La solución la trajo un convenio firmado el 12 de julio de 2003, entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, por la cual ésta se hizo cargo de la remoción, traslado y disposición final del material tóxico, mediante la contratación de una empresa neozelandesa, sin cargo para el Estado.