nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Resulta contundente que el 53% de las personas migrantes haya perdido parcial o totalmente sus ingresos ante la llegada del Covid 19  ( gráfico 7.12 ) . En este grupo se encuentran migrantes que declaran ocupación en “changas y trabajos informales'  ( 91% ) , en “trabajos temporarios o estacionales'  ( 85% )  y en “trabajos independientes'  ( 57% ) . Muy de cerca, les siguen quienes poseen “trabajos en cooperativas u organizaciones'  ( 53% ) . Las personas que se vieron menos afectadas por el ASPO fueron migrantes que trabajaban en “relación de dependencia' que en un 74% declararon continuidad en sus ingresos, luego quienes realizan “trabajos independientes'  ( 43% )  y, por último, quienes declaran “trabajos en cooperativas'  ( 47% ) .
En base a esta distribución de circuitos, se observan significativas diferencias entre varones y mujeres. Los primeros, en su mayoría, se insertan en circuitos de trabajo asalariado  ( uno de cada dos )  aventajando claramente a las segundas  ( 18% ) . Por su parte, las mujeres tienen una presencia notoria en la economía de los cuidados  ( 43% ) . La inserción en el trabajo autónomo  ( que abarca la economía social con la venta ambulante o servicios profesionales y personales )  resulta segunda en relevancia, tanto para varones como para mujeres, mientras que la presencia en el circuito de producción de alimentos representa en ambos casos menos del 10%.
El 24% del total de las personas encuestadas manifestó atenderse en “Consultas en Centros de Atención Primaria locales/barriales  ( salitas ) ' y/o a través de “Turnos en consultorios comunitarios'  ( esto, sin perjuicio de haber indicado también atenderse por otras vías ) . Esta dimensión local de la atención, vinculada al SPS, presenta diferencias interesantes en relación con las nacionalidades de origen de las personas encuestadas. Se observa en el siguiente gráfico que el colectivo boliviano es el que proporcionalmente accede en mayor medida a estos espacios  ( 37% ) , seguido por el haitiano y el paraguayo  ( 33% y 29% respectivamente ) .
Atendiendo al país de origen de quienes acuden a la medicina tradicional y a los conocimientos transmitidos generacionalmente, puede advertirse que el colectivo venezolano se encuentra dentro del primer grupo que reconoce el uso de estas prácticas, incluyendo las recomendaciones familiares. Esto podría estar asociado con el hecho de que provienen de un sistema de salud en crisis, que vio revitalizar la expansión del pluralismo médico como respuesta ante situaciones de enfermedad y cuidado corporal  ( Pino de Casanova, 2020 )
Para la población migrante, la situación de vulnerabilidad laboral se encuentra vinculada a la inestabilidad del empleo, al subempleo o al desempleo. Dentro de estas categorías, pueden incluirse a quienes declararon realizar changas o tener trabajos esporádicos  ( 16% ) , quienes cuentan con trabajos de temporada o estacionales  ( 4% ) , así como quienes realizan actividades no remuneradas  ( 6% )  y quienes se encuentran bajo el desempleo buscando trabajo  ( 11% ) . Este último dato es mayor a los porcentajes considerados en el informe de la OIM  ( 2019 )  referenciado, en el que se sostiene que el 8,5% de la población migrante en Argentina se encontraba desocupada antes de la pandemia. En síntesis, la encuesta refleja que un 37% de esta población señaló que su situación laboral es inestable, o que se encuentra desocupada.
En Argentina, los niños y niñas venezolanos menores de 9 años que ingresen por vía terrestres, con uno o ambos de sus progenitores, pueden presentar la partida de nacimiento, frente a la imposibilidad que tienen de adquirir documentos de identidad antes de esa edad en Venezuela y por los inconvenientes que existen para la expedición de pasaportes  ( Disposición DNM 520/2019 ) .
Con respecto a los programas de alimentación escolar, el acceso a la educación sin restricciones por la condición migratoria como un derecho fundamental de los niños juega un papel determinante en la provisión de este beneficio como es el caso en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Panamá y Perú.
Argentina prorrogó la vigencia de residencias temporales y de tránsito, así como los documentos que reciben las personas en proceso de refugio.31
En Argentina, la universalidad que había caracterizado al programa de comedores escolares y al Programa Materno Infantil y Nutricional  ( PROMIN )  dio paso en la década de los noventa a criterios de focalización geográfica, implementándose el PROMIN como un programa focalizado en áreas de alta incidencia de pobreza urbana  ( Sordini, 2014 ) .
Adicionalmente, existen acuerdos y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo  ( OIT )  como el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes  ( 1949 ) , el Convenio Núm. 143 sobre los Trabajadores Migrantes  ( 1975 )  y el Convenio sobre la Seguridad Social  ( Norma Mínima )  Núm. 102  ( 1952 )  los cuales en materia de protección social definen la base de la promoción de política social que permita que trabajadores migrantes y sus familias se beneficien de los mismos derechos que los trabajadores nacionales. Igualmente, la Recomendación sobre los pisos de protección social de 2012  ( núm. 202 )  de la OIT es fundamental en la orientación de los Estados para el establecimiento de sistemas de seguridad social como un derecho humano. 

