En agosto de 2003, se promulgó la ley 25.779, que anula las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes, por lo que se habilitó el avance de las causas judiciales por los delitos cometidos durante la dictadura militar.