La Iglesia católica se posicionó, a través del secretariado de la Conferencia Episcopal Española, en contra del Plan Ibarretxe por considerarlo ""moralmente inaceptable, insolidario, excluyente, por entender que tiene tintes totalitarios, impone el culto a la nación y antepone sus aspiraciones políticas a los derechos de las personas"" Otros obispos, como el de San Sebastián, Juan María Uriarte, se desmarcaron de dicha opinión y consideraron el citado documento como "no vinculante".