En la mayoría de los delitos (los llamados delitos "públicos" o "perseguibles de oficio", basta con que la autoridad conozca la existencia del delito para que esté obligada a perseguirlo y a castigarlo, incluso sin denuncia del ofendido y aunque el ofendido no coopere con la persecución mediante su testimonio, e incluso si el ofendido manifiesta su falta de voluntad de que se persiga el hecho.