Finalmente, se aludió al inexplicable error en que incurrió el magistrado instructor cuando descartó, en los fundamentos de esa misma resolución, que la medida dispuesta pudiera violar la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación forzada, toda vez que según dijo el juez –utilizando tipografía resaltada– “las grabaciones y filmaciones que se dispondrán resultan ser respecto de personas que hasta la fecha no se encuentran imputadas en las presentes actuaciones”.