La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, en un fallo del 4 de julio de 1967 sostuvo que “los hechos denunciados como infracciones penales constituirían, en principio, los delitos de usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.