Esta norma regulaba la construcción de las grandes líneas y establecía como cometido público estatal otorgar la construcción y explotación de a las empresas concesionarias, estando entre ellas la de Madrid a Irún, pasando por Valladolid: para dotar cuantos antes de líneas férreas aquellas zonas que estaban reclamando con urgencia las necesidades de la industria, la agricultura y del comercio.