El papa Pío IX, asegurando que la Santa Sede necesitaba mantener claramente su independencia de cualquier poder político para el ejercicio de su jurisdicción espiritual, y que el Papa no debía parecer simplemente un ""capellán del rey de Italia"", rechazó la ley de garantías papales de 1871, en la cual el gobierno del Reino de Italia ofrecía una subvención anual al papa así como el derecho de recibir diplomáticos extranjeros.