España fue condenada por incumplir las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos, aunque finalmente en el curso del procedimiento la Comisión desistió parcialmente de su recurso, en la medida en que éste afectaba a la Comunidad Valenciana, pese a considerar que esta última no había regularizado su situación sino con posterioridad a la presentación del escrito de recurso.