El 2 de noviembre de 1998, durante las obras llevadas a cabo en la plaza de San Gil, que consistían en eliminar las edificaciones adosadas a la muralla y construir posteriormente una nueva oficina de turismo, se derribó ilegalmente un tramo de muralla de 11 m de largo x 4,5 m de alto x 2,20 m de ancho, justificado como un hundimiento accidental, que tras diversos informes se concluyó que se había tratado de un derribo provocado, y por ello la Junta de Castilla y León abrió un expediente administrativo al ayuntamiento, quien hizo caso omiso a las recomendaciones de los técnicos de la Comisión Territorial de Patrimonio meses antes de ejecutarse las obras.