Según documentos de la Corte, entre 1997 y 2004, altos funcionarios de la corporación pagaron aproximadamente U$ 1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, a cambio de la protección de empleados en las plantaciones de plátanos que se cosechaban en Colombia, también despojando a la fuerza de sus tierras a los campesinos cercanos para extenderse más y más con complicidad del gobierno Colombiano.