Por una parte, la oposición a cualquier tipo de iniciativa que propiciara o hiciera posible el trasvase de aguas de la cuenca del Ebro, exigir al Gobierno Central que hiciera realidad la ejecución de las infraestructuras contempladas en el Pacto del Agua, y un tercer aspecto, la recuperación del consenso entre los distintos agentes y territorios afectados por la política territorial.