El Defensor del Pueblo andaluz está, por tanto, sujeto a este reglamento, según lo confirmado por el artículo 128-3 del Estatuto de Autonomía y la Ley 36/1985 sobre las relaciones entre el Defensor del Pueblo y sus homólogos de cada comunidad autónoma.Ley Orgánica 36/1985 del 6 de noviembre de 1985.