Ahora, esta multinacional se encuentra obligada a pagar una indemnización de 9500 millones de dólares ganada por las comunidades de afectados en la Corte Superior de Justicia de la propia Provincia de Sucumbíos y ratificada por la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, aunque la petrolera se niega a cumplir con el fallo alegando "intromisión" en la justicia por parte del Poder Ejecutivo del Ecuador, por lo cual presentó una demanda de nulidad en la Corte de Nueva York, EEUU y en la Corte Penal Internacional de La Haya, la cual se declaró incompetente para resolver la demanda.