En los estados más civilizados que siguen aplicando la pena capital (EE.UU.), antes de ejecutar a alguien se le reconocen numerosas posibilidades de recurso, de suspensión de penas o de solicitudes de indulto, que significan años, o en ocasiones hasta decenas de años, luchando ante los tribunales, lo que genera gastos inmensos en abogados, jueces y fiscales y demás tramitaciones.