Los miembros de la Corte Suprema, ninguno de los cuales fue removido por el dictador José Félix Uriburu, el 10 de septiembre dictó una famosa acordada convalidando el derrocamiento de las autoridades constitucionales y dando origen a la Doctrina de los gobiernos de facto, que en adelante se utilizaría para legitimar los gobiernos instalados por la fuerza.