El Estado mantiene en Cataluña, una vez terminado el despliegue, un número limitado de agentes para ejercer las funciones atribuidas en exclusiva a la Administración General del Estado como terrorismo y tráfico de drogas, la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida del territorio nacional, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, documentos oficiales de identidad, tráfico de armas y explosivos, protección fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal y las otras funciones que la Constitución y la ley establecen.