Condenó a Manuel Contreras, jefe de la DINA en el momento del secuestro, y a otros 3 agentes de inteligencia del Estado, a siete años de cárcel, y ordenó que el estado chileno cancelara una indemnización de 100 millones de pesos (unos 126.000 euros), por el daño moral, a Josefa Llidó Megual, hermana del sacerdote, que fue representada por el abogado Héctor Salazar.