Ha autorizado la violación de garantías otorgadas por la Constitución, entre otras, la libertad de conciencia permitiendo a muchos gobernadores que, exagerando el justo resentimiento del Partido Constitucionalista, contra los miembros del clero católico que tomaron parte en el cuartelazo y en el sostenimiento de la dictadura, supriman el culto, impongan penas por prácticas religiosas autorizadas por las leyes y lastimen profundamente el sentimiento religioso del pueblo con actos reprobados por la civilización y el Derecho de gentes.