El Gobierno decidió inmediatamente militarizar el control del tráfico aéreo y decretar el estado de alarma por primera vez en la democracia, circunstancia que se prolongó hasta el 15 de enero de 2011, cuando se devolvió el control del tráfico aéreo a los controladores civiles.La actuación del Gobierno y del Fiscal General, Conde Pumpido, en el conflicto con los controladores fue criticada por la Asociación de Fiscales, calificándola de "injerencia intolerable".