Para realizar el segundo punto de la política agraria, se expidió el decreto de 6 de enero de 1915 por el cual se declararon nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856; todas las concesiones y ventas de tierras, aguas y montes hechas por las autoridades federales, desde el 19 de diciembre de 1876, hasta la fecha del decreto, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos; e igualmente todas las diligencias de apeo o deslinde practicadas durante el referido período de tiempo, y con las cuales se hayan despojado a los pueblos de sus tierras, aguas y montes.