No obstante, el CAC ha recibido numerosas críticas desde el mismo momento de su aprobación, tanto desde medios políticos como desde asociaciones profesionales de periodistas, por considerar que es inconstitucional, al arrogarse, en opinión de la FAPE, funciones exclusivas de los tribunales de justicia, como interpretar las leyes en relación a la libertad de expresión e incluso otorgarse la capacidad de clausurar medios de comunicación sin necesidad de orden judicial.