De esta forma, el gobierno federal seguía una doble estrategia de combate a contra insurgencia: por un lado, se buscaban negociaciones políticas con el EZLN por parte de la Secretaría de Gobernación, mientras que, por el otro, la Procuraduría General de la República solicitaba al Poder Judicial de la Federación girar órdenes de aprehensión en contra de quienes supuestamente conformaban su dirigencia, de forma que se tuviera cobertura judicial a la acción del ejército.