A pesar de la conclusión a la que llegó Reyés, el 8 de septiembre de 2005 la Cámara de Diputados de Bolivia, país donde se desarrolla la mayor parte de la trama de la novela, aprobó "una declaración en la que acusa a la autora de haber «violado los más elementales derechos de propiedad de Bolivia y los derechos de autor de los miembros de la Expedición Madadi»" y considera que la respuesta de Reyés fue dada "en términos agravantes para la dignidad nacional".