La concesión fue anulada por el gobierno peruano debido a la resistencia de la población afectada por el proyecto (unas 4,000 personas) pero en algunas entidades gubernamentales hay aún hoy (2013) el sentimiento de que la hidroeléctrica debe construirse, ya no para exportar al Brasil, sino para abastecer un mercado peruano en rápido crecimiento y quizás para exportar electricidad a Chile.