José Sánchez de Bustamante, sobrino del gobernador depuesto, publicó una larga colección de artículos en "La Nación" y en "La Prensa" denunciando lo sucedido y atacando los títulos de Campero cuestionando que la encomienda nunca había implicado la propiedad de la tierra, que Campero no había aportado ninguna prueba documental que sustentara sus derechos, que se había convertido en encomendero por matrimonio, que el traspaso de Cochinoca y Casabindo redundaba en beneficio para la provincia ya que los arriendos pasarían al fisco, que las fincas en disputa limitaban con Bolivia y eran reclamadas por un ciudadano boliviano que había tenido una actitud hostil a la provincia en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana por lo que su incorporación consolidaría la «integridad territorial» de la provincia.