El primero de ellos, ocurrido el 9 de abril, dio lugar a una acción judicial del Defensor del Pueblo de la Nación (DPN), Eduardo Mondino, ante el juez federal de San Nicolás para que el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y la propia concesionaria Vial 3 indiquen qué medidas adoptaron para intentar prevenir la tragedia.