El gabinete se vio obligado a proclamar el estado de excepción para hacer frente a la agresión armada, donde se suprimieron algunos derechos civiles y se limitó la libertad de expresión, aunque el principal periódico de oposición "La prensa", con línea editorial cercana a la contrarrevolución, se siguió editando así como se mantuvieron emisiones de las cadenas de radio pertenecientes a la iglesia católica.