El Gobierno de México aunque está convencido de que no ha habido responsabilidad de parte de las autoridades, funcionarios ni empleados, en los crímenes cometidos en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac, guiado sin embargo del deseo que le anima de que se corten de una vez las diferencias que se han suscitado entre la República y España, y por el común y bien entendido interés de ambas naciones, a fin de que caminen siempre unidas y afianzadas en los lazos de una amistad duradera, consiente en indemnizar a los súbditos españoles a quienes corresponda de los daños y perjuicios que se les hayan ocasionado por consecuencia de los crímenes cometidos en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac.