Los precios eran sujetos a aprobación por parte de la Autoridad, y fijados en aranceles expuestos públicamente; se esperaba que fueran "justos", es decir, que no permitieran el enriquecimiento ilícito de los comerciantes abastecedores, que en su mismo nombre, de obligados, declaraban su condición de asentistas o contratistas en régimen de monopolio.