El Plan Baker I establecía una solución política en la que como máximo durante cinco años Marruecos y la «población del Sahara Occidental» compartirían competencias en el territorio, por la parte saharaui, los habitantes que habían estado residiendo en el territorio desde 1998, más los refugiados de los campos de Tinduf establecidos en la lista de repatriación de ACNUR del año 2000, elegirían una Asamblea legislativa sobre competencias en la región (educación, impuestos, agricultura, minería, pesca, industria…) pero con leyes que respetasen la Constitución de Marruecos, mientras que Marruecos se encargaría de las fronteras, relaciones exteriores, defensa, o de seleccionar a los jueces, y también se extendería la moneda, bandera o servicios de comunicación postal y telecomunicaciones sobre el Sahara Occidental.