Ese sometimiento causa vejaciones a los vecinos, tanto en los negocios judiciales, como en las denuncias y repartimientos de contribuciones y por ello deciden acudir el 7 de febrero de 1803 al rey Carlos IV solicitando la separación del lugar de La Pizarra de la jurisdicción de Álora y de cualquiera otra, así como la concesión del real privilegio de villazgo y la asignación del término y jurisdicción.