Durante ese periodo hubo fuertes críticas por parte de grupos parlamentarios de la oposición a la gestión al frente del ente público, y en abril de 2003 el PSOE llegó a presentar una Proposición no de ley, exigiendo su destitución del cargo con acusaciones de infringir el artículo 20 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la información.