Esta clasificación tradicional permite ubicar los bienes dentro de una arquitectura jurídico-política concreta (por ejemplo, aquellas derivadas del derecho romano) y, de allí, determinar cuáles serán las leyes aplicables, sin embargo, conviene considerar que estos criterios absolutos se han relativizado debido a constantes tensiones, negociaciones y luchas por la clasificación, acceso y control de los bienes.