nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
I. 1. Conflicto y Ataques contra civiles: La dinámica económica del departamento es un tema de bastante complejo. De un lado, no se han dejado las economías ilegales como la minería ilegal sobre el río Caquetá  ( que causa envenenamiento a los peces y por lo tanto pone en riesgo la seguridad alimentaria en la región )  y especialmente los cultivos de ilícitos  ( los cuales se han replantado en algunas zonas priorizadas por PNIS como el municipio de la Montañita13 ) , mientras que los operativos de erradicación forzada son cada vez más comunes, ya que las comunidades denuncian incumplimiento de lo pactado en este programa
5. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género  ( VBG ) : los datos recolectados por la Policía Nacional20 indican que la violencia de género, especialmente representada en la violencia intrafamiliar, ha tenido una tendencia decreciente en los últimos tres años, pasando de 538 casos en 2017 a 478 en 2019 y 111 casos en el primer semestre de 2020. La violencia sexual evidenció aumento entre 2017 y 2018, pasando de 374 casos en 2017, a un repunte de 438 en 2018, finalmente bajó a 340 en 2019, y 105 en el primer semestre de 2020. Estos resultados reflejan problemas en las políticas de VBG, las cuales no han logrado disminuir los actos de violencia sexual, y mantienen en una alta cantidad la violencia intrafamiliar.
Aunque se han realizado campañas de difusión sobre medios para acceder a los servicios, la recepción de casos es baja. Lo anterior evidencia las limitaciones de las mujeres incluso para hacer efectivas las denuncias.
En Colombia, desde la confirmación del primer caso de COVID 19 en el país11 y hasta el 14 de septiembre de 202012, fueron notificadas 2.726 mujeres embarazadas, incluidas 40 defunciones  ( 2%, 32 muertes maternas tempranas y 8 muertes maternas tardías )  en las que se confirmó la infección por SARS CoV 2. En orden decreciente, las entidades territoriales con más casos de embarazadas con COVID 19 son: Distrito de Bogotá  ( 737 casos ) , Antioquia  ( 364 casos ) , Valle de Cauca  ( 207 casos ) , Distrito de Barranquilla  ( 137 casos ) , Cundinamarca  ( 115 casos ) , Santander  ( 115 casos )  y Atlántico  ( 100 casos ) . Con relación a las características de las embarazadas con COVID 19, el 54% del total de casos tienen entre 20 y 29 años, distribuidos de la siguiente manera: 20 a 24 años con 634 casos y 25 a 29 años con 833 casos. Con relación a la edad gestacional cuando fue pesquisada la enfermedad, 1.364 cursaban el tercer trimestre, 818 el segundo trimestre, 262 el primer trimestre y para 282 no se contaba con información. Del total de casos, 94% fueron asintomáticas, 12% fueron hospitalizadas y 1% fueron admitidas en una Unidad de Cuidados intensivos. Hasta el 14 de septiembre de 2020, se notificaron 455 recién nacidos positivos a SARS CoV 2, incluidas 3 defunciones por otras causas no COVID 19.
En Colombia, entre el 1 de marzo y el 11 de septiembre de 2020, se notificaron 9.607 casos confirmados de COVID 19 en personal de salud, incluyendo 65 fallecidos y 9.385 recuperados. Del total de casos confirmados, 646  ( 7% )  fueron asintomáticos. Las Entidades Territoriales que notificaron mayor proporción de casos de COVID 19 fueron Bogotá D.C  ( 29% ) , Valle de Cauca  ( 23% ) , Antioquia  ( 9% ) , Distrito de Barranquilla  ( 6% )  y Distrito de Cartagena  ( 4% ) . Del total de casos confirmados 66%  ( 6.355 casos )  desarrollaron la infección posterior a la exposición asociada a la prestación de servicios de salud, 15%  ( 1.486 casos )  en el entorno comunitario, 0,4%  ( 44 casos )  fueron importados y en 17%  ( 1.657 casos )  la exposición fue indeterminada. La mayor proporción de casos se observó entre auxiliares de enfermería  ( 33% ) , médicos  ( 15% )  y enfermeros  ( 12% ) .
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a través del Observatorio Colombiano de las Mujeres, presenta un análisis sobre el comportamiento de las llamadas recibidas a través de la línea 155: “se recibieron 5.192 llamadas efectivas  ( en promedio 52 diarias )  en el periodo comparable de 2020 se recibieron 11.959  ( en promedio 119 diarias ) , es decir que el número de llamadas aumentó en 130%, ya que escaló en 6.767 llamadas respecto de 2019'.
El 2 de agosto, en zona rural de la Gabarra, Norte de Santander, masacraron a seis campesinos. El 12 de agosto, en Llano Verde, Cali, masacraron a cinco niños. El 13 de agosto, en Corinto, Cauca, masacraron a dos indígenas. El 15 de agosto, en Samaniego, Nariño, masacraron a ocho estudiantes.
El 18 de agosto, en el resguardo indígena Pialapí, en Pueblo Viejo, masacraron a tres indígenas. El 21 de agosto, en el Tambo, Cauca, masacraron a seis campesinos. El 21 de agosto, en Arauca, masacraron a cinco campesinos. El 22 de agosto, en zona rural de la Guacamaya en Llorente, Tumaco, masacraron a seis campesinos. El 26 de agosto, en la vía que comunica los municipios de Ocaña y Ábrego en Norte de Santander, masacraron a tres jóvenes. El 28 de agosto, en los Andes, Antioquia, masacraron a tres jóvenes.
El primer caso de COVID 19 fue reportado en Colombia el 6 de marzo del 2020. Desde ese entonces, el gobierno ha implementado una serie de medidas de contención para mitigar la propagación de la enfermedad y fortalecer el sistema de sanidad pública colombiano. Las medidas de contención en sí, han tenido un impacto secundario afectando las necesidades humanitarias entre los grupos de población más vulnerables.
