Ambos partidos consideraban injusta esta situación: los colorados, por un lado consideraban que por ser el gobierno electo, debían tener autoridad sobre todo el territorio nacional, y los blancos por otro, consideraban que su marginación política del gobierno central se debía a las condiciones de fraude sistemático en que se daban las elecciones nacionales, por lo que reclamaban la depuración de los registros civiles, mayores garantías para el voto y representación proporcional, entre otras reivindicaciones de carácter político.