Sin embargo, la nueva legislación contó con la oposición frontal de los propietarios, agrupados en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, y de la Lliga Catalana, la cual pidió y apoyó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la República, presidido por el radical Ricardo Samper ante el Tribunal de Garantías Constitucionales el 4 de mayo.