title: Frente Popular (España)

text: En ocasiones los ataques y coacciones sufridos por los católicos fueron respondidos, pero fueron gestos aislados. La prensa católica y de extrema derecha culpó de la «persecución» que estaban sufriendo los católicos al «Gobierno tiránico del Frente Popular», «enemigo de Dios y de la Iglesia». Algunos católicos enviaron cartas a los diputados de derechas denunciando la situación que vivían. Esta fue parte de la carta que envió un grupo de católicos de Alcázar de San Juan al líder de la extrema derecha José Calvo Sotelo para exponerle las «arbitrariedades» que estaban padeciendo por parte de la gestora de izquierdas que gobernaba el ayuntamiento: Por su parte la prensa republicana, aunque condenó la quema de iglesias, minimizó los hechos y los justificó. El diario "El Liberal" de Madrid publicó que eran consecuencia «lógica» «de la insensatez que supone en el alto clero español intervenir en la política en nombre de la religión. En todos los pueblos, los curas, obedeciendo exhortaciones de los prelados, han sido los más entusiastas agentes de la propaganda electoral derechista». La misma posición es la que sostenían los políticos de los partidos del Frente Popular. El socialista "caballerista" Rodolfo Llopis, respondiendo a una intervención del líder monárquico José Calvo Sotelo sobre el tema, le replicó en las Cortes, tras afirmar que «está en la tradición española el quemar iglesias» aunque no en la tradición socialista: «Desde que hay lucha de clases, la Iglesia, para su desgracia, se ha puesto del lado de una de las clases sociales, de la clase enemiga de los trabajadores, de la clase proletaria. [...] A nosotros no nos interesa —repito— quemar iglesias y conventos porque [como] aspiramos a llegar al poder político, podríamos entonces utilizar esos edificios como se han utilizado en otras partes, y si los quemamos es evidente que no los vamos a poder utilizar». Una posición más matizada es la que sostuvo en público Manuel Azaña. El 16 de abril en un discurso en las Cortes dijo: La actuación del gobierno ante el acoso a los católicos y la violencia anticlerical ha sido objeto de debate entre los historiadores. Gabriele Ranzato ha señalado que se multiplicaron estos hechos «por la impotencia, la indiferencia, y a veces la conveniencia y complacencia de las máximas autoridades políticas». De hecho no se tomaron medidas para prevenir los incendios de los edificios religiosos ni cuando estos se producían «los culpables raras veces fueron buscados, arrestados y sancionados con condenas». Añade que esta actitud de los políticos republicanos no solo contradecía la libertad de cultos que ellos decían defender sino que estaba «creando un ejército popular de creyentes profundamente ofendidos, dispuestos a batirse junto a las clases sociales más egoístas y antidemocráticas, con tal de ver restaurada y respetada su sagrada religión». José Luis Martín Ramos, por el contrario, exculpa al gobierno alegando que «son conocidas las reacciones de Azaña lamentando desde el primer momento la quema y asaltos de edificios religiosos». Y añade como disculpa: «en la sociedad española existía desde antiguo un antagonismo clericalismo-anticlericalismo, de difícil superación por su interrelación con el conflicto social y político; resulta clamoroso que Álvarez Tardío y Villa [autores del estudio de 2013 sobre la violencia anticlerical] reconozcan el elevado número de incendios, asaltos y agresiones que coincidieron con ataques a centros de los partidos y las organizaciones sociales de la derecha y no saquen las consecuencias correspondientes de la identificación de la Iglesia, de la mayoría de su clero, su jerarquía y su feligresía de élite con esa derecha».


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text: Gabriele Ranzato concluye: El gobierno del Frente Popular se propuso aplicar la ley de 1933 que desarrollaba el artículo 26 de la Constitución de 1931 que prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas (cuyos colegios impartían, según Gabriele Ranzato, una «educación dogmática, antiliberal y antidemocrática» y «anticientífica») y que durante el «bienio negro» los gobiernos radical-cedistas habían dejado en suspenso (unos 350 000 alumnos de primaria y unos 20 000 de secundaria iban a colegios religiosos). El nuevo ministro de educación Marcelino Domingo decretó el cierre de los colegios religiosos allí donde pudieran ser sustituidos de inmediato por escuelas públicas con profesores laicos. Era consciente de que el proceso de sustitución, dados los limitados recursos financieros del Estado, sería largo porque había que construir o adecuar los edificios destinados a escuelas y formar a los maestros. Así para la enseñanza primaria fijó un plazo de dos años para completar el proceso. El 2 de mayo se aprobó un decreto por el que se creaban patronatos provinciales que estudiaran la rápida sustitución de los docentes religiosos por personal interino laico. También se aprobó el restablecimiento de la coeducación en las aulas y la habilitación de un presupuesto extraordinario para dotar 5300 nuevas plazas de maestros estatales.


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text: Sin embargo, en muchas localidades los alcaldes tomaron la iniciativa por su cuenta y procedieron a cerrar los colegios religiosos (sin hacer caso a las advertencias que les hacían los secretarios de los ayuntamientos de que la medida era ilegal al no venir respaldada oficialmente por el Ministerio de Instrucción Pública) e incluso a confiscar a menudo los edificios para instalar allí las escuelas públicas. En bastantes casos el cierre supuso en realidad dejar sin educación a sus alumnos, lo que provocó las vivas protestas de los padres, muchos de los cuales rechazaban enviar a sus hijos a las escuelas estatales y reivindicaban lo que llamaban «libertad de enseñanza».


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text: La política relativamente moderada de Marcelino Domingo, fue sustituida por una mucho más radical cuando el 13 de mayo se formó el nuevo gobierno de Santiago Casares Quiroga y Francisco Barnés Salinas ocupó el Ministerio de Instrucción Pública. Este el 20 de mayo, solo pocos días después de haber tomado posesión de su cargo, promulgó un decreto por el que se ordenaba el cierre inmediato de todos los colegios católicos aunque no hubiera una escuela pública para sustituirlos y miles de alumnos se quedaran sin clases. La medida legalizaba la clausura de las escuelas católicas llevada a cabo por su cuenta por algunos alcaldes en las semanas anteriores pero también abrió la puerta para que ellos y muchos otros se incautaran de los colegios religiosos expulsando de sus inmuebles a las congregaciones religiosas que eran sus propietarias. Según Fernando del Rey Reguillo, «una vez más, aparte de las propias convicciones laicistas puestas sobre la mesa a los pocos días de formarse el Gobierno, se trataba de dar respuesta a las presiones secularizadoras que emergían desde la base social que sostenían su poder y su legitimidad, a riesgo, claro está, de propiciar un enfrentamiento».


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text: El cierre inmediato de los colegios religiosos y la expulsión de las congregaciones religiosas de los inmuebles, que eran de su propiedad, no solo suscitó la repulsa de las derechas —la CEDA montó en seguida una campaña de prensa y el 4 de junio se retiró temporalmente de las Cortes en protesta por la «ofensa intolerable a la conciencia católica del país»— y de las asociaciones católicas de padres —que organizaron recogidas de firmas— sino entre los sectores liberales-democráticos. El diario "La Vanguardia", uno de sus portavoces, publicó el 29 de junio un editorial en el que se decía que la Constitución de 1931 no «faculta a nadie, y muchísimo menos a autoridades subalternas de importancia tan relativa como la local, para proceder a la expulsión extemporánea de los religiosos dedicados hasta ahora a la enseñanza, ni a la incautación de los edificios de su propiedad. Esto, sin embargo, es lo que se viene haciendo en varios puntos de España, y esto no es legal [...] Mientras el Estado o las corporaciones públicas, como diputaciones y ayuntamientos, no hayan afrontado y resuelto la manera de sustituir la enseñanza de los religiosos, ¿qué eficacia ni qué sentido puede tener el simple cierre brutal de sus colegios?».


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text: La prensa republicana respondió a las críticas en tonos muy agresivos amenazando incluso con la disolución de las órdenes religiosas al recordar que el artículo 26 de la Constitución disponía la «disolución de las órdenes religiosas que por sus actividades constituyan un peligro para la seguridad del Estado». El propio ministro Barnés justificó en las Cortes las incautaciones como una respuesta de la «gente» a las políticas del «bienio negro» («¿Qué queríais? ¿Que el Ministerio de Instrucción Pública, ante esa furia desatentada de la gente, dijera: "Que se abran los colegios", en desafío a esa corriente apasionada de opinión?», dijo Barnés), lo que provocó el abandono del hemiciclo por los diputados monárquicos y de la CEDA. En ese mismo debate los socialistas apoyaron y alentaron la política de Barnés (que poco antes había afirmado su propósito de «echar fuera del palenque de la cultura esa enseñanza mezquina, pobre, que dan las congregaciones religiosas») porque había que impedir que la «enseñanza congregacional» siguiera «prostituyendo la conciencia de los niños», según dijo su portavoz Rodolfo Llopis, que había sido director general de enseñanza primaria durante el primer bienio.


