24 horas antes del concierto y con 2.000 entradas vendidas, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, a través de su Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de Política Interior, decretó la prohibición del concierto argumentando que «[el concierto vulnera] los valores y normas de convivencia propugnados en nuestra Constitución».