La Ley, que se aprobó en contra de la opinión de Carrero Blanco y la indiferencia de Franco, regulaba la libertad de expresión para salvaguardar el Régimen, estableciendo unos límites muy ambiguos (que, en todo caso, serían precisados por los tribunales) a la hora de tolerar la crítica o puesta en cuestión del propio Régimen.