Durante varias décadas se reconoció que la vivienda era un problema público, para lo cual se crearon diversos programas y se hicieron adiciones al artículo 123 constitucional para la institución de los fondos de los trabajadores, a partir de 1983 la vivienda pasó a ser concebida como un derecho social universal; la participación estatal se había consolidado previamente entre 1970 y 1976.