La familia Ruiz-Mateos afirmó en mayo de 2010 que continuaría solicitando la ejecución de los justiprecios positivos por la expropiación de Rumasa, «reconocidos por el Estado español en sentencias firmes» según su propia versión, y que ascenderían a la cantidad de 2095 millones de euros y que transcurridos de 27 años dicen que continúan pendientes de pago.