Desde el fracaso de la Gran Redada de 1749 los gitanos estaban sujetos a una situación muy problemática, que se pretendió resolver con una serie de iniciativas legislativas desde 1763, finalmente sustanciadas en la Real Pragmática de 19 de septiembre de 1783, con propósitos claramente asimiladores y de carácter utilitarista, tras dicha pragmática, se deja de considerar su origen o naturaleza diferenciada o inferior ("raíz infecta"); se prohíbe el uso de las denominaciones "gitano" o "castellano nuevo" (tenidas por injuriosas); se concede libertad de residencia (excepto en la Corte y Reales Sitios "por ahora") y se permiten nuevos modos para ganarse la vida, incluyendo la admisión en gremios, pero se prohíben oficios como poseer tabernas o esquilar caballos, de vital importancia para el pueblo gitano; también se prohíben sus vestiduras tradicionales y su "gerigonza" (su idioma diferenciador, el caló) y una vez más se establece la obligación de asentarse, abandonando el nomadismo; todo ello bajo graves penas a los desobedientes, que serían considerados "vagos" y sujetos a las penas correspondientes "sin distinción de los demás vasallos" (se les aplica el código penal general).