Martínez Fresneda expresó su más enérgica protesta alegando que el traslado era ilegal, puesto que el oro era de exclusiva propiedad del Banco de España, y ni el Estado ni el Gobierno podían disponer de él; además señaló que el oro garantizaba por ley la convertibilidad de los billetes del Banco, y, por tanto, debía permanecer en la caja de seguridad del Banco: