Nuestro ordenamiento jurídico garantiza a los ciudadanos una asistencia sanitaria pública, gratuita y universal. Por ello tenemos la creencia de que la Seguridad Social se hace cargo de todos los problemas de salud que podamos tener, incluso los ocasionados en un accidente de tráfico. Sin embargo, existen determinadas actividades (como la conducción de vehículos a motor) que, por el propio riesgo creado, exigen para su práctica de la contratación de un seguro obligatorio.
Conviene también reseñar que en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad se reconoce el derecho de las Administraciones Públicas a reclamar del tercero responsable, y obligado al pago, el coste de los servicios sanitarios prestados en aquellos supuestos de seguros obligatorios.
Así pues, toda persona que haya sufrido lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico tiene derecho a recibir el adecuado tratamiento sanitario, ya sea en centros sanitarios Públicos o Privados. El coste de dicha asistencia no será asumido por la Seguridad Social, sino que deberá hacerlo una entidad aseguradora (o el Consorcio de Compensación de Seguros).