Los precios no bajan por decreto -¡ojalá bajaran!- , pero no por eso dejará el Gobierno de usar las facultades que la ley le otorga para intervenir en la materia: así contribuye a mantener los precios, aunque no tan eficazmente como fuera deseable y además porque es función propia de la autoridad, según principio universalmente aceptado, imponer la sanción respectiva cuando se viola la ley, a sabiendas de que la pena no repara el daño causado.