b de la Constitución española, la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y la ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos regulan específicamente el acceso de los ciudadanos a los documentos garantizando el derecho de todas las personas a acceder en los documentos que forman parte de procedimientos cerrados que sólo puede ser denegado en aplicación de las limitaciones legalmente establecidas y siempre de forma motivada.