"Por medio de una legislación apropiada, deben fijarse procedimientos más rápidos y expeditos para la tramitación de los expedientes, y si la tardanza depende de los trámites relativos a la primera y segunda instancia, bien pudiera suprimirse la primera, si así fuere necesario, para colocar al Ejecutivo Federal, en mejores condiciones de responder con más rapidez a las demandas de dotación y restitución de tierras y aguas.