En nuestro país, pese a las recomendaciones y exhortaciones de los organismos internacionales, ninguno de los poderes ha dado cumplimiento a la obligación de investigar, y ante este incumplimiento, es a la justicia a quien corresponde arbitrar los medios para garantizar el goce de ese derecho, tanto porque en el derecho interno es el Poder Judicial el garante final de los derechos de las personas, como porque es al mismo poder al que compete la responsabilidad de que se las normas internacionales se incorporen efectivamente normas internacionales al derecho interno.