Pero lo más preocupante, compañeras y compañeros legisladores, son los intereses que hay detrás de esta tensión institucional intencional: poner en entre dicho la autonomía de la Fiscalía General de la República, mediante el pase automático del actual procurador; o descarrilar el recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el nombramiento a modo de magistrados administrativos y del fiscal anticorrupción.