El decreto de aplicación, pasado en noviembre de 1790 y firmado por el rey Luis XVI el 26 de diciembre de 1790, prevé que los sacerdotes, presten juramento a la Constitución al igual que el resto del funcionariado; la constitución civil del clero y este juramento son rechazados por una parte del clero, que considera a los sacerdotes juradores desviados de la fe católica.