Pero el Gobierno considera de su deber estricto, como ya lo hizo presente en la conferencia de la Habana, afirmar una vez más, con reiteración que justifica la onerosa historia de las reclamaciones internacionales sufridas por nuestro país, que el extranjero inversionista o establecido aquí, ha de quedar lealmente sometido a las leyes nacionales y a las autoridades del Gobierno.