Una Real Orden de 22 de septiembre de 1876 comunicó a los Gobernadores que advirtiesen a los ayuntamientos de sus provincias para remitir los sellos de sus respectivos gobiernos, y a su vez enviarlos al Archivo Histórico Nacional, con el fin de que sirviesen de colección, estos fondos valen para dotar a los ayuntamientos de un verdadero sello y blasón concejiles, normalizados por la ley 6/2003 de 9 de octubre, publicada en el BOJA n º 210 de 31 de octubre de 2003, derogando el Decreto 14/1995, de 31 de enero publicado en el BOJA n º 38 de 9 de marzo de 1995.