Hay contradicciones en la legislación. La Ley 52/1980 indica claramente que sólo se pueden trasvasar excedentes del Tajo y que estos excedentes se tienen que definir en su plan de cuenca. Sin embargo, actualmente la determinación legal de excedentes se realiza en el Plan Hidrológico Nacional, con rango de Ley. A su vez se limitan los desembalses de recursos del Tajo regulados en Entrepeñas y Buendía hacia el río Tajo, por medio de los desembalses de referencia, definidos también con rango de Ley. Por otra parte, la gestión de Entrepeñas y Buendía está condicionada por las Reglas de Explotación, que asimismo cuenta con rango de Ley. Son definiciones de rango superior que condicionan la planificación hidrológica del Tajo, que se aprueba por Real Decreto, que ha de asumirlas sin poder siquiera cuestionarlas. Esto lleva a que la cabecera de la cuenca del Tajo esté prácticamente desconectada del resto de la cuenca, sin que pueda corregirse desde su planificación hidrológica. La actual definición legal de excedentes considera que sólo necesita una capacidad de regulación de 400 hm³ en Entrepeñas y Buendía para desembalsar hacia el Tajo un máximo de 365 hm³/año. Únicamente pueden ser superados en caso de emergencias ambientales, con la debida justificación, o si lo requiere el abastecimiento de Madrid por medio de la ETAP de Colmenar de Oreja. Por tanto, existe una definición legal de excedentes, acompañada de otras normas, que no derivan de la planificación del Tajo. Pudiera pensarse, desde la inocencia, que esta maraña normativa protegiera a la cuenca del Tajo y, como teóricamente se persigue en la legislación, la existencia del ATS no supondría una merma para el desarrollo de la cuenca del Tajo ni el cumplimiento de sus objetivos ambientales. Pero la realidad no es esa. La cifra de los 365 hm³/año a la que se limita lo que puede ir al río Tajo desde Entrepeñas y Buendía está calculada para atender únicamente los usos consuntivos que hay entre Bolarque y Aranjuez manteniendo un caudal de 6 m³/s en el río Tajo a su paso por el Real Sitio. Una cantidad que no da para implantar en el eje del Tajo caudales ecológicos superiores a este mínimo de 6 m³/s definido en la Ley 52/1980 ni permite reforzar la garantía de otros usos de la cuenca del Tajo que puedan satisfacerse desde Entrepeñas y Buendía, al margen de los mencionados en el tramo Bolarque‑Aranjuez. Por su parte, la gestión que se realiza de Entrepeñas y Buendía dificulta que se alcance su máximo potencial ecológico, a la vez que imposibilita su satisfactorio uso turístico y recreativo, con grave afección socioeconómica de sus municipios ribereños (San Martín González, et al., 2018). Sobre estos usos turísticos y recreativos hay que tener en cuenta que, aunque tengan una prelación menor que otros usos como el abastecimiento o el regadío, al estar en la cuenca cedente son prioritarios sobre los usos que se atienden con las aguas trasvasadas.