Así han mantenido la exigencia que el caso debe ser reabierto para ser investigado en la jurisdicción civil y dictar nueva sentencia en consideración que hubo un fraude a la justicia y se incumplió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 18 de enero de 1995 ordenó sancionar a los responsables e indemnizar a los familiares de las víctimas y a los dos sobrevivientes.