A raíz del escándalo desatado por DFRE en noviembre de 2008, el gobierno decretó un estado de emergencia social y bajo este emitió decretos autorizando a la Superintendencia de Comercio para intervenir y cerrar empresas que se consideran sospechosas de captar dineros del público, prestar dinero a usura o lavar dinero, entre otros delitos financieros, además de aumentar drásticamente las penas para este delitó.