El 19 de octubre de 2004 el Tribunal Supremo, confirmando la sentencia que dos años antes había dictado la Audiencia Provincial de Madrid, lo condenó a siete años de prisión y 18 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos en el conocido como "caso de los fondos reservados", al considerar probado que se lucró personalmente "en cantidades importantísimas" y sustrajo otras cantidades a favor de terceras personas, "hasta una cifra global que supera de lejos los 600 millones de pesetas", unos cuatro millones de euros.