La suspensión ordenada por el artículo 23 del decreto de 30 de septiembre de 1914, con respecto a los juicios tramitados por los tribunales de la usurpación, la responsabilidad civil por delincuencia política y la situación monetaria constituyeron las primeras preocupaciones de este Departamento de Estado, con el objeto de evitar que los interesados evadiesen aquella disposición legal, enajenasen sus bienes en busca de la 'impunidad y que la propiedad raíz cayese en manos de extranjeros a irrisorio precio.