Con la aprobación y apoyo de la Corte Suprema de Justicia, del Presidente de la Sala Séptima de Apelaciones de Quetzaltenango y de las Fiscalías de Totonicapán y Quetzaltenango, desde noviembre de 1997 el proyecto desarrolla un programa de apoyo técnico para los intérpretes en funciones, que busca reforzar la implementación de los servicios lingüísticos en derecho procesal penal y desarrolla un programa de sistematización de la demanda de traducción.