CONTEXT: 11 de octubre de 2009 Desde diferentes sectores, variadas voces dan cuenta de las nuevas perspectivas abiertas tras la maratónica sesión del viernes pasado en el Senado nacional, sin embargo desde la oposición advierten que la ley generará grandes contiendas judicales. La normativa, promulgada por Cristina Fernández de Kirchner ya figura en el Boletín Oficial Argentino. La celeridad de la promulgación ha sido calificado como "inusual" por el abogado constitucionalista Gregorio Badeni, aunque el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo justificó por el viaje presidencial a la India. Desde empresas de medios opositoras como el grupo Clarín así como el Grupo Uno comandado por el ex ministro menemista José Luis Manzano, hicieron saber que irán a la justicia para apelar la nueva ley. "El Grupo Clarín va a recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos" dijo el Director de Relaciones Externas del multimedios, Jorge Rendo a una radio de la ciudad de Buenos Aires. Lo propio hizo Daniel Vila, Presidente del grupo UNO, quien se preguntó "¿qué pasa si en un año no vendo mi empresa?", en alusión al artículo 161 que impone la desinversión a los grupos que superen la cuota de frecuencias permitidas en el plazo de un año. Vila dejó abierta la amenaza de despidos al personal de los medios de comunicación bajo su control si la justicia no intercede en su beneficio. Por otro lado, ambos grupos tendrían más tiempo del que dicen para adaptarse al nuevo marco normativo, ya que si bien el artículo 161 fija el plazo de un año para este proceso, ese período comenzaría a correr recién después de la conformación de la autoridad de aplicación y de que la misma defina los mecanismos según los cuales se procederá a desmantelar los grupos que excedan la cuota de frecuencias permitidas. En este escenario, varias son las voces que se mostraron a favor de la norma y el fin de una regulación como la Ley de Radiodifusión que data de la dictadura militar. El senador santafesino, el socialista Rubén Giustiniani dijo que con la ley ahora derogada, el Poder Ejecutivo tenía efectivamente una cuota grande de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones, mediadas por el intervenido COMFER. "Ahora vamos a tener un órgano de aplicación con participación del Congreso" argumentó el socialista que contribuyó con su voto para la aprobación de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El académico Martín Becerra, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes y autor de numerosos estudios y publicaciones sobre concentración de medios en Argentina y convergencia tecnológica, publicó hoy en el matutino Página 12 un artículo donde indica que "La sanción de la ley por el Congreso presenta un cambio de rumbo: posiciona al Estado como garante de derechos sociales al reconocer al sector no lucrativo y a la economía cooperativa como operadores de un tercio del sistema, al disponer la separación entre Poder Ejecutivo (PEN) y autoridad de aplicación por un lado, y PEN y dirección de los medios (ahora sí) públicos por el otro, al establecer un moderado límite a la concentración del mercado (10 licencias, o 35 por ciento de cuota potencial), al exigir cupos de producción propia como condición para explotar licencias de radio y TV". Desde la oposición, Ernesto Sanz, jefe del bloque radical en el Senado, afirmó a la prensa que "han sacado una ley que no es una buena ley. Es una ley que está tan mal hecha que va a ser de muy dudosa aplicación", además se quejó de que la ley había salido a "libro cerrado", tal cual como venía de Diputados. Quienes están a favor de la nueva ley indican que de aquí a tres años, habrá una polifonía de voces que incluirá medios sin fines de lucro, cooperativas, organizaciones sociales y universidades en el mapa de la radiodifusión, un escenario que era impensado mientras estuviera en vigencia la ley 22285.
QUESTION: ¿Qué riesgo entraña la nueva legislación según sus detractores?
Output: generará grandes contiendas judicales