El 10 de julio de 2018, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerda declarar en rebeldía los procesados fugados y ha aplicado la suspensión en las funciones y cargos públicos de Carles Puigdemont y de los otros cinco diputados procesados por delitos de rebelión -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez