de 24 de julio) en su artículo segundo, apartado 1, epígrafe a, estipula: "La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas." Hay que tener en cuenta que, en virtud del principio de primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho interno, no es de aplicación a la Iglesia católica, que se rige por los acuerdos de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede.