Desde colectivos conservacionistas, como Mutriku Natur Taldea, critican la escasa protección brindada al yacimiento y la muy débil postura de las instituciones en su defensa, así como la indemnización de 18,4 millones de euros que el gobierno vasco dio a la empresa que explota la cantera para compensar los perjuicios a su actividad que podría ocasionarle el decreto que calificaba a Praileaitz como bien cultural calificado.