Los militares que habían formado parte de la insurrección, el comandante Enrique Pérez Farrás y los capitanes Escofet y Ricart, fueron condenados a muerte, siendo su pena conmutada por la de prisión perpetua por el presidente de la República, Alcalá Zamora, a pesar de las protestas tanto de la CEDA como del Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez, que pedían mano dura.