En 2004 la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó su facultad de atracción para encargarse del caso, acusó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de desacato a una orden judicial y el 18 de mayo solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para determinar si el gobernante capitalino debía perder su fuero — figura jurídica que establece que algunos gobernantes no pueden ser sometidos a juicio a fin de que el proceso penal no les impida ejercer su encargo público —.