Mediante la carta puebla, que es un privilegio rodado garantizado con el sello real y confirmado por los prelados, grandes y primeros dignatarios del reino, el rey autorizaba la ocupación del lugar y confirmaba su término, pero se reservaba la propiedad de todo ello ofreciendo a los pobladores su tenencia y disfrute perpetuo, con posibilidad de transmitirlo a sus descendientes o a terceras personas incluso por compraventa.