Llegados a este punto clave, resulta fundamental que contrates a un abogado que te asesore
a lo largo del proceso de reclamación, que ofrece dos posibilidades:
Reclamar a través de tu Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC):
una opción únicamente válida si la empresa de reformas forma parte del Sistema Arbitral
de Consumo, una práctica que, lógicamente, no es muy común entre los estafadores.
Reclamar judicialmente: es la única salida en la inmensa mayoría de
los casos, y comienza con la apertura del juicio verbal en los juzgados de lo civil. Tu
abogado te ayudará a preparar debidamente la demanda y a recopilar todas las pruebas
posibles para sostener tu postura (burofax, informe pericial, fotografías, presupuestos,
contratos y facturas, etc.).