La presión sobre las numerosas aldeas y cortijadas existentes en los enclaves de montes públicos forzó a los poseedores de estos, ante la ausencia de títulos de propiedad documentados, a la firma de documentos en los que reconocía al Estado como cedente del dominio directo de sus propiedades, obligándose aquellos al pago de un canon anual o a movilizarse a núcleos de nueva creación como Coto Ríos o El Vadillo.