La política de protección al consumidor tiene el objetivo de mantener el bienestar general de la población: sin embargo, esto no siempre es posible en virtud de que no existen las disposiciones jurídicas vigentes para apoyar a esta gente que ha sido lesionada en sus intereses, justificando entonces la intervención del Estado, a través de una Procuraduría que defienda y vigile los derechos de los consumidores.