Existe la posibilidad de que el Juzgado decida no acordar la orden de protección solicitada tras analizar los motivos, gravedad y circunstancias del caso. Se trata de una medida restrictiva de derechos y debe siempre ponderarse la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la misma. En caso de que el juez decida que no procede acordar la orden de protección cabe la posibilidad de interponer recurso de reforma y de apelación, por ello resulta altamente recomendable la asistencia letrada y el pertinente asesoramiento desde el primer momento.