Lo que hacía la ley de Congregaciones era desarrollar los artículos 26 y 27 de la Constitución: reglamentaba el culto público católico; suprimía la dotación de «culto y clero» del Estado; nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico (templos, monasterios, seminarios, etc.) aunque quedaban a disposición de la Iglesia; y por último, establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1º de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933.