En este sentido el Tribunal Constitucional (TC, en adelante) en su Sentencia 75/1983 de 3 de agosto, señala que resulta impensable que exista justificación objetiva razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, dejando al legislador con carácter general la apreciación de situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar diferente, basando la jurisprudencia en el criterio de razonabilidad.