El proyecto del gobierno peruano debió enfrentar para ello a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta (CSFA), una empresa chilena, radicada en Valparaíso, con una minoría de 34 % de capital británico (Casa Gibbs de Londres) que tras los avatares de la política interna boliviana había obtenido el 27 de noviembre de 1873 una licencia del gobierno boliviano para explotar los depósitos de nitrato del Salar del Carmen y Las Salinas en Antofagasta libre de impuestos por 15 años, además del derecho a construir un ferrocarril desde Antofagasta al interior.