En julio de 1974, el decreto ley N.º 573, que fijó el estatuto del gobierno y la administración interior del Estado, dispuso que el gobierno y la administración superiores de cada región residían en un intendente regional y el de las provincias en un gobernador provincial —ambos nombrados por el poder ejecutivo y de su exclusiva confianza—, y que la administración de los intereses locales de las comunas, o agrupaciones de comunas, le correspondía a la municipalidad, cuya autoridad superior era el alcalde —designado por el poder ejecutivo, oyendo al Intendente respectivo, y de su exclusiva confianza—.