Se suele argumentar que la indefinición constitucional más que un defecto fue una virtud que permitió, y sigue permitiendo, que el debate territorial se centrara en asuntos competenciales (fundamentalmente financieros e institucionales), en los que es posible la negociación, la transacción y en último término la decisión arbitral de los tribunales; y no en los "esencialismos" identitarios, en los que por su propia definición autoafirmante y excluyente no puede haber acuerdo.