Cinco días después la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia inició una investigación a pedido del secretario de Industria, Comercio y Minería, Alieto Guadagni, ante la sospecha de que las cementeras podían «estar incurriendo en una conducta anticompetitiva reprimida por el artículo 1 de la ley nº 22262, al establecer y ejecutar un acuerdo conjunto de fijación de precios del producto y reparto de ese mercado, que tendría potencialidad suficiente para afectar el interés económico general...».