Reconocida la necesidad de la jornada máxima de trabajo en toda España, la ponencia estima que no cabe otra acción para hacerla efectiva que la que ejerzan los Sindicatos, con el objeto de exigir el cumplimiento, por parte de la burguesía, del real decreto estableciendo la jornada de ocho horas, y por parte del Gobierno, una ampliación a dicho real decreto, incluyendo en dichos beneficios a los obreros del mar.