El presidente goza de un aforamiento político; se trata de un fuero especial que poseen los miembros de las cámaras legislativas por el cual solo pueden ser juzgados por delitos cuya jurisdicción corresponde al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) o a la Sala Penal del Tribunal Supremo en el caso de que el presidente no se encuentre en la comunidad autónoma.Ahora bien, el aforamiento se pierde —exceptuando la inviolabilidad de las opiniones vertidas— cuando el presidente abandona el Consulado de Mar o la cámara, lo que permitió que Cañellas y Matas pudieran ser procesados por los Juzgados de lo Penal de Palma de Mallorca.El régimen jurídico del presidente balear, así como el sistema de su elección y demás atribuciones se rigen por una ley, aprobada por el parlamento mediante mayoría absoluta en el año 2001.