A Beltrán ""le parecía inconstitucional que los actores armados ilegales pagaran por sus masacres una pena menor que la de una persona normal que sólo ha cometido un homicidio"", mientras que a los otros seis magistrados les parecía que ""la pena alternativa de 8 años estimulaba la colaboración de los victimarios con la justicia, lo cual contribuiría a satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación"".