CONTEXT: 15 de diciembre de 2017 Con 262 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general y particular la polémica Ley de Seguridad Interior, por lo que pasa al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. La aprobación llegó en medio de protestas y rechazo general por parte de organizaciones nacionales e internacionales. El País detalla que, en la práctica, la legislación "perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas". La ley logró pasar tanto la Cámara de Diputados, como el Senado gracias al apoyo que le dieron los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), y los del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y algunos del derechista Partido Acción Nacional (PAN). En su contra votaron los izquierdistas Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano. Los opositores a la ley afirman que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnarla. "Es una constante violación a los derechos humanos", declaró Rocío Nahle García, diputada de Morena, y agregó que aunque inicialmente consideraron no votar para no hacer quórum, el respaldo de 11 diputados panistas y dos del Partido Encuentro Social (PES) a la ley, con lo que sumaron 262 apoyos, les obligó a emitir su voto "para que quedara constancia del rechazo". Esta misma mañana, la ley había sido aprobada por el Senado tras una sesión de 15 horas. Desde diciembre de 2006, durante los inicios de la presidencia del panista Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas sustituyeron a las policías locales en cientos de municipios del país. El Ejército llegó a Michoacán, estado atacado por diversas organizaciones criminales. Posteriormente, se envió a Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua. Desde entonces, el Ejército y la Marina cumplen el trabajo de las policías incapaces o corruptas. Quienes defienden la ley afirman que se trata de un marco jurídico para la actuación castrense. Sus detractores la califican de vaga, ambigua y de carecer de un plan para fortalecer los cuerpos policiales. Dentro de las modificaciones planteadas en el Congreso, se estableció un artículo transitorio que señala que, 180 días después de su entrada en vigor, las autoridades (gobernadores y presidentes municipales) de los lugares en donde las Fuerzas Armadas cumplan labores de seguridad, deben presentar un plan con plazos, acciones y presupuestos para fortalecer las policías locales. La ley establece que el Consejo de Seguridad Nacional será el encargado de determinar la procedencia de intervención federal en estados y municipios. Dentro de las 72 horas siguientes, debe dar una "Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior". Asimismo, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para aquellos casos que supongan un peligro grave para la integridad de las personas o el funcionamiento institucional. Por otra parte, la presencia de las fuerzas no podrá exceder el año. Sin embargo, el mandatario podrá prorrogar el plazo en caso de persistencia de la amenaza a la seguridad interior. La CNDH ha recibido múltiples denuncias de abusos de militares y marinos. El ombudsman ha señalado en 197 casos torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Tan solo esta semana, la Comisión dio a conocer un informe sobre dos jóvenes torturados y asesinados por militares en 2016 Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han unido en sus críticas a la legislación. Este jueves (14 de diciembre), siete relatores y grupos de trabajo de la ONU enviaron una carta asegurando que "Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles". A esas organizaciones se han sumado instituciones educativas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad Iberoamericana. "Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio, que permita revisar la política de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública", señalaron en un comunicado los rectores de las tres universidades. Tanto la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron que la ley "contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país", informó Animal Político. Junto con ciudadanos, ambas organizaciones habían rechazado la legislación y solicitado a los legisladores se realizara un diálogo abierto. — Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
QUESTION: ¿Ante qué órgano interpondrán un recurso contra la norma los opositores?
Output: la Suprema Corte de Justicia de la Nación