A principios del siglo XIX comenzó a valorarse la existencia de la Real Chancillería, considerada un anticuado ente de justicia, y tras la Constitución Española de 1812 y posterior muerte de Fernando VII, el país vive una gran reforma de la administración central que culmina con la definitiva supresión tanto del tribunal de Valladolid como el de Granada, por un decreto de 26 de enero de 1834, tras el establecimiento definitivo del Liberalismo.