En consecuencia, la pregunta que uno debe formularse para poder resolverla jurídicamente es si, aunque no existiera Constitución o ley, a la luz del ius gentium y de los tratados internacionales que tienen su base en la vieja sabiduría del Decálogo y en toda la herencia occidental a partir de Grecia –como lo dijeron tantos magistrados en los juicios de la verdad-, una persona imputada, sospechada o requerida, pero no condenada, por delitos de desaparición forzada o de lesa humanidad, puede ser funcionaria de un Estado de Derecho e incorporarse a una Cámara legislativa de la Nación.