En toda obra estatal, se calcula que entre el 60 % y el 70 %, corresponde a la adquisición de bienes (materiales) y la diferencia a servicios (mano de obra); aplicando el principio de la ancestral "minka", el gobierno corría con los gastos de adquisición de bienes (60 % a 70 %) y los beneficiarios la correspondiente a servicios (30 % a 40 %); esto le permitía al Estado peruano un ahorro en efectivo de entre 30 % y 40 %, por obra pública, que era invertido en más bienes para otra obra; por otro lado, los beneficiarios, no aportaban dinero, sino su fuerza de trabajo comunal.