El 20 de febrero del 2002, el papa Juan Pablo II decretó de forma extraordinaria y a partir del 2003, la disponibilidad a investigadores de documentos relacionados con Alemania y entre el período 1922-1939 y de la Secretaría de Estado de la Santa Sede para intentar contrarrestar las críticas de algunas organizaciones respecto a la posición de la iglesia católica con el genocidio de los nazis.