A petición de la empresa o del experto en reestructuración, el tribunal puede declarar un periodo de reflexión de hasta 4 meses (prorrogable por otro máximo de 4 meses). Durante este tiempo, los acreedores no pueden emprender ninguna acción contra la empresa, como ejecutar garantías o declararse en quiebra, para evitar frustrar la reestructuración prevista y afectar al valor de la empresa.