Dichos reclamos, antes y después del día de la elección, generarían una intensa discusión pública en torno al papel del IFE frente a la protección de la libertad de expresión y sus límites para los funcionarios públicos, los alcances y la pertinencia ética de prohibir o no las campañas negativas y, fundamentalmente, los muchos vacíos legales que dejaban al Instituto sin herramientas para actuar con mayor rigor y eficacia.