Canadá fue más allá y dijo que, aunque apoya "el espíritu de la declaración, ella contiene aspectos fundamentalmente incompatibles con la Constitución del Canadá" y señaló en particular el artículo 19, que requiere que los gobiernos celebren consultas con los indígenas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado, y el artículo 26, que podría permitir reclamaciones sobre los territorios indígenas históricos.