El conflicto adquiere carácter internacional cuando el 19 de marzo de 2010, un grupo de padres presenta una demanda colectiva en nombre de 300 objetores a Educación para la Ciudadanía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia) en la que piden la concesión de medidas cautelares que eximan a los alumnos objetores de asistir a estas clases y de ser evaluados.