Quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo»", declaración que inició un ambicioso programa de reformas constitucionales y legales, que culminaron cuando el 1 de noviembre de 1991, Salinas anunciaba durante su tercer informe de gobierno la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria, a fin de hacer posible la venta de los ejidos.