En 2015, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile entregó a Carroza un informe redactado por Francisco Ugás Tapia, Rodrigo Lledó Vásquez y Hugo Pavez Lazo —secretario ejecutivo, jefe del Área Jurídica y abogado, respectivamente, de dicho Programa— en el que concluían que "resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte" de Neruda.