Por el contrario, PP, PSOE y los sindicatos policiales niegan que la tortura fuera una práctica extendida, reconociendo solo los casos confirmados por sentencia judicial (aunque, desde la aprobación del Código Penal de 1995, no se haya producido ninguna condena a un policía por maltrato, lo que genera acusaciones de impunidad para los autores de las mismas).