Aquí es la oportunidad de advertir para evitar una errónea inteligencia, que en el decreto a que me vengo refiriendo no se trata de daños que toda guerra civil lleva siempre consigo, consistentes en las trabas que en muchas ocasiones paralizan el comercio, en la inseguridad de las poblaciones, de los caminos y de las fincas de campo expuestas a la rapacidad de todos los que, aprovechando el desorden que producen las calamidades públicas, hacen su oficio u ocupación constante atentar contra la propiedad y las personas; en ese decreto se trata únicamente de los daños consistentes en la ocupación de la propiedad de los particulares por las autoridades constitucionalistas para las necesidades del servicio, como lo da a entender con toda claridad el artículo 3 del mismo decreto, y sobre todo, como en términos precisos lo dicen las disposiciones de 10 de agosto del citado año de 1913.