Tal situación expuso al gobierno republicano que estos bienes deberían ser controlados directamente por la administración central, y usados para reparar los daños que fueran causados por la rebelión militar, regulando las incautaciones «"con cargo a las responsabilidades civiles de los partícipes en el movimiento sedicioso"», tanto directa como indirectamente, en el transcurso de la Guerra Civil Española.