Una excepción a esta tendencia positiva en la esfera internacional fue el hecho de que el Congreso no tomó medidas respecto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a pesar de que el tratado contaba con el apoyo de la presidencia y de las organizaciones de derechos humanos y de que había sido objeto de una opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad.