Junto a ésta, la política de fijación de precios en respuesta a la inflación galopante y la situación de la empresa, con 32.000 empleados ( contando con el exceso de capacidad añadido de Lanbaden ) y unas pérdidas de cerca de 20.000 millones de pesetas, hacían imprescindible una reorganización con un fuerte costo económico y social, que el Estado español en plena transición no estaba dispuesto a asumir en solitario.