Su gobierno adoptó medidas polémicas, como el cierre de las urgencias nocturnas en varios pueblos de la región (declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha), o el traslado de los enfermos castellano-manchegos a clínicas privadas de otras autonomías, para recortar las listas de espera que aumentaron un 50 % durante su gestión.