El 4 de abril de 2001, en el caso de la Masacre de las Dos Erres, en el que se sindicó como responsables a miembros del Ejército, la Corte de Constitucionalidad ordenó que una Sala de apelaciones examinara, bajo el mecanismo establecido en la LRN, si correspondía la extinción de responsabilidad penal, con el argumento de que los hechos revelaban una fuerte presunción para la aplicabilidad de dicha ley.