Ante la gravedad de la situación económica (recesión y paro, que no dejaron de incrementarse) y la urgencia de controlar el déficit público (cuyas cifras se desviaban notablemente de las declaradas hasta entonces, llegando a superar el 8 % del PIB), el nuevo gobierno del Partido Popular decidió subir los impuestos (IVA e IRPF), incrementar los "recortes" (reducción del gasto público en todas las partidas del gasto, incluyendo dependencia, sanidad, educación, investigación y desarrollo, etc.) e impulsar las "reformas" (particularmente la del mercado laboral —reducción del coste del despido y de la aplicación de los convenios—).