El Tribunal Constitucional, por medio de la sustentación de la sentencia a la demanda 60-97-TC, puesta por los abogados de Arteaga reclamando sobre el recorte a su período como vicepresidente hasta 1998, reconocío a Arteaga como presidenta constitucional encargada entre el 6 y 11 de febrero y la validez de sus decretos, por encargo del Congreso hasta la determinación jurídica de la sucesión, siendo de igual manera reconocido Alarcón como presidente constitucional electo por el congreso para el período 1997 - 1998, junto con Arteaga como vicepresidenta, al indicar la resolución, que al asumir la presidencia constitucional el 6 de febrero, Arteaga dejó su cargo de vicepresidenta, al constitucionalmente no poder ostentar dos cargos a la vez, por lo que la resolución del Congreso que elegía a Alarcón y retornaba a Arteaga a la vicepresidencia, fue homologada a una elección presidencial con período determinado (1997 - 1998), legalizado por enmienda constitucional.