Incluso si, como documentó en 1977 Jimeno Jurío, existieron coacciones y votos opuestos que iban en contra del mandato favorable otorgado por algunos ayuntamientos (se produjeron reclamaciones denunciando la ilegalidad y nulidad de procedimienteos y resultados, que no fueron atendidas, dándose el resultado que se dio por definitivo), el rechazo del Estatuto era fruto de la falta de entusiasmo del carlismo, una vez que se excluía la cuestión religiosa y de la división que causaba el Estatuto conjunto tanto entre las derechas como en las izquierdas (en general, la Ribera se había pronunciado en contra del Estatuto).