En Costa Rica, una demanda contra el Estado o los Entes Públicos es una acción judicial que puede interponer cualquier persona física o jurídica cuando se haya sufrido algún tipo de daño o perjuicio a causa de la actuación de la Administración Pública.   La demanda debe ser presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual es el órgano judicial encargado de conocer y resolver este tipo de asuntos. Es importante mencionar que la demanda debe contener una serie de requisitos formales, como la identificación del demandante y de la Administración demandada, la descripción detallada de los hechos y los fundamentos jurídicos en los que se basa la reclamación.   En Costa Rica, la responsabilidad del Estado y los Entes Públicos se encuentra regulada en el Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual establece que el Estado y los Entes Públicos son responsables por los daños y perjuicios que se produzcan como consecuencia de su conducta formal o material, entendido este como el incumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas.   El proceso judicial para la tramitación de una demanda contra el Estado o los Entes Públicos en Costa Rica es similar al que se sigue en otros países. Una vez presentada la demanda, la Administración demandada tiene un plazo para contestarla y, posteriormente, se celebra una audiencia en la que se practican las pruebas pertinentes y se alegan las razones y argumentos de cada una de las partes.   Finalmente, el Tribunal emite una sentencia que puede confirmar o desestimar la reclamación del demandante y, en su caso, fijar el importe de la indemnización a la que tenga derecho.