García adujo la ostensible violación a la exigencia de un plazo razonable de duración del proceso y, consecuentemente, del derecho a obtener un pronunciamiento definitivo que resuelva su situación procesal respecto de la acusación que se le formuló, explicando que ninguno de los criterios sostenidos por la jurisprudencia para delimitar la razonabilidad de dicho plazo –conducta de los interesados, comportamiento de las autoridades y complejidad del caso-podía justificar el prolongado trámite de este proceso.