Por otro lado, existían ciertas limitaciones inherentes a su jurisdicción: si el gobernante del territorio del que surgía el caso ostentaba y ejercía el llamado "privilegio de non appellando", el caso no podía ser atendido por la Cámara; por otro, la Cámara no podía intervenir en casos de delitos criminales penales a no ser que el caso involucrara defectos en el procedimiento legal seguido.