Estas mismas fuentes consideraron que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana actuó en su conjunto como una organización criminal en torno al supuesto amaño de centenares de adjudicaciones y mordidas por contratos públicos, incluyendo la presunta financiación ilegal del partido en los tres niveles, local, provincial y autonómico, y en las tres provincias de la comunidad autónoma.