Lo que se pretende elevar a la competente y máxima autoridad de esta Sala Constitucional, a objeto de que despliegue su potestad revisora sobre la sentencia N° 86 de la Sala Electoral de este Alto Tribunal, de fecha 29 de junio de 2017; es el hecho, por demás verificable y manifiesto, de que pudiendo dicha Sala haber entrado a conocer y decidir el fondo del asunto, no lo hizo, basándose para ello en una irrestricta aplicación del contenido del artículo 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando, de su propia motivación, se desprendió que, de ser el caso que pudieran constatarse violaciones a derechos de rango constitucional, la misma no procuró profundizar en ello porque habría tenido que hacer un “análisis pormenorizado” de los estatutos de la organización para verificarlo, lo que, en consecuencia, dejó sin resolución la realidad que exigía de dicha instancia un dictamen ajustado al favorecimiento, no de la Unidad Popular Venezolana (UPV), o siquiera de las autoridades que en calidad de recurrentes tenían la condición, por demás acreditada en autos, de auténticos miembros del partido, por tanto, de legitimados activos; sino del derecho a la participación que fue claramente transgredido por quienes, a título particular, procedieron ilegítimamente a designar a unas “autoridades”, parte de una ‘dirección política organizacional’, con absoluta prescindencia del procedimiento estatutariamente previsto para ello.