Entre las leyes más importantes de las que otorgan beneficios a la Iglesia católica, pueden citarse la Ley , firmada el 7 de marzo de 1979 por Jorge Rafael Videla durante el Proceso de Reorganización Nacional, que establece que el sueldo de arzobispos, obispos y obispos auxiliares de religión católica sea pagado por el Estado, que les asigna un salario equivalente al 80 % de la remuneración que recibe un Juez Nacional de Primera Instancia en los dos primeros casos, y equivalente al 70 % en el tercero.