Entonces, es obligación del Estado precautelar esta riqueza, porque es coopartícipe de las utilidades derivadas de la negociación de la fruta; es una responsabilidad de los organismos especializados, a los que se debe confiar la ejecución de todas las actividades tendientes a cuidar y salvar la riqueza bananera de la Provincia, con la intervención de programas concretos y constantes campañas para su saneamiento; en primer lugar, de sus plantaciones, y luego, para asegurar las cotizaciones justas al producto, propiciar el incremento de las exportaciones y la ampliación de los mercados en el extranjero.