En este ensayo relata las circunstancias que rodearon a la aplicación de la Resolución N° 125 (entre los meses de marzo y julio de 2008), vividas desde la perspectiva de un legislador nacional oficialista, proveniente de una provincia, eminentemente agrícola-ganadera, y como Vocal de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.