En dichos acuerdos, el Reino de Italia reconoció en primer lugar la soberanía de la Santa Sede en el campo internacional «como atributo inherente a su naturaleza, conforme a su tradición y a las exigencias de su misión en el mundo», admitiéndole «la plena propiedad, y la exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción soberana» sobre el territorio de la Ciudad del Vaticano, lo que «supone que en la misma no haya alguna injerencia por parte del Gobierno italiano y que no haya otra autoridad que no sea la de la Santa Sede».