La CEH recomendó adoptar medidas administrativas preventivas, respecto a funcionarios públicos responsables de cometer violaciones a los derechos humanos, instando al Presidente de la República, a utilizar sus prerrogativas constitucionales, estableciendo una comisión que, bajo su autoridad y supervisión, examinara la conducta de los oficiales del Ejército y de los oficiales de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado activos durante el periodo del enfrentamiento armado.