Así se dificultó su acceso a la enseñanza y a la vida profesional y laboral y se abolieron o restringieron sus derechos tanto en el ámbito público como en el privado —por ejemplo, se volvió al Código Civil de 1889 y a la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sancionaban la inferioridad jurídica de las mujeres—.