Las guerrillas de las FARC y el ELN, por su parte, prosiguieron con el uso de minas antipersonales, el reclutamiento de menores de edad, el desplazamiento forzado y los secuestros, mientras que algunas fuerzas del Estado, en el marco de la llamada política de seguridad democrática, realizaron ataques aéreos indiscriminados, utilizaron niños como parte de la red de informantes, bloquearon el transporte de personas, alimentos y bienes e incluso protagonizaron casos de violencia contra mujeres.