Se publicó un decreto para que quienquiera que tuviese armas en su poder de cualquiera especie las entregase al Gobierno en el término de un mes, bajo apercibimiento de serles confiscadas, y bajo una multa del doble de su importe, y de ser considerados como indignos de la confianza de las autoridades; aquellos que las entregasen voluntariamente, recibirían por entero su valor.