Si bien esta legislación marcó el quiebre de la tendencia creciente de incidentes en el país, la erradicación definitiva está aún lejos de lograrse, ya que el Estado ha sido incapaz de controlar efectivamente el comercio con ácido y judicializar las contravenciones a esta legislación, que ha sido calificada como “dead law” por organizaciones pro-víctimas.