El 1 de marzo, en el que declaró en estado de guerra, la interrupción del comercio y las comunicaciones con Chile, la expulsión de los residentes chilenos, el embargo de sus bienes, propiedades e inversiones, y reversión de toda transferencia de intereses chilenos hecha con posterioridad al 8 de noviembre, cuando el gobierno chileno había advertido de las consecuencias de la no suspensión del impuesto en cuestión.