Al subordinar la propiedad privada al interés de la economía nacional se respondía a la necesidad de una reforma agraria (sustanciada en la Ley de 9 de septiembre de 1932) que preveía la expropiación con indemnización de las fincas que se consideraran no explotadas con suficiente rentabilidad social (como la mayor parte de los latifundios del Sur de España), en beneficio de los jornaleros sin tierras.