El decreto llena un vacío dentro del ordenamiento local catalán, de conformidad con el artículo 37.1 de la Ley 8/1987, de 15 de abril del mismo año, municipal y de régimen local de Cataluña, respetando la autonomía local en que hace referencia a la competencia para dotarse de símbolos propios, competencia que establece, concretamente por lo que hace a los municipios, el artículo 50.21 de la ley citada.