Aunque representaba un verdadero límite jurídico al poder real, no era un límite absoluto pues en Castilla dicha normativa no se consideraba nula sino anulable, de modo que tan sólo se suspendía su ejecución hasta la correspondiente resolución del recurso por el propio Rey, y con la consolidación del absolutismo real, a principios de la Edad Moderna, se había convertido en el mero trámite inicial de un recurso de suplicación.