Sobre los militares y los civiles monárquicos que habían participado o habían apoyado el golpe cayeron casi todas las medidas represivas previstas por la Ley de Defensa de la República: 145 jefes y oficiales fueron detenidos y deportados a Villa Cisneros en la colonia española del Sahara Occidental, como se había hecho con 104 anarquistas unos meses antes con motivo de la insurrección anarquista del Alto Llobregat; sus más destacados órganos de prensa, el diario "ABC" y la revista "Acción Española" fueron suspendidos; muchas sedes políticas y culturales fueron clausuradas; las propiedades de la nobleza "grande de España" (acusada de financiar el golpe) fue expropiada sin indemnización de sus tierras por una ley aprobada por el Parlamento, etc.