Con base en medidas de privatización, desregulación y ``adelgazamiento" del Estado, desde mediados de los años ochenta había iniciado el proceso de inclusión de los criterios monetaristas en dichas políticas, con énfasis en el carácter financiero que se argumentaba deberían tener los organismos nacionales de vivienda; en los años noventa se consolida el proyecto de reformar al estado, el cual pasa del carácter interventor al de facilitador, beneficiando principalmente a los industriales de la construcción con los programas crediticios del Infonavit y a intermediarios financieros, como son es el caso de la banca comercial y de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), mientras que para los sectores de bajos ingresos se da prioridad a la entrega de subsidios a fondo perdido.