No obstante, la discusión de este punto podría verse dificultada por causa del Estatuto de Roma (suscrito por Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica.​​​ El gobierno y las FARC acordaron este punto el 23 de junio de 2016, donde se proclamó el cese bilateral de las hostilidades en ambos bandos, además del desarme total de la organización subversiva en zonas especiales donde se concentraran los guerrilleros sin presencia de la Fuerza Pública (23 veredas del país que serán llamadas “Zonas Generales Transitorias Veredales de Normalización” y ocho campamentos donde realizó la entrega del armamento), cuya verificación estuvo a cargo de la ONU, organismo al cual las FARC entregaron sus armas para que dispongan de ellas a su conveniencia.