En cuanto al compromiso de reformar el Código Penal, el Acuerdo establece que la reforma del sector de la administración de justicia, en dirección de la cual se dictó en 1993 el Código Procesal Penal, se complete con la adopción de una legislación penal moderna, cuyos contenidos reserven la actuación del sistema penal a la prevención y al castigo de las conductas verdaderamente perjudiciales para la sociedad.