En octubre de 2000, la Corte de Constitucionalidad estableció que las leyes que impusieron la pena capital al delito de secuestro sin resultado de muerte, luego de la vigencia de la Convención, son incompatibles con ésta y con el artículo 46 de la Constitución Política, que otorga a los tratados sobre derechos humanos jerarquía superior a las leyes ordinarias.