Todas las inversiones efectuadas dondequiera que los activos en efectivo de los ciudadanos de las Altas Partes Contratantes, incluidas las empresas y asociaciones en las que interesan a dichos ciudadanos, por las personas responsables de la administración de los bienes del enemigo o tener el control de esa administración, o por orden de esas personas o de ninguna autoridad deberá ser anulada.