La orden de expulsión de los moriscos se firmó a la vez que la del reino de Aragón, el 18 de abril de 1610, pero su repercusión fue mínima porque la población morisca del Principado de Cataluña no llegaba a las cinco o seis mil personas, y muchas de ellas pudieron quedarse gracias a los certificados de buena conducta que les expidió el obispo de Tortosa.