El principio de participación, que atraviesa toda nuestra carta magna, significa, además de ampliar y complementar a la democracia representativa, lograr que exista, entre elección y elección de los representantes, un mayor control de parte de la sociedad sobre los asuntos que los afectan directamente y dotar al Estado de mecanismos de ajuste y retroalimentación constantes, lo que hace que la velocidad de seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas estatales sea mayor, fortaleciendo su capacidad de adaptación y, como consecuencia, de competitividad.