Es una expresión utilizada por la ley para aludir al supuesto de que el solicitante a quien la Comisión reconoció el derecho de asistencia jurídica gratuita haya mejorado sustancialmente su capacidad económica dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso; en tal caso, si en la sentencia final hubiera sido condenado en costas, el solicitante vendrá obligado a pagar las causadas en su defensa, así como las de la parte contraria.
Deberá presentarse ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que es el órgano encargado de determinar si se viene o no a mejor fortuna.