En supuesto extremos –como los aquí examinados- y que refieren a peticiones destinadas a provocar la averiguación de la verdad con relación a la desaparición forzada de personas en el último gobierno de facto (1976/1983), están legitimados para ocurrir ante los órganos del Estado –y, entre ellos, a la jurisdicción- todos los que directa o indirectamente tengan interés en la averiguación concreta y sería sobre el destino de las personas desaparecidas.