En abril de 1812, a solo un mes de promulgada la Carta fundamental, el presbítero Don Florencio del Castillo Villagra, diputado de Costa Rica, presentó a las Cortes Constituyentes reunidas en Cádiz un proyecto para suprimir en todas sus modalidades el repartimiento, incluso el destinado a obras públicas y servicio de los curas doctrineros.