A pesar de las promesas de que la privatización de las pensiones aliviaría la carga del Estado, debido a que el dinero en las AFJP se había evaporado, el Estado tenía que pagar a unas 33.000 personas la totalidad de su jubilación, a 220.000 personas al menos la mitad de la jubilación y a otras 100.000 una fracción de su jubilación.