También están los acuerdos bilaterales y multilaterales mediante los cuales los países crean mecanismos de coordinación relativos a la seguridad social. En estos se incluye aspectos como libre movilidad de las personas, portabilidad de derechos y otros lineamientos comunes de política migratoria. En ALC, además de los convenios que existen entre países, se reconocen los acuerdos subregionales como MERCOSUR   Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur   válido para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; la propuesta de la Comunidad Andina de Naciones  ( CAN )  con la Decisión 583   Instrumento Andino de Seguridad Social; y el acuerdo de la Comunidad del Caribe  ( CARICOM )  sobre Seguridad Social que es ejemplo de armonización de la legislación sobre seguridad social entre los Estados Miembros.26
Además, una serie de medidas de flexibilización, como la presentación de pasaportes vencidos para procedimientos de regularización migratoria, fueron implementadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. En paralelo, sin embargo, aumentó también el número de países  ( Chile, Perú, Ecuador y Trinidad y Tobago )  que pasaron a exigir visas a los nacionales venezolanos entre 2018 y 2019. Desde antes de ese período, Panamá y Guyana ya exigían visas, y solamente Argentina, Brasil y Colombia permiten actualmente el ingreso libre de venezolanos, presentando únicamente el pasaporte o documento de identificación.
El estatus migratorio regular es condición necesaria para el acceso a la mayoría de los programas de protección social, pero no suficiente. Por ejemplo, los principales programas de transferencias monetarias de Argentina, Brasil, Chile y Trinidad y Tobago brindan acceso a migrantes regulares, mientras que los de Colombia, Ecuador y Perú no lo hacen en la práctica. Además, la proporción de los migrantes regulares con empleo formal y seguridad social es por lo general baja.
Por otro lado, existen barreras relacionadas con la condición migratoria. Los programas de transferencias que permiten el acceso de migrantes requieren que estos estén en condición regular. Otros programas del sistema no contributivo, como las pensiones sociales requieren un tiempo mínimo de residencia. Esto ocurre con las pensiones sociales de Trinidad y Tobago  ( la Senior Citizens' Pension ) , Argentina  ( Pensión Universal para el Adulto Mayor )  y Chile  ( Pensión Básica Solidaria de Vejez ) , que exigen una residencia de veinte años en el país con anterioridad a la solicitud; o la Pensión Básica Solidaria de Invalidez en Chile, que pide acreditación de cinco años de residencia en el país, o con programas para madres o familias con niños como la Asignación por Embarazo o la Asignación Universal por Hijo en Argentina, que exigen dos años de residencia en el país.
De los países de estudio se reconoce que la mayoría de los programas otorgó raciones de alimentos crudos o industrializados en lugar de la alimentación en las escuelas. Este fue el caso del Programa de Alimentación Escolar JUNAEB de Chile, Comedores Escolares en Argentina, Qali Warma en Perú y el Programa Alimentación Escolar en Ecuador. Por lo general estas raciones debían ser recolectadas en las escuelas u otros puntos de distribución  ( Beazley, 2020 ) , existiendo también la modalidad de las entregas directas de canastas básicas a los hogares, como Comedores Escolares en Argentina, que implementó ambas. Otro ajuste al diseño de programas de alimentación escolar fue su conversión a la modalidad de transferencias de efectivo.
En Argentina los migrantes entre 18 y 24 años con visas de residencia pueden aplicar a la política Empleo Joven para recibir asistencia económica para capacitarse, terminar sus estudios, acceder a entrenamientos laborales o emprender. Asimismo, los migrantes también tienen acceso a programas de inserción laboral como Entrenamiento para el Trabajo  ( EPT ) , que brinda incentivos a las empresas que incluyen aprendices, y el Programa de Inserción Laboral  ( PIL ) , que otorga ayuda económica a las empresas para cubrir el salario de trabajadores desocupados con mayores dificultades de empleabilidad, como generalmente es el caso de los migrantes.
Aunque Nicaragua tiene los niveles de inseguridad alimentaria severa más elevados  ( hasta un 6% del total de los encuestados a nivel global, y un 18% del total de los encuestados  ( as )  en Matagalpa ) , es Guatemala quien presenta, en global, una mayor proporción de la población que se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria: el 91% de las familias encuestadas.
Para el caso de Guatemala, se reportó un considerable número de personas que han salido del país con destino a México o Estados Unidos en búsqueda de vacunación contra la COVID 19, dada la crisis y la falta de acceso a vacunas para la población en su país de origen, según el reporte de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo  ( INGUAT ) ². A pesar de que no se cuenta con información oficial sobre si estos movimientos se dieron de forma regular o irregular, en algunas localidades fronterizas de México se reportaron casos de deportación de personas que viajaban sin documentación mientras pretendían acceder a este servicio
Los niños, niñas y adolescentes fueron el grupo más vulnerable con la llegada de la pandemia, que provocó la
suspensión de las clases presenciales y el cierre total de las escuelas. Esto no solo generó una distancia entre el
hogar y la escuela, sino el desinterés por estudiar. Según el Comité de Familias Solidarias de Migrantes en Bethel,
desde el año 2014, las niñas y niños han sido actores de la migración en búsqueda de la reunificación familiar. No
obstante, con la llegada de la pandemia en 2020 el problema se agravó y la migración de este sector de la población
incrementó⁶.
Con respecto a las razones por las que estas personas migran de manera irregular hacia otros países, indicaron la búsqueda de mejores oportunidades socioeconómicas, atención de salud, reunificación familiar, desplazamiento forzado por violencia, discriminación y conflicto político.
