Dicha política, que se materializó en cinco decretos que posteriormente, serían elevados después de una depuración, a legislación permanente en el nuevo Código de Procesamiento Penal, aspiraba en términos simplificados, a favorecer con la reducción de la pena a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran por lo menos un delito, con la garantía, en algunos casos condicional, de ser juzgados en el país y recluidos en pabellones de alta seguridad.