Aunque las instancias iniciales fallaron a favor de Degrelle, el Tribunal Constitucional de España llegó a la conclusión de que, si bien el derecho a la libertad de expresión cubre también la publicación de falsedades o distorsiones de los hechos históricos, ésta constituye un agravio a la "dignidad" de los "afectados", y condenó a Degrelle a una fuerte multa.