Como medida de presión se desarrolló una fuerte campaña de reivindicación a través de la prensa por parte del Ayuntamiento, comerciantes, las Sociedades Económicas de Amigos del País así como personajes influyentes de la burguesía canaria como lo eran Tomás Miller o Juan Bautista Ripoche, y por supuesto, a la sociedad en general que veía en la ley de puertos de 1880 (impedía recibir una inversión directa del Estado) un obstáculo a sus pretensiones.