El 4 de agosto de 1953, fue inhabilitada como senadora en votación de 21 a favor y 16 en contra, y perdió de inmediato su cargo parlamentario, en virtud de lo establecido por el artículo 31, inciso 2º de la Constitución Política del Estado por ser «agente en gestiones particulares de carácter administrativo», aunque los tribunales de Justicia posteriormente declararon su inocencia.