Es aquí donde la discusión ético-moral de los encargados de la administración pública sale a flote, pues son estos los que tienen la responsabilidad con los cinco millones aproximado de costarricenses que tienen los derechos constitucionales a la salud, la educación, seguridad y demás servicios que se deben estar cubriendo con dinero, que hoy está representado por números rojos y atenta a la seguridad de la población nacional.