Sus competencias son investigar las denuncias sobre las acciones presúntamente ilícitas de los funcionarios y el personal adscrito a la administración o agencias de ellas dependientes en cualquier caso, en especial cuando puedan causar daños a terceros, con excepción de las sentencias judiciales; el cumplimiento de los deberes y obligaciones, así como la incursión en causas de incapacidad, de los altos cargos del Estado en relación con las disposiciones de la Constitución y presentar cualesquiera propuestas que considere convenientes para la modificación de la Constitución.