El Gobierno de Rodríguez responde incondicionalmente a los intereses de los terratenientes cuando no pierde la ocasión de exhortar al «respeto de la propiedad privada» (léase latifundio), y a los empresarios, cuando regatea hacer concesiones a los trabajadores y protege a aquéllos, como el último caso de los obreros de Yacyreta, donde la justa reclamación laboral es desconocida y el Ministerio de Justicia y Trabajo declara «ilegal» a la huelga, en el movimiento en que un grupo numeroso de trabajadores se debilita ostensiblemente por su prolongada huelga de hambre en apoyo de sus justificadas reivindicaciones.