En 1959, el Gobierno Revolucionario comenzó a promulgar una serie de decretos polémicos que finalmente llevarían a la eliminación total de la gran y mediana propiedad privada, garantizando propiedad solo sobre inmuebles particulares, bienes de carácter personal y pequeños negocios que no aparecen reflejados claramente en la constitución de 1976, pero que se permite tener a los cubanos, esto siempre que no excedan cierta cantidad de bienes dictada por el gobierno.