Con este acto puede reputarse concluido el largo proceso expropiatorio que empezó a raíz del decreto de 18 de marzo de 1938 y que fue dictado a méritos de evidentes causas de utilidad pública, taxativamente previstas por la ley, que hicieron necesaria en lo absoluto la expropiación de las empresas afectadas, así como la ocupación urgente de los bienes necesarios para la continuidad de las operaciones de la industria petrolera.