La información registrada por la Causa General, cuya recopilación duró prácticamente hasta los años sesenta, llevó a la apertura de numerosos procesos judiciales posteriores en contra de los que eran considerados responsables de los hechos investigados, hasta la promulgación por el gobierno de Francisco Franco en 1969 del Decreto-Ley 10/1969, por el que prescribían todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939, (es decir, el final de la Guerra Civil).