Por último, se mantuvo la aplicación de la jurisdicción militar a individuos civiles con motivos de orden público, ya que la Constitución de 1931 mantuvo dentro de su competencia los «delitos militares» y «los servicios de armas y la disciplina de todos los institutos armados», concepto este último que abarcaba no solo a las Fuerzas Armadas «que defendían el territorio nacional», sino también a las fuerzas encargadas «solo de mantener el Orden Público» (Guardia Civil, Carabineros y cualquier otro posible nuevo cuerpo militarizado).