El artículo 47 establece una serie de condiciones a la implantación de grandes establecimientos comerciales en relación con la capacidad de acogida del territorio. En este sentido indica que “no pueden obtener autorización autonómica los proyectos que supongan usos del territorio, de recursos, de infraestructuras, o que generen efectos de saturación incompatibles con los criterios de sostenibilidad que sustentan las medidas de ordenación contenidas en el presente Plan de Acción Territorial”. Y, a continuación, indica que esa incompatibilidad con los criterios de sostenibilidad se produce, “salvo justificación suficiente y fehaciente en sentido contrario” en los proyectos que superen los 120.000 metros cuadrados de superficie destinada a uso terciario comercial o a una mezcla de usos terciarios en los que el terciario comercial supere este umbral. La Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana regula en su artículo 33 la autorización de establecimientos comerciales de impacto territorial mediante un régimen excepcional de autorización autonómica para aquellos establecimientos comerciales que puedan generar impacto ambiental, territorial o sobre en el patrimonio histórico-artístico de carácter supramunicipal.  La ley considera que son potenciales generadores de impacto ambiental los establecimientos comerciales que cuenten con una superficie comercial igual o superior a 2.500 m² y aquellos cuyas condiciones urbanísticas determine el PATSECOVA. El Plan, combinando las variables tamaño y localización, desarrolla y pormenoriza la clasificación de los establecimientos en base a su impacto territorial, yendo más allá del criterio del tamaño, de tal manera que existen condicionantes a la implantación en determinadas localizaciones especialmente sensibles, para establecimientos de menores dimensiones, a partir de 1.000 m2 de superficie de venta. Y del mismo modo que establece un límite inferior, por debajo del cual los impactos generados son mínimos y, por lo tanto, no hacen necesaria la existencia de una autorización comercial autonómica, el Plan establece un límite superior, por encima del cual considera que se generan efectos de saturación incompatibles con los criterios de sostenibilidad que sustentan las medidas de ordenación contenidas en el Plan. Mientras que la autorización ambiental que se tramita junto a la licencia de obras controla la previsión de impactos generados por la puesta en marcha de la actividad y la incorporación de las medidas de mitigación necesarias para reducir los impactos previstos y mantenerlos dentro de los umbrales reglamentariamente establecidos, la autorización comercial autonómica, por su parte, garantiza que las implantaciones comerciales de mayor impacto territorial se ajustan a criterios de planificación supramunicipal, criterios ambientales, producen una ocupación racional de suelo, están sujetas a la existencia de infraestructuras que resuelvan adecuadamente las necesidades de movilidad previstas y no afectan a ámbitos protegidos o de especial interés por su valor histórico-artístico, urbanístico o medioambiental. Los establecimientos comerciales de mayor tamaño con que cuenta actualmente el Sistema Nodal de Referencia Comercial de la Comunitat se encuentran en torno a los 120.000 m2 de superficie de venta. Se entiende que ese valor es compatible con la capacidad de acogida, no solo del sistema comercial, sino de los sistemas de transportes, de distribución energética e hidráulica y de la Infraestructura Verde de la Comunitat. Se trata, por lo tanto, de una valoración empírica de la capacidad de acogida del territorio para el desarrollo de nuevos proyectos comerciales, en función de la conservación de los valores ambientales, paisajísticos, económicos y culturales de la infraestructura verde y de la integridad de sus procesos, tal y como establece la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.