COmo respuesta a esta proposición del lehendakari, el 28 de noviembre de 2004 el Gobierno de [[José María Aznar]] impulso una reforma del Código Penal por el procedimiento de plantearlo como una enmienda del [[Partido Popular]] dentro del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se condenaba por el que se consideraba un delito castigado con penas de entre tres a cinco años de prisión y entre seis a diez años de inhabilitación absoluta el que un cargo público convocase elecciones o referendos sin la autorización de las Cortes.