Cuestión diferente es la consideración jurídica que nos merece, en relación con las asociaciones de consumidores estatales, la sanción de perdida de la condición de asociación de consumidores, que la LGDCU, en su artículo 21.4, prevé para el caso de que una organización permitiese asociarse a una persona jurídica con ánimo de lucro; todo ello por resolución administrativa y por un periodo mínimo de cinco años.