En el primer año de su mandato, el nuevo Fiscal General preparó un documento sobre la política por la que debía guiarse la institución titulado “Una política criminal democrática para el Ministerio Público”, y un nuevo programa para la reestructuración y modernización de la institución basado en tres ejes estratégicos: la reorganización de las fiscalías, incluida la contratación de 200 nuevos fiscales; la creación de una agencia de investigación criminal dentro de la institución, una propuesta controvertida que sugiere la asunción de funciones legalmente asignadas a la Policía civil nacional; y la elaboración de un programa de formación para fiscales a través del establecimiento de un centro universitario para jueces y fiscales.