• La falta de presencia del Estado exacerba las necesidades humanitarias, debido al poco acceso a servicios básicos, a garantías de un mínimo vital, y a la falta de atención de rutas ante diferentes tipos de violencia, incluyendo las Violencias Basadas en Género  ( VBG )  cuyas principales víctimas son niñas y mujeres adolescentes. Esta situación se da sobre todo en las zonas rurales del departamento.
• Tras la firma del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  ( FARC EP )  y el Gobierno Nacional se esperaba un alivio humanitario en el Meta, sin embargo, durante 2018 y 2019 se evidenció una consolidación por de grupos disidentes de las antiguas FARC EP y otros grupos armados organizados, sumado a un aumento de las acciones armadas y atentados terroristas en el territorio.
• La temporada de lluvias desencadenan emergencias humanitarias causadas por las crecientes súbitas de los ríos. El riesgo por inundaciones durante la temporada de invierno esta presente en el 55% del territorio departamental. Además, los incendios forestales tienen un riesgo moderado y alto en cuanto a ocurrencia, es posible que se presenten en el 90 por ciento del territorio departamental. Dichas situaciones de desastres naturales han causado afectaciones graves y recurrentes a la población del departamento del Meta10.
Las medidas gubernamentales Siguiendo la detección de los primeros casos de COVID 19 en Colombia, el gobierno nacional y local, implementó una serie de medidas de contención para frenar la transmisión del coronavirus en el país. Estas incluyen, la detención de entrada y una reducción de contacto humano dentro del país.
Más allá de disminuir la transmisión del virus en Colombia, estas medidas han tenido un impacto secundario significante, particularmente en los grupos de poblaciones vulnerables como los refugiados y migrantes venezolanos, colombianos retornados desde Venezuela, desplazados internos  ( IDPs ) , comunidades anfitrionas, comunidades indígenas y hogares con bajos ingresos. Las medidas gubernamentales implementadas a través de la región también han llevado a que algunos venezolanos regresen a Venezuela. Reducir el impacto de las medidas restringentes en los grupos de poblaciones vulnerables, será crucial para asegurar su bienestar a lo largo de la duración de estas.
Las restricciones gubernamentales han tenido un impacto significante en la capacidad de la población a desarrollar actividades para su sustento. La cuarentena nacional ha afectado particularmente personas sin contratos formales de trabajo como trabajadores temporales y vendedores ambulantes, ya que muchos no pueden continuar las actividades que generan sus ingresos.
• Preocupa la persistencia del subregistro de los hechos victimizantes en el marco del conflicto, debido a la no declaración de los hechos y las decisiones de no inclusión basadas en la extemporaneadad y la falta de pruebas de los hechos.
A May 2020 survey of Venezuelan refugee and migrant households found that 26% of households were consuming three meals or more per day, though 69% indicated they had been able to consume three meals per day prior to the crisis. At the same time, 15% of households reported consuming only one meal per day, with only 2% reporting pre crisis consumption of one meal per day  ( GIFMM 17/07/2020 ) .
Desplazamiento Forzado: Durante el primer semestre del 2020 se presentó un desplazamiento forzado por hechos de violencia armada en el municipio de Mesetas, vereda El Vergel, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación  ( ETCR )  El Diamante. El hecho ocurrio debido a que 15 personas que dirigen un proyecto productivo silvopastoril fueron amenazadas por los grupos disidentes de las FARC EP. Según el monitoreo que se realiza desde el ELC, las personas desplazadas no tienen necesidades humanitarias urgentes, pues poseen renta básica y sus requerimientos son en relación a la implementación de los proyectos productivos y a medidas de protección. Agencias del ELC Meta Guaviare como la UNVMC han coordinado esfuerzos con autoridades locales como la Gobernacion del Meta, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización  ( ARN )  y la Fuerza Publica para atender el desplazamiento y designar un nuevo terreno para el proyecto en el departamento del Meta o inclusive fuera de éste.11 Se destaca que, durante el segundo semestre de 2019 no se presentaron emergencias de desplazamientos masivos en el departamento. Sin embargo, según cifras oficiales de la UARIV12 se presentaron 1.258 víctimas, el 96% de los desplazados son campesinos sin pertenencia étnica  ( sólo 28 son afrocolombianos, 26 indígenas y 1 raizal ) . Aunque la afectación por sexo es similar  ( 45.7% hombres, 54.2% mujeres y 0,1% LGBTI ) , preocupa la afectación en menores de edad que representan el 45.2% de las personas desplazadas  ( 568 NNA ) , quienes ven interrumpidos sus procesos educativos y de socialización comunitaria. Los desplazamientos individuales de 2019 se dieron en 23 de los 29 municipios del departamento, no obstante, 5 de estos concentraron el 47.9% de los eventos  ( La Macarena, Puerto Rico, Vistahermosa, Puerto Gaitán y Granada ) . Por la dispersión de los desplazamientos individuales, es difícil para el sector humanitario medir el impacto de este fenómeno, sobre todo en la capital departamental, principal municipio afectado por expulsión. Las principales causas de este hecho victimizante en zonas rurales son las amenazas, agresiones contra líderes sociales, homicidios selectivos y reclutamiento forzado. Algunas organizaciones del ELC como el Consejo Noruego para Refugiados  ( NRC ) , Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM ) , Pastoral Social y desde el Consorcio MIRE13, hacen seguimiento y atención a los casos de desplazamiento cuando son remitidos por la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales.
