Se prohibió al Encargado del Registro Público de la Propiedad el registro de toda clase de operaciones que fueren consecuencia de actuaciones judiciales en suspenso; de aquellas que modificasen de algún modo la propiedad raíz sin la autorización previa de la Secretaría, la cual para conceder esas autorizaciones, tenía en cuenta las listas de bienes intervenidos que le eran remitidas por las autoridades facultadas para verificar intervenciones, y las operaciones de igual clase sobre la propiedad raíz, en las cuales el enajenante fuese mexicano y el adquiriente extranjero sin la propia autorización de la misma Secretaría.