Pese a este revés, los colonos habían desafiado por primera vez la autoridad del Parlamento inglés respecto de asuntos de una colonia americana, más aún porque uno de los alegatos de James Otis era que las órdenes de asistencia violaban los derechos de un súbdito según habían sido fijados en la Carta Magna, por lo cual tales documentos eran inconstitucionales dentro de la ley británica y debían declararse inválidos.