Como parte de la campaña realizada por los detractores del tratado, se presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; paralelamente a esto, los diputados de la oposición solicitaron una consulta a la máxima institución judicial, la cual emitió a través de la Sala Constitucional la Resolución 2007–09469 del 3 de julio de 2007, en la cual se declara que no existen puntos que vulneren la constitución de la república por la aprobación del CAFTA.26