En abril de 2018, tras la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se abrió un episodio de protestas populares que desembocó en una fuerte represión gubernamental y una escalada de violencia que al siete de agosto había producido la muerte de entre 450 y 535 personas, según diversas fuentes, y la desaparicion de 1300 segun la la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).