El resultado fue que las empresas obtuvieron mediante actos de corrupción, concesiones excesivamente ventajosas y perjudiciales para los usuarios y el Estado, con plazos muy largos y tarifas muy altas, que además utilizaron casi con exclusividad centrales termoeléctricas consumidoras de hidrocarburos, evitaron electrificar el campo y bloquearon el desarrollo de la energía hidroeléctrica.