La norma establecía que, de ahora en más, la parte de la petrolera nacional en el tendido del gasoducto a Brasil quedaba en manos de Transredes, empresa a la que también se transfiere el contrato de exportación de gas a Brasil, con lo que el consorcio Enron-Shell quedaba (en el tramo boliviano) a cargo del 59% del negocio de exportación de gas al Brasil, el 34% quedaba para las AFPs, y el 15% restante para Petrobras.