Además de pagar 1,2 millones de dólares a la Junta, la empresa también se ve forzada a financiar con 500.000 dólares un proyecto para comprobar el impacto de las mezclas de etanol en el combustible en las emisiones procedentes de quads con motores de gasolina, y 300.000 dólares a la Oficina del Fiscal General en costas judiciales.