Las dimensiones del hecho fueron estimadas por el proceso judicial posterior, a cargo de Pedro Martínez, que además de condenas de cárcel y destierro (no queda claro en los documentos si hubo sentencias de muerte), impuso multas cuya cuantía fue negociada directamente entre el rey y el ayuntamiento en 1395, concretándose en la enorme cantidad de 40.000 doblones de oro para la cámara real, considerando que era el rey (y no los judíos) el que debía ser resarcido «por el robo e entraimiento e destruicion de la mi judería e castillo della».