Dos “legalidades” (ambas igualmente ilegales de acuerdo con el texto constitucional) se enfrentaron: la del gobierno de Manuel Oribe, ejercido sobre todo el país menos Montevideo desde el llamado "gobierno del Cerrito", y la del llamado "gobierno de la Defensa", encerrado en los muros de la capital, que consideraba a Oribe dimitido en 1838 y juzgaba legal la elección de Rivera como tercer presidente constitucional de 1839 y ajustada al derecho su sucesión en el gobierno encabezado por Joaquín Suárez.