No obstante, las leyes del Patrimonio Nacional y cada vez más las regionales son tajantes en este tema: toda prospección y/o remoción del suelo con carácter arqueológico ha de tener un permiso, y sin ese permiso se interpreta que el usuario de detectores está cometiendo un delito contra el patrimonio (exceptuando la búsqueda de objetos metálicos en playas, salvo algunos enclaves puntuales por su proximidad a zonas arqueológicas o por regulaciones autonómicas y/o locales).