Tras los acontecimientos de septiembre de 2001, George Bush emitió una orden ejecutiva que autorizaba el Programa de Vigilancia del Presidente ("President's Surveillance Program"), que permitía a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) espiar las comunicaciones entre sospechosos de terrorismo tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos sin necesidad de una orden judicial, en contra de lo que dictaba la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).