En junio de 1994, la Asamblea General de la OEA aprobó finalmente la "Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", que sería el primer instrumento jurídicamente vinculante en la materia, entrando en vigor el 28 de marzo de 1996 tras su ratificación por ocho países: Argentina, Panamá, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Guatemala.