Una de las primeras medidas impulsadas por el nuevo gobierno fue la Ley de Contratos de Cultivo, que pretendía sustituir los contratos de "rabassa morta" por otros más favorables para los arrendatarios de viñedos, de forma que los "rabassaires" pudiesen acceder a la propiedad de la tierra que cultivaban según unas condiciones menos restrictivas que las existentes entonces (los arrendatarios podrían comprar la tierra que trabajaban tras un periodo de cultivo ininterrumpido de quince años; también se estipulaba que los contratos de arrendamiento tuvieran una duración de seis años).