Nuevamente Frondizi impidió que se cumplieran condiciones de la concesión, que establecía que los bienes debían pasar a la Municipalidad de Buenos Aires, dictando el Decreto Nº 5571/61 que dispuso autorizar a la empresa para seguir a cargo del servicio, sin límite de tiempo, otorgándole también el derecho de vender los activos al Estado en cualquier momento.