Sostuvo que en el decisorio referido el tribunal recurrió a la cuestión de la “inconsecuencia”, la que no está regulada en el código de forma, por lo que la solución a adoptarse debería haber sido declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y reenviar las actuaciones al juzgado instructor para que volviese a instruir lo pertinente, cumpliendo así con todas las formalidades garantizadas a su defendido.