El principio de participación supone la apertura del procedimiento a las aportaciones de los ciudadanos, en garantía de la buena administración. Por ello se diseñan trámites típicos como la información pública y nada impide que se creen otros espacios participativos. Finalmente, el principio de buena fe y el principio de confianza legítima en los actos de la Administración implican que la primera debe estar presente entre la Administración y los participantes en el procedimiento y la segunda que la Administración debe actuar generando confianza en sus administrados, de manera que, cualquier actuación que suponga una ruptura de este principio, podrá suponer la nulidad de pleno derecho del actuar administrativo.