La mayor parte de las tierras y los negocios permanecieron en manos del sector privado con la excepción los que pertenecían a la familia Somoza y algunos individuos privilegiados (este hecho llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su resolución número 2.87, a declarar que "el Gobierno de Nicaragua ha violado el derecho a la propiedad privada consagrado por el Artículo 21 de la Convención Americana", resolución que muestra los obstáculos con los que tendría que enfrentase la Revolución en su intento de modernizar y dignificar el país).