Así, se dispuso que cada uno tuviera veto sobre las decisiones del otro ("intercessio"); que gobernaran sólo por un año; que las penas o castigos que impusieran pudieran ser apeladas ante las asambleas del pueblo ("provocatio ad populum") y que, una vez terminado su mandato, fueran responsables por los actos contrarios a la ley que hubiesen podido cometer en el cargo.