En 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó la sentencia 156 en donde se arrogaba a sí mismo y al Presidente de la República, las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, en tanto ésta se "mantenga en la situación de desacato" que el TSJ consideraba existente, acto que fue rechazado por gran parte de la sociedad venezolana, la Organización de Estados Americanos (OEA) y varios países.