Ese mismo año, el presidente hizo aprobar una nueva ley de partidos político que elevaba el porcentaje de votos necesario para tener representación parlamentaria al 7 %, llevó a cabo una reforma del Consejo de la federación estableciendo que sus miembros sean designados y no electos, se reservó la capacidad de cesar a los gobernadores acusados de algún delito y disolver los congresos locales cuando tramitasen alguna ley que fuera contra la Constitución o las leyes federales.