En línea con la teoría urbanística en boga y con diversas experiencias urbanísticas europeas, la propia ley española sobre régimen del suelo y ordenación urbana de 1956 reconocía la conveniencia de que el suelo destinado a la expansión de las poblaciones fuera de propiedad pública, aunque lo consideraba inviable debido a los fondos necesarios para ello entre otras razones.