La necesidad de nombramientos basados en méritos y no en criterios políticos se puso de manifiesto con la crisis de 2003 relativa a la inscripción de Ríos Montt: el comportamiento político de la Corte de Constitucionalidad, objeto de críticas generalizadas cuyos miembros son nombrados por sectores políticos, contrastó de manera evidente con el cumplimiento de los procedimientos legales y la jurisprudencia de una Corte Suprema de Justicia elegida de manera clara y en función de la calificación de sus miembros.