Finalmente, el 22 de septiembre de 2010, en fallo unánime, se ratificó el dictamen del Segundo Juzgado de Letras de Arica, que ordenó pagar $180 millones de pesos chilenos (aproximadamente U$330,000) a los padres de la víctima y $50 millones de pesos chilenos (aproximadamente U$90,000) a cada uno de sus hermanos como indemnización por el daño moral que les provocó la muerte del estudiante.