Asimismo, con respecto al desarrollo reglamentario de la ley foral, realizó una serie de críticas al Decreto Foral 29/2003 incidiendo especialmente en la desaparición en el mismo de los circuitos administrativos bilingües y la falta de exigencia de preceptividad de conocimiento del euskera para el acceso a la función pública o las limitaciones para concursar fuera de la zona vascófona para aquellos funcionarios que habían obtenido plaza para la que se exigía el concocimiento del vascuence.