Borge, la financiación real de la Ley de Dependencia estaría recayendo, en su mayor parte en el Estado, con un 54,77% en total, así como en el copago de las personas en situación de dependencia, un 28,73%, mientras que las Comunidades Autónomas estaría incumpliendo su obligación de cofinanciarla a partes iguales con el Estado, al estar aportando tan solo un 16,5%.