Se eliminó la disposición que declaraba a Buenos Aires como capital de la Nación, ya que la misma se fijaría por una ley del Congreso; se limitó un tanto la autoridad nacional sobre los gobernadores y las constituciones provinciales, y se reservó a las provincias todo el poder no delegado por la Constitución en el gobierno federal, más el que se hubieren reservado al tiempo de su incorporación.