El 9 de febrero de 2005 el Congreso sancionó la ley 26.017 o «Ley Cerrojo», prohibiendo al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo que implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y de efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos sujetos al canje.