En diciembre de 2013, el Tribunal Supremo lo condenó en firme junto a Julián Muñoz, a una pena de siete años de prisión y con cinco años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperador necesario por un delito cualificado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de prevaricación, al contribuir al expolio de las arcas del Ayuntamiento de Marbella, por los honorarios irregulares que cobró de este ayuntamiento entre 1999 y 2003.