Este sistema suplantó el subsidio directo a las empresas gaseras, el cual también fomentaba —según el Gobierno— el contrabando.Sin embargo, para entidades como la Asociación Nacional de la Empresa y Privada (ANEP), y la Cámara de Comercio de El Salvador, la inclusión posterior de consumidores de 300 kw hora de energía, escuelas, y comedores de beneficencia, eran muestra que el Gobierno "no contaba con un plan para impulsar estos proyectos", y que con el tiempo esas políticas traerían "consecuencias negativas, que con el tiempo tendrán repercusiones en la población más pobre del país".