La masacre de San Pedro Sula propició un acalorado debate político sobre la oportunidad y necesidad de endurecer aún más el Código Penal, para castigar a los jefes de las maras con penas de hasta 30 años de cárcel e incluso restablecer la pena de muerte –derogada en 1946- para los condenados por delitos de extrema gravedad.