En lo respecto a la energía eléctrica, el gobierno de Arana Osorio amplió el plazo de la concesión a la «Bond and Share Company», que se había iniciado en 1922 durante el gobierno del general José María Orellana, y compró las acciones a la compañía norteamericana, con el agravio que al hacerlo también asumía el pasivo de la empresa concesionaria: el gobierno compró un derecho que la empresa concesionaria perdía al expirar el plazo, cosa que no solo fue inconstitucional sino que además, fue en contra de los intereses de la nación.