Una segunda relación, se da cuando el estado acepta el pago de sobornos para que un particular pueda realizar una acción prohibida por la ley, por ejemplo, contravenir las medidas de seguridad industrial que pueden conducir a accidentes, como en explosiones en minas, obtener evaluaciones de impacto mediante el pago de sobornos para llevar a cabo megaproyectos, como represas, minas, parques eólicos y desarrollos turísticos; comprar votos y sobornar a funcionarios públicos a cargo de organizar elecciones para cometer fraude electoral; por lo tanto, infringiendo los derechos políticos de los ciudadanos como así como de los otros candidatos afectados.