Juzgando que el contrato era inconveniente para el Estado porque era muy oneroso tanto para los ciudadanos como para el Estado, y que requería millonarias erogaciones estatales, De la Rúa buscó inicialmente renegociar el contrato para que por fin pudieran hacerse documentos de identidad más seguros y se evitara una rescisión en la que veía el riesgo de que Siemens hiciera, como luego efectivamente ocurrió, un importante reclamo a título de indemnización.