En la ciudad de Santiago de Chile, a veinte y cuatro de mayo de mil ochocientos once, el Ilustre Cabildo, estando en sala plena y de acuerdo ordinario, acordó y determinó que por cuanto hacían [sic] días se había verificado la elección de diputados propietarios y suplentes de la ciudad para que la representen en el Congreso directivo de su Gobierno y dicten la Constitución que deba regirla con beneficio del país y utilidad común e individual de sus vecinos y de los habitantes de todo el reino, sin que se haya aún extendido la [sic] acta y poderes del caso, que autorice, legitime y haga constante la legalidad de su obra y su representación; atendiendo que lo habrá impedido la ocupación continua e innumerables atenciones de la Junta de Gobierno, y que el Ayuntamiento es parte principal e inmediata para verificarlo, como depositario de los derechos del pueblo, decidió se pasase oficio a la misma Junta, exigiendo una noticia legalizada e individual del resultado de aquella elección y de las personas que [la] obtuvieron, para proceder a extender la [sic] acta y poderes.