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text: Durante los cinco meses en que gobernó el Frente Popular antes del inicio de la guerra civil estuvo vigente el estado de alarma, lo que facultaba al Gobierno a establecer una férrea censura de prensa y restringir las libertades de expresión, reunión y manifestación. Las severas limitaciones al ejercicio de las libertades que suponía el estado de alarma se dirigieron fundamentalmente contra las organizaciones y partidos de las derechas y no solo fueron aplicadas por el Gobierno sino también por los ayuntamientos en manos de la izquierda, socialistas en su inmensa mayoría, que se arrogaron funciones gubernativas, policiales y judiciales que no les correspondían, lo que provocó choques con los gobernadores civiles. También por la permisividad que mostraban ante las actuaciones ilegales de sus propios partidarios. Solo un mes después de haberse celebrado las elecciones el ministerio de la Gobernación emitía una circular dirigida a los gobernadores civiles en la que se decía: En la provincia de Ciudad Real, por ejemplo, los gestoras izquierdistas que controlaban los ayuntamientos cerraron numerosos centros de las derechas como «círculos de labradores, organizaciones patronales, sindicatos católicos agrarios, casinos, locales de los partidos derechistas y de la Falange, círculos republicanos conservadores o sedes de las Juventudes Católicas. Algunos de estos locales fueron asaltados... En la clausura de estos centros casi nunca medió una explicación oficial, simplemente se aplicaron las órdenes de los ediles municipales. Si los alcaldes se dignaban dar algún pretexto para justificar estos actos, siempre se repetía lo mismo: se trataba de impedir la alteración del orden público». De esta forma, «las gestoras izquierdistas —de la mano de los concejales socialistas más que de los republicanos— consiguieron destrozar en gran medida el cañamazo asociativo derechista en los pueblos, manteniéndolo inhabilitado durante todos estos meses».


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text: Los ayuntamientos regidos por las izquierdas también llevaron a cabo registros domiciliarios y cacheos (muchas veces «amparados en la sombra de la noche» y al margen de las órdenes del gobernador civil) de personas de derechas realizados no solo por los guardias municipales sino también por ciudadanos armados sin estar autorizados para ello. Esto motivó que el gobernador civil de la provincia de Ciudad Real, por ejemplo, ordenara a principios de abril a los alcaldes que acabaran con esas prácticas y que detuvieran a tales individuos que se atribuían funciones que no les correspondían. El 9 de abril era el Ministerio de la Gobernación el que emitía una circular en la que se prohibía taxativamente la participación de civiles («personas no revestidas de autoridad») en los cacheos y registros. En la misma circular se prohibía la extensión de volantes para el uso circunstancial de armas de fuego, lo que estaba siendo aprovechado por los ayuntamientos socialistas para armar a sus correligionarios. Que estas órdenes no se cumplieron lo demostraría que a finales de mayo el ministerio de la Gobernación tuviera que volver a insistir: «Son repetidas las quejas que se reciben en este Ministerio respecto de los abusos cometidos por individuos y grupos que se abrogan [sic], sobre todo en los pueblos, funciones que únicamente competen a la autoridad y es necesario en bien de la República que este estado de cosas, donde exista, cese inmediatamente».


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text: Los registros y los cacheos de las personas de derechas en muchas ocasiones acababan con su detención y encarcelamiento (en la Ciudad Real, una provincia «que se había movido en niveles intermedios de conflictividad desde que se proclamó la República», fueron detenidas unas 300 personas por motivaciones políticas, aunque probablemente fueran muchas más, y sin que hubieran cometido ningún delito). En ocasiones los detenidos eran golpeados en los calabozos por los guardias municipales o por algún empleado del ayuntamiento. «En aquella primavera bastaba ser dirigente o militante conocido de Falange, de Renovación Española o de la Comunión Tradicionalista para correr serios riesgos de acabar en prisión, aunque los implicados no se hubieran saltado las leyes. Es más, cabe resaltar que el cerco a las derechas no se limitó al polo más extremo de las mismas, tal y como inicialmente planteó el Gobierno. El cerco salpicó o golpeó de lleno a muchos militantes de los partidos conservadores o de centro-derecha... como Acción Popular, el Partido Agrario o el Partido Radical. De hecho, posiblemente la mayoría de los detenidos tuvieron este origen».


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text: Los diputados derechistas denunciaron los hechos ante los gobernadores civiles, ante el Gobierno y en el Parlamento. Uno de ellos leyó el 19 de junio en el hemiciclo una carta que había recibido de uno de los pueblos de la provincia de Ciudad Real en la que se relataban las arbitrariedades que se estaban cometiendo con las personas de derechas: «registros domiciliarios a personas destacadas de derechas y a horas las más intempestivas de la noche»; detenciones «sin causa justificada»; imposición de «multas a granel» de forma indiscriminada; agresiones a personas de derechas cuyos autores quedan impunes; etc. En otra carta privada enviada al líder monárquico José Calvo Sotelo por una vecina («ferviente admiradora de sus ideales») de Argamasilla de Alba le informaba especialmente de que «los policías, capitaneando varios grupos armados, se dedicaron a la caza de los elementos de orden deteniendo y encarcelando a cincuenta y siete personas» (este hecho, dado el número tan elevado de detenidos, también fue recogido por la prensa). Ante tantas coacciones, detenciones y encarcelamientos las personas que tenían medios económicos para hacerlo (es decir, principalmente los grandes terratenientes) abandonaron los pueblos para refugiarse en la capital provincial o en Madrid. La CEDA denunció que sus militantes se estaban viendo «obligados a huir en masa de los pueblos».


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text: Otra de las acciones que emprendieron los ayuntamientos de izquierdas fue el desarme de los «elementos de derechas». Desde "El Socialista" se destacó una necesidad apremiante «el desarme implacable de los adversarios del régimen» ya que estos pretendían «desquitarse de la derrota en las urnas». «Les urge disponer de una trinchera de cadáveres en la que hacerse fuertes y desde la que disparar a mansalva contra el Frente Popular», por lo que el diario recomendaba a los militantes socialistas «dormir con un ojo abierto». Sin embargo "El Socialista", controlado por los "prietistas", advirtió que no había que caer en las provocaciones del «fascismo realista y sacristanesco». Mucho más contundente se mostró "El Obrero de la Tierra", el órgano de la FNTT controlada por los socialistas "caballeristas": «Que todos tomen sus medidas como si estuviéramos en vísperas de un ataque desesperado y feroz de las derechas. [...] Nos hallamos en guerra civil, larvada en unos sitios y descarada en otros». Por eso debían constituirse las «Milicias del Pueblo», «con normas militares y espíritu proletario», que relegarían a los cuarteles a la Guardia Civil y al resto de fuerzas de seguridad, pues mientras durase la «guerra civil» «larvada o manifiesta» las milicias bastaban: Además esas Milicias, según "El Obrero de la Tierra", constituirían el bastión en defensa de las conquistas conseguidas hasta ese momento frente «a todos los señores de la tierra, a sus lacayos directos, a sus matones a sueldo, a la clerigalla trabucaire, y, respaldando a todas esas fuerzas enemigas ['armadas hasta los dientes'], a la Guardia Civil, a los jueces de la burguesía, a los técnicos desleales y a los chupatintas taimados». «Sólo si devolvemos golpe por golpe dejarán de asesinarnos. Sólo si ven en cada pueblo un centenar de milicianos valientes y bien disciplinados, y si este centenar forma hermandad con los pueblos vecinos... sólo entonces, repetimos, podremos considerar aseguradas nuestras conquistas. No basta tomar la tierra. Hay que estar dispuesto a defenderla. No es suficiente dominar un Ayuntamiento. Hay que hacerlo respetar. Para ello necesitamos contar con fuerza propia... Las milicias del pueblo son las que han de hacer el desarme a fondo de los enemigos del proletariado y de la República».


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text: La CEDA denunció «la persecución contra nuestras fuerzas y [que] la arbitrariedad gubernativa ha alcanzado extremos tales que no ya la libertad de sufragio sino los más elementales derechos naturales del hombre no tienen en regiones enteras la más pequeña garantía». Su líder José María Gil Robles protestó en las Cortes por la «persecución implacable contra las gentes de derechas» y justificó el hecho de que a causa de ello muchos afiliados de su formación política se marcharan a otras organizaciones «que les ofrecen, por lo menos, el aliciente de la venganza cuando ven que dentro de la ley no hay garantía para los derechos de los ciudadanos» (en esos momentos muchos jóvenes de las JAP se estaban pasando a Falange). En junio el gobierno clausuró la sede en Madrid de la Organización Nacional Católica del Trabajo, que afirmaba contar con más de 275 000 afiliados, por supuestas «provocaciones». El 19 de mayo el líder monárquico José Calvo Sotelo había dicho en un discurso en las Cortes: «¿Cómo, pues, no va a temblar una gran parte de la sociedad española ante la hipótesis de que el marxismo llegue a adueñarse de las palancas del poder en España?».


