Con esta Ley, las administraciones públicas españolas (en este caso, las Comunidades Autónomas), están obligadas a otorgar servicios sociales (plazas residenciales, ayuda a domicilio, teleasistencia, plazas en centros de día o de noche) o prestaciones económicas (para el cuidador familiar o para contratar un asistente personal) a los ciudadanos que necesiten ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.