Desde el Euromaidán —que el partido no apoyó y calificó como un golpe de Estado— y el cambio de gobierno, el Estado ucraniano ha perseguido al partido e intentado su ilegalización, ya sea por vía legislativa —en diciembre de 2014 se aprobó en el parlamento un proyecto de ley que prohíbe la «propaganda» de la ideología comunista en Ucrania— o por vía judicial —se han abierto procesos contra el partido y centenares de sus miembros, acusados de «separatismo», «traición» y «ayuda al terrorismo», por apoyar a las milicias del Donbass y la anexión de Crimea a Rusia—.