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text: El diario liberal "El Sol" dedicó su editorial del 16 de junio a denunciar las arbitrariedades que cometían los alcaldes «demagogos» que creían que «ha llegado la hora de la revolución social» y los comparaba con los servidores de los antiguos caciques: En la sesión de las Cortes del 1 de julio un diputado de derechas denunció lo siguiente (los hechos que relató no fueron negados por los diputados del Frente Popular y el ministro de Trabajo en su contestación se limitó a recordar la represión del «bienio negro»): Luis Romero ha afirmado que a las personas y a los políticos de derechas «les espantaban las agresiones y los encarcelamientos irregulares, lo que provocaba que algunos propietarios abandonaran las fincas y los pueblos, no para sabotear la economía (que sólo en casos extremos pudo ser cierto ese móvil), sino para salvar la vida o escapar a vejatorias humillaciones». Pero este autor introduce un matización: «las minorías de derechas defendían posturas extremas, apegadas como se hallaban a privilegios atávicos, a la inmutable legitimidad de cualquier título de propiedad, aunque muchos dirigentes y hasta algún terrateniente latifundista no dejaran de comprender que se hacía necesario afrontar unos cambios que tendrían que desarrollarse a expensas de sus privilegios. Sentado que se imponía corregir una situación injusta, que ellos no habían sabido, o deseado, enmendar, estaban dispuestos, por los menos los mejores entre los políticos, a ceder en determinados puntos, pero les tenían asustados los desórdenes, las ocupaciones ilegales, las amenazas y las exigencias, en ocasiones arbitrarias».


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text: Tras las elecciones de febrero de 1936 ni el PSOE ni la CEDA, las dos principales formaciones políticas del sistema de partidos de la República, consiguieron articular una política única y clara bajo un liderazgo único. Según Santos Juliá, «por diferencias internas entre sus alas moderada (Manuel Giménez Fernández y Luis Lucia, en la CEDA; Indalecio Prieto, en el PSOE) y radical (José María Gil Robles, en la CEDA; Francisco Largo Caballero, en el PSOE), y por presiones externas procedentes de la derecha subversiva, por un lado, y del sindicalismo revolucionario, del otro, ambos partidos se mostraron indecisos respecto al grado de compromiso que estaban dispuestos a asumir en la defensa de las instituciones republicanas». Y tanto Giménez Fernández y Lucia en la CEDA, como Prieto en el PSOE no lograron que sus respectivos partidos se comprometieran en apoyar a la República y a la democracia, el primero, y al gobierno y a la democracia, el segundo. «De esta forma, el gobierno quedó desasistido por sus aliados naturales y hostigado desde la derecha por una envalentonada oposición monárquica que arrastraba ya con fuerza a los católicos y desde la izquierda por un sector del PSOE que, si había renunciado a la revolución, esperaba con impaciencia la hora de sustituir al gobierno republicano por uno exclusivamente socialista».


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text: José Manuel Macarro Vera concede una especial relevancia a la radicalización socialista y a la división del PSOE provocada por ella, pues «mientras los republicanos y los centristas del PSOE [encabezados por Prieto] se habían buscado para recuperar la República, la izquierda socialista se desentendió de un régimen al que siempre vio como una estación de paso. La quiebra del socialismo, áspera y rotunda, terminó bloqueando el proyecto de todos para rescatarlo, pues en 1936, el grupo caballerista, que predominaba dentro del socialismo, había abjurado de la revolución republicana en la búsqueda de una bien distinta, de la obrera».


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text: El 9 de junio Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y líder de Unión Republicana, le escribió en una carta a su paisano el cedista moderado Manuel Giménez Fernández:


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text: La distancia que cada vez más separaba a los dos sectores del socialismo español ("caballeristas" y "centristas") se puso en evidencia en el mitin («de fuerte contenido simbólico por el despliegue de banderas rojas con estrellas soviéticas, los abundantes uniformes que se avistaron y los cánticos enfervorizados de La Internacional y otros himnos revolucionarios») que celebraron el domingo 5 de abril en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid las juventudes socialistas y comunistas con motivo de su unificación (las recién nacidas Juventudes Socialistas Unificadas) y en el que el orador principal fue Francisco Largo Caballero. Este reiteró la posición que venía manteniendo en los últimos tres años: que «la clase trabajadora» debía marchar de una vez «hacia la dictadura del proletariado, que es la verdadera democracia». «La clase trabajadora es la que tiene que apoderarse del poder político para dominar a la clase burguesa», dijo también. «Después del 16 de febrero la clase trabajadora no puede aceptar que vuelva la reacción; no lo tolerará el proletariado. Las derechas, en España, deben haberse terminado, en lo que a gobernar se refiere. No piense nadie, pues, en darles el Poder», añadió. Sin embargo, como ha destacado Stanley G. Payne, la «izquierda socialista», como solían llamarse a sí mismos los "caballeristas", no había elaborado «ningún plan concreto para la toma revolucionaria directa del poder por un golpe o una insurrección. La única alternativa propuesta fue aprovecharse de la reacción ante un intento de golpe o insurrección por parte del ejército, que podría ser sofocado por una huelga general revolucionaria, seguida de la transferencia de poderes a un régimen de dirección socialista».


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text: Las diferencias entre "centristas" y "caballeristas" se incrementaron a partir de mayo cuando Manuel Azaña accedió a la presidencia de la República, ya que Largo Caballero se opuso radicalmente a la entrada de los socialistas en el gobierno del Frente Popular y a que Indalecio Prieto, el líder de los "centristas", sustituyera a Azaña en la presidencia del gobierno. Largo Caballero continuó defendiendo el entendimiento entre las «organizaciones obreras» para esperar el momento en que el fracaso de los «burgueses republicanos» facilitara la conquista del poder por la «clase obrera». Y esa fue la línea que se impuso en UGT donde el sector "caballerista" gozaba de la mayoría, mientras la línea "prietista" se hacía con la ejecutiva del PSOE —«la fractura entre el PSOE y la UGT era tan patente, que el sindicato estaba actuando como un partido al margen del primero»—, aunque el grupo parlamentario socialista de las Cortes siguió controlado por Largo Caballero así como la importante Agrupación Socialista Madrileña (esta última había aprobado la «dictadura del proletariado» y «la conquista del Poder político por la clase trabajadora y por cualesquiera medios que sean posibles», así como la unificación del PSOE con los comunistas). Largo Caballero además contaba con el apoyo incondicional de las Juventudes Socialistas que le llamaban el "Lenin español". Estas juventudes cada vez más radicalizadas acabaron fusionándose con las Juventudes Comunistas del PCE para formar en marzo de 1936, las Juventudes Socialistas Unificadas, bajo la dirección del joven socialista Santiago Carrillo, cada vez más en la órbita comunista, aunque su paso al PCE no se formalizaría hasta la guerra —en el manifiesto de constitución de las JSU se había anunciado su adhesión como «simpatizante» a la Internacional Comunista—. El viaje que realizó a Moscú un grupo de dirigentes de la FJS encabezados por su secretario general Santiago Carrillo fue decisivo para que las JSU cayeran bajo la órbita comunista. En el momento de la unificación las JSU contaban con unos 43 000 militantes, 40 000 socialistas y solo 3000 comunistas. En julio su número había aumentado espectacularmente hasta alcanzar los 140 000 afiliados.


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text: El proyecto de Largo Caballero —cuyo principal ideólogo era Luis Araquistáin (de ahí que en ocasiones se utilizara el término "araquistainismo" para referirse al "caballerismo")— era formar el "partido único del proletariado" que encabezaría la revolución socialista —cuyo modelo era Rusia— y que resultaría de la fusión de los partidos socialista y comunista, con predominio del primero debido a su mayor peso político, para la que no dudaba en plantearse depurar el PSOE de «todos los elementos enemigos de la revolución» (en clara alusión al sector socialista encabezado por Prieto). Los primeros pasos ya se habían dado con la integración del pequeño sindicato comunista en la UGT (en un acto celebrado en Málaga el orador socialista afirmó: «hoy podemos decir con orgullo que el PSOE está moralmente con la III Internacional») y con la unificación de las juventudes comunistas y socialistas en las JSU, aunque la nueva organización pasó a estar controlada, por vía interpuesta, por los comunistas (el representante de la FSJ en Granada dijo: «no nos separa nada de los comunistas, en cuanto a ideales»). Como ha señalado Macarro Vera, «si los caballeristas pensaban que iban a absorber al PCE de la misma forma como la UGT lo había hecho con sus minúsculos sindicatos, podían ir perdiendo toda esperanza. El bloque obrero contra los centristas se había saldado con la pérdida de las Juventudes. Como vieron los centristas, habían entregado a sus jóvenes a otro partido a cambio de nada, o, lo que era peor, a costa de fortalecer a los comunistas en un grado impensado». El diminuto sector socialista encabezado por Julián Besteiro denunció la «bolchevización del Partido Socialista». Uno de sus miembros, Gabriel Mario de Coca publicó un folleto titulado "Anti-Caballero. Crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista". De hecho, según Luis Romero, varios cuadros socialistas que viajaron a la URSS se convirtieron en «auténticos caballos de Troya» comunistas, entre los que destacaron Julio Álvarez del Vayo y Santiago Carrillo, este último secretario general de las FJS. Según el periódico "caballerista" "Claridad" la URSS era «una democracia de trabajadores que no tiene igual en el mundo».


