Las presiones de la burguesía textil catalana habían llevado a la promulgación de la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas (1882) y el Arancel Cánovas (1891), que garantizaban el monopolio del textil barcelonés gravando los productos extranjeros con aranceles de entre el 40 y 46 %, y obligando a absorber los excedentes de producción.