De acuerdo con el artículo 104 de la Constitución, el Ministerio fiscal será organizado y nombrado por el Estado Español, sin perjuicio de que la Región encargue el mantenimiento de la competencia y defensa de los intereses de sus órganos autónomos ante los tribunales de todo orden de la Región autónoma, a uno o diversos letrados, a los que promoverá la acción pública.