nlp-thedeep/humsetbias huggingface dataset:
Al llegar a Colombia, a pesar de las dificultades para obtener ingresos para la compra de alimentos y de las limitaciones en la provisión de productos, la mayoría informó haber recibido al menos una comida caliente por día por parte de organizaciones humanitarias. Para aquellos que viven en la calle, la situación se torna más desafiante. Se informó de mendicidad en las calles o de obtención de empleos en bares o restaurantes, particularmente entre las mujeres y niñas.
Antes de la crisis en Venezuela, la mayoría de los servicios públicos eran proporcionados por el gobierno. Si bien el costo de los servicios como el agua, electricidad y salud estaban fuertemente subsidiados y, a veces, hasta gratuitos, los hombres probablemente cubrían el costo de estos servicios o tomaban decisiones sobre los mismos, lo que daba como resultado la percepción de que los hombres controlaban estos recursos. Además, antes de la galopante hiperinflación, los ingresos de los hombres servían para cubrir principalmente la compra de alimentos, artículos no alimentarios y otros activos.
Al llegar también a las ciudades fronterizas de Colombia, mujeres, hombres, niños y niñas enfrentan dificultades para acceder a los servicios de agua y saneamiento. La Guajira ha enfrentado históricamente desafíos estructurales en torno a este problema, mientras que los ataques al oleoducto Caño Limón   Coveñas en el Norte de Santander, han contaminado los afluentes de agua de la región, lo que también resulta en un acceso insuficiente al agua potable.
En cuanto a las letrinas, las personas que vivían en asentamientos tan precarios construyeron letrinas en forma de un agujero en el suelo, cubiertas de cartón por todos lados. Sin embargo, no había ningún sistema de eliminación de residuos.
Salud: La mayoría de los encuestados indicaron que habían dejado de buscar servicios de salud debido a los largos tiempos de espera y a la escasez de suministros en los hospitales y centros de salud.
Enfermedades como la malaria y la difteria, que antes podían ser eliminadas o controladas, han aumentado y ahora están presentes en las ciudades fronterizas de Colombia. Si bien Colombia ofrece una mayor disponibilidad y accesibilidad a algunos servicios de salud de lo que está disponible en Venezuela, aún existen barreras significativas incluso en Colombia. La escala de las necesidades ha sobrecargado al sistema de salud.
Venezuela es el único país donde muchos de los que habían estado previamente en TAR, ya no tienen acceso a ARV. En Colombia, estos servicios están disponibles pero son extremadamente limitados. Si bien las organizaciones humanitarias están brindando algunos servicios de salvamento en línea con el Paquete de Servicio Inicial Mínimo  ( PSIM ) , para SSR en situaciones de crisis, como se señaló respecto a los servicios de salud, ante la enorme escala de las necesidades de SDSR, débiles mecanismos de coordinación local en SDSR, falta de integración con el VIH y la programación de la VBG, es probable que las personas con vulnerabilidades de intersección, como las adolescentes embarazadas, poblaciones LGBTQIA y personas con discapacidades, queden completamente desatendidas, especialmente en los asentamientos informales más remotos.
Las observaciones de campo y las discusiones con funcionarios de salud colombianos estacionados en los cruces fronterizos formales, sugieren que aproximadamente el 50% de las mujeres venezolanas que cruzan a Colombia, están embarazadas o en busca de atención para sus niños. Muchas llegan con complicaciones del embarazo como resultado de la desnutrición y acceso limitado o nulo a la atención prenatal.
Dado el nivel de devastación económica de la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos que llegan a Colombia, tanto los hombres y mujeres adultos como jóvenes, expresaron que las oportunidades para actividades de generación de ingresos o medios de vida son importantes. Muchos de los encuestados indicaron que las personas sufren el robo del poco dinero que llevan, de ropa y documentos legales que tenían cuando llegaron a Colombia. Las actividades comunes que generan ingresos para la subsistencia incluyen la mendicidad, la recolección/venta de basura de materiales reciclables, así como la actividad de vendedores ambulantes. Las mujeres y adolescentes, especialmente las que viven en la calle, reportaron haber vendido artículos como dulces, pan y café o buscaron trabajo como camareras en bares.
