En 1983, un nuevo escándalo financiero sacude la clase dirigente a propósito de la LOGEMAD, un organismo del Estado encargado de transferir a particulares los alquileres de los apartamentos ocupados por funcionarios; con este asunto se revela que este organismo beneficia esencialmente a los responsables políticos, que, tras haber fijado los alquileres administrativos, recuperan el dinero abonado por el Estado a través de alojamientos que les pertenecen.