A esto se añadieron otras desastrosas medidas económicas de los siglos III y IV, como lo fueron las devaluaciones de moneda y acuñaciones fraudulentas como forma de conseguir más fondos, pero con la consiguiente pérdida de confianza en la unidad monetaria básica del imperio; las continuas regulaciones de los precios de las materias primas para frenar una inflación galopante producida por las políticas monetarias; una penalización fiscal del comercio, al aprobarse, por ejemplo, nuevos impuestos relativos al transporte de bienes por mar; los nefastos decretos de Diocleciano en torno a la mano de obra, que establecieron lo que durante el feudalismo se conocería como servidumbre, al obligar, como forma de evitar una creciente despoblación urbana, a que los hijos heredaran el empleo de los padres; el colapso del sistema esclavista al perderse la principal fuente de esclavos con el fin de las conquistas; la creciente burocratización del imperio, y la pompa de la corte imperial, que se convirtió en uno de los elementos más gravosos para los contribuyentes; la introducción de contribuciones forzosas, ante las cuales los campesinos estaban obligados a ceder sus cosechas al ejército; las continuas incursiones bárbaras, que arruinaron las zonas fronterizas; el establecimiento de sistemas recaudatorios basados en las diócesis, en virtud del cual cada diócesis estaba obligada a recaudar una cierta cantidad de dinero, pero sin especificar claramente cómo había de recaudarse, de tal manera que en ciertos casos los más adinerados, desde una posición de poder, se negaban a pagar de forma equitativa y hacían que buena parte de la obligación fiscal recayera sobre los habitantes menos favorecidos o los comerciantes, empobreciéndolos en el mejor de los casos (esto último es la raíz de la exención de impuestos de la que durante el Medievo disfrutó la nobleza).