Fue establecida después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolviera en el caso "Miranda contra Arizona" de 1966, que la confesión del acusado Miranda realizada a la policía, no era admisible como prueba, debido a que no había sido debidamente informado de que tenía derecho a guardar silencio y a contar con la asistencia de un abogado y que cualquier declaración suya podría ser utilizada como prueba en su contra.