El conflicto con la Iglesia católica comienza sobre todo con la aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente de la Constitución Civil del Clero, sancionada por el rey Luis XVI el 24 de agosto de 1790, que convierte a los sacerdotes en “funcionarios públicos” (ya que cobrarán directamente del Estado al carecer ya de cualquier tipo de ingresos), nombrados no por el Papa, sino por las asambleas de ciudadanos activos, y a los que se exige el juramento de fidelidad a "la Nación, a la Ley y al Rey”.