Entre los puntos solicitados por las empresas petroleras se reconocía al Estado mexicano como dueño de los suelos y subsuelos nacionales, pero se pedía seguir realizando operaciones de extracción por al menos cincuenta años, para lo cual, se elaboraría un contrato sobre las condiciones laborales y un régimen fiscal preferente, y, de cualquier forma, se fijaría un monto de indemnización por concepto de la expropiación.