La corte arbitral consideró que no era parte de su tarea pronunciarse sobre cuáles podrían haber sido los derechos de las partes en base al "uti possidetis juris" de 1810, en primer lugar porque esos derechos se suponían alcanzados y superados por el régimen impuesto por el Tratado de 1881, y en segundo lugar porque previo a la firma del tratado ambas partes reclamaban los mismos territorios en virtud del mismo principio.