Las adaptaciones de criterio con que la ley antigua tiene que ser aplicada en distintas fases de la actividad señalada, y que no están previstas ni orientadas en la ley en vigor, producen trastornos, choques y críticas para los funcionarios encargados de aplicar la ley y para el propio Gobierno no que no puede seguir una línea fija de interpretación cuando los intereses y los preceptos establecidos no corresponden ni al momento presente ni a la orientación ideológica que los empresarios mismos desearan y los usuarios exigen.