Se suprimen los derechos parroquiales, que habían sido autorizados por real cédula en 1732, y que si bien en el papel no eran onerosos, se transformaron en una grave carga impositiva, diciéndose que había “"niños que no eran bautizados, de personas que vivían en concubinato y de muertos a quienes se les sepultaba en los cerros porque o podían los interesados pagar los respectivos derechos"”.