Instruido así de todo ello por las Cortes celebradas en Ocaña en 1422 a petición de los procuradores de las Ciudades y Villas que concurrieron a ellas, en la suplicación doce, ordenó que el gobierno de los pueblos corriese solo a cargo y dirección de los regidores y justicias prohibiendo a las personas principales que favoreciesen a la plebe con su poder a fin de introducirse en los Ayuntamientos, para cuyo remedio concedió la facultad a los alcaldes y justicias de proceder a su castigo y contener los expresados excesos y alteraciones.