Expropiados los bienes de las empresas, cuya actitud de tan grandes peligros entrañaba para la seguridad de la nación, el estado quedaba obligado, por las mismas causas de utilidad pública en que se basó la expropiación, a asumir directamente la prestación de los servicios, como lo hizo desde luego, con sustento en la ley y en el apoyo de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.