El mismo decreto también pretendía limitar la autoridad del presidente en asuntos que hasta entonces le habían sido de su incumbencia exclusiva, ya que ordenaba que cualquier decreto emanado de la Junta debía llevar la firma de al menos cuatro de sus miembros "con la del respectivo secretario", lo cual asignaba al propio Moreno la capacidad de veto en cualquier asunto de gobierno o de índole militar que pasara por su Secretaría.