En abril de 2013, el Primer Juzgado Civil de Concepción determinó la responsabilidad policial y del Estado Chileno en el crimen, ordenando al fisco cancelar una indemnización de 30 millones de pesos a la viuda del obrero asesinado, 10 millones de pesos cada uno a otros cuatro operarios heridos de bala, mientras que 20 millones a un quinto trabajador, quien perdió la vista en su ojo izquierdo.