Precisamente, en ello radica el problema, pues el fraude a la ley para su determinación mira inextricablemente hacia la "ratio iuris" o valor jurídico protegido por la norma; que es precisamente lo que estuvo por excluirse por parte del movimiento codificador, dado que dejaba entregado al juez, en el último término, la determinación de qué era el Derecho del caso, y no sólo su aplicación.