Como fundamento de esta determinación, la Secretaría de Gobernación manifestó: que 'varios locales escolares' habían sido ocupados y usados ilegalmente, desde fines de julio último, por distintas personas, estudiantes o no, para actividades ajenas a los fines académicos; que tales locales 'son edificios públicos por ser propiedad de la Nación y estar destinados a un servicio público'; que las personas mencionadas 'casi desde el anonimato' han cometido actos 'francamente antisociales y posiblemente delictuosos'; que 'desatendieron' las exhortaciones del Rector, 'desacatando de hecho su legitima autoridad interna'; que 'arrogándose la representación de todo el magisterio y el estudiantado del país', coaccionaron 'a gran número de maestros y alumnos' y les impidieron laborar normalmente; que las autoridades esperaron 'con toda paciencia' que 'volviera la cordura y se restableciera la normalidad en ese centro de enseñanza superior', pero que eso no ocurrió a pesar del tiempo transcurrido; que las autoridades de la Universidad 'carecen de los medios materiales necesarios para restablecer el orden dentro de sus respectivos planteles' y poder 'regirlos sin interferencias ajenas y con plena autonomía'; que 'constitucionalmente es facultad y obligación del Gobierno Federal, mantener el orden jurídico general, que incluye el orden interno universitario en todo el territorio nacional, del que también la Universidad es parte integrante'; que 'por lo tanto hubo necesidad de hacer uso de la fuerza pública para desalojar' los edificios universitarios y hacer entrega de ellos a los funcionarios correspondientes 'a la brevedad posible', para restablecer la autoridad interna y salvaguardar la autonomía universitaria, ahora sí violada por quienes han interferido en el ejercicio de las facultades de sus órganos de gobierno impedido el cumplimiento de la elevada función pública que tiene nuestra máxima Casa de Estudios'.