De la misma forma en que la Constitución desde su versión original recogió la tradicional división entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como vía para evitar la concentración de autoridad y el riesgo de tiranía, las reformas aprobadas en diciembre de 1982 establecen la concurrencia entre los sectores público, social y privado, como mecanismo para armonizar libertades individuales y derechos sociales y garantizar comunidad de objetivos y convergencia de acciones en el proceso de desarrollo nacional.