Bajo los estándares de la ley común inglesa de la época, el tribunal no podía procesarlo a menos que él solicitara formalmente su juicio, por medio de una declaración dada en el interrogatorio sobre los cargos que se le imputaban, y considerando su encarcelamiento altamente probable, se negó a prestar su contestación ante los cargos, ya que si era encarcelado y ejecutado, su propiedad pasaría a manos del estado.