Originalmente se pensó desinstalarlo definitivamente tras la disolución por orden gubernamental (durante la presidencia de Ernesto Samper) del Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas (Inea) en 1998, pero los costes de mantenimiento mínimo, descontaminación del área y clausura definitiva forzaron al Gobierno del presidente Uribe a ponerlo nuevamente en funcionamiento.