La fiscalía mexicana determinó en una investigación posterior que desde el gobierno de Díaz Ordaz se realizaron detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales con el fin de extinguir al movimiento social presente en la Ciudad de México y algunos de los estados de la república.