Entre otras consideraciones, se detallan explícitamente la vulneración permitida de derechos humanos, como el uso de la tortura, la extorsión o la ejecución sumaria, definiendo como objetivos de control o seguimiento a aquellos pertenecientes a organizaciones sindicales, literalmente: «"distribuyesen propaganda en favor de los grupos extremistas de izquierda o de sus intereses"», «"simpatizasen con manifestaciones o huelgas"», «"acusaciones sobre el fracaso del gobierno en solucionar las necesidades básicas del pueblo"»