A falta de estudios y estadísticas suficientes, es una pregunta difícil de responder. Hay experiencias personales e indicios que permiten deducir que el funcionamiento de los recursos administrativos clásicos, no parecen dar suficiente satisfacción a los recurrentes y que, por eso, se han creado nuevos recursos diferentes, y, además, los recurrentes suelen terminar acudiendo a los Juzgados. La actividad de las Administraciones Públicas está controlada por la jurisdicción contencioso-administrativa. El Capítulo I del Título I de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se titula “Del orden jurisdiccional contencioso-administrativo”. Lo que justifica la existencia de esta jurisdicción es asegurar “el exacto sometimiento de la Administración al Derecho en todas las actuaciones que realiza en su condición de poder público y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponde”. Consideremos ahora la “planta” de la jurisdicción contencioso-administrativa, entendida como la estructura de la organización y el número de juzgados y tribunales de este orden, sus tipos y su distribución de competencias en el Estado. Así, podemos decir que los juzgados y tribunales se estructuran en los siguientes; en primer lugar, el Tribunal Supremo, donde se encuentra la Sala de lo Contencioso-Administrativo, dividida en diversas secciones, con sede en Madrid y jurisdicción en todo el Estado. En segundo lugar, la Audiencia Nacional, también con una Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede también en Madrid y jurisdicción igualmente en toda España. En tercer lugar, Tribunales Superiores de Justicia: uno en cada Comunidad Autónoma, con una o diversas Salas, la mayoría divididas también en secciones, con sede en la ciudad en la que tenga el Tribunal. Su jurisdicción incluye el territorio de la respectiva Comunidad. En cuarto lugar, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo: son órganos unipersonales, con sede en Madrid y con jurisdicción en toda España. Y finalmente, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: órganos unipersonales, su jurisdicción incluye el territorio de la provincia, variando su número en función de los habitantes de la misma. Los criterios legalmente utilizados para repartir competencias entre éstos órganos son el orgánico o subjetivo, el funcional, el territorial y el material. Sobre éstos puntos regresaremos en próximos capítulos.