Por decreto de 7 de septiembre de 1916, se estableció que en materia civil las sentencias de primera instancia tendrían todos los recursos acordados por las leyes, quedando en suspenso los términos respectivos hasta el restablecimiento de los Tribunales Superiores, y concediendo el derecho de solicitar su ejecución siempre que se diera fianza suficiente de estar a las resultas del juicio; en materia penal las sentencias de primera, instancia causarían ejecutoria y aquellas que estuviesen pendientes de resolución en Tribunales Superiores tendrían los recursos que las leyes conceden, salvo el caso de ser absolutorias.