Con el “Decretazo” de 2002 el Gobierno español ventiló de un plumazo las políticas subsidiarias relacionadas con el PER (financiadas mayormente por la UE y la Seguridad Social) que suponían que unos 365.000 jornaleros de Andalucía y Extremadura (de un total de unos 600.000) recibieran unos 1.625 euros al año para completar los escasos ingresos que aportan la media de 100 peonadas trabajadas al año en las comarcas más productivas.