Esto ocurrió después de que la Consejería de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, al ser contactada por Juan Carlos Jiménez Hernández, propietario de la constructora Dávila Monteblanco, retirara todas las competencias al Ayuntamiento sobre el plan parcial de Navalpilón alegando ‘inactividad’ y ‘perjuicio público’ del alcalde electo en el 2003, Miguel Hernández del PSOE, que no incluyó la aprobación definitiva del plan parcial en los órdenes del día, aunque tampoco llevó el plan a los Tribunales.