En septiembre de 2007, se levantó la suspensión de actividades para Udalbiltza, pero tres días después, el 12 de septiembre, se dieron a conocer las peticiones fiscales definitivas para los 22 encausados: el ministerio fiscal solicitó 10 años de prisión por delito de integración en banda terrorista para todos ellos, y 5 años más para cuatro de los encausados por un delito de malversación de fondos públicos; la asociación Dignidad y Justicia solicitó penas de entre 15 y 23 años por las mismas causas.