Ante la imposibilidad de obtener respuesta por parte de las autoridades mexicanas, la familia Radilla, la AFADEM y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en el año 2001, lograron la aceptación del caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).