El acuerdo fue, en realidad, una asunción de la declaración del Parlamento Vasco de marzo de 1985 sobre la situación de violencia en el País Vasco y las medidas para hacerle frente, poco después de una fuerte reacción ciudadana contra el asesinato de un guardia civil en Ordizia y la detención de Santiago Arróspide Sarasola, "Santi Potros".