Además, el fallo también impuso la obligación de reponer la situación contable anterior a la ficción, es decir, que Miguel Ángel Gil Marín, en nombre propio, y los herederos de Jesús Gil (entre ellos el propio Miguel Ángel) tenían que reponer 16,2 millones de euros (2.700 millones de pesetas) para regresar al estado contable anterior a la ficción delictiva.