Dicho principio, que rige desde que fuera creada nuestra Escuela Pública y que se incorporara después del ya referido Decreto-Ley de 13 de Setiembre de 1847 y al texto del Decreto-Ley del 24 de agosto de 1877, tiene una nueva redacción y alcance desde que fuera llevado al texto del artículo 62 de la Constitución de 1934, que dice así: “Declárese de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera y el establecimiento de bibliotecas populares.