A raíz de esta denuncia, Rigoberta Menchú fue demandada penalmente de atentar contra la integridad e independencia del Estado, de violación a la Constitución y de omisión de denuncia, por uno de los abogados defensores de los militares sindicados de la masacre de Xamán, en cuyo proceso la Fundación Rigoberta Menchú Tum fue acusadora particular (querellante adhesiva).