El Tribunal Constitucional avaló el 5 diciembre de 2013 la exención de la Iglesia católica en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, mediante una sentencia, acordada por unanimidad, que respondía a un recurso de inconstitucionalidad presentado seis meses antes por el gobierno de España contra una ley aprobaba por el parlamento de la Comunidad Foral de Navarra, con los votos a favor del PSN-PSOE, Izquierda-Ezkerra, Bildu y Aralar-NaBai y en contra de UPN y del PP, que obligaba a pagar el IBI a los ayuntamientos por todos los edificios propiedad de la Iglesia excepto los destinados al culto.