La propuesta de ley (que sería elaborada por la COCOPA, una comisión de legisladores de las dos cámaras federales y del congreso local) significaría, entre otros aspectos, el reconociendo constitucional a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público, brindando la posibilidad de que por primera vez en la historia del llamado México Independiente los pueblos indígenas pudieran elegir libre y democráticamente a sus representantes, como lo venían haciendo otros sectores de la población, entre otros aspectos del reconocimiento del derecho indígena.