Como abogado defendió por muchos años a los sectores populares con resuelta decisión: En la década de los 80 asumió la defensa de los 300 guerrilleros del M-19 durante los consejos de guerra donde denuncio los abusos y las torturas hacia los guerrilleros y de las familias de las víctimas de la desaparición forzada en la cruenta contratoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército colombiano(1985) siendo el primer jurista que afirmara y probara de que se capturaron torturaron y asesinaron civiles en los hechos de la retoma; tomo las investigaciones por las desapariciones de Luis Fernando Lalinde, miembro de la Juventud Comunista Colombiana y Nydia Erika Bautista militante civil del M-19.