En conformidad al texto constitucional, con al menos noventa días de anticipación a la fecha en que debía cesar en su cargo, es decir, el 11 de marzo de 1989, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, o a falta de unanimidad de ellos el Consejo de Seguridad Nacional integrado además por el contralor general de la República, debían proponer al país una persona para ocupar el cargo de presidente de la República durante el periodo siguiente, sujeto a la ratificación de la ciudadanía mediante un plebiscito (disposición transitoria vigesimaséptima).