Ello es necesario para que el Estado pueda cumplir su función como rector y promotor del desarrollo económico y social, para fortalecer el papel de la empresa pública y privada, para vigorizar el papel decisivo de las empresas del Estado en la producción, en el aumento de la producción en los sectores estratégicos, incrementando el empleo al ritmo que lo demandan los objetivos nacionales, para vigorizar la capacidad de inversión del Estado que requiere nuestro proceso de desarrollo y para fortalecer y desarrollar el pluralismo participativo que en el ámbito de las decisiones generales demanda nuestro sistema de economía mixta, para reafirmar ese sistema económico de orden constitucional.