Se establece, por el Máximo Tribunal, que el Poder Ejecutivo podrá reglamentar los pormenores y circunstancias concretas de las acciones reprimidas, pero esta facultad reglamentaria presupone la existencia de una ley anterior lo suficientemente precisa y definida por el Poder Legislativo, que establezca detalladamente los hechos punibles y las penas a aplicar.