Ante un golpe de estado en el que los militares se alzan en bloque contra el Gobierno, y además se unen a ellos la Guardia Civil y demás fuerzas de seguridad, ni el Estado republicano (a través de los gobiernos civiles y las alcaldías) ni las organizaciones políticas y sindicales leales a la República pueden hacer casi nada para salvaguardar la legalidad: declarar la huelga general y aguantar lo que se pueda.