La nueva forma y diversas atribuciones que a la Procuraduría General de la República y Departamento Judicial fija el artículo 102 de la Constitución vigente, en relación con el Decreto de 13 de abril último, impuso la necesidad de variar y adaptar de un modo práctico al personal destinado a esos servicios, así como exigir a los ciudadanos que allí prestan sus servicios una plena justificación de sus aptitudes..