El financiamiento debe responder al compromiso social del estado de garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna y decorosa, por lo que la ley establece que los distintos pagos derivados de los programas habitacionales serán justos, sin perjudicar a la población beneficiaria, lo que se complementa con la necesaria regulación de los costos del suelo, materiales de construcción y de los procesos productivos, constructivos y del mercado habitacional en su conjunto, teniendo en cuenta las diferencias entre los contextos urbano y rural e indígena, así como aquellas situaciones que afectan gravemente el derecho a la vivienda, como son los desastres y las reubicaciones y los desalojos.