Las corporaciones locales mantenían un efectivo derecho a participar en el control y gestión a través de los distintos órganos colegiados que se creasen, a cuyo efecto se tuvo en consideración la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma y las Diputaciones Provinciales de su Territorio.