Sin embargo organismos de Derechos Humanos como Américas Watch y organizaciones indias como el Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC) realizaron investigaciones sobre el terreno constatando que no se habían producido violaciones ni deliberadas ni masivas de los derechos humanos, y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA reconocía en 1984 que el traslado era justificado y que no era discriminatorio, aunque podía llegar a serlo si no se permitía a los indígenas el regresar a sus comunidades de origen.