Por lo que el Gobierno, amparándose en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio; movilizó a los controladores aéreos, pasando a estar considerados como personal militar mientras durara dicho estado, provocando que si no hubieran retornado al trabajo se hubieran enfrentado a fuertes penas de cárcel por desobedecer las órdenes de un mando militar y por deserción.