Un vez aprobada la ley, la misma fue rechazada de por el Ayuntamiento de Vigo tras mostrar discrepancias en el modelo de transporte y en la elección de la presidencia y la junta de gobierno metropolitana, ya que en la ley inicial la ciudad de Vigo contaría poco más de un tercio de los miembros de la asamblea y solo uno de los 14 de la junta de gobierno.