Desde inicios de su gestión como procurador general de la república, Raúl Cervantes Andrade ha sido señalado por encubrimiento en relación a la denuncias por corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y el desvío de recursos públicos a empresas privadas; que pesan sobre el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), realizadas por el abogado y activista social Jaime García Chávez y en relación a casos como la utilización de recursos del erario público para la institución chihuahuense de crédito "Unión Progreso", en la cual Duarte Jáquez, así como quien fuera secretario de Hacienda durante su gestión, Jaime Ramón Herrera Corral; son accionistas.