Soto Tobar dio un significativo giro al camino de la facultad, estableciendo redes políticas para favorecer a los grupos políticos de presión aprovechando el nuevo papel que la Constitución le asignó a la Universidad de San Carlos: con la nueva Constitución de Guatemala, decretada en 1985, la Facultad de Derecho y la Universidad de San Carlos fueron encomendadas con la tarea de participar con representantes en los procesos de elección de los Magistrados de las más altas cortes del país, así como del Contralor General de Cuentas, y el Jefe del Ministerio Público, Asimismo, a la Universidad se le asignó la potestad de comisinar a un Magistrado ante la Corte de Constitucionalidad, que es la corte encomendada a conocer de asuntos de inconstitucionalidad.