En el derecho comparado, por su inoperancia, la tendencia apunta a restringir la denominada acción popular dentro del proceso penal, limitándola sólo a los casos en que se ven afectados intereses difusos, surge de esta forma el concepto de querellante colectivo, figura que permite que no sólo las personas individuales puedan asumir el papel de acusadoras sino también instituciones, fundaciones o asociaciones de ciudadanos.