Casi todas las mujeres y niñas revelaron que era común que los migrantes tuvieran relaciones sexuales transaccionales, mientras que las adolescentes indicaron que las madres a menudo alentaban a sus hijas a hacerlo. Las organizaciones humanitarias informaron que una alta proporción de mujeres y niñas, incluidas las mujeres transgénero, participan en alguna forma de sexo transaccional como mecanismo de supervivencia. Esto se confirmó en las FGD y KII con mujeres, hombres, niños y niñas. En Cúcuta, muchas mujeres y niñas que llegan a la frontera, se cortan el cabello para la confección de pelucas para obtener un pequeño ingreso. Algunos mencionaron que este es un punto de entrada para el tráfico sexual en el área. Las mujeres y las adolescentes que llegan solas o con sus hijos, corren mayor riesgo.
Los hombres y los jóvenes varones encuentran extremadamente difícil hallar oportunidades de subsistencia para sobrevivir en las áreas ya deprimidas económicamente de La Guajira y Cúcuta, donde se convierten en blancos fáciles para el reclutamiento de bandas criminales y grupos armados y a menudo sirven como informantes o apoyando actividades de contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia, así como en el contrabando de drogas y de otros productos.
Los migrantes y refugiados que cruzan a través de los pasos fronterizos informales controlados por grupos armados, enfrentan riesgos de protección significativamente mayores y más graves. El aumento de los incidentes de violencia de género, incluyendo la violencia sexual, esclavitud sexual, sexo transaccional para la supervivencia, y el tráfico de personas, se encuentran entre las principales preocupaciones de protección que afectan principalmente a mujeres y niñas, pero también a hombres y niños y personas del colectivo LGBTQIA.
Los caminantes tienen que recorrer largas distancias durante días y, a veces, semanas, hasta la frontera, no tienen acceso a refugios, letrinas ni a ningún tipo de apoyo mientras están en tránsito. Los migrantes a menudo tienen que pagar algún tipo de impuesto en el paso fronterizo informal o endeudarse con quienes riesgos de explotación, acoso y violencia sexual, así como al reclutamiento para el tráfico de drogas y otros grupos armados.
Las FGD y KII también revelaron que las mujeres, incluso las que tienen niños pequeños, a veces reciben refugio de hombres colombianos lo que resulta en servidumbre doméstica, a veces en la forma de esclavitud sexual en los hogares, en las plantaciones de coca e incluso en las redes de tráfico rotativas. Las organizaciones humanitarias confirmaron que existe una alta proporción de migrantes y refugiados venezolanos y de repatriados colombianos que se involucran en el sexo transaccional como un mecanismo de defensa.
En áreas como Ocaña en Norte de Santander, una encuesta indicó que el 90% de las trabajadoras sexuales eran venezolanas.6 Las mujeres, niñas y personas LGBTQIA que carecen de documentación y participan en estas actividades, son los principales objetivos para una mayor explotación, lo que puede reducir su influencia para usar condones y en la toma de decisiones sobre pagos. 7 También se informó sobre el reclutamiento de menores en grupos armados, especialmente en los pasos fronterizos.
La evidencia de las estadísticas compartidas por las cifras de ACNUR/OIM, muestra que, el año pasado, el número de nacimientos en Cúcuta aumentó en un 150% y debido a la sobrecarga del sistema de salud, la morbilidad materna ha aumentado en un 71% en lo que va de 2019. Además, debido al deficiente acceso a los alimentos para las mujeres embarazadas, los recién nacidos con bajo peso al nacer aumentaron en un 80%. La evaluación rigurosa de Profamilia del MISP en las cuatro ciudades principales habitadas por migrantes, confirma esto y enfatiza sobre las brechas en el conocimiento y la propiedad del MISP, así como en débiles mecanismos de coordinación, en particular en la coordinación a través de los programas SSR, VIH y VBG  ( incluso para la gestión clínica de casos de violación ) . También destaca las necesidades urgentes en Riohacha y Cúcuta de un mayor acceso a la anticoncepción, prevención de las ITS, embarazo en la adolescencia, servicios amigables para adolescentes y enfoques de género en la educación sexual integral, así como la atención integral del aborto, incluyendo la atención del aborto seguro en el alcance total de la legislación, y atención postaborto por complicaciones en el embarazo. Sin embargo, la mayoría de los datos disponibles sobre las brechas en la respuesta y necesidades, provienen de las principales ciudades como Riohacha y Cúcuta. Hay información limitada disponible sobre escalas y vías de referencia, en particular de los asentamientos informales remotos de migrantes venezolanos y de la comunidad
La escala y la complejidad de la crisis, han hecho que las organizaciones humanitarias concentren su atención y sus limitados recursos en cubrir las necesidades para salvar las vidas de los migrantes y refugiados, así como en la eliminación de prioridades para involucrar a la población afectada en la toma de decisiones sobre los servicios humanitarios. Esto ha dado lugar a que mujeres, hombres, niños y niñas cuenten con pocos o ningún punto de acceso o plataformas para expresar sus preocupaciones o perspectivas. Existen oportunidades limitadas para una participación significativa en la toma de decisiones en los servicios humanitarios o en la programación, compartir retroalimentaciones anónimas.
