Tanto el OJ y el Ministerio de Educación, como la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos del Ejecutivo (COPREDEH), en su calidad de coordinador de la política del Ejecutivo en esta materia, deberían planificar y poner en práctica una campaña de difusión y educación en todo el territorio nacional, especialmente en los departamentos en que se registra mayor número de linchamientos.