Cuando en 1890 el nuevo gobierno español presidido por el conservador Antonio Cánovas del Castillo anunció que iba a dar preferencia a las cuestiones económicas y sociales «desarrollando un régimen de eficaz protección a todos los ramos del trabajo», con una especial atención a «cuanto atañe a los intereses de la clase trabajadora», algunos diputados mostraron su disconformidad, incluso dentro de las filas del propio partido conservador.