Los artículos 2 y 3 otorgaban al gobierno del Reich todas las facultades propias de los Länder de Alemania, establecidos por la Constitución de Weimar, en cuanto a la "custodia de la seguridad pública", vulnerando las autonomías locales previstas por la Constitución; los artículos 4 y 5 fijaban penas severas para los actos contrarios a la seguridad pública, desde multas por 15,000 Reichsmark hasta penas de cárcel mayores a las fijadas hasta entonces por el Código Penal (el cual quedó ampliamente modificado para aumentar drásticamente diversas penas), incluyendo la pena de muerte para quienes causaren daños a bienes públicos o quienes "opusieran resistencia a autoridades del Reich"; el artículo 6 fijaba finalmente que el decreto entraba en vigencia en todo el país con efecto retroactivo, lo que permitió aplicar la pena de muerte al supuesto causante del incendio del Reichstag, Marinus van der Lubbe (guillotinado el 10 de enero de 1934) y construir los primeros campos de concentración.