Es decir, la autotutela declarativa de la que goza la administración produce que sea el administrado el encargado de aportar las pruebas e iniciar un procedimiento impugnatorio para impedir o destruir la eficacia inmediata de las decisiones administrativas sobre la base de este tipo de autotutela, ya que de lo contrario esos actos son válidos, obligatorios y plenamente eficaces.