En 2007, y debido al veto a los Presupuestos Generales del Estado aprobado el 10 de diciembre de 2007 en el Senado, la familia del estudiante Javier Fernández Quesada no pudo acceder a las indemnizaciones previstas para las víctimas de la represión después de que fracasaran las dos vías iniciadas por los socialistas para su inclusión en la denominada Ley de Memoria Histórica, ya que la citada ley sólo extiende sus beneficios al los fallecidos entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, lo que de entrada dejó fuera de cobertura al estudiante grancanario, cuyo caso nunca llegó a ser juzgado debido al sobreseimiento de la causa en la jurisdicción militar.