Tras la pérdida del aforamiento de Castedo y Díaz Alperi el caso pasó a los juzgados de Alicante, siendo decretado el archivo provisional el 12 de mayo de 2016 al entender el magistrado que la identificación precisa de los delitos por parte de la acusación “"no se ha hecho, porque no basta con la transcripción de unas conversaciones, ni siquiera con la interpretación que de esas conversaciones pueda hacer la policía, que ha de servir para iniciar o encaminar una investigación, pero no para continuarla y sostener una acusación"”.