Las decisiones de la AVL, en el ejercicio de las funciones que le corresponden, tendrán que tenerlas en cuenta todas las instituciones de la Generalidad, así como también el conjunto de las administraciones públicas, el sistema educativo, y los medios de comunicación, entidades, organismos y empresas de titularidad pública o que cuentan con financiación pública con sede en la Comunidad Valenciana.