El día 30, nada más constituirse, el nuevo gabinete —con Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta y portavoz y con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro al frente de los ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administración Pública, respectivamente— acordó una fuerte reducción del gasto público para controlar el déficit presupuestario —que superaba el 8 % del PIB, por encima del límite pactado por Rodríguez Zapatero con la Comisión Europea— y una subida del IRPF y del IBI —incumpliendo la promesa electoral de Rajoy de no elevar la presión fiscal—, continuando así con las políticas de ajuste del gobierno anterior y con las «reformas estructurales», la más importante de las cuales fue la reforma laboral diseñada por la ministra de Empleo Fátima Báñez y aprobada por el gobierno en febrero de 2012.