Se establecieron una serie de medidas para limitar sus poderes: cada uno tenía veto sobre la decisiones del otro; gobernaban sólo por un año, sin posibilidad de reelección inmediata; las penas o castigos que impusieran podían ser apeladas por los ciudadanos ante los comicios ("provocatio ad populum") y, una vez terminado su mandato, respondían por los actos contrarios a la ley que hubiesen cometido.