Es obligatorio recurrir a un traductor jurado para un determinado número de documentos, como los procedimientos judiciales, las actas notariales, las actas de alguacil, las actas administrativas y cualquier otro documento cuyo original no sea la lengua oficial de la institución a la que se presenta el documento. Si el documento se presenta ante la prefectura, el ayuntamiento o una institución jurídica como los tribunales, debe ser traducido y certificado por un traductor autorizado, conocido como "traductor jurado". No obstante, lo mejor es preguntar a la autoridad competente si exige una traducción jurada del documento.