La decisión para unirse al Consejo se hacía recaer, en primera instancia, a los diputados y senadores elegidos en cada provincia, y de forma definitiva, mediante decisión de las Juntas Generales, en el caso de las provincias vascas, y del órgano foral correspondiente (el cual, según otro decreto-ley promulgado ese día, sería acordado por el Gobierno y la Diputación Foral de Navarra posteriormente).