Se trata, por lo tanto, de un impacto paisajístico transitorio producido mientras se llevan a cabo las tareas extractivas y hasta la finalización de la ejecución del correspondiente programa de restauración, autorizado y tutelado en España por la Administración Autonómica (así por ejemplo, en el caso de Cataluña, es el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat)