Posteriormente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Sbase demandaron a Sonia Berjman, a la ONG "Basta de Demoler" y a su presidente por 24 millones de pesos, por los daños y perjuicios que supuestamente ocasionaron al presentar una acción de amparo colectivo, alegando que fue "con el solo propósito de obliterar una obra pública destinada a la prestación de un servicio público" y que "existen motivos políticos para entorpecer la gestión de gobierno y las obras dentro de la plaza Alvear".