Las reformas fundamentales que el proyecto de nuevo Código incluye, van encaminadas a facilitar la distribución de la tierra y la mejor organización del ejido; aclarar los preceptos que organizan la propiedad inafectable, sin disminuir el límite fijado para ello, pues si bien las leyes anteriores señalaban una propiedad inafectable de 150 hectáreas de riego o sus equivalentes, también establecieron que ese límite podría reducirse hasta 100 cuando hubiera necesidades por satisfacer, lo que, durante el actual período constitucional produjo, por el ritmo de las afectaciones de tierras, que quedaran reducidas a esas 100 hectáreas de riego todas las propiedades inafectables; ratificar los derechos de los trabajadores asalariados del campo; permitir que el Gobierno pueda disponer de los excedentes de los volúmenes de aguas restituidos que no utilicen los núcleos beneficiados; fijar las condiciones de acuerdo con las cuales se respetarán los fraccionamientos de fincas afectables; autorizar el establecimiento de ejidos ganaderos y forestales; substituir, en la terminología legal, la palabra parcela por unidad normal de dotación, en virtud de que no se llega a la primera sino mediante el fraccionamiento del ejido, el cual, no debe efectuarse en algunos casos, por las condiciones peculiares de la tierra o por no ser conveniente para alcanzar un mejor nivel económico; reglamentar el funcionamiento de la parcela escolar; incluir en las dotaciones las superficies para fundos legales y los caseríos ocupados por los campesinos beneficiados; aumentar las unidades de dotación a las tribus indígenas y para nuevos centros de población; acomodar excedentes no dotados en las tierras vacantes de los ejidos antes de proceder a formar nuevos centros de población; conferir la organización ejidal a la Secretaría de Agricultura y Fomento, la que puede delegarla en organismos descentralizados de Estado, semejantes al Banco Nacional de Crédito Ejidal; capacitar a las Asambleas Generales de Ejidatarios para el manejo de los fondos de la comunidad, mediante depósito en el Banco Ejidal; y, por último, organizar correctamente la titulación y la resolución de los conflictos de los bienes comunales, que se encuentran en manos de indígenas y que no habían sido reglamentados hasta ahora, pudiendo optar por el régimen ejidal para recibir los beneficios del crédito de Estado.