Finalmente la reserva de Ley establecida por la Constitución en diferentes momentos, como por ejemplo la referencia en los artículos 52, 54, 70, 122 o 127, viene a imponer que cierta parte ha de ser preestablecida por la Cortes Generales y éstas, mediante habilitación en la Ley, autoricen al Gobierno a dictar reglamentos de desarrollo, así hace referencia la STC 71/1982 en la que se recuerda la función complementadora del reglamento, función que puede darse de nuevo y sin previa intervención de la Constitución en otras materias, que sin ni siquiera contemplarse en la Constitución las Cortes Generales han querido tratar con rango de Ley y derivar el resto de aspectos al Gobierno mediante la autorización pertinente en la propia Ley.