En la ley de separación de la Iglesia y el Estado (Loi de séparation des Églises et de l'État) de 1905, las colectividades y el Estado tenían la responsabilidad de los edificios religiosos, pero algunas comunas se negaron a hacerse cargo de algunos de estos edificios que no consideraban como de «interés nacional», mientras que otras no dudaron en vender su patrimonio en subastas, lo que causó escándalo y reveló las debilidades de la legislación de 1887.