La práctica específica implica, por un lado, el estudio de las claves lingüísticas de textos tales como contratos, estatutos, leyes, instrucciones al jurado, medidas de alejamiento y otros textos que se usan en el ámbito judicial y, por otro, el peritaje sobre la ambigüedad o posible alteración de determinados textos públicos oficiales (administració del estado/CC.AA) o privados (empresas aseguradoras y otros), circunstancias que pueden causar una situación de desprotección a los usuarios o a las empresas u organismos oficiales que pueden ver demandados sin justificación.