Por ejemplo, la aplicación de tarifas protectoras para productos fabricados con un uso ineficiente de energía o un elevado nivel de contaminación, el no cobrar tarifas de transporte o derechos de bosque para la producción de leña o carbón con destino urbano, resultando en la administración no efectiva de los bosques, y la adopción de una tasa de interés mucho menor al costo de los fondos para préstamos municipales o financiamiento de viviendas, socavando así la sostenibilidad del mecanismo de financiamiento.