Según los entendidos, anualmente son extraídas ilícitamente y traficadas fuera del Perú unas veinte mil piezas arqueológicas por año, lo que conlleva un constante peligro para la preservación del patrimonio cultural.La ley señala que los bienes culturales no descubiertos, integran el Patrimonio Cultural de la Nación, y los que fueran descubiertos en predios de propiedad privada, son propiedad del Estado, pues se busca proteger el pasado común de todos los peruanos.