El Gobernador General impondrá en forma terminante a los Gobernadores civiles de las provincias el desempeño personal de las distintas funciones que el Estatuto provincial les asigna, prohibiéndoles que hagan uso de la facultad de delegar en los Presidentes de las Diputaciones, con el fin de que las orientaciones, actividades, trabajos e inversiones de fondos puedan ser fiscalizadas e intervenidas por los dichos Gobernadores bajo su más estrecha responsabilidad.