La dictadura franquista mantuvo sin alteraciones la división provincial de Javier de Burgos, con sus diputaciones provinciales y los gobernadores civiles al frente de cada una de ellas, como delegado permanente del gobierno y primera autoridad de la provincia según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de mayo de 1952, y el posterior de 10 de octubre de 1958 por el que se regulaban sus atribuciones.