El gobierno reaccionó con extrema dureza: se sancionó el estado de sitio, fueron arrestados centenares de dirigentes, se cerraron los diarios sindicales, y se sancionó la Ley de Defensa Social, que extendía las restricciones de la Ley de Residencia, habilitando al Poder Ejecutivo a arrestar indefinidamente a cualquier sospechoso de adherir al anarquismo.