El 5 de agosto de 2017 los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países miembros suscribieron en São Paulo, Brasil, una declaración según la cual en Venezuela se produjo una “ruptura del orden democrático” y que tras intentar infructuosamente realizar consultas con el gobierno de Nicolás Maduro, se procedió a sancionar al país con la suspensión indefinida “de los derechos y obligaciones” pactados en el Mercosur según lo contemplado en el Protocolo de Ushuaia.