Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. Las diferentes administraciones y las entidades de derecho público vinculadas, para impugnar actos o disposiciones de carácter general provenientes de una Administración pública diferente. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las leyes. Las personas físicas o jurídicas que ostentaran un derecho o interés legítimo. Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. Las diferentes administraciones y las entidades de derecho público vinculadas, para impugnar actos o disposiciones de carácter general provenientes de una Administración Pública diferente. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en aquellos casos expresamente recogidos en la Ley.