El 24 de octubre de 2014, el gobierno Dominicano rechazó aceptar la sentencia de la Corte IDH que obligaba al país a modificar su constitución para que cualquier persona que naciera en su territorio tuviera derecho a la nacionalidad, y que también declaraba nula la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, y la ley 169-14 sobre regularización, ya que según estos atentaba contra la soberanía del país, y su derecho a decidir quienes eran sus nacionales.