Desde este puesto fue partícipe del desarrollo del llamado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que suscribieron todas las fuerzas políticas y los principales agentes del sistema judicial español (Asociaciones judiciales, Ministerio fiscal, secretarios judiciales, abogados, procuradores de Justicia entre otros), y redactor de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia (2002), aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y firmada solemnemente por los referidos representantes de los operadores jurídicos españoles.