Si nada lo remedia, a partir del próximo año -la normativa ya entró en vigor el pasado 1 de enero- estará prohibido esparcir el purín por el aire tal y como se viene haciendo en Galicia durante el último medio siglo. La nueva normativa europea en este ámbito obliga a inyectarlo en el suelo o a enterrarlo directamente en el caso de que se trate de estiércol.
Esta modificación que deben cumplir todos los beneficiarios de las ayudas de la PAC ha caído como un jarro de agua fría en el sector productor, que no solo se verá obligado a cambiar sus sistemas trabajo, sino también su maquinaria. En Galicia se calcula que el coste de esta operación superará ampliamente los 70 millones de euros, que deberán destinarse, principalmente, a renovar buena parte de las más de 20.000 cisternas existentes en la comunidad. Apenas un 10 % de ellas tienen capacidad técnica para adaptar el sistema de inyectores que permite la inserción del purín en el terreno, y cuyo coste oscila entre los 12.000 y los 18.000 euros, tal y como apuntan desde el concesionario dezano de una conocida marca alemana de maquinaria.
El triple de esa cantidad -el precio varía en función de la marca, el tipo de chasis y, sobre todo, la capacidad- deberán desembolsar los que tengan que adquirir una cuba nueva y que en Galicia serán, por lo bajo y teniendo en cuenta que la norma prevé dejar fuera a las explotaciones menos dimensionadas, más de dos mil granjas.
Por si esto no fuese suficiente, muchos propietarios también tendrán problemas con sus tractores, dado que las exigencias de potencia de las cisternas con inyectores son sensiblemente mayores que las de las tradicionales. Complicación a la que se añade la lentitud con la que se aplica el purín utilizando el sistema de inyección en comparación con los actuales de plato, abanico o cañón, pues si descargar una cisterna de 18.000 litros esparciéndolo por el aire lleva entre cuatro y cinco minutos, para infiltrarlo en el terreno son necesarios más de quince.
Todos estos contratiempos han puesto en pie de guerra a las organizaciones profesionales agrarias, que critican de forma unánime una normativa que algunos no dudan incluso en valorar como «imposible de cumprir neste momento». Es el caso de Román Santalla, ganadero y responsable de ganadería del sindicato UPA -matriz estatal de Unións Agrarias-, que pide un período de transición amplio para que las granjas puedan adaptarse a este cambio, además de que se atiendan los especiales condicionantes del agro gallego a la hora de definir excepciones a la norma.
Más duros se muestran desde entidades como la Organización de Productores Lácteos (OPL), que critican duramente al Ministerio de Agricultura por enfrentar a distintos sectores productivos -al parecer, el origen de la norma viene dado por la elevada contaminación provocada por las granjas porcinas intensivas-, al tiempo que se debería diferenciar la procedencia de los purines, basando dicha diferencia en los niveles de contaminación de cada uno, y tener en cuenta la superficie real de vertido que tenga cada ganadero.
Fuente: la voz de Galicia