Muchas veces el Estado se convierte en importador directo de alimentos. Lo puede hacer para presionar precios a la baja, para distribuir en casos de emergencia e inclusive como una forma directa de subsidio social. En todos esos casos la mercancía, una vez arribada a los puertos, debe ser guardada en depósitos que cobran un alquiler por día que varía dependiendo de los metros cúbicos de guarda y condiciones de temperatura. El problema empieza cuando allegados al Estado importador son quienes son los dueños de esos depósitos, ya que, a partir de ese momento, el gran negocio será no distribuir la comida guardada con el fin de cobrar más días de alquiler. Tarde o temprano la comida se deteriora y es botada a la basura. Nadie va preso ya que siempre se le puede achacar el tiempo de guarda a malos gerentes, exceso de importación o problemas de distribución.