De cualquier manera, haciendo frente a retrasos y otras irregularidades en los procedimientos, y obstruida por una Ley de Reconciliación Nacional que permitía amnistías a los perpetradores acusados, los sobrevivientes vieron que las ayudas legales de Guatemala no fueron efectivas en este caso, y consecuentemente decidieron presentar una queja con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1996.