Su incorporación a la carta orgánica le confirió una mayor legitimidad pero también implicó una serie de restricciones: Se explicitó la reserva de su utilización a situación de necesidad y urgencia; se prohibió la emisión de DNU en cuatro áreas de política pública: legislación tributaria, penal, electoral y de partidos políticos; se dispuso un mecanismo para el control parlamentario de los DNU, pero se difirió su reglamentación a una ley del Congreso.Entre otras cosas se generó una política estatal activa en relación con los derechos humanos, que incluyó por ejemplo la depuración de la Corte Suprema y su nueva designación, la intervención activa y permanente del INADI, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y demás.