En 2010 presentó un recurso en el marco de la ley de protección a las víctimas del terrorismo ante el Estado colombiano por 15.000 millones de pesos por los perjuicios ocasionados durante su cautiverio, pero ante el malestar causado frente a la opinión pública, el gobierno y los militares, Betancourt declinó su recurso para no perjudicar a los demás exsecuestrados que tramitaban las suyas.