A raíz de las declaraciones, Córdoba fue demandada por el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes Augusto Posada, argumentando que Córdoba había violado los artículos de la Constitución de 1991 que hacen referencia a la «traición diplomática» y «conspiración», en relación a que se le acusó de «traición a la patria».