La respuesta del régimen fue la creación el 31 de mayo del Tribunal de Orden Público, por el cual los condenados eran juzgados por lo civil y no militarmente, pasando a ser ajusticiados por garrote vil en vez de fusilados, como pasó cuatro meses después con dos presos anarquistas, Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez.