Con el antecedente regional de los crímenes del régimen de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador en 1932 y los de la represión en Guatemala tras el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz entre 1963 y 1966, donde la práctica se fue configurando de manera numerosa por primera vez, fue durante los años 1970 cuando, tras la instauración de las dictaduras militares de Argentina y Chile, acontecieron los más extremos y masivos casos de desapariciones, cuya denuncia por familiares, asociaciones y personas relevantes de la lucha por los derechos humanos llevaría posteriormente al desarrollo de una jurisprudencia internacional especial y al reconocimiento del delito de lesa humanidad de desaparición forzada, perseguido por el Tribunal Penal Internacional.