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text: La Internacional Comunista y su sección española, el PCE, tenían el mismo proyecto de constitución del «partido único revolucionario del proletariado» aunque bajo control comunista (su propuesta concreta era transformar las Alianzas Obreras en sóviets, fundamento del «Gobierno obrero y campesino»). Poco después de las elecciones el secretario general del PCE José Díaz envió una carta a la ejecutiva del PSOE (que fue publicada por "Mundo Obrero" el 5 de marzo) en la que le proponía crear comités permanentes de enlace a todos los niveles entre los dos partidos, además de reforzar las Alianzas Obreras y Campesinas, con el objetivo de luchar «por nuestro propio programa, por el programa del Gobierno Obrero y Campesino». Ese programa consistía en los puntos que no habían sido admitidos por los republicanos en el pacto del Frente Popular a los que se añadía la supresión del Ejército sustituido por «un ejército rojo obrero y campesino que defenderá los intereses de las masas populares y de la revolución» y el reconocimiento a «Cataluña, Vasconia y Galicia» del «pleno derecho a disponer de sí mismos hasta la separación de España y la formación de Estado independiente». En un mitin conjunto socialista y comunista durante la campaña electoral el dirigente comunista Jesús Hernández había dicho:


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text: Para alcanzar sus objetivos los comunistas decidieron apoyar «la lucha del ala izquierda socialista para la depuración de todos los elementos enemigos de la revolución existentes en su partido, creando así las condiciones para llegar rápidamente a la formación del único partido revolucionario del proletariado» (tal como se decía en una resolución del Comité Central del 5 de abril). Además elogiaron en repetidas ocasiones a Largo Caballero, «un hombre que ha puesto toda su inteligencia y todo su entusiasmo al servicio del Frente Único en nuestro país, para que, cuando llegue el momento, pueda triunfar» (como dijo el secretario general del PCE José Díaz durante la campaña electoral). Jesús Hernández, miembro del Buró político del PCE, dijo delante de él en un mitin conjunto (tras mencionar al «genial Stalin») que «el problema de la unidad sindical, encontraba un genial intérprete en el camarada Francisco Largo Caballero». El dirigente de la Internacional Comunista Palmiro Togliatti también elogió a Largo Caballero, «un líder muy popular, que goza de una gran autoridad», del que destacó que había declarado «que es preciso abandonar la política de colaboración de clase con la burguesía, que el proletariado y su partido deben llevar a cabo una lucha revolucionaria para derrocar el capitalismo y para instaurar la dictadura del proletariado» y al que alentó a «limpiar el Partido Socialista» (eliminando el «grupo de centro, dirigido por Prieto... cuya victoria significaría el retorno a la política del colaboracionismo de clase») gracias a lo cual «el desarrollo de la lucha de masas y de la revolución se aceleraría más».


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text: Sin embargo, a principios de abril, como consecuencia de la amenaza creciente que suponía la Alemania nazi para la Unión Soviética, la Internacional Comunista, preocupada por la posible desestabilización de España, ordenó al PCE que abandonara la estrategia revolucionaria y apoyara al gobierno del Frente Popular: «la creación del poder soviético no está en el orden del día, sino que, momentáneamente, se trata solamente de construir un régimen democrático que permita cerrar el paso al fascismo y a la contrarrevolución». Al PCE le costó asimilar este giro en la línea política y muchos de sus dirigentes siguieron anteponiendo implícitamente la revolución a la defensa de la «República burguesa» —lo mismo les ocurrió a los dirigentes de las «bolchevizadas» JSU—. De hecho a principios de julio el PCE, cuyo número de militantes había aumentado considerablemente desde febrero (de 14 000 había pasado a 83 000), le propuso a la Comisión Ejecutiva del PSOE la fusión de los dos partidos mediante la asunción de los principios comunistas por los socialistas. Le proponían «"romper completamente el bloque de la social democracia con la burguesía"» reconociendo «la necesidad del "derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía" y de la instauración de la "dictadura del proletariado en forma de Sóviets"... sobre la base del "centralismo democrático y la experiencia de los bolcheviques rusos"» (las cursivas son del original publicado en el diario comunista "Mundo Obrero" del 3 de julio). Por otro lado la Internacional Comunista ordenó al PCE que comenzara una campaña contra el POUM acusado de «trosquista». Su líder Joaquín Maurín estaba «pagado con el oro fascista».


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text: El sector "caballerista" justificaba su opción revolucionaria (frente a la opción "centrista" de Prieto que defendía apoyar a la República democrática) partiendo de una lectura particular de la victoria del Frente Popular en las elecciones al afirmar, en palabras de Luis Araquistain, que «Octubre de 1934 y fabrero de 1936 son históricamente inseparables. Son dos instantes de un movimiento social orgánico, dos manifestaciones de un mismo proceso revolucionario. Sin la insurrección de octubre no existiría la victoria del 16 de febrero. Esto es lo que no debe olvidar nadie, y menos que nadie los republicanos de izquierda.[...] Las izquierdas, es decir, el proletariado, quieren continuar rápida e intensamente la revolución de Octubre. La paz y la concordia [«con las clases vencidas en las urnas el 16 de febrero»] son quiméricas, y no menos quimérica una política de conciliación o de centro. A un bando o a otro, la revolución o la contrarrevolución. No hay término medio, y quien sueñe en términos medios y se obstine a situarse en un centro imaginario, se expone a ser abrasado entre dos fuegos». En los artículos que escribía en su revista "Leviatán" Araquistain solía comparar la situación de España en 1936 con la de Rusia en 1917, ridiculizando la observación de Julián Besteiro de que los bolcheviques se habían hecho con el poder porque previamente se habían desintegrado las instituciones rusas como consecuencia las derrotas en la Gran Guerra. Araquistain confiaba en que «España puede ser muy bien el segundo país [después de Rusia] donde triunfe y se consolide la revolución proletaria». Para Araquistain el dilema histórico de aquel momento no era «fascismo o democracia» sino «fascismo o socialismo».


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text: Tras su frustrado intento de ocupar la presidencia del gobierno por la oposición del "caballerismo", Indalecio Prieto denunció «la animosidad con que me distingue cierto sector del partido en que milito» en referencia al "caballerismo" y acentuó la crítica contra sus postulados. En unas declaraciones a la prensa en Barcelona el 16 de mayo puso en cuestión uno de ellos, tal vez el principal: «la apreciación de que el desgaste de los gobiernos republicanos lleva como consecuencia obligada una solución en virtud de la cual sean los socialistas los que exclusivamente ocupen el poder, constituye una falta de visión política. El fracaso de los gobiernos republicanos, en que, por lo que se ve, se confía imprudentemente, reportaría el fracaso del Frente Popular íntegro, tanto de los que están en el poder como de los que no estamos». Al día siguiente, 17 de mayo, en un mitin celebrado en Ejea de los Caballeros, donde Prieto estuvo escoltado por los milicianos de «La Motorizada» que acallaron los vivas a Largo Caballero y al «Lenin español» que dieron algunos de los asistentes, volvió a atacar directamente a los "caballeristas" (impregnados, según Prieto, de un «revolucionarismo infantil»), cuestionando incluso su actuación durante la Revolución de Octubre de 1934 y haciéndolos responsables principales de su fracaso. Y volvió a insistir en lo declarado en Barcelona: los que «creen que el desgaste, y con él la destrucción de los gobiernos republicanos», traerá como consecuencia que «el poder pase de modo íntegro a manos de los socialistas» «no caen en la cuenta de que el desgaste y destrucción de esos gobiernos puede significar a la vez el desgaste de los partidos del Frente Popular encargados de sostenerlos, el quebranto de su crédito, la disminución de su potencia». Una advertencia similar es la que había hecho el también "centrista" Fernando de los Ríos en Granada el 2 de mayo, un día antes de la repetición de la elecciones en esa provincia: «Si perdemos la actual coyuntura por razones de impaciencia lo que venga no será igual a lo de antes, será la España sañuda y cruel que durante siglos hemos presenciado en el poder».


