Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en dichos hechos hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal y el Gobierno del Estado de México cometieron "violaciones graves de garantías individuales" en contra de pobladores de donde ocurrieron los hechos, activistas y periodistas.