Ningún Asambleísta, desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser acusado y procesado en materia penal ni privado de su libertad, sin autorización previa de la Corte Suprema de Justicia por dos tercios de votos de sus miembros, a requerimiento del Fiscal del Distrito de Santa Cruz, salvo el caso de delito flagrante.