Para dar respuesta a los problemas ya enumerados, el Gobierno de Uruguay se propone lo siguiente: (I) establecer un marco legal y regulador global para el sector de abastecimiento de agua y de saneamiento mediante la formulación de una nueva ley; (II) mejorar aún más la eficiencia de la OSE al estimular la competencia interna y al reducir los niveles de agua no contabilizada; y (III) desarrollar una política relativa a las normas adecuadas de saneamiento.