El 13 de diciembre de 1983, el Presidente Alfonsín y sus ministros firmaron el decreto 157/83, por el cual se declaraba la necesidad de promover la prosecución penal contra integrantes de grupos violentos, entre ellos varios pertenecientes a "Montoneros", por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público.