El 4 de junio de 1829 el gobierno de Morazán expidió una ley por la que se le imponía la pena de muerte a todos los miembros del Clan Aycinena que habían participado en el gobierno conservador de Guatemala —incluyendo a Irisarri— previo que devolvieron al erario los sueldos de sus tres años de trabajo y la confiscación de todos sus bienes.