El caso de los pinocheques fue cerrado definitivamente durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien aludió a razón de Estado producto de nuevas presiones de los oficiales de Ejército en 1995, quienes esta vez vestidos de civil, realizaron un «picnic» en las afueras del Penal de Punta Peuco, donde cumplían condena militar acusados por violaciones a los derechos humanos.