Como la suspensión de las actuaciones podía dar lugar a perjuicios irreparables, se dictaron las medidas conducentes a evitarlos, ya concediendo a los particulares el derecho de solicitar la práctica de diligencias que tuviesen por exclusivo objeto la conservación de los bienes afectos a los juicios; ya ordenando que los de sucesión pudiesen seguir sus trámites a solicitud en común de todos los interesados, siempre que en ellos no se hubiese provocado contención alguna y que ya se hubiera verificado el reconocimiento de los herederos o sin el requisito de la solicitud en común acuerdo, si no se hubiesen verificado las juntas a que se refieren los artículos 1744 y 1755 del Código de Procedimientos Civiles, y en cualquiera otra clase de juicios, solamente cuando la promoción tuviese por objeto la conclusión de los mismos por convenio entre los interesados; ya concediendo a los acreedores alimentistas, el derecho de exigir las pensiones vencidas y las que se vencieren aún cuando hubieren sido decretadas por autoridades ilegítimas, sin perjuicio de la oportuna resolución definitiva sobre la validez de las mismas actuaciones.