El ejecutivo de Pedro Sánchez se fundamentó en la aplicación de la Ley de memoria histórica aprobada en 2007, así como en las recomendaciones de organismos internacionales, en cuanto no parece coherente que en un Estado democrático existan monumentos públicos en los que se exalte la figura de un dictador y el mandato del Congreso de los Diputados, que en mayo de 2017 aprobó con 198 votos a favor, 140 abstenciones y 1 voto en contra solicitar al Gobierno la exhumación del dictador.