En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, con un cuerpo jurisdiccional para la calificación electoral, y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.