Con el Proceso 8.000, y la desconfianza del gobierno hacia algunos informativos (principalmente "QAP" y "AM-PM"), la Ley 335 de 1996 promulgó la no prórroga de los contratos licitados en 1992 (a diferencia de la postura inicial, la de la Ley 182 de 1995, que auspiciaba dicha prórroga), con lo que las programadoras estuvieron inseguras sobre lanzar su propuesta o no.