Se identificó que la aldea El Naranjo es un punto estratégico para las personas migrantes varadas, debido a que es una de las aldeas más grandes y más compleja en diversos servicios en dicha zona fronteriza. Es utilizada por las personas migrantes en situación de calle, y solo algunas optan por utilizar los servicios de hotelería para 1 o 3 días máximo, y posteriormente continuar con la ruta de viaje. Otras personas migrantes deciden quedarse temporalmente en esta comunidad, la mayoría mujeres migrantes o madres con hijas e hijos, buscan trabajo por un tiempo máximo de 3 meses o piden ayuda humanitaria, para luego retomar el viaje migratorio con destino a los Estados Unidos
El Censo 2018 revela que el 8.5% de los hogares que no reportaron emigrantes internacionales ni recepción de remesas viven con hacinamiento en áreas urbanas, mientras el 13.9% en áreas rurales. Estos porcentajes son mayores en comparación a las otras poblaciones en análisis
La categoría de asistencia escolar pretende medir Necesidad Básica Insatisfecha mediante la identificación de niñas y niños que no asisten a ningún centro educativo, sugiriendo que puede existir esta dinámica tanto por la ausencia de cobertura educativa en regiones específicas como por la utilización de los menores como fuerza de trabajo, lo que pareciera representar una situación de precariedad económica en los hogares. En este sentido, es importante resaltar que, según datos del Censo 2018, los niños y niñas entre 7 12 años muestran un 23.9% de incidencia de la categoría “falta de dinero' como causa de inasistencia escolar.
A partir de este enfoque, se considera Necesidad Básica Insatisfecha si en los hogares del área urbana viven niños entre las edades de 7 a 12 años y no asisten a ningún establecimiento de educación formal. También se considera en las áreas rurales mientras los niños de 7 a 10 años reportan inasistencia escolar.
La precariedad ocupacional en particular tiene un impacto notable para la población de hogares que reportaron emigrantes internacionales y remesas, dado que existe un 14.9% de en áreas rurales, además se encuentra 8 puntos porcentuales arriba de la población que no reportó emigrantes internacionales ni remesas.
Los hogares se ven afectados por las salidas de sus integrantes, y en algunos casos han viajado más de tres integrantes por hogar  ( 6.7% )  como se observa a continuación. El 66.7% de los hogares reportó una persona residiendo en el exterior y el 21.5% indica dos personas en el exterior. Es plausible asumir que, en la mayoría de los casos, las personas toman la decisión de dejar a sus familias y el país en busca de oportunidades propias y para sus hogares de origen, porque con los recursos que disponen no logran cubrir sus necesidades básicas.
Del 6.0% de los hogares que reportan migración internacional, solamente el 4.0 %  ( 133,943 )  indicó que reciben remesas. Este 4.0% de hogares reporta 174,709 emigrantes internacionales, de los cuales el 80% son hombres y el 20.0% a mujeres.
Por otro lado, el 83% de los emigrantes internacionales se encuentra entre las edades de 15 a 39 años; en su máxima expresión de edad productiva, por lo que se puede plantear la posibilidad de que la emigración de guatemaltecos, en su mayoría, está en función de la búsqueda de empleo y/o actividades productivas. La pirámide presenta una base angosta entre las edades de 0 y 14 años y se acentúa la concentración en los grupos de edades de 15 a 39 años, observándose que en los extremos la población es menor.
En 2020 y 2021, más de 15.000 niños y niñas han sido retornados desde los Estados Unidos y México a países del NCA a pesar de que sus comunidades de origen presentan graves riesgos para su protección, agravados por impacto de la pandemia de COVID 19.
Grupo 1: Mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad Las mujeres, y en particular las mujeres en edad reproductiva, las niñas y las adolescentes, con discapacidad, personas LGBTIQ+, jefas de hogares monoparentales, las sobrevivientes de VBG, migrantes, desplazadas, refugiadas y retornadas, las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes o de otros pueblos originarios se han visto afectadas de manera desproporcionada por las diferentes emergencias con impacto humanitario.
Las mujeres con un bajo nivel educativo ven reducida su participación en el mercado de trabajo. Las crisis han reducido el mercado laboral y ha expuesto a estas mujeres  en particular, las rurales y migrantes  a mecanismos de sobrevivencia negativos como sexo transaccional, matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, así como a abuso y explotación sexual.
Las trabajadoras domésticas remuneradas, muchas de ellas migrantes, indígenas o afrodescendientes, carecen de acceso a la seguridad social, y están más desprotegidas en escenarios de desempleo sostenido.
Las mujeres que viven con VIH están expuestas a mayores riesgos y vulnerabilidades, incluidas situaciones que afectan sus derechos sexuales y reproductivos, violencia al comunicar el diagnóstico, niveles altos de violencia de género, discriminación y violencia psicológica contra las niñas y adolescentes viviendo con VIH50.
Las mujeres y niñas con discapacidad experimentan VBG en tasas desproporcionadamente más altas, violencia doméstica al doble de la tasa de otras mujeres y en formas únicas debido a la discriminación basada tanto en el género como en la discapacidad48. Pueden verse sometidas a discriminación interseccional que influye negativamente en su propia percepción y en su capacidad de autodeterminación y libertad49.
Desde un punto de vista nutricional, las mujeres con malnutrición tienen más probabilidades de enfermarse durante el embarazo y tienen un mayor riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo, muerte fetal e incluso su propia muerte. También es más probable que contraigan infecciones, experimenten debilidad y tengan menor productividad. Las mujeres que padecen deficiencias de micronutrientes corren un mayor riesgo de morir durante el parto, dar a luz a un bebé con bajo peso o con deficiencias cognitivas, y afectar la salud y el desarrollo de los lactantes amamantados.
El cierre de las escuelas está despojando a las niñas y a las adolescentes de un medio de protección. El cumplimiento de la cuarentena o encierros supone para ellas el riesgo de ser víctimas de abusos, embarazos forzados y violencia sexual e igualmente les limita el acceso a servicios esenciales para la atención médica, psicológica y legal por falta de transporte, horarios restringidos de operadores de justicia y escasa cobertura de los servicios remotos, especialmente para mujeres y niñas indígenas, rurales, con discapacidad, mujeres y niñas con identidad de género diversa y/o con enfermedades crónicas.
