Se establecen muchísimas modificaciones sin bien detallaré las que considero más importantes. La nueva ley elimina las incapacitaciones, así como la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada.
La nueva normativa recoge que cuando un menor de 16 años con discapacidad alcance la mayoría de edad pudiéndose prever que precisará apoyos, se puede solicitar al juez, que adopte las medidas de apoyo necesarias, que entrarán en vigor cuando alcance la mayoría de edad, con audiencia del menor, respetando su voluntad, deseos y preferencias.
Se recoge también la figura del defensor judicial, para el supuesto que haya conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la persona de apoyo.
Otro hecho importante es la modificación de expediente para obtener la autorización judicial para la venta o gravar bienes de la persona con discapacidad o de menores de edad, a partir de ahora, ya no será necesaria la intervención de un abogado y un procurador, salvo en casos que por razón de la complejidad de la operación o existencia de intereses en conflicto se acuerde su intervención, para las operaciones que superen los 6.000 euros.
Deja de existir también la figura del pródigo, pues se entiende que pueden ser incluidos en las medidas de apoyo.
Se dan preferencia a las medidas voluntarias, tales como poderes o mandatos preventivos.
Se refuerza la guarda de hecho, cuando no existen medidas voluntarias o judiciales, es decir, si una persona ya está prestando apoyo a una persona con discapacidad – generalmente los padres – y estos desarrollan el apoyo de forma adecuada, éste puede seguir ejerciendo esas medidas de apoyo, no precisando el guardador de hecho una resolución judicial y con independencia de las medidas de control que pueda establecer el juez.