Algunos sectores políticos y de opinión, entre ellos el Procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazón y miembros de la oposición como el ex magistado y presidente del Polo Democrático Alternativo Carlos Gaviria Díaz, consideran que el pago equivaldría a que el Estado premiara el crimen y legalizara la pena de muerte en el país, contradiciendo el artículo 11 de la Constitución Política: ""El derecho a la vida es inviolable.