El sector judicial consiste del Tribunal Supremo, que es la corte de apelación final; del Fiscal General, quien ofrece opiniones a las cortes sobre el procesamiento de casos penales y trae a la atención de las autoridades competentes los casos de mala administración de los empleados públicos y de las violaciones de los derechos constitucionales de los prisioneros o de las personas acusadas; del Ministerio del Interior y Justicia, que administra la DISIP y el CICPC, introduce demandas en las cortes penales y supervisa las prisiones; y el Directorio Ejecutivo de la Magistratura (DEM), que supervisa los tribunales inferiores así como la selección y la capacitación de los jueces.