Mediante esta venta, que salió adelante con los votos a favor de PNV, PSE y PP, se pretendía que la compañía resultara más atractiva para posibles inversores al pasar a contar con una red propia, entendiendo que el Ejecutivo ya había cumplido su labor en la liberalización del sector de las telecomunicaciones en el País Vasco; la izquierda abertzale, entonces representada por Aralar y EA, se opuso argumentando que significaba la pérdida de una red "pagada con los impuestos de todos los ciudadanos".