La erección de una estatua ya fundida en su honor tuvo que esperar diez años porque el gobierno lo impidió mediante una argucia legal —como la autorización de la erección de la estatua ya estaba concedida, hizo aprobar por las Cortes una ley que impedía la colocación de estatuas en lugares públicos antes de transcurridos 50 años de la defunción de los homenajeados—.Finalmente en el Sexenio Democrático el monumento pudo situarse en la plaza del Progreso de Madrid que, por cierto, se había configurado tras la demolición de un convento de mercedarios desamortizado.