En la ocasión, el tribunal analizó el retraso en las transferencias de fondos a Caixa Econômica Federal y a Banco do Brasil, referentes a gastos con programas sociales del gobierno, lo que configuraría operación de crédito, además de cinco decretos involucrando créditos adicionales firmados por la presidenta Dilma Rousseff sin la autorización del Congreso Nacional.