Afirmó la defensa que Casas y Toledo no eran personas que integraran, según la hipótesis de la fiscalía, la asociación ilícita conformada por personal de las dos brigadas, por lo que sus intervenciones resultaban un indicio a favor de la legitimidad del procedimiento de marzo, ya que si hubiera sido un procedimiento ilegal, Ibarra debió haberse valido, por ejemplo, de sus coasociados ilegítimamente de la Brigada de Vicente López, circunstancia ésta que, según dijeron los acusadores al referirse al hecho del 10 de julio, minimizaba el riesgo.