Esto también fue rechazado por el gabinete británico, así como otros gobiernos de los Dominios, cuyas opiniones se solicitaron de conformidad con el Estatuto de Westminster de 1931, que prevé, en parte, que «cualquier alteración en la ley que afecte la sucesión al trono o los títulos o tratamientos reales en lo sucesivo, requerirá del consentimiento de los Parlamentos de todos los dominios, así como del Parlamento del Reino Unido».