Una de las primeras medidas del gobernador Ramos Mejía fue la de consultar al Cabildo acerca del deber en que estaba el gobierno de permitirles a los ex miembros del Congreso de Tucumán que se encontraban presos que se retiraran a sus casas, “guardando en ellas el arresto que sufren en el punto en que se encuentran; o hacer éste extensivo a la ciudad, hasta la conclusión de su causa, y en atención a la avanzada edad, achacosa salud y consideraciones que se merecen por la alta representación pública que han obtenido y que exigen del gobierno una conducta más franca".