El texto, que se había aprobado previamente en la Junta de Portavoces, contenía acusaciones directas a la jerarquía católica del momento, con la mención de que las ejecuciones "se llevaron a cabo no solo con el beneplácito de la Jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica, manifestada públicamente a favor del llamado «Alzamiento», sino en algunos casos con su participación directa".