En los fundamentos del decreto se señalaba que el país padecía ""...el flagelo de una actividad terrorista y subversiva que no era un fenómeno exclusivamente argentino"", que ""tal internacionalización dificultaba en gran medida la total represión del terrorismo y el proceso de pacificación argentino"", lo cual exigía extremar las medidas tendientes a ese objetivo, precisando que ""aquella actitud subversiva constitucionalmente configuraba el delito de sedición"", agregando que la medida adoptada no se trataba de prescripciones o discriminaciones ideológicas, porque ""nada justifica la asociación ilícita creada para la violencia y los hechos que la produzcan o fomenten"", puntualizando finalmente que en esa situación se encontraba el grupo subversivo autodenominado "Montoneros", sea que actuase bajo esa denominación o bajo cualquier otra.