En este nuevo periodo, destacará la Ley 10/1998 de Residuos y el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el cual “las empresas susceptibles de realizar una actividad potencialmente contaminante, deben presentar un ‘Informe Preliminar de Situación’ identificándose así una relación de actividades susceptibles de causar un perjuicio al suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.” Es decir, una ley que obligue a las empresas a calcular los daños que algunos años más tarde, encontramos la Ley de Responsabilidad Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre), que “obliga a los agentes que desarrollen actividades potencialmente contaminantes a prevenir el riesgo y a repararlo, ya haya provenido de una negligencia culpable o no, debido a que los vertidos y contaminaciones pueden provocar daños muy graves o incluso irreparables para el medio marino y terrestre” .