Existe una gran necesidad de colaboración con organizaciones locales de mujeres y de la sociedad civil como Fuerza Mujer de Wayuu y Caribe Afirmitavo para apoyar y aprovechar sus capacidades e integrarlos en los esfuerzos de respuesta.
Strengthened partnerships and coordination with the Government are needed to ensure longer term solutions and socio economic integration of migrants. Hence, WFP and the Government of Colombia are looking into how to embed the support to vulnerable migrants into the Colombian social protection system.
In June 2019, in response to the migration crisis, WFP reached over 259,000 people providing hot meals in community kitchens, vouchers, food kits for 'caminantes'  ( walking migrants )  and emergency school meals.
La dinámica para los migrantes en este departamento suele cambiar constantemente, muchos de ellos se encuentran estado irregular o no cumplen con los requisitos de entrada exigidos por Ecuador, lo que los lleva a tomar pasos irregulares o incluso intentar cruzar la frontera por el departamento de Putumayo, y por otro lado, el vecino país en ocasiones modifica la documentación válida y permitida para el ingreso a su país, ocasionando que las personas que no cuenten con ellos, se queden en Nariño en condiciones de calle.
La situación de la población migrante ubicada en zonas rurales de los departamentos de Nariño y Cesar es todavía más invisible, pues la escasa información que se encuentra de estas regiones no permite tener ni siquiera indicios de sus principales necesidades en seguridad alimentaria o en otros sectores, que, sumado al contexto de conflicto armado interno que presentan ambos departamentos, concentrado en mayor medida en las zonas rurales, puede dar a entender que además de grandes necesidades humanitaria, se encuentran expuestos a grandes riesgos frente a los grupos armados ilegales.
Over 1,260,000 Venezuelans live in Colombia, which has welcomed migrants with open arms, introducing support programmes, border mobility cards and a special work permit known as thePermiso Especial de Permanencia ( PEP )  that has allowed thousands of migrants to stay and work legally in Colombia.
To assist vulnerable migrant women, in 2018 UN Women began interventions in different coastal cities of Colombia, starting with the department of La Guajira and continuing towards Barranquilla and finally Cartagena, where sex trafficking and sexual exploitation is on the rise. These interventions provided emergency assistance, information on services for survivors of gender based violence and sexual exploitation and sensitized service providers.
The economic and political situation in Venezuela has caused an estimated 3.7 million Venezuelans to leave their homes for Brazil, Colombia, Ecuador, Peru and other countries in the region. Some 1.2 million of them are in Colombia, often living in vulnerable host communities with already overstretched resources.
Según datos de Migración Colombia, en seis meses se han tramitado 181.472 permisos de permanencia, un documento que les permite a los venezolanos trabajar por dos años en el país, afiliarse a la seguridad social y tener una cuenta bancaria. “Es decir, estar de manera regular en el país'.
A través de la frontera común de 2.200 kilómetros, con siete pasos fronterizos formales y cientos de cruces informales, Colombia ha recibido a más del 50 por ciento de los refugiados y migrantes de Venezuela, incluidos los que permanecen en el país y los que transitan por el país para continuar su ruta. Colombia también se encuentra recibiendo a un número importante de sus nacionales que regresan de Venezuela, algunos de los cuales habían permanecido en Venezuela durante décadas. La situación en Colombia es compleja, con diferentes tipos de movimientos poblacionales ocurriendo de manera simultánea, incluyendo movimientos pendulares en el área fronteriza20.
