El Estado protegerá la contratación del trabajo humano, con el objeto de garantizar los derechos de los asalariados; fundamentalmente, los relativos al salario mínimo, que sea bastante para satisfacer sus necesidades y placeres honestos, considerándolos como jefes de familia; a la estabilidad del trabajador en su puesto, ya las demás compensaciones y garantías que les conceden la Constitución y las leyes.