Gracias a su empeño -desde Alternativa Universitaria, una de las organizaciones estudiantiles más derechistas- en impedir que la Universidad de Valencia reconociese la unidad de la lengua en sus estatutos, el Tribunal Constitucional acabó dando la razón a la autoridad universitaria en 1997 y sentó una jurisprudencia que posteriormente fue utilizada como soporte legal por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para justificar en el memorándum dirigido a la Unión Europea la unidad de una lengua que en la Comunidad Valenciana se denomina valenciano y en Cataluña y Baleares, catalán.