Como se notó que las posesiones provisionales de terrenos a los pueblos se estaban dando en la mayor parte de los casos sin ningún estudio y sin ningún fundamento, y que ser revisadas o modificadas, traían como consecuencia el descontento de los habitantes, se expidió el decreto de 19 de septiembre de 1916 reformando los artículos 79, 89 y 99 del decreto de 6 de enero de 1915, en el sentido de que desapareciera la facultad concedida a los Encargados de los Gobiernos de los Estados, de que dieran posesiones provisionales sin previa aprobación del Encargado del Poder Ejecutivo, y también se prohibió de un modo terminante, que fueran revocadas las posesiones ya dadas, por cualquier autoridad y solamente la Primera Jefatura, previo estudio de la Comisión Nacional Agraria, podía ordenar que las cosas volvieran a su estado anterior.