Desde la Dirección General del Ministerio de Justicia impulsó importantes reformas del sistema judicial español, particularmente en el ámbito de la Justicia penal, destacando especialmente el desarrollo legislativo y la puesta en funcionamiento de los denominados "juicios rápidos penales" (Ley 38/2002, de 24 de octubre), o la modernización del Registro Criminal Central (Registro de Penados y Rebeldes).