Puestas todas las aduanas exteriores bajo la inmediata y exclusiva administración de la presidencia de la república por la ley del congreso general constituyente del 13 de marzo de 1826, el gobierno ha debido contraerse a inquirir el estado actual de dichas oficinas, o mas bien la capacidad que tienen de recaudar con exactitud los impuestos indirectos, que por desgracia forman la mayor parte de la renta pública de la nación.