En estas negociaciones, que es de esperar se terminen en plazo razonable, el Gobierno ha perseguido dos principales objetivos: la mejoría que técnicamente sea posible obtener en la calidad de las aguas del Río Colorado que se entregan a México en bien de los agricultores de la región y establecer el procedimiento jurídico mediante el cual, basándose en la recta interpretación que debe darse al Tratado de Aguas de 1944 y en las normas del derecho internacional aplicables al caso, se logre, de una vez por todas, alcanzar la solución definitiva del problema.