Como el secuestro y ocultamiento de identidad encuadra en la calificación de delito continuado porque persiste en el tiempo, los casos de niños secuestrados-desaparecidos no fueron alcanzados por la "Ley de Punto Final" y debido a que el fallo del Juicio a las Juntas afirmaba que estos delitos solo habían ocurrido ocasionalmente y que no era producto de órdenes por lo que no podría invocarse la «obediencia debida» de los oficiales; se pudo seguir con las investigaciones y los juzgamientos en la justicia.