Las asociaciones profesionales y académicas generalmente operan sin interferencia; sin embargo, en el año 2000, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que las ONG que reciban fondos de gobiernos extranjeros o cuyos líderes no sean venezolanos no forman parte de la "sociedad civil" y por lo tanto no pueden representar a los ciudadanos venezolanos en los tribunales o presentar sus propias acciones legales; y que las organizaciones religiosas no son parte de la sociedad civil y están sujetas a las mismas restricciones.