En España, la celebración de un proceso penal se divide en etapas y, en cada una de ellas, el presunto autor del delito será denominado de una forma específica: denunciado o querellado en fase preliminar, investigado en fase de instrucción, procesado o encausado en fase de juicio oral y, por último, condenado o absuelto en fase de sentencia.
Durante todo el proceso, el presunto autor de los hechos tiene derechos reconocidos por ley:
Según el artículo 24.2 de la Constitución Española,
A Juez ordinario predeterminado por la Ley y a la defensa y asistencia de letrado.
A un proceso público, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, y, además, a ser informado de la acusación formulada contra él.
A utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí, no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.
Por otro lado,
A solicitar asistencia jurídica gratuita, a designar libremente su letrado y a la traducción e interpretación gratuitas.
A participar para ejercer su derecho de defensa y a solicitar la práctica de las pruebas pertinentes.