Una vez aceptado el acuerdo o proyecto por el voto de la mayoría absoluta de cada una de las Diputaciones interesadas, se elevará y someterá a la aprobación del Gobierno, que habrá de examinarlo minuciosamente y detenidamente hasta estar seguro de que no hay en él nada que directa ni indirectamente contradiga la legalidad constitucional y administrativa del Reino, sino que, por el contrario, todas sus cláusulas se ajustan estrictamente a ellas.