La comisión, pues, debió llegar a una lógica consecuencia; esto es, a reconocer al Estado su legítimo derecho y no darlo, bajo una apariencia engañosa (por el hecho de remontarse al día de la Jura de la Constitución, para fijar al momento de la “posesión” de los detentadores), a los que, de acuerdo con doctrinas tan plausibles, no deben tener ninguno.