Partiendo del principio de la aconfesionalidad del Estado se opuso a otorgar a la Iglesia el estatus de Corporación de Derecho público, porque ésta no puede existir más que dentro del Estado, y "separar la Iglesia del Estado lleva consigo que el Estado ni colabore en la realización de los fines de la Iglesia, ni la ayude, ni la proteja sino que la deje en libertad internamente.