A los pocos años de concluida la conquista del Archipiélago Canario, se hace referencia en los Cedularios del Gobierno de Canarias a su acuerdo de 5 de febrero de 1526, en el cual y a la vista de los daños ocasionados por los perros en ganados mayores y menores, se ordena el exterminio de los mismos, a excepción de la pareja que se admite a los carniceros para su servicio, y se encomienda tal acción a don Pedro Fernández de Lugo, que posee dos perros de presa amaestrados para matar animales.