El Tribunal Supremo en una decisión 5-4 dictaminó que después de la ratificación del Tratado de París (1898) Puerto Rico no constituía un país extranjero dentro del significado de la relación de las leyes tarifarías de los Estados Unidos, por lo que resultaba improcedente cobrarle al azúcar proveniente de la isla las tarifas dispuestas para la importación de dicho artículo de otros países.