En cuanto a las competencias que correspondían a Cataluña figuraba la enseñanza en todos sus grados, con la obligación de impartir el castellano en las escuelas de primaria; el régimen municipal y provincial, que incluía la facultad de modificar la división territorial de Cataluña; el derecho civil catalán, incluyendo la creación de un tribunal de casación; la organización de la Administración de justicia en Cataluña; las obras públicas, excepto las consideradas de interés general español; los teléfonos; los servicios forestales y agrícolas, incluyendo la desecación y rotura de tierras incultas; la beneficencia y la sanidad; y el orden público.