Por lo anteriormente expuesto, el diseño de la iniciativa de Ley General de Vivienda tiene ocho características básicas, que le dan orientación y sentido: es una ley de alcance universal conforme al mandato constitucional; es una ley vinculante con la vivienda como derecho humano inscrito en el derecho internacional; es una ley que concibe la responsabilidad pública como un compromiso ineludible, donde el financiamiento tiene un sentido social y donde la coordinación entre órdenes de gobierno y entre instituciones públicas federales se sujeta a la ley a partir de contar con una institución cabeza de sector, la Secretaría de Vivienda; es una ley que reconoce la participación de diversos actores sociales y económicos, pero que no limita la atención de las necesidades de vivienda a la lógica excluyente e irracional del mercado como regulador de los procesos habitacionales y territoriales; es una ley que apoya la intervención de pequeños y medianos empresarios con actitud nacionalista, gestores de producción de vivienda con un enfoque social en la perspectiva del desarrollo nacional; es una ley que contribuye a la planificación sustentable de la ocupación y aprovechamiento del territorio, con base en la premisa del desarrollo de nuestra sociedad; es una ley con enfoque de género y busca la equidad y la justicia en favor de las mujeres y las familias mexicanas.