Sabemos que la preocupación de los operadores de telefonía móvil y de los minoristas que comercializan smartphones radica en que, al ofrecer más financiamiento de celulares a más clientes, aumentarán su riesgo comercial si estos incumplen los pagos o no respetan las condiciones de un plan para acceder a un celular a crédito. Y puesto que entre el 10 y el 15% de los clientes no abonan sus facturas, estos costos pueden ser elevados. Según la encuesta realizada por Risk & Assurance Group sobre la garantía de ingresos y la gestión del fraude, los prestadores de servicios de comunicaciones y sus clientes sufren pérdidas por valor de 14.200 millones de dólares.
En mercados como el de Latinoamérica no existen prácticas de crédito establecidas, por lo que se necesita una solución eficaz y de bajo riesgo que equilibre los precios accesibles de los terminales con una propuesta comercial atractiva. Esto es así ya que, cuando se dispone de crédito, a menudo el usuario abona un alto costo económico e incluso queda sujeto a tasas punitivas. Por otra parte, algunos países poseen una cultura monetaria que se basa predominantemente en el efectivo, donde entre el 40 y el 50% de la población no dispone de una cuenta bancaria. Esto significa que hay escasa información crediticia sobre los clientes, algo que plantea problemas para los operadores de estos mercados. Para compensar las pérdidas que prevén del 30 al 40%, los operadores suelen aumentar el costo de los dispositivos, con el consiguiente efecto negativo a la hora de atraer a los clientes.