La Sociedad Rural Argentina impugnó judicialmente la decisión de anular la venta, argumentando que el precio había sido justo, que el Estado Nacional carece de legitimación para recuperar un bien que vendió hace más de 20 años por un acto unilateral y que aún cuando el precio hubiera sido 'vil', como el Poder Ejecutivo lo sostiene, el Estado debería recurrir a la vía judicial para dejar sin efecto el acto que considera lesivo" y que "no podría rescindir unilateralmente el contrato.