Su objetivo es resguardar los intereses del Estado chileno: "en materias relacionadas con el cobre y sus subproductos y con todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, con excepción del carbón y los hidrocarburos, y desempeñar las funciones fiscalizadoras y las demás que le señala el presente decreto ley" (Artículo 1, DFL N° 1 de 1981).