En resolución del 3 de marzo de 1835, se dio potestad al presidente de Estados Unidos para buscar negociaciones con América Central y la Nueva Granada en busca de una ruta que abriera el tránsito Atlántico-Pacífico, con un ánimo de universalidad de navegación por parte de todas las naciones, estipulando unos peajes razonables, para remunerar a las corporaciones privadas que desearan emprender la tarea de construcción de la infraestructura necesaria para tal cometido.