Parte de la deuda con las Administraciones Públicas lleva arrastrándose desde el ejercicio 2002/2003, cuando, como consecuencia de una inspección de Hacienda, la Agencia Tributaria levantó una serie de actas por distintas declaraciones irregulares del Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los períodos comprendidos entre 1995 y 1999, cuando se encontraban al frente de la sociedad Jesús Gil y Enrique Cerezo, como presidente y vicepresidente, respectivamente.