En el expediente administrativo se concluía que ACPV era responsable de una infracción «muy grave consistente en la prestación en régimen de gestión indirecta de servicios de televisión por ondas terrestres sin la preceptiva concesión administrativa», por lo que le impuso una multa de 300.000 euros, la mínima sanción aplicable, ordenando también el cese de las emisiones en el plazo de diez días, y advirtiéndose que si no se ponía fin a las mismas de manera voluntaria, se procedería al cierre forzoso, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 30/1992.