El contralor Potoy, designó un equipo que investigaría el alcance de la denuncia, y el 16 de julio de 1992 se emitió el informe de auditoría, en el que se comprendieron sanciones penales y administrativas a 23 funcionarios, entre ellos 2 sobrinos del vice ministro Ybarra-Rojas y 5 diputados, por numerosas exacciones fraudulentas, hasta por U$1,062,000.00 dólares y transferencias por U$198,850.00 dólares.