A raíz de una campaña coordinada por él y la asociación Linux Español en la que se denunciaba el incumplimiento generalizado, por parte de las Administraciones Públicas, de la normativa de contratos públicos en la adquisición de bienes y servicios informáticos, el Defensor del Pueblo (http://www.linux.es/files/Q0421473-A.pdf) aceptó su denuncia y la Administración española modificó en su día su propia normativa interna con el fin de respetar el principio de neutralidad tecnológica en el ámbito informático.