Puede afirmarse, en consecuencia, que se contaba con suficientes elementos de discernimiento para que la reticencia y negativa del magistrado pudiera ser interpretada como una evidencia objetiva de que su rol como director del proceso se había desnaturalizado de modo definitivo, ya que estaba probado que el juez, lejos de respetar y cumplir con la ley y de actuar con rectitud conforme a las obligaciones legales y éticas propias de su función, no dudó en argumentar, probar o alegar en un sentido que llevara al convencimiento de que el pago no se había efectuado o, al menos, arrojara incertidumbre acerca de tal extremo.