Entre los principales aspectos negativos se señalaron la dificultades para acceder a un aborto legal, la criminalización y discriminación a los pueblos indígenas y la falta de reconocimiento de sus derechos constitucionales sobre las tierras ancestrales, los «importantes retrocesos» en perjuicio de las personas migrantes, la insuficiencia de recursos destinados a prevenir la violencia de género, el fallo de la Corte Suprema aplicando el beneficio del dos por uno en crímenes de lesa humanidad, la decisión del gobierno de sacar del ámbito de la fiscalía las pruebas del atentado a la AMIA poniendo en peligro la independencia de la investigación, el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir diversas manifestaciones en las que se produjeron detenciones, lesiones e incluso la muerte de Santiago Maldonado, la detención líder indígena del pueblo wichi Agustín Santillán, y el incumplimiento de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la detención de la dirigente indígena y social Milagro Sala.