En agosto de 2002 el gobierno de Uribe impuso como medida para financiar el conflicto armado en Colombia el impuesto al patrimonio para "atender los gastos necesarios para atender la seguridad democrática", determinando que los sujetos pasivos del gravamen serían todos los declarantes de renta con patrimonio líquido superior a los 169,5 millones de pesos colombianos de la época.