Fue impugnada por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional de España quien en la sentencia STC 103/2008 la anuló por encontrarla inconstitucional al considerar que el nombre 'consulta popular' disfrazaba en realidad la convocatoria de un verdadero referéndum siendo que la autorización para la convocatoria de referendos son competencia exclusiva del Estado y no de las comunidades autónomas.