En efecto, este reglamento del 2018 implicó cambios más severos en lo que respecta a la protección de datos: La obligación de notificar a los clientes la vulneración y la exposición de sus datos, lo que se traduce por unos costes administrativos muy altos que con un ciberseguro quedarían cubiertos. Las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos pasan un máximo de 600.000 euros a un máximo de 20 millones de euros. Toda una diferencia económica ostensible. Estos temas quedan resueltos con un buen ciberseguro.