El otro caso que ha generado la reacción de estudiantes y docentes de la UBA es el acuerdo firmado por la Universidad de Buenos Aires con el Centro de Administradores de Derechos Reprográficos de la República Argentina, por el cual la Universidad más grande del país se compromete a abonar un canon fijo anual por cada estudiante para recibir un permiso limitado de realizar fotocopias sobre algunos materiales de estudio y publicaciones.