La llegada de refugiados y migrantes de Venezuela a Colombia ha crecido exponencialmente en los últimos años. El número de personas que se estableció en el país aumentó de menos de 39.000 a finales de 2015 a 1.032.000 a finales de septiembre de 2018, un aumento de casi un 2.550 por ciento21. Del mismo modo, el número de venezolanos que transitan por Colombia hacia Ecuador y otros países, aumentó de 14.000 en 2015 a 511.000 en los primeros nueve meses de 2018, un aumento de un 3.550 por ciento
A medida que aumenta el número de venezolanos, la población se asienta, no solo a lo largo de la frontera, sino también en todo el país, incluso en los grandes centros urbanos. Por lo tanto, los refugiados y migrantes de Venezuela, así como las personas retornadas colombianas, a menudo se encuentran en zonas donde aún se sienten los efectos del conflicto armado.
Además de haber otorgado un PEP a más de 415.000 venezolanos a finales de septiembre de 2018, una cifra que podría alcanzar alrededor de 620.000 para el fin del año24, Colombia también ha abierto dos rondas para solicitar Tarjetas de Movilidad Fronteriza  ( TMF ) , un permiso otorgado a aproximadamente 1,5 millones de venezolanos a noviembre de 201825, el cual les permite ingresar a Colombia por hasta siete días. La expansión progresiva de derechos básicos y la provisión de servicios básicos para venezolanos, así como la atención médica de emergencia y la educación básica, también se aceleró en 2018.
Miembros de la plataforma de coordinación nacional  ( el Grupo Interagencial para los Flujos Migratorios Mixtos   GIFMM ) , liderada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  ( ACNUR )  y la Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM ) , y compuesto por 38 agencias de las Naciones Unidas  ( ONU ) , organizaciones no gubernamentales  ( ONGs )  y el Movimiento de la Cruz Roja, han ampliado operaciones para responder a las crecientes necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, incluidas las personas retornadas colombianas, así como las comunidades de acogida, y buscan apoyar y complementar la respuesta del Estado. Estos esfuerzos abarcan desde la respuesta de emergencia hasta las necesidades humanitarias, básicas y de protección, así como las acciones para promover la integración, cohesión social y fortalecimiento de las capacidades del gobierno.
En 2018, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida recibieron ayuda esencial, incluida la asistencia alimentaria y recuperación de la producción agrícola, kits de higiene, vacunación, transporte humanitario y asistencia en los centros de tránsito. Decenas de miles de venezolanos han recibido orientación individual durante y después del RAMV y la emisión del PEP. Se establecieron puntos de atención y orientación, clínicas legales, espacios amigables para las niñas y los niños e instalaciones de educación temporal en todo el país. Por último, las campañas contra la discriminación y xenofobia han alcanzado a millones de colombianos.
Sin embargo, se requieren mayores esfuerzos en las áreas relacionadas con la protección, que incluyen garantizar el acceso al territorio y la protección contra la devolución  ( refoulement ) , asegurando que existan garantías adecuadas en los procedimientos de deportación y expulsión. También se requieren mayores esfuerzos para fortalecer el proceso de asilo, en particular, para garantizar el acceso a procedimientos eficientes y oportunos y asegurar la satisfacción de necesidades básicas durante el proceso, incluso a través del derecho al trabajo. Asimismo, deben abordarse riesgos de protección relacionados con la presencia de grupos armados no estatales – incluyendo desplazamientos secundarios, reclutamiento forzado, violencia, trata de personas, tráfico, explotación laboral, abusos, violencia basada en género  ( VBG ) , y la utilización de personas en la cadena de producción de drogas. Además, se necesitarán más esfuerzos para combatir la discriminación y xenofobia. Finalmente, la regularización masiva de personas venezolanas también requerirá esfuerzos coordinados para asegurar el acceso efectivo a derechos y servicios, así como al empleo, para promover la autosuficiencia y la capacidad de las personas venezolanas para contribuir al desarrollo en Colombia.
El análisis también se enfocó en establecer una proyección de la población y personas en situación de necesidad que serán cubiertas por este Plan en 2019. Se estima que, para fines de 2019, más de 2,2 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela estarán en Colombia, incluyendo unas 1.755.000 con intención de quedarse y 519.000 personas retornadas colombianas. Más de 1.114.000 personas refugiadas y migrantes necesitarán asistencia. Esta cifra está compuesta por más de 912.000 personas con la intención de permanecer en Colombia, unas 108.000 personas en movimiento pendular y más de 93.000 personas retornadas colombianas. Además, se considera que más de 446.000 personas en tránsito y unas 310.000 en las comunidades de acogida necesitarán asistencia.
