La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se convierte, así, en una entidad territorial que, dentro del orden jurídico establecido (el ordenamiento constitucional del Estado español), tiene autonomía legislativa y competencias ejecutivas (poder para aprobar leyes y otras atribuciones), así como la facultad de administrarse mediante sus propios representantes (a través de su Gobierno y Administración).