Uno de los problemas que se encontraban muchos emprendedores, tanto autónomos como sociedades pequeñas, era la dificultad de acceso a licitaciones y contratos públicos, ya que además de la falta de bagaje y reconocimiento empresarial y en ocasiones de tesorería y financiación, en las bases de las licitaciones se establecía una nueva barrera, al otorgar puntuación adicional a las empresas con experiencia en contratación con las Administraciones Publicas, algo que directamente relegaba a los emprendedores a últimas posiciones en el acceso a la licitación. Con la ley de emprendedores se prohibió otorgar puntuación adicional o establecer como requisito la experiencia en contratación con la Administración Publica. Por otro lado, y a fin de fomentar la unión de empresas, tanto pequeñas y medianas como las demás, se eliminó la necesidad de tener preconstituida la UTE (Unión Temporal de Empresas) para la participación en el concurso público. Es suficiente con presentar el proyecto y, en el caso de concesión, proceder a la constitución de la misma.