Los sindicatos ferroviarios y partidos políticos, como PSPV-PSOE o EUPV, solicitan la dimisión del Conseller de Infraestructuras José Ramón García Antón, al considerar que el accidente era evitable, pues se produjo como consecuencia de la falta de inversiones en materia de infraestructuras y seguridad en la línea desde que se inauguró en 1988 —según los técnicos si en la curva que enfiló el tren a 80 kilómetros por hora hubiera habido una baliza, que costaba 3.000 euros, lo hubiese podido frenar—.