Es un equipo de juristas y abogados contratados para representar al Estado dominicano en el proceso de recuperación de bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de infracciones o ilícitos penales, omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes.