Desde Lumisa no recomendamos realizar la baja de los suministros de agua, luz y gas, ya que se consideran elementos básicos en una vivienda y convertiría la vivienda como no habitable y, por tanto, se desestimaría la denuncia interpuesta por ocupación de una vivienda. Tal decisión puede acabar con una denuncia al propietario por una falta de coacciones prevista en el artículo 620.2 del Código Penal, y que lleva aparejada una pena de multa de 10 a 20 días. El motivo de esto, según jurisprudencia, es que sería el causante del desabastecimiento de un recurso primario a personas en una situación vulnerable.
Por ende, la solución más recomendable es que realice denuncia con justo título de la ocupación de su vivienda o local a través de dos vías:
Vía civil (artículo 430 del código civil): es la recomendada por los abogados, en este caso y gracias a la última reforma legal que ha entrado en vigor el 2 de julio de 2018, no será necesario identificar a los okupas. Los ocupantes podrán oponerse al desalojo sólo si pueden presentar un título legal que les otorgue derecho a permanecer en la vivienda, teniendo para ello un plazo máximo de 10 días.
Vía penal (artículo 245 del código penal): este tipo de denuncia deberá ir dirigida contra personas concretas, lo cual dará lugar a una investigación sobre la identidad de los okupas.  Además, los procedimientos penales tienen distintas fases en las que intervienen diferentes juzgados, lo que alarga y complica el proceso.
Únicamente en los casos en que el arrendador puede probar que no está actuando de forma coactiva sino que no paga a la suministradora por no poder hacer frente a las facturas, sólo en esos casos podrá apreciar el tribunal la inexistencia de coacciones.