La orden de 1733 de «esta especie de arresto domiciliario» de los príncipes, como la llamó el historiador Pedro Voltes, partió de la reina Isabel de Farnesio, que quería impedir que mantuvieran contactos con los grupos «casticistas» y «contestatarios» de la nobleza castellana y de la corte, que propugnaban una nueva abdicación de Felipe, cuya salud mental continuaba deteriorándose.