Se consideró que el riesgo de vivir en la ciudad, que sobrepasaba los umbrales considerados límites, no era adecuadamente conocido por sus habitantes; que el sistema de protección frente a huracanes no había sido adecuadamente diseñado; que muchos de los diques no contaban con la suficiente altura; que ninguna administración se hizo cargo de los diques y su mantenimiento; y que el modelo para su financiación había fallado.