En un informe con el que señala, pretende reparar el "contexto de desinformación" en torno al proceso abierto, se ha unido a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir al Estado que derogue la Ley de Amnistía de 1977 a la que se acoge el fiscal para considerar que no es posible perseguir a los culpables.