La mayoría de las entidades públicas y privadas tiene hasta el 17 de diciembre de 2021 para implementar un canal de presentación de denuncias.
La directiva contempla un plazo diferido (hasta el 17 de diciembre de 2023) solamente en el caso de las entidades privadas que contraten entre 50 y 249 empleados y no operen en áreas susceptibles al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, entre otras.