En este sentido la iniciativa muestra clara desventaja en los procedimientos contra países que incurren en prácticas desleales y en la aplicación de medidas de salvaguarda ya que el procedimiento es sumamente largo: la Secretaría tendrá un plazo de 30 días para aceptar la solicitud y publicar en el Diario Oficial el inicio de la investigación; posteriormente, un plazo 30 días para que formulen su defensa; posteriormente la Secretaría tendrá un plazo máximo de 130 días para dictar la resolución preliminar y 260 días para dictar la resolución final.