En diciembre de 2018 fue condenada (junto a otros exconcejales del Partido Popular) por el Tribunal de Cuentas al pago de 2,8 millones de euros por la venta irregular en octubre de 2013 de 1860 promociones de vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo buitre Blackstone.