El 27 de agosto de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que la implementación del Plan Ávila por el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez en respuesta a los disturbios de 1989 resultaron en una masiva violación de los derechos humanos, y ordenó al gobierno venezolano revisar sus planes militares de contingencia para ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.