias, después de largos trayectos y sin un estatus que reconozca sus especiales vulnerabilidades. Algunos de los migrantes entrevistados por HRW reconocen que handormido junto a la carretera y que apenas habían comido, mientras que algunas ONG han constatado casos de desnutrición y deshidratación.
Por último,hizo un llamado a la población migrante a no usar las trochas para ingresar a Colombia arriesgando su vida y futuro.Advirtió que entrar de esa manera al país puede afectar su proceso de regularización."Ustedes tienen la responsabilidad de portarse bien para que puedan rehacer su vida y buscar un mejor futuro",expresó el funcionario.
La falta de un paso legal lleva a parte de estos migrantes a optar por las ‘trochas', como se conoce a los puntos de entrada ilegales, controlados por grupos armados. Un funcionario de Derechos Humanos reveló a HRW que disidentes de las FARC exigían pagos de entre120 mil pesos y 600 mil.
Durante la recolección de los datos en julio, el 30% de los hogares declaró que no tienen asegurado un lugar para vivir el próximo mes, y el 20% respondió que no sabe si la tiene o no asegurada. Es decir, la mitad de los hogares encuestados se enfrentan a una situación de incertidumbre respecto a su situación de vivienda en un corto plazo. El 92% de estos hogares  ( o 46% de los hogares encuestados )  reportó que la principal razón para esta incertidumbre es por no tener capacidad de pago.
En los casos sobre programas de salud y de alimentación que se encuentran actualmente bajo investigación, la Fiscalía estima que se han perdido más de 13.000 millones de pesos colombianos  ( aproximadamente USD 5 millones )  desde el año 2014 a causa de la corrupción en el departamento. A través de 14 auditorías realizadas a programas de alimentación escolar en La Guajira, la Contraloría determinó que se habían perdido cerca de 30.000 millones de pesos  ( casi USD 10 millones )  por razones de corrupción o mala administración. En la mayoría de estos casos, la corrupción se produjo en la ejecución de contratos de prestación de servicios de alimentación y atención de la salud. Dado que estas cifras solo reflejan investigaciones de un grupo limitado de casos, es probable el valor total de los fondos perdidos a causa de la corrupción en La Guajira sea mucho más alto.
Para el mes de agosto, el índice de Precios del Productor  ( IPP )  registró un incremento anual de 0,3%, mientras que un año atrás esta variación fue de 5,0%. Dentro de los componentes del IPP, el único componente que disminuyó fue el grupo de producidos, con una variación anual de  0,2 pps frente a agosto de 2019.
Ante el incremento del flujo migratorio de venezolanos que ingresó a Colombia por pasos ilegales  antes de que uniformados custordiaran las trochas , hoy arribaránal municipio de Pamplona el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, para participar en un Puesto de Comando Unificado junto con el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y autoridades locales.
En la reunión de julio, la Junta Directiva del Banco de la República decidió disminuir 25 puntos básicos la tasa de interés de política y se ubicó en 2,00%. La tasa de captación DTF en agosto se redujo 1,6 pps frente al mismo mes de 2019. Por su parte, la tasa promedio de colocación reportó una caída de 2,1 pps frente al mismo mes de 2019.
Moreover, these groups often imposed territorial control over the local communities through which these paths cross; control usually characterized by violence and exploitation. Other armed groups, including those linked to current or former insurgencies and/or the production and transit of narcotics, also vied for control of this territory. This competition added to the bleak security environment for the indigenous inhabitants of the region who were sometimes forced into collaboration with armed groups for both protection and access to food and resources. A combination of these illegal activities and perceived collaboration often resulted in the appearance of the Venezuelan military patrolling these same territories, establishing checkpoints and other harsh control measures, usually without the notification or approval of the local people. This combustible mixture had already been an established reality in many of the indigenous border communities for decades prior to the recent border restrictions, a reality that has steadily worsened with the effective closure of the borders.
Se requiere atención a grupos poblacionales vulnerables que presentan casos positivos de COVID 19 y que requieren atención diferencial, como comunidades indígenas  ( 185 personas )  y afrocolombianos  ( 162 ) .
