Finalmente los restantes miembros, invocando las atribuciones contenidas en el estatuto de la Junta, lo destituyeron mediante el decreto Nº 624 de 24 de julio de 1978, que expresaba que: «el general Leigh se encontraba absolutamente inhabilitado para continuar ejerciendo sus funciones» (al remitirse dicha decisión a la Contraloría, ésta lo consideró jurídicamente como un decreto ley); mientras el ejército cercaba todas las bases de la Fuerza Aérea.