En Honduras el 92 por ciento y en Guatemala el 78 por ciento de las mujeres encuestadas indicaron que no participaron o participaron poco en la toma de decisiones durante la emergencia. Esto evidencia la importancia de incrementar los esfuerzos de fortalecimiento del liderazgo de mujeres y el apoyo a organizaciones de mujeres en la preparación y respuesta a las emergencias.
Especialmente las personas solicitantes de asilo y refugio enfrentan desafíos en el acceso a procedimientos legales eficientes, documentación e integración local en las comunidades de acogida, sufriendo estigma y discriminación. Los desafíos que enfrentan los retornados incluyen la imposibilidad de retornar a sus comunidades de origen y limitaciones de apoyo a la reintegración en las mismas.
Las personas desplazadas como consecuencia de las tormentas han visto aumentadas sus vulnerabilidades por las condiciones precarias en algunos albergues debido a la infraestructura inadecuada, el saneamiento y el acceso limitado al agua potable, todos críticos para mitigar el riesgo de infecciones por COVID 19 y otras enfermedades transmisibles endémicas en los países afectados.
Entre las principales razones por las que los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de estos países tienen dificultades para asistir a la escuelan destacan los reducidos recursos económicos de sus hogares, la falta de acceso a dispositivos informáticos y de conexión a Internet, la discriminación y la xenofobia, y la falta de documentación.
Las niñas y niños pequeños con desnutrición aguda, en particular la forma severa, tienen hasta nueve veces más probabilidades de morir que los niños y niñas sin desnutrición56.
Los niños y niñas menores de 5 años tienen necesidades nutricionales muy específicas y nacen con un sistema inmunológico poco desarrollado que les hace vulnerables a las infecciones. como neumonía y diarrea. En contextos de escasos recursos, los niños y niñas pequeños que no son amamantados tienen más probabilidades de morir de neumonía y diarrea que los niños y niñas amamantados55. Los menores que padecen deficiencias de micronutrientes tienen un mayor riesgo de muerte por enfermedades infecciosas y de deterioro del desarrollo físico y mental.
En la región continúa siendo un reto el acceso a la justicia y la denuncia de los crímenes de odio, lo cual genera un subregistro de la violencia contra las personas LGBTIQ+ y enormes desafíos en el levantamiento de estadísticas fieles a la realidad.
Grupo 6: Personas LGBTIQ+ Las personas LGBTIQ+ son afectadas por un alto nivel de riesgos que incluyen diversas formas de violencia, incluida la VBG, explotación sexual, trata, abusos, extorsiones, amenazas y discriminación. Enfrentan además limitaciones en el acceso a servicios integrados además de la falta de servicios especializados de atención de calidad, diferencial y no discriminatoria que aborden desde el enfoque diferenciado e interseccional la respuesta y atención a las personas LGBTIQ+.
Violencia basada en Género  ( VBG ) 
POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA 637K
Durante los últimos diez años, el desplazamiento de El Salvador, Guatemala y Honduras ha aumentado casi 50 veces, pasando de 18.400 personas al final de 2011 a unas 867.800 personas forzadamente desplazadas a finales de 2020.
A finales de 2020, más de 1.500 solicitantes de asilo y refugiados eran acogidos en países de la subregión, principalmente en Guatemala, y se espera que aproximadamente 5.000 personas podrían buscar protección internacional en estos tres países hasta finales de 2022.
En el contexto de desastres y crisis, muchas veces se agudiza la discriminación que padecen  ( las personas con discapacidad )  y se reduce su participación, que luego radica en el acceso inequitativo a la información y a la asistencia humanitaria.
Las personas con discapacidad encuentran múltiples barreras para acceder a los servicios y a la ayuda humanitaria. Entre la población afectada por los huracanes Eta e Iota, las personas con discapacidad reportaron no encontrar condiciones seguras en albergues temporales, ni medidas de cuidado seguro.
Grupo 5: Personas en condición de discapacidad Las personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad en algunos casos dependen de los cuidados de otras personas, al tener dificultades para desplazarse o conseguir ayuda. En general, la prestación de servicios de salud para personas con diferentes discapacidades se ve afectada en contextos de emergencia.
Más de 86.000 denuncias de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes se registraron en Guatemala en 2020, registrándose un aumento en el número de denuncias de violencia, así como en los reportes de mujeres y niñas y niños desaparecidos. En este contexto, resulta preocupante la disminución de solicitudes de protección de seguridad y judicial para mujeres y niñas/os sobrevivientes de violencia, lo cual que pone en evidencia la dificultad de acceso a los servicios esenciales durante la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID 19.
Durante las tormentas Eta e Iota, los servicios esenciales para la atención de sobrevivientes de violencia sufrieron daños y han visto mermada su capacidad de respuesta, situación que limita poner en práctica los protocolos institucionales de atención, hacer efectiva la coordinación, dinamizar las redes de apoyo, brindar insumos y asistencia integral a los casos de violencia.
La falta de servicios especializados por edad, seguros y confidenciales para los sobrevivientes de la violencia de género continúa limitando la posibilidad de los sobrevivientes de buscar ayuda, aumentando los riesgos. Altos índices de impunidad respecto de la violencia de género, en particular para los feminicidios, la violencia sexual practicada, las uniones tempranas, la trata de personas con fines sexuales y la explotación sexual de las mujeres y las niñas generan desconfianza en los mecanismos de prevención y respuesta.
Las mujeres y las niñas del grupo étnico garífuna continúan enfrentando diariamente actos directos de discriminación por su afro descendencia. Las comunidades garífunas no cuentan con mecanismos de respuesta ante sus necesidades, ni servicios de atención a la VBG, por lo que es solamente a través de las organizaciones de mujeres garífunas y defensoras de derechos que se acercan a obtener una respuesta cuando son víctimas y sobrevivientes de VBG.
