El 8 de enero de 1932, el entonces presidente del Perú Luis Sánchez Cerro (elegido constitucionalmente el año anterior), perpetró un “autogolpe”; publicando una ley inconstitucional que proscribía las libertades políticas y permitía la detención de cualquier ciudadano sin mandato judicial; este hecho, sumado a las desigualdades sociales, al irrespeto de los derechos laborales de los trabajadores de las haciendas azucareras ubicadas al norte de la ciudad de Trujillo, acrecentaron el descontento social.