Ello no se refiere exclusivamente a los aspectos jurídico-penales y policiales de la actividad estatal, sino que incorpora el ejercicio de los deberes y derechos políticos, económicos, sociales y culturales, el adecuado funcionamiento del sistema de administración de justicia y el respeto a los derechos humanos, los que completan una unidad indispensable en un genuino estado de derecho.