El 30 de diciembre de 2016 Mauricio Macri, la vicepresidente Gabriela Michetti, así como otros funcionarios del gobierno argentino, fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la eventual comisión de los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones (artículo 174 inciso 5 del Código Penal), administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del Código Penal) en perjuicio al erario público, como partícipes de la firma del Memorándum con Catar de noviembre de 2016, creando un fondo de inversión por 1.300 millones de dólares estadounidenses, con una «estructura offshore», para la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.