La Ley de 1944 reforzó la obligación de todos los residentes del país (nacionales y extranjeros), de todos los organismos públicos y privados, y de todos los funcionarios públicos, de remitir los datos que se les exigieran (según las especificaciones técnicas que se les indicaran) y de colaborar con el Ejecutivo Nacional, cuando éste lo solicitara, en el desarrollo de las operaciones