Hasta ahora los gobiernos han podido controlar qué inversiones permiten en sus países y han sido también capaces de dictar los términos de los contratos para compañías extranjeras (cuántos puestos de trabajo cubiertos por población local tienen que crear, dónde se deben establecer, o qué proporción de materiales deben utilizar procedentes de recursos locales, etc.) De igual manera, las autoridades locales han podido defender otros principios básicos a la hora de conceder los contratos, asegurándose, por ejemplo, que siguen las propuestas de la Agenda 21 de sostenibilidad, o que apoyan sus propias economías locales.