El sistema jurídico bajo el que funcionaba la banca mexicana dotaba al Estado, a través del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria, de todos los mecanismos para tomar decisiones y manejar, orientar y dirigir la economía financiera del país, sin necesidad de monopolizar la actividad bancaria como ahora se pretende; los bancos y los banqueros privados hicieron lo que se les autorizó y lo que se les ordenó, al igual que la banca mixta y la oficial.