El enriquecimiento ilícito existe cuando el servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de los que se conduzca como dueño, así como los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que estas personas los obtuvieron por sí mismos.