A pesar de que su gobierno está dirigido en su totalidad por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido, se sostuvo que las decisiones previstas en esa dirección no podían ser impugnadas como si fueran las decisiones de derecho de un departamento gubernamental del Reino Unido; por tanto, la Convención Europea de Derechos Humanos no se aplica.