Conforme a esta visión, la Iglesia únicamente tenía potestades sobre el campo dogmático-moral de sus fieles; en consecuencia, los asuntos de carácter secular en territorio austríaco (incluida la administración de la propia Iglesia con sus cuantiosos bienes y rentas) debían quedar sujetos a las leyes y autoridades del Estado, estableciendo de ésta manera las bases de una Iglesia nacional, según los principios de la Ilustración, dejando que el Estado tomara la dirección y control de la política religiosa.