A partir de la aprobación de la Constitución de 1931 el gobierno republicano-socialista promulgó una serie de decretos y presentó unas leyes para su aprobación por las Cortes que hicieran efectiva la aconfesionalidad del Estado y que permitieran que éste asumiera aquellas funciones administrativas y sociales que la Iglesia católica había desempeñado hasta entonces.