En efecto, el Artículo 85 de la Constitución de la Nación Argentina, surgida tras la reforma en 1994, consagró a la AGN como organismo autónomo de asistencia técnica al Congreso (cuya opinión debe estar sustentada en los dictámenes de la AGN) y la nombró a cargo del "control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización".