Aunque el Euskadi le abonó seis millones de pesetas y seis mensualidades (en cumplimiento de la normativa), ninguno de los posibles culpables de una negligencia que concluyó en atropello, graves lesiones y la imposibilidad de seguir ejerciendo su profesión de ciclista asumió responsabilidad alguna: Unipublic (organizador de la prueba), Guardia Civil (encargada de impedir el acceso de coches a la carretera donde se disputaba la prueba), Federaciones Española y Asturiana de Ciclismo (que habían dado el visto bueno a la prueba) y el conductor que atropelló al ciclista).