La ley de sobre los monumentos históricos completó y mejoró las disposiciones de la ley de 1887, con la ampliación del alcance de la protección de los criterios de clasificación (bienes cuya conservación respondía no solamente a la noción de «interés nacional» si no de «interés público» que tenía en cuenta también el pequeño patrimonio local; clasificación extendida a la propiedad privada sin necesidad del consentimiento del propietario; previsión como inscripción en el inventario suplementario), definiendo las intervenciones obligatorias, el establecimiento de sanciones penales y civiles cuando se trabajase en los monumentos sin autorización, etc.