La decisión provocó protestas en numerosos sectores de la oposición y asociaciones civiles, como Amnistía Internacional, Gesto por la Paz de Euskal Herria, el Foro de Madrid por la Paz, Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) o Izquierda Unida, que arguyeron que el «justo reconocimiento» a las víctimas del terrorismo no podía hacerse «a cualquier precio» y que la medalla suponía «distinguir con honores a un reconocido torturador y golpista que contribuyó al terror y a la represión de los años más oscuros de la vida española del pasado siglo»; asimismo el Parlamento de Navarra aprobó una resolución en contra de esta concesión.