En contraparte, el gobierno mexicano expresó sus condiciones, las compañías petroleras deberían reconocer al Estado mexicano como el único y exclusivo propietario del petróleo; tanto la explotación como la distribución en el mercado nacional sería tarea exclusiva del gobierno mexicano; una vez cubierta la demanda interior, el excedente sería puesto a disposición de las compañías petroleras como pago por concepto de la indemnización.