La nueva Ley de Orden Público facultaba al gobierno para establecer tres estados de excepción por Decreto, sin necesidad de que las Cortes suspendieran previamente las garantías constitucionales (así lo afirmó el miembro de la Comisión José Sánchez-Covisa de Acción Republicana frente a algunos diputados de la oposición que decían que la Ley Orden Público sólo podía regir en el supuesto de previa suspensión de las garantías constitucionales, por lo que los decretos del Gobierno tendrían que ser refrendados por las Cortes: «la Constitución dice [en el artículo 42] que cuando estén suspendidas las garantías constitucionales regirá la Ley de Orden Público, que no es lo mismo.