En 2003 Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acusaron al juez Juan José Galeano y al estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la pérdida y destrucción de pruebas relevantes.