Se ha argumentado, desde el punto de vista jurídico, que dichas providencias adolecen de defectos; y el propio Juez Garzón, después de iniciar (noviembre de 2008) actuaciones por crímenes contra la humanidad y reclamar la partida de defunción de sus presuntos responsables (incluida la de Franco) se declaró a sí mismo incompetente y remitió las posibles actuaciones posteriores a juzgados locales.