Las más importantes fueron: la cooficialidad del catalán y del castellano, cuando en el proyecto de Sau el catalán tenía la oficialidad exclusiva, lo que supuso aceptar que todos los ciudadanos de Cataluña tenían el derecho y el deber de conocer el castellano, pero no el catalán al que sólo se le reconocía el derecho a conocerlo y a usarlo; la pervivencia de las cuatro provincias catalanas y sus correspondientes diputaciones, cuando en el proyecto de Sau habían sido suprimidas; el recorte de las competencias, especialmente en educación, que dejó de ser una competencia «exclusiva» de la Generalitat para pasar a ser sólo «plena»; la rebaja de la participación de la Generalitat en los ingresos estatales; la eliminación del control exclusivo del orden público.