RESPUESTA: El problema estriba básicamente en que las autoridades sanitarias no están acogiendo ni tan siquiera contemplando los estudios sobre mascarillas que existen y que justifican su no uso continuado, pues va en contra del criterio establecido y que sustenta todos los protocolos que han elaborado para justificar la situación creada. Por tanto, intentar que los centros educativos tomen decisiones por ellos mismos basándose en estudios no homologados por las autoridades sanitarias es una utopía. Como bien sabemos, solo a través de resoluciones judiciales se puede ver algo de luz al final del túnel. Pero los procedimientos judiciales han de ir contra situaciones concretas, donde se pueda denunciar abusos o daños provocados. En otros casos se podría ir contra la norma que regule y/o obligue al uso de mascarilla, pero en estos casos al existir una norma en cada comunidad autónoma porque son las que tienen las competencias, se hace harto complicado generalizar. En este sentido tengo entendido que ya hay asociaciones que ya en 2020 iniciaron actuaciones contra las normas, pero no tengo información sobre el resultado de las mismas en estos momentos.