Llegándose a casi la mitad de 1991 la Ley de Empresas Públicas continuaba su lento trámite en la Comisión del Senado: llegaba a ocho meses de estudios, tras los cuales se había resuelto quitar del proyecto la reforma del Puerto y de los servicios de Estiba por entender que el tema merecía una ley propia, en tanto que se habían agregado algunos artículos sobre el destino del dinero obtenido en los procesos de privatización futuros y establecimiento de sociedades anónimas mixtas para los acuerdos comerciales que celebren los entes con empresas privadas.