En febrero de 2015, se llevó a cabo una investigación por presunto fraude en el pago a jueces y fiscales por parte de la Comunidad de Madrid a través de la empresa Indra en la evaluación de sistemas informáticos para la judicatura, así como a raíz de la investigación en la Operación Púnica, de un pago por parte de la Comunidad a las sociedades de un empresario, Alejandro De Pedro Llorca, implicado en la trama, cuyo cometido era mejorar la imagen pública en Internet de Ignacio González y minimizar, mediante la contrapropaganda, los escándalos políticos en la comunidad.