No obstante, con la Constitución española de 1869, la real orden ya no tendrá un carácter dispositivo, sino que meramente cumplirá la función de "sanción" que las normas fundamentales atribuyen al Jefe del Estado, salvo en situaciones de alteración de la legalidad constitucional como cuando por real orden el Rey Alfonso XIII accedió a las pretensiones de acceso al poder mediante un golpe de Estado de Primo de Rivera.