La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente define el marco jurídico que permite la ratificación del Convenio, transponiendo las Directivas 2003/4/CE sobre el acceso del público a la información ambiental, y 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.