Afirma que la reforma agraria a favor de los campesinos e indígenas pobres tiene sustento y justificación como derecho natural e histórico, que adquiere rango de ley positiva en la Constitución nacional y últimamente en el Pacto Internacional de Derechos Humanos (PIDES), que son instancias donde se da rango de ley positiva a los derechos de tenencia de tierra y a la coexistencia y el respeto a la diversidad socioeconómica, política y cultural.