El Consejo Nacional de Defensa –presidido por el general Miaja y del que también formaba parte Julián Besteiro– quiso negociar con Franco la rendición sobre todo para evitar las represalias contra los que habían luchado en el bando republicano pero no obtuvo ningún resultado ya que el gobierno de Burgos sólo aceptó la rendición incondicional, como ya había puesto de manifiesto la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada antes del golpe, y que por tanto ya conocían Casado y sus seguidores antes de dar el golpe, que criminalizaba en la práctica a todos los partidarios del Frente Popular y a quienes hubieran servido a la República durante la guerra y antes de ella (desde el 1 de octubre de 1934).