A partir de mediados y finales de 1990 los centros financieros extraterritoriales, como Dominica, fueron objeto de una creciente presión de la OCDE relacionados con sus regímenes fiscales supuestamente perjudiciales para el entorno global, donde la OCDE deseaba impedir que los regímenes que favorecían las bajas tasas impositivas tuviesen ventajas frente al mercado onshore