Pero como el liberalismo, no obstante sus alardes de libertad, en llegando al poder viene siempre a parar en el mayor de los despotismos, arrogando al Estado, es decir, a sí mismo, un derecho ilimitado sobre la legítima propiedad de la Iglesia católica y sobre otros bienes llamados nacionales, también el Sumo Pontífice y los Obispos le salen al encuentro condenando semejante error en estos términos: “Además se esfuerzan en invadir y destruir los derechos de toda legítima propiedad, fingiendo e imaginando en su ánimo y en sus pensamientos un cierto derecho absolutamente ilimitado, del cual juzgan goza el Estado”.