El 17 de mayo de 2005 mediante Ley 3058 se aprobó en Bolivia la ley de hidrocarburos en medio de protestas sociales por la libre interpretación que producía el inciso d del artículo 57 de la misma, ya que no especificaba los montos que se debían redistribuir entre: el Tesoro de la Nación, los pueblos indígenas y originarios, las comunidades campesinas, municipios, universidades, fuerzas armadas y la policía.