Por su parte, Campuzano Montoya (2002) asegura que la vigilancia electoral «instrumentada» fue mayor que en comicios previos, pero no cumplió con los objetivos esperados; las irregularidades que se denunciaron no tuvieron la «contundencia» necesaria por diversos motivos —muchos de los escritos de protesta no llegaron al Tribunal de lo Contencioso Electoral y hubo problemas para que algunos comités de distrito recibieran y tramitaran los recursos de queja—.