Como en el caso de tantas obras de arte trasladadas a museos y colecciones particulares fuera de su país o región de origen, la legalidad de la venta y posterior arrancamiento de las pinturas de su lugar de origen fueron objeto de controversia y considerada un expolio desde el momento en que se conoció que la venta había tenido lugar, hasta que el Tribunal Supremo sentenció en el sentido de la legalidad de la misma en 1925 permitiendo su salida del territorio español.