En España, los sucesivos gobiernos nacionales, autonómicos y locales han realizado numerosas intervenciones en favor de las personas con discapacidad y han promulgado normas de supresión de barreras arquitectónicas, limitando por ejemplo la pendiente máxima de las rampas a un 12%, aunque son muy frecuentes los incumplimientos, incluso en servicios públicos o de concesión administrativa .