Tras el recurso de la LFP que, prestó un aval de varios millones de euros, un juez distinto al que había dictado la resolución cautelar, anuló la medida cautelar, pese a entender no ajustado a Derecho uno de los motivos del descenso, confirmando el mismo por repetidos impagos de impuestos a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, tras haber acabado los plazos y prórrogas, lo que conllevó a que su plaza la ocupara el Club Deportivo Mirandés y el equipo murciano fuera oficialmente sancionado con el descenso a la 2.ª División B.