Una variedad de medidas legales en vigor durante ese período facilitaron la transferencia de las tierras abandonadas por los árabes a la propiedad estatal, mediante la Ley de Propiedad Ausente de 1950, que permitía al estado tomar el control de las tierras pertenecientes a los propietarios que fueron expulsados o huyeron a otros países, y la Ley de Adquisición de Tierras de 1953, que autorizó al Ministerio de Hacienda a transferir las tierras expropiadas al estado.