En diciembre intervino como testigo ante la Comisión de Responsabilidades que investigaba las penas de muerte de los oficiales que participaron en la sublevación de Jaca en 1930, ante la que expuso su convicción de que «recibiendo en sagrado depósito las armas de la Nación y las vidas de los ciudadanos, sería criminal en todos los tiempos y en todas las situaciones que los que vestimos el uniforme militar pudiéramos esgrimirlas contra la Nación o contra el Estado que nos las otorga», algo que sin embargo no cumplió en 1936.