Esto ha traído como consecuencia, en el sector industrial, quejas sobre la forma en que se implementó la ley, que se combina con el SENIAT (que recauda los impuestos, impone multas y cierra establecimientos de todo tipo); y quejas del sector universitario, por la forma atropellada en que se han tenido que formular proyectos para adecuarse, en cuestión de días, a la posible recaudación de centenares de millones de bolívares.