No obstante, este era más un argumento político que jurídico, ya que en las leyes que rigen la relación de Estados Unidos con Puerto Rico no está contemplado que Puerto Rico tenga derecho a vetar la aplicación de la legislación penal federal en su territorio; de hecho, muchas personas han sido juzgadas y condenadas por la justicia federal por delitos cometidos en Puerto Rico, y el hecho de que en un caso determinado la pena sea de muerte en lugar de prisión no debería implicar ninguna diferencia.