Al dictamen de la AVL se le suma una sentencia en 1997 del Tribunal Constitucional en el que avalaba la denominación de catalán incluida en los estatutos de la Universidad de Valencia, y la antes citada sentencia del Tribunal Supremo en 2006 en la que obliga a la Generalidad Valenciana a la convalidación de los certificados administrativos de conocimiento del idioma autóctono aprobados por los gobiernos catalán y balear, consolidando jurídicamente la unidad de la lengua común.