Como política de Estado contra los grupos sociales, la población y con la fachada de una lucha contra las acciones del grupo insurgente; amparados por un decreto gubernamental de los años 60, "legaliza" a principios de los años 80 grupos de autodefensas paramilitares contrainsurgentes, financiados fundamentalmente por hacendados, multinacionales extranjeras y narcotraficantes colombianos.