En 2013, se abrogó la "Ley de Amparo" de 1936, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, creándose una nueva Ley de Amparo y reconociendo expresamente la procedencia del juicio de amparo en contra de actos positivos, negativos y omisivos no sólo en contra de actos de autoridad, sino también en contra de actos de particulares que actúen como autoridades cuando se reclame o estime la violación de un derecho humano reconocido tanto en la Constitución Mexicana, como en los Tratados Internacionales.