Este plan Baker II establecía una Autoridad del Sahara Occidental, en la que le mantenía las competencias de la Asamblea legislativa del Plan Baker I así como las de Marruecos sobre el Sahara Occidental, pero establecía diferencias, así la Asamblea legislativa pasaba a ser elegida o por el censo provisional de diciembre de 1999 o por la lista de repatriados establecida por ACNUR en octubre de 2000, y sus disposiciones acorde con las normas de derechos humanos reconocidos internacionalmente, y Marruecos ya no designaría los jueces para los tribunales del Sahara Occidental y no podría llevar las relaciones exteriores concernientes al Sahara Occidental sin consultárselo a la Autoridad del Sahara Occidental.