Una de sus vías de financiación más conocidas, y que en 2002 podía llegar a suponer el 75% de los ingresos de la banda, era el llamado «impuesto revolucionario», por el que ETA obliga a pagar a empresarios y profesionales cualificados de Euskal Herria (especialmente del País Vasco español, pero en ocasiones también del País Vasco francés) bajo amenazas de asesinato, secuestros y daños contra propiedades.