Como consecuencia de la aprobación de la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas (Ley Orgánica 9/2011), quedó aprobada la existencia de las Asociaciones Profesionales, que a similitud de la Guardia Civil, quedarían encuadradas en un órgano dependiente del Ministerio de Defensa que solicitaría, decidiría y consultaría la redacción de los textos normativos que, de ahora en adelante, debieran aprobarse por parte del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta a sus administrados (los militares), en lugar de como se había venido haciendo mediante anteriores Consejos Asesores de Personal en los Ejércitos y en los Cuerpos Comunes, que terminaron por desaparecer ante su escaso interés e influencia para cambiar normativas o dirimir los deseos de los colectivos militares, que incipientemente formaban asociaciones profesionales semiclandestinas (ya que carecían de legislación propia).De dicha legislación nacieron dos nuevos órganos, que ya están en funcionamiento: el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Observatorio de la Vida Militar, ambos dependientes de la Subsecretaría de Defensa y vinculados al SEGENTE.