Consideró el defensor que las manifestaciones de los preventores Galassi y De Lucía revelan, una vez más, una arbitraria discrecionalidad en la diligencia practicada en procura de buscar testigos presenciales de lo ocurrido el 10 de julio de 1994 en las cercanías del domicilio de Carlos Alberto Telleldín, que, dos años después del atentado, arrojó como resultado la introducción de dos testigos dispuestos a declarar a cambio de dinero.