La Constitución de 1977 convalidó la propiedad socialista de los medios de producción y el manejo centralizado y planificado de la economía, haciendo explícito sin embargo que esto se complementaba con un marco de independencia para cada empresa, cooperativa u otra organización, lo que aumentó el poder de los jefes administradores de las empresas, agudizando las diferencias salariales entre obreros y burócratas.