El sindicalismo era considerado más como una cuestión policial que una cuestión de derechos, y las actividades sindicales eran reprimidas con dureza: en 1902 se había sancionado la Ley de Residencia, que autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar del país a cualquier inmigrante sin sentencia judicial, por la simple acusación de comprometer la seguridad nacional o perturbar el orden público.