En 1956, tras colaborar con el derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, el arzobispo guatemalteco Mariano Rossell y Arellano logró que en la constitución se incluyera la autorización a la Iglesia católica de tener propiedades, de que el Estado apoyara la educación católica y de que la iglesia poseyera una universidad, por primera vez desde que las órdenes regulares fueron expulsadas de Guatemala en 1872.