La Guajira  ( 17% ) , Atlántico  ( 17% )  y Antioquia  ( 15% )  son los departamentos donde hay más proporción de hogares que consumen solo una comida al día o menos, casi el doble que la media nacional.
For many decades, the area of land between Colombia and Venezuela has been characterized by high levels of insecurity, exacerbated by previous decades of internal conflict in Colombia. This dynamic has resulted in the long term presence of illegal armed groups, loosely structured criminal power networks, and growing illicit economies, including large scale smuggling operations. These smuggling services have been commonly used by individuals seeking to avoid the long waits and administrative uncertainty of the formal migration crossings, as well as people using the trails to trade goods while avoiding taxes and governmental administrative burdens. In response, armed groups have implemented systems of control to extract rent payments for the use of these illegal cross border
En julio, el recaudo tributario fue de 10,9 billones de pesos, que representa una reducción de 21,1% respecto al mismo mes de 2019. Esta variación se explica principalmente por la disminución en el recaudo de IVA  (  36,5% )  y retención en la fuente a título de renta  (  12,9% ) .
The decline in income generating activities has complicated an already complex socio economic environment for the indigenous people of the border region, fueling existing high levels of humanitarian vulnerability, including exacerbating health issues resulting from the arrival of the COVID 19 pandemic.
Los departamentos y distritos que presentaron los aumentos relativos más altos de COVID 19 en las últimas 24 horas fueron: Caldas con el 2,8%  ( 250 ) , Quindío 2,7%  ( 178 ) , Casanare 1,7 %  ( 63 ) , Risaralda 1,6%  ( 240 ) , Huila 1,6%  ( 269 ) , Tolima 1,5%  ( 239 ) , Antioquia 1,5%  ( 2.104 ) , Arauca 1,4%  ( 36 ) , Boyacá 1,4%  ( 149 )  y Cesar con el 1,2%  ( 275 ) .
En el trimestre móvil mayo – julio de 2020, las exportaciones totales disminuyeron 30,1% frente al mismo periodo de 2019. Este resultado obedece a la caída de las exportaciones de commodities  (  46,8% ) , mientras que las exportaciones diferentes de commodities se incrementaron 3,5%.
The COVID 19 policy responses by the Venezuelan government have caused a number of unintended consequences for the national humanitarian emergency, from declining agricultural production to the expansion of the black market. For some of the nation's indigenous communities, these consequences have included a surge in the smuggling of people and goods across the network of informal trails that permeate their traditional territories, driven by the effective closure of legal border posts to most transit and trade. This trend is most pronounced in the region adjacent to the Colombia border which was formerly the location of significant legal trade in all manner of products; a trade now pushed into the hands of illegal armed groups. The border region was also the transit location for the vast majority of Venezuelans leaving their country as the migration crisis escalated, and is now the primary route for those seeking to return; transits also now dominated by these criminal organizations. As a result, indigenous communities are now not only witnessing consistently high unregulated movements of people and goods across their lands, but also violent power struggles as various criminal groups seek to control the profits from this expanding trade. This rise in violence and illegal activity is now accelerating the deterioration in the significant pre existing levels of humanitarian vulnerability in these populations. The entirety of the border, however, is not uniform. Different challenges exist in various locations and affect each community and tribal group in a unique way depending on their geography, history and economy. The key commonality, however, is the negative correlation between increasing security threats and worsening livelihoods in indigenous communities, and the general inability of local authorities to respond to these challenges and protect indigenous border communities.
En el país se reportan 1.399 conglomerados activos con 31.893 casos, de los cuales 32,5%  ( 5.424 casos )  son reportados en empresas, el 24,2%  ( 3.776 casos )  en instituciones de salud, el 19,6%  ( 6.144 casos )  en Fuerzas militares y policía, 18,1  ( 14.669 casos )  en centros de protección y población carcelaria, 3,1%  ( 466 casos )  en pueblos indígenas, plaza de mercado 1,2%  ( 912 casos )  entre otros.
