La jerarquía católica, a pesar de la moderación de la propuesta, la calificó de lesiva "de los derechos de Dios y de la Iglesia" y el cardenal Primado Pedro Segura, en una carta pastoral hecha pública el 14 de agosto desde su exilio en Roma, arremetió contra las “libertades de perdición” como la libertad de cultos, y calificó el anteproyecto como «ateísmo de Estado».