"Condenando enérgicamente" los abusos de los derechos humanos cometidos en el norte de Malí por rebeldes armados, grupos terroristas y otros grupos extremistas, incluidos los actos de violencia contra sus civiles, en particular mujeres y niños, las matanzas, la toma de rehenes, el pillaje, el robo, la destrucción de lugares culturales y religiosos y el reclutamiento de niños soldados, destacando que algunos de esos actos pueden constituir crímenes de conformidad con el Estatuto de Roma y que deberá obligarse a sus autores a rendir cuentas, y observando que, el 18 de julio de 2012, las autoridades de transición remitieron a la Corte Penal Internacional la situación existente en el norte de Malí desde enero de 2012,