En la Constitución de 1980, en su texto original, se establecía que, para fiscalizar los actos del Gobierno, la Cámara podía con el voto de la mayoría de los diputados presentes, ""adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, debiendo el Gobierno dar respuesta, por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días"", aclarando que en ningún caso, dichos acuerdos u observaciones afectarían la responsabilidad política de los Ministros y que ""la obligación del Gobierno se entenderá cumplida por el sólo hecho de entregar su respuesta"".