También esta misma ley daba al gobierno la posibilidad de eliminar derechos políticos por diez años, permitiendo así que por cuestiones de "seguridad nacional" más de 100 opositores al golpe de estado fueran expulsados de sus cargos e impedidos de participar en actividades políticas, al ser expresamente cesados en sus derechos políticos por el "Acto Institucional n.º 1".