Tras la guerra civil española, la Ley de 10 de febrero de 1939, que fijaba normas para la depuración política de funcionarios públicos, supuso una sanción y un traslado forzoso debido a su afiliación a Alianza Republicana y por haber ostentado el cargo de Secretario de la Unión General de Trabajadores en el sector de la enseñanza.