Los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP/AJD) son un tributo complejo, ya que contienen tres gravámenes bien diferenciados, a saber:
Transmisiones patrimoniales onerosas: se trata de operaciones en las que las personas físicas o jurídicas transmiten bienes mobiliarios o inmobiliarios y derechos que forman parte de su patrimonio a cambio de una debida contraprestación. Por ejemplo, se debe pagar este impuesto en las operaciones de compraventa de inmuebles de segunda mano, vehículos usados o contratos de alquiler de viviendas.
Operaciones societarias: en este caso se gravan actividades como la constitución, fusión o disolución de sociedades, así como las ampliaciones o las disminuciones de capital de las mismas. Es un impuesto cedido a las autonomías y mediante el mismo se tributa aproximadamente un 1% de la operación.
Actos jurídicos documentados: se tributa por operaciones formalizadas en escrituras públicas como documentos notariales, mercantiles o administrativos. También está gestionado por las diferentes comunidades autónomas y el rango se sitúa entre el 0,5% y el 1,5% dependiendo de la región.
En este artículo nos centraremos en el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas debido a su importancia en la vida de los españoles. Igualmente, realizaremos un análisis pormenorizado de las divergencias entre las diferentes regiones, dado que la cantidad de impuestos a pagar puede variar de manera notable. Sobre todo, al tratarse en muchas ocasiones de operaciones de altas cuantías.