La posibilidad de sancionar a agentes del Estado por la violación de derechos humanos quedó demostrada con la condena de 16 agentes del ahora disuelto Departamento de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil por su papel en las ejecuciones extrajudiciales cometidas el año pasado en Chocón, una comunidad del departamento de Izábal.