El retraso del Gobierno para preparar y desarrollar una política activa de exhumaciones ha prolongado una situación en extremo dolorosa para los familiares de las víctimas de masacres, dejando esta carga al esfuerzo de los equipos de antropología forense, todos ellos organizaciones no gubernamentales que financian estos procesos con sus propios recursos y que trabajan bajo un clima de constantes amenazas e intimidaciones.