Estas críticas fueron rechazadas por el Colegio Escrutador Nacional —compuesto por el contralor general de la República, Osvaldo Iturriaga; el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Arnoldo Dreyse; y el secretario de la Corte Suprema, René Pica— y el texto fue promulgado el 21 de octubre de 1980.