En 2016, el crimen de Jaime Garzón fue declarado por la Fiscalía de Colombia como delito de lesa humanidad, debido a la participación de agentes del estado en el homicidio junto a grupos paramilitares, en el marco de un plan ejecutado en esos años para eliminar civiles que promovían la defensa de los derechos humanos y de posiciones ideológicas de izquierda.