En respuesta a este ataque, el presidente Aguilar emitió un decreto en el 3 de noviembre que autorizó a todos los habitantes del estado para que se armen y persigan a toda partida de facción presente en el territorio, ofreció auxilio de parte del gobierno a los pueblos amenazados, dejó fuera de la protección de las leyes a todos los que se comprometieran a los facciosos, decretó que las personas que se comprometen con los facciosos serían juzgados militarmente dentro de 48 horas como en campaña y los convictos serían ejecutados, que serían tratados y juzgados como enemigos del estado los que nieguen al servicio y facultó al sub inspector general de las armas del estado para que haga su defensa persiguiendo y haciendo perseguir a los facciosos.