En 1775 las ciudades de Badajoz, Mérida y Plasencia, junto con la villa de Alcántara, únicos municipios de Extremadura que tenían voto en las Cortes, acudieron al Consejo de Castilla solicitando una Real Audiencia en la provincia, para no tener que acudir a resolver sus pleitos a la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid o en la Real Chancillería de Granada.