Estos posteriormente fueron recusados para el debate sobre la constitucionalidad de la reforma que el Partido Socialista, IU-ICV y CiU llevaron a cabo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, popularmente conocida como Enmienda Casas, que establecía la prórroga automática de la Presidencia del Tribunal mientras no se procediera a la renovación de los Magistrados cuyo mandato hubiera expirado, usurpando según los recursos presentados por el Partido Popular, al Pleno del Tribunal Constitucional el mandato establecido en el artículo 160 de la Constitución española, de elegir al presidente de dicho Tribunal cada tres años.