La negociación y aprobación de los contratos por el poder legislativo (las cuales se realizaban por primera vez; es decir que anteriormente ninguna empresa capitalizada en Bolivia cumplía con todas las formalidades de la ley), tropieza con una oposición que no estaba dispuesta a discutir la aprobación de los contratos que mediante la presión popular se logra constitucionalizar en contratos petroleros.