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text: Pero estas críticas no hicieron ninguna mella en el sector "caballerista" que no modificó en absoluto sus posiciones. Solo unos pocos días después del mitin de Prieto en Ejea de los Caballeros, Largo Caballero afirmó en Cádiz: «Cuando el Frente Popular se derrumbe, como se derrumbará sin duda, el triunfo del proletariado será indiscutible. Entonces estableceremos la dictadura del proletariado». En el mitin de Cádiz, donde se presentó como líder de la UGT, Largo Caballero abogó por una alianza de la UGT, la CNT y el PCE en los lugares de trabajo, con disciplina férrea, para que no pudieran vencer al proletariado ni el enemigo, ni «las fuerzas coercitivas del Estado». El 31 de mayo en su discurso en un mitin en Zaragoza —en el que también había participado el secretario general de los comunistas José Díaz que había hablado de la lucha para constituir el «partido único del proletariado», en la que «estamos ayudados por el camarada Largo Caballero»— Largo Caballero dijo que «una intervención socialista en el Gobierno» «sería la peor solución». Y añadió: «como he dicho algunas veces, si ellos [los republicanos] reconocen que ese programa [del Frente Popular] no lo pueden cumplir, entonces habrá que modificarlo y hacer otro en las condiciones que deseaba la clase trabajadora, para que esta pueda en su día, si es necesario, intervenir para modificar toda la estructura económica del país».


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text: El enfrentamiento entre los dos sectores socialistas —que se reflejó ásperamente en los artículos publicados en el "caballerista" "Claridad" y en el "centrista" "El Socialista"— se fue enconando hasta el punto de que los "caballeristas" impidieron violentamente, incluso realizando algunos disparos de pistola sobre la tribuna, que pudiera hablar Indalecio Prieto en un mitin celebrado en la plaza de toros de Écija el 31 de mayo. Los primeros en tomar la palabra fueron los líderes de la Revolución de Asturias Belarmino Tomás y Ramón González Peña pero apenas les dejaron hablar entre abucheos e insultos —algunos de los presentes les gritaron «socialfascista» tanto a ellos como a Prieto y al resto de los socialistas que se encontraban en la tribuna—. Mostraban pancartas de UHP y daban vivas al diario "caballerista" "Claridad", a Largo Caballero y a la revolución proletaria. Finalmente cortaron los cables de los altavoces. Para evitar ser agredidos —Juan Negrín, que también había acudido al mitin para apoyar a Prieto, sufrió varios golpes— Prieto y sus acompañantes tuvieron que huir en un coche sobre el que los "caballeristas" —la mayoría de ellos miembros uniformados de las JSU que se habían desplazado desde Sevilla convocados por «la causa del marxismo-leninismo» para hacer «frente al podrido reformismo y centrismo» y reventar el acto— lanzaron «una lluvia de piedras y de botellas de gaseosa» y sobre el que dispararon varios tiros rompiendo una de las ventanillas —siendo protegidos por los policías de escolta montados en el estribo del automóvil—. Otros seguidores de Prieto fueron perseguidos por el camino, capturados y apaleados. El presidente de la República Manuel Azaña escribió a su cuñado Rivas Cherif el 6 de junio: «El otro día, se salvaron de milagro Prieto, González Peña y Belarmino, a quienes quisieron asesinar en un mitin "socialista" en Écija. Parece que los agresores eran de los extremistas del partido, que encuentran poco revolucionario a González Peña y siguen a Araquistáin y Baraibar. El mundo es ansí».


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text: La extraordinaria gravedad de lo sucedido en Écija fue destacada por "El Socialista" que se lamentó de que «la fraternidad socialista ha sido ensangrentada por una prole de cainitas». Pero los dirigentes "caballeristas" no solo no condenaron los hechos, a pesar de que uno de los miembros de la ejecutiva de la UGT así lo pidió recordando que sí se había condenado el atentado contra Jiménez de Asúa—, sino que los justificaron al considerarlos una reacción a las «provocaciones» de los oradores contrarias a la línea revolucionaria —el "caballerista" Carlos Hernández dijo: «la Unión tiene determinada una táctica contra la cual se manifestaron los oradores dando lugar con ello a la protesta»; por su parte el miembro de la ejecutiva que había propuesto la condena se vio obligado a dimitir—. La misma posición adoptaron las JSU. Su secretario general Santiago Carrillo aún fue más lejos y habló abiertamente de la necesidad de «depurar» el partido socialista para constituir el «partido bolchevique», «el partido único del proletariado», resultado de la fusión del PSOE y del PCE (los comunistas, por su parte, alentaban a los "caballeristas" a «depurar al Partido Socialista» de los «elementos» que no «tienen una línea revolucionaria», de los «que quieren conducir al proletariado a la colaboración con la burguesía», para hacer posible la formación del «Partido Único Revolucionario del Proletariado», del «partido único marxista-leninista»). «La escisión política del socialismo estaba consumada», concluye José Manuel Macarro Vera. A mediados de junio un diputado socialista por Málaga llamaba a los redactores de "El Socialista" «lacayos de la burguesía». Por esas mismas fechas el nuevo gobernador civil de Sevilla se encontró con que fueron a darle la bienvenida por separado dos delegaciones del PSOE, una "caballerista" y otra "centrista".


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text: Los "centristas" habían respondido a los "caballeristas" con una circular de la Ejecutiva del partido, que ellos controlaban, en la que amenazaban con disolver las agrupaciones que «incumplan conscientemente los acuerdos del Comité Nacional» (una alusión nada velada a la "caballerista" Agrupación Socialista Madrileña) y acusaban al diario "caballerista" "Claridad" de ser un «órgano fraccional y escisionista», «pernicioso para la unidad del Partido y para la convivencia de sus militantes». El Comité Nacional del PSOE aprobó por unanimidad la circular de la Comisión Ejecutiva. Además acordó reclamarle al diario "Claridad", incluso por vía judicial, la deuda que mantenía con la Gráfica Socialista e insistir a las agrupaciones socialistas que tenían el deber de estar suscritas al diario oficial del PSOE ("El Socialista"), y leerlo. Pocos después el Comité Nacional hacía público un documento cuyo propósito era «restaurar la unidad y la disciplina» del PSOE y en el que instaba a las agrupaciones del partido al apoyo «ferviente» al Frente Popular del que dependía la «suerte de la República». «El Frente Popular no nos pertenece enteramente. Ni siquiera a España. Constituye en la hora internacional una acción ofensiva y defensiva de la democracia europea contra el fascismo. La opción no es entre capitalismo y socialismo, sino, como ha definido Dimitrov, entre fascismo y democracia», se decía. «El verbalismo revolucionario no es, ni mucho menos, la revolución, pero puede ser la contrarrevolución, si anticipa hechos de irremediable imprudencia, el peor de los cuales, camaradas de toda España, es el de la división del Partido», se añadía, insistiendo en la misma idea que ya había expresado Prieto en sus discursos. El 26 de mayo en un mitin en Bilbao había dicho: «Cuando las aspiraciones del proletariado en la consecución de mejoras desbordan la capacidad de la economía capitalista, esas aspiraciones están condenadas al fracaso, y en vez de servir para aumentar la capacidad de compra de los obreros, se produce la contracción, y de la contracción, a veces, el colapso». El 17 de junio escribió en su propio periódico "El Liberal": «Pensemos viendo la ruta peligrosa por donde van las cosas que alguna razón pueden tener nuestros impugnadores».


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text: Que los "caballeristas" no iban a modificar sus posiciones quedó perfectamente claro en el mitin que celebró Francisco Largo Caballero el 14 de junio en Oviedo (justo al día siguiente un periódico francés publicó unas declaraciones de Prieto en las que decía: «es injusto considerar a todos los derechistas como fascistas. El peligro fascista no existe, salvo que venga generado por la izquierda»). Arropado por las JSU, que eran las que habían organizado el acto, Largo Caballero reiteró lo que ya había dicho en ocasiones anteriores:


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text: El enfrentamiento se acentuó con motivo de las elecciones internas del PSOE para cubrir las vacantes existentes en la Comisión Ejecutiva tras la dimisión de Largo Caballero y de sus seguidores en diciembre del año anterior. A finales de junio se proclamó la ajustada victoria de la candidatura "centrista" encabezada por Ramón González Peña por 10 933 votos frente a los 10 624 obtenidos por la lista de Largo Caballero, habiéndose anulado miles de votos de las agrupaciones locales, en su mayoría "caballeristas", que no estuvieran al corriente del pago o fueran culpables de otras infracciones (hay que tener en cuenta que en aquellos momentos el PSOE contaba con 59 846 afiliados). Los "caballeristas" impugnaron los resultados y además insistieron en adelantar a finales de julio el Congreso extraordinario del partido previsto para octubre, propuesta que fue rechazada por la Comisión Ejecutiva contralada por los "centristas".


