Después de proclamada la separación de la provincia de Guatemala de España el 15 de setiembre de 1821, las nuevas autoridades pretendieron someter a Urrutia y Montoya al juicio de residencia que era habitual en la época absolutista, a lo cual se negó el brigadier alegando que su nombramiento había derivado de la Corona de España y por consiguiente no se le podía someter a ese procedimiento después de la independencia.