El proceso hacia la definición de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 con un referéndum, comenzó cuando el Presidente Tabaré Vázquez excluyó el caso de Nibia Sabalsagaray y reabrió la investigación sobre la muerte de esta joven militante comunista en 1974.