Isabel sería la que se reservara la provisión de cargos públicos en Castilla, y el producto de los impuestos castellanos se destinaría prioritariamente a obligaciones administrativas en Castilla y el saldo restante se utilizaría en común acuerdo, los beneficios eclesiásticos se concederían de común acuerdo, pero en caso de conflicto decidiría la reina; los asuntos administrativos y judiciales, y el nombramiento de corregidores se regularían de común acuerdo cuando los reyes estuviesen juntos y si estuvieran por separado, a nombre de cada uno.