A comienzos del siglo XXI Nicaragua vivía una crisis de gobernabilidad que se hacía evidente en la corrupción que afectaba el funcionamiento de la administración pública del país, en el fenómeno de la impunidad -denunciado repetidamente por los medios de comunicación- y en la pérdida de legitimidad del Estado y del sistema político nicaragüense -registrada en numerosas encuestas de opinión pública realizadas durante ese periodo-.