La presente iniciativa no intenta privatizar la actividad ferrocarrilera, sino que el Estado pueda, con la participación de los sectores privado y social, bajo la rectoría del propio Estado que estos sectores puedan participar en la concesión para la explotación, aprovechamiento y prestación del servicio público de ferrocarriles, de modo tal que, al igual que las demás vías generales de comunicación, el Estado mantenga la propiedad de tal medio de comunicación, pero pueda concesionarla a fin de que logre ampliar y modernizar la red ferroviaria, reponer el equipo obsoleto, agilizar tanto su administración como su operación y, por ende, optimizar el servicio, ya sea de carga como de pasajeros.