Y cuando Carlos IV bajó a Italia en 1355, evidenció que la autoridad imperial aún existía y era válida, pues las repúblicas urbanas compraron y obtuvieron del emperador los privilegios que confirmaran sus libertades, y así Florencia pagó 100 000 florines, lo que suponía el reconocimiento de la superioridad formal de la jurisdicción imperial; pero también las peticiones de vicariatos de los regímenes señoriales manifestaron también la validez de la jurisdicción imperial en Italia.