Ese mismo año, Venustiano Carranza expidió un decreto que imponía un impuesto de barra de 10 centavos por tonelada de petróleo exportada y solicitó a los empresarios un avalúo de sus instalaciones, lo que provocó nuevamente el disgusto de las empresas petroleras, que pagaron el impuesto bajo protesta y se negaron a entregar la información solicitada.