En 1939 se hizo un proyecto de ley para el tratamiento de los asociales, en el que ya no se hablaba de acto voluntario, sino que la decisión sobre la esterilización quedaba en manos del juez; un segundo proyecto de la misma ley de 1943 ordenaba la castración en casos en que la «moral pública» lo demandase; un tercer proyecto de ley de 1944 ordenaba la castración en casos en los que acciones repetidas o una «"personalidad con tendencia"» fueran necesarios para la seguridad pública.