La Ley de Defensa de la República, vigente desde el 21 de octubre de 1931, vigilaba y castigaba «la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público; toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado; y también la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación».