Esta protección frente a futuras acciones judiciales fue denunciada como ilegal por la Comisión Asiática de Derechos Humanos, instando al Colegio de Abogados y a los jueces, en especial a la Corte Suprema, a perseguir a los implicados por sus acciones y a declarar como no válida -y no aplicar- la nueva Constitución interina, salvaguardando el principio de independencia y separación de poderes.