No es del caso detenerse, por improcedente, en las razones que haya tenido dicho funcionario para entorpecer las decisiones de la justicia, porque nada puede justificar su conducta, y si se analizaran sólo confirmarían el incumplimiento de sus obligaciones y la incursión en un campo que le está vedado por la ley y por indiscutibles principios de buen orden social.