Las sanciones finales no se conocen hasta la publicación del reglamento, donde se desarrollarán los requisitos específicos que deben cumplir los programas de facturación. Por el momento, constituirán una infracción grave con sanciones de 50.000 euros la mera tenencia de un programa que permita la destrucción o manipulación de las facturas (es decir, el doble uso).