La reforma de la ley fue rechazada por el alcalde Antonio Ledezma y la oposición, a la cual tildaron de "ilegal", como una "retaliación política" y un "desconocimiento a la voluntad popular"; para el oficialismo se trata de llenar un vacío en la autoridad del Distrito Capital (que no tenía autoridad desde 1999) y de una acción legal y constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 156 de la constitución: