Desde el 7 de septiembre de 2017 está investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por tramitar en el Parlamento de Cataluña un proyecto de ley de referéndum de autodeterminación a través de un procedimiento de urgencia que fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional El 8 de septiembre, la Fiscalía exigía fianza para garantizar los gastos que pueda causar al erario público, que cifra en 6,2 millones de euros.