En septiembre de 1995 la Sala Segunda del Supremo concedió la dedicación exclusiva para instruir el caso GAL al magistrado Eduardo Moner, quién decidió comprobar las imputaciones realizadas contra los cuatro aforados, especialmente contra Barrionuevo, antes de decidir sobre la solicitud de suplicatorio al Congreso para que autorizara la declaración de Barrionuevo como imputado.