Los órganos de contratación deben calcular y determinar la duración de los contratos públicos atendiendo al carácter de las obras o servicios que constituyen su objeto. El plazo general de duración de estos contratos asciende a 5 años, con posibilidad de establecer uno superior, sin ningún caso exceder el tiempo razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital invertido.