La Corte Suprema de Justicia elaboró un plan de modernización de cinco años (1997); se estableció la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia (1997), la cual presentó recomendaciones para una reforma general (1998); se creó la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia (1997), que comenzó con la ejecución de un préstamo para llevar a cabo la modernización del Banco Interamericano de Desarrollo (1998); el Fiscal General inició la reestructuración del Ministerio Público (1998); se instauró el Instituto de Defensa Pública Penal (1997) y se le dotó de independencia financiera (1999); y el sistema penitenciario comenzó a elaborar un programa de modernización (1999).