Así, el País Vasco, además de recibir las competencias sobre la educación, obtiene un procedimiento de financiación exclusiva basado en la actualización de los conciertos económicos de las Provincias Vascongadas establecidos en la abolición de los fueros de 1876 y que se conservaron en Álava, pero fueron derogados en Guipúzcoa y Vizcaya por el régimen franquista al finalizar la Guerra Civil.