Sin embargo, el diseño y la práctica institucional desplegados en los años transcurridos desde la entrada en vigor de la actual constitución permiten delimitar un mayor y más nítido ámbito de actuación para el Gobierno, y por ende para su presidente, en aspectos propios de la política interior (tales como la planificación y dirección de la política económica, la gobernación territorial del Estado, la seguridad interior y protección civil, la política educativa, la justicia o la Administración federal) que no en áreas características de la política exterior o de defensa, tradicionalmente incluidas entre los ámbitos típicos sometidos a un intenso control presidencial.