En defensa se argumentó que el convenio no modificó en ningún modo el alcance del artículo 221 de la Constitución relativo al fuero penal militar, por tanto no tiene fundamento señalar que se debilitó con el Acuerdo el fuero penal militar y que además se garantiza con éste la preservación de la prueba técnico científica es mayor si se tiene en cuenta que hoy un levantamiento de una cadáver, en el marco de una operación militar, se hace en el lugar de los hechos por parte del CTI o de la DIJIN y no en las cabeceras municipales de las poblaciones.