Cuando el Emperador retomó su papel protagonista en los asuntos políticos del país, los castillos fueron considerados como posibles bases para rebeliones (como la ocurrida durante la Rebelión Satsuma y el consiguiente asedio al Castillo Kumamoto), así como símbolos de un sistema anticuado y desacreditado, por lo que en 1873 se promulgó la "Ley para la abolición de castillos", mediante la que se ordenó la destrucción de muchos de ellos, permitiendo únicamente conservar las torres a algunos otros.