Con este paso histórico, tanto el sultán como la clase dirigente otomana se veían ahora sujetos a la suprema autoridad de la Constitución, pero aun así mucho dependía de la buena voluntad del sultán, quien logró introducir dos cláusulas que le permitían suspender el Parlamento, declarar el estado de sitio en caso de guerra y desterrar a las personas que actuaban contra la integridad del Estado.