Posteriormente los tribunales de justicia —Audiencia de Madrid, en sentencia de 30 de abril de 1936, y Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de junio del mismo año— absuelven a Primo de Rivera y a los suyos declarando legítima, dentro del marco constitucional español —conforme a los artículos 34 y 39 de la Constitución de 1931 y Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887—, la doctrina de Falange Española, quedando sin efecto el procesamiento acordado por el juez de Instrucción contra Primo de Rivera y los falangistas que le acompañan.