La sentencia, que también acordó el comiso de 111 «herriko tabernas» y absolvió por falta de pruebas a otros 14 acusados, contó con el voto particular de la magistrada Clara Bayarri, quien defendió la absolución de todos los procesados al considerar que no existían pruebas de cargo suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia, al tiempo que criticó la criminalización que la sentencia hacía de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, porque el hecho de que ETA intentase controlar a la izquierda "abertzale" no implicaría que lo consiguiera, sobre todo a partir de 1990, «ni que tal proceso de fagocitación fuera aceptado» por estos partidos políticos, cuya ilegalidad es solo administrativa y nunca han sido declaradas organizaciones terroristas.