En el caso de algunas Comunidades Autónomas españolas, la legislación del suelo autonómica ha convertido al agente urbanizador (promotor inmobiliario) en beneficiario de las plusvalías obtenidas con estas recalificaciones en perjuicio de los propietarios, pero, independientemente del sistema previsto por cada comunidad, durante la burbuja inmobiliaria 1997 – 2007 ha sido habitual la recalificación de suelos, de acuerdo con convenios urbanísticos que justificaban supuestas modificaciones puntuales del planeamiento o con revisiones ad hoc del planeamiento, para beneficio de empresas promotoras de grandes actuaciones urbanísticas que adquieren los terrenos con el propósito de su recalificación, y en última instancia, también para beneficio de las entidades financieras.