La historiografía tradicional chilena considera que los objetivos y procedimientos de la expedición Lynch se encontraban amparados por el derecho internacional de la época, que aceptaba la práctica de los cobros de cupos y la destrucción focalizada destinada a mermar la capacidad del enemigo en el desarrollo de la guerra facultando al jefe de un ejército de ocupación a imponer contribuciones a los habitantes y exigir el pago con toda la severidad posible en caso de resistencia, según argumentó en su momento el historiador Diego Barros Arana.