El trato dado a las víctimas de violaciones de los derechos humanos contrasta claramente con el dispensado a los antiguos integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil, quienes, en 2003, empezaron a recibir pagos en efectivo por los servicios prestados sin importar su participación en abusos contra los derechos humanos durante el conflicto, así como la falta de previsiones compensatorias en los Acuerdos.