Pérez Manrique puntualiza que comparte lo expresado por Jorge Errandonea cuando señaló: “En casos como los de Uruguay, en donde el órgano encargado de la persecución penal no tuvo la posibilidad de llevar a cabo una investigación debido a diversos obstáculos de iure o de facto (debido a la Ley de caducidad), podría ser razonable y conforme a la naturaleza y a los objetivos mismos de la prescripción, que los plazos se interrumpieran por todo el período durante el cual le fue imposible llevar a cabo la persecución penal”.