En teoría, el rearme japonés está terminantemente prohibido por el Artículo 9 de la Constitución de Japón, el cual además de afirmar que ""el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación y a la amenaza o uso de la fuerza como medio para resolver disputas internacionales"", también declara que ""nunca podrán mantenerse fuerzas de tierra, mar y aire, así como cualquier otra con potencial bélico."" En la práctica, sin embargo, el Parlamento (definido en el Artículo 41 como "el máximo órgano de los poderes del Estado"), aprobó en 1954 la constitución de las Fuerzas de Autodefensa.