Se han realizado acusaciones sobre una supuesta utilización política de la PDI durante el periodo comprendido entre fines del año 1970 y el golpe de estado de 1973, lo que se demostraría por el hecho de que en los cargos de director y subdirector se nombró a funcionarios sin preparación policial alguna, lo que le habría derivado en diversos problemas de carácter judicial.