El Partido Popular elevó una querella al Tribunal Supremo por "prevaricación" y "tráfico de influencias", que fue finalmente rechazada y archivada el 18 de febrero de 2010, con el voto unánime de los magistrados de la Sala, al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y carecer las afirmaciones del querellante de relevancia penal.