10, de la ley 23.049, en sus párrafos finales, agregados en el debate en el Congreso, previó la posibilidad de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no resultara organismo idóneo para el juzgamiento de los hechos a que tal artículo se refiere y estableció un poder de control de las Cámaras Federales sobre la actividad de dicho consejo, correspondiendo a aquellas la facultad de abocación en las causas mencionadas.