Como reforma de la Ley de Radiodifusión, reconociendo que las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la comunidad y que «nadie debe apropiarse de las frecuencias», se propuso que las mismas deben ser administradas por el Estado, asegurndo el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.