Los problemas incluyen: la imposición de multas y castigos, la negación o suspensión de servicios públicos (agua potable, drenaje, educación, programas de gobierno), la confiscación de bienes y la amenaza de expulsión de la comunidad; todas ellas como sanciones por negarse a cumplir con los usos y costumbres comunitarios vinculados a aspectos religiosos.