La empresa, que había tenido pérdidas sustanciales después de la construcción de la carretera al Atlántico durante los gobiernos de Jacobo Arbenz Guzmán y Carlos Castillo Armas, creó ex profeso un estado de insolvencia para que pasara a propiedad del Estado de Guatemala, hecho que se ejecutó al margen del procedimiento administrativo público, lo que permitió a la IRCA evitar la responsabilidad por el pasivo dejado.