Tanto los intereses de las grandes empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche, como el temor de los agricultores que explotan predios considerados como usurpados por las comunidades mapuches, y el aumento de la violencia hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12).