De la creación de una jurisdicción agraria y ambiental, prevista en los acuerdos, depende la disminución de la conflictividad agraria, la regularización de la propiedad de la tierra, la definición de procedimientos legales que regulen el uso de los recursos naturales y la compensación de derechos; en suma, que se creen las condiciones para impulsar una estrategia de desarrollo rural basada en el ordenamiento territorial.