Tradicionalmente, la figura del curador estaba prevista en los artículos 292 y 293 del Código Civil en cuya virtud se establecía que el curador tenía la obligación de rendición periódica de cuentas que en su caso le haya impuesto la autoridad judicial.
Adicionalmente, al cesar en sus funciones debe rendir ante ella la cuenta general justificada de su administración en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.
La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.
La aprobación judicial de las cuentas no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al curador y a la persona con discapacidad que recibe el apoyo o a sus causahabientes por razón de la curatela.
Igualmente, los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del patrimonio de la persona a la que se prestó apoyo.
Con la reforma legal operada, se produce ahora la eliminación de las declaraciones judiciales de modificación de la capacidad o incapacitaciones y se sustituye por un sistema de provisión de los apoyos que la persona con discapacidad pueda necesitar.