Junto con el entonces obispo de León, Rafael García González, Pascual Chávez presuntamente logró que las autoridades judiciales de Guanajuato y la misma Secretaría de Gobernación dejaran impune a Manzo, pese a que en agosto de 1994, este sacerdote ya se había declarado culpable ante el Ministerio Público de los actos de abuso sexual contra menores que se le imputan.