En los acuerdos de paz, el Gobierno se comprometió a dar continuidad a lo establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Guatemala en enero de 1984, en el sentido de tipificar como delito la discriminación étnica; también se comprometió a promover ante el Congreso la tipificación del acoso sexual, agravando los delitos sexuales cometidos contra las mujeres indígenas como grupo social más vulnerable.