Paralizado el PEPRI al admitirse a trámite el recurso, la Generalitat Valenciana decidió derogar el decreto-ley para aprobar una ley (2/2010) con idénticos fines y argumentos: que el PEPRI no puede suponer expolio, dado que el nivel de protección del Cabanyal es asunto exclusivo de la administración local y que la actuación del gobierno central invade sus competencias.