En el caso relativo a la comunidad Los Cimientos, Quiché, ventilado ante la CIDH, el Estado de Guatemala debió resarcir a la comunidad con la compra de fincas en el Departamento de Escuintla, el traslado de familias, la habilitación de un puesto de salud, la construcción de una escuela, realizar un estudio agronómico y dotar e instalar dos molinos de nixtamal.