La empresa, que había tenido pérdidas sustanciales luego de la construcción de la carretera al Atlántico durante los gobiernos de Jacobo Arbenz Guzmán y Carlos Castillo Armas, y —con excusas como el pago de los salarios atrasados de la huelga de 1968— creó exprofesamente un estado de insolvencia para que pasara a propiedad del Estado de Guatemala, hecho que se ejecutó al margen del procedimiento administrativo público, lo que permitió a la IRCA evitar la responsabilidad por el pasivo dejado.