Los servidores públicos que para obtener un beneficio para sí o en favor de terceros autoricen la enajenación o enajenen inmuebles del dominio privado de la Federación y los particulares que adquieran dichos bienes, en contravención a lo dispuesto por el Capítulo IV de esta ley, serán sancionados con prisión de dos a doce años y multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.