Las empresas tienen derecho a impartir la formación con sus medios propios, o por el contrario, hacer contratación de alguna organización externa que se encargue de la misma. Las entidades de formación deben estar inscritas y acreditadas por el registro de la Administración Pública a la que le competa. Esta será el órgano competente dentro de la Comunidad Autónoma donde se ubique la empresa de formación.