De esta manera la iniciativa que se dictamina propone la adición del Artículo 28 constitucional con un quinto párrafo para establecer como facultad exclusiva del Estado la prestación del servicio público de banca y crédito a través de las instituciones correspondientes, en los términos que fije la ley reglamentaria, la que también determinará las garantías para protección de los intereses del público y el funcionamiento de dichas instituciones en respaldo de las políticas de desarrollo nacional.