Con soporte en esa disposición adicional primera de la Constitución que amparaba los derechos históricos de los territorios forales, el gobierno de Adolfo Suárez reimplantó por real decreto de enero de 1979 las juntas generales de Álava como órgano representativo supervisor de las actividad de las Diputación Foral de Álava, fijándose la democratización de su composición en las elecciones municipales de 1979 sobre la base de la división del territorio alavés en 18 circunscripciones o "hermandades" históricas y la regulación de un sufragio indirecto de los procuradores de las juntas, que no serían elegidos por los ciudadanos, sino por los concejales de los distintos municipios alaveses.