Se abrió un debate en las Cortes sobre la inconstitucionalidad de la última disolución de las mismas, ya que según la Constitución de 1931, el presidente estaba facultado para disolver las Cortes dos veces, pero la segunda disolución podía ser sometida al enjuiciamiento de la Cámara, y si una mayoría consideraba que se había cometido alguna irregularidad, el presidente podría ser destituido.