Al respecto, si bien no puede ignorarse que diversas normas (leyes 23.492, 23.521 y decreto 1002/89) han acotado el ejercicio de la acción imposibilitando la aplicación de sanciones a quienes resultaren responsables de tales hechos (debe dejarse a salvo la posibilidad de que se configure algún caso excluido de las prescripciones de aquellas leyes - artículo 5 ley 23.492 y artículo 2 de la ley 23.521-), ello no obsta a satisfacer la obligación de investigar el destino final de los desaparecidos entre 1976 y 1983, descubrir la realidad de lo sucedido y de esta manera dar respuesta a los familiares y a la sociedad.