En 2013 se vinculó a Editorial Perfil, de su propiedad con un presunto espionaje a funcionarios del Gobierno nacionalen una causa penal que fue sobreseída en 2016 al considerar los camaristas que el invocado espionaje no era una violación de secretos de Estado a tenor de la Ley de Espionaje, destacándose que los correos electrónicos interferidos no contenían información susceptible de ser considerada secretos de Estado, bajo la citada ley.