El duque de Béjar Álvaro II de Zúñiga y Guzmán, que había actuado anteriormente como un protector y adalid de los judíos —interesado en el factor de crecimiento económico y demográfico que supuso en el siglo XV la población judía en el señorío de Béjar— cambió su postura a partir del edicto de expulsión, procediendo al embargo de propiedades.