La nueva ley, fruto del cambio de gobierno en Aragón motivado por los resultados de las Elecciones a Cortes de Aragón de 2011, mantiene la práctica totalidad de los derechos lingüísticos reconocidos en la ley de 2009 (enseñanza, antroponimia, instrumentos notariales, fomento, posibilidad de uso en las sesiones de los órganos administrativos, etc.) a excepción de la sustitución de la obligatoriedad por la mera "facultad" de las Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón de responder en las lenguas propias a los ciudadanos que se dirijan a esas instituciones en esas lenguas, introduciendo como cambio más destacado la supresión de la denominación de "aragonés" y "catalán" para referirse a las lenguas propias e históricas de Aragón, reconociendo pese a todo la existencia de tales lenguas en Aragón, pero bajo los circunloquios lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica y lengua aragonesa propia del área oriental.