Los titulares del derecho a la educación, especialmente en materia moral y religiosa, son los padres en exclusiva. Compete al Estado, en cambio, articular los medios para que los padres puedan ejercer su derecho con libertad. Así, en el artículo 9.2 de la Constitución: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (…)” Por este motivo existen los conciertos del Estado con colegios privados, cuyo sentido es permitir la libre elección de centro por los padres, e impedir que razones económicas obstaculicen el ejercicio de dicha libertad. La educación moral de los hijos es un derecho inalienable de los padres, explícitamente reconocido en el artículo 27.3 de la Constitución y de forma unánime en el Derecho Internacional (Artículo 2 del Protocolo I al Convenio Europeo de Derechos Humanos; Artículo  14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros), que obliga a España por haberlo incorporado a su ordenamiento jurídico. Un ejemplo: el Derecho español despenaliza el aborto, pero es ideológico enseñar que el aborto es moralmente aceptable.
El Estado y su sistema educativo solo está legitimado a transmitir los valores que emanan directamente de nuestra Constitución. “Por el contrario, será exigible una posición de neutralidad por
parte del poder público cuando se esté ante valores distintos de los anteriores” (Fundamento de derecho 6º, Sentencia del TS de 9 de febrero de 2009).