A comienzos de los años 1960 patrocinó los intereses del Estado de Cuba ante la justicia estadounidense, defendiendo las nacionalizaciones emprendidas por el gobierno de Fidel Castro, basando su línea argumental en la imposibilidad que los tribunales norteamericanos se avocaran a revisar actos soberanos de Cuba, obteniendo en definitiva un pronunciamiento favorable por parte de la Corte Suprema.