Estos asesinatos de los miembros de la UP en los años 80´s y 90´s fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan por parte de sectores políticos tradicionales, en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y paramilitares, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana; en consecuencia, estos crímenes seguirán siendo investigados de manera permanente y se procederá a judicializar a quienes resulten implicados.