El 15 de abril de 1998, por la ley 24952 se derogaron las leyes de Punto Final (N.º 23492) y Obediencia Debida (N.º 23521), que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas «insanablemente nulas» (Artículo 1.º) por la Ley 25779 El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad.