Conforme a las leyes existentes, un funcionario real no podía registrar las bienes y propiedades de un sospechoso sin entregar un motivo lícito, pero gracias a las órdenes de asistencia los funcionarios ni siquiera necesitaban sustentar sus pesquisas sino que el privilegio dado por la Corona les permitía ejecutar sus indagaciones de modo arbitrario, siendo obligatorio prestarle ayuda en tal cometido.