En ningún caso el Gobierno ha intervenido en la organización sindical para influir en la designación de sus gestores y representativos, sino que por el contrario ha respetado enteramente la libre esfera de la competencia interna que la ley garantiza a las sociedades obreras, sin duda por entender justificadamente que el Estado debe abstenerse de toda intromisión en la vida orgánica de las mismas.