En tanto la legislación ordinaria fija los términos y plazos a que se refiere el último aparte del ordinal 1.º del artículo 60 de la Constitución, las autoridades de policía que hayan practicado medidas de detención preventiva deberán poner al indiciado a la orden del correspondiente Tribunal en un término no mayor de ocho dias, junto con las actuaciones que hubieran cumplido, a los fines de la prosecución de las diligencias sumariales.