Acto seguido, el procurador general designado por Carmona, Daniel Romero, leyó un decreto que derogó las leyes habilitantes, disolvió el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y se dio a sí mismo poderes por encima de la Constitución, lo que causó una gran indignación entre los partidarios del Presidente Chávez y en algunos sectores moderados de la oposición y terminó por restarle apoyo internacional.