Las normas aprobadas que establecen la intervención directa del Ejército en materia de seguridad pública (Acuerdo Gubernativo 87–2000 y Decretos Legislativos 8–2000 y 40–2000) no favorecen la desmilitarización de la sociedad, retrasan la reconversión del Ejército y no fortalecen el poder civil del Estado.