Entre las barreras para acceder a los servicios de VBG, se destacan algunas problemáticas de fondo entre los diferentes proveedores de servicios asociadas con la revictimización de las sobrevivientes, la debilidad en el sistema de referencias y la ausencia de gestoras de casos, la falta de equipos especializados y mujeres que brinden la atención directa a las sobrevivientes, la desconfianza en el sistema de justicia por parte de las mujeres.
Protección a la Niñez
POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA 601K
Los niños, niñas y adolescentes en el NCA Están expuestos a riesgos ante las distintas manifestaciones de violencia como lo pueden ser la violencia generada por grupos armados, violencia sexual, el incremento de violencia intrafamiliar e institucional presentando un incremento relevante a causa de las condiciones de hacinamiento, pobreza y el cambio de rutina  ( cierre de escuelas como entorno protector )  generado socialmente producto de las condiciones adversas de la pandemia de COVID 19 y las emergencias producidas durante el 2020, como lo fueron los huracanes Eta e Iota.
La violencia sexual, especialmente en niñas y adolescentes, es otra de las necesidades persistentes en los tres países. A modo de ejemplo se puede señalar la situación de Guatemala donde del total de delitos cometidos contra la niñez durante el año 2020  ( que suman 9.089 ) , la mayoría constituye casos graves de maltrato  ( en un 30 por ciento )  y casos de violencia sexual  ( en un 20 por ciento ) .
Esto ha influido en que la niñez incrementa su angustia, miedo a ser separados de sus familias, depresión al no tener un plan de vida, aumentos de las tensiones dentro del hogar, la falta de apoyo emocional a nivel familiar o el aumento de la violencia física, emocional o sexual.
La situación humanitaria por la que atraviesa la niñez y adolescencia se presenta cada día más compleja, al existir en estos países grupos criminales como son las maras o pandillas que buscan el reclutamiento y utilización forzado de niños, niñas y adolescentes para que puedan ser parte de estas estructuras y cometer delitos, como robos, hurto, violaciones y asesinatos al interior y exterior de las comunidades, siendo mayormente afectados los municipios más vulnerables.
NUTRICIÓN POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA 2,3M
Por otro lado, los datos sobre la situación nutricional son escasos o desactualizados ya que la mayoría de las encuestas nutricionales se llevaron a cabo antes del inicio de la pandemia y del impacto de los huracanes, lo que limita la orientación de las decisiones programáticas. El sistema de vigilancia y seguimiento nutricional no tiene las mismas capacidades en los tres países, lo que puede dificultar la identificación y el seguimiento oportuno de los casos de malnutrición.
El vacío también se encuentra en la falta de personal capacitado para realizar intervenciones de nutrición adaptadas a este contexto. Sumado a esto, la falta o la escasez de suministros de nutrición especializados, como el equipo antropométrico y productos de nutrición, ponen en riesgo la identificación oportuna de casos de desnutrición, la prevención y el tratamiento de la desnutrición.
En Guatemala, Honduras y El Salvador, diferentes formas de malnutrición están presentes en la población. La desnutrición crónica  ( retraso en el crecimiento )  es niños y niñas menores de 5 años sigue siendo una de las principales preocupaciones de salud pública y desarrollo en estos países  ( por ejemplo, en Guatemala el 46.5 por ciento de la población menor de 5 años tiene desnutrición crónica, ENSMI 2015, ocupando el primer lugar de la región con este problema ) .
Seguridad Alimentaria 
POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA 3.45 M
Es importante destacar que entre los sectores más afectados por esta inseguridad alimentaria son los pequeños productores y jornaleros, dado que no cuentan con los adecuados mecanismos de protección social y por tanto están expuestos a los diferentes factores externos, como son los efectos climáticos y/o cambios de los precios de mercado.
En Guatemala, se estima que en 2021 al menos 174.000 personas necesitan asistencia alimentaria de emergencia  ( Fase 4 ) , dado que no cuentan con los ingresos mínimos para la cobertura de sus necesidades alimentarias diarias, adicionalmente, al menos 3,3 millones de personas  ( Fase 3 )  necesitan asistencia alimentaria complementaria durante 2021.
Reciente Análisis Rápidos de Género indican que el 50 por ciento en Guatemala y el 47 por ciento en Honduras de las mujeres participantes no tenían alimentos asegurados porque perdieron sus granos y cosechas, o no tienen dinero.
Agua, Saneamiento e Higiene POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA 1,06M
Las reparaciones precarias de las redes parcialmente afectadas  ( por Eta e Iota )  para reestablecer un servicio mínimo vuelven a dañarse rápidamente dado la incapacidad de “build back better' de la comunidad/municipalidad.
Según el Análisis Rápido de Género, tan sólo el 35 por ciento de mujeres en Honduras y el 31 por ciento en Guatemala afirmó tener acceso a agua potable permanentemente.
A nivel de saneamiento, el paso de Eta/Iota/Amanda/Cristóbal dañó o destruyó infraestructuras de saneamiento domiciliares e institucionales aumentando, en consecuencia, la práctica de defecación al aire libre, los riesgos de protección para mujeres, niñas y adolescentes y el deterioro de su dignidad y acceso a materiales y servicios de higiene y salud menstrual.
Las familias que utilizaban pozos que se inundaron no cuentan con equipos para bombear los lodos de las inundaciones y cuentan ahora con agua contaminada.
Salud POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA 930K
En los tres países del NCA se reporta un marcado desgaste de insumos, medicamentos y recursos esenciales para poder hacer frente a otras enfermedades endémicas en estas regiones y que, de no mantenerse bajo control, generarán una nueva emergencia en salud pública.
