La condena del Turco Julián fue la primera luego de que, en el año 2003, el Congreso anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -que impidieron juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura- y la Corte Suprema validara la constitucionalidad de esa norma y declarara la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (precisamente, en el Caso Simón).