Las empresas contratistas rechazaron los términos esgrimidos por el gobierno, como también rechazaron las cláusulas impositivas y punitivas del nuevo convenio, que obligaban a las empresas a devolver el valor de los impuestos pagados por el Estado -según contratos por cuenta de las compañías-, y establecían una indemnización a YPF "por haberse visto obligado a restringir su producción para aceptar el petróleo extraído por las empresas".