En 2004, el gobierno chino continuó arrestando y encarcelando a activistas, a personas que debatían libremente en Internet, a abogados de disidentes y desposeídos, a activistas que participaban en cuestiones del VIH/SIDA, a periodistas que informaban sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), a intelectuales que expresaban su posición política, a personas que asistían a ceremonias religiosas en viviendas y a trabajadores que manifestaban por sus derechos.