Cuando la deficiencia en el funcionamiento proviene de la actividad normativa o ejecutiva de la Administración del Estado, o incluso del Gobierno o de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo de Navarra, de oficio o a instancia de parte, puede dirigirse de forma razonada al Defensor del Pueblo de España para solicitar a este que, si lo considera oportuno, interponga o ejercite el recurso de inconstitucionalidad o el recurso de amparo, o dirija recomendaciones o sugerencias a la Administración del Estado causante de las deficiencias en el o competente para la modificación de las normas.