La nueva Ley protege y estimula las tres formas de tenencia de la tierra amparadas por nuestra Carta Fundamental: el ejido, la propiedad comunal y la auténtica pequeña propiedad; propicia la distribución equitativa de las tierras y de las aguas y echa las bases para una organización eficiente y productiva en el campo; instaura el voto secreto en la elección de las autoridades del ejido y prohíbe que éstas se reelijan indefinitivamente, fortaleciéndose así su vida democrática; reconoce la igualdad plena del hombre y la mujer como sujetos de derecho agrario; a las mujeres campesinas del ejido las dota de tierras para formar unidades agrícolas industriales, en las que podrán realizar tareas productivas de beneficio colectivo; elimina la posibilidad de que las comunidades indígenas sean despojadas de sus tierras, al declarar que éstas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, aunque no hayan sido confirmadas o tituladas; protege a los campesinos en caso de que se expropien tierras ejidales sentando las bases para que los ejidatarios puedan dedicarse a otras actividades productivas; y descentraliza y hace más ágiles los procedimientos agrarios.