Sus disposiciones establecen los principios en torno a los cuales los individuos y las empresas podrán utilizar las redes públicas de telecomunicación, tanto en el territorio de cada una de las partes firmantes como a través de sus fronteras, para prestar servicios que formen parte de la producción de bienes específicos o de grupos de bienes, y también para utilizar redes privadas y comunicaciones intracorporativas.