Dado que la sucesión no estaba garantizada, que el sistema legal —el Derecho romano— era un cuerpo de leyes de índole civil y no constitucional (y por tanto no suponía garantía alguna respecto a la administración del poder, que estaba organizada por derecho consuetudinario según el "mos maiorum", que el propio establecimiento del principado había violado), y que el propio principado del emperador dependía en gran medida de la capacidad de éste para mantenerse en el poder, cualquier debilidad por parte del emperador podía ser aprovechada por quien tuviera los recursos necesarios para derrocarlo y hacerse con el poder.