En el primero se impide afectar "al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general", y en el Decreto Legislativo las materias propias de Ley Orgánica, por requerirse dicho formato de ley, y exigirse la aprobación del proyecto en votación final del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, además exige la Constitución que la delegación legislativa sea expresa, no puede entenderse que la habilitación para desarrollar una ley conlleve la habilitación para dictar Decreto Legislativo.