Igualmente han convenido que, siendo requeridos entre sí respectivamente, ó por medio de sus Ministros ó de sus oficiales públicos debidamente autorizados al efecto, deberán entregar á la justicia las personas acusadas de los crímenes de homicidio alevoso, de incendio voluntario, de fabricación, introducción ó expendio de monedas falsas ó de sellos públicos, de sustracción de valores, cometida por empleados ó depositarios públicos, ó efectuada por cajeros de establecimientos públicos ó de casas de comercio, cuando las leyes señalen á este crimen pena aílictiva ó infamante, y los acusados de bancarrota fraudulenta.