Añadió que nunca hubo un proceso de desafuero ante casos especialmente graves en México: los casos de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, cuyo gobierno fue señalado como represor por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y Mario Marín, gobernador de Puebla, exhibido en conversaciones telefónicas en un posible caso de tráfico de influencias y violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.