Desde el 7 de septiembre de 2017, se encuentra investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia al Tribunal Constitucional y malversación de caudales públicos, tras firmar el Decreto autonómico para convocar un referéndum de autodeterminación ilegal, junto con los demás miembros del Gobierno autonómico.