Un país que pretende conseguir un desarrollo económico sobre las bases del derecho de propiedad privada, incluido respecto de los medios de producción no estratégicos o vitales, y de la admisión de la iniciativa particular en el campo económico, armonizada con la necesaria planificación del Estado en este rubro, debe promover una política económica que conceda al consumidor un papel activo en la orientación de la economía, y que reconozca el valor de una competencia entre productores y distribuidores dentro de normas claramente establecidas y garantizadas por la autoridad.