En ella se hizo presente que la Nación Mexicana, el verdadero pueblo de México, no había reconocido como a su mandatario al usurpador que pretendía ahogar en sangre sus libres instituciones; que los actos de ese usurpador y de sus cómplices no podían ser tomados como actos legítimos de la Soberanía Nacional, ni representaban tampoco los sentimientos de la Nación Mexicana, que son de confraternidad hacia el pueblo norteamericano ; que esta falta de legitimidad del Gobierno de Huerta se corroboraba con el hecho de no haber sido reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, de la Argentina, Chile, Brasil y Cuba; que el usurpador era un delincuente que caía bajo la jurisdicción del Gobierno Constitucionalista, único que representaba la Soberanía Nacional, de acuerdo con el espíritu del artículo 128 de la Constitución Política Mexicana; que los actos de ese usurpador nunca podrían ser suficientes para envolver al pueblo mexicano en una guerra desastrosa con Estados Unidos, porque no existía solidaridad entre ese Gobierno usurpador y la Nación Mexicana por no ser el órgano legítimo de la Soberanía Nacional.