El Estado tiene la obligación de expropiar las riquezas que procedan de la usura, la usurpación, el soborno, el desfalco, el robo, los juegos de azar, así como del mal uso de las donaciones piadosas, de los contratos y transacciones estatales, de la venta de solares y propiedades inmobiliarias públicas, de los centros de corrupción y otros casos ilícitos, y devolverlas a su dueño legítimo.