En el año 2003, a poco de la muerte del exdiputado Alfredo Bravo y que fuera uno de los principales impulsores de la nulidad durante sus mandatos como diputado, Carrió fue miembro informante del proyecto de nulidad que fuera sancionado bajo la Ley 25.779 y que declaró "insanablemente nulas" las leyes de Obediencia Debida (23.492) y Punto Final (23.521).