Para intentar remediar la dramática situación de la población campesina, el Gobierno de la Nación promulgó una serie de "decretos agrarios" que supeditaban la propiedad de la tierra a su función social: por una parte, obligaba a los propietarios a contratar preferentemente a trabajadores de la misma localidad y a poner en cultivo sus tierras, y, por otra, otorgaba a las organizaciones obreras la potestad de realizar contratos de arrendamientos colectivos.