No obstante, La ley 8/1990 sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo dice de la anterior ley que “"se ha revelado insuficiente (…) para incrementar los patrimonios públicos de suelo en medida suficiente para incidir en la regulación del mercado inmobiliario o para adscribir superficies de suelo urbanizable a la construcción de viviendas de protección oficial."” Por lo cual altera los criterios anteriores, de forma que ahora “"el valor inicial se aplica tanto al suelo no urbanizable como al urbanizable no programado; incluso el urbanizable programado, si aún no se ha ultimado el desarrollo del planeamiento preciso, se valora por referencia a este valor inicial."” Y establece “"la aplicación de estos criterios de valoración a todas las expropiaciones que se lleven a cabo por los poderes públicos"”.