Como la explotación de bosques requiere la inversión de fuertes capitales que no podrán obtener la utilidad correspondiente si contaran al hacer la explotación con un año, que era la forma que adoptó el Gobierno preconstitucional al conceder los permisos, y como además se había observado que con esta clase de permisos anuales era muy difícil evitar los fraudes y los contrabandos, se juzgó conveniente volver a dar las concesiones para la explotación de los bosques por el plazo máximo de diez años que marca la Ley, en la forma de arrendamiento de los terrenos, pagando el concesionario las cantidades que la misma Ley prescribe y con derecho a explotar una tonelada de chicle por cada mil hectáreas, conservándose un lote considerable de terreno para seguir concediendo permisos anuales a los concesionarios de pequeño capital.