El deterioro de la policía civil nacional y la lenta modernización de los tribunales y del Ministerio Público ha influido negativamente en el cumplimiento de los compromisos claves de los acuerdos de paz: ha habido un imperceptible progreso en la lucha contra la impunidad o en la eliminación de los grupos clandestinos; defensores de derechos humanos y funcionarios de justicia continúan siendo víctimas de amenazas, hostigamiento y, en algunos casos, agresiones mortales; y continuidad de la discriminación sistemática de las comunidades indígenas.