En el primer caso, la Misión verificó que las órdenes de captura, emitidas el 8 de marzo de 2001 a solicitud del Ministerio Público, habían sido denegadas anteriormente por el supuesto peligro que correrían los bienes y personas vinculadas al sector justicia, razones que no guardan relación alguna con los fines del proceso penal y que sólo reafirman la impunidad de los responsables de estos hechos.