La justicia, a la vez que la pública conveniencia, exigían imperiosamente una medida semejante; tanto porque tratándose de una guerra que tenía por suprema finalidad favorecer al pueblo mexicano, los gastos que ella ocasionase no debían pesar sólo sobre los individuos avecindados en las regiones en que el Ejército Constitucionalista operase, sino que lo que ellos ministrasen y que por falta de recursos no podía pagarse inmediatamente, quedase como un adeudo de la Nación que sería cubierto en la forma, plazos, términos y condiciones que a su tiempo fijaría la ley especial, que con tal motivo debería expedirse, como porque la conducta del Gobierno debía cimentarse sobre bases de estricta moralidad y ésta exige que se respete al derecho ajeno, el que debe, por lo mismo, recibir la correspondiente compensación, cuando el objeto que le sirve de materia se ha consumido en provecho público.