Éste propondrá la promulgación de una ley que identifique a la revolución del 17 de febrero de 1936 con el estado paraguayo, evidenciando así, su intención de imponer un régimen fascista a través de la aplicación del impopular decreto-ley nº 152 que pretenderá limitar derechos adquiridos, como por ejemplo, la suspensión de toda actividad de carácter político, sindical o de otra índole, que no emanara del ejecutivo nacional y en principio por el término de un año y quedaba bajo jurisdicción del ministerio del interior toda cuestión vinculada a las políticas sociales y gremiales, comprendiendo todas las relaciones y conflictos ligados al capital y al trabajo, a las organizaciones y necesidades de obreros y trabajadores, como igualmente de los patrones, en forma definitiva.