La primera ley suprema (1824) únicamente pedía haber nacido en el país, y tener 35 años; no obstante también incluía requisitos para aquellos no nacidos en el país que aspiraran al cargo; siendo estos, tener una residencia previa de cinco años, haber nacido en alguno de los territorios del Imperio Español (siempre y cuando ya fuera territorio independiente al momento de publicarse la carta magna); Además debían ser, a juicio de las , personajes doctos en las ciencias vinculadas al Derecho.