Para los habitantes de las 3 primeras zonas lingüísticas la ley reconoció, en relación a los hablantes de las lenguas tradicionales de esas zonas, una serie de derechos en lo que a la enseñanza, relaciones con la administración municipal, apoyo a su presencia en los medios de comunicación, facultad de utilizarlas para dirigirse a las instituciones aragonesas, etc.