Dos años después, el 11 de marzo de 1988, en mitad del proceso, se promulgó un Real decreto que limitaba enormemente las posibilidades de rehabilitación de títulos nobiliarios, siendo sólo posible la de aquellas dignidades que llevasen menos de cuarenta años vacantes, además de establecerse un límite de seis grados genealógicos entre el solicitante y el último poseedor legal.