Pese al interés de la AVL de acabar con la polémica, el Grupo Popular de las Cortes Valencianas exigió a la Academia Valenciana de la Lengua que cumpliera tanto su ley de creación como el Estatuto de Autonomía —en el debate sobre el nombre de la lengua—, ya que consideraban que ante el acuerdo de crear una ponencia para estudiar y determinar la denominación de la lengua propia de los valencianos, la AVL estaba asumiendo competencias que no le correspondían pues la ley de creación de la AVL no incluye entre las competencias del organismo ninguna sobre la definición de la lengua.