Asimismo el Fiscal General desmanteló la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, creada en 2014 para recolectar pruebas forenses en los casos en que miembros de las fuerzas de seguridad fueran acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos; la directora de esas unidad y varios de sus expertos forenses habrían huido del país tras recibir amenazas de muerte, según se lee en el informe.