Es una constante en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo que el mismo no tiene atribuciones para anular normas, actos administrativos, ni sentencias judiciales, limitándose sus competencias a examinar y declarar la vulneración de los derechos recogidos en el Convenio por parte de los estados parte, y en su caso a conceder a la parte perjudicada una satisfacción equitativa.