En sus recomendaciones, el relator especial insistió en la necesidad de una depuración de las fuerzas armadas y otras instituciones públicas, de manera que ninguna persona que hubiera cometido violaciones a los derechos humanos pudiera ostentar un cargo público: “Todas las personas de quienes se sabe que han cometido violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno deberían ser excluidas de la función pública y de las fuerzas armadas.