Finalmente, Garzón se inhibió en favor de los jueces territoriales mediante un auto que las organizaciones memorialistas impulsoras advirtieron de "grave" para su causa, ya que obligaría a los familiares de víctimas del franquismo a repetir las denuncias iniciales ante los jueces del lugar, reprochando a Garzón no haber instrumentado el procedimiento previsto en el art.