Tras dejar la decanatura, el Consejo Superior Universitario postuló a Soto para la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que existían persistentes rumores de que estaba vendiendo título de licenciaturas y certificados de servidores sociales durante su gestión; sin embargo, su candidatura fue aceptada pues no se pudo probar su participación en esos hechos ya que nadie presentó pruebas fehacientes -y mucho menos título mal habidos.