Continúan las afectaciones a población étnica por cuenta de las acciones de control territorial de los GAO. Preocupa, la recurrencia de hechos victimizantes como amenazas y homicidios en personas protegidas y emergencias humanitarias como desplazamientos y confinamientos en el Litoral del San Juan y Alto Baudó  ( durante los últimos 15 días )  que agravan la posibilidad de acceso a salud, alimentación y educación de las comunidades.
la emergencia sanitaria por COVID 19 En el marco de incrementaron los retornos hacia Venezuela. Una de las rutas más concurrida por los refugiados y migrantes con intención de retornar ha sido la ruta 55, en la cual se ha evidenciado una alta afluencia de personas en tránsito  ( en promedio 1.500 caminantes al mes, según se evidenció durante el mes de junio1 ) , que no cuentan con acceso a servicios básicos y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Desde el GIFMM de Santander se han identificado necesidades humanitarias en alojamiento, agua y saneamiento, protección, salud y seguridad alimentaria y nutrición.
3. Mujeres y Niñas ante la discriminación y Violencia Basada en Género  ( VBG ) : Según los reportes de la UARIV, en el año 2019, los hechos que generaron mayor afectación en las mujeres fueron el desplazamiento forzado  ( 264 víctimas )  y las amenazas  ( 69 víctimas )  adicionalmente dos mujeres declararon delitos contra la integridad sexual en el marco del conflicto, en Calamar y San Jose del Guaviare25. Por su parte, durante el periodo junio de 2019 a junio de 2020 la Policía registró 207 casos de delitos sexuales, de los cuales, 63 casos fueron de acceso carnal abusivo o acto sexual violento con menor de 14 años; del total de víctimas  ( 122 personas ) , el 84% son de sexo femenino y el 82% son niñas; San José del Guaviare fue el municipio más afectado con el 84% de las víctimas, seguido de El Retorno  ( 11% ) 26. Se conoce sobre denuncias que han realizado miembros de comunidades indígenas  ( Nukak Maku ) , sobre el acoso por parte de miembros del Ejercito Nacional a las mujeres y niñas de la comunidad, y que las mujeres no se pueden quedar solas en sus casas debido a la presencia de los soldados en zona rural del municipio de San Jose del Guaviare, corregimiento Charras27. Adicionalmente, esta comunidad tambien mencionan sobre regalos por parte del ejército  ( desodorantes o cigarrillos )  a las niñas, para acceder a ellas y cometer actos de violencia sexual28. La falta de denuncia por estos casos representa un reto para los miembros del ELC, ya que a pesar de ello, las agencias y organizaciones mantienen un acompañamiento a los casos de violaciones de derechos humanos que se presenten en la zona o situaciones que puedan generar este tipo de delitos graves.
6. Confinamiento, restricciones y Acceso Humanitario Las manifestaciones más comunes de limitaciones y restricciones a la movilidad son los llamados “paros armados' convocados por el ELN y las Disidencias de las FARC EP, los cuales generan un gran impacto humanitario multisectorial. Sin embargo, no son los únicos, en ocasiones los grupos armados bloquean las vías e impiden el tránsito por horas. Según el monitoreo de OCHA, durante 2019 se registraron 23 bloqueos de vías, siendo Saravena el municipio con mayor número de eventos, seguido por Arauquita y Fortul11
1. Minas Antipersonal  ( MAP )  y Explosivos Remanentes de Guerra  ( ERG ) : En el período reportado, OCHA registró 2 eventos por Artefacto Explosivo Improvisado  ( AEI ) , 1 fue instalado por actores desconocidos en la vereda La Catalina del municipio de La Macarena durante el periodo de elecciones locales; a causa del evento 2 miembros de las Fuerzas Militares resultaron heridos; el segundo suceso ocurrió cuando un grupo armado atacó una patrulla militar en el municipio de Vista Hermosa, vereda Tercer Milenio. Por otra parte, se reportaron 8 casos de explosivos y municiones encontrados en los municipios de Villavicencio, Puerto Concordia, Puerto Lopez, Lejanias, La Macarena y Vista Hermosa, siendo este ultimo municipio el más afectado.por este hecho de violencia. El Meta es el segundo departamento con mayor afectación en Colombia por minas antipersonal y el municipio de Vista Hermosa es el municipio más afectado por dichos artefactos a nivel nacional. Históricamente, en el Meta 1.140 personas han sido víctimas de MAP o MUSE. Según la categorización por afectación de Minas Antipersonal  ( MAP )  los municipios del departamento que se encuentran en Categoria 1, con mayor riesgo son: Vista Hermosa, Cubarral, El Castillo, Granada, La Macarena, Lejanias, Mapiripan, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico y Uribe14. En el Meta operan diferentes grupos armados organizados incluyendo grupos disidentes de las FARC EP  ( Frente 7º, Frente 1º, Frente 16 Acacio ) , El Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, situación que aumenta la probablidad de contaminación por MAP y MSE15.
Se establecieron algunas excepciones al cierre de la frontera para las emergencias sanitarias. Se ha permitido a los migrantes pendulares que viven en los municipios fronterizos de Venezuela cruzar a Colombia con el fin de recibir atención sanitaria de emergencia
s comunidades presentan un alto riesgo de reclutamiento, así como también de desplazamiento, causado por amenazas de los grupos armados. El ELC tuvo conocimiento que, en julio de 2019, 16 indígenas integrantes de las Disidencias se entregaron al Ejército, de los cuales seis eran menores de edad. Un mes después, el Ejército rescató a un niño Hitnü de 2 años, quien había sido retenido por las Disidencias para obligar a sus padres a permanecer en este grupo.
