La abolición del trámite inicial de conciliación, que retardaba sin fruto la persecución de las demandas civiles y equivalía en muchos casos a una denegación de justicia; la obligación impuesta a los jueces de fundar las sentencias; la determinación de las competencias entre las varias judicaturas, bajo reglas sencillas y precisas; las disposiciones de la ley de 29 de marzo de 1837 dirigidas a precaver la colusión o criminal indulgencia de los jueces y de los encargados del ministerio público; las relativas al cómputo del tiempo en las penas, a las visitas de cárcel, a las atribuciones judiciales de los subdelegados e inspectores, al despacho de los tribunales y juzgados, al método de subrogación para llenar el número necesario de ministros en aquéllos, a la creación de nuevos juzgados de letras y de comercio, y de un consulado en Valparaíso, a la sustanciación y decisión de los pleitos hasta cierta cuantía en los consulados de la República, y a otros varios objetos más o menos urgentes, forman a mi parecer un cúmulo de providencias benéficas, que han mejorado evidentemente la organización judicial y han hecho más expeditas las funciones de la magistratura.