Esta reforma también asigna al Estado la responsabilidad de velar por la calidad de la educación en todos los niveles, con una preocupación especial por la educación pública, de cuidar el buen uso de los recursos públicos, de informar oportuna y verazmente a los estudiantes y a sus padres respecto de las características de las distintas alternativas educacionales existentes y de garantizar el financiamiento adecuado, a través de becas o préstamos, en condiciones favorables, a todos los estudiantes de la educación superior que lo necesitan.