Por tal motivo, la simple observancia personal de preceptos religiosos (tanto cristianos como islámicos) se consideró como crimen de estado, lo cual impidió a los creyentes adultos transmitir la religión a sus hijos, al instituir la Sigurimi un sistema de delación masiva (inclusive a nivel familiar o laboral) para asegurarse de descubrir y castigar a los aún creyentes.