En 1977, en el momento del inicio de la etapa democrática, todos los materiales dependían de los Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno, organismo que, de un modo u otro, había ido asumiendo las competencias informativas sobre antecedentes político-sociales o masónicos y, asimismo, había recogido en su seno, por decreto de 21 de enero de 1971, el archivo de una de las instituciones represivas al servicio de la cual habían venido trabajando estos servicios y sus organismos precedentes de forma más significativa: el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, desaparecido en 1963.