El criterio jurídico lo está señalando ya la propia Constitución cuando se refiere a la deuda pública, criterio que ya desde el constituyente de 1857 se precisó cuando en el debate el diputado constituyente Prieto propuso: "En vista de que es imposible que un Congreso contrate empréstitos propongo que el artículo se reforme diciendo que la facultad legislativa consiste en autorizar al gobierno para contratarlo".