Ambas acciones, la venta de armas a Irán y la financiación de la Contra nicaragüense, intentaron evitar las limitaciones que tanto la propia política de la administración del gobierno de Estados Unidos como su Congreso, a través de la conocida como «enmienda de Boland» habían hecho públicas, bajo la argumentación que se podían buscar fondos provenientes de los sectores privados y de otros países para la consecución de sus fines por parte del presidente (o en este caso la administración).