El gobernador había dado gran importancia al establecimiento de un juzgado federal en La Rioja, y éste le sirvió para perseguir a los federales; juzgados por el juez Natanael Morcillo, Zalazar y Morcillo fueron condenados a muerte y ejecutados, además de serles expropiados sus bienes, con la excusa de que habían robado hacienda y caballos durante sus rebeliones.