Ante la inexistencia de un cuerpo normativo que delimite jurídicamente a las organizaciones religiosas fuera de la católica en la legislación costarricense la Sala Constitucional estableció que todas las prohibiciones constitucionales aplican solo al clero católico, y por tanto no aplica a ministros religiosos de otras confesiones que pueden ser por tanto candidatos a presidente y vicepresidente, ministros y si fuera el caso magistrados (aunque ésto último nunca ha sucedido).