A pesar de que en el año 1995 el gobierno de Felipe González atendió dicha petición, la oposición unánime de la ciudadanía salmantina y la posterior victoria electoral del Partido Popular, en 1996, revocaron la decisión antes de que se materializara, utilizando como argumentos las recomendaciones de la Unesco sobre archivos creados como fruto de la represión política.