El decreto del 11 de enero de 1889, firmado por el presidente Carlos Pellegrini y por Eduardo Wilde, aprueba el “convenio celebrado en Londres entre los directores de ambas compañías” sin determinar los valores afectados por la operación, ni medir las consecuencias que para la economía del país significaba el excesivo valor reconocido al capital asignado a la compañía comprada.