Éste ha de decidir si configura cada uno de los delitos como públicos, semipúblicos o privados, y cuáles serán los efectos que consiguientemente haya de atribuirse a la concesión del perdón del ofendido o víctima del delito, y si exige o no con carácter general o en ciertos casos la autorización judicial del perdón como medida de precaución; igualmente ha de decidir el legislador si el perdón puede tener lugar sólo antes de que el delincuente haya sido condenado, o si los efectos del perdón pueden tener lugar también tras la condena penal.