La idea de re-nacionalizar la fábrica poco a poco commenzó a imponerse, sin embargo no existían incumplimientos contractuales graves por parte de la concesionaria para justificar una rescisión unilateral por parte del Estado, por lo que el Poder Ejecutivo propuso en octubre de 2007 un proyecto de Ley que lo habilitara a comprar las acciones de la sociedad, reconociendo a la concesionaria titular el valor del patrimonio neto.