Aunque en teoría son precisos y eficaces, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, replicó que el uso de estos aparatos «constituía una violación continua de la integridad territorial del país y dificultaba la eliminación del terrorismo.» El alto tribunal de la ciudad pakistaní de Peshawar dictaminó la ilegalidad de los ataques, al tiempo que señaló que constituían una violación de los derechos humanos y un crimen de guerra, esta última afirmación es compartida por la ONG Amnistía Internacional.