Desde el 2015, el gobierno cambio sus políticas sociales en torno a la sexualidad y embarazo adolescente, tomando una postura más conservadora y basada en la moral religiosa, buscando postergar el inicio sexual de las adolescentes en un proyecto llamado Plan Familia, produciendo rechazo de sectores liberales y de izquierda del país, denominándolo un retroceso en los derechos humanos.