En el plano jurídico se planteaba la objeción de que la Ley de Caducidad carecía de efectos en virtud de su contradicción con normas y principios internacionales de rango superior (normas internacionales de derechos humanos incorporadas en la Constitución uruguaya a través de su artículo 72 (""La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana..."").