Con la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 la AVL quedó reconocida como el único organismo competente en la regulación del valenciano, así como una de las instituciones estatutarias valencianas, quedando adscrita a la Presidencia, por lo que disfruta de personalidad jurídica propia y ejerce sus funciones con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria para garantizar su objetividad e independencia, aunque se le atribuyen ciertas dependencias del poder político a través de sus representantes.