En cambio, la reforma constitucional que nos ocupa significa la decisión del Estado mexicano de elevar, por conducto del Poder Constituyente Permanente, el rango de supremacía constitucional, una atribución exclusiva que tiene trascendencia para la orientación y el rumbo del país, que consolida la rectoría del Estado sobre la economía de la nación y le permite, congruente y armónicamente, coordinar de un modo sano los fenómenos económicos.