La Constitución Apostólica "Universi Dominici Gregis" (22 de febrero de 1996) encarga esa tarea al Colegio Cardenalicio; a pesar de ello, el poder de gobierno que se les otorga es muy limitado, siendo sólo lo suficiente como para permitir que las instituciones de la Iglesia sigan funcionando y realicen algunas funciones básicas, esto, sin tomar decisiones definitivas o nombramientos, facultades o poderes cuyas funciones solo se reservan al papa.