Fruto de los mencionados acuerdos parlamentarios fue la promulgación de dos leyes complementarias, una de las cuales, ordinaria (Ley 11/2002, de 6 de mayo), regula el Centro Nacional de Inteligencia, mientras que la otra, de carácter orgánico (Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo), establece el control judicial previo al que deben someterse determinadas actuaciones del CNI.