El 30 de octubre de 1990, la Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se alega la responsabilidad internacional de la República de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de 765 personas, ejecutadas extrajudicialmente durante el operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas de El Salvador en los cantones de La Joya y Cerro Pando y los caseríos de El Mozote, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles en el mes de diciembre de 1981.