El proyecto incluía varias medidas, entre las que destacaban: los límites y número de las diócesis se equiparaban con los recién creados departamentos; se suprimía el título de arzobispo; el nombramiento de los obispos y párrocos se realizaría por los mismos electores que nombraban a los funcionarios de los departamentos sin necesidad de confirmación papal; los cargos podrían ser ocupados por personas de cualquier religión, a pesar de ser para un puesto de la iglesia católica; se instituía la obligación de pronunciar un juramento de adhesión a la nación y al Rey en el momento de ser nombrado un cargo eclesiástico.