En agosto de 2014, el crimen de Hector Abad Gómez fue declarado por la Fiscalía General de la Nación como delito de lesa humanidad, al comprobarse que este hecho fue parte de un siniestro plan del narcotráfico, en complicidad de grupos paramilitares y agentes de seguridad del estado, para eliminar a los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, evitando así su ascenso al poder político.