Esta política debería incluir como mínimo la culminación del proceso de adecuación del marco jurídico sustantivo y procesal a las exigencias de las normas internacionales que rigen la negociación colectiva y la libertad sindical y la revisión de la institucionalidad estatal actual a los efectos de asegurar un trabajo planificado en todo el país que incluya dimensiones educativas, preventivas y promocionales, con una adecuada previsión presupuestaria que las haga sostenible.