Desde la jerarquía eclesiástica se negó la acusación de que la Iglesia católica gozara de algún "privilegio fiscal", alegando que recibía el mismo trato que el resto de las entidades sin ánimo de lucro a las que la Ley de mecenazgo aplica su mismo régimen fiscal, entre las que, además de confesiones religiosas se encuentran fundaciones, federaciones deportivas, ONG, o asociaciones de utilidad pública.