Por regla general, en la ley no se contempla una diferencia entre la incapacidad que se ha concedido por parte de la vía administrativa y la que se consigue por la vía judicial.
No obstante, sin un juez falla a favor del beneficiario y obliga a la Seguridad Social a abonarle la pensión por incapacidad permanente, existen menos probabilidades de que convoquen al beneficiario de dicha prestación a una revisión periódica.