Para acabar con la rebelión cantonal Pi y Margall se negó a aplicar las medidas de excepción que le proponía el sector "moderado" de su partido, que incluía la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal —lo que no sucedió— y la vía del diálogo —la «guerra telegráfica» que ya le funcionó cuando la Diputación de Barcelona proclamó el Estado catalán— haría entrar en razón a los sublevados.