The Orinoco River, located on the western side of the zone, that serves as the natural border between Venezuela and Colombia, has historically been an important trading route for the indigenous peoples since the pre Columbian era. In the modern era, however, the official ports for migration and customs control are located in towns on Inírida  ( Guainía )  and Puerto Carreño  ( Vichada, Colombia ) , although they serve far less traffic that the official posts further north along the border. Regardless of the existence of these posts, given the vast territory and the large number of river systems present in the area, traditional trade for the indigenous peoples continues to be conducted primarily through informal river based commerce between villages on both sides of the border. This dynamic has meant that, both before and after the recent imposition of official restrictions, migratory and trade flow in this zone has generally not been limited to official crossing points and therefore the impact of the border restrictions was relatively limited. This comparative normality in traditional trade and livelihoods has not, however, meant that the border restrictions have not impacted the stability of the region. The closures of crossing points in other zones along the border has increasingly seen individuals entering this area to enable easier movement between Colombia and Venezuela, potentially exposing the indigenous population to people carrying the COVID 19 virus, putting at risk communities that have little health infrastructure to cope with any outbreak.
En julio, el valor en dólares de las importaciones disminuyó 20,1% frente al mismo mes de 2019. Este resultado obedeció principalmente a la caída de 27,4% del grupo de bienes intermedios y materias primas, a la disminución de 19,0% en el grupo de bienes de capital y en menor medida, a la disminución de 7,4% en el grupo de bienes de consumo.
Entre el 15 y 17 de octubre la ocupación en UCI incremento en puntos porcentuales  ( pp ) : Arauca  ( 44,0 ) , Guaviare  ( 37,0 ) , Medellín  ( 22,7 ) , Quindío  ( 21,0 ) , Chocó  ( 13,0 ) , Caquetá  ( 12,0 ) , Caldas  ( 4,0 ) , Putumayo  ( 4,0 ) , Tolima  ( 3,0 )  Córdoba  ( 3,0 ) , Valle del Cauca  ( 2,0 ) , Casanare  ( 1,0 ) , Bogotá  ( 1,0 ) , Bolívar  ( 1,0 ) , La Guajira  ( 1,0 )  y Sucre  ( 1,0 ) .
Por último, se ha calculado la diferencia de días entre el momento del inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico que para el país está en promedio en 10,8 días, en población afrodescendiente 11,3 días y en población indígena es de 11,2 días. Es importante destacar que a nivel nacional el 33,8% de los resultados se disponen durante la primera semana, en la población afrodescendiente esta cifra es inferior al nacional y es de 30,1% y en población indígena es de 28,2%.
Se presentan casos de desnutrición severa de menores de edad en comunidades indígenas del municipio de Puerto Gaitán.
Detecto, aíslo y reporto   DAR, las claves para evitar la propagación del Covid 19, según el comportamiento del virus y la mayor circulación de personas en la ciudad que ha permitido la reactivación económica, la Administración Distrital viene implementando la estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible – PRASS, un lineamiento del Ministerio de Salud para hacerle frente a esta nueva fase de la pandemia y que en la capital lleva el nombre de DAR. Mediante tres acciones concretas, la administración distrital invita a la ciudadanía a tomar conciencia, solidaridad y responsabilidad para reducir los niveles de transmisión del virus, a partir de la detección y aislamiento temprano de casos sospechosos de coronavirus.
