Esto se debe a que las autoridades españolas han rechazado la mayor parte de las peticiones realizadas por los organismos deportivos internacionales para facilitar las pruebas incautadas en la Operación Puerto (tanto las bolsas sanguíneas como la documentación, en la que se indican administraciones de sustancias dopantes, registro de pagos, anotaciones manuscritas, etc.), por lo que las autoridades competentes no han dispuesto de las pruebas necesarias para aplicar las sanciones pertinentes por dopaje.