A pesar de otros desencuentros entre ambas administraciones (que produjeron incluso una nueva denuncia del ejecutivo Samper contra el catalán por injurias y desacato a cuenta de unas declaraciones de Companys contra una ley que regulaba la jurisdicción de la Generalidad sobre el personal de la administración de justicia se llegó a un acuerdo el 21 de septiembre, pero este acuerdo no fue aceptado por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de forma que cuando Samper presentó el acuerdo, declarando que las modificaciones introducidas eliminaban la anticonstitucionalidad de la ley original, Gil-Robles, líder de la CEDA, anunció que retiraban su apoyo al gobierno, por lo que este dimitió.