El gobierno japonés también firmó el Pacto Briand-Kellogg (1929), de tal modo que las acciones cometidas entre 1937 y 1945 eran imputables en los cargos de crímenes contra la paz, un cargo que fue introducido en el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente para procesar a los criminales de guerra de "clase A".