Recibidos estos documentos, los respectivos magistrados de los dos Gobiernos tendrán poder, autoridad y jurisdicción para, en virtud de la requisición que al efecto se les haga, expedir la orden formal de arresto de la persona reclamada, á fin de que se le haga comparecer ante ellos, y de que en su presencia y oyendo sus descargos, se tomen en consideración las pruebas de criminalidad; y si de esta audiencia resultare que dichas pruebas son suficientes para sostener la acusación, el magistrado que hubiese hecho este examen será obligado á manifestarlo así á la correspondiente autoridad ejecutiva, para que se libre la orden formal de entrega.