En materia política, existen dos verdades fundamentales que es preciso reconocer siempre, cuando se trata de la reglamentación de derechos: una, que la capacidad constitucional no puede ni debe restringirse sino en los caso excepcionalísimos, y siempre que no se contraríe la voluntad expresa de la constitución; la otra, que el ejercicio de los derechos políticos no se reduce al acto material de depositar el voto en las urnas, sino que supone una serie de actos intelectuales, de deliberaciones de propaganda, de expresión y transmisión de ideas, generalmente anteriores, cronológicamente, a la emisión del voto.