Además, se autorizó a la Generalitat de Catalunya a poner en marcha la ley autonómica de contratos de cultivo, paralizada durante el bienio anterior, y se elaboraron una serie de importantes decretos, entre los que destacan los relativos al rescate de los bienes comunales, antiguas propiedades de los municipios para disfrute colectivo de los vecinos y que habían ido a parar a manos privadas a raíz de las desamortizaciones del siglo anterior, en muchas ocasiones en claro fraude.