El "régimen de competencias" que se atribuyó reconocía a la Diputación autonomía para aprobar las normas de funcionamiento interno, «integrar y coordinar las actuaciones y funciones de las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza en cuanto afecte al interés general de Aragón» y la gestión de cuantos asuntos fueran transferidos en el futuro a la Diputación general por el propio gobierno de la nación o la diputaciones.