En materia económica la Iglesia católica no es una entidad centralizada, sino que las distintas personalidades jurídicas canónicas (provincias eclesiásticas, conferencias episcopales, diócesis, parroquias, asociaciones de fieles, etcétera) son titulares de su patrimonio y lo gestionan de forma autónoma, obteniendo los recursos según lo establecido en el Derecho canónico y las leyes civiles.