En 1962, el gobierno federal mexicano impone a la industria automotriz en el país ciertas limitaciones en las que incluían la imposición de barreras arancelarias a la importación de vehículos que ingresarán a la nación mexicana, tanto de carga como de transporte así como la obtención de su materia prima proveniente del extranjero, de tal manera que las compañías productoras en el país obtuvieran beneficios de políticas proteccionistas, situación que sería favorable para DINA durante las tres décadas siguientes de producción.