Reitero la necesidad de avanzar en algunos compromisos y recomendaciones aún pendientes relativos a la justicia; la elaboración de una política de lucha contra la criminalidad con pleno respeto de las libertades cívicas y de los derechos humanos; el perfeccionamiento y continuidad de las medidas para facilitar el acceso a la justicia, como los centros de administración de justicia, los juzgados de paz comunitarios, los bufetes populares y la defensa pública penal y no penal; la designación de jueces bilingües, traductores e intérpretes judiciales y la adopción de glosarios jurídicos; la implementación de mecanismos de coordinación entre el derecho estatal oficial y el derecho indígena, especialmente mediante la aplicación del convenio 169 de la OIT, y el fortalecimiento de los mecanismos para contrarrestar las intimidaciones y atentados en contra de los funcionarios judiciales.