Fue uno de los veintidós miembros de la comisión que, presidida por Ildefonso Bellón, estuvo encargada de elaborar un informe que trató de justificar la ilegimitidad del gobierno republicano, y que sería entregado al ministro de interior franquista, Ramón Serrano Súñer, en febrero de 1939, el dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936.