A nivel de cada uno de ellos, se considera que se ha atribuido a la Comisión Electoral una capacidad normativa y judicial, a través del reconocimiento de facultades para dictar disposiciones en desarrollo de leyes, reglamentos y la propia Constitución en el ámbito de su actuación, desplazando al poder ejecutivo y al legislativo en su capacidad para dictar normas vinculantes, haciendo lo mismo con el poder judicial en la resolución de aspectos sustanciales como la posibilidad de anular resultados en colegios electorales sin el examen de un tribunal de justicia.