En tiempos del presidente Máximo Santos se producen algunos conflictos entre Iglesia y Estado, que tuvieron sus puntos más álgidos con la aprobación en 1885 de la "ley del matrimonio civil obligatorio", que establecía incluso pena de prisión para el sacerdote que presidiera la celebración religiosa sin previo matrimonio civil y la "ley de conventos", que supeditaba la erección futura de las casas conventuales a la autorización del Poder Ejecutivo y establecía diversas formas de intervención de éste en la vida de las comunidades religiosas.