En vista de la inquietud suscitada por esos problemas, en marzo de 2003 el Gobierno y el Procurador de los Derechos Humanos, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, acordaron iniciar una investigación de los grupos clandestinos, respaldada internacionalmente con la participación de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.