En la actualidad, es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quien declara cuales son los prefijos que entran en esta categoría, en razón de la existencia de una facturación superior al coste del servicio de comunicaciones electrónicas y en interés de una especial protección de los derechos de los usuarios (artículo 1.e del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas (Publicado en el BOE nº 131, de 30/05/2009).