En general, la protección de los elementos de valía histórica a nivel federal ha ido desarrollándose por aplicación de diferentes leyes —como la primitiva ley de Antigüedades de 1906, la ley de Sitios Históricos de 1933 y la ley de Preservación Histórica Nacional de 1966— en las que se han ido perfilando los procedimientos y figuras de protección que han ido usándose para preservar esos bienes y propiedades.