Entre los aspectos positivos de la acción gubernamental en el campo del desarrollo rural, se encuentran: la definición, por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, de las áreas de acción estratégicas a largo plazo y de las prioridades para 1999 en función de los ejes fundamentales de los acuerdos de paz; la presentación del documento “Política Agraria Nacional” que contiene algunos componentes importantes para la definición de una estrategia de desarrollo rural; la modernización del Ministerio; la aprobación por el Congreso de la Ley del Fondo de Tierras; el incremento de las operaciones del Banco de Desarrollo Rural entre 1995 y 1998, diversificando los destinos de crédito, principalmente en pequeña, mediana y microempresa; el importante aumento de la inversión pública en las áreas rurales, que ha permitido comenzar a revertir la tendencia histórica consistente en privilegiar las zonas urbanas; el inicio del proceso de la regularización de tierras nacionales; la ejecución de los planes piloto de catastro; la mayor cobertura de los incentivos forestales; la continuación de la labor de concertación del Gobierno y organizaciones indígenas en el seno de la Comisión Paritaria sobre Derechos relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, y el incremento las actividades de la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA) que ha contribuido a la disminución de la conflictividad agraria.