Diez días después, la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla decretó que el encargo de estos impresos por el Partido Popular no es un hecho ""constitutivo de delito"", ya que ""no resulta acreditada ni probada la intención maliciosa en los procesados"", acordando así el sobreseimiento libre y el archivo de la causa.