Eso es cierto, y está contemplado en el artículo 76 d de la Ley de Contrato de Seguro. Pero esa iniciativa de las aseguradoras surge como una estrategia para “ahorrarse un dinerito” con el pago de abogados privados.
Mediante estos convenios, las empresas aseguradoras asignan todos los casos posibles a sus abogados y les pagan directamente por su asistencia jurídica. Lógicamente, los montos a pagar serán inferiores a las minutas de los abogados privados.
Por otro lado, estos abogados concertados están claros en que deben actuar a favor de la empresa y, por lo tanto, no realizarán su mayor esfuerzo (Lograr la máxima indemnización posible) en favor de los intereses de la víctima.