En general, la protección de grandes áreas libres aun recae sobre la administración federal, pero a medida que esas áreas históricas han ido humanizándose y albergan construcciones, edificios y estructuras, esa responsabilidad corresponde más a sus titulares, que en algunos casos son instituciones y asociaciones con alguna finalidad pública —universidades o museos- y en otros empresas o simples ciudadanos.