Pese a que algunos han querido equiparalo con el actual "exequatur" internacional por el que los tribunales de un país deben decidir si aceptan o no la aplicación de una resolución extranjera, la realidad es que no guarda ninguna semejanza pues la decisión final sobre la nulidad de la norma no correspondía a los foreros presuntamente lesionados sino, en última instancia, al propio monarca..