En la Constitución de 1925, se estableció en su artículo 39, inciso 2º que la Cámara de Diputados podía «con el voto de la mayoría de los Diputados presentes, adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República», explicitando que los acuerdos u observaciones que adoptara la Cámara «no afectarán la responsabilidad política de los Ministros y serán contestados por escrito por el Presidente de la República o verbalmente por el Ministro que corresponda».