Un dictamen del Consejo de Estado de marzo de 2000, encargado por el Ministerio de Interior, asumiendo la propuesta de la Subsecretaría de dicho Ministerio, concluyó que las víctimas de ese incendio debían recibir las ayudas previstas en la Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, debido a que, no siendo un acto terrorista, se podía acoger a la disposición que reconocía la ayuda a quienes sufrieran «"hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadanas"».