Su financiamiento se realiza como parte del presupuesto regular del Estado y por medio de la ley 13 196, conocida como Ley Reservada del Cobre, del 29 de octubre de 1958, luego del incidente del islote Snipe, durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, como un impuesto del 15 % a las utilidades de la gran minería, para asegurar una fuente de financiamiento permanente de las FF.AA.