El derecho a una vivienda social suele estar dirigido a personas con dificultades económicas, familias numerosas, personas mayores, personas con discapacidad o aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Los requisitos específicos varían según la normativa de cada comunidad autónoma y municipio, pero generalmente se valoran los ingresos, la composición familiar y la situación laboral del solicitante.