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text: El proyecto de Largo Caballero de constituir el «partido único del proletariado» con la fusión de socialistas y comunistas bajo su liderazgo necesitaba también contar con la gran masa de trabajadores que seguían a la CNT, que tenía oficialmente 560 000 de afiliados pero que probablemente fueran muchos más. Así, no había mitin en el que Largo Caballero no hiciera llamamientos unitarios a los «compañeros anarquistas». En uno celebrado en Zaragoza el 31 de mayo, en el que también había participado el secretario general de los comunistas José Díaz, Largo Caballero había comenzado su discurso diciendo: «Camaradas: el mitin que estamos celebrando ha de constituir para el proletariado español un acto histórico, porque en buen sentido y en buena lógica debe servir para sellar la fraternidad entre todos los trabajadores —lo mismo de la Confederación que de la Unión, socialistas que comunistas—, y también como promesa de que en el porvenir hemos de luchar todos unidos contra el enemigo común». En otro mitin, este celebrado en Cádiz por esas mismas fechas, Largo Caballero se había abrazado con un dirigente local de la CNT.


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text: La CNT desde el primer momento había sido hostil al gobierno del Frente Popular —así como la FAI que seguía propugnando el «método insurreccional para la conquista de la riqueza social»—. En un artículo publicado en "Solidaridad Obrera" el 6 de marzo se recordaban los sucesos de Casas Viejas de enero de 1933 en los que «el descrédito de Azaña como gobernante quedó sellado con una rúbrica de sangre». Y se añadía: «Para el trabajador consciente no debe, no puede haber más que dos caminos: o con la burguesía o frente a ella». Sin embargo, la CNT mostró cierta receptividad a la propuesta de Largo Caballero de quien "Solidaridad Obrera" había dicho que «encarna[ba] los puños enhiestos y representa[ba] en el campo socialista la continuación del espíritu que germinó en Mieres y Oviedo». Así, en el Congreso Extraordinario de la CNT que se celebró en Zaragoza a primeros de mayo (que reunió a 649 delegados que representaban a 988 sindicatos y 559 294 afiliados) se acordó ofrecer a UGT la formación de una Alianza Obrera Revolucionaria —fundamentada en «la ineludible necesidad de unificar en el hecho revolucionario a las dos organizaciones: UGT y CNT»— cuyo fin sería «destruir completamente el régimen político y social vigente». En ese Congreso la CNT se reafirmó en su objetivo final de alcanzar el comunismo libertario pero al mismo tiempo se hizo un reconocimiento público de los errores de la táctica insurreccional (era la primera vez que se hacía) y se optó por centrar las reivindicaciones en cuestiones concretas como los salarios y las condiciones de trabajo. El Congreso supuso también la reunificación del movimiento anarcosindicalista pues se aceptó el reingreso en la CNT de los sindicatos de oposición treintistas. El Congreso se clausuró el 10 de mayo con un gran mitin en Zaragoza, el mismo día que en Madrid era elegido Manuel Azaña como nuevo Presidente de la República.


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text: A pesar de lo acordado en el Congreso, no tardó en prevalecer en el seno de la CNT la opinión contraria a la convergencia con la UGT. Así lo manifestó "Solidaridad Obrera" el 29 de mayo: «Cesen las mescolanzas. Mantengamos nuestra personalidad... Y ni por asomo se nos ocurra abrazarnos, intervenir juntos en los mítines, comer en los mismos platos». Y Largo Caballero volvió a ser calificado como el «socialista enchufado de antaño». La razón de fondo era que el fin último de Largo Caballero, y de sus aliados comunistas, era la instauración de la dictadura del proletariado que estaba en las antípodas del pensamiento anarquista y del comunismo libertario. Pero por otro lado, las condiciones que ponía la CNT a la UGT para la firma del pacto de la «Alianza Revolucionaria» eran inaceptables para esta ya que se le exigía que abandonara el Frente Popular (que «reconociera explícitamente el fracaso del sistema de colaboración política y parlamentaria [con la burguesía]» y que, «como consecuencia lógica de dicho reconocimiento» dejara «de prestar toda clase de colaboración "política" y "parlamentaria" al actual régimen imperante», se decía en la resolución del Congreso Confederal).


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text: Una prueba de las dificultades para lograr la convergencia entre la UGT y la CNT fueron los sucesos de Málaga de la segunda semana de junio que saldaron con varios muertos. El motivo del enfrentamiento fue la pugna entre la CNT y la UGT por colocar a sus respectivos afiliados parados en el ramo de la venta y distribución del pescado (el sindicato ugetista de este sector estaba controlado por los comunistas, que acababan de ingresar en él). El 10 de junio los cenetistas asesinaron al concejal comunista Andrés Rodríguez, que los días anteriores se había paseado por el puerto pistola en mano, acompañado de otros miembros del PCE, prohibiendo que quien no fuera comunista (o socialista) pudiera vender pescado y tirándole al mar su mercancía. El asesinato fue respondido por los comunistas que intentaron matar a un dirigentes de la CNT y rociaron con líquido inflamable algunos locales de la CNT y una escuela anarquista. Por su parte los anarquistas tirotearon la Casa del Pueblo. Al día siguiente, 11 de junio, era asesinado a tiros el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, un socialista, cuando participaba en la comitiva fúnebre del concejal comunista asesinado. La represalia comunista fue inmediata y en el tiroteo a unos anarquistas murió una niña de 11 años, hija de uno de ellos, y al día siguiente, 12 de junio, un militante de la CNT moría acribillado a balazos. En sus acciones los comunistas encontraron la colaboración del gobernador civil que les había proporcionado los permisos de armas y había dejado que realizaran cacheos a los transeúntes. El día 13 la CNT declaró la huelga general y acusó al PCE, al PSOE y al gobernador de ser unos «fascistas de clase», una acusación que al parecer también les hicieron a ellos los comunistas y los socialistas. Como los tiroteos continuaron las direcciones nacionales de la CNT y de la UGT decidieron intervenir para poner fin a los altercados. La paz no se restableció completamente hasta que llegaron desde Madrid refuerzos de guardias de Asalto. Se practican numerosas detenciones de miembros de la CNT.


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text: Inicialmente se puso al frente del grupo parlamentario de la CEDA el moderado Manuel Giménez Fernández que intentó que sus diputados se comprometieran con el régimen republicano. Logró que reconocieran que «la política social de los gobiernos de las recientes situaciones de centro derecha fue totalmente errónea y contraproducente» y que aceptaran la legalidad republicana —que no era lo mismo que declararse republicanos— y se definieran a favor de la democracia. Pero el acoso que sufrieron las derechas por parte de las organizaciones del Frente Popular, especialmente en las zonas rurales, provocó que militantes de la CEDA la abandonaran yéndose, como dijo un dirigente de la organización, «en busca de un curandero (un Calvo Sotelo), [y de] un generalito» y que los que permanecieron en ella se fueran decantando cada vez más por la ruptura violenta del orden constitucional. Con Calvo Sotelo y Gil Robles a la cabeza los diputados de la derecha antirrepublicana convirtieron el Congreso de los Diputados en un «campo de batalla» con intervenciones que dieron lugar a duros enfrentamientos dialécticos con la izquierda. Por su parte los dos líderes de la «izquierda cedista», cuyos apoyos se habían visto muy mermados, se retiraron de la escena política: Giménez Fernández se marchó a su pueblo de Sevilla y Luis Lucia, cada vez en más desacuerdo con Gil Robles, se marchó a Francia donde le pilló el golpe de julio de 1936. Volvió a su ciudad, Valencia, y allí proclamó su lealtad a la República pero eso no impidió que pasara largos periodos detenido. Cuando acabó la guerra civil los franquistas lo juzgaron y lo condenaron a muerte, pena que fue conmutada por la de cadena perpetua (moriría en la cárcel en 1943).


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text: El progresivo acercamiento de la «accidentalista» CEDA a la alternativa violenta de los monárquicos estuvo motivado fundamentalmente por el cerco al mundo conservador que estaban llevando a cabo las organizaciones del Frente Popular —una de cuyas manifestaciones estaba siendo la «persecución» de los católicos y la enorme ola de violencia anticlerical— y por la amenaza revolucionaria que lo acompañaba y cuya concreción parecía inminente. La CEDA denunció «la persecución contra nuestras fuerzas y [que] la arbitrariedad gubernativa ha alcanzado extremos tales que no ya la libertad de sufragio sino los más elementales derechos naturales del hombre no tienen en regiones enteras la más pequeña garantía». Gil Robles protestó en las Cortes por la «persecución implacable contra las gentes de derechas».


