Esta agrupación de descendientes de charrúas -aunque, según información del propio consejo, existen miembros que no son descendientes y solo pertenecen a la misma porque han decidido autorreconocerse como charrúas- incluso reclama 2000 hectáreas al Estado uruguayo sobre la base del Convenio 169 de la OIT, el cual reconoce el derecho de los pueblos originarios a los territorios que tradicionalmente han ocupado (pero no ha sido ratificado por el Estado uruguayo).