A principios de 2013, la normativa de Basilea III introdujo un cambio regulatorio por el que los activos fiscales diferidos que dependieran de resultados futuros debían restarse del numerador a la hora de calcular los ratios de capital regulatorio de los bancos (calculado como recursos propios -numerador- entre activos ponderados por riesgo o APRs -denominador).
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Economía,negocios y finanzas
Basilea III en Europa: un traje a medida"
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Esto situaba a la banca española en desventaja frente a otros países, donde se podía compensar las pérdidas con resultados pasados (no futuros) y donde la normativa local no exigió un nivel de provisiones tan alto a las entidades financieras en los años posteriores al inicio de la crisis de 2008.
A finales de 2013, y en línea con lo que ya estaba vigente en otros países europeos como Italia y Portugal, el Estado español garantizó determinados DTAs (principalmente los generados como consecuencia de las provisiones dotadas tras los mencionados reales decretos), asegurando así que dejaran de depender de la obtención de beneficios futuros (pues estaban garantizados independientemente del volumen de beneficios obtenido) y reduciendo de manera muy significativa su impacto en el capital de las entidades (pasaron de tener que deducirse del numerador del ratio de capital a consumir únicamente APRs, incluyendo el importe de estos DTAs en el denominador del ratio).
Esta norma no es exclusiva del sector financiero sino que aplica a todos los sectores, si bien es cierto que la presión en términos de solvencia sí es específica del sector financiero.
En septiembre de 2015, el gobierno español estableció que, para mantener esta garantía del Estado y evitar cualquier duda sobre la posible existencia de ayuda pública en este tema, los bancos deben abonar anualmente, desde el inicio de 2016, una tasa del 1,5% sobre el volumen de DTAs garantizados que tengan en cada momento. Esto supone un pago conjunto de cerca de 500 millones al año entre todas las entidades, cantidad que decrece a medida que los activos fiscales de la banca garantizados por el Gobierno disminuyen.
Asimismo, cabe recordar que el resto de categorías de DTAs, al margen de los garantizados, conllevan un consumo de capital para las entidades, en mayor o menor medida.