De acuerdo con Livingston, «en 1998, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un informe que responsabilizaba (a México) por graves irregularidades y negligencias en general en las investigaciones estatales, incluyendo la identificación errónea de cadáveres, la imposibilidad de obtener pruebas periciales de la evidencia forense, fallas en la realización de autopsias u obtención de análisis de semen», además de «fallas en los archivos de reportes escritos, e incompetencia para llevar registros de la creciente ola de asesinatos de mujeres».