Los Estándares de Defensa Penal Pública serán exigibles a todos los prestadores de defensa penal pública, independiente de la fuente de su contratación, y serán controlados mediante auditorías externas e inspecciones, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.718 y el Decreto Supremo N° 495/2002, del Ministerio de Justicia.