En esta virtud, y para tener este Gobierno unas prendas que garantiendo cualesquiera resulta, sirvan de indemnización de los perjuicios que nos causan, ordena por la presente que toda persona residente en el reino de Chile que mantenga en su poder caudales pertenecientes a habitantes de Lima o cualquiera de los lugares que están bajo de la jurisdicción de su virrey, den aviso inmediatamente al Gobierno en la capital, y en las provincias a los jefes respectivos, en inteligencia que otorgando los consignatarios fianzas suficientes mantendrán en su poder siempre el dinero, y efectos que denuncien en clase de depósito hasta tanto que el Gobierno les de el mismo destino que diere el virrey a las propiedades chilenas.