No participaban en los asuntos políticos españoles y portugueses, limitándose a elegir a un juez —o alcalde o «juez civil y gubernativo», según las fuentes—, su máxima autoridad, elegido por los vecinos de entre los cabeza de familia cada tres inviernos, confirmado posteriormente por el corregidor de Braganza hasta 1836, cuando las autoridades portuguesas se desentendieron del nombramiento por no considerarse competentes.