El 20 de abril de 2010, la Corte Internacional de Justicia dictó el fallo definitivo, resolviendo que Uruguay violó sus obligaciones procesales de notificar, informar de buena fe, establecidos por el Estatuto del Río Uruguay, pero que no violó sus obligaciones para evitar la contaminación ambiental, puesto que, si bien la Argentina pudo probar que algunos de los parámetros hídricos habían cambiado, falló en su intención de relacionarlos a la existencia misma de la planta, pues otros factores contaminantes pudieron haber incidido.