Ya el rey Fernando II, en su afán centralizador, implantó en Aragón el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y designó en 1482 al catalán Juan Ramón Folc IV, conde de Prades, Cardona y Pallars y hombre de confianza del rey, como Lugarteniente General del Reino, dando lugar a lo que se conoce como Pleito del virrey extranjero, pues solo un natural del reino podía ostentar el cargo de Lugarteniente General.