Semana y media después, la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra Artur Mas, y contra la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau, por un presunto delito de desobediencia, que el 22 de diciembre fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.