En él, si bien desestimaba las alegaciones de torturas por falta de pruebas, condenaba al Estado español por no haber realizado una investigación profunda y efectiva de los hechos, de acuerdo con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a fin de averiguar si éstas habían tenido lugar, considerando que la investigación efectuada no había sido exhaustiva.