El procedimiento de apremio en la legislación administrativa y tributaria española constituye una manifestación del poder de autotutela de la Administración Pública y consiste en el poder que tiene la Administración de ejecutar las deudas existentes contra ella, sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia, pudiendo incluso llegar al empleo de la coacción en caso de resistencia de los deudores.