En esos fallos la Corte sostuvo que era "notoria la existencia del estado de subversión y violencia generalizada" y convalidó “las tareas de investigación, para el arresto, la intervención de los Consejos de Guerra Especiales, el allanamiento de domicilios y la adopción de los procedimientos sumarios del Código de Justicia Militar”, aclarando que como el decreto 6495/61 derogó los decretos 9680/58 y 2628/60, no subsistían las condenas militares impugnadas legalmente.