Todo ello a cambio de dos necesidades angustiosas para el gobierno de Juárez: el reconocimiento estadounidense a su gobierno, y 4 millones de dólares, de los cuales sólo entregarían al presidente Benito Juárez la mitad; el resto se reservaría para pagar indemnizaciones a ciudadanos estadounidenses quejosos por violaciones a sus derechos.