Galeano, afirmó que teniendo en cuenta los cargos y funciones de Casas y Toledo frente al de Ibarra, los suboficiales no se encontraban en condiciones de inspeccionar la actuación del superior, ni de discutir la ilegalidad de la orden, ni de negarse a cumplirla y que, en consecuencia, compatibilizando el deber de obediencia con el de desobediencia, los imputados entendieron que se trataba de un mandato ilícito de cumplimiento obligatorio, ya que su contenido no se encontraba dentro de los denominados hechos atroces y aberrantes.