Así, el 3 de abril, el Fiscal General Cándido Conde-Pumpido solicitó al Tribunal Supremo que detuviera el proceso de legalización de ASB por tratarse de ""una sucesión o continuadora de Batasuna"", basándose en cuatro aspectos: la reutilización del nombre de Batasuna en la nueva formación, la pertenencia a Herri Batasuna de dos de sus promotores, la identidad en la organización y la estructura entre Batasuna y ASB, y la imputación a Marije Fullaondo de un delito de pertenencia a banda armada, aun cuando la sentencia no era firme.