Tal regulación supuso un freno al desarrollo de la energía fotovoltaica y agravó la crisis del sector renovable en España iniciada en el año 2010, cuando el anterior Gobierno socialista aprobó dos regulaciones: una que limitaba la percepción de primas hasta el límite del año 25 (RD 1565/2010, de 19 de noviembre) y la última, el 24 de diciembre de 2010, en la que se limitaba el número de horas susceptibles de pago, estableciéndose un recorte retroactivo de un 30% sobre lo garantizado anteriormente.