La iniciativa define claramente las facultades del Ejecutivo para regular el comercio exterior previstas en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las atribuciones de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, particularmente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, lo que se traduce en un marco más transparente que deriva de la fracción X del artículo 73 de la misma Constitución y se propone establecer la política comercial del país.