El gobierno no emitió un decreto nacional que prohíba la renuncia forzada de la fe, no puso fin al abuso físico de los fieles, continuó manteniendo un número considerable de presos por motivos de religión y, aunque permitió la reapertura de algunas iglesias que habían sido clausuradas en la región montañosa central en 2001, se negó a permitir la reapertura y el registro de centenares de otras.