El canciller Rufino de Elizalde no se mostró precisamente diplomático, y no sólo declaró que "el general Flores había prestado a la República [Argentina] los servicios más distinguidos" y que por lo tanto, "si tenía intención de ir a la República Oriental no le tocaba en ese caso al gobierno [argentino] indagarlo ni impedirlo", sino que, cuando el vapor argentino Salto fue apresado por el comandante oriental Erausquin con armas que evidentemente tenían como destinatario a Flores, el Gobierno Argentino exigió en tono de ultimátum la devolución de las armas y la destitución de Erausquin, a lo cual el gobierno de Berro tuvo que acceder.