El 14 de junio de 2010, el gobierno venezolano decidió la intervención a puerta cerrada del Banco Federal, por incurrir en irregularidades como el hecho de que sus pasivos exigibles eran mayores a los activos liquidables de inmediato; que no mantuviera el saldo mínimo por encaje legal requerido por el Banco Central de Venezuela (BCV) e incumplir los porcentajes mínimos de 12% del coeficiente de patrimonio activo y de 8% para el coeficiente de operaciones contingentes, los cuales apuntaban a la insolvencia patrimonial del banco.