La crisis de 2008 trajo consigo un conjunto de limitaciones legales para los ayuntamientos, desde el punto de vista económico, en relación con la capacidad de endeudamiento, los límites en el gasto, el volumen de la plantilla de personal, el plazo de pago a proveedores, limitaciones cuyo cumplimiento supervisa Hacienda a través de un cúmulo de información económica que cada ayuntamiento está obligado a obtener de su contabilidad, y a comunicar al Ministerio. Asimismo, las Cámaras de Cuentas de cada comunidad autónoma comprueban la corrección de las Cuentas Anuales. Sin embargo, la inmensa mayoría de ayuntamientos carece de recursos para elaborar y comunicar tal información, y hacerlo en plazo.