La Constitución española de 1978 ratifica esta práctica mediante la previsión de acceso a la Función Pública cuando se acrediten los principios de igualdad, mérito y capacidad, según ha tenido ocasión de interpretar el Tribunal Constitucional y así lo han recogido la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, derogada por el RDL 5/2015 de 30 de Octubre de Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.