A mediados de 1991, la Ley de Empresas Públicas continuaba su lento trámite en la Comisión del Senado: tras ocho meses de estudios, se había resuelto quitar del proyecto la reforma del Puerto y de los servicios de Estiba por entender que el tema merecía una ley propia, en tanto que se habían agregado algunos artículos sobre el destino del dinero obtenido en los procesos de privatización futuros y establecimiento de sociedades anónimas mixtas para los acuerdos comerciales que celebrasen los entes con empresas privadas.