El 9 de diciembre de 2004 el CJC aprobó su informe sobre el tema en cuestión, indicando que la institución carecía de competencia para acordar o emitir dicho dictamen, a no ser que le fuera solicitado por el Presidente de la Generalidad Valenciana, las Cortes Valencianas o el Consejo de la Generalidad, aunque incluso en estos casos debería defender y proteger la denominación y entidad de la lengua.