Los derechos de participación contenidos en el artículo 23, en un principio, solo se atribuían a los españoles, situación incompatible con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y que hizo necesaria la reforma constitucional de 27 de agosto de 1992, donde se añadió una excepción referente al derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales.