En esta etapa de alto al fuego, se denuncia el incumplimiento del Estado colombiano por cuanto no respetaban la tregua y seguían asesinando líderes sociales y combatientes de las FARC, por su parte los sectores opuestos a la política de paz del Estado dirigido por el gobierno de Betancur, consideraban que un alto al fuego solo es posible con la rendición de uno de los contendores y no como producto de un acuerdo de voluntades entre ellos se encuentran varios pronunciamientos de generales de la República como Landazeabal Reyes (acusado en 1986, luego del asesinato de Posada y Pedro Nel, de dirigir la operación "Baile Rojo", con la que pretendía exterminar a todos los militantes, simpatizantes de la UP y sus familiares), en abierta contradicción a lo acordado por el Estado y, por lo que al reconocer el estatus político de la insurgencia, prácticamente se cometía una traición, evidenciado en que las directivas del gobierno iban por un lado pero los que la ejecutaban en el plano militar iban por otro, desconociendo el cese al fuego y considerando que toda persona armada es el enemigo al que no había que dar tregua, y aún más, se extendía el concepto de enemigo a los civiles desarmados, usando para ello la Doctrina de Seguridad Nacional que les indicaba que debían aplicar los manuales contrainsurgentes, por tal razón en solo 1984 se reportaron más de 100 homicidios de combatientes en tregua.