De acuerdo con este criterio, la decisión acerca de si un gobierno protege o no adecuadamente la propiedad debe hacerse con cautela respecto de un gobierno que, si bien vigila celosamente las posesiones de los individuos, no los protege en la posesión y comunicación de sus opiniones, las cuales constituyen una propiedad tan valiosa o, según algunos, más valiosa que las otras.