Esta forma de definir la jurisdicción penal militar, junto con la no modificación del Código de Justicia Militar que era la ley que determinaba el alcance del "delito militar", tuvo como consecuencia que los ciudadanos que expresaron críticas de palabra o por escrito a los "Institutos armados" (las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden público militarizadas como la Guardia Civil) no fueron juzgados por la justicia ordinaria sino que fueron sometidos a consejos de guerra, por lo que la abolición de la Ley de Jurisdicciones de 1906 decretada por el Gobierno Provisional a los pocos días de proclamarse la República no tuvo efectividad real.