El ordenamiento legislativo de dichos servicios se enmarca siempre bajo la "Ley de Asistencia Jurídica Gratuita", por lo que de forma general los requisitos económicos y sociales para beneficiarse de forma gratuita de un abogado de oficio son las mismas que para acogerse a este sistema (véase) y son iguales en todos los órdenes: penal, vigilancia penitenciaria, civil, contencioso-administrativo y social.