En las últimas décadas, organizaciones sociales y pueblos indígenas presionaron a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), para emprender la inclusión de instrumentos jurídicos y cabildeo entre los Estados miembros de sus asambleas para ejecutar las respectivas reformas constitucionales y legislativas en los países latinoamericanos con respecto a los derechos de las mujeres y a los derechos de los pueblos indígenas.