Debe juzgárselas desde su acercamiento a la finalidad de concretar el bien común, sumando al funcionamiento pleno del Estado de derecho y la vigencia de una efectiva democracia, la correcta gestión de gobierno, el efectivo ejercicio del poder político nacional en cumplimiento de trasparentes y racionales reglas, imponiendo la capacidad reguladora del Estado ejercidas por sus organismos de contralor y aplicación.