La superficie de concesión de uso privativo ha de ser la mínima imprescindible y por el periodo más corto posible, de forma que permita la menor restricción al uso público al que están destinados los bienes demaniales. En el cálculo de la superficie de concesión de uso privativo para la ocupación ha de considerarse:
Superficie física afectada por las instalaciones.
Zona de servidumbre necesaria para la construcción, mantenimiento y acceso a la propia instalación, con las distancias de seguridad establecidas por la normativa sectorial, según la naturaleza y uso de la instalación que se pretenda, o por las características de los equipamientos.  En el caso de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma, la tarifa 33 de la normativa tributaria establece cómo ha de medirse la superficie destinada a concesión.