Muchos venezolanos y colombianos pobres dependían de los comedores de beneficencia para sus alimentos diarios antes de la cuarentena. Muchos de estos comedores de beneficencia cerraron por las restricciones en el número de personas permitidas por evento, reduciendo así el acceso de esas personas a la comida
3. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género  ( VBG ) : Durante el periodo julio 2019 – junio 2020, la Policía reportó 796 casos de delitos sexuales  ( 907 víctimas )  en 28 de los 29 municipios del departamento de Meta; de estos, 427 casos fueron de acceso carnal abusivo o acto sexual violento con menores de edad. El 86% de las víctimas fueron de sexo femenino y 54% fueron mujeres menores de edad. Villavicencio concentra el 47% del total de delitos sexuales reportados contra mujeres del departamento; Granada, Acacías y San Martín son otros de los municipios más afectados. Preocupa la situación de niñas y mujeres en actividades de explotación sexual o prostitución, pues la Policía reportó 30 mujeres, víctimas de delitos de explotación sexual y pornografía en el departamento, el 59% de estos casos en Villavicencio19. En tema de violencia sexual se evidencia subregistro, negación de atención institucional en zonas fronterizas con Guaviare, dificultad de acceso a rutas de atención en zonas rurales, falta de presencia institucional y mala calidad en la atención.
2. Niños, Niñas y Jóvenes en conflicto armado: Ante la UARIV, 777 menores  ( 49% niños y 51% niñas )  fueron víctimas de hechos victimizantes durante el año 2019, representando el 40% de las víctimas totales del departamento. Los hechos victimizantes de mayor afectación a NNA fueron desplazamiento  ( 84% )  y amenaza  ( 15% ) . Del total de menores víctimas en el departamento, 14 son indígenas  ( 12 desplazados y 2 amenazados )  y 18 afrodescendientes  ( 14 desplazados y 4 amenazados ) 16. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los municipios de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán los NNA están mayoritariamente expuestos a ser inducidos al consumo e instrumentados para la distribución de estupefacientes, de tal forma que, muchas veces terminan siendo víctimas de los homicidios selectivos como consecuencia de las disputas por las líneas de microtráfico, entre las bandas delincuenciales vinculadas a ésta actividad ilícita. Por otro lado, pese a que no existen cifras oficiales de reclutamiento de menores, líderes veredales han denunciado la presencia de individuos encargados de crear redes de apoyo a grupos disidentes de las FARC EP a partir de la vinculación de menores de edad17. Frente a este suceso, información de fuentes locales de los municipios de la Macarena, Vista Hermosa, Puerto Concordia, Puerto Rico y de las zonas fronterizas con el departamento del Guaviare por el rio Guayabero, mencionan practicas de las disidencias de las FARC EP que operan en la zona, quienes estarían haciendo reuniones obligatorias con la población en las cuales exigen un censo, adempás afirman que harán reclutamiento de jóvenes para su estructuración de poder en la región; preocupa que a pesar de que la situación se presentó, el caso no fue denunciado18. Organizaciones del ELC, como MAPP OEA, Médicos del Mundo y Benposta monitorean los casos de reclutamiento forzado no declarados en el sur del departamento.
4. Comunidades étnicas: Las comunidades indígenas del departamento han vivido afectaciones recurrentes por el conflicto armado y la violación de sus derechos fundamentales como ciudadanos y como pueblos indígenas. A pesar de estar amparadas por los Autos 004 de 2009 y 173 de 201220, las condiciones de familias indígenas víctimas, desplazadas o confinadas sigue siendo precaria. Por ejemplo, el 60% del pueblo Jiw fue desplazado del resguardo Mocuare de Mapiripán en el año 2000 al ver amenzada su existencia como pueblo, su cultura y sus costumbres; desde entonces la población Jiw se ha visto obligada a movilizarse tres veces más  ( durante los años 2008, 2012 y 2017 )  entre los departamentos de Meta y Guaviare. Actualmente, el casco urbano de Puerto Conocordia  ( Meta )  alberga a 21 familias Jiw  ( 92 personas, entre las cuales, 25 son niños y niñas )  en una infraestructura abandonada por el municipio con amplias necesidades humanitarias en agua, salud, alojamiento, protección, etc., pese a los derechos de petición y los oficios emitidos hacia las autoridades departamentales, con el fin de lograr su reubicación en el Resguardo Caño La Sal21. Además, en varios Resguardos del departamento existe una disputa entre los pueblos indígenas y comunidades campesinas por la delimitación, la titulación y el uso de la tierra22. En el año 2019, el 2.1%de las víctimas registradas por UARIV fue indígena, 2.6% afrodescendiente y 0.1% raizal.23
5. Confinamiento y Acceso Humanitario: Organizaciones del ELC alertaron sobre situaciones de restricción a la movilidad durante el segundo semestre del año 2019 en la vía Bogotá Villavicencio por deslizamientos durante la temporada de lluvias. Esta via tiene problemas de movilidad históricos que se presentan anualmente por este tipo de eventos. Los vacios que se evidencian requieren enfoque de recuperación temprana debido al recurrente cierre de esta via principal que genera golpes a la economía, a las fuentes de ingresos de la población, debilita los medios de vida de las personas que trabajan en el comercio y el transporte de la zona. Por otra parte, OCHA reportó limitaciones a la movilidad en la vía Meta – Guaviare durante marzo de 2020 por cuenta de un atentado perpetrado por las disidencias de las FARC EP; debido a este suceso hubo limitaciones en la movilidad de los vehículos que transitaban entre los departamentos, la detonación del explosivo fue un hecho que se presentó en la vereda Buenavista en la zona limítrofe de Puerto Concordia y la capital de Guaviare24. Miembros del ELC han informado que el acceso de las organizaciones humanitarias que trabajan en el área de desminado humanitario se ha visto afectado por amenazas de disidencias de las FARC EP y otros grupos armados. Organizaciones humanitarias como The Halo Trust ha tenido que salir de los municipios de Vista Hermosa y Puerto Rico; la Campaña Colombiana Contra Minas  ( CCCM )  se ha visto afectada por esta misma situación y ha dejado de operar por algunos meses en el municipio de Vista Hermosa, mientras otras organizaciones como APN  ( Ayuda Popular Noruega )  cancelaron sus proyectos debido a las amenazas y atentados en su contra durante los últimos años. Las operaciones de desminado militar se mantienen por parte de los batallones de las fuerzas militares, su operación no se ha visto afectada frecuentemente debido a la protección militar con la que cuentan25.
