CONTEXT: 17 de junio de 2006 17 de junio de 2006Bogotá, Colombia — El magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo Rentería afirmó el miércoles (14) que ese alto tribunal modificó la sentencia que condiciona la ejecución de la llamada Ley de Justicia y Paz, la cual le brinda marco jurídico al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dicho fallo fue dado a conocer el pasado 18 de mayo en una rueda de prensa. Después de dicha reunión, alias Ernesto Báez, vocero de las AUC, criticó duramente la decisión, afirmando que era "un golpe bajo y mortal para el proceso" de paz que adelanta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con ese grupo armado ilegal. La Corte emitió un segundo comunicado cuya jurisprudencia, según el magistrado Araújo, es diferente a la del primero: "Ustedes recuerdan la intervención del presidente de la Corte, una intervención que coincide después de las declaraciones del vocero de los grupos al margen de la ley, es completamente distinta a la anterior", declaró. Araújo agregó que "una cosa es lo que se decide en la Sala Plena y otra lo que se comunica a la opinión". El jurista se refirió específicamente a un punto del primer comunicado de la sentencia, que habla de acumular a cualquier condena previa (por ejemplo, una condena a 40 años de prisión) la nueva "pena alternativa" (que oscila entre 5 y 8 años) para aquellos que se sometan a la Ley 975 de 2005. Sin embargo, una vez Báez hizo sus cuestionamientos, la jurisprudencia cambió en opinión de Araújo, quién dijo que entre la rueda de prensa y el segundo comunicado hubo una reunión "extraordinaria" de magistrados. Señaló que entendió "que lo que la Corte había decidido fue lo que inicialmente se dijo. ¿Qué pasó después de las declaraciones del señor "Báez", ¿qué reuniones hubo por fuera de la Sala?, ¿quiénes se reunieron en la Corte para sacar el segundo comunicado?. Todo eso debe saberlo la opinión pública". Araújo ha dicho que no pretende realizar una denuncia formal al respecto, pero que le "preocupa el control de la opinión pública sobre la Corte Constitucional" y que quiere "simplemente mostrar cómo en este caso, como en otros, la Corte ha venido dando unas decisiones sobre las cuales unos magistrados dicen una cosa y otros dicen otra, y sin embargo, finalmente no se sabe la verdad de lo que sucedió". El segundo comunicado de la Corte sobre la sentencia todavía contempla una acumulación jurídica de las penas, al igual que el primer comunicado, siendo la diferencia específica que la pena efectiva sería de 5 a 8 años y que la pena acumulada (es decir, la suma de la pena previa y la nueva pena alternativa) sólo entraría a cumplirse si el beneficiario reincidiera en sus actividades criminales o incumpliera los demás requisitos de la Ley. El presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, desmintió las declaraciones de Araújo: "La Corte enfáticamente señala que las afirmaciones del magistrado Araújo contradicen gravemente la verdad de lo que la Sala Plena ha decidido en las oportunidades respectivas, situaciones que han ratificado sin vacilación los restantes integrantes de la Corte". Además, rechazó "enfáticamente la insinuación del magistrado Araújo, pues tomada la decisión en las sesiones correspondientes no se produjo ninguna reunión de magistrados distinta a la comunicación que yo les hice al restante de los ponentes del comunicado, que había hecho el día siguiente de la decisión". Cordobá afirmó que el día de la votación Araújo "se negó a votar la decisión, se retiró de la Sala y manifestó que si no se acogía su tesis se reservaba hacer declaraciones a los medios" y que "resulta insólito que se cuestione que los magistrados han cambiado la decisión de la Ley de Justicia y Paz. Las actas correspondientes, cuya elaboración corresponde a la secretaría general, reafirman lo dicho". Agregó que el magistrado Humberto Sierra, quien salvó su voto, no comparte la visión de Araújo sobre la supuesta modificación del fallo. El magistrado Córdoba también consideró que las declaraciones de Araújo eran una retaliación por el ingreso a la Sala de Tutelas del nuevo magistrado Nilson Pinilla, de orientación política conservadora y contraria a la de Araújo. En la mañana del día en que Araújo realizó sus declaraciones, el mismo magistrado se habría molestado notablemente al enterarse de que Pinilla entraría a reemplazar al saliente Alfredo Beltrán en dicha Sala. Una fuente del tribunal señaló que "Araújo reaccionó muy molesto y dijo que iba a salir a hablar a los medios". Según Araújo, Pinilla no debería entrar a la Sala de Tutelas sino a alguna otra, de acuerdo con el orden alfabético de los nombres de los magistrados. Varios magistrados dijeron que no había ningún acuerdo al respecto de la asignación de las Salas, sino apenas un borrador redactado por la secretaria general de la Corte, y que ese día se tomó la decisión de que Pinilla reemplazara a Beltrán en las Salas correspondientes. Fuentes de la Corte consideraron que sería muy difícil que se hubiera dado la modificación que Araújo ha argumentado porque los seis ponentes que votaron a favor de la sentencia al parecer defendieron dentro de la Corte la misma interpretación que Jaime Córdoba Triviño aclaró en el segundo comunicado. La diferencia principal entre dichos seis ponentes y Alfredo Beltrán, el ponente inicial que salvó su voto, había girado precisamente alrededor de la alternativad penal que suponía reducir las penas efectivas a entre 5 y 8 años de cárcel. A Beltrán "le parecía inconstitucional que los actores armados ilegales pagaran por sus masacres una pena menor que la de una persona normal que sólo ha cometido un homicidio", mientras que a los otros seis magistrados les parecía que "la pena alternativa de 8 años estimulaba la colaboración de los victimarios con la justicia, lo cual contribuiría a satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación". En ese sentido, dicha posición mayoritaria no sería congruente con la interpretación de la sentencia que Araújo ha defendido. Por otra parte, la Fiscalía y la Defensoría denunciaron la creación de nuevas estructuras criminales, incluyendo en ellas el rearme de algunos de los paramilitares desmovilizados: "Se tiene información de la presencia de esas estructuras en el suroeste del país, en el Valle del Cauca; en Catatumbo; en los Montes de María y en zonas de Magdalena, Cesar y Sucre", dijo Vólmar Pérez, Defensor del Pueblo. Por su parte, el Fiscal General Mario Iguarán les advirtió "que no crean que pueden delinquir mientras gozan de los beneficios" que otorga la Ley de Justicia y Paz, porque los perderán al cometer nuevos crímenes.
QUESTION: ¿Qué norma es interpretada por la resolución de la Corte Constitucional?
Output: la llamada Ley de Justicia y Paz