• Las personas que realizan movimientos pendulares principalmente pretenden comprar bienes básicos, acceder a atención médica y otros servicios o buscar empleo temporal para mantenerse a sí mismas y a sus familias en Venezuela. La falta de oportunidades de generación de ingresos formales y seguros para este grupo crea un riesgo de explotación. Además, cuando las personas venezolanas no logran cruzar físicamente a través de los puntos fronterizos formales, cruzar por otras áreas genera otros riesgos derivados de la presencia de grupos armados y criminales no estatales, incluida la trata y el tráfico de personas, el reclutamiento forzado y el sexo por supervivencia. Asimismo, las personas venezolanas que ingresan temporalmente a Colombia también requieren atención médica básica y alimentos.
• Con respecto a las personas retornadas colombianas, una de sus principales necesidades es el acceso a información sobre vías ya establecidas por el gobierno para el acceso a derechos, nacionalidad y documentación, así como una mayor asistencia en el procedimiento para acceder a estos derechos y en la reintegración en su país de origen. Dentro de este grupo, existe una especial preocupación por las personas refugiadas colombianas y las víctimas del conflicto armado retornadas. Si bien no hay cifras disponibles, existen personas colombianas con necesidades de protección internacional entre aquellas retornadas. Estas personas necesitarán apoyo para prevenir su re victimización y para acceder a vías de atención institucional para las víctimas del conflicto armado, con el objetivo de garantizar, según corresponda, la asistencia humanitaria, compensación y/o reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
• Las comunidades indígenas transfronterizas, como los grupos Wayuu y Yukpa, no son plenamente reconocidas como nacionales de uno u otro país, y se ven afectadas por la situación en Venezuela, así como por las condiciones de llegada y el impacto de ser desarraigadas de sus tierras tradicionales. El acceso al registro, documentación, derechos y servicios en este contexto es fundamental para estas comunidades, así como un enfoque que tome en cuenta sus necesidades específicas y sea cultural y étnicamente sensible. En este contexto, la asistencia y mecanismos para garantizar el reconocimiento de su nacionalidad colombiana son fundamentales para garantizar el acceso a servicios básicos y medios de vida, protegiéndolas de los efectos de la violencia y los conflictos armados.
between November 2018 and May 2019, more 12,000 Venezuelans received primary andmental healthcare from Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières  ( MSF ) .
However, migrants still struggle to access affordable health care. In the border regions of La Guajira, Norte de Santander and Arauca, state run medical services are not open to Venezuelan migrants, except for emergencies,vaccinations, and child birth.
From November to May, nearly 40 percent of patients seen at MSF clinics were under five years old; our teams conducted nearly 2,500 prenatal consultations and more than 4,600 family planning sessions.
Among the migrant community, the lack of access to health services leaves children and women particularly vulnerable.
The most frequent health concerns amongVenezuelanstreated by MSF in Colombia are skin conditions, respiratory infections, urinary tract infections, and gynecological conditions.
En el caso de Venezuela, fuentes independientes afirman que la tasa de mortalidad infantil ha aumentado al menos 30% y la mortalidad materna ha aumentado 65% desde que el régimen dejó de informar sobre los resultados de salud en 201512. Los pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, insuficiencia renal o diabetes no pueden acceder a los medicamentos que necesitan regularmente13.
Ya son 1'408.000 inmigrantes venezolanos, un número de alrededor de 400.000 colombianos retornados, casi 400.000 personas en tránsito al sur del continente en lo que va del 2019 y una migración pendular diaria de aproximadamente 45.000 ciudadanos del lado venezolano que dependen del paso en la zona de frontera, según los últimos datos oficiales.
Iván Duque por las cifras del desempleo no tardó en utilizar el argumento de su ministro de Hacienda y aludió a la presión del tema migratorio en la economía colombiana. Argumento que hasta el momento ni el presidente ni el ministro han respaldado con datos y que, en cambio, alimenta una percepción negativa de la migración.
