Contrario a lo que se especula sobre presuntos asesinatos por parte de la fuerza pública, la Sección Tercera del Consejo de Estado afirmó que no se tiene evidencia alguna sobre la participación de estos miembros en dichos homicidios, después de atender un caso sobre un exdirigente de la UP asesinado en 1993: "Si bien no existe prueba de que en dicho crimen hubieran participado miembros de la Fuerza Pública, la responsabilidad de su muerte recae directamente en el Estado".