El Consejo General del Trabajo social, que representa a fecha de hoy a 40.000 trabajadoras/es sociales en España, formuló alegaciones y enmiendas a la Ley, advirtiendo de los peligros de su aprobación al suponer un desmantelamiento de los Servicios sociales públicos, la pérdida de garantía de servicios y prestaciones en los sectores más vulnerables de la sociedad, y el incremento de la desigualdad, la exclusión social y la fractura de la cohesión social.