Las diligencias judiciales fueron realizadas sin garantías jurídicas y las pruebas se basaron en declaraciones de los principales implicados, en especial Tomás Ascheri, obtenidas mediante torturas ordenadas por el teniente de la Guardia Civil Narciso Portas contra el mismo Ascheri, Francesc Callís, Antoni Nogués, Josep Molas, Lluís Mas, Sebastià Sunyé, Joan Baptista Ollé, Francesc Gana y el francés Joseph Thiolouse.