En 1966, sin consulta previa con las organizaciones sindicales, como lo sugería la recomendación nº 113 de 1960 de la Organización Internacional del Trabajo, Illia estableció mediante el decreto 969/1963, una reglamentación sindical prohibiendo las actividades políticas de los sindicatos, la ley establecía además que los presupuestos de los sindicatos debían ser aprobados desde el Poder Ejecutivo, alterando la independencia sindical y visto como herramienta para dificultar el accionar de los sindicatos opositores.