Las lenguas minorizadas pueden haber sufrido o seguir soportando prohibición legal para evitar su uso público, como por ejemplo ha ocurrido hasta épocas recientes en España, durante el proceso de centralización y castellanización llevado a cabo desde inicios del siglo XVIII, y durante la Dictadura de Primo de Rivera y el franquismo del pasado siglo XX, en que se impedía la utilización en el ámbito público (administración y enseñanza) de otra lengua que no fuera el castellano.