Además, como puso de manifiesto Gil-Robles en la sesión secreta de las Cortes de 8 de junio de 1932 el canon impuesto por Calvo Sotelo a March era mayor que el que el nuevo ministro de Hacienda, Prieto, acababa de imponer al nuevo concesionario, con lo que mal podía plantearse que con aquel contrato se hubiese perjudicado a los intereses del Estado.