El 5 de julio de 1991, dicta un decreto-ley disponiendo la incautación de 15 millones de dólares de propiedad del Banco Central de la República Argentina que estaban puestos en custodia en la bóveda instalada en el subsuelo del edificio del Banco Provincia de Río Negro, por lo que años después sería condenado a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos al ser considerado autor penalmente responsable del delito de malversación de caudales públicos en la figura de peculado.