Al alcanzar su independencia plena respecto al Poder Ejecutivo y ser el Consejero Presidente un ciudadano elegido por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, no contaba con los instrumentos para el arbitraje electoral, y se limitaba a procedimientos administrativos sancionadores dirigidos a los partidos políticos pero que resultaron ineficaces ante los múltiples actores del proceso electoral.