Apoyada por los dos principales partidos españoles, el Partido Popular (por entonces en el gobierno) y el PSOE, esta ley sustituyó a la anterior ley de partidos políticos, preconstitucional, estableciendo que los partidos deben tener un funcionamiento y unas actividades democráticas, y que únicamente la autoridad judicial podrá ilegalizar un partido político, de acuerdo con la ley.