Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Refugiados que entró en vigencia en octubre de 2001, prevén la concesión del estatus de asilo y de refugio a personas que entran en tales categorías según la definición estipulada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatus de los Refugiados, de 1951, y en el Protocolo de 1967.