En efecto, la indagación de la verdad respecto al lugar donde se encuentran los desaparecidos –o datos sobre ellos, la existencia y eventual destino de archivos, etcétera- constituye un derecho y tiene previsto, por consiguiente, un remedio juridiccional para darle pleno efecto y hacer cesar un estado de incertidumbre y ocultamiento reñido con formas elementales de la vida civilizada y la actual evolución de la defensa de los derechos fundamentales.