La Corte consideró que la respuesta del mandatario distorsionaba la ley, exageraba la trascendencia de la tarea administrativa y rebajaba la función judicial, acusando a esa carta de ser «un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del Gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas para los preceptos de la Constitución y de las leyes».