Es arbitraria porque tras 45 años de derechos sindicales denegados a los trabajadores bancarios por el Estado, en ningún momento se consultó a los propios trabajadores sobre sus preferencias en materia de organización sindical; el Ejecutivo en este caso procede con el mismo desdén a la voluntad de los trabajadores, atribuible a los banqueros privados, como si aquéllos, los trabajadores bancarios, fuesen menores de edad, incapacitados para decidir por sí mismos.