Esto en principio podría suscitar dudas sobre si la doctrina de la STC 75/1997 podría ser de aplicación al actual litigio, pues la Generalidad Valenciana, para el ejercicio de las potestades normativas que le corresponden dentro del marco de competencias que tenga asumidas, también dispone de un amplio espacio de discrecionalidad y, consiguientemente, sus decisiones en materia lingüística no tienen por qué ser coincidentes con las que hayan sido dictadas por una Universidad en el marco de su específica y distinta autonomía.