En 2009, el Consejo de Estado encontró culpable al Distrito por la tragedia; la Procuraduría destituyó e inhabilitó por doce años para ejercer cargos públicos a Ricardo Salamanca Correa y Heriberto Triana Alvis, en sus condiciones de Subsecretarios Técnicos de Tránsito de Bogotá para la época, y sancionó a los ex funcionarios Carlos Eduardo Mendoza Leal (Secretario de Tránsito y Transporte) y Mauricio Cortés Niño (Subsecretario Operativo), quienes fueron destituidos e inhabilitados por diez años para ejercer cargos públicos.