Además del juicio por un delito contra la salud pública en sí mismo, y de la posibilidad de que las pruebas recabadas fueran cedidas a las autoridades deportivas para la posible identificación y en su caso sanción de los clientes aún no castigados o identificados, existía otro aspecto de interés: la imagen internacional de la lucha contra el dopaje en España, y la credibilidad del deporte español en general.