Para compensar la disparidad numérica entre ambas flotas, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo promulgó la «Ley Reservada del Cobre» (Ley N° 13196) que destinó una parte de las ganancias provenientes de la explotación del cobre en Chile al presupuesto de defensa; por este hecho, se conoció también a esta norma como «Ley de Cruceros».