Esa obligación tiene su origen de la imposibilidad en que se encuentra la citada compañía de hacer frente a tal compromiso por virtud de la incautación de las líneas, efectuada conforme a las prescripciones de la Ley de Ferrocarriles y se deriva legalmente de las obligaciones asumidas por el Gobierno Mexicano ante los fideicomisarios de los tenedores de los bonos, de la referida hipoteca general.