Entonces, el damnificado reclamó ante la Corte de Constitucionalidad (CC), suprema magistratura judicial del país, la cual resolvió a su favor el 14 de julio revocando el fallo de la CSJ y ordenando el registro de la postulación, basándose en el argumento de que el golpe de estado de 1982 no había roto el orden constitucional, porque el mismo ya estaba roto desde que los Gobiernos de Kjell Eugenio Laugerud García y Fernando Romeo Lucas García habían triunfado en las urnas por medio de flagrantes fraudes electorales.