Tanto el Gobierno Federal como los particulares, tuvieron la misma explicable reserva de que las estipulaciones que se convinieran no constituyeran precedentes, reconocimiento ni aceptación que pudieran afectar los derechos de México, por cuanto respecta al Tratado de Aguas del 3 de febrero de 1944 y a los principios generales de derecho, y que las medidas adoptadas se pusieran en vigor durante 5 años, a efecto de poder comprobar si la experiencia confirma o no la opinión de los técnicos sobre su satisfactorio resultado.