Los alegatos para las sanciones contra funcionarios venezolanos, según el departamento de Estado de Estados Unidos recogen: «erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa» y se aclaró que las sanciones no van dirigidas al país o población en general, sino «de forma específica contra "individuos" de ese país que están atentando gravemente contra los derechos humanos y las libertades de la población».