Se estableció que la ex funcionaria del Departamento de Finanzas de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Franka Grez, autorizó que se cancelaran $200 millones a personas que no eran sostenedores, y que hubo desórdenes financieros en la ejecución de fondos entregados al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para un programa de financiamiento de la educación terciaria del Ministerio.