Algunos grupos que defienden el bilingüismo catalán-castellano en Cataluña, como la Asociación por la Tolerancia o Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, consideran que las actividades de la OGL conculcan los derechos de los castellanoparlantes al fomentar la "delación" contra los ciudadanos que hacen uso de su lengua; uno de los ejemplos más recurrentes es el de los comerciantes que rotulan sus establecimientos únicamente en castellano, incumpliendo de esta manera la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, que obliga a rotular "al menos en catalán".