Luego de procesos jurídicos, la CIDH emitió el "Informe número 74.15 del caso 12.846", en la cual dicho organismo determinó que el gobierno de México en distintos niveles fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos de las víctimas y emitió una serie de recomendaciones al mismo, las cuales fueron desatendidas, por lo cual el caso fue trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se encuentra.