La medida judicial derivó de la petición de Víctor Manuel Reyes Bravo, uno de los testigos que aparecen en el documental, de que su honor y reputación se ven afectadas por la exhibición del documental, a lo que la juez concedió la suspensión provisional de la exhibición y exhortará a la distribuidora Cinépolis hacer lo propio, a través de la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), órgano regulador que depende de la Secretaría de Gobernación.