Es preciso recordar que los acuerdos de paz son muy específicos al respecto: mientras se subraya que la prestación de servicios sociales puede darse por medio de entidades públicas y cuando sea necesario por entidades mixtas o privadas, el Gobierno se compromete a fortalecer el papel rector del Estado en la materia, desarrollando el marco normativo para la prestación de estos servicios y supervisando su cabal cumplimiento.