Ambos son problemas de incentivos que, como es esperable, no han podido ser abordados por los profesionales del derecho administrativo, y tampoco han sido planteados de forma adecuada en Chile, principalmente debido a la visión (derivada de la tradición continental del derecho) según la cual las compras públicas son un ámbito reservado a abogados y no a economistas (cosa que difiere de lo que ocurre en los sistemas de derecho anglosajón).