Al final de su mandato la Fiscalía Anticorrupción disponía de cuarenta fiscales, repartidos entre una sede central, con un amplio edificio propio, y una docena de Fiscalías Delegadas, en Baleares, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Valencia, Sevilla, Castellón, Alicante, Almería, Cádiz, Murcia y Cataluña, además de potenciarse los cuatro equipos de apoyo de que disponía la Fiscalía, procedentes de la Intervención General del Estado, la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil.