La Ley de Emergencia económica aprobada en noviembre de 2000 había dispuesto, con fundamento en la grave situación en que estaban las finanzas del país, la caducidad de todos los contratos del Estado, salvo aquellos que fueran renegociados en un plazo que vencía el 21 de mayo de 2001 con la pauta de hacerlo con un "esfuerzo compartido", esto es que tanto el Estado como las empresas debían ceder posiciones.