Tres días después, otro decreto indicaba que debía hacerse un depósito de los escritos que se publicaran a través de la prensa, ya que el Gobierno necesitaba estar en conocimiento de la opinión publica «para expedirse con acierto en sus resoluciones», por lo que se ordenó depositar «un ejemplar en la Biblioteca Nacional, otro en la intendencia de la policía, otro en el ministerio fiscal, y otro en la secretaría del Gobierno».