El lehendakari Ibarretxe se declaró dispuesto a someter la propuesta a una consulta en su comunidad "en un escenario ausente de violencia", sea cual fuera el resultado de la votación en el Congreso español en el que las fuerzas contrarias a la propuesta contaban con una amplia mayoría, por lo que el PP modificó el Código Penal para crear un artículo que castigara con pena de cárcel para aquel que convocara referendos sin la aprobación del Gobierno, como sería el caso del Gobierno Vasco si lo hiciera sin el respaldo del Gobierno español.