Finalmente, el 20 de marzo de 1984 el Parlamento regional de Cataluña aprobó la Ley reguladora de la nueva institución, a la que se encargaba la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, a cuyo fin se le otorgaban facultades de supervisión sobre la Administración pública de la Generalidad y sobre los entes locales de Cataluña.