El 28 de junio de 2001, la Corte de Constitucionalidad, con una nueva composición, revirtió su jurisprudencia favorable al Pacto de San José, al rechazar el recurso de amparo interpuesto en favor de Ronald Raxcacó Reyes, indicando que la pena de muerte puede imponerse incluso en casos de secuestro cuando no fallece la víctima.