El proceso estableció que un 50% del capital de estas empresas fuera abierto a la inversión privada, un 49% pasaría a manos de un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el 1% restante se transferiría a propiedad de los mismos trabajadores de las empresas capitalizadas.