Según Pablo Romo, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y ex sacerdote católico de San Cristóbal de Las Casas, la SCJN estaba aprestándose a amparar a los acusados porque el Estado Mexicano tendría una deuda con ellos, a los que considera sus cómplices.