La intención de las instituciones vascas era dar entrada a inversores privados en el accionariado definitivo de la operadora Euskaltel (manteniendo no obstante el ejecutivo autonómico la propiedad de la red de Euskalnet), de manera que la suma de administraciones pública y cajas de ahorro supusiera el 51% y el restante 49% fuera de propietarios privados.