ATTAC y otras organizaciones han reconocido que aunque todavía consideran la idea original de Tobin como primoridal, piensan que el impuesto podría generar fondos para las necesidades de desarrollo del Sur (como los Objetivos de Desarrollo del Milenio), y permitir a los gobiernos, y por lo tanto a los ciudadanos, reclamar parte del espacio democrático concedido a los mercados financieros.