En esta situación, la agenda pendiente del próximo Gobierno incluye: a) concluir el proceso de adquisición de tierras para la población desplazada interna organizada; b) asegurar los recursos financieros para que los compromisos asumidos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) en materia de legalización y compensación de tierra prosigan a través de la División Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA-INTA) de reciente creación; c) velar por el inicio de una estratégia de gran escala de proyectos productivos, asegurando que sean acompañados por asesoría y capacitación técnica e incorporados en una estrategia de desarrollo micro- regional y nacional; d) propiciar que iniciativas de asesoría en materia de proyectos productivos y capacitación a nuevos productores, como la que ha venido realizando Asociación Nacional del Café, puedan ampliarse a otras asociaciones gremiales; e) asegurar el efectivo acceso de las mujeres desarraigadas a la propiedad de la tierra, tal como lo estipula la Ley del Fondo de Tierras; f) propiciar una real concertación con las poblaciones desarraigadas en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos que les benefician; g) aumentar la contribución del Estado al financiamiento de los proyectos para asegurar su sostenibilidad en el mediano plazo, alentando así la contribución de la comunidad internacional; h) intensificar el programa de documentación personal, hasta el vencimiento de la Ley Especial de Documentación, a través de la iniciativa propiciada por la CTEAR, y i) asegurar la continuidad de la CTEAR, para garantizar la transferencia a las instancias gubernamentales competentes, hasta que la integración definitiva de la población desarraigada esté contemplada en la estrategia, planes y presupuesto de las mismas.