Esta ley obligaba a las corporaciones civiles (ayuntamientos, cofradías, etcétera) y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, y a las comunidades indias a repartir entre sus miembros, en propiedad individual, sus terrenos colectivos, bajo el supuesto de que esos bienes produjeran mayores riquezas, en beneficio de más personas.