Mientras que por otra parte, se cuestionó la débil plataforma jurídica sobre la cual se basó el proyecto, que lesionaba el derecho al patrimonio familiar (inembargable, inalienable e imprescriptible, según las leyes mexicanas), y que prometía públicamente anticipadamente réditos económicos importantes para el sector empresarial, a cambio de un pago que resultaba insuficiente para que cada familia residentes pudiera restituir su vivienda, o tuviera una alternativa de desarrollo que lo incluyera como sujeto activo del proyecto.