Asimismo, conservan todas las facultades que por la Constitución no hayan delegado expresamente en el gobierno central; los artículos 105º y 106º hacen explícitas las competencias que corresponden sólo a la autoridad central, que incluyen la legislación sobre comercio y navegación; la imposición de aduanas o derechos de tonelaje; la emisión de moneda, salvo por delegación del gobierno central; la fijación de los códigos civil, de comercio, penal y de minería; legislar sobre ciudadanía; armar tropas de guerra; ni interactuar directamente con las potencias extranjeras, incluyendo la Santa Sede.