Actualmente existe una controversia entre los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica, el primero manifiesta que la posición del gobierno de Huancavelica atenta contra el desarrollo agroindustrial de Ica y el incremento de la frontera agrícola en la región, mientras que su similar de Huancavelica manifiesta que la puesta en marcha del proyecto perjudicaría a los agricultores y ganaderos de las partes altoandinas de la región, ya que se estarían utilizando terrenos de las comunidades campesinas.