Todo ello hizo naufragar la petición oficial, presentada en febrero de aquel mismo año, de la apertura de negociaciones para «la plena integración» de España en la Comunidad Económica Europea, algo sobre lo que la CEE ya había declarado que «los estados cuyos gobiernos carecen de legitimidad democrática y cuyos pueblos no participan en las decisiones gubernamentales ni directamente ni mediante representantes elegidos libremente, no pueden pretender ser admitidos en el círculo de los pueblos que forman las Comunidades Europeas».