Se establecía que todos los orientales, al margen del bando que se hubieran alineado, tendrían los mismos derechos; que Oribe quedaba en libertad y podría disponer de su persona; que los actos del Gobierno del Cerrito se considerasen legales a todos los efectos, y que el nuevo gobierno a ser elegido asumiría las deudas contraídas por aquél.