Así, muchas normas constitucionales recogieron en su articulado el derecho y el deber de la educación de los niños (en España, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución española de 1978), y se regularon las consecuencias legales del no cumplimiento por los padres, los niños y los poderes públicos de dicho deber y de la protección del derecho