El 17 de mayo de 2016 el gobierno de Costa Rica mediante la vicepresidenta Ana Helena Chacón consultó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligaba al país a otorgarle reconocimiento a las parejas del mismo sexo, tal y como el gobierno ha impulsado mediante la inclusión de la ley de uniones civiles en la agenda ejecutiva ante el Congreso, así como si es deber del Estado (en ese caso del Tribunal Supremo de Elecciones) el dotar a las personas transgénero de una identificación acorde con su género de preferencia.