Esto, señaló, se debía a la interferencia directa de los miembros del Consejo Directivo de la Universidad (propietarios del plantel), que desautorizaron en los hechos las decisiones del rector y priorizaron continuar el pago de arriendos de los locales de la universidad a inmobiliarias que también son de propiedad de esos mismos miembros del Consejo Directivo ($ 600 millones).