El caso fue enviado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el cual, a pesar del estado avanzado de las obras, ha planteado la posibilidad de obligar a la restitución de los terrenos a su estado anterior (es decir, a deshacer la obra aún estando finalizada) y de imponer una multa al estado español por permitir la ejecución de una obra considerada ilegal y sin estudio de impacto ambiental.