Con el objeto de garantizar la aplicación de la justicia por los medios establecidos en la ley y con el de subsanar los naturales errores provocados por las necesidades desarrolladas durante la lucha armada, por decreto de 29 de agosto de 1916, se declaró la nulidad de las resoluciones dictadas o que se dictaren en negocios judiciales del orden civil, por todas aquellas autoridades que no hubiesen tenido o tuvieren facultad legal para hacerlo; exceptuándose aquellas que hubiesen sido provocadas por la espontánea voluntad de las partes y las que en el orden penal se hubieren dictado, obligadas estas últimas por las circunstancias; quedando desde entonces sujetos todos los casos a las autoridades correspondientes en el orden legal.