Todos estos problemas quedaron solucionados con una Real Cédula de diciembre de 1789 en la que se concedió la propiedad de las minas situadas en sus términos y baldíos, no dejando lugar sobre la aplicación de su utilidad que debería ser enteramente de la comunidad propietaria, de todos los vecinos del concejo y no de las parroquias y demás lugares que forman por sí mismas comunidades, ni tienen representación civil.