La Constitución de 1931 también recortó de forma crucial la influencia económica de la Iglesia católica y las órdenes religiosas en España: pasaron a ser consideradas como «asociaciones sometidas a una ley especial»; se les retiraba toda subvención o ayuda por parte del Estado, las regiones, las provincias y los municipios; se disolvía cualquier orden en la que se prestara voto de «obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado» (como en la Compañía de Jesús, en que se presta voto de obediencia al papa); se les prohibía dedicarse a la industria, al comercio, o acumular más bienes de los considerados necesarios para sus fines; y se les obligaba a pagar impuestos y declarar anualmente sus ingresos y bienes.