Esta política contradictoria de la república respecto del orden público culminó con la aprobación por las Cortes Constituyentes de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931 que dotó al Gobierno Provisional de un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia para actuar contra los que cometieran «actos de agresión contra la República», constituyéndose, incluso después de la aprobación de la Constitución de 1931, en «la norma fundamental en la configuración del régimen jurídico de las libertades públicas durante casi dos años de régimen republicano» en que estuvo vigente (hasta agosto de 1933).