El 16 de febrero de 2010 el gobierno argentino a través del decreto 256/2010, y luego del inminente inicio de la explotación petrolífera por parte del Reino Unido, estableció que todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa al gobierno argentino.