Tal argumentación me parece inconsistente para justificar la proposición que se hace, ya que la defensa de los intereses de la nación en el proceso de desarrollo económico social y cultural, no queda a cargo ni bajo la responsabilidad de los empleados, sino de los funcionarios y dirigentes de confianza de la banca ahora estatizada, y la seguridad y estabilidad de la política financiera sólo la puede dar el propio Estado mediante políticas convenientes, democráticas y honestamente puestas en práctica.