Solo debe encargarse del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad privada, la defensa de las llamadas libertades negativas: los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad interna y externa (justicia y protección), y eventualmente la implantación de políticas para garantizar el libre funcionamiento de los mercados, ya que la presencia del Estado en la economía perturbaría su funcionamiento.