Mediante la regulación del procedimiento podrá mejorarse la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa sin incidir en presiones de carácter laboral, que resultan posibles en la organización privada, pero completamente impensables en una Administración Pública contemporánea que funcione con una base burocrática y reglada, a salvo de los cambios que depare el devenir político.