Antes del 13 de junio de 2023, las siguientes personas jurídicas deberán haber implantado una solución de denuncia de irregularidades: Entidades del sector público, excepto municipios de menos de 10.000 habitantes;  Empresas privadas con 250 o más empleados; y Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que pudieran crear, siempre que reciban o gestionen fondos públicos. Hasta el 1 de diciembre de 2023, otras empresas españolas también deben implantar un sistema de denuncia de irregularidades. Existen personas jurídicas como: Empresas con una plantilla de 50 a 249 empleados; Municipios con menos de 10.000 habitantes.