Por ello es necesario insistir en la responsabilidad de esta soberanía de ser garante del interés público, en los términos del artículo 27 constitucional, para contribuir a construir una política de Estado con orientación social y no en la idea de un Estado que asfixie las iniciativas sociales, comunitarias, indígenas, populares y empresariales en estos criterios jurídicos, éticos y políticos, pugnando por la producción de espacios habitables dignos, donde las familias mexicanas satisfagan sus necesidades básicas y estén en condiciones de participar en la construcción del México que anhelamos: democrático, justo y soberano.