Y, más aún, quisieron hacer del Ejecutivo Federal el intérprete único y calificador absoluto del resultado de las elecciones, todo ello sin pensar en que era ilegal no sólo la invitación al ejercicio de una competencia no atribuida por la Ley Fundamental al Presidente de la República, sino también el propósito de desconocer las que la ley señala exclusivamente a los cuerpos legislativos, debidamente instalados, que son quienes tienen facultad para decidir sobre la legitimidad de sus componentes y de calificar las elecciones del Jefe del Poder Ejecutivo.