Al haber perdido cualquier fuente de ingresos tras la salida de Caja Madrid de Bankia, el Gobierno de España, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, legisló una normativa por la cual las cajas de ahorros debían transformarse en fundaciones bajo el protectorado del gobierno autonómico correspondiente, a fin de que fuera posible mantener la obra social y cultural que venían llevando a cabo las cajas.