Fueron redactadas en Rivabellosa en 1463 por Pedro Alonso de Valdivielso y 16 procuradores de las Hermandades que componían la mencionada provincia, por mandato de Enrique IV de Castilla, y confirmadas por Carlos I, conteniendo competencias gubernativas, legislativas, administrativas y judiciales para el castigo de los malhechores, el sostenimiento del orden público y la defensa de la justicia.