En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos, entre ellos Rubén Franco, y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983,pero el pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.El 27 de julio de 2003 el decreto 420/03 del presidente Néstor Kirchner modificó ese criterio y ordenó la "obligatoriedad del trámite judicial" abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.