Aunque la justicia penal militar se abstuvo en su momento de procesar a los militares involucrados, la Fiscalía General de la Nación ordenó el pasado 1 de julio iniciar el proceso contra los militares por el delito de homicidio en persona protegida, pues un fiscal consideró la existencia de pruebas que indicarían que los campesinos recibieron los disparos a una corta distancia.