En 2010, la reestructuración del sistema financiero en España, fruto del estallido de la burbuja inmobiliaria, llevó a las cajas de ahorros—las más expuestas al ladrillo y por tanto las más perjudicadas por dicha situación— a plantear la fusión de varias entidades para poder hacer frente a las exigencias de capital y saneamiento que pedía el gobierno.