La CEH retomó el compromiso contenido en el AFPC y recomendó aprobar una Ley de Servicio Cívico –militar y social–, que respetara el principio de igualdad ante la ley; que estableciera y regulara el mecanismo de objeción de conciencia y que eximiera del servicio cívico militar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en forma directa o hasta primer grado de consanguinidad, asignándoseles directamente al servicio cívico social.