En 2001, auspiciado por la Asociación Socio-Pedagóxica Galega, se inició un proceso de negociación entre los departamentos de Filología Gallego de las tres universidades gallegas, el Instituto da Lingua Galega, la Real Academia Gallega y diferentes asociaciones, a fin de actualizar la normativa vigente, buscando un consenso con las otras normativas -y posturas- existentes sobre el idioma gallego.