Haciendo uso de las facultades extraordinarias por 60 días que el Congreso concedió al gabinete Hercelles, Ulloa expidió el Decreto Supremo Nº 287 (agosto de 1968), con una serie de medidas para reordenar las finanzas, entre las que se contaban una reforma tributaria que hacía efectivo el cobro de los impuestos sobre la renta; establecía el impuesto directo al patrimonio accionario y al valor de la propiedad predial; eliminaba el anonimato en las sociedades por acciones (lo que posibilitaba que el Estado controlara efectivamente la recaudación de impuestos al capital); e incrementaba las tasas impositivas sobre los ingresos personales.