La elaboración consensuada entre el Gobierno y la sociedad civil de un Programa Nacional de Resarcimiento es un avance que permitirá dar respuesta al derecho de reparación que asiste a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin embargo, este programa, necesita un soporte jurídico acorde con su naturaleza y objetivos a largo plazo que se ha trazado, por lo que su aprobación mediante una ley continúa siendo una tarea pendiente.