Para compensarlas, el Estado español aprobó en 1996, una disposición que permite a las compañías eléctricas cobrar un porcentaje para recuperar las inversiones que permitió el gobierno iniciar y posteriormente detuvo (340 054 millones de pesetas para la central nuclear de Valdecaballeros, 378 238 millones de pesetas para la central nuclear de Lemóniz y 11.017 millones de pesetas para la unidad II de la central nuclear de Trillo.).