Las razones de los legisladores peruanos se basaban en el hecho de que se hubiese firmado un tratado con el jefe de una facción política ecuatoriana instalada en el departamento del Guayas y no con un gobierno legal que representara a todo el Ecuador; asimismo, observaron que una de sus cláusulas, aquella que daba a Ecuador un plazo de dos años para sustentar sus derechos sobre Quijos y Canelos, era perjudicial a los intereses del Perú, que siempre sostuvo su posesión de dichos territorios.