En mayo de 2017, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial concluiría que “la familia Pujol-Ferrusola obtuvo un ‘beneficio económico no justificado’ de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar “grandes sumas de origen desconocido” que responde a un “plan preconcebido y ordenado”, según informa la agencia EFE.