Por su parte, el Ejecutivo federal, a través del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, aceptó, pero reservó la última palabra al presidente Zedillo, quien a inicios de diciembre de 1996 pidió tiempo para consultar la propuesta con los juristas y, en lugar, presentó una propuesta ajena a lo pactado alegando que los términos del acuerdo "ponían en peligro la unidad del país".