Este órgano, con jurisdicción independiente, controla la legalidad de las normas comunitarias mediante la acción de nulidad; interpreta las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina para asegurar la aplicación uniforme de éstas en el territorio de los Países Miembros y dirime las controversias además de resolver el Recurso por Omisión o Inactividad, la Función Arbitral y la de Jurisdicción Laboral.