Sin embargo, graves imprevisiones políticas como la ausencia de notificación constitucional a los pobladores, las intenciones públicas de pago con monto de entre sólo cuarenta y setenta centavos de dólar el metro, las falta de consenso y de beneficios directos para los habitantes de la localidad, y la omisión de alternativas de vida y trabajo para los pobladores, principalmente bajo el régimen de propiedad ejidal (el ejido es un régimen intermedio entre la propiedad privada y comunal, prevista en la Constitución mexicana) evidenciaron vacíos de fundamentación y motivación jurídica y social que hizo cuestionable el proyecto de aeropuerto.