El Ecuador, por su parte, argumentaba que esos territorios le correspondían por la cédula de erección de la Real Audiencia de Quito de 1563; el uti possidetis de 1810 (pues según su versión, la Real Cédula de 1802 nunca se aplicó); el tratado de Guayaquil de 1829 (que reconocía las antiguas fronteras coloniales, aunque sin especificarlas); y el Protocolo Pedemonte-Mosquera (que señalaba la frontera en el Marañón o el Amazonas), instrumento este último que el Perú considera inexistente.