Para 1996, el proyecto de introducir dicho idioma de forma obligatoria en la enseñanza, tanto primaria como secundaria, había cuajado en forma de ley, pero los inmensos desafíos de tipo práctico que se plantearon (entre ellos la imposibilidad de improvisar los 200.000 profesores de español que se hubieran necesitado) aconsejaron reducir su aplicación a la enseñanza secundaria, y bajo esta nueva forma, el proyecto de ley fue aprobado por el Senado el 1 de septiembre de 1999.