Los privilegios de autotutela de los que goza la administración encuentra su fundamento en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, es decir, en la necesidad de que la administración gestione objetivamente y lo más eficazmente posible los intereses públicos, y ello no se puede ni debe paralizar por la necesidad de recabar las asistencias judiciales oportunas en cada caso.