Madero ordenó que las compañías petroleras declarasen el valor de sus propiedades, lo mismo que entregasen registros del petróleo extraído, lo cual habría de ser supervisado por la Secretaría de Fomento e Industria, pues no se conocía con certeza el volumen de los embarques que se exportaban, y por tanto no se sabría sobre que cantidades cobrar dicho impuesto, esto también fue rechazado por las empresas, que querían seguir operando libremente.