Bogotá tiene todo listo para garantizar la manifestación pacífica de la Minga. Este domingo desde el Palacio de los Deportes, la alcaldesa Claudia López, en compañía de los secretarios de Gobierno, Seguridad y Salud, explicó cómo la ciudad tiene preparados todos los protocolos para recibir y garantizar la movilización pacífica de la minga indígena. “Las marchas que tenemos esta semana en Bogotá son fruto de los desacuerdos del gobierno nacional con la ciudadanía y de la imposibilidad que ha habido hasta ahora de que el presidente se reúna directamente con la Minga. Con la Minga se podrían haber solucionado las diferencias mediante el diálogo y la negociación y así se habría evitado el desplazamiento de más de 6.000 indígenas por varias ciudades hasta Bogotá en medio de la pandemia', indicó la alcaldesa Claudia López. https://bogota.gov.co/mi ciudad/minga indigena  bogota tiene todo listo para su llegada
Durante el fin de semana,un grupo de caminantes informó a la Red Humanitaria que dos niños fallecieron por inanición antes de ingresar al territorio colombiano. Hasta el momento no se conocen denuncias formales sobre la situación.“Vienen caminando en grupos grandes, pasan por las trochas y de allí toman camino para acá. Cuando abran la frontera, esta situación se irá a poner peor', agregó Muñoztras denunciar que en Pamplona hay más acumulación quizá de unos 700 venezolanos porque no tienen para pagar transporte y andan con niños y maletas.
Preocupa la alta tasa de ocupación del hospital de Granada, pues el centro de salud atiende a la población de 15 municipios.
Educación en Emergencia 

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Los niños y niñas seguirán teniendo clases en sus casas guiados por la docente y con seguimiento de la Secretaría Municipal de Educación. Los niños y niñas no tienen implementos para sus clases, EPM entregó kits escolares en el mes de febrero, sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo, y muchos/as niños y niñas al desplazarse no llevaron sus implementos. Se propone dotar con kits a niños y niñas y a la docente.
a partir de mayo, se empezó a observar un aumento en la brecha entre hombres y mujeres informales, alcanzando 3,3 pps en julio. Lo anterior podría ser el resultado de que, una vez relajadas las medidas de confinamiento, los hombres informales volvieron a ocuparse en el mercado laboral mientras que las mujeres debieron quedarse en casa, probablemente dedicadas a las labores de cuidado.
Se solicita estudiar la posibilidad de ajustar las rutas procedimentales para que la entrega de ayuda humanitaria a víctimas de violencia sexual sea procedente una vez se dé la inclusión en el registro, sin necesidad de probar heridas leves, o afectaciones psicológicas o físicas que generen incapacidad médica.
En las zonas denominadas por el DANE como resto el desempleo de los hombres se encuentra actualmente en 7,8%, y en las cabeceras es de 20,4%. La situación es más angustiante para las mujeres, pues estas tasas corresponden a 19,8% y 26,2%  ( Gráfico 11 ) . Con la pandemia, la brecha entre hombres y mujeres aumentó, tanto en las ciudades como en las zonas rurales: en las cabeceras en 2019 la brecha era de 4,5 pps y pasó a 5,8 pps en 2020 II; en las zonas dispersas, la diferencia era de 7,4 pps en 2019 y aumentó a 12,0 pps en el segundo trimestre de 2020. Lo anterior demuestra la vulnerabilidad del empleo femenino, en particular en las zonas rurales del país.
Desde marzo pasado, los sitios que brindaban albergue y comida a los migrantes se mantienen cerrados como medida para evitar la propagación de la pandemia. Ante esta situación, grupos de migrantesse han instalado en las orillas de la carretera para descansar, comer y pedir dinero.
De acuerdo con Deloitte  ( 2020 ) , la participación de mujeres en juntas directivas en Colombia es apenas del 13%. Lo anterior es el resultado de culturas corporativas poco inclusivas en la práctica y de establecimientos en donde permanecen los roles de género tradicionales. De hecho, de acuerdo con un estudio reciente de McKinsey&Co.  ( 2019 ) , los obstáculos laborales que deben enfrentar las mujeres empiezan a la hora de acceder a un trabajo: por cada 100 hombres contratados y promovidos en el primer nivel directivo, solo 72 mujeres son contratadas y promovidas  ( McKinsey&Co., 2019 )
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID 19 como pandemia e instó a los países a tomar estrategias de contención y prevención1. En consecuencia, se decretaron medidas estrictas para mitigar el contagio y esto conllevó a una recesión económica mundial, con efectos en desempleo, disminución de ingresos y aumento de la pobreza2. Los actores humanitarios regionales trabajan para satisfacer las necesidades de las poblaciones vulnerables afectadas. Para este ﬁn es necesario contar con información sólida y objetiva de la situación para la toma de decisiones y la planiﬁcación de acciones sobre niños y adolescentes.
