Ante la escalada de tensión por la exploración petrolífera de las mismas por parte de Gran Bretaña, la presidenta respondió con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas, posición apoyada por la Unasur en su conjunto; asimismo el congreso aprobó la Ley Gaucho Rivero que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con la bandera británica de las Islas Malvinas, la bandera del Reino Unido y de otras colonias británicas en los puertos.