Con el propósito de que el crédito alcance al mayor número de personas y de las que las instituciones operen en situación tal que la diversificación de su cartera se traduzca en una mayor garantía de los ahorradores, se autorizó a la Secretaría de Hacienda para que, mediante reglas generales determine el monto máximo de los créditos que las instituciones puedan otorgar a personas o grupos que, por sus nexos patrimoniales, puedan constituir riesgos comunes.