Mientras esta estructura sea y es de libre concurrencia y de propiedad privada, los actores del poder, los titulares del Ejecutivo y del poder administrativo, tendrán que sujetar sus actos a estas decisiones fundamentales; son decisiones del Constituyente que aquí se quieren cambiar y poner al revés, primero el Decreto violatorio de garantías, violatorio de la propia ley de expropiación, y después la modificación a la norma constitucional, como muy incorrectamente lo dice la Comisión, para complementar.