A pesar de que el banco y sus reservas no eran de propiedad estatal -pues no devendrían en tales hasta la promulgación del Decreto-Ley 18/1962 del 7 de junio de 1962, sobre Nacionalización y Reorganización del Banco de España-, la institución estaba sometida al control tanto del gobierno, quien designaba al gobernador, como del ministerio de Hacienda que nombraba a varios miembros del Consejo General del banco.