El caso Naseiro llegó al Tribunal Supremo en 1992, debido a la condición de diputado de Ángel Sanchis Perales y de Pedro Agramunt, Presidente del PPCV, donde quedó archivado a causa de algunas "irregularidades" en la instrucción del sumario: Las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial.