Según el artículo 30, si el Encargado del Registro Civil tiene fundadas dudas sobre la legalidad de los documentos, la veracidad de los hechos o la exactitud de las declaraciones, deberá realizar las comprobaciones oportunas antes de extender la inscripción. En caso de deducir una contradicción esencial entre el Registro y la realidad, debe informar al Ministerio Fiscal y advertir a los interesados.