Pocos meses después, en febrero de 1927, Primo de Rivera ordenó a los gobernadores civiles, un tercio de los cuales eran miembros de la UP, que nombraran a "upetistas" para los cargos de los ayuntamientos y de las diputaciones —en octubre de 1928 se estableció que constituyeran las cuatro quintas partes—, lo que fue visto con desconfianza por algunos de los miembros más destacados del Directorio civil.