Tras el derrocamiento del gobierno constitucional En 1956, el poder fue usurpado por Pedro Aramburu, un acérrimo enemigo del presidente depuesto, quien en 1958 definió que el Palacio Unzué debería ser demolido completamente por su valor simbólico para los seguidores de un gobierno que acababa de ser decretado prohibido por ley en la sociedad argentina.