En este contexto, en 1632 el promotor y fiscal del tribunal mallorquín, Juan de Fontamar, enviaba un informe a la Suprema Inquisición en que acusaba en los criptojudíos mallorquines de treinta y tres cargos, entre los cuales había: la negativa a casarse con "cristianos viejos" y el rechazo social de los que lo hacían; práctica del secretismo; imposición de nombres del Antiguo Testamento a los hijos; identificación de la tribu de origen y la concertación de matrimonios en función de este hecho; exclusión, en el domicilio, de la iconografía del Nuevo Testamento y la presencia de la del Antiguo; desprecio e insultos a los cristianos; ejercicio de profesiones relacionadas con pesos y medidas con el fin de engañar a los cristianos; obtención de cargos dentro de la iglesia para después burlarse con impunidad; aplicación de un sistema legal propio; realización de colectas para sus pobres; financiación de una sinagoga en Roma donde tendrían un representante; realización de reuniones clandestinas; seguimiento de prácticas dietéticas judías, incluidas las del sacrificio de animales y las de los ayunos; observancia del Sabbat; evitación de los servicios religiosos en el momento de la muerte; e incluso, la realización de sacrificios rituales humanos.