La Constitución de 1978 aunque no formule expresamente el reconocimiento del sistema público de servicios sociales, contiene un mandato para que los poderes públicos realicen una función promocional del bienestar social; así en el artículo 1 se proclama a España como un “"Estado Social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"” y establece que las competencias en materia de Asistencia Social recaen en las Comunidades Autónomas (Art.