El asunto se discutió en el Consejo de Ministros, donde Niceto Alcalá Zamora, Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio y Francisco Largo Caballero quedaron en minoría al sustentar la doctrina de que no debía prenderse a un diputado, acordándose que fueran finalmente las Cortes quienes decidiesen, para lo cual se creó la Comisión de Responsabilidades, un tribunal especial compuesto por diputados para juzgar a quienes habían colaborado con la Dictadura, hecho que no fue bien recibido por Calvo Sotelo, que creía que las responsabilidades que pudiera haber deberían ser juzgadas por un tribunal compuesto por magistrados.