Es, por tanto, en este ámbito, en tanto sujeto de relaciones jurídicas con proveedores de bienes o prestadores de servicios, donde hemos de incardinar al consumidor y usuario, entendiéndole parte débil de tal relación y merecedor, como consecuencia del Estado social de Derecho constitucionalmente configurado, de una especial tutela por parte de los poderes públicos.