En el caso de que el administrador, o administradora, de la sociedad, además de dicho cargo, sea trabajador de la empresa, como lo puede ser cualquier otro empleado, y se dé el caso de que no se hayan modificado los estatutos y tomado el acuerdo pertinente para la remuneración de los miembros del órgano de administración, en caso de comprobación o inspección de la Agencia Tributaria podemos encontrarnos con un problema. El problema reside en que la Administración presume que la remuneración percibida es por su carácter de administrador de la empresa, y si dicha remuneración no está autorizada consecuentemente en estatutos, puede considerarse una liberalidad o un pago no autorizado y por consiguiente tener a efectos del Impuesto sobre Sociedades la naturaleza de gasto no deducible.