La ley establece como obligación por parte de los sujetos obligados la formación de sus empleados mediante la participación de éstos, en cursos de formación permanente orientados a la detección de las operaciones que puedan estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo con el objetivo de instruirles para detectar hechos u operaciones sospechosas y conocer la manera de proceder en estos casos. La no formación es una infracción grave.