Un número significativo de venezolanos permanece en una situación irregular en la región, debido a diversos factores, entre los que se incluyen la falta de documentación, los obstáculos administrativos, los períodos de espera, o los documentos requeridos para su acceso, entre otros. En algunos países de la región, su situación irregular los deja sin derechos ni acceso a servicios, y por lo tanto son vulnerables a formas de explotación y abuso, violencia y discriminación. Algunos permanecen desatendidos y desprotegidos.
En los grupos focales llevados a cabo en la investigación de NRC se constataron los datos obtenidos en la encuesta. Los venezolanos, en general, encontraron como pri nci pal proble ma a oportuni dades l aboral es en condi ci ones di gnas con l as de los colombianos; esta situación lleva a otras problemáticas como: no poder acceder a una vivienda digna o a alimentación, y educación, entre otros.
Para abril de 2018, en el Servicio Público de Empleo había 1.452 hojas de vida de retornados postuladas, de los cuales tan solo 71 habían podido ser colocados; es decir, solo el 4,8 % fue vinculado laboralmente. La baja colocación en el mercado formal refleja la alta tasa de informalidad que viven los migrantes, ya que asciende al 85 %  ( Banco Mundial, 2018 ) ; empero, según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario  ( 2018 ) , la situación para los colombianos no es lejana, ya que en Colombia el 60 % de la población ocupada se encuentra en la misma situación de informalidad.
Asimismo, puede que evidenciarse el aumento de los empleos informales y de la contratación ilegal de migrantes que en muchas oportunidades ofrecen mano de obra a un costo menor. Por otro lado, también en el corto plazo se evidenciarían presiones a nivel fiscal, pues un porcentaje del PIB debe ser destinado para proporcionar acceso a los servicios a la población migrante y retornada  ( Banco Mundial, 2018 ) .
De hecho, los datos presentados en el informe del Banco Mundial muestran que la tasa de desempleo de los migrantes es de 22 %, frente a 9 % de la población colombiana.
En el desarrollo de los grupos focales con migrantes, hombres y mujeres, en Bogotá y Barranquilla se mencionó el acoso sexual hacia las mujeres como un factor que puede obstaculizar su permanencia en un trabajo. Esta barrera fue mencionada con mayor incidencia por los hombres, lo que puede ser un indicio de cierto temor entre las mujeres, de denunciar este tipo de comportamientos en el ámbito laboral.
La autoridad migratoria colombiana lanza la versión 2.0 del Certificado de Movimientos Migratorios y el Duplicado de la Cédula de Extranjería en línea, buscando beneficiar a más de 2 mil ciudadanos colombianos y extranjeros al mes.
109,697 people with primary health services;
ntrega de insumos médicos a la E.S.E Suroriente para apoyo a Hospital Carmona y el Hospital San Juan de Dios.
Durante los primeros tres meses, el 44% de los hogares migrantes utilizó más frecuentemente una estrategia negativa de supervivencia severa de pasar un día entero sin comer. El uso de esta estrategia negativa se reduce con el tiempo entre los hogares migrantes, hasta llegar al 25% después de más de un año y medio de permanencia.
Ante los movimientos masivos hacia la frontera, el gobierno colombiano abrió “corredores humanitarios' para permitir que los venezolanos regresaran a su país. Estos permiten el paso por los puestos fronterizos de los departamentos Norte de Santander y Arauca, en el noreste y La Guajira, en la costa norte caribeña de Colombia.Más de 25,000 venezolanoshan regresado a través de estos canales desde abril de 2020. En Cúcuta, las autoridades permitieron que el CENAF se reabriera para garantizar que quienes cruzaran de regreso a Venezuela pudieran acceder a ayuda crítica y someterse a controles médicos mientras esperaban para regresar.
El día de hoy en la jornada de atención se entregaron 100 mercados, cada uno de estos permite cubrir al menos una ración de comida para cuatro personas, durante aproximadamente 15 días.
Un total de 100 familias, recibieron ayuda humanitaria, gracias a la articulación con la Secretaria Municipal para la Atención del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de San José de Cúcuta, La Organización Internacional para las Migraciones  ( OIM )  y con el apoyo de la Policía Nacional.
Durante esta semana se confirmó que uno de los habitantes de esta comunidad presentaba síntomas relacionados con el Coronavirus. Una situación que fue abordada por las autoridades locales con los debidos procedimientos de aislamiento y protección para los demás miembros de la comunidad.