La demanda la interpuso el abogado costarricense Alberto Rodríguez Baldi, quien dijo que los funcionarios anteriormente nombrados cometieron las faltas luego de que el Gobierno de Costa Rica depositara 6,5 millones de dólares en las cuentas bancarias de la empresa brasileña OAS, como parte de un adelanto del acuerdo al que llegaron el Estado costarricense y la empresa por la fallida concesión para la ampliación de una carretera que comunicara la capital con la localidad de San Ramón.