El Tribunal Supremo de Justicia decidió que el gobernador Rosales estaba obligado a dejar la gobernación del Zulia para ser candidato presidencial, basándose en el artículo 229 de la constitución nacional de 1999 aunque no de manera absoluta, sino autorizado temporalmente por el Consejo Legislativo del Zulia, por lo que en caso de que este perdiera las elecciones presidenciales pudiera resumir la magistratura del estado nuevamente.