El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió a la CPI en 2011 que investigara posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad en Libia, cuando Ocampo era aún fiscal jefe, y una vez terminó esa función habría sido contratado por tres millones de euros por Tatanaki con el objetivo de asesorarle y "protegerlo de procesos penales".