Según la Ley de Ferrocarriles, las Compañías respectivas están obligadas a entregar a la Tesorería de la Nación las cuotas de inspección que se les tienen señaladas; y como algunas no han cumplido, se ha procedido enérgicamente contra ellas, por no ser equitativo que unas contribuyan a los gastos oficiales de inspección y otras no.