SEGUNDO.- Los Magistrados nombrados por el Ejecutivo del Estado el primero de Noviembre de 1983, aprobados por el Congreso en esa misma fecha, y ratificados el primero de noviembre de 1986, deberán mantenerse en su encargo como inamovibles y no podrán ser removidos sino en los términos que determinen la Constitución Política del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.