Estos incluyen, entre otros, racionalizar los recursos humanos y materiales disponibles en cada fase; calendarizar la ejecución de los componentes fundamentales de los acuerdo para evitar la dispersión de los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales; enfatizar la instalación de los mecanismos de consulta previstos; establecer las bases institucionales, legales o financieras necesarias y, por último, propiciar la participación efectiva de los sectores de la sociedad en la solución de sus necesidades, y en la definición de las políticas públicas que les conciernen.