En octubre de 2008, el fiscal jefe de Ávila decidió proponer al Juzgado número 2, la imputación en el caso a la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, del Partido Popular (PP), acusada de un delito de prevaricación en la firma de la declaración de impacto ambiental favorable, a pesar de tratarse de terrenos protegidos.