El escrito afirma que el delito de negociación incompatible cometido por la alcaldesa se encuentra acreditado dado que todas las licitaciones de obras municipales, desde el año 1997 a la fecha, le han sido adjudicadas a empresas en las que se desempeñó Jorge Guerra Díaz, un ex funcionario de la FACH que figura como copropietario de un departamento, cuya otra dueña no es nada más que la misma Carmen Romo.