Por tratarse de un asunto eminentemente de defensa de los derechos humanos, de dignidad de la persona y respeto a la diversidad; por ser deber del Estado proveer protección jurídica a todos los ciudadanos y ciudadanas, así como resguardar el goce del ejercicio de libertades y autonomías inherentes a la dignidad humana; y en absoluto respeto de nuestra constitucionalidad, en el sentido de que la presente iniciativa legisladora se ubica dentro del ámbito estricto del reconocimiento de derechos patrimoniales y personales, de ahí la conveniencia de dotar a nuestro ordenamiento jurídico de un instrumento que haga frente al actual desamparo, fundamentalmente en los ámbitos patrimoniales y de la seguridad social, en que se encuentran las uniones de personas del mismo sexo.