El balance negativo del cumplimiento de la integración jurídica al que se refiere esta recomendación, plantea nuevamente la necesidad de insistir en el compromiso de coordinar el derecho indígena con el derecho estatal y de implementar un programa de capacitación permanente de jueces y fiscales sobre la cultura de los pueblos indígenas, en especial respecto al conocimiento de las normas y mecanismos que regulan su vida comunitaria.