En consecuencia, las decisiones del CIADI son inapelables e irrevisables, volviéndose en obligatorias para los Estados, lo cual también despierta duras críticas al no ser revisables estos laudos arbitrales, aun cuando se basan en un bloque jurídico con dudas sobre su legitimidad y legalidad, y que no considera ni las Constituciones Políticas de los Estados ni normas internacionales o las básicas como los Derechos Humanos, que forman parte del "ius cogens" internacional.