La estima nacional e internacional que había logrado el presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, por realizar el Juicio a las Juntas (proceso judicial contra las cúpulas militares por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar entre 1976 y 1983) sufrió un fuerte revés en diciembre de 1986 cuando, por iniciativa suya, el Congreso aprobó la Ley de Punto Final, que limitaba los juicios civiles contra unos 300 oficiales implicados en el terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 a los que fueran imputados en los siguientes sesenta días a la aprobación de esa ley, una orden difícil dada la renuencia de muchas víctimas y testigos a declarar.