A partir de 1880, sin embargo, y gracias al impulso de intelectuales como, entre otros, Joaquín Costa, se empieza a tomar conciencia de que el Estado debe actuar directamente en la construcción de obras hidráulicas, culminándose el proceso con la promulgación en 1911 de la Ley de Grandes Regadíos que facultaba al Estado para ejecutar proyectos de obra hidráulica.