Ellos han demostrado —en los casos Mack y Gerardi, en la condena de policías corruptos, en la detención de altos funcionarios implicados en casos de corrupción— que las instituciones estatales pueden constituirse en la solución para terminar con la impunidad y para obtener justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos, siempre que exista voluntad política, organización y recursos adecuados.