Aunque el Gobierno figura como accionista de esa empresa con un 51% del capital, sin embargo, representa una minoría de votos en las Asambleas Generales, lo que hace que, para confianza del público que ha suscrito acciones, el manejo, la administración y en general el control de esa negociación quede en manos de particulares y el Gobierno se preocupe por darle el respaldo correspondiente.