De igual suerte y para que la aplicación del Tratado se haga de la manera más conveniente, en lo relacionado con el inicio de procedimientos administrativos y siempre que sea posible, los Estados signantes deberán dar aviso oportuno a las personas que puedan resultar directamente perjudicadas o afectadas, permitiéndoles, de ser posible, presentar hechos y argumentos en apoyo de sus pretensiones antes de que se lleve a cabo la acción administrativa correspondiente.