En el año 2003 adaptó su Estatuto a las mejores prácticas de gobernabilidad, pero no solo a las recomendadas por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) sino, especialmente, a las recomendaciones del Comité de Basilea para la Gobernabilidad de las Instituciones Financieras.