Se trata, en particular, del compromiso de llevar a cabo una estrecha articulación de las políticas de vivienda con políticas de ordenamiento territorial, en particular planificación urbana y protección ambiental, que permita el acceso de los pobres a la vivienda con servicios y en condiciones de higiene y sostenibilidad ambiental y del compromiso de aplicar normas en la producción y comercialización de materiales y servicios de construcción; actualizar las normas de salubridad y seguridad aplicables a la construcción y supervisar su cumplimiento; coordinar con las municipalidades del país para que existan normas homogéneas, claras y sencillas par la construcción y supervisión, persiguiendo la buena calidad y adecuada seguridad.