En el fallo, los jueces de casación dictaminaron que "los hechos no podían constituir crímenes de lesa humanidad"; que la "acción militar fue ordenada durante un gobierno de autoridades legítimas y que se dispuso en la emergencia recién cuando las fuerzas policiales habían sido superadas" y que "no es posible afirmar con certeza y más allá de toda duda razonable" si verdaderamente se produjo el fusilamiento.