Las economías ilegales se nutren en gran parte de la dependencia económica del departamento de la economía extractiva, sumado a la falta de empleos formales  ( 60% de los empleados son informales )  y de posibilidades diferentes en las zonas rurales, al tiempo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población, al no tener fuentes constantes y legales de recursos.
De 1.764.883 de venezolanos que residían en Colombia para mayo 2020, aproximadamente 91.633 se encontraban ubicados en Valle del Cauca, que corresponde a un 5.19% del total de la población proveniente de Venezuela en el país, con una variación del  1.7% respecto a la cifra de refugiados y migrantes reportada en abril por Migración Colombia.
7. Emergencia Sanitaria por COVID 19: La gobernación del Meta junto con los alcades de los 29 municipios del departamento, han optado por tomar diferentes medidas para prevenir la propagación y reducir la curva de contagio por COVID 19. Lo anterior, en el marco de una emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, que terminó por definir el aislamiento preventivo obligatorio en el departamento  ( a 30 de junio el departamento reportó 1250 contagiados por el virus ) . Las primeras medidas adoptadas en el departamento fueron: el toque de queda de 8:00pm a 5:00am desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo, seguida del establecimiento de ley seca y medida de pico y cédula, para evitar aglomeraciones de personas en supermercados y bancos. Desde el 20 de marzo, el departamento entró en aislamiento preventivo, llevando a cabo un simulacro, en el que todas las personas deberán permanecer en sus casas, posterior a esto, el 24 de marzo, atendiendo la directriz presidencial, el departamento entro en aislamiento preventivo olbligatorio. Durante los meses posteriores, debido al hacinamiento en la cárcel de Villavicencio se aumentó el nivel de contagios. A finales de junio, la cárcel presentaba el 71.3% del total de los infectados de todo el departamento  ( 891 ) . Para este período, 17 municipios del meta se encuentran libres de COVID 1927. Para responder a esta situación los centros de salud cuentan con una capacidad de 179 camas de cuidado critico ubicadas en 2 hospitales y 3 clinicas en los municipios de Villavicencio y Granada, de estas camas, 130 cuentan con respiradores. Para finales del mes de junio el promedio de ocupación de camas en la ciudad de Villavicencio superó el 61%, en su mayoría ocupadas por personas con patologías de la región, lo cual es preocupante frente a los casos en aumento que se presentan de COVID 19, y que estos centros médicos de la capital departamental atienden a las personas de los otros municipios del Meta28. De acuerdo a la información obtenida por el Equipo Local de Coordinación, las principales situaciones de riesgo frente a medidas gubernamentales de aislamiento preventivo son: aumento de violencia intrafamiliar por cuarentena, persecución y violencia hacia habitantes de calle por el toque de queda, desprotección del adulto mayor y de la infancia menor, aumento de discriminación, estigmatización y maltrato a la población indígena. Al 30 de junio, se presentaron 14 muertos en la Macarena desde que comenzó la emergencia nacional por la COVID 19; estas situaciones son el resultado de combates, hostigamiento u homicidios en persona protegida29. Así mismo, los grupos armados hacen control para evitar que se expanda la enfermedad mediante presión a las Juntas de Acción Comunal  ( JACs )  para que éstas hagan control, son intimidados y amenazados. Se identifica alerta por el aumento de violencia sexual, no hay garantías de seguridad.
Líneas de atención telefónica en temas de atención en salud, atención psicosocial, información relacionada con el COVID 19, acceso a derechos, entre otros  ( Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID 19 en Santander ) .
The containment measures and COVID 19 outbreaks in countries throughout the region have triggered return movements of Venezuelan refugees and migrants to their home country. Currently the Venezuelan government allows only a small number of Venezuelans to return each week, via the official border crossings in Cúcuta and Arauca.
Los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela se insertan en un contexto de afectación múltiple, marcado por la dinámica de conflicto armado y los riesgos derivados de desastres de origen natural y antrópico. Se identifican, fallas estructurales reflejadas en capacidades institucionales insuficientes en sectores como Salud, Educación, Albergue y Medios de vida. La población proveniente de Venezuela y las comunidades de acogida presentan múltiples vulnerabilidades que se profundizarán con la pandemia de Covid 19. Adicionalmente, persisten riesgos de protección para los niños, niñas y adolescentes  ( NNA ) , asociados a la carencia de una vivienda en condiciones dignas y la superposición de dinámicas locales de marginalidad, violencia basada en género  ( VBG ) , economías ilegales, explotación sexual, reclutamiento forzoso y control por parte de los Grupo Armados Organizados.
3. Niños, niñas y Adolescentes en conflicto armado Se identifica un aumento de casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes  ( NNA )  por parte de los dos actores armados presentes en el territorio; en ocasiones las comunidades manifiestan la situación y alertan por medio de organizaciones que realizan las labores de campo; sin embargo, no se atreven a denunciar a nivel institucional por temor ante represalias o desconfianza en las instituciones locales. Generalmente, para el reclutamiento de menores se suelen usar elementos de persuasión, tales como motocicletas o armas, que llaman su atención y los motivan a ingresar a los grupos armados. Por otra parte, debido a que los grupos armados han estado presentes históricamente en el departamento, es común que los menores tengan algún familiar o conocido en las filas, lo cual incrementa el riesgo de ser reclutados. En el ELC se reportaron 28 casos de reclutamiento en 2019, mientras que la UARIV solo 76; esto evidencia un subregistro de orden institucional, causado en muchas ocasiones por la falta de denuncia. Se resalta que, a través de los comedores comunitarios del Programa Mundial de Alimentos se activó la ruta de protección a cuatro niños y niñas que se encontraban en riesgo de reclutamiento en Arauca capital en los meses de abril y agosto de 2019. Así mismo, la gestión articulada del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo logró en marzo de 2020 la entrega de un menor que había sido reclutado por el ELN7.
