Si el Rey, por las condiciones de la monarquía tradicional, es el defensor del pueblo, y la permanencia de su autoridad garantía de que ni la ambición del poder, ni de los honores, ni de las riquezas han de impulsar sus actos; si la existencia y la respetabilidad del Consejo Real es garantía de acuerdo en las resoluciones del Monarca, y si las Cortes han de ser también garantía efectiva del imperio de la ley y del respeto á todas las legítimas libertades, preciso es que se garantice asimismo á la sociedad en sus miembros el predominio de la justicia y el triunfo del derecho, organizando la magistratura á la antigua usanza, principalmente de Aragón, para que habiendo como tribunal superior, ajeno en gran parte á ella, compuesto no sólo de Magistrados, sino también de Consejeros reales y de Procuradores á Cortes, ejerciese un verdadero juicio de residencia, y examinando los fallos, impida que, por espíritu de cuerpo o por falta de suficiente responsabilidad, se tuerza la ley cuando es indispensable que la Nación halle en sus tribunales toda clase de garantías contra las prevaricaciones.