La polémica jurídica entre el fiscal que sostenía que los indígenas eran iguales a los "vasallos de Castilla" y el intendente que afirmaba que estos eran "siervos" por haber sido vencidos en una guerra de conquista, soslayaba lo que era el núcleo del problema: la necesidad de perpetuar en beneficio de propietarios, arrendatarios, azogueros y otros, la apropiación e intensificación de la fuerza de trabajo indígena con bajo o ningún costo, para mantener así la renta minera.