La expulsión obliga a un extranjero que se encuentra en situación irregular en España a abandonar el territorio español. En muchos casos comporta una orden de no retorno que tendrá una duración máxima de cinco años. El procedimiento se inicia por parte de la policía, cuando detecta que existe una persona cuya situación supone un incumplimiento de la normativa de extranjería (estancia superior a 90 días sin autorización o permiso de residencia).
Una vez dictada la orden de expulsión, se procederá al archivo de cualquier procedimiento iniciado que tuviera como objetivo obtener una autorización para residir o trabajar en España.
La expulsión de un extranjero afecta a derechos fundamentales tan importantes como lo son la intimidad personal y familiar. Por tanto, las autoridades españolas deben ponderar las circunstancias familiares y el arraigo del afectado antes de tomar una decisión sobre su expulsión.