Los contrarios al decreto consideraban que con él se excedía la regulación del estatus del vascuence que la ley foral había hecho para la Zona Mixta convirtiéndola por la vía de los hechos en zona vascoparlante y no castellanoparlante, acusándolo en concreto de apostar por la generalización de la necesidad de contar con conocimiento del vascuence para desempeñar puestos de trabajo en la función pública siguiendo el modelo implantado en la administración de la Comunidad Autónoma Vasca y privilegiando de esta manera el acceso de la población euskaldún a la función pública en detrimento de la mayoritaria población castellanoparlante, quebrando así la igualdad en el acceso al empleo público.