Luego de reiterar que los efectos de las nulidades e inconstitucionalidades planteadas alcanzaban a los hechos reprochados a sus asistidos Marcelo Darío Casas y Eduardo Diego Toledo, subsidiariamente, la defensora pública oficial postuló la libre absolución de los nombrados por el supuesto falso testimonio cometido en sede administrativa por entender atípicas sus conductas, precisamente porque al haber sido vertidas dichas declaraciones en un sumario administrativo no se afectó el funcionamiento de la justicia, bien jurídico protegido por la norma.