En junio del año 2000 fue denunciado penalmente junto al entonces Ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, y el Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Mariano Maciel, por presuntas irregularidades en el trámite de detención y extradición de militares argentinos reclamados por el juez español Baltazar Garzón, por presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal Argentino.