A partir de 2005, Hugo Chávez ordenó mediante la Ley de Tierras, aprobada en 2002 un decreto con fuerza de ley, aprobado previamente por la Asamblea Nacional, la expropiación de latifundios y tierras aparentemente improductivas, para dársela a quien la quiera trabajar, por la «seguridad alimentaria» y para «profundizar la revolución».