El primer y más importante desafío al que tuvieron que hacer frente los gobiernos franquistas fue el retorno de la conflictividad obrera que arrancó con la huelga minera de Asturias de 1962, produciéndose a partir de entonces una progresiva politización debido a la persistente represión policial contra sus actuaciones y a la total negativa de las autoridades a legalizar los derechos de huelga, manifestación y libre asociación sindical ya que la Organización Sindical franquista siguió siendo el único «sindicato» permitido, de afiliación obligatoria para todos los trabajadores.