Se acordó entonces que Juan Núñez de Lara y sus partidarios conservarían todas sus posesiones, que las fortificaciones de Lerma, Busto, Villafranca serían demolidas, y que el señor de Lara no podría fortificar ninguna de sus villas sin el consentimiento del rey, al tiempo que se disponía que, para evitar nuevas rebeliones del señor de Lara, éste entregaría como rehenes al rey las fortalezas bajo su mando en el señorío de Vizcaya.