Garrido, ordenó quitar las puertas de las cantinas y cambiar el mobiliario interior, para hacerlo lo más incómodo posible, sin embargo esto no dio resultado, así que recurrió entonces a medidas más severas: al cierre de los establecimientos expendedores, a la cancelación de los permisos de producción y a la sanción penal para los que no acataran la ley.