Esta situación se revirtió con la llegada de la democracia a España y especialmente con la promulgación de la Constitución de 1978 que reconocía la cooficialidad de las lenguas regionales en sus respectivos territorios; a partir de entonces las Comunidades Autónomas bilingües impulsaron diversas políticas para normalizar el uso de sus lenguas, situación que ha tenido especial éxito en el ámbito educativo.