La negativa de Allende a proclamar la reforma constitucional que regulaba las tres áreas de la economía sirvió para que el Partido Nacional realizara una serie de acusaciones contra su persona y gobierno, incluyendo la destrucción del estado de derecho, el atropello a las libertades públicas, la destrucción de los valores culturales chilenos, pasar a llevar al Congreso, a la Contraloría, y al Tribunal Constitucional, la destrucción de la economía, una creciente dependencia extranjera, el debilitamiento de la seguridad nacional, amparo a grupos terroristas y abuso de la obediencia debida de las Fuerzas Armadas.