La ordenanza de caminos, puentes y calzadas promulgada en diciembre de 1842, dio a esta parte del servicio público la organización que hasta entonces le faltaba, creando las juntas provinciales y el cuerpo de ingenieros; señalando las atribuciones de unos y otros, como de las municipalidades, gobernadores, subdelegados e inspectores, en todo lo relativo a las vías de comunicación; y fijando reglas para su conservación, construcción y policía.