Si la Aduana exigía a los comerciantes marítimos el Almojarifazgo, los contratos de compra y venta de mercancías, ya sean importadas desde España o producidas en las colonias tenían que pagar el sello de Alcabala (similar al IVA), esta tarifa era exclusiva de cada Gobernación y el monto recaudado era considerado ingreso de la Hacienda Pública de las Gobernaciones.