Esta medida —que reformuló y confirmó muchas de las disposiciones de la anterior Declaración de Derechos— estableció restricciones en las prerrogativas reales; declaró, entre otras cosas, que el soberano no podría: suspender las leyes aprobadas por el Parlamento, crear impuestos sin el consentimiento parlamentario, vulnerar el derecho a presentar una solicitud, levantar un ejército armado durante tiempo de paz sin consentimiento parlamentario, negar el derecho de llevar armas a los súbditos protestantes, interferir indebidamente en las elecciones parlamentarias, castigar a los miembros de cualquier Cámara del Parlamento por cualquier cosa dicha durante los debates, requerir fianza excesiva o infligir castigos crueles o insólitos.