Tanto los empresarios petroleros como el gobierno de Washington se negaron a reconocer la nueva ley insistiendo en que era contrario a las normas del derecho internacional aplicar de manera retroactiva el artículo 27 a los acuerdos otorgados durante el porfiriato, el gobierno mexicano justificaba su acción argumentando que los recursos del subsuelo constituían parte de la soberanía de la nación.