Por ello, consideró que los hechos ventilados en el debate y las pruebas producidas demostraron que “las conductas desplegadas por los procesados revelan la presencia de un plan delictivo previamente prefijado con las exigencias propias de un tipo legal, poniendo en peligro el orden social sin el cual no es posible la convivencia, vulnerando los sentimientos de seguridad y tranquilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas”.