La Unión Europea es hoy un inmenso entramado institucional diseñado por las élites tradicionales de los diferentes estados para servir sus propios intereses. Por eso, desde las autoridades comunitarias se ha hecho un enorme esfuerzo por, por ejemplo, blindar los beneficios de la banca a expensas del gasto social en el caso español, o por permitir el desahucio de la primera vivienda en el caso griego. Sin embargo, no ha exis
tido este interés para elevar e igualar los derechos de las personas, que desde el inicio de la crisis se han ido reduciendo a la par que aumentaba la desigualdad, convirtiendo al Estado Español en el segundo más desigual de la UE, donde el 1% de la población con mayores ingresos concentra la misma riqueza que el 80% con menores ingresos.
Las autoridades europeas, al igual que las estatales, no se han encargado de reducir esta brecha de desigualdad ni de paliar sus consecuencias más inmediatas. No existe a nivel estatal ni europeo un Plan Integral que aborde las necesidades de las personas sin hogar, y con la reforma de la Ley de Bases el Gobierno del PP ha hurtado a la capacidad de realizar estas políticas a los pocos ayuntamientos que las realizaban. Mientras el número de personas sin hogar no ha parado de crecer hasta alcanzar las 30.000 en el Estado Español, las grandes empresas del Ibex 35 han multiplicado sus ingresos, y miembros de esta minoría privilegiada han aumentado sus salarios gasta los 9,5 millones de euros en el caso del presidente de Iberdrola o los 8,7 millones en el caso del de Telefónica. El sueño de una Unión Europea de igualdad que equiparara en derechos a todos sus ciudadanos se desvanece con estas cifras, ya que por mucho que con la boca pequeña haya criticado las cláusulas abusivas de la banca española, son las autoridades europeas quienes generan esta desigualdad a través de la subordinación de cualquier gasto público al pago de la deuda. En la práctica, esto ha significado la desaparición de todos los servicios públicos que atendían las necesidades de personas sin hogar, que han quedado ahora en manos de organizaciones no gubernamentales con un apoyo financiero cada vez más escaso.
De esta manera, no estamos ante un problema de escasez. Hay 3,4 millones de viviendas vacías en el Estado Español, muchas más que personas sin hogar. Se trata de un problema de distribución de los recursos. Es importante ser consciente de que para que unos pocos tengan sueldos astronómicos, es necesaria la miseria y explotación de miles de personas y que, para revertir esta situación es necesario cambiar las estructuras de poder, comenzando por una Unión Europea que ha decidido cortar de raíz el gasto público en beneficio de unos bancos que acumulan decenas de miles de viviendas vacías.