Los escándalos de corrupción, cuya repercusión mediática se prolongaba por la lenta tramitación jurídica (los casos, ya de por sí complejos, se complican por la condición de aforados de algunos implicados, y permanecen abiertos años), afectaban a prácticamente todas las instituciones políticas, económicas y sociales: caso Bárcenas (el tesorero del PP, que habría recaudado donaciones ilegales de particulares y empresas —interesados en la contratación pública o en decisiones políticas—, destinándolas a la financiación del partido, a sobresueldos de sus dirigentes o a su propio enriquecimiento), caso de los ERE en Andalucía (utilización indebida de subvenciones públicas, que afectaba a miembros del PSOE, incluso a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán), caso Nóos (empresa de Iñaki Urdangarín, yerno del rey, que afectaba a comunidades autónomas y ayuntamientos, en su mayoría gobernados por el PP —Jaume Matas, de Baleares—), caso Gürtel (que afectaba al PP de Madrid y Valencia), caso Pujol (que afectaba al antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña y su familia), caso Bankia (que, a través del escándalo de las preferentes, la fraudulenta salida a bolsa y las "tarjetas black", implicaba a todos los partidos y sindicatos representados en el consejo de Administración de la antigua Caja Madrid), etc.