Particular interés en el proyecto, tenían los hacendados de Río Grande del Sur, que, por una parte, aspiraban al control del puerto ultramarino de Montevideo como forma de canalizar su actividad comercial (las fuertes tendencias autonómicas e incluso separatistas de la región tenían el máximo interés en contar con una salida propia que los vinculase al comercio internacional), y por la otra, se sentían preocupados por la aplicación del reglamento rural artiguista, aprobado en septiembre de 1815, por el que se establecía la facultad de confiscación de las tierras de los enemigos de la revolución con su irrespeto al derecho de propiedad y el fenómeno del pueblerío rural repartiéndose las tierras, bajo la consigna de que «Los más infelices serán los más privilegiados».