La sentencia, de hecho, ordenaba la destrucción o devolución de las pruebas recabadas durante la instrucción del proceso: los efectos personales serían devueltos a sus propietarios en el momento en que habían sido incautados (incluidos medicamentos, dinero en metálico, documentación impresa, teléfonos y los ordenadores y discos duros cuyo contenido seguía sin conocerse), mientras que serían destruidas las bolsas de sangre y todas las copias de la documentación intervenida (tanto la impresa como el material informático que pudiera haber sido volcado durante la investigación).