Por otro lado, el COI encontró diversos problemas de cara a las leyes españolas referentes al dopaje, por «no estar claro que la legislación española antidopaje estuviera en consonancia con el código de la Agencia Mundial Antidopaje [durante la visita de mayo]» y también en lo relativo a la organización de la administración, afirmando que «la documentación y la estructura administrativa propuestas para los Juegos no demostró un pleno entendimiento de la necesidad de delinear claramente los papeles y responsabilidades -incluyendo las financieras- de las diferentes partes, para asegurar una conversión a tiempo y eficiente en Comité Organizador y el manejo de las operaciones necesarias para hacer realidad los planes para los Juegos».