Las personas jurídicas podrán ser penalmente responsables de estos delitos en atención al mismo artículo 430 del Código Penal. La PENA prevista es de multa de seis meses a dos años.
También caben medidas como la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades por plazo, la clausura de sus locales y establecimientos por plazo, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o para contratar con el sector público.