RESPUESTA: Aquí el problema no está en las recomendaciones técnicas generales para los ciudadanos, sino que entramos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales de las empresas. Habría que analizar en cada caso, cual es el riesgo de la actividad con relación al contagio y como ha sido implantado el protocolo dentro de las actuaciones de prevención de riesgos laborales, para saber si se obliga o no a ello. Yo entiendo que en principio, ante la existencia de algún caso entre los empleados, habría que tirar de las normas establecidas en el decreto de levantamiento del confinamiento y del decreto de finalización del estado de alama, para actuar en consecuencia, que establece el aislamiento cautelar de las personas que hayan tenido contacto estrecho con el positivo, y no realizar ninguna prueba PCR, y que la trabajadora en este caso se puede negar, si bien hay que hacer hincapié en las posibles consecuencias que pueda haber como resultado de las normas laborales establecidas por la empresa y estas mismas pueden ser susceptibles de recurso, impugnación etc. Por ello hay que analizar cada caso en concreto, y obviamente recurrir o impugnar cualquier norma o sanción impuesta, que tenga como finalidad obligar o vaya contra los derechos fundamentales e individuales de cualquier ciudadano. Para el caso en concreto de la consulta, en principio la trabajadora puede negarse a la PCR si entiende que no ha tenido riesgo, y esperar a ver qué hace la empresa al respecto ante su negativa. En el caso en que le presionasen debe poner por escrito los motivos de su negativa e ir sentando precedentes para cualquier actuación futura de la empresa contra ella.