Pero no fue hasta el 10 de noviembre de 2004, a instancias del fiscal Burgos, que seguía instrucciones del Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido, para que se extremaran las medidas tendentes a dar satisfacción a los familiares de las víctimas del accidente en la identificación de los militares fallecidos, la juez pidió, que se exhumaran los 30 militares mal identificados y que se les realicen las pruebas para comprobar su correcta identificación, reuniendo todos los cuerpos en el cementerio madrileño de la Almudena, y citó como imputados al Teniente General José Antonio Beltrán, al General de División Vicente Carlos Navarro Ruiz; y al Comandante José Ramón Ramírez García, y al Capitán Miguel Ángel Sáez García, también se pide citar como testigo al Comandante Alberto Ruiz de los Paños, que participó como asesor de los trámites legales para la repatriación de los cuerpos.