Pero la convención de Montevideo, en primer lugar, ley de la nación hoy, me hizo ver que no era posible, en mi carácter oficial, sostener doctrinas de un positivismo absoluto, cuando el gobierno argentino, siguiendo la corriente del mundo civilizado, había aceptado el reconocimiento de los derechos de la inteligencia, consagrando su legitimidad, á la par de los que determina cualquier otro acto de la actividad humana.