Dicha Ley no sólo mantenía la competencia en materia de retribuciones en el Poder Ejecutivo, con el poder que ello otorga sobre un aspecto básico de la independencia judicial y no recuperaba la capacidad adquisitiva perdida durante más de diez años, sino que introducía un sistema de retribución basado en la productividad para supeditar una parte de las retribuciones a un aumento de la ya considerable carga de trabajo que en ese momento tenían los Jueces.