Consumada la revolución, se firmó un acta por medio de la cual se declaraba, entre otras cosas, que se desconocía la autoridad del presidente Juan José Flores y se consideraban como de ningún valor todos los actos, leyes y decretos del Gobierno de Quito (el de Flores), posteriores al día en que debió cesar su mando, por haber concluido su segundo período presidencial.