Por ellos, Uruguay permitía la participación de fuerzas militares brasileñas en sus conflictos internos a pedido el “gobierno legitimo” del país, recibía un préstamo de 138.000 patacones y reconocía, a cambio, una deuda de guerra de 300.000, en garantía del pago de cual consentía en enajenar sus rentas públicas, declaraba libre la navegación del río Uruguay y sus afluentes, aceptaba la prohibición de poner impuestos a la exportación del tasajo y del ganado en pie a Brasil y se obligaba a devolver a Brasil los esclavos que se escaparan y buscaran refugio en la República.