El gobierno, obnubilado por las ganancias del petróleo y la euforia de los mercados, guardó los propósitos de inicio en un cajón y tramitó con la banca extranjera una pléyade de préstamos irreflexivamente para sufragar la exploración e infraestructura de explotación de los depósitos petroleros; puso en marcha proyectos de desarrollo condenados al fracaso por su pomposidad y mala preparación (la Alianza para la Producción, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, el Sistema Alimentario Mexicano o el Plan Global de Desarrollo, el más elocuente de todos); y fomentó una obesa burocracia al crear nuevas secretarías de Estado y multitud de organismos, adquiriendo y participando igualmente en más de medio millar de empresas, lo que junto a una corrupción galopante terminó no solo por reducir a cero los excedentes del petróleo (calculados en cien mil millones de dólares entre 1978 y 1981), sino por multiplicar la deuda externa ante el aumento de las tasas de interés, añadiéndose intrigas palaciegas desde la Secretaría de Programación y Presupuesto rumbo a la determinación de la candidatura presidencial del PRI, traducidas en diagnósticos desprendidos de cuentas manipuladas que truncaron medidas elementales como el recorte al gasto corriente y la baja de precio del barril de crudo para afrontar la sobreoferta y la austeridad energética autoimpuesta por el mercado mundial, siendo los chivos expiatorios el secretario de Hacienda, David Ibarra, y Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y un amigo más de los años mozos del mandatario en el primer nivel del servicio público, ambos serios aspirantes al Ejecutivo.