Así, parte de los ciudadanos perciben que la muerte es una pena que la ley permite aplicar y, ante la falta de respuesta estatal a los delitos que les afectan, consideran válida su aplicación por ellos mismos, máxime si se tiene en cuenta la violencia ejercida durante el conflicto armado y la impunidad de que gozan los responsables de graves violaciones a los derechos humanos tanto antes como ahora.