En consecuencia, a su juicio, la Corte en esta etapa procesal se encuentra habilitada a controlar la legalidad de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal actuante, dado que la referencia del inciso segundo del artículo 270 del C.P.P., en cuanto a que “no podrán discutirse los hechos dados por probados en la sentencia, los que se tendrán por verdaderos”, debe entenderse bajo reserva de que los hechos hayan sido debidamente valorados.