El 27 de octubre del 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición presentada por la señora Zoilamérica Narváez Murillo, en calidad de víctima, y por Vilma Núñez de Escorcia, como su representante legal y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en contra del Estado de Nicaragua, en la cual se alegaba que «además de haber sido violada y aguantado por tantos años esa situación, el Estado violó su derecho a ser oída por un juez o tribunal competente».