Rago estimó, además, que las tareas destinadas a acreditar la existencia de algún delito no eran anoticiadas al juez en turno, a quien se recurría en caso de pretender el allanamiento de una finca o la intervención de un teléfono; razón por la cual, al contar nada más que con dichos policiales, no efectúo dicha comunicación en tanto sólo se pretendía interceptar el vehículo a fin de verificar su documentación y procedencia.