Este precepto, aplicable también para cualesquiera otros incumplimientos (estatales o autonómicos, legales o reglamentarios) en que pudiese incurrir una asociación de consumidores, además de plantear serias incertidumbres en relación con el principio de legalidad sancionadora, consagrado en el artículo 25.1 de la CE , podría suponer una vulneración del derecho de asociación que la CE consagra en su artículo 22.