Según el fallo se demostró que: "El aporte probatorio arroja un cúmulo de presunciones graves, precisas y concordantes que permiten fundadamente sostener la conformación desde la gestión municipal de Grosso de una unidad corporativa donde con la concurrencia de otros funcionarios del más alto nivel de ese Estado se ideaban cursos de conducta tendientes a despatrimonializar al erario, violando las normas que regían los procesos administrativos para la concesión de bienes y su exportación, sin trepidar en cometer otros (hechos) ilícitos", la causa se originó a raíz de una denuncia del entonces concejal Aníbal Ibarra, que en 1991 presentó la denuncia por irregularidades en la licitación del complejo Golf- Velódromo.