Asimismo, “el daño causado cuya magnitud y extensión no pueden soslayarse a la hora de evaluar este acontecer” y “la condición de funcionarios públicos de cuatro de los aquí imputados por el atentado, no es un dato menor y debe ser considerada también un agravante ya que aquellos en que la ciudadanía deposita su confianza en aras de su seguridad y protección se han valido de las herramientas que le brinda el estado en pos de esos objetivos y del cargo que ostentaban para volverlos en contra de la sociedad a la cual debían proteger y amparar”.