Desde el comienzo de la República, se había iniciado en Chile una larga disputa entre la Iglesia y el Estado; sin embargo, a mediados del siglo XIX, el ejercicio por las autoridades chilenas de prerrogativas respecto de la Iglesia —como el derecho de patronato que reclamaba el Estado de proponer a la Santa Sede los candidatos a obispos y otros cargos eclesiásticos— originó una cada vez mayor oposición de parte de la jerarquía eclesiástica.