El Gobierno, sin embargo, rechazó estas exigencias y envió ese mismo día una reforma constitucional para asegurar el «derecho de todos los chilenos a una educación de calidad», mientras que el MINEDUC comenzó a fijar los plazos para cumplir los proyectos anunciados por La Moneda la semana anterior y solicitó un aplazamiento para la rendición de la PSU y el estudio de una licitación para ésta.