Este proyecto fue conocido como "El Proyecto Labatut u Silva" y fue encomendado por el Decreto Supremo Nº 2629, de 11 de junio de 1937, del Ministerio de Justicia, a Gustavo Labatut Glena, quien era Profesor Titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y a Pedro Silva Fernández, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.