Considerando la voluntad manifestada ante la CIDH de honrar las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, se insta al Gobierno para que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de las leyes penales que impusieron la pena de muerte a diversos hechos delictivos con posterioridad a la entrada en vigencia del Pacto de San José y decretar la moratoria de las ejecuciones que eventualmente se dispongan, en espera de la opinión que rinda la Corte.