En primera instancia, esto ha representado un aparente beneficio para muchas familias mexicanas, sin embargo han ocasionado problemáticas, tales como contaminación ambiental al no contar estas unidades con los controles de emisiones reglamentados por ley (los convertidores catalíticos tienen una duración aproximada de 10 años), a la falta de refacciones en algunos casos (por tratarse de modelos o versiones que no se comercializaron en el país), y el consiguiente daño a la industria automotríz nacional al preferir una parte de la población este tipo de unidades más baratas, que el adquirir un auto mexicano por los diversos canales de venta existentes.