Se consultó a diversos juristas sobre la legalidad de la posesión ducal de los muros, y su respuesta fue terminante: al quedar abolidos los señoríos jurisdiccionales, el duque no podía considerarse dueño de las mismas y, tras diversos trámites, se obligó al duque a que renunciase sobre sus derechos, pasando a partir de entonces la titularidad del recinto amurallado al ayuntamiento.