Para reducir el déficit el gobierno no sólo recortó el gasto público —los sueldos de los funcionarios siguieron congelados así como las oposiciones, por lo que no se cubrirían las jubilaciones; se recortaron los beneficiarios de la Ley de dependencia; no se aumentó el salario mínimo interprofesional; se disminuyeron las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales; etc.— sino que también acordó subidas de impuestos en contra de lo que había prometido en la campaña electoral.