En 2013, el Senado convirtió por unanimidad en ley un proyecto del Poder Ejecutivo que incluye a las víctimas de los atentados y bombardeos ocurridos del 16 de junio al 16 de septiembre de 1955, como beneficiarios de las leyes de resarcimiento por haber estado detenidos o hayan sufrido la desaparición forzada u otro acto de fuerza no lícita de parte del Estado.