De acuerdo con esto, la Audiencia Nacional de España se declaró competente para investigar la actuación de las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos contra los habitantes del asentamiento Gdeim Izik, instalado en las afuera de El Aaiún por las Protestas en el Sahara Occidental de 2010-2011, sobre la base que España es la potencia administradora del Sahara Occidental "de iure" aunque no "de facto", y por tanto debe dar «dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso».