La sentencia dictada por el juez que instruyó el caso (posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional) ordenaba que todos los afectados por las escuchas ilegales fueran indemnizados con un millón de pesetas, a excepción de García-Trevijano, que, a pesar de que constaba en los documentos intervenidos como individuo espiado, y habiendo declarado que tenía la certeza de que su teléfono había sido "pinchado", fue excluido de recibir dicha cantidad por entender el tribunal que no quedaba claro "que el teléfono interceptado hubiera sido realmente el de Antonio García-Trevijano Forte", ya que el espiado podría haber sido un hijo del abogado, muy popular en los medios de comunicación por su trayectoria en el deporte de la hípica.