Debido a los cambios impulsados por el Estado en el uso del suelo en buena parte de ese distrito, la propiedad pasó a manos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en 1978, con la finalidad de ser urbanizada con viviendas de clase popular; sin embargo, el proyecto finalmente fue desestimado luego de dos años en estudio de factibilidad.