El 31 de mayo de 2013, el Comité de Derechos Humanos hizo oficial el dictamen por el que concluía que María Atxabal fue torturada en dependencias policiales tras ser detenida por la Guardia civil en 1996 y establecía que el Estado español debía reparar el daño causado, abrir una investigación «precisa y objetiva» de los hechos acaecidos durante la incomunicación y prestar asistencia médica gratuita a Atxabal para tratar el estrés post-traumático que sufría debido a los malos tratos recibidos.