El principio de gratuidad implica que el ciudadano no deberá incurrir en ningún gasto para poder dirigirse a la Administración, si bien ello es relativamente cierto, dado que en ocasiones sí que se exigen determinados importes para poder tramitar el procedimiento administrativo -tasas administrativas, fotocopias, etc…-. En el caso del principio de economía procesal consiste en evitar la repetición inútil de trámites administrativos. El principio de imparcialidad implica que, procedimentalmente, la imparcialidad y la neutralidad política se plasman en artículos que prohíben la discriminación y articulan reglas para evitarlas como la orden de impulso de los procedimientos. La imparcialidad puede verse afectada por la existencia de conflictos de interés, que se dan en aquellas situaciones en que un empleado público que participa en el procedimiento administrativo tiene un interés particular en este procedimiento que podría hacer perder la imparcialidad, la objetividad y/o la neutralidad para adoptar la mejor decisión posible al servicio de los intereses generales.