El nuevo Cabildo creó entonces una junta de vigilancia encabezada por Lucas Obes que, el 19 de mayo, dictó un bando draconiano por el cual se establecía que todos los españoles debían pasar, en un plazo de tres días, por la sala de Junta a consignar su nombre y demás datos; sólo si era expresamente autorizado por el organismo podía un ciudadano español seguir residiendo en la ciudad, de lo contrario debía emigrar y perdía todos sus bienes.