La presidenta argentina justificó la decisión al considerar que la empresa mantenía una insuficiente inversión y una escasa producción; lo que hizo que en el 2011, por primera vez desde que se privatizó la empresa en los años 90, Argentina tuviera que importar más gas y petróleo que el que produjo.Según algunos medios, podría tratarse de una medida anticonstitucional ya que el artículo 17 de la Carta Magna argentina señala que la expropiación por utilidad pública “debe ser calificada por Ley y previamente indemnizada”.