Según Eduardo González Calleja, "entendían de las reclamaciones suscitadas sobre acuerdos de carácter general que afectasen a la industria; determinaban las condiciones de reglamentación del trabajo cuando se tratase de normas o contratos que pudieran obligar a los grupos profesionales de más de una localidad o región; resolvían los recursos de alzada contra acuerdos de los Comité Paritarios locales o interlocales, e informaban al Gobierno de cuantos hechos pudieran favorecer la mejora de la legislación social, organizando congresos y otras actividades".