A finales de ese mismo mes, la juez titular del Juzgado 24 de Madrid promulgó un auto por el que el proceso de la «Operación Galgo» se dividía en cuatro partes distintas, quedando la imputación individual a Marta Domínguez separada del procedimiento colectivo para los supuestos cabecillas de la red ilegal de tráfico de sustancias ilegales; por otro lado, el auto ratificaba la imputación a Domínguez de tráfico de anabolizantes y se le acusaba también de cometer un delito contra la hacienda pública.