Se evidencia la interrupción de los servicios en todas las áreas prioritarias de salud: salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente; enfermedades no transmisibles; enfermedades tropicales desatendidas; enfermedades transmisibles, inmunización y servicios para trastornos de salud mental, neurológicos y por uso de sustancias85.
De acuerdo con los Análisis Rápidos de Género realizados en Guatemala y Honduras, los principales problemas de salud que se han presentado tanto mujeres como hombres de las comunidades afectadas son problemas broncopulmonares, resfríos y otros similares; así como problemas de diarrea, infecciones estomacales y otros.
Los sectores productivos fueron los más afectados por la pandemia  ( Turismo, Industria, Comercio y Agricultura )  y volvieron a ser impactados por las tormentas, particularmente el sector agrícola.
Los salarios promedio de los trabajadores cotizantes experimentaron una gran reducción en períodos de al menos 6 meses con empleos formales perdidos en el sector privado aumentando el número de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema monetaria.
La fragilidad de la infraestructura escolar y la escasa preparación ante emergencias de las comunidades supone también un desafío considerable en los países del NCA. Los tres países han reportado que la inversión en infraestructura escolar, y en general, en el sector educativo, es en la mayoría de los casos insuficiente, lo que a su vez no solo limita la calidad y la pertinencia de la educación, sino también la calidad de la respuesta a las emergencias de la comunidad educativa, cuando las escuelas no cuentan con infraestructuras escolares adecuadas, incrementa la inseguridad y la exposición al peligro de los NNA.
En Guatemala, sólo un 17 por ciento de los hogares tiene acceso a internet, equipos y conectividad, mientras que, en El Salvador solo el 23.35 por ciento de los hogares tienen acceso a internet fijo.
Educación POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA 178,6K
Se ha estimado que la afectación a NNA en edad escolar entre Guatemala y Honduras, países más golpeados por estos eventos, fue de 2.698.828, equivalente al 38 por ciento de la población infantil de ambos países, según estimaciones realizadas con base a la tasa de afectación oficialmente informada y proporción de población entre 3 y 18 años de ambos países.
El cierre de escuelas limitó o imposibilitó en muchos casos el acceso a la nutrición escolar, que en los países de NCA es un programa regular, aumentando muchas veces la brecha en las necesidades de la población en condiciones de inseguridad alimentaria.
Por otro lado, se ha producido un incremento de número de NNA en situación de vulnerabilidad, incluyendo NNA con discapacidad, migrantes y refugiados, niñas, indígenas, etc. En Guatemala, las tormentas causaron un incremento en la migración de menores no acompañados, poniendo en riesgo su continuidad educativa y su vida. Además, en el caso de los NNA migrantes y refugiados indocumentados, la ausencia significativa de marcos o mecanismos para el reconocimiento, la validación y la acreditación de los resultados del aprendizaje no formal e informal constituye una de las barreras principales de acceso a la educación en los países de acogida.
Alojamiento de emergencia: POBLACIÓN EN NECESIDAD GUATEMALA 254,1K
De acuerdo con el Análisis Rápido de Género, el 73 por ciento de las mujeres entrevistadas manifestó que su vivienda sufrió un daño moderado o severo en Honduras, mientras que en Guatemala 81 por ciento indicaron que hubo daños de diferente magnitud en sus viviendas.
Debido a las condiciones deterioradas de los albergues colectivos se requiere mejorar los espacios con ventilación, iluminación, saneamiento, acceso para silla de ruedas y equipamiento básico. Existe una necesidad de adecuación de albergues colectivos en las zonas con importante número de desplazados internos que se encuentran en asentamiento espontáneos en precarias y riesgosas condiciones.
En los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, Santa Rosa y Zacapa unas 300.000 familias vieron afectado su entorno habitacional y productivo. Se reportaron daños en cultivos de granos básicos, hortalizas y cultivos industrializables debido a lluvias y vientos provocados por las tormentas Eta e Iota. En estos departamentos, se estima un área dañada de 136,761.20 hectáreas y 204.500 familias afectadas. La estimación de la pérdida económica asciende a US$115 millones. Los cultivos más afectados fueron maíz, frijol, plátano, banano, tomate, cebolla y brócoli, sumando daños en cardamomo y café.
Mientras tanto, el flagelo de la desnutrición aguda, en el marco de un país con la mitad de sus niños y niñas con desnutrición crónica, ha aumentado considerablemente de unos 13.500 casos anuales en 2013 a 28.000 en 2020, alcanzando 13.930 casos al 30 de mayo 2021  ( Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SIISAN ) .
Por otro lado, la falta de acceso a los servicios de salud y nutrición ha limitado el acceso a la suplementación en micronutrientes, especialmente en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. También ha limitado el apoyo a las familias a adoptar prácticas adecuadas de alimentación de los lactantes y niñas y niños pequeños, especialmente la lactancia materna y la alimentación complementaria  ( en mayores de 6 meses ) .
Más del 80 por ciento de los hogares indica depender de alimentos menos costosos y el 50 por ciento limitar el tamaño de la porción.
En la población escolar se encuentran porcentajes más altos en niños y niñas de origen indígena y en aquellos que habitan en áreas rurales, donde los índices de desnutrición crónica alcanzan el 80 por ciento  ( entre la población maya ) . Las poblaciones indígenas son las que están más afectadas por la desnutrición crónica  ( 61 por ciento, llegando en algunos casos hasta 78 por ciento ) , y en consecuencia también tienen mayor probabilidad de presentar desnutrición aguda debido a un sistema inmunológico débil y poco desarrollado debido a la desnutrición crónica.
