"El uso de amenazas verbales o físicas para inducir a la gente a regresar a un país donde temen sufrir persecución es absolutamente contrario al derecho internacional, en particular al principio vinculante de no devolución", afirmó said Kolawole Olaniyan, director del programa regional para África de Amnistía Internacional, quien añadió: "Pedimos al gobierno de Burundi que aplique procedimientos de asilo imparciales y transparentes para determinar los riesgos que entraña el retorno para cada una de las personas que solicitan el asilo, a lo cual está obligado en virtud del derecho internacional."