Sostuvo que las escuchas telefónicas fueron obtenidas por un organismo, que no solamente fue parcial desde el punto de vista administrativo, sino que conspiró concretamente en la detención de Ribelli; el defensor consideró que las escuchas no eran más que indicios que debían estar respaldados directamente por pruebas, y que las pruebas existentes en la causa, por lo menos, de cómo se gestaron las escuchas, decían exactamente lo contrario.