Portillo leyó las conclusiones de una investigación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), establecida en julio de 1991 por el entonces presidente Jorge Antonio Serrano Elías, y en la que admitió la responsabilidad del Estado concretamente en dos masacres cometidas por el Ejército en 1982, rigiendo a la sazón el Gobierno de facto de Efraín Ríos Montt: la de las villas Plan de Sánchez, en el departamento central de Baja Verapaz, y Dos Erres, en Petén, al norte, donde fueron asesinados a quemarropa noventa y doscientos civiles respectivamente, así como en ocho crímenes políticos producidos hasta 1990.