En un sentido positivo, se ha valorado el retorno a un escenario democrático en un período breve de tiempo cuestionado por el golpe de Estado de 2006, la separación de los tribunales administrativos de los judiciales, que la Comisión Electoral y la Comisión Nacional Contra la Corrupción tenga rango de órgano constitucional y sean ajenas al poder ejecutivo evitando anteriores intervenciones del mismo en los procesos electorales.