La Constitución mexicana marca la prohibición de la intervención de comunicaciones “cuando se trate de cuestiones de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, así como en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor” y “no existe regulación específica de herramientas altamente intrusivas de vigilancia como el software malicioso Pegasus” y señala que la intervención de comunicaciones privadas se puede dar sólo con la autorización de un juez federal siempre y cuando el caso sea una amenaza a la seguridad nacional, según el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.