El debate en torno a la Ley de Memoria Histórica, que provenía de la legislatura anterior, alcanzó su nivel máximo como consecuencia de la decisión del juez Garzón de iniciar un procedimiento judicial contra los crímenes del franquismo (16 de octubre de 2008); y la reacción contra él, que, además de su apartamiento de la causa, que no tuvo continuidad, se sustanció en tres procedimientos judiciales simultáneos por diversos motivos, unos ligados a ese asunto y otros ajenos, pero también de repercusión política, que llevaron a su suspensión como juez de la Audiencia Nacional, en medio de un escándalo internacional (14 de mayo de 2010).