Los organismos públicos y privados que participan en la lucha contra la extrema pobreza tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, en la asistencia humanitaria o la cooperación internacional, o los planes y programas de desarrollo, educativos o de otro tipo, tienen la obligación de hacer públicos sus programas, dar a conocer sus métodos y objetivos, así como su financiamiento, y rendir cuentas de sus acciones.