En conclusión, el Estado Mexicano debe velar por la autonomía universitaria, no sólo respetarla; pero también es su obligación respetar y hacer respetar nuestras instituciones y cuidar el régimen jurídico en que vivimos, y del que, a su vez, forma parte el orden jurídico interno de las universidades, así como encauzar las diferencias dentro de la Ley e impedir que la soberanía nacional pueda ser mediatizada por actos de violencia externos o internos.