El papa conservaba, sin embargo, una autoridad suprema, pero sólo podía ejercerla para sancionar o refrendar los actos políticos, no para modificarlos ni actuar directamente, salvo por motivos morales o religiosos ("ratione peccati": "por razón de pecado") o cuando fuera preciso dirimir una cuestión para la que ningún otro poder del mundo estuviese autorizado.