Esta decisión está basada en los informes del Servicio de Defensa de la Competencia, de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Tribunal de Defensa de la Competencia de España (TDC) y sostiene que es muy probable que la operación suponga un "grave perjuicio para el mantenimiento de la competencia en la práctica totalidad de los mercados concernidos".