Algunos autores afirman que ninguna ley del derecho argentino o del derecho heredado de España autorizaba la pena de muerte por los actos cometidos, y que Gutiérrez debía ser entregado a la justicia eclesiástica, donde como autor del rapto sin violencia era pasible de la pena de confiscación de bienes conforme al Fuero Juzgo ley 1°, libro 3°, título 3° y, por tratarse de un clérigo liviano, debía ser castigado con degradación y destierro perpetuo.