Y aunque es cierto que después, al darse la Ley de baldíos de 26 de marzo de 1894, la influencia personal de los mismos interesados hizo que se deslizara en esta ley un artículo de carácter retroactivo por el cual no procedía invalidar los títulos de las compañías deslindadoras por el solo hecho de haberse enajenado fracciones que midieran más de 2,500 hectáreas, en cambio, la misma ley estableció que cuando esos terrenos se enajenaran con objeto de colonización, los contratos respectivos se sujetarán a lo que establecen las leyes especiales sobre la materia, es decir, a los preceptos de la Ley de 15 de diciembre de 1883.