A la vista de tales informes y a pesar de que los hechos por los que tales procesados eran perseguidos en España se habían producido con anterioridad a su detención, dictaminó que las torturas sufridas durante años de detención irregular en total ausencia de las garantías mínimas exigibles en cualquier Estado de Derecho habían contaminado el procedimiento «[...] en relación con cualquier evidencia aparecida o que pudiera tener relación con los lugares en que se produjeron tales detenciones sin cargos [...]».