Tras el golpe de estado de 1982, el gobierno militar de facto de Efraín Ríos Montt (1982-1983) elaboró el decreto-ley sobre hidrocarburos, adoptado en 1983, el propiciaría la atracción de inversiones extranjeras y se inscribió dentro de la primera oleada de ajustes estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de cualquier ayuda presupuestaria.