Jurídicamente, el concepto de «monumento» fue estableciéndose en cada país paulatinamente, a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, primero por apelaciones genéricas a la condición monumental; más tarde con la asignación en los presupuestos de partidas para su mantenimiento y con el nombramiento de comisiones de expertos y personal de la administración a su cuidado; luego por la aprobación de inventarios, registros y colecciones de elementos; y, finalmente, con la promulgación de leyes propias de protección y declaración de los «monumentos nacionales» (de 1803 a 1915 en España, de 1795 a 1887 en Francia, 1906 en Estados Unidos, 1909 en Italia).