La base sólida de este tipo de política, que iba incluso a subvencionar a los agricultores que aceptaran quemar toda o parte de sus cosechas, fue cuestionada sin embargo por algunos economistas liberales, que consideraban que con el fin de alcanzar un objetivo en términos de empleo y de precio, el Gobierno efectuaba una destrucción efectiva de riqueza, cuyas contrapartidas, bajo su punto de vista, fueron insuficientes para justificarla.