El fiscal solicitó penas que iban desde la pena de muerte en el caso de Ranchal hasta los seis años en el caso de José Carva Rey; en este caso a pesar de reconocerse expresamente que «había tenido una actuación moderada, sin que se le conociese intervención contra las personas de significación nacional, ni participase en malos tratos», evidenciando así que también la represión franquista se movía por criterios más políticos que jurídicos.