En el 2011, cuatro años después de su creación, UDELEG determinó que a Fernando Aspiazu, ex propietario de la Empresa Eléctrica del Ecuador, se le debían reconocer 173 millones de dólares, no obstante, esos 173 millones no se pagaron, simplemente se cruzaron con los 572 millones que el Estado pagó a los depositantes del banco del Progreso, quedando 388 millones que el Estado debía cobrar en la vía coactiva.