Algunas de ellas son: que el estado no puede obligar a judíos, paganos o niños a recibir el bautismo; que el poder de la absolución es inherente al orden sacerdotal y que sólo la materia (es decir, las personas a las que absolver) puede ser concedida o retenida por el ordinario; que toda jurisdicción eclesiástica es derivada del Papa, mediata o inmediatamente; que el ministro del bautismo no necesita para ello más que la intención específica de hacer lo que la Iglesia quiere con tal sacramento; y que el "Contractus Trinus" es moralmente legal.