La celebración del Tratado se adecua al Artículo 25 constitucional que otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía nacional y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución de los ingresos y la riqueza, permita el ejercicio pleno de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución de la República.