Los documentos antecesores a la consumación de la independencia (Plan de Iguala y Tratado de Córdoba), así como el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, no contemplaron la organización del Poder Judicial y por ende la conformación de un tribunal que tuviera las categorías de supremo y constitucional; no obstante el ejercicio de la impartición de justicia siguió en manos de los juzgados de la desaparecida Nueva España bajo los lineamientos de la Constitución de Cádiz.