En Honduras, las poblaciones que sufrieron las mayores pérdidas y los daños más severos a las viviendas habitan en los municipios más pequeños del país, específicamente en el Valle del Sula y sus inmediaciones. Habitan sobre todo en las áreas rurales y en aquellas periféricas de las ciudades grandes. Una situación similar se registró en Guatemala, donde las familias que vivían en condiciones ya vulnerables fueron las más afectadas. Estas personas se encontraban ya en situaciones de vulnerabilidad, debido a la precariedad de las construcciones, la ubicación en zonas de riesgo, muchas veces no mitigable y muchas veces, una situación de tenencia incierta.
El índice global de la brecha de género para Guatemala en 2020 debido a las crisis se situó en 0.666 colocando al país en el puesto número 113 de los 153 países del ranking,  ( puesto 107 en 2018 ) . Este retroceso significa mayores brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en términos de participación económica y oportunidades, salud, educación, economía y participación política, así como la forma en que se están distribuyendo sus recursos y oportunidades.
Estos factores han resultado en una ingesta alimentaria reducida y un mayor riesgo de infecciones lo que conduce a la desnutrición aguda, y aumenta el riesgo de muerte, en particular en los más vulnerables del punto de vista nutricional: la niñez menor de 5 años, especialmente la menor de 2 años y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Esto se suma a la desnutrición crónica, particularmente alarmante en Guatemala: el 46.5 por ciento de la población menor de 5 años tiene desnutrición crónica, ENSMI 2015, ocupando el primer lugar de la región
En el departamento de Jutiapa, como ejemplo, hay más de 25.000 personas que no tienen acceso a servicios de agua, de los que el 41 por ciento son NNA y el 52 por ciento son mujeres.
De acuerdo con el informe de daños de CEPAL, unos 41 municipios sufrieron afectaciones en sus sistemas de provisión de agua  ( información provista por la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM ) . El daño en la infraestructura de servicios de agua afectó al 75 por ciento de los sistemas y con diferentes grados de afectación. En el departamento de Quiché fueron afectados los municipios del área norte, incluida el área Ixil. La población que predomina en esa área afectada pertenece a 3 grupos étnicos como son k'iche, ixil, y uspanteco. En Izabal por ser el departamento más cercano al Atlántico, sufrió los embates de Eta e Iota de manera directa, afectando la infraestructura de los sistemas WASH. En este departamento, personas de población mestiza, q'eqchi' y garífuna se vieron impactadas severamente inundando grandes extensiones de tierra, colapsando sistemas de agua potable, y anegando los pozos de abastecimiento de agua domiciliarios y comunales. Estos impactos afectaron seriamente las condiciones de vida de la población.
Las evaluaciones EDAN de salud diagnosticaron 237 centros de salud afectados  ( el 45 por ciento con daños menores, 43 por ciento con daños mayores y 12 por ciento con destrucción total ) , en su mayoría centros de salud que prestan servicios de salud primarios.
Las mujeres en riesgo y sobrevivientes de VBG no cuentan con suficiente información sobre sus derechos, cómo acceder a las rutas de denuncias o cuáles son los mecanismos de protección existentes. Las niñas y adolescentes que, debido a la pérdida de sus hogares, están alojadas con familiares o vecinos están expuestas a mayores riesgos de VBG.
En 2021, a la Semana Epidemiológica 20, el MSPAS reporta 13.387 casos acumulados de niñas y niños menores de 5 años, de los cuales el 26.4 por ciento corresponde a desnutrición aguda severa y el 73.6 por ciento a desnutrición aguda moderada; el 72 por ciento son menores de 2 años de los cuales el 9.3 por ciento corresponde a menores de 6 meses, indicando la severidad de la situación.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM ) , 151.201 personas fueron retornadas desde México y Estados Unidos entre 2019 y 2020. La mayor parte de estas personas pertenecen a los departamentos occidentales, con mayoría de población indígena, y a lo largo del cinturón de pobreza. La DTM elaborada por la OIM con 2.101 personas retornadas en el marco de la COVID 19, resalta que el 64.1 por ciento 
ha migrado por razonas económicas, un 9.1 por ciento por reunificación familiar, un 3.3 por ciento por algún tipo de violencia y un 0.4 por ciento por discriminación por diversidad sexual. Adicionalmente, la encuesta reporta que un 5.9 por ciento ha experimentado desplazamiento debido a la violencia generalizada y un 3.5 por ciento de las personas retornadas manifiesta que no puede regresar a su comunidad de origen ya que “sus vidas corren peligro'.
La tasa de embarazos en adolescentes es una señal alarmante de la VBG en este grupo poblacional. La región registra cifras preocupantes de embarazos de niñas y adolescentes, incluyendo más de 98.068 embarazos de niñas y adolescentes reportados en El Salvador entre los años 2015 y 201970, mientras que Honduras registra la tasa de embarazos forzados o tempranos más altas de la región  ( 1 de 4 adolescentes entre los 15 y 19 años ha tenido su primer parto o se encuentra embarazada ) 71. En Guatemala, los datos disponibles revelan que enero y agosto de 2020 se registraron 11 embarazos cada día en niñas cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14 años, y 10 embarazos cada hora en adolescentes entre los 15 y los 1972.
Muchas mujeres y niñas y adolescentes migrantes, refugiadas y retornadas se enfrentan a la pérdida de medios de vida y autonomía económica, barreras de acceso a derechos como salud y salud sexual y reproductiva, trabajo, educación, protección, información y justicia, así como a manifestaciones específicas de violencia de género  ( sexual, física y psicológica )  en el tránsito y los lugares de destino. Esta situación se agrava ante factores  ( como la falta y/o de desconocimiento de redes de apoyo y de servicios sociales básicos, y la irregularidad en su condición migratoria y falta de documentación )  que incrementan la vulnerabilidad y el riesgo de las mujeres migrantes ante la violencia de género, lo cual las limita para acercarse a la protección del estado y al acceso a servicios esenciales en casos de violencia51.
