Si bien las autoridades colombianas venían sospechando que se trata de un esquema Ponzi (usualmente llamadas «pirámides» en Colombia), o de lavado de dinero, sólo hasta el 17 de noviembre de 2008 y amparado bajo un decreto de estado de emergencia, el Gobierno colombiano, en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez y secundado por las autoridades financieras, así como por la Fiscalía de Colombia y las máximas autoridades de policía del país, afirmó que DMG era una pirámide y suspendió las operaciones de DMG, ocupando sus 61 sedes en Colombia e incautando activos.