Un real decreto del 25 de diciembre de 1696 dispuso que el gobernador de Huancavelica volviera a ser nombrado por el rey, recayendo el nombramiento subsidiariamente en un oidor de la Audiencia de Lima o del Tribunal de Cuentas de esa ciudad, lo que se mantuvo hasta 1735, ya que desde entonces el rey le nombró un gobernador particular.