A raíz del escándalo desatado por DFRE en noviembre de 2008, el gobierno decretó un estado de emergencia social y, bajo éste, emitió decretos autorizando a la Superintendencia de Comercio a intervenir y cerrar empresas que se consideren sospechosas de captar dineros del público, prestar dinero a usura o lavar dinero, entre otros delitos financieros.