Algunos autores afirman que ninguna ley del derecho argentino o del derecho heredado de España autorizaba la pena de muerte por los actos cometidos, y que Gutiérrez debía ser enregado a la justicia eclesiástica, donde como autor del rapto sin violencia era pasible de la pena de confiscación de bienes conforme al [[Fuero Juzgo]] ley 1.º, libro 3.º, título 3.º y por tratarse de un clérigo liviano debía ser castigado con degradación y destierro perpetuo.