Con el fin de prevenir las prácticas fraudulentas, la mayoría de las compañías afirma haber establecido controles para ello, sin embargo, su efectividad se ve en entredicho según los resultados del informe. El 86 % de los consultados en España considera que la dirección de la empresa ha comunicado claramente su compromiso para prevenir la corrupción y el 74 % asegura que dispone de un código de conducta y de políticas anticorrupción que, además, establece las sanciones para quienes las vulneren. Sin embargo, sólo uno de cada dos directivos tiene la impresión de que un empleado es sancionado por la empresa cuando infringe las normas.