Asimismo, de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto de Autonomía, una ley del Parlamento regula la figura del Síndico de Agravios ("Síndic de Greuges" en catalán, equivalente al Defensor del Pueblo), que vela por la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas.