Puede observarse también que, de las 623 víctimas mortales entre 1978, año de aprobación de la actual Constitución española, y 1995, únicamente 10 eran políticos, el 1,6 %, mientras que, desde 1995, de los 93 asesinatos perpetrados 26 fueron personalidades políticas, el 27,96 % (16 concejales, 5 dirigentes o ex-dirigentes de partidos no nacionalistas y 5 cargos institucionales).