Durante el año 2012 se llevó a cabo una primera ampliación de capital por valor de 3.000 millones de euros debido a la cantidad de activos tóxicos de los que Banco Popular era propietario y que por aquellas fechas ya estaba provocando importantes bajadas en la bolsa. Tras esta ampliación todo parecía ir relativamente bien, si además le sumamos las infinitas ruedas de prensa en los que el presidente de la entidad ha afirmado en público que el banco estaba en una inmejorable situación.
Pese a ello, fue el pasado 2016 cuando se hizo necesaria una segunda ampliación de capital donde a los accionistas de Banco Popular se les vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial de la entidad indicando que se obtendrían importantes beneficios y un cobro de dividendos. De hecho, la misma entidad ofreció a destajo préstamos bancarios para la compra de acciones del Popular.
Sin embargo, la realidad fue que esos dividendos nunca llegaron y los beneficios se convirtieron en pérdidas. Aunque en un principio se aprovisionaron 4.700 millones de euros, finalmente fueron necesarios 1.000 millones de euros adicionales para hacer frente a la situación económica.
Para más inri, a todo esto, debemos sumarle que el pasado mes de julio de 2016, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó a Banco Popular con una multa de un millón de euros por la comercialización de los famosos Bonos convertibles, por considerar que se vulneraron los deberes de información a los inversores previstos en la legislación.
La infracción, considerada por la CNMV como “muy grave”, fue ratificada por el Tribunal Supremo, quien en diciembre del pasado año 2016 declaró nula la colocación de los citados bonos por “desconocimiento de la dinámica y desenvolvimiento del producto”, esto es, una clara comercialización incorrecta al no tener en cuenta la adecuación de los clientes a la hora de contratar el producto y ni advertir a los inversores de los riesgos del mismo.