Son las comunidades autónomas las encargadas de legislar en este aspecto y establecer las condiciones y requisitos para poder talar un árbol de una especie catalogada como protegida. De manera general, la tala está prohibida salvo en casos en los que sea imprescindible, y siempre presentando toda una serie de documentación que acredite que es el último recurso que debe ser aceptada por el organismo competente.
Si no es posible trasplantar el árbol y es necesaria la tala, la normativa puede establecer medidas compensatorias, como la plantación de un número determinado de ejemplares adultos por cada año que tuviera el ejemplar talado.