En lo concerniente al tema educativo, se destaca que, en 2019 aproximadamente 700 NNA quedaron desescolarizados, 65.189 se matricularon en las Instituciones educativas oficiales del departamento, de los cuales 2.782  ( 4,27% )  desertaron. A pesar de que se presenta una leve mejoría en comparación con 2018, en el que la tasa de deserción se ubicó en 4,73%, este fenómeno junto con la alta tasa de desescolarización sigue generando preocupación, ya que, no estar dentro del sistema educativo aumenta el riesgo de ser reclutado por los grupos armados. Es importante resaltar que la tasa de deserción rural  ( 5,32% ) , fue mayor que la urbana  ( 3,64% ) , debido que, es en la primera donde los menores son más vulnerables. En 2020, a pesar de que el número de NNA matriculados en I.E oficiales es menor  ( 64.550 ) , la situación presenta mejoría debido que todavía se reportan cupos disponibles, por lo que la tasa de escolarización puede aumentar y el número de NNA desescolarizados disminuyó a casi 3009. Sin embargo, resulta necesaria la creación y/o fortalecimiento de estrategias de permanencia educativa.
Pamphlets from various armed groups have circulated in departments such as Nariño, Cauca, and Valle del Cauca, threatening those who do not  ( Semana 13/05/2020; HRW 15/07/2020 ) . Some establish comply with additional rules, such as regulating prices and businesses, or imposing additional restrictions on movement such as not permitting people to leave their homes during curfew, even in a medical emergency or other serious necessity  ( Semana 13/05/2020; HRW 15/07/2020 )
8. En Arauca, los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela se insertan en un contexto de afectación múltiple, marcado por la dinámica de conflicto armado y riesgos estructurales por desastres naturales. En 2019 se evidenció un crecimiento constante de la población proveniente de Venezuela, la cual se instaló mayoritariamente en los municipios de Arauca, Saravena y Arauquita, generalmente en los asentamientos humanos informales, habitados por población víctima del conflicto armado y colombianos retornados. Con el aumento de la población migrante y refugiada, se generan condiciones de hacinamiento y conflictos sociales con la población local. En este sentido, se han detectado brotes de xenofobia en varios puntos del Departamento, por lo cual, resulta menester la realización de campañas por parte de las autoridades locales en apoyo con las agencias de cooperación internacional que aborden esta situación.
According to a May GIFMM assessment, 46% of interviewed Venezuelan migrant and refugee households reported experiences of discrimination during 2020.
En lo que se refiere a los desplazados internos colombianos, se estima que en el 2020 más del 70 % de los desplazados internos se encuentran en situaciones de inseguridad alimentaria graves o catastróficas, debido a la dificultad para acceder a los alimentos  ( OCHA 01/04/2020 ) . No existe un censo integral sobre la seguridad alimentaria en los hogares de desplazados internos.
• La población rural, en especial comunidades étnicas, enfrenta crisis humanitaria prolongada relacionada con las dinámicas del conflicto, eventos de desastres naturales y con la carencia de presencia estatal en sus territorios. Existe poco progreso en el cumplimiento de los autos de seguimiento de la Corte Constitucional para la protección de la población indígena.
El PMA reportó que un 58 % de los hogares de refugiados y migrantes venezolanos en cinco provincias fronterizas no tenían acceso a la atención médica, principalmente por carecer de recursos personales  ( WFP 19/02/2020 ) . Los venezolanos en situación irregular se enfrentan a grandes obstáculos para acceder a la atención médica, dado que son más susceptibles a evitar contactar a los servicios de salud por miedo a ser reportados ante las autoridades.
Decreto 417 del 2020: Se declara Estado de Emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional. Decreto 457 del 2020: Se decreta aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio Nacional. Decreto 593 del 24 de abril del 2020: Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 11 de mayo del 2020. Decreto 636 del 6 de mayo del 2020: Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 25 de mayo del 2020. Decreto 878 del 14 de junio del 2020: Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 15 de julio del 2020. Decreto 990 del 9 de julio del 220: Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 1 de agosto del 2020. Decreto 1076 del 28 de julio del 2020: Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 1 de septiembre del 2020. Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020: Se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable
Las condiciones de vida de muchos migrantes y refugiados venezolanos dificultan que se mantenga la distancia social y los ponen en riesgo de contraer el virus. En especial en el Norte de Santander, pero también en La Guajira, se informa de las condiciones de hacinamiento en espacios habitables
Las necesidades de agua, saneamiento e higiene  ( WASH, por sus siglas en inglés )  están vinculadas al problema de las condiciones de refugio inadecuadas. El lavado de manos frecuente con jabón y agua tibia o con gel antibacteriano y la limpieza habitual de los espacios habitables son factores vitales para reducir la trasmisión de COVD 19. En especial, en condiciones de hacinamiento en las que muchas personas o familias comparten un solo espacio, mantener las condiciones de higiene puede tornarse difícil. Para las personas sin hogar se torna incluso más difícil seguir las recomendaciones para la higiene personal.
