Los juicios podrán ser cerrados al público bajo instancias del gobierno por medio de alegaciones estableciendo que existe "un interés de invalidación con bases en resultados informativos de que el cierre al público es esencial para mantener los magnos valores y el acto servirá específicamente para el beneficio de dicho interés." [2] Asimismo el acusado podrá hacer una petición de cierre del juicio al público; no obstante, se deberá mostrar que "primero, existe una probabilidad considerable de que el derecho del acusado a un juicio justo será perjudicado por la publicidad la cual sería prevenida por el cierre, y segundo, las alternativas razonables al cierre no podrán proteger adecuadamente los derechos a un juicio justo del acusado.