En ningún caso estos requisitos podrán basarse en la nacionalidad del prestador de los servicios, podrán prohibir al prestador estar establecido en varios Estados miembros de la UE, podrán obligar al prestador a tener su establecimiento principal en territorio español, podrán exigir condiciones de reciprocidad con otro Estado miembro de la UE, podrán supeditar la prestación del servicio al cumplimiento de cualquier requisito de naturaleza económica, podrán exigir la intervención directa o indirecta de competidores dentro del procedimiento de autorización, podrán exigir la constitución de garantías o suscripción de seguros con una entidad establecida en territorio español, o, por último, podrán exigir haber prestado la misma actividad con anterioridad en territorio español o haber estado inscrito en cualquier registro al efecto.