Después de varios debates que lideraron los senadores Cecilia López y Jorge Robledo, el gobierno revocó la licitación forzado por las denuncias de la procuraduría general sobre la ilegalidad del proceso, pues en su concepto '"No solo se vulneró los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de estas personas, sino que impidió que recibieran la mínima atención del Estado".' Finalmente, el gobierno nombró una comisión de expertos que en mayo del mismo año concluyó que el predio debía ser asignado a un proyecto productivo entre familias desplazadas y empresarios privados.