Históricamente, la fecundación y la tasa de nacimientos entre adolescentes en la región ha sido alta y sin mayores cambios debido a las altas tasas de VBG, a los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas  ( aproximadamente uno de cada tres embarazos en los países de NCA son en adolescentes ) .
Las mujeres en edad reproductiva representan alrededor del 25 por ciento de la población en necesidad contando con necesidades específicas en salud sexual y reproductiva, y la población adolescente en particular requiere una especial atención. Las necesidades insatisfechas en planificación familiar se incrementaron al 24 por ciento en Honduras, 15 por ciento en Guatemala y 17 por ciento en el Salvador. Se estima que entre el 2,3 al 4 por ciento de la población en necesidad está en situación de embarazo.
Entre las diversas poblaciones indígenas del NCA, un 44 por ciento de personas en Guatemala se autoidentifican como indígenas, en Honduras el 7 por ciento y en el Salvador menos del 1 por ciento.
Los indicadores de desarrollo de estos grupos son, en términos generales, inferiores a las medias nacionales, lo que suscita una mayor vulnerabilidad al surtido de riesgos que existen en el NCA, y una dificultad mayor para acceder a la asistencia humanitaria, a la recuperación y al desarrollo. Las mujeres indígenas son el grupo poblacional que muestra mayores situaciones de desigualdad en todos los indicadores socio económicos. Por ejemplo, aunque casi la mitad de la población en Guatemala es indígena, los esfuerzos de vacunación contra la COVID 19 se han concentrado en personas ladinas y que viven en las áreas urbanas, mostrando cómo la respuesta está influenciada por discriminaciones existentes pre COVID 19.
En el caso de Guatemala el Índice de Desarrollo Humano es de 0.666, y el de Desigualdad de Género es de 0.481, generando una brecha de género de 27.5 por ciento.
Casi 8 de cada 10 personas en la población rural de Guatemala vive en situación de pobreza.
Existe una deficiencia similar en los servicios de agua potable y saneamiento, incluso en zonas urbanas hacinadas. En Guatemala, la mayoría de las 917.000 personas en unos 307 asentamientos precarios requieren mejor acceso a estos servicios.
Guatemala registró más de 8.200 delitos cometidos contra la niñez, siendo la mayoría casos de maltrato o de violencia sexual.
Los Análisis Rápidos de Género realizados en Honduras10 y Guatemala11 llaman la atención sobre los efectos adversos específicos {provocados por la pandemia} en mujeres en cuanto al empeoramiento de la calidad de vida y el incremento de la pobreza, el mayor desempleo, trabajo informal y trabajo de cuidados no remunerado y su desprotección social asociada, así como mayor migración y desplazamiento, junto con la pérdida de ingresos y medios de vida, incremento de limitaciones para acceder a servicios como salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, educación, agua, saneamiento e higiene y albergues.
Posterior a sus formaciones históricas que marcaron la primera vez que dos huracanes de categoría 3 o mayor se formaran en la cuenca del Atlántico en un noviembre, los huracanes Eta e Iota tocaron tierra como tormentas de categoría 4 en las costas nororientales de Nicaragua con menos de dos semanas de diferencia, ambas siguiendo una trayectoria prácticamente idéntica por encima del norte de Honduras y partes de Guatemala. Con vientos de hasta 240 km/h y lluvias de hasta 600 mm, estas tormentas dejaron al menos 5,3 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria tras provocar una destrucción generalizada que sigue exacerbando las vulnerabilidades endémicas en estos países.
Los hogares agrícolas han tenido dificultades para acceder a insumos, mermando su capacidad productiva para el autoconsumo y comercio y elevando su inseguridad alimentaria.
Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno  ( IDMC ) , las consecuencias de Eta e Iota impulsaron gran parte de los 1,2 millones de personas desplazadas por los efectos de un fenómeno de origen natural en Honduras  ( 937.000 desplazamientos nuevos )  y Guatemala  ( 339.000 ) 31. Estas cifras sin precedentes que ubicaron a estos países como dos de los cuatro países en América Latina y Caribe con más nuevos desplazamientos por desastres en 2020.
La reducción de actividades comerciales y productivas disminuyó la recaudación tributaria, que de por sí ya es baja en los tres países. Por lo tanto, la reducción de las inversiones públicas en los programas de carácter social llevó a una reducción de capacidades en las mismas, debilitando redes de protección social o llevando a la descontinuación de programas puestos en marcha para mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia.
Según encuestas sobre los servicios de salud para febrero marzo 2021, las principales limitaciones que enfrenta el primer nivel de atención incluyen brechas de recursos humanos y la falta de incentivos, escasez de medicamentos, suministros, equipo de protección personal  ( EPP ) , logística para investigar casos, rastrear contactos y realizar pruebas, triaje, atención domiciliaria, administración de centros de llamadas y consultas por remoto.
Eta e Iota luego dejaron a más 630 centros de salud en el NCA con daños a infraestructura, reduciendo aún más las capacidades de los sistemas.
Su acceso a servicios de salud mental es menor, con un 94 por ciento de mujeres en Honduras y un 84 por ciento en Guatemala que señalaron que no tienen acceso a estos servicios.
Eta e Iota dejaron una fuerte caída en el acceso a servicios seguros de agua, saneamiento e higiene  ( WASH, por sus siglas en inglés )  que ha puesto a prueba las capacidades limitadas de los proveedores en restaurarlas.
Al inicio de la emergencia, las familias en albergues quedaron sin acceso a servicios adecuados de WASH, aumentando el ya alto riesgo antes la COVID 19 y brotes de enfermedades transmitidas por agua. Esta vulnerabilidad es desproporcionadamente más alta en niños y niñas menores de cinco años.