La Ley Orgánica General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1979 creó la figura del "Juez de Vigilancia Penitenciaria" que en otros países se denomina Juez de Ejecución de Penas, sus atribuciones se encuentran en su artículo 76 y se refieren a proteger los derechos de los internos frente a las posibles decisiones arbitrarias de la Administración Penitenciaria (autorizar permisos, clasificación, regresión y progresión de grado, aprobar algunas sanciones.