Ante una situación obvia de desequilibrio, ¿debe la Administración Pública intervenir favoreciendo o desfavoreciendo a un proveedor en relación con otros? El respeto por las leyes que garantizan la libre concurrencia parece indicar que la Administración Pública debiera abstenerse de hacerlo; sin embargo, ¿debe la Administración Pública con su abstención consagrar desequilibrios originados en el pasado? ¿Implica la abstención una renuncia a la acción correctora? ¿Dónde empieza el intervencionismo y donde acaba la corrección?