Las nuevas autoridades de la parte española de Santo Domingo, formada por criollos propietarios de plantaciones y refugiados realistas y franceses se negaron a liberar a los esclavos y evitaron aplicar la nueva Constitución liberal española de 1812 que reconocía algunos derechos a los ciudadanos que no eran de raza blanca: confería la nacionalidad sin ciudadanía a los hijos de libertos y la posibilidad que los esclavos compraran su libertad.