La polémica llegó al Consejo de Administración de RTVE, donde los representantes de Alianza Popular y de Convergència i Unió consideraron que la emisión incluso vulneraba frontalmente la Constitución española, mientras que la Conferencia Episcopal Española presentó una protesta formal ante la cadena por considerar que la emisión constituyó una agresión "contra la sensibilidad religiosa y moral de los católicos españoles" y se llegaron a formular preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados.