Ante esta situación, el Poder Ejecutivo Nacional consideraba indispensable aplazar temporalmente los planes de inversión previstos (en su mayoría sin principio de ejecución), ratificándose además la suspensión de los incrementos tarifarios dispuestos para el 1º de enero de 2002, establecidos en las Addendas aprobadas mediante los decretos 104 y 167 del año 2001.