El Derecho Administrativo debe garantizar que las actuaciones de la Administración Pública se ajusten a la legalidad, protegiendo los derechos de los ciudadanos y asegurando que las decisiones administrativas sean objetivas, imparciales y fundamentadas. Además, debe ofrecer mecanismos de defensa y recurso para quienes se vean afectados por decisiones arbitrarias o que no se adecúen a la legalidad y normativa de aplicación por parte de la Administración.