Habiendo sido juzgados ya por los tribunales, los principales reos de los asesinatos cometidos en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac y ejecutada en sus personas la pena capital que se les ha impuesto, el Gobierno de México continuará activamente la persecución y castigo de los demás cómplices que hayan logrado hasta hoy eludir la acción de la justicia, y activará todos los procedimientos a fin de que tengan el debido castigo los culpables de los crímenes perpetrados en el Mineral de San Dimas, Departamento de Durango, el 15 de septiembre de 1856, tan luego como dicho Departamento vuelva a la obediencia del Gobierno Mexicano o puedan se aprehendidos los reos, o autores de dichos crímenes.