En julio de 1911 se promulga por fin la Ley de Excavaciones Arqueológicas que, como novedades principales, establecía la primacía del interés público sobre el privado; la propiedad del Estado sobre los hallazgos descubiertos de forma casual en el subsuelo o los encontrados al demoler antiguos edificios y el derecho de otorgar los permisos de excavación, penalizando aquellas que se realizaran sin su previa autorización.