Habitualmente las afectadas suelen ser las autoridades civiles por medidas que las religiosas consideran que afectan a la moral, como ha ocurrido en algunos casos en España, Colombia y México, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en relación con las leyes sobre el divorcio, el , la enseñanza, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la financiación de la Iglesia Católica, entre otros temas.