En febrero de 1830, el propio Juan Antonio Lavalleja recomendó a Rivera adoptar las providencias «más activas y eficaces» para la seguridad de los vecindarios y la garantía de las propiedades afectadas por los charrúas, a los que consideraba «malvados que no conocen freno alguno que los contenga» y que no podían dejarse «librados a sus inclinaciones naturales».