Con la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera en 1923, el dictador buscará resolver la cuestión ferroviaria mediante el intervencionismo estatal: Con la promulgación del Estatuto Ferroviario de 1924, el gobierno acuerda la concesión de ayudas públicas y subvenciones a las compañías privadas a cambio de que estas emprendan mejoras en la red y la modernización del material.