Con todo, en 1802 gozaba de la jurisdicción civil y económica, que ejercían el diputado del valle y los regidores elegidos por el pueblo (contra lo habitual en los lugares señoriales, cuyas autoridades eran escogidas por el señor), en tanto que el conde de Villarrea –nombre con que se conocía también la localidad- se reservaba la jurisdicción criminal y, en consecuencia, el nombramiento de alcalde.