En 1931 una Real Orden estatal establece unos niveles mínimos de retribución que, junto con los acuerdos con la Diputación, hace que aparezcan grandes diferencias en el sueldo de los diferentes empleados, que dieron lugar a un malestar que se manifestaba con peticiones de aumento salarial que fueron atendidas por la Diputación, la cual optó por otorgar al Urola fondos necesarios para satisfacer dichas demandas.