En agosto de 2001, junto con la congresista Carmen Lozada de Gamboa, fue acusada por infracción a la Constitución y por su supuesta vinculación con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hecho que le valió ser inhabilitada por cinco años para ejercer la función pública y diez para el ejercicio de la función parlamentaria, impidiendo el ejercicio de su mandato hasta 2006.