En este sentido, comunidades como Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana o La Rioja, tres de ellas presididas por el Partido Popular y una (Islas Baleares) por el PSOE plantearon en su momento, normas propias que la suavizaban o crearon una normativa de aplicación, régimen de inspecciones o régimen sancionador, lo que de facto llevó a no fomentar desde los poderes públicos el cumplimiento de la Ley.