Una administración pública suspendería los pagos de sus obligaciones para con la deuda emitida si no fuera capaz de cumplir con su escenario presupuestario y tuviera un cierre total a los mercados financieros. Por ejemplo, el país que más cerca ha estado de una suspensión de pagos ha sido Grecia, pero ha contado con el apoyo de la Unión Europea mediante su plan de rescate y ha podido seguir atendiendo sus pagos.
Por contra, cuando bajamos a niveles inferiores a los países, los riesgos de impago aumentan, dado que las comunidades autónomas o entidades públicas menores tienen menor capacidad de maniobra financiera y las adversidades macroeconómicas  pueden pasarles una factura mayor para cumplir con sus pagos. Los riesgos intrínsecos siempre son la capacidad de cumplimiento del presupuesto y la evolución de los ingresos y gastos de la entidad pública.
Invertir en deuda pública en un escenario macroeconómico de crisis tiene una componente de riesgo que no es despreciable y para cualquier inversión que se lleve a cabo en estos productos, tenemos que ser conscientes de que existe una pequeña probabilidad de impago de la deuda por parte del inversor. Como en todos los casos, las inversiones seguras no existen y aunque las garantías de las administraciones públicas son mucho mayores que a algunas emisiones de deuda privada, el riesgo de impago siempre existe.
En el escenario más adverso, una Administración pública podría suspender el pago de los cupones, no devolver los capitales prestados en plazo y asumir una renovación y pago futuro de la deuda, pero la pérdida total del dinero invertido es altamente improbable, dado que todas las administraciones públicas cuentan con el propio respaldo de la actividad económica y política de cada país en última instancia.