No se puede aceptar que se desarrollen las funciones prefectorales sin un gobierno que controle y fiscalice sus actividades; porque ello no es más que aspirar a desatar un mayor estado de corrupción funcionaria descontrolada, con su correspondiente efecto en el desarrollo de una clase oligárquica partidista cada vez más enriquecida; pero, con una población local que permanece con una economía de subsistencia apenas básica y con una Nación estancada en el subdesarrollo; como viene aconteciendo desde el siglo XIX.