En este sentido la STC 26 de abril de 1990 estableció que el derecho a la presunción de inocencia comporta que la sanción este basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadotes de la conducta reprochada, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia y que cualquier insuficiencia de las pruebas practicadas libremente valoradas por el órgano sancionador debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.