Se inicia un proceso de investigación el 19 de marzo de 1986, por una Comisión de Fiscalización del Congreso, el 24 de abril la comisión dictamina que no existió irregularidades en la compra del avión, a pesar de que la Contraloría General del Estado estableció glosas por 200 millones de sucres, sin establecer implicados en las irregularidades.