En el Ecuador, esta figura jurídica no estaba establecida formalmente hasta el 2002, aunque en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (Registro Oficial 338 del 18 de marzo de 1968) en su "artículo 23", literal "d", establecía que el órgano de la administración autor de algún acto lesivo comparecerá ante la jurisdicción contencioso administrativa para revocar dicho acto, debido a que no puede anularlo o revocarlo por sí mismo.