Como la política de negociación de penas también cobijaba a los paramilitares, muchos miembros de las organizaciones afincadas en Córdoba, el Magdalena medio, la Sierra Nevada, Boyacá, el Valle del Cauca y los Llanos Orientales se allanaron a las autoridades confesando solamente el delito de porte ilegal de armas, amparados todos ellos en los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 303 de 1991.