No fue sino con la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales (2018) que se comenzó a estipular un importe mínimo para inscribir una deuda en ficheros de morosidad. Antes de esta ley, deudas de apenas 5 euros podían causar la inscripción de un deudor en ASNEF u otros ficheros, lo que aumentaba en gran medida la cantidad de personas que permanecían inscritas como morosas sin siquiera saberlo.
A partir de esta norma se comenzó a aplicar el importe mínimo de 50 euros para inscribir deudas de personas físicas, mientras que para las personas jurídicas el importe mínimo aplicable es de 300 euros.