Sometido a la expropiación de sus bienes por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que le impuso la sanción más alta impuesta por el franquismo a un ciudadano español (100 millones de pesetas, que finalmente y tras largos años de batalla judicial se convirtieron en 100.000 pesetas), pudo regresar en 1950 a Madrid, para morir allí en 1963.