Antes de iniciar sesiones, la Asamblea Nacional del período anterior había aprobado una Ley Habilitante, que autorizó al Presidente de la República a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en materia económica, social y financiera por un período de 18 meses, sobre la base de lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de 1999.