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text: Luis Romero ha destacado que las «diferencias fundamentales» que separaban a Gil Robles de Calvo Sotelo —uno de los grandes errores de las izquierdas, según Romero, fue negarse a verlas— se fueron difuminando durante esos meses «por el cerco a que los tenían sometidos y los ataques que recibían» por parte de los partidos y organizaciones del Frente Popular. «Era Gil Robles un poderoso líder conservador que se esforzaba por trabajar dentro del régimen, y que se proponía modificarlo en provecho de las amplias minorías que representaba porque le habían votado; era exponente de una fuerza conservadora a la cual se le cerraba el camino a cualquier colaboración, y se la combatía con saña, lo cual la obligaba a replegarse hacia posiciones extremas a las cuales se sentía tan predispuesto». Calvo Sotelo, en cambio, «hablaba desde fuera del régimen, se mostraba antirrepublicano más que monárquico, antiparlamentario y antidemócrata... Para Calvo Sotelo, el Parlamento era sólo una caja de resonancia, no pretendía reformar las leyes ni corregir lo que en la marcha del régimen podía considerar lesivo para las ideas o intereses que defendía; su propósito era derribarlo». Pero «obligados a defenderse espalda contra espalda, las posiciones de Gil Robles y de Calvo Sotelo iban aproximándose, y, por ende, las de sus votantes y seguidores, hasta confundirse en sus límites. Y eso ocurría cada vez más, hasta tal punto que en la última sesión —la de la Comisión Permanente [del 15 de julio]—, muerto ya Calvo Sotelo, Gil Robles asume la voz, y consume el turno de toda la derecha española».


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text: Los miembros de la CEDA que la estaban abandonando, especialmente una parte de los integrantes de su rama juvenil (JAP), se unieron a las formaciones políticas que defendían la violencia para acabar con la República del Frente Popular, singularmente Falange. El propio Gil Robles llegó a justificar el hecho de que a causa del acoso que estaban sufriendo las derechas muchos afiliados se marcharan a otras organizaciones «que les ofrecen, por lo menos, el aliciente de la venganza cuando ven que dentro de la ley no hay garantía para los derechos de los ciudadanos». En una intervención en las Cortes Gil Robles dijo que los seguidores de su formación política se estaban deslizando hacia una solución de fuerza porque «la merma de mi autoridad procede de la conducta de la República y de la disminución de mi propia fe en que pueda acabar siendo un cauce legal y una voluntad nacional». La respuesta que dieron los diputados de la izquierda abochornó al socialista centrista Indalecio Prieto «cuando detrás de mi banco oía risotadas o interrupciones estúpidas». Según Prieto, «una sola cosa estaba clara; que nos vamos a merecer por estupidez la catástrofe». En otra sesión en la que se discutía la construcción de un presidio especial para penados políticos Prieto dijo por lo bajo: «Sí. Que nos lo preparen con todo el confort posible, por si no tenemos la fortuna de atravesar la frontera. Que el porvenir nos depare de nuevo la expatriación o el presidio nos estará bien merecido. Por insensatos».


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text: Además Gil Robles en el discurso pronunciado el 19 de junio en las Cortes constató el crecimiento en «sectores inmensos de la opinión española» de «ese ambiente que se da en llamar fascismo». En cuanto a sus causas dijo: «Esa difusa tendencia fascista (que, repito, no obedece a grandes opiniones doctrinales ni está encajada en determinados grupos) se está nutriendo, día a día, de los perseguidos, de los multados, de los encarcelados contra toda razón y toda justicia». Un crecimiento del «fascismo» que desde una perspectiva democrática también constataba el periodista Agustí Calvet "Gaziel" en las páginas de "La Vanguardia" y que achacaba a la incapacidad del gobierno para imponerse a «sus propios partidarios políticos»: «Lo que ocurre es, sencillamente, que [en España] no se puede vivir, que no hay gobierno: las huelgas, y los conflictos, y el malestar, y las pérdidas, y las mil y una pejigueras diarias, aun descontando los crímenes y los atentados, tienen mareados y aburridos a muchos ciudadanos. [...] ¿Cuál es la forma política que suprime radicalmente esos insoportables excesos? La dictadura, el fascismo. Y he aquí cómo sin querer, casi sin darse cuenta, la gente "se siente" fascista. De los inconvenientes de una dictadura no saben nada como es natural. De ellos sabrán después, cuando hubiesen de soportarlos». Por su parte el líder cedista moderado Manuel Giménez Fernández comentaba en una carta a su amigo, el ministro republicano Augusto Barcia, que «la preponderancia incluso doctrinal de quienes propugnan la violencia» —y la incapacidad del gobierno para frenarlos— «favorece más al fascismo que todos los éxitos de Abisinia».


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text: Como consecuencia de «ese ambiente que se da en llamar fascismo», como lo definió Gil Robles, el fascismo "stricto sensu", es decir Falange, vio crecer el número de sus militantes, provenientes una parte de ellos de los sectores más radicales y violentos de los partidos de derechas. Esto le permitió extenderse por las zonas rurales donde antes no tenía ninguna presencia, como Extremadura y Andalucía. Pero los que se incorporaban a Falange no solo eran jóvenes de las clases acomodadas —el hijo de un gran propietario, encarcelado por orden del alcalde socialista por haberse negado a pagar la enorme suma de dinero que le reclamaban por los jornaleros que le habían repartido, le escribió a su madre: «tengo plena fe en él [en el fascismo] y si me viera en condiciones, pondría mi vida al servicio de esta España futura que ahora empieza a germinar»—, sino también obreros y jornaleros que no militaban en los sindicatos de izquierdas y que por esa razón eran a menudo excluidos de los «beneficios» que sí recibían sus miembros. En Andalucía los jornaleros, obreros y empleados llegaron a representar en los pueblos casi el 50% de los afiliados a Falange, y en su mayoría no procedían de los partidos de derechas sino que no habían tenido una militancia política anterior. En vísperas de la guerra civil Falange tenía 9000 militantes en Andalucía, cuando cinco meses antes solo existía en las capitales. «El auge de Falange, más que un peligro para la República, mostraba una reacción de defensa trasladada al terreno de la calle... Las masas de derechas veían que la CEDA, su partido, estaba a la deriva, porque, independientemente del peso conservador o reaccionario que privara en su interior, la vía legalista que propugnaba había fracasado», afirma José Manuel Macarro Vera.


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text: Para la izquierda obrera eran «fascistas» todas las derechas e incluso las autoridades republicanas cuando se oponían a sus pretensiones —como el gobernador civil de Sevilla que quería acabar con la «huelga de alquileres»—. «El error de la izquierda residió en no distinguir dentro de las derechas a quienes eran diferentes. Al tratarlas como un bloque sin fisuras que debían desaparecer, la unificaron en lo que de manera más fácil, por inmediata, podían compartir: el sentimiento de persecución y la amenaza de una revolución que decía amenazarlas con borrarlas de la historia».


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text: La primera reunión de las nuevas Cortes tuvo lugar el 15 de marzo, aunque hubo que esperar al 15 de abril para poder comenzar a adoptar iniciativas legislativas, ya que hasta el 3 de abril, no se finalizó la discusión de las actas parlamentarias, sumamente prolija y exaltada, y entre el 3 y el 15 las sesiones ordinarias se suspendieron por la destitución del presidente de la República. La sesión constitutiva de las Cortes del 15 de marzo ya fue muy conflictiva. El presidente de la mesa de edad, el anciano diputado monárquico por Cádiz Ramón de Carranza, se negó a cerrar la reunión con un ¡Viva la República! («No me da la gana», dijo cuando fue increpado) lo que provocó un tumulto y los diputados comunistas y algunos socialistas aprovecharon la ocasión para cantar puño en alto "La Internacional". Francisco Largo Caballero declaró a los periodistas: «Eso va bien; ya se ha cantado una vez "La Internacional" en el Congreso. Según van las cosas, no será la última». Más radical se mostró el diario comunista "Mundo Obrero": «Por primera vez en la historia del parlamentarismo español ha retumbado con ecos de gloriosas llamadas a la lucha el himno revolucionario del proletariado universal. El himno oficial del país libre y feliz del socialismo, la marcha que orla la victoria de la inmensa Unión Soviética. El canto de guerra antifascista, el que cantaban los mineros asturianos cuando, fusil al hombro, se dirigían a conquistar Oviedo: "La Internacional". Himno de guerra, afirmación de fe revolucionaria...». Al día siguiente, 16 de marzo, fue elegido presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio, el líder más moderado del Frente Popular.


