No es hasta el 10 de junio del mismo año que se convierte en la Ley 53 de Puerto Rico que declaraba “delito grave el fomentar, abogar, aconsejar o predicar, voluntariamente o a sabiendas, la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, destruir o paralizar el Gobierno Insular por medio de la fuerza o la violencia”.