Si bien ya antes existían ciertas técnicas de antiterrorismo ilegal, durante la década de los 80 el gobierno socialista se vio implicado en la guerra sucia practicada por los GAL, que cometió atentados y secuestros que fueron perpetrados en su mayoría por mercenarios franceses contratados por policías españoles, financiados con fondos reservados, y organizados desde el propio Ministerio del Interior, a través de responsables de la lucha antiterrorista del País Vasco.