El tercer problema se plantea con la cuestión de la legalidad de las autonomías; pues, no debemos perder de vista que todo el proceso de las autonomías locales, la Asamblea Constituyente, los referéndums y los estatutos departamentales; se ha llevado a cabo en medio de actos delictivos, masacres, fraudes electorales sin resolver, sin un Tribunal Constitucional que vele por la legalidad del proceso 2005-2010, violando el gobierno la misma convocatoria presidencial a la Constituyente, actos atentatorios contra la CPE vigente desde el año 2004, rebelión de las Cortes Departamentales Electorales contra la Corte Nacional Electoral y que el año 2009 el Congreso Nacional hubiera tomado las atribuciones constitucionales que le correspondían a la Asamblea Constituyente para aprobar la nueva Constitución Política del Estado; sólo por citar los más relevantes, en un somero recuento general.