Esta actitud del Jefe de la Nación, cuidadosamente mantenida, culminó en la conducta legalista adoptada, al dejar a los únicos órganos que la Constitución capacita para ello, la fundación de juzgar y calificar las elecciones federales, y sobre los resultados de éstas, tanto por lo que se refiere al Poder Legislativo como al Ejecutivo, no obstante las maniobras reprobables del Partido en derrota, que, carente del imperio que otorga la voluntad del pueblo, pretendió atribuirse por sí y ante sí, el triunfo en los comicios, y sustituir en sus funciones a los órganos legislativos y a las demás autoridades que de acuerdo con la ley, tienen jurisdicción en el proceso eleccionario.