Corresponde ahora sentar las bases para la institucionalización del nuevo modelo político, un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, desarrollar el marco jurídico y los mecanismos de la gestión pública que garanticen a sus ciudadanos la vida en libertad, el imperio de la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y, en general, el predominio de los derechos humanos.