El 24 de septiembre, en respuesta a un juicio intentado por la ONG PROVEA, la Defensoría del Pueblo defendió su derecho de rehusarse a revelar información sobre los casos de abuso de derechos humanos, en virtud de que protegía el derecho a la privacidad de las víctimas, y que no tenía responsabilidad legal de suministrar información a PROVEA.