El 7 de septiembre de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le abrió una investigación por los presuntos delitos de prevaricación, desobediencia al Tribunal Constitucional y malversación de caudales públicos, tras firmar el Decreto para convocar un referéndum de autodeterminación que había sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional de España.