Es un funcionario del Estado de carácter público, cuya función es proporcionar seguridad jurídica amparada en el artículo 9º de la Constitución, en el ámbito jurídico extrajudicial. Esta seguridad abarca desde la asesoría para los trámites hasta la elaboración y certificación pública de documentos para diversos trámites.
Con una preparación completa, es un profesional que dará lo mejor de sí para asegurar la legitimidad de las transacciones entre particulares y frente al Estado.