En 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que había errores de forma en la declaración de BIC, ya que se había protegido el parque como monumento histórico artístico basándose en el decreto del 20 de abril de 1931 que cedía los terrenos al Ayuntamiento, pero esto sólo incluía los bienes de la Corona y no todo el recinto en su conjunto.