Y, últimamente, habiendo visto el expediente de don Francisco Olivera pretendiendo la venta de un sitio en la calle de San Pablo, hacia el río, con lo que sobre el particular expuso el Procurador General, acordó que para resolver sobre su solicitud, se pidiese informe por Secretaría al Juez Mayor de Policía sobre las providencias que el Gobierno tiene expedidas para la destrucción de los ranchos que forman aquella población, y se arregle su formación de material de adobe.