A principios de 1973, todos los sacerdotes católicos y protestantes, extranjeros o no, fueron puestos bajo arresto domiciliario, iniciándose igualmente una persecución de los creyentes en esas religiones, bajo la forma de delito de subversión, castigado con una multa de 1.000 pesetas guineanas y la obligación de hacer una declaración afirmando que "“Dios no existe”".