La Junta Directiva del Banco de la República  ( JDBR )  ha desplegado una serie de medidas para contribuir con la recuperación de la demanda interna, aumentar la liquidez y garantizar el buen funcionamiento de los mercados financieros en medio de la crisis causada por la pandemia del COVID 19. En su sesión del 27 de marzo de 2020, la JDBR inició una fase de reducción en la tasa de interés de política monetaria, reduciendo en 50 puntos básicos  ( pbs )  la tasa que, desde abril de 2018, había mantenido en 4,25%. Posteriormente, en su reunión de abril, decidió disminuir la tasa de interés nuevamente en 50 pbs, ubicándola en 3,25%. Desde entonces, la JDBR ha reducido en 25 pbs la tasa de intervención por cada reunión hasta el mes de septiembre de 2020, registrando su mínimo histórico desde la adopción de la tasa de política monetaria como instrumento dentro del régimen de inflación objetivo  ( 1,75% ) . Esta reducción de 250 pbs desde marzo del presente año tiene como objetivo brindar un impulso adicional a la economía y aliviar la carga financiera de los hogares y las empresas durante la actual coyuntura.
Voceros de la Red Humanitaria, organización que agrupa a personas vinculadas a la ayuda a los caminantes venezolanos en Norte de Santander, expresaron su preocupación por la crisis de alimentos y la desatención que se evidencia en la zona, por lo quesolicitan a las autoridades un corredor humanitariopara poder trasladar a estos migrantes hacia otros sitios o a sus lugares de destino.
En el caso de los créditos hipotecarios, se registró un comportamiento estable en las tasas de interés tanto para los créditos para vivienda de interés social  ( VIS )  como para los créditos no VIS, manteniéndose en una tasa cercana a 10,6%  ( Gráfico 4 ) . Como se observa en el Gráfico 4, la tasa de interés hipotecaria presenta una menor volatilidad frente a las demás tasas de colocación para hogares por su naturaleza  ( de largo plazo y respaldados con hipoteca ) . En 2020, las tasas de este componente han disminuido 5 pbs entre febrero y agosto del presente año  ( transmisión de 2% de la tasa de intervención ) .
Serrano explicó que las instalaciones del antiguo colegio San Francisco se adecuarán para la nueva infraestructura del Colegio La Presentación, que tendrá una inversión cercana a los $6 mil millones de pesos.
La heterogeneidad de la transmisión de la tasa de intervención sobre las tasas de los establecimientos de crédito en la crisis del COVID 19 se explica por las distintas características e impactos del choque sobre las empresas y hogares. Según el Informe sobre el sistema financiero durante la Cuarentena Obligatoria realizado por la Superintendencia Financiera, se encontró que la principal razón para la negación de las solicitudes de crédito fue el riesgo de impago y, al desagregarlo por modalidad, los créditos de consumo son los principales perjudicados en la negación de solicitudes por este motivo  ( Cuadro 2 ) . Para los créditos de vivienda, el flujo de caja del deudor es un factor relevante para la aprobación de la solicitud, y ante la baja dinámica económica actual que limita los ingresos de los hogares, se percibe un mayor riesgo por menores entradas de liquidez para los deudores.
durante el primer trimestre de 2020 el 8,7% de los hombres se encontraban buscando empleo, mientras que el 14,3% de las mujeres estaban en esta situación. Con la pandemia, estas cifras empeoraron. De hecho, durante el segundo trimestre del año el desempleo femenino registró un aumento de 11,0 pps frente al primer trimestre de 2020 y de 12,0 pps respecto al mismo periodo de 2019, mientras que el desempleo masculino aumentó 8,5 pps y 9,3 pps respectivamente. La brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres pasó de 5,5 pps en 2019 a 8,1 pps durante el primer semestre de 2020.
