El Estado respondió a la epidemia con medidas disuasorias: se promulgó la «Anti-Drug Abuse Act», una nueva ley federal que estipulaba que cualquier detenido por posesión de cinco gramos de crack tendría una condena mínima sin libertad condicional de cinco años de cárcel; esta ley estableció una disparidad de 1 a 100, ya que era la misma condena que se estipulaba para detenidos por posesión de 500 gramos de cocaína.