La reforma, en 2012, de su legislación reguladora, que entre otras ventajas les otorga privilegios fiscales, y la Ley 4/2013, que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, reduciendo el plazo mínimo de arrendamiento y otros derechos de los inquilinos, anima a los fondos de inversión a la compra de los activos inmobiliarios en manos de la banca y de viviendas en alquiler social privatizadas en 2013 por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.