Concretamente, querían acabar con la práctica del "gerrymandering" de las circunscripciones electorales, que confinaban a los católicos a unos pocos consejos locales; la abolición del sufragio censitario ligado al pago de impuestos, que dotó a los protestantes —normalmente más ricos— de un poder electoral desproporcionado; finalizar con la percepción católica de una injusta adjudicación de trabajo y vivienda; y abolir el Acta de Poderes Especiales (que permitía la detención de sospechosos y otras medidas represivas) que se consideraba que estaba dirigida especialmente contra los nacionalistas.