En materia de reforma administrativa, se impulsaron nuevos derechos para los habitantes de la provincia a través de la sanción de la Carta de Derechos del Ciudadano -Ley n.º 8835/00- que, entre otras cosas, reconoce la tutela de los intereses colectivos y los intereses difusos; y crea el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), para regular la calidad de los servicios en la Provincia; a ampliación del número de ministerios y la unificación y digitalización del sistema de mesa de entradas y salidas de la Provincia; la incorporación de capital privado al Banco Provincia de Córdoba; y la racionalización del personal de la administración pública provincial a través de la reducción de las edades jubilatorias (Ley n.º 9045/02) y la creación del Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria (Ley n.º 8836/00), hechos que, si bien contribuyeron a la liberación de puestos de trabajo especializados -Salud y Educación- bajando los costos operativos del Gobierno, engrandecieron el déficit del sistema previsional.