52), la decisión gubernamental de declarar por un período de un mes el “estado de alarma”, previsto en la Constitución de Guatemala “en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública”, evidenció la falta de un estricto apego a la protección y garantía prioritaria de los derechos del conjunto de la ciudadanía.