En tales circunstancias, la Corte Suprema debió determinar si tal abocación lesionaba el principio de los jueces naturales, dando a este interrogante una respuesta negativa, por considerar que, aún cuando la perpetuatio iuridictionis fuese exigencia comprendida en la garantía de los jueces naturales –lo cual tradicionalmente había sido desestimado por el Alto Tribunal- una interpretación razonable de la noción a la que se refiere la máxima latina impedía darle la extensión que le atribuía el apelante (Fallos: 306:2101, especialmente considerando 16).