Evidentemente estos tratados de partición, que solo pretendían apuntalar la hegemonía europea de Luis XIV, carecían de ninguna validez para el gobierno español y para la Casa de Austria en general: el emperador Leopoldo I consideró inaceptables tales imposiciones ya que consideraba, que en caso de extinción de la rama española de la Casa de Austria, su dinastía era la heredera legítima de la monarquía española.