La resolución respectiva, junto con reafirmar el derecho soberano de todos los países a disponer libremente de sus recursos naturales, declaró que: “en aplicación de este principio, las nacionalizaciones que los Estados llevan a cabo para rescatar estos recursos son expresión de una facultad soberana, por lo que corresponde a cada Estado fijar las modalidades de tales medidas, y las disputas que puedan suscitarse con motivo de ellos son de recurso exclusivo de sus tribunales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución 1803 de la Asamblea General.” Esta resolución, excepcionalmente, permite la intervención de jurisdicciones extranacionales siempre que “exista acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas.”