Esta presencia traería como consecuencia que la lengua castellana prevaleciera en la administración, justicia y educación, convirtiéndose su conocimiento en obligatorio para ejercer ciertos oficios, como muestra el requerimiento de conocer el castellano para poder ser elegido a las Juntas Generales de Vizcaya (máximo órgano político de representación del Señorío) de 1613 o a las alavesas en 1682.