Así pues la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1981 concretó que “el reglamento independiente de la Ley solo es admisible tras la Constitución en el ámbito interno con fines puramente auto organizativos o en el marco de las relaciones de sujeción especial, pero no cuando regula abstractamente derechos y obligaciones de los ciudadanos en situaciones de sujeción especial".