En consecuencia, cometerá delito público electoral: el gobernador que, sin requisición de la junta envie al recinto jurisdiccional de ella, fuerza armada o aprehenda algún elector sin su consentimiento; la junta que, sin llegar un caso estremo, use de la fuerza puesta n sus órdenes; la autoridad militar que, hallándose dentro de los 150 metros jurisdiccionales, desobedezca las órdenes del presidente de la junta o compela a asistir al cuartel, el di3 de las votaciones, a los individuos calificados de la guardia cívica; el presidente que, sin acuerdo de la junta, haga liso de la fuerza armada; i finalmente, los consejeros de estado que debiendo fallar un reclamo de nulidad no lo hubieren hecho dentro del termino que el artículo 90 les fija.