Era impensable que las Órdenes militares pudieran ponerse al gobierno de los reinos de Navarra y Aragón, además de que el testamento de Alfonso I era contrario a las normas jurídicas navarro-aragonesas, ya que las tierras de Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza eran patrimoniales, por lo que debían pasar a la familia del difunto.