La actual ley antiterrorista española data sus orígenes de la etapa preconstitucional puesto que la Diputación Permanente del Congreso convalidó, el 6 de febrero de 1979, el Decreto-Ley sobre seguridad ciudadana de junio del año anterior (conocido como «ley antiterrorista») con la oposición de socialistas, comunistas, Minoría Catalana y Partido Nacionalista Vasco, que pidieron su derogación por considerarlo inconstitucional; en virtud de la misma y de sus numerosas reformas posteriores, la situación de los detenidos sospechosos de actividades terroristas se rige por una legislación especial desde el momento de su detención restrictiva de diversos derechos reconocidos al resto de detenidos, siendo motivo de polémica y de oposición por parte de partidos políticos y organizaciones pro derechos humanos.