El seguro de defensa jurídica, en general, está pensado para hacer frente a los gastos que se le puedan causar al asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento judicial o administrativo (ya sea para reclamar o para defender), y a prestarle los servicios de asistencia jurídica, judicial y extrajudicial.
Normalmente garantizan la cobertura de los gastos de los honorarios profesionales, de las fianzas y los gastos urgentes derivados de un juicio. También pueden cubrir el asesoramiento y consejo presencial especializado, la vigilancia en boletines oficiales, la redacción de documentos legales como contratos, o la defensa y reclamación de herencias. Este seguro está dentro de los seguros de asistencia, es decir, que no indemnizará al asegurado sino que ofrece un servicio (asesoramiento o abono de los gastos que correspondan).