La primera implementación institucional de tal modelo se encuentra en la Constitución Mexicana de 1917 que establece inanbiguamente un régimen de propiedad “tripartito”: Propiedad o sector estatal, el de propiedad privada y la propiedad social (definida como “aquel compuesto por ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenecen mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y, en general, toda forma de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.”.