Por ello, a pesar del pleito iniciado por la villa contra su señorialización en 1504 y las sentencias de 1543 y 1786, en las que se reconoce la jurisdicción señorial pero se ordena la devolución de las rentas reales (tercias y alcabalas) a la Corona, no será hasta estas medidas cuando se ponga fin al señorío sobre la localidad a partir de la ley de 26 de agosto de 1837.