Se deben tener en cuenta los riesgos como la incertidumbre regulatoria, que puede resultar en cambios en la normativa urbanística o en los planes de zonificación, así como los gastos de urbanización y los posibles problemas relacionados con la disponibilidad de servicios básicos e infraestructuras. Además, la demanda y el valor del terreno pueden verse afectados por factores económicos y cambios en las tendencias del mercado inmobiliario.