En abril de 2015, la Agencia Tributaria denunció ante la Fiscalía Anticorrupción una supuesta red de comisiones de Iberdrola y otras eléctricas a políticos y altos cargos de Castilla y León, todos pertenecientes al Partido Popular (PP) por un valor estimado en 110 millones de euros para la autorización rápida de parques eólicos en la comunidad.