La Fundación AICAD explica que las razones para dotar de becas a los trabajadores de las empresas salen de las últimas investigaciones e informes sobre la aceleración del crimen tecnológico que está sufriendo la Pyme española, que, por un lado, se enfrenta a una profunda transformación digital en sus modelos de negocio y, por otro, a la obligación legal de proteger sus activos digitales.
A lo largo del 2022, más del 40% de las empresas españolas han sido atacadas por la ciberdelincuencia y parte de ellas han tenido que pagar cuantiosas cantidades de dinero para evitar daños mayores de manipulación y chantaje, entre ellos, la vulneración de datos de clientes que, como es bien sabido, están protegidos a través del Real Decreto 2018 sobre RGPD. Como resultado de esta ley, tanto autónomos como empresas, están obligadas a cumplir y a desarrollar un plan de contingencias o prevención que garantice, de forma segura, la protección de la información de terceros o clientes.
Las multas por descuido, vulneración o negligencia en implantar correctamente políticas sobre la protección de datos personales puede suponer, a autónomos y empresas, multas ante la Agencia Española de Protección de Datos, que van entre 6000 a 600.000 € o hasta un 10% de la facturación para medianas o grandes empresas.