La oposición del gobierno local (coalición BNG-PSdeG), unida a los cambios de gobierno autonómico y central (socialista y nacionalista el primero y socialista el segundo) y al considerable rechazo popular (según la organización, la última manifestación reunió en 2005 a unos 50.000 gallegos aunque existe un gran sector de trabajadores a favor), consiguió frenar el proyecto alegando daños ecológicos y que los terrenos en los que se asienta el complejo son de dominio público marítimo-terrestre y han de ser abandonados en 2018 (si se construía la papelera, sería complicado ejecutar el fin de la concesión llegado el momento y ejecutar uno de los numerosos proyectos de urbanización existentes).