En abril de 2013 fue condenado por los delitos cometidos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2004 y 2005 a dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para el ejercicio de cargo de administrador, apoderado y representante legal y unas multas de 400 000 euros y de 200 000 euros.