El juez Souter no veía tampoco que las actuaciones del presidente estuvieran autorizadas por el derecho de guerra, pues pese a que la Casa Blanca declaró a comienzos de 2002 que “la Convención de Ginebra se aplica a los talibán detenidos” (lo que significaría considerar a Hamdi prisionero de guerra según la Tercera Convención de Ginebra), no fue tratado como tal, pues se le mantuvo incomunicado.