Los fiscales federales alegaban que la prohibición de la pena de muerte, incluida en la Constitución de Puerto Rico, solo era válida para los delitos estatales, ya que solo sobre ellos pueden legislar las autoridades de Puerto Rico; es decir, que la situación sería exactamente igual a la de un estado cualquiera de Estados Unidos que hubiera prohibido la pena de muerte en su constitución: no podía evitar que se aplicara a delitos federales cometidos en su territorio.Desde este punto de vista, la pena de muerte nunca ha dejado de existir en Puerto Rico, al menos en lo que se refiere a la Jurisdicción Federal.