La Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 impuso multas civiles y penales por la contratación ilegal de extranjeros. Puede imponerse una pena máxima de seis meses de prisión y una multa de 3.000 dólares por trabajador. En caso de infracción de la normativa I-9, las multas oscilan entre 110 y 1.100 dólares por trabajador implicado.