Los países firmantes, asimismo, se obligan a hacer respetar sus respectivas legislaciones, para lo cual se llevarán a cabo las medidas gubernamentales que para tal efecto se juzguen pertinentes como son, entre otras; nombrar y capacitar inspectores, requerir registros e informes, proveer y alentar el uso de servicios de mediación, conciliación y arbitraje, así como iniciar de manera oportuna procedimientos para aplicar sanciones y soluciones adecuadas por violación a su legislación laboral.