Un académico estadounidense dijo que la decisión se apoyaba en un informe del gobierno chileno que en sí mismo era "era difícil no interpretar como una respuesta a presión política de los niveles superiores del gobierno, y que la decisión fue "seriamente parcial", hecha "sobre la base de un razonamiento legal de dudosa calidad" y que la decisión constituyó "una transferencia de riqueza de la mayor gravedad desde los agricultores a las compañías de generación de electricidad".