Durante el año, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH criticó los procedimientos administrativos contra los canales de televisión privados y las regulaciones de comunicaciones de radio que prohíben la transmisión de información falsa y engañosa; condenó un ataque contra la columnista y presentadora de un programa de opinión, Marta Colomina y criticó la decisión del Tribunal Supremo del 15 de julio en la que apoya las leyes que establecen como un crimen insultar, ofender o amenazar a funcionarios públicos.