Estas organizaciones, dedicadas a proteger las "libertades civiles electrónicas", entre ellas el Centro de Información de la Privacidad Electrónica y la Electronic Frontier Foundation, desafiaba la propuesta del Chip Clipper, argumentando que el único efecto que tendría sería dejar expuestos a los ciudadanos comunes y corrientes a la posibilidad de ser vigilados ilegalmente por su gobierno.