En la actualidad, el término se aplica genéricamente a cualquier abogado; aunque, específicamente, se utiliza en España para la función de los juristas que asumen la asistencia jurídica de entidades públicas, como los Letrados de la Administración de la Seguridad Social o de las Comunidades Autónomas, o aquellos que preparan los dictámenes de instituciones como el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional y en las tareas legislativas y de otra índole de las Cortes Generales.