A pesar de que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la responsabilidad internacional de los países latinoamericanos por la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas, y desarrollar una doctrina y una jurisprudencia novedosa y especialmente protectora respecto al espectro de derechos que incorpora tanto derechos civiles y políticos cuanto derechos económicos, sociales y culturales no han logrado evitar que los Estados continúen vulnerando, marginando y discriminando la seguridad jurídica de los hombres y mujeres indígenas.