Como el problema se mantuvo sin solución, en el año de 1910 los gobiernos de Costa Rica y Panamá firmaron la convención Anderson-Porras mediante la cual aceptaron la frontera trazada por el Laudo Loubet en la vertiente del Pacífico (línea Anderson-Porras) y acordaron someter la interpretación de la delimitación en la vertiente del Caribe al arbitraje del presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.