La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, establece en su artículo 5º el deber de una persona física o jurídica que se encuentre en situación de insolvencia, de solicitar judicialmente la declaración de concurso de acreedores en un plazo de 2 meses desde que hubiera conocido o debiera de haber conocido su estado de insolvencia.