De este modo, concluyó el reconocimiento del catolicismo como religión oficial del Estado, renunciando este al derecho de patronato que había heredado desde la Independencia —sin la aceptación de la Santa Sede— y consagrando una amplia libertad de culto, Sin embargo, la iglesia sigue teniendo influencia en los asuntos públicos, como en la determinación de los feriados religiosos del país o el artículo 586 del Código Civil, que ordena que «las cosas que han sido consagradas para el culto divino, se regirán por el derecho canónico».