Todos estos contratos fueron celebrados con fundamento en la Ley de Colonización de 15 de diciembre de 1883, que prescribe de una manera clara y terminante que las tierras que fueron objeto de ellos no podrían tener otro destino que el de la colonización, quedando los concesionarios obligados a venderlas en lotes no mayores de 2,500 hectáreas, bajo la pena de perder sus derechos si faltaban a esta obligación.