En este delito, situado dentro de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el legislador ha sido más benévolo que en otros casos, y la pena no es tan severa. El artículo 310 del Código Penal castiga estas conductas con la pena de prisión de cinco a siete meses, siendo significativamente menor que en otros delitos del mismo Título.