Algunas entidades señalaron posibles "presiones políticas" para que Garzón tomara esta decisión, que en la práctica ponía fin a la causa ya que, según los denunciantes,  "no existen abogados con formación suficiente en derecho internacional para hacer frente a una avalancha procesal como la dispuesta por el juez titular del Juzgado de Instrucción Núm.