Siendo presidente José Ignacio de Márquez, uno de los actos administrativos que expidió fue el Decreto número 740 del 23 de febrero de 1832, que en su artículo número cinco determinaba «que en Santa Rosa de Viterbo se establezca un tribunal de apelación», en virtud de la amplia geografía de la patria teniendo en cuenta la importancia de los asentamientos humanos y los polos de desarrollo de ese momento.