Tras la muerte de la reina María Cristina en 1929, la finca fue heredada por el rey Alfonso XIII y posteriormente expropiada por el Estado en 1931 con el advenimiento de la II República, pasando a manos del Ayuntamiento de San Sebastián en 1933 con la condición de que sirviera de residencia de verano para el Presidente de la República y que parte de sus dependencias fueran empleadas con fines educativos y culturales.