Similar orientación normativa tienen siete decretos sobre la distribución de las tierras, emitidos en junio de 2006, donde se ordena entregar títulos de propiedad de tierras estatales a campesinos pobres, en particular indígenas; estas medidas son parte de un plan mucho más ambicioso: la estatalización de los latifundios para su redistribución entre los trabajadores agropecuarios, históricamente en una situación de explotación.