El gobierno garantía un interés del 7% sobre el costo efectivo, por el término de 40 años; eximía a la empresa, durante el mismo plazo, de contribuciones, impuestos y derechos aduaneros; le imponía el deber de conducir gratis la correspondencia y con un 50% de rebaja a la tropa y a toda clase de cargas del gobierno; extendía la garantía a los ramales cuya construcción dispusiera el P.E., suprimiéndola para los que la compañía hiciera por su iniciativa, y se reservaba el derecho de expropiar el ferrocarril por su costo reconocido más un 20% de indemnización.