Entre las condenas puede recordarse la que se refería a la falta de transparencia de los concursos públicos para la adjudicación de los contratos multimillonarios para la producción de contenidos en las televisiones autonómicas de regiones gobernadas por el PSOE; así, tras la demanda interpuesta por IU se suspendió la emisión de una de ellas al declararse nulo el proceso por el que se le adjudicó a PETSA -la productora de cine y tv del grupo PRISA-, la producción del 100 % de los contenidos, incluidos los informativos del canal autonómico