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text: La discusión en la «Comisión de Validez de Actas» (la Constitución de 1931 establecía en su artículo 57 que «el Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección») fue tan conflictiva que su presidente, el socialista Indalecio Prieto, presentó la dimisión por discrepar con la actitud que estaban manteniendo una buena parte de sus compañeros diputados de izquierdas (comunistas y socialistas "caballeristas", fundamentalmente) que intentaban anular la elección de varios candidatos de derechas, en especial la del líder monárquico José Calvo Sotelo que había obtenido su escaño por la circunscripción de Orense. Después de intensos forcejeos entre los diputados de Frente Popular, al final la opinión de Azaña prevaleció (aunque socialistas y comunistas continuaron oponiéndose) y el acta parlamentaria de Calvo Sotelo no fue anulada («para que no pueda decir el enemigo más caracterizado del régimen que le hemos tratado con una medida de rigor e injustica», según afirmó el portavoz republicano de la comisión), aunque dos diputados de derechas elegidos en la misma candidatura y con los mismos votos que los de Calvo Sotelo sí perdieron sus escaños. Indalecio Prieto calificó de «chalaneo repugnante» la actuación de la Comisión de Actas. Socialistas "caballeristas" y comunistas también intentaron que otros líderes de las derechas tampoco obtuvieran su acta, lo que consiguieron con el monárquico alfonsino Antonio Goicoechea (al anularse las elecciones en Cuenca, circunscripción por la que se había presentado) y con el carlista José María Lamamié de Clairac (al ser declarado inelegible en Salamanca), pero fracasaron con el líder de la CEDA José María Gil Robles —la diputada comunista "Pasionaria" llegó a pedir también su detención inmediata por ser «el hombre que ha representado las torturas y la represión más salvaje de la historia del proletariado español», siendo apoyada por el diputado de Unión Republicana Jerónimo Gomáriz— porque los republicanos de izquierda se sumaron a las derechas para impedirlo.


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text: El resultado final fue que seis escaños de la derecha pasaron a la mayoría de izquierdas —y tres del Frente Popular a las derechas—, mientras que para otros 16, además de 3 del Frente Popular, habría que esperar a las nuevas elecciones de Cuenca y de Granada, cuyos resultados habían sido anulados (en el caso de Cuenca era en realidad una segunda vuelta al haberse rebajado el voto de las derechas a menos del 40 %). En el caso de Granada se obligó a repetir las elecciones con motivos justificados —aunque Stanley G. Payne niega que las pruebas presentadas fueran suficientes para anularlas— debido a las injerencias en la votación por parte del gobernador civil y de las autoridades locales, todas ellas de derechas, además de la presión ejercida por los terratenientes sobre sus jornaleros, lo que también se había producido en otras provincias (un diputado de izquierdas afirmó que las elecciones «se han desenvuelto en un ambiente de matonería, de escopeterismo, de coacción pública y privada»). De hecho en Granada con motivo de la petición de que se anulasen los comicios se habían producido los sucesos más graves en toda Andalucía desde la victoria electoral. El 8 de marzo había tenido lugar un gran mitin con este fin en el que el comunista Antonio Mije, uno de los oradores, llegó a pedir que se encarcelase a los dirigentes de la CEDA por haberles robado la victoria al Frente Popular. La tensión que se vivía en la ciudad era tan grande que cuando unos falangistas increparon a un grupo de manifestantes uno de ellos fue agredido. Al día siguiente hubo un tiroteo entre falangistas e izquierdistas que causó 12 heridos. La respuesta fue la convocatoria de la huelga general que derivó en una batalla con disparos sobre la fuerza pública desde las azoteas y con asaltos e incendios de las sedes de los partidos de derechas, del periódico "El Ideal de Granada", de cafés, de una fábrica de chocolates, del club de tenis, de comercios y domicilios particulares (que fueron saqueados), así como cuatro iglesias. Los asaltos e incendios también se produjeron en algunos pueblos de la provincia, causando varias víctimas mortales. Unas 300 personas fueron detenidas. Pero el hecho que más preocupación causó entre las derechas y entre los partidos republicanos fue que el gobernador de la provincia había nombrado como auxiliares de su autoridad a miembros de las milicias socialistas y a anarquistas que campaban armadas por las calles y que se dedicaron a hacer registros indiscriminados en los domicilios de las personas conservadoras. El gobernador fue cesado y su sustituto tuvo que encargarse de acabar con el «clima de guerra civil».


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text: Como protesta por la actuación de la Comisión de Actas las derechas el 31 de marzo abandonaron temporalmente las Cortes, no así el centro, alegando que no querían ser cómplices en la conversión del Parlamento en un «organismo faccioso». Esta opinión de las derechas es compartida por el historiador Stanley G. Payne quien afirma que «en conjunto, treinta escaños fueron anulados o cambiaron de manos, principalmente para favorecer a los republicanos de izquierda» —por otro lado, Payne minusvalora la dimisión de Prieto alegando que «Prieto era ciclotímico y oscilaba contradictoriamente entre el radicalismo y la moderación»—. Por el contrario, el historiador Gabriele Ranzato concluye que «se puede estimar que algunas de las ventajas procuradas al Frente Popular a través de la revisión de los resultados electorales fueron un remedio a la influencia abusiva que, por un lado el gobierno, por medio de los gobernadores y otras autoridades locales, y por otro los grandes terratenientes, chantajeando a los braceros y por medio de la violencia de sus matones, habían ejercido sobre el resultado electoral en algunas provincias».


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text: La repetición de las elecciones en Cuenca y Granada tuvo lugar el 3 mayo (o el 5 de mayo) y el resultado fue que el Frente Popular copó 17 de los 19 escaños en disputa (los 13 de Granada y 4 de los de Cuenca), mientras que las derechas solo obtuvieron 2 (por la circunscripción de Cuenca). Esta apabullante victoria del Frente Popular fue el resultado de que las izquierdas impusieron un clima de auténtico terror durante la campaña electoral y el día de la votación, como nunca antes se había producido. En el caso de Granada milicianos armados socialistas y comunistas detenían y cacheaban en la calle o atacaban físicamente a los sospechosos de ser de derechas, y los encarcelaban sin que las autoridades hicieran nada por impedirlo. La CEDA en esa circunscripción había presentado una «candidatura de batalla» que suponía un claro desafío a la izquierda pues incluía a cuatro falangistas (en ese momento Falange estaba ilegalizada), entre ellos uno de sus miembros más destacados Julio Ruiz de Alda, y al coronel carlista José Varela, que había participado de manera activa en conspiraciones militares.


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text: En Cuenca, según Luis Romero, se produjo un «episodio, que electoralmente puede calificarse de vergonzoso en el cual Prieto desempeñó un papel preponderante; las tomó a su cargo. Toda clase de atropellos y abusos fueron cometidos, se recurrió a la violencia más extrema, a las ilegalidades más descaradas». El gobernador civil concedió el carácter de «delegados gubernativos» a los miembros de la milicia socialista madrileña conocida como «La Motorizada», integrada por "prietistas", y ordenó en los días previos la detención preventiva de varias decenas de derechistas. «Los de la "Motorizada" campaban por sus respectos [sic] y con sus pistolas aterrorizaban a los electores, apoderados y componentes de las mesas», afirma Romero. El propio Prieto recordó en el exilio que cuando llegó a Cuenca, a donde había acudido el 1 de mayo para dar un discurso en apoyo de la candidatura del Frente Popular, «humeaban cerca [del teatro] las cenizas de la hoguera en que habían ardido los enseres de un casino derechista asaltado por las masas populares. En un céntrico hotel hallábanse sitiadas desde la víspera significadísimas personalidades monárquicas. El ambiente era de frenesí». Prieto no mencionó que los que tenían rodeados a los monárquicos eran sus propios partidarios. Según Luis Romero, «resulta trabajoso y arriesgado interpretar ahora los motivos que impulsaron a Indalecio Prieto a emprender acción tan descomedida e innecesaria. Pudo venir influida por un golpe temperamental, deseo vehemente de demostrar a los socialistas, amigos y contrarios, que él era capaz de solucionar a la brava una situación adversa y que no le creyeran blando y contemporizador. Algo semejante, aunque en menor escala, a lo que hizo cuando la revolución del 34».


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text: El cedista moderado Manuel Giménez Fernández denunció ante las Cortes el «escarnio» y el «atropello» que se había producido especialmente en Granada, sin parangón con las presiones amenazantes y violentas de las derechas en las elecciones de febrero, y señaló como los principales responsables a los alcaldes socialistas, «esos indignos representantes del Poder Local, verdaderos sátrapas que están deshonrando la República». Pero su intervención junto con la de otros diputados de derechas, quienes al narrar las abusos solo recibieron como respuesta las risas desde los bancos de la izquierda, no sirvió para anular las actas de las elecciones. Stanley G. Payne considera que en las fraudulentas elecciones de Granada y de Cuenca se puso fin «a la menor posibilidad de alternativa por la vía electoral, alentando y abriendo paso a otra clase de opciones». Llega a afirmar que «a partir de ese momento, la "República democrática" era poco más que un recuerdo, aunque tendría una vida muy larga como mero eslogan de propaganda». Sin embargo, según Gabriele Ranzato, «es un hecho que esa dilatación bastante forzada de la mayoría [tras la repetición de las elecciones en Cuenca y en Granada el Frente Popular pasó de 266 diputados a 283] no invalidaba la victoria electoral