El 16 de septiembre, luego del expreso respaldo de la UNASUR al gobierno del Presidente Evo Morales y la resolución de investigar internacionalmente la Masacre de Pando para evitar que los responsables del crimen queden impunes, el Fiscal General de Bolivia, Mario Uribe, decidió iniciar acciones criminales contra el prefecto de Pando Leopoldo Fernández, el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra y el senador de Unidad Nacional (UN) Abraham Cuéllar, "por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, tipificado por el artículo 138, párrafo segundo del Código Penal".