Es por lo tanto vidente que el Gobierno nunca ha estado facultado por la Ley para eximir a las Compañías acaparadoras de los terrenos nacionales, de la obligación de colonizar y, por lo mismo, los arreglos que estas compañías han logrado con los Gobiernos anteriores para que se les exima de esa obligación a cambio del pago de una multa insignificante, no tiene valor alguno y, por lo tanto, las tierras no pueden permanecer en favor de las Compañías concesionarias cuando se aclare que no han cumplido con sus compromisos.