Estas normas fueron impugnadas en varios casos y llevó a que la Corte Suprema de Justicia nombrada en 1958 por el presidente constitucional Frondizi con acuerdo del Senado de la Nación, se pronunciara a favor de la validez constitucional de las leyes 13.234 y 14.785, y de los decretos 2628/60 y 2639/60.