La ley de Avellaneda de 1876 trató de proteger al inmigrante, pero se acentuaron los casos de corrupción especulativa y a pesar de que el censo de 1869 durante la presidencia de Sarmiento arrojaba un total de 1.900.000 habitantes, de los cuales un 12% eran extranjeros, ya se percibía que la mayoría de los que llegaban allende los mares, debería arreglárselas con vivir en grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario, por lo engorroso que resultaba el acceso a la tierra, y los intereses espurios que la oligarquía terrateniente en expansión tenía con respecto a la tenencia de la misma.