En 1875, durante la presidencia de Avellaneda, el gobierno federal decidió organizar el proceso de población, para lo que creó la Comisión General de Inmigración; al año siguiente se dictó la Ley de Inmigración y Colonización Nº 817, que considera inmigrantes a los "extranjeros jornaleros, artesanos, industriales, cultivadores o profesores que con menos de 60 años de edad, buena moralidad y aptitudes suficientes, que lleguen en tercera ó segunda clase (en barco) al territorio de la República para establecerse en ella" y establece un régimen para ellos.