En 1987 fue nombrado presidente de la Asamblea Regional de Cantabria, cargo del que dimitió a finales de 1989 tras ser condenado e inhabilitado de ejercer un cargo público durante seis años y un día por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por un delito de prevaricación al retirar a un diputado condenado su condición de aforado,en vez de suspenderle por el tiempo previsto en la sentencia.