Sin embargo, la condena finalmente no pudo aplicarse debido a que el Tribunal Supremo, en 2004, determinó que la Audiencia Nacional incurrió en un defecto de forma en la emisión de la sentencia condenatoria, de manera que, como consecuencia de ello, el delito cometido, jurídicamente, pasó a quedar prescrito, lo que significó que ni los herederos de Jesús Gil (en el momento de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, Jesús Gil ya había fallecido) ni Enrique Cerezo tuvieron que devolver las 236.056 acciones adquiridas fraudulentamente.