En una sentencia del 31 de enero de 2013, de la que fue ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, el Tribunal Constitucional de España desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León contra varios artículos de la ley de 2005, en los que se basó la restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil, si bien afirmando que todos aquellos no restituidos expresamente a sus legítimos propietarios deber ser custodiados en un archivo de titularidad nacional.