Mediante este decreto se abolía el concierto económico para esas provincias, como castigo por el fracaso («traición») de la sublevación militar en ellas y por haberse mantenido fieles al orden republicano, a diferencia de la también provincia vascongada de Álava y la provincia de Navarra, en las que la sublevación sí había triunfado, por lo que continuaron beneficiándose de sus favorables condiciones durante todo el franquismo.