Cuando ocurra que algunas sociedades tengan un fin contrario a la honradez, a la justicia, o a la seguridad de la sociedad civil, el Estado tiene derecho de oponerse a ellas, ora prohibiendo que se formen, ora disolviendo las ya formadas; pero aun entonces necesario es proceder siempre con suma cautela para no perturbar los derechos de los ciudadanos y para no realizar el mal so pretexto del bien público.