Para tal fin, recurriremos a la revisión de las normas legales contenidas en la Constitución Política del Estado promulgada el año 2004, las leyes de convocatoria a los actos para la Constituyente y el referéndum, y las que correspondan; para demostrar cómo todo el proceso está viciado de ilegalidad, y atenta, en consecuencia, contra la constitucionalidad y la seguridad de la Nación.