El acuerdo del Parlamento Foral adoptado el 26 de octubre de 1981 desembocó en una controversia entre instituciones del ámbito nacional, cuando el Consejo Supremo de Justicia Militar, en su calidad de Asamblea permanente de la Real Orden de San Fernando, dirigió en febrero de 1982 un escrito al Rey Juan Carlos I, Soberano de la Real Orden, y al Gobierno de la nación, en el que se pedía la anulación este acuerdo parlamentario por considerar "(...) la supresión de la laureada como un menosprecio a esta condecoración, a su soberano (el Rey) y a la institución militar" además de interpretar que carecía de validez por infringir "(...)el artículo 9.3 de la Constitución y por vulnerar lo dispuesto en el decreto de noviembre de 1937, por el que se concedió a Navarra la condecoración.", El Gobierno elevó en consecuencia una