La Ley de Integración aprobada el 26 de noviembre de 2008 nace en cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución Española que señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, y sobre la base de la titularidad competencial de la Generalidad reconocida en el artículo 10.3 in fine del Estatuto de Autonomía “la actuación de la Generalidad se centrará en los derechos y atención social de los inmigrantes” y el artículo 59.5 del texto estatutario que señala que “la Generalidad colaborará con el Gobierno de España en lo referente a políticas de inmigración”.