Mientras estuvieron suspendidas las garantías constitucionales, y amparado en su poder dictatorial, y en el artículo 92 del Código Penal vigente en ese entonces y que castigaba con arresto o multa a todo aquel que sin permiso de la república emitiese decretos de la Curia Romana, expulsó al arzobispo, licenciado Ricardo Casanova y Estrada, quien estaba recopilando disposiciones de la Curia Romana y publicándolas como suyas en edicto impresos fuera de Guatemala.