El 22 de febrero de 1996, el fiscal Carlos Ferrer promovió acción penal contra el ex gobernador, sus dos hijos varones, su yerno, un grupo de allegados y ex funcionarios por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas, en lo que se conoció popularmente como "Megaproceso del Banco Social".Luego, la pasó mal en dos audiencias en las cuales se evidenció que, pese a sus negativas, sí había tenido intervención directa en las negociaciones para comprar la vieja radio cordobesa LV2, una de las propiedades que se le adjudicaban, además de campos en el norte provincial, departamentos y una estación de servicio, entre otros bienes.