Una vez iniciadas las negociaciones en Utrecht la reina Ana de Inglaterra —quien, según Joaquim Albareda, "por motivos de honor y de conciencia, se sentía obligada a reclamar todos los derechos de que gozaban los catalanes cuando les incitaron a ponerse bajo el dominio de la Casa de Austria"— hizo gestiones a través de su embajador en la corte de Madrid —cuando aún no se había firmado ningún tratado— para que Felipe V concediera una amnistía general a los austracistas españoles, y singularmente a los catalanes, que además debían conservar sus Constituciones.