Al mismo tiempo mandó se leyese un oficio del Excelentísimo Gobierno, de fecha 23 de junio, contestatario del que el Muy Ilustre Cuerpo le elevó, representándole que las cartas de ciudadanía que se expedían a los españoles europeos de probada adhesión a nuestro sistema, debían anotarse y tomarse razón en el Cabildo como representante del pueblo; y que los informes que producía su Procurador General para calificar el mérito de los individuos que son acreedores a esta gracia, se exigiese al Cuerpo para evacuarlos con anuencia de su Procurador General; y en declaración de estos puntos, el Excelentísimo Gobierno libró la providencia que transcribe, del tenor siguiente: “Contéstese que desde luego debe tomarse razón en los ayuntamientos de las cartas de ciudadanía que otorgue el Gobierno; y que los procuradores generales, cuando sean oídos para responder, lo hagan acordándose con aquellos”.