El 23 de octubre de 2006, la sala especial del artículo 61 LOPJ del Tribunal Supremo, encargada de controlar el proceso de ilegalización de Batasuna, decretó un nuevo inventario de «herriko tabernas» en aras de liquidar los bienes de la formación ilegalizada, al entender que éstas formaban parte del entramado financiero del Movimiento de Liberación Nacional Vasco.