Esto ya que según la ley contra la violencia doméstica, capítulo II , en su artículo 3º, sobre medidas de protección, en su inciso m) que se dispondrá el embargo preventivo, por un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha en que se ejecute la resolución que lo ordene, sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes de la presunta persona agresora necesarios para respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que corresponda.