En el período final de ese régimen de facto se iniciaron en muchos juzgados ordinarios investigaciones sobre la suerte de los detenidos-desaparecidos, cuyo efecto trató de impedirse mediante la llamada ley 22.924, emanada el Presidente de facto Reynaldo Bignone, que estableció una amnistía cuya invalidez declararon, aún antes de restablecerse el sistema constitucional, diversos tribunales intervinientes.