Bajo el lema "contra la erradicación de la coca, para la estatalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente", en febrero de 2003, el MAS, junto a otras organizaciones sindicales y civiles, se opuso frontalmente al llamado "impuestazo", el nuevo gravamen directo, progresivo y no deducible, de hasta el 12,5 %, con el que el gobierno esperaba recortar el déficit fiscal.