En términos generales existe una falta de memoria y cultura evaluadora en España. La ciudadanía tiene la potestad de exigir conocer no sólo el destino de los recursos públicos administrados por los representantes e instituciones públicas, sino también si cumplen con los propósitos que dichos recursos persiguen. Con entidades privadas ocurre algo similar, en la medida en que las personas, más allá de su condición de clientes o usuarios, son un grupo de interés al que atender y reportar, por ejemplo, a través de los reportes de Información No Financiera a los que están obligados las grandes empresas. Para ejercer dicho rol por parte de la ciudadanía es necesaria una mayor transparencia de la información (no sólo en cantidad, sino en calidad y comprensión), mayor pensamiento crítico y educación.