En 1939, poco antes de acabar la guerra, el primer gobierno franquista promulgo la "Ley de responsabilidades políticas", siendo ratificado por un gobierno civil el Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, confirmando la ilegalización de la organización y expropiandose sus bienes; inmuebles, material, vehículos, cuentas bancarias, empresas colectivizadas y documentación.