En este Título también se incluía que para garantizar que no se produjera ninguna discriminación por razones lingüísticas y que los actos jurídicos realizados en cualquiera de los dos idiomas tuvieran plena validez, "sin que se pueda alegar desconocimiento" ni se exija la traducción de documentos, los jueces, fiscales, notarios, registradores y funcionarios judiciales destinados en Cataluña "han de acreditar que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales".