La red de regulaciones de la cadena de suministro relacionadas con los derechos humanos es intrincada. A partir de mayo de 2024, la Unión Europea aprobó formalmente la Directiva de Debida Diligencia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés), una ley integral que responsabiliza a las empresas por las violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por sus proveedores de segundo y tercer nivel.
La CSDDD introduce tres requisitos clave para las empresas:
Llevar a cabo su debida diligencia, evaluando los riesgos y abordando las violaciones reales y potenciales de los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y cadenas de suministro.
Asumir la responsabilidad financiera y civil por estas infracciones, con sanciones financieras de al menos el 5% de las ventas netas mundiales.
Implementar un plan de transición y mitigación climática alineado con el Acuerdo de París y un escenario de calentamiento de 1,5 °C.
Las grandes empresas europeas y globales con una facturación global de más de 1.500 millones de euros tienen que cumplir con los requisitos para 2027. Regulaciones como la CSDDD pueden, con el tiempo, nivelar el campo de juego al exigir que todas las empresas lleven a cabo su debida diligencia, con sanciones significativas en caso contrario.