La economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, se sitúa en el 23 por ciento del PIB, lo que supone un montante de 240.000 millones de euros. Las dos grandes bolsas de fraude existentes en nuestro país son las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales, según datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda.