Federik puso de resalto la escasa capacitación del juzgado instructor para enfrentar una investigación de esta índole y afirmó que el pago de cuatrocientos mil dólares a un imputado para que declare a quien entregó la Trafic no sólo fue ilegal sino que puso en peligro toda la causa; ilegalidad a la que debían añadirse las filmaciones ocultas de entrevistas y declaraciones dentro del juzgado, la especial situación de Ana Boragni, quien a pesar de estar junto a Telleldín en los momentos críticos, nunca fue procesada, la protección a Semorile pese a su participación en las extorsiones y las irregularidades que rodearon la declaración de Miriam Salinas.