El 30 de septiembre de 2009, fue sentenciado a seis años de prisión por los casos de interceptación telefónica, pago a congresistas y compra de la línea editorial de medios de comunicación durante su régimen; el ex gobernante fue encontrado culpable de los delitos contra la administración pública, peculado doloso en agravio del Estado, corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico en agravio del Estado y contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha telefónica.