Esta situación derivó en costos económicos y sociales muy elevados: costos fiscales elevados para el gobierno, altos costos de producción e incertidumbre para los consumidores industriales como resultado de las interrupciones en el servicio, altos costos para los consumidores industriales y residenciales por la generación pública y privada de energía, y creciente inestabilidad social, incluyendo el incremento en la tasa de delitos como consecuencia de los frecuentes apagones y los cortes en los servicios públicos básicos (por ejemplo, hospitales, clínicas y escuelas).