La decisión de la diputación guipuzcoana recibiría en los días siguientes las críticas de la oposición política tanto en el Ayuntamiento de San Sebastián como en las Juntas Generales de Guipúzcoa, acusando al ejecutivo foralde haber reabierto ilegítimamente el expediente cerrado en 2010 para ponerse bajo el paraguas de la normativa estatal (Real Decreto de 1986) con el que había sido tramitado, en lugar de haber tramitado un nuevo expediente bajo la legalidad actual de la norma foral 2/2003 (procedimiento que habría concluido en su rechazo por incumplir el requisito de los 2.500 habitantes).