Los principales puntos del acuerdo fueron confirmación, por parte del estado colombiano, de la libertad de la iglesia católica para desarrollar su actividad doctrina en el país; la facultad de la iglesia para adquirir, poseer y administrar bienes libremente, el reconocimiento estatal de la deuda por la desamortización de bienes de la iglesia durante el gobierno de Tomas Cipriano de Mosquera, en 1861.