Este informe no vinculante pedía, entre otras cosas, «a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social», recordaba «que la Comisión [...] está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales» y «de cohesión» y criticaba «los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales».