Gracias a que la definición legal de los productos que derivan del cannabis no está completa y que la interpretación que se hace de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, sin ningún tipo de adaptabilidad jurídica a la etapa de desarrollo que nos ocupa, se está dando lugar a interpretaciones que no coinciden en ningún momento con nuestro derecho o legislación’, comentan abogados penalistas especialistas en delitos contra la salud pública.
La legislación española desde enero de 2018 no considera el CBD como un complemento alimenticio dentro de la lista de suplementos alimenticios autorizados de la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS). Dicho listado establece las vitaminas y minerales que son permitidos por la ley española, y el CBD no está definido en la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y que fue reubicada a la ley española en el real Decreto 1487/2009 y que, desde el 16 de marzo de 2018 (Real Decreto 130/2018) ha sido, nuevamente, modificada.
Dicho de otra manera, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios establece de forma clara que las plantas de cannabis con concentraciones que no superen el 0,2% de THC no son consideradas estupefacientes ya que dichas plantas han sido modificadas para bajar esos niveles de THC y aumentar los de CBD. La CE (Comisión Europea), por su parte, recomienda a las Agencias Estatales que ejerzan un control sobre los alimentos con extracto de cáñamo, concretamente el CBD.