Ya reorganizada la Administración de Justicia Federal, pero sin la Suprema Corte, aquellas facultades extraordinarias se limitaron exclusivamente a cuestiones económicas y a aquellas de mero trámite exigidas por la necesidad imperiosa de la prosecución de los juicios ante las autoridades judiciales, existentes; siendo la de mayor importancia la resolución de las competencias jurisdiccionales, que de lo contrario hubiera sido imposible la tramitación de algunos juicios.