A pesar de comenzar a publicarse los presupuestos a partir de 2011, se ha criticado que no se incluyen los gastos de seguridad, de los viajes al exterior, del parque móvil y de personal funcionario, entre otros.Con todo, la Casa del Rey solicitó al gobierno ser incluida en la ley de transparencia «con la mayor apertura posible y sin ninguna restricción»; en dicha ley tiene un estatus equivalente al resto de instituciones del Estado, como el Congreso, el Senado, el Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.