Impulsó entre el 2017 y 2018 un referéndum y consulta popular para eliminar la reelección indefinida, establecer la muerte civil de los funcionarios públicos culpables de corrupción, instaurar un consejo de participación ciudadana y control social transitorio y cambiar su elección a votación popular, eliminar la prescripción de delitos sexuales contra niños y adolescentes, prohibir la minería metálica en zonas protegidas, eliminar la ley de plusvalía y reducir considerablemente la zona de extracción petrolera del Yasuní ITT.