Decreto 0111 del 13 de marzo de 2020: Se declara calamidad pública en el departamento de Putumayo. Decreto 0118 del 19 de marzo de 2020: Se adoptan medidas transitorias preventivas y de contención contra el COVID 19. Decreto 0143 del 8 de abril de 2020: Se decreta toque de queda en todo el departamento entre las 6:00 pm y las 5:00 am de lunes a sábado, y los domingos de 1:00 pm a 5:00 am del día siguiente. Decreto 174 del 23 de mayo del 2020: Se prorroga el Decreto 166 del 10 de mayo del 2020, extendiendo las medidas de aislamiento, hasta el 1 de junio de 2020. Decreto 203 del 27 de junio del 2020: El departamento del Putumayo se acoge al decreto 828, mediante el cual se extienden las medidas de aislamiento. Se mantiene el toque de queda entre 7:00 pm y 5:00 am. Se mantiene el pico y cédula de la misma forma como venía funcionando. Decreto 212 del 9 de julio del 2020: El departamento del Putumayo se acoge al decreto 990, mediante el cual se extienden las medidas de aislamiento. Se retoma el toque de queda entre las 6:00 pm y las 5:00 am y 24 horas sábados y domingos. Se mantienen las medidas de pico y cédula. Decreto 234 del 26 de agosto del 2020: El departamento del Putumayo se acoge al decreto 1168, mediante el cual se establecen las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Cada alcalde tendrá la libertad de establecer medidas adicionales y pertinentes, según la afectación de cada municipio.
Las afectaciones más comunes que reportan los productores se relacionan el aumento del precios de los agro insumos, con casos críticos en 

Córdoba, Boyacá y Tolima. Le siguen en importancia los problemas de transporte para sacar los productos a la venta, especialmente en 

Antioquia y Putumayo. A ello se suman problemas asociados a eventos agroclimáticos como sequías, y vendavales, que terminan por impactar 

al pequeño productor'
“Solo el 49% de los comercios tienen la capacidad instalada para almacenar alimentos
Las regiones en las que las condiciones WASH eran insuficientes antes de la crisis son especialmente vulnerables. Por ejemplo, la provincia de La Guajira ha sido afectada por sequías, escasez de agua y escaso acceso al saneamiento  ( OCHA 01/04/2020 ) . En 2019, solo el 4 % de la población en zonas rurales de la provincia tenía acceso a agua potable  ( RCN 09/07/2020 ) . El grupo indígena Wayuu de La Guajira se ha visto especialmente afectado por la falta de agua  ( El Espectador 08/04/2020 ) . La escasez de agua y la falta de acceso a ésta en La Guajira afectan también a los refugiados y migrantes venezolanos.
A medida que la crisis y las medidas gubernamentales relacionadas tengan un impacto socioeconómico en todo el país, y los recursos y las capacidades para manejar la crisis se extiendan cada vez más, existe el riesgo de una mayor xenofobia, especialmente dirigida a los refugiados y los migrantes venezolanos. Esto ocurrirá con mayor probabilidad si los venezolanos tienen prioridad para recibir apoyo económico.
Durante los movimientos de retorno, los migrantes y los refugiados en tránsito a pie, llamados "caminantes", necesitan transporte así como comida, refugio, y ASEO  ( RMRP 2020 ) . Dependiendo de la ruta que tomen, podrían exponerse a las bajas temperaturas de las montañas andinas
Es probable que esta percepción se incremente a través de noticias falsas y desinformación compartidas en las redes sociales. Además, probablemente se desencadene más xenofobia si una gran cantidad de venezolanos en Colombia se infectan con COVID 19, o si ocurre un brote a gran escala en Venezuela.
Estos movimientos de retorno conllevan varios riesgos para la salud. Muchos venezolanos que pretenden volver a Venezuela se están congregando en espacios públicos como los parques de las grandes ciudades y crean de este modo condiciones de hacinamiento con un alto riesgo de propagación del COVID 19. Cuando se encuentran en estos espacios públicos, es probable que no tengan acceso a la higiene y al saneamiento básico.
Según reportan, por ejemplo en Bucaramanga, unos 300 venezolanos que se habían refugiado cerca de un parque no tenían acceso a los servicios sanitarios Existen otros riesgos provocados por el hacinamiento en los principales puntos de cruce fronterizos, como Cúcuta en el departamento del Norte de Santander, mientras los venezolanos esperan a que se les autorice el paso.
Algunos venezolanos están regresando a Venezuela desde Ecuador, que también se ha visto afectado por el COVID 19, pasando a través de Colombia  ( El Tiempo 04/04/2020; Proyecto Migración Venezuela 06/04/2020; El País 06/04/2020 ) . En algunos puntos de salida, como Bucaramanga, departamento de Santander, y Paso, departamento de Nariño, las autoridades locales organizaron el transporte hasta la frontera con Venezuela
La Defensoría del Pueblo, ha advertido que, hasta el 17 de mayo del 2019, 481 lideresas en Colombia han sido agredidas, 448 por amenazas, 20 víctimas de homicidios y 13 víctimas de atentados, correspondiendo el 38% a lideresas comunitarias y de víctimas. En cuanto a las amenazas, según los registros de la Defensoría del Pueblo, de los 190 casos registrados durante el primer semestre del 2019 en el departamento del Magdalena, 114 ocurrieron en la ciudad de Santa Marta, siendo 68 casos de lideresas. En Ciénaga se registran cinco  ( 5 )  lideresas amenazadas, mientras que en Fundación, Aracataca y Zona Bananera se reporta dos  ( 2 )  lideresas amenazadas en cada uno. Todas las lideresas pertenecientes a las mesas municipales de participación efectiva de víctimas  ( 77 mujeres )  se encuentran amenazadas, evidenciando que ser lideresa, defensora de los derechos de las víctimas o defensora de derechos humanos en el Magdalena es un ejercicio con la capital del departamento.
Grupos de riesgo  ( médico ) : Considerando lo que se sabe acerca del coronavirus hasta ahora, los siguientes grupos han sido identificados como grupos que tienen un riesgo específico de presentar síntomas graves de COVID 19 si se infectan: • Personas mayores de 70 años; • Personas con condiciones médicas preexistentes  ( por ejemplo diabetes, hipertensión y cáncer ) .
