En mayo de 2016 fue condenado junto con Javier Maroto, por el Tribunal de Cuentas, a pagar 393 000 euros por los perjuicios ocasionados en los fondos públicos como consecuencia del alquiler de un local por encima del precio de mercado durante la etapa en la fue alcalde de Vitoria, en lo que se conoce como "Caso San Antonio".