Con esta sentencia, el Estado colombiano podría ahorrar más de 50 millones COP (27 400 $) en materia pensional, pues en declaraciones a la prensa el , , argumentó que "lo que se espera, en honor a la equidad y estabilidad financiera del sistema, es que se ordene una vigencia retroactiva de dichos topes desde el día en que fue proferido el Acto Legislativo, es decir, desde 2010" y exhorta a aquellos que hayan devengado sumas superiores a devolver el dinero al Estado que en su criterio podrían haberse obtenido de forma fraudulenta.