En este lapso, el actual jefe del Estado podrá decretar por sí solo estados de emergencia y de catástrofe; ejercer por períodos de seis meses, que son renovables, la facultad de arrestar a cualquier persona por el plazo de 5 días, ampliables en 15 más en caso de haberse producido, a su juicio, actos de terrorismo; restringir el derecho de reunión y la libertad de información; prohibir el regreso de chilenos al país, o expulsarlos del territorio o relegarlos hasta por tres meses, medidas éstas que no son susceptibles de recursos jurídicos de ninguna especie.