Así, el Parlamento de Cataluña aprobó, el 11 de abril de 1934, la Ley de Contratos de Cultivo (equivalente de la "ley de arrendamientos" estatal que no pudo ser aprobada en las Cortes Españolas en el verano de 1933), la cual garantizaba a los "rabassaires" la explotación de tierras durante un mínimo de seis años y la posibilidad de comprar las parcelas que hubieran estado cultivando durante al menos quince años.