El gobierno colombiano se despoja de soberanía territorial al aceptar la abstención del arrendamiento a terceros de puntos geográficos claves que pudiesen entorpecer la explotación del canal, así como permite la explotación local de recursos naturales de manera irrestricta por el costo de beneficio gratuito por los naturales colombianos, así como la obligación estadounidense a resarcir los daños causados por las obras relacionadas al canal.