Sus autores fueron juzgados sobre la base de las declaraciones de testigos protegidos, y se les aplicó la Ley Antiterrorista (Ley n.º 18.314), publicada en 1984, durante el régimen liderado por Augusto Pinochet, y fue reaplicada durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando los tribunales comenzaron a utilizarla en causas donde había ataques a la propiedad privada por parte de grupos mapuches.