Esta sentencia sigue la línea del caso Simón, que había declarado la invalidez constitucional de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, considerando a los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado como imprescriptibles, argumento ya esbozado en «Arancibia Clavel», y sustentado en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, con jerarquía constitucional desde el año 2003.