Con esta medida quedarán contrarrestadas las enormes dificultades que el Gobierno encontró y que enumeradas pueden sintetizarse en los siguientes puntos: estado de quiebra en que la negociación ferrocarrilera se encontraba e inminencia de arrastrar al Gobierno en su fracaso; creciente desatención de la conservación de los bienes de la empresa con la amenaza consiguiente de paralizar el servicio ferroviario y, con él, la vida económica del país; las dificultades orgánicas que el estado jurídico de la empresa oponía al Gobierno para exigirle una cooperación decidida en su política económica a través de tarifas adecuadas y pertinentes; imposibilidades de índole económico-política para arreglar la deuda de los Ferrocarriles y la dificultad en que se encontraba el Poder público para iniciar en ellos una rectificación integral de su sistema, conectando varias de sus líneas y construyendo los necesarios kilómetros de ramales indispensables para la solvencia de algunas troncales del sistema; y por último, la agravante de que los sueldos a empleados y salarios de los trabajadores ferrocarrileros equivale a un 55% de las entradas brutas de las líneas, no obstante que el salario medio de sus obreros es inferior al salario medio de otras grandes industrias del país.