Un Decreto de 28 de febrero, anuló los procesos de desahucio de colonos y aparceros; otro Decreto, del 3 de marzo, devolvió a los yunteros extremeños el arrendamiento de las tierras que habían ocupado en virtud del Decreto de Intensificación de Cultivos de 1932, que fue restablecido el día 14; un Decreto de 20 de marzo, dio vía libre para expropiar temporalmente con indemnización fincas declaradas de "utilidad social", incluso fuera de la zona de latifundio, gracias, paradójicamente, a la “ley Velayos” del año anterior aprobada por la mayoría radical-cedista que había abolido en la práctica la Ley de Reforma Agraria de 1932.