Lo que oponía a moderados y progresistas, lo que quedó reflejado en las respectivas constituciones de 1837 y de 1845, era el tratamiento de temas como el equilibrio de poderes entre Rey y Parlamento, la libertad de prensa, el juicio por jurado, la función de los ayuntamientos, la extensión del derecho de sufragio, o el orden público (confiado a instituciones revolucionarias como la Milicia Nacional, como defendían los progresistas, o a un cuerpo profesional, la Guardia Civil creada por los moderados).