Uno de los aspectos sobresalientes es la propuesta de cambiar la denominación, de ley federal a ley general, considerando que en el actual ordenamiento se concentró la aplicación de la materia en el Poder Ejecutivo Federal, sin una proyección nacionalizada a mediano y largo plazo, y el problema de la vivienda creció sin reconocer barreras políticas o de competencia, problemática que rebasó al Gobierno Federal, creando una serie de lagunas jurídicas, al no establecerse expresamente la responsabilidad de los órganos gubernamentales.