Juárez puso el asunto en manos de una Corte Marcial encabezada por el general Mariano Escobedo, que decidió resolver conforme la ley promulgada el 25 de enero de 1862 para prisioneros de guerra como reacción al «decreto negro» emitido por el propio Maximiliano I el 3 de octubre de 1865, por el cual se permitía ejecutar sin juicio ni recurso posible a todo ciudadano mexicano o extranjero que fuera encontrado con armas en el territorio del Imperio.