Estos tres puntos se referían a la obligación de los órganos de la administración foral radicados en la zona mixta de notificar a los ciudadanos residentes en la zona vascófona en formato bilingüe (el decreto foral establecía un formato en castellano ignorando el régimen de cooficialidad del euskera en la Zona Vascófona), a la improcedencia de que mediante un decreto foral se estableciese la prohibición de que las personas que hubieran ingresado en la función pública para plazas para las que el conocimiento del vascuence fuera preceptivo pudieran optar luego a plazas para las que el vascuence no fuera preceptivo (exigiéndose para ello el aprobar dicha medida por medio de ley foral) y la prohibición de que en los baremos de méritos de concursos de méritos para el acceso a puestos de trabajo de la función pública la valoración del vascuence fuera determinada en relación al inglés, francés y alemán (lo que motivaría en 2009 la adopción de un nuevo decreto foral específico para regular la valoración del vascuence en la función pública en la que se incrementaban con carácter general los porcentajes de peso de la valoración del conocimiento del vascuence en los baremos de méritos tanto en la Zona Vascófona como en la Zona Mixta, estableciéndose una puntuación al conocimiento del euskera independiente de la asignada al de los idiomas comunitarios).