El seguro cubre la defensa jurídica del propietario frente a conflictos derivados del contrato, incluido el desahucio, la reclamación de daños y perjuicios, defensa penal del arrendador y actuaciones y honorarios profesionales, cada una de las garantías hasta un límite de 3.000 euros. Asimismo, ofrece al asegurado un servicio telefónico de orientación jurídica