La falta de una política estatal contra el crimen, que comprenda la prevención e intervención en situaciones de crisis, ha provocado que, en repetidas ocasiones, autoridades del Organismo Ejecutivo y el Organismo Judicial se negaran a tener un rol activo en la prevención de los linchamientos y que destacadas actuaciones de la PDH y la PNC no hayan tenido todo el efecto deseado.