Frente al ejercicio abusivo de las libertades económicas, que propician sólo el interés particular, es deber insoslayable del Estado salir en defensa de los intereses de la sociedad, adoptando, con la energía y el rigor que sean necesarios, las medidas adecuadas para preservar dichos intereses, tanto más cuanto el desorden en este campo venía repercutiendo en perjuicio de la mayoría nacional, bajo cuyo mandato y sólo por él deben actuar los poderes instituidos y legitimados por la Constitución del país.