Algunos venezolanos no han podido pagar sus alquileres dado que perdieron sus ingresos y fueron desalojados de sus hospedajes  ( La Opinión 27/03/2020; WRadio 01/04/2020, GIFMM 03/04/2020 ) . Esto sucedió a pesar de la prohibición del gobierno de realizar desalojos mientras se mantienen las medidas de contención
• El departamento tiene una débil presencia del Estado, caracterizada por concentración de la oferta institucional en los centros urbanos, poco presupuesto institucional y vacíos en la infraestructura de servicios públicos. Esto repercute en la falta de capacidad institucional para dar respuesta humanitaria a eventos de desastres naturales o conflicto armado, y subregistro en el Registro Único de Víctimas  ( RUV ) , y de casos de Violencia Basada en Género  ( VBG )  y violencia sexual. I.
Seguridad alimentaria Muchos hogares, tales como hogares de refugiados y migrantes venezolanos, ya se encuentran en situaciones precarias de seguridad alimentaria con altos niveles de inseguridad alimenticia y el uso de estrategias negativas para afrontarlas. Las significantes reducciones en ingresos diarios y en el acceso a los alimentos durante el bloqueo nacional, significa que estos hogares necesitarán ayuda humanitaria para poder satisfacer sus necesidades diarias.
Además, el cierre de escuelas como parte de las medidas de prevención resulta en la suspensión de los programas de alimentación escolar, lo cual impacta particularmente a los niños de hogares inseguros  ( R4V 02/04/2020 ) . De acuerdo al PMA, más de 4 millones de niños en Colombia  ( colombianos y venezolanos )  no tienen acceso a la comidas de la escuela debido a las restricciones  ( WFP 04/2020 ) . Modalidades alternativas de asistencia alimenticia son necesarias para continuar asegurando el acceso de comida a los niños.
La implementación de medidas de distanciamiento social ha tenido un impacto en los albergues para refugiados y migrantes venezolanos, dado que muchos de estos lugares no pueden cumplir con los requisitos de instalaciones de agua, saneamiento e higiene  ( WASH, por sus siglas en inglés )  ni con la limitación del contacto social. Los albergues de distintos departamentos se han visto obligados a cerrar
5. Confinamiento y Acceso Humanitario: Organizaciones del ELC alertaron sobre situaciones de restricciones al acceso humanitario por cuenta de panfletos de amenaza dirigidos a personas y organizaciones que trabajen con niños y niñas del municipio de San José del Guaviare; además de ello, se presentaron amenazas en el municipio de Calamar en contra de organizaciones que trabajan en temas de deforestación, sin embargo no hay problema de acceso a las zonas rurales del departamento para miembros del ELC, para la implementación de sus34. En marzo de 2020, se reportaron restricciones a la movilidad en la vía Meta – Guaviare por cuenta de la detonación de un explosivo en la vereda Buenavista en la zona limítrofe de Puerto Concordia y la capital de Guaviare. Así mismo, hay reportes de amenazas y control social en las veredas de El Capricho, La Carpa y Puerto Cachicamu, en las que se obliga a la población residente a carnetizarse y acreditarse como miembros de la JAC o abandonar sus respectivas comunidades. Los tres eventos mencionados se atribuyen a las Disidencias FARC EP35. Miembros del ELC confirman que estas amenazas y situaciones de violencia armada no han impactado en las acciones de las organizaciones humanitarias que se desempeñan en el departamento del Guaviare, esto debido al seguimiento mensual a este tipo de hechos, la coordinación del ELC con las autoridades locales
Así mismo, el hecho de que el hogar corresponda a población indígena o afrodescendiente disminuye significativamente la probabilidad de reportar preferir efectivo en términos generales  (  14% )  y aumenta la preferencia por bienes para vivienda  ( +4% ) , frente a hogares sin una pertenencia étnica particular.
Baja capacidad de atención y protección de las instituciones departamentales y municipales a víctimas de VBG y violencia intrafamiliar, limitaciones en el acceso a derechos reproductivos, medicamentos de personas que viven con VIH y un incremento en la discriminación de población LGTBI. Se conoce sobre un caso relacionado con la expulsión del territorio de personas con diversidad de orientación sexual e identidad de género en el Bajo Baudó por parte de autoridades étnicas.
Al 24 de julio del 2020, el Instituto Nacional de Salud  ( INS )  ha reportado 226.373 casos confirmados de COVID 19 en Colombia. En Chocó, la Gobernación del Chocó reportó para el 23 de julio 2.776 casos positivos en 24 de los 30 municipios del departamento, 83 muertes, 1.601 recuperados y 1.371 en estudio de resultados. Del total de casos confirmados, el 46% son mujeres, el 54% hombres y 11% menores de 19 años. Dentro de los grupos poblacionales vulnerables que presentan casos positivos y que requieren atención diferencial se encuentran: comunidades indígenas  ( 13 ) , afrodescendientes  ( 1.902 ) , personal médico  ( 199 ) , mujeres gestantes  ( 15 )  y recién nacidos  ( 3 ) .
Preocupa la situación de mujeres gestantes y lactantes durante el periodo de cuarentena. De acuerdo con SIVIGILA, Chocó se encuentra entre tres departamentos con mayores tasas por razón de mortalidad materna, mortalidad perinatal y neonatal por cada 100 mil habitantes.
Al tiempo que se ha observado un incremento en los precios de los alimentos y la escasez de estos en gran parte del departamento, se alza la preocupación por el aumento en los casos de desnutrición en niños y niñas menores de cinco años, afectando especialmente a población indígena en los municipios de Alto Baudó y Medio Baudó.
Las disposiciones nacionales sobre el inicio de jornadas educativas virtuales suponen un riesgo en términos de desescolarización para la mayoría de NNA en los municipios del departamento, que no cuentan con la infraestructura para continuar con las clases  ( solo el 14% de los hogares poseen conexión a internet ) .