La concesión facultaba a la sociedad a operar como distribuidor exclusivo de energía eléctrica en seis partidos del sur bonaerense, prestando servicios a un área que rondaba los 5700 kilómetros cuadrados, donde vivían aproximadamente 710.000 habitantes.En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno transfirió 330 millones a las empresas adjudicatarias y cobró 194 millones por la privatización, con lo que no llegó a cubrir con ese precio ni siquiera el valor de las deudas.Así se vendieron las centrales térmicas , las hidroeléctricas, y las líneas de alta y baja tensión.