2029) estipula que los cuerpos colectivos que actúan en Italia (asociaciones, institutos, entes) están obligados, tras requerimiento de la autoridad de seguridad pública, a declarar sus estatutos, sus actos constitutivos, sus reglamentos internos y, sobre todo, las listas de socios y dirigentes, bajo pena —en caso de omitir la declaración o hacerla de manera dolosa— de la disolución del cuerpo mismo, encarcelamientos a determinar y sanciones económicas por un mínimo de 2000 y un máximo de 30 000 liras.