Con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas, reduciendo la morosidad de las Administraciones públicas, es que en 2013 se ha promulgado la ley 25/2013 de 27 de diciembre, en el marco de una serie de reformas estructurales que impulsan la facturación electrónica en España y su uso para las relaciones comerciales con las administraciones públicas.
Es así entonces, que la obligación de remitir el documento en un formato específico, denominado FacturaE, se extiende al conjunto de las entidades que emitan facturas por la entrega de bienes o prestaciones de servicios por importe igual o superior a 5000 euros.