Sus facultades para ello incluyen, operar las "Juntas de Conciliación y Arbitraje" para la resolución de las disputas entre los factores de producción (empleados y empleadores); en coordinación con la SEP, dirigir los sistemas de formación profesional para el trabajo, y los cursos o capacitaciones para los trabajadores de todos los sectores económicos (en el sector primario habrá de coordinarse, además, con la SAGARPA); revisar que contratos colectivos, estatutos sindicales, reglamentos o políticas empresariales, procesos de producción y toda normatividad inherente a los empleos, no sean violatorias de la ley y la constitución, en cuyo caso podrá pedir a Tribunales en la materia, dictar invalidaciones o excepciones; dirigir la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; registrar toda asociación obrera, patronal y profesional; y coordinar las políticas de seguridad social.