Esta política de expropiaciones está considerada por Chávez una profundización de la revolución bolivariana, pero algunos sectores la han calificado de inconstitucional, y la acusaron de, en la práctica, no dar a las personas (quienes en muchos casos, no eran personas jurídicas sino simples empresarios agricultores y ganaderos) la opción de vender a un precio justo.