En mayo de 2007, la entonces Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma a esta ley, pretendiendo hacer procedimientos más efectivos para la persecución de delitos, racionalizar las penas frentes a las infracciones, establecer un sistema de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet, incorporar un amplio catálogo excepciones y limitaciones que favorezcan a bibliotecas, establecimientos educacionales y público en general, y establecer un sistema de resolución de conflictos en el establecimiento de tarifas por parte de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos.