Este mismo modelo ha sido seguido por otros gobiernos locales o autonómicos, como Andalucía, donde la Ley 7/2006, del 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios (conocida como "ley antibotellón") otorga facultades a los ayuntamientos para el control y la penalización del fenómeno, y autoriza la creación de espacios específicos, conocidos como "botellódromos", siendo Córdoba la primera ciudad en instalarlo, a mediados de 2005.