As delegates delivered remarks, many echoed the Special Representative in voicing concern about attacks against human rights defenders, social leaders and former combatants.
La Alcaldía de Medellín ha atendido a más de 2.500 personas, 61% de los cuales correspondía a personas con nacionalidad venezolana en tres alojamientos temporales, y ha facilitado el transporte humanitario de 1.413 refugiados y migrantes a la frontera colombo venezolana
El indicador de suficiencia de capacidad instalada presentó en agosto un incremento de 1,1 pps frente al mismo mes de 2019, indicando una menor utilización de dicha capacidad. Frente al mes de julio de 2020, el indicador mostró una reducción de 6,3 pps.
In a similar vein, he called for the prompt finalization of a crucial public policy on national security guarantees and   more importantly   its swift implementation. Recalling that the transformation of rural areas was yet another goal of the Peace Agreement,
La Gobernación de An�oquia mantuvo un estricto control sanitario en las carreteras del departamento, como medida para reducir el número de contagios del COVID 194.
Es muy lamentable. Ninguna institución, ni la Fiscalía ni la municipalidad atendió el caso", denunció Diana Capacho, defensora de derechos humanos de la veeduría VediControl, en Pamplona.
Desde el GIFMM hacemos un llamado especial a la población venezolana a informarse sobre el proceso para la emisión del PEP, que se realiza de forma gratuita a través del enlace dispuesto para tal efecto en el portal web de Migración Colombia  ( www.migracioncolombia.gov.co ) , disponible a partir del 15 de octubre de 2020 y hasta el 15 de febrero de 2021. El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos coordina la respuesta a las necesidades de las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela, así como de retornados colombianos y de población de acogida, de forma complementaria con el Gobierno.
Several speakers sounded alarms that   as in other parts of the world   illegal armed groups may be taking advantage of the COVID 19 pandemic to strengthen their presence in some areas. Many also praised the rare and continued unity among Council members on the matter of the deployment of the Verification Mission in Colombia.
To address such violence, it remains necessary to finalize and implement the public policy for dismantling illegal armed groups, criminal organizations and their support networks.
El Índice de Producción Industrial  ( IPI )  total registró en julio una variación anual de  10,8%, resultado que implica una reducción de 14,1 pps frente al mismo mes del año anterior.
¿Quién entierra a los muertos del éxodo venezolano?", se pregunta indignado José Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una de las pocas organizaciones civiles que brinda alimentos prepararados a los migrantes venezolanos que atraviesan a pie los peligrosos tramos del páramo de Berlín."La Fundación Aladina pagó los gastos funerarios del muerto venezolano atropellado. Y con el segundo muerto fue la Pastoral Social quien asumió los gastos del sepelio. El gobierno local ni se inmutó al respecto. Es un tema sin resolver y nadie se hace cargo", reclamó Muñoz.
it remains alarming to see illegal armed groups and criminal organizations take advantage of COVID 19 to strengthen their presence and attack security forces.
En Arauca: Desde el sector salud observa que se encuentra en aumento la Violencia Basada en Género  ( VBG )  y enfermedades como el dengue, sífilis gestacional, entre otros, que requieren de una mirada oportuna y ser abordadas desde lo comunitario. Quienes se encuentran en más alto riesgo es la población de acogida que no están afiliadas al sistema general de seguridad social en salud  ( SGSSS )  y requieren apoyo continuo por parte de la Cooperación.
En la medición de agosto, el indicador de demanda actual del sector comercio registró un balance de 30,0%, que representa una disminución de 17,9 pps frente al mismo mes un año atrás. Por su parte, el indicador de pedidos a proveedores se ubicó en  42,4%, con una reducción de 31,9 pps frente a agosto del año pasado.
Spotlighting one recent successful example, he cited an innovative agreement between indigenous leaders and 114 former fighters   mostly of indigenous origin   that allowed for the latter's reintegration in accordance with their traditions.