Lo público, reconstituido en espacio de garantía del interés colectivo se convierte así en instrumento de poder ciudadano, no entendido como poder transferido o cedido, si no como la creación de un nuevo poder capaz de hacer valer legítimamente la participación de la sociedad, las comunidades y familias en la formulación, ejecución y evaluación de decisiones públicas, y en la rendición de cuentas y contraloría pública.