La entrada de mercancías, incluyendo alimentos, medicinas, materias primas y carburante, así como los suministros de electricidad y agua, y el movimiento de personas entre la Franja de Gaza y el exterior han estado controlados y limitados por el gobierno israelí los 18 meses previos al bombardeo, política que ha sido criticada como una estrategia para desacreditar al gobierno de Hamás frente a los palestinos por varias ONGs pro-derechos humanos, que el 6 de marzo de 2008 presentaron un informe en el que consideraban que la situación de la población de la Franja de Gaza era la peor desde la Guerra de los Seis Días.