El poder de retirar los cargos en un caso de violencia doméstica recae en gran medida en el fiscal, un concepto conocido como discreción procesal. Esta discreción permite a los fiscales decidir si continúan con un caso o desestiman los cargos en función de varios factores. Estos factores pueden incluir la solidez de las pruebas, la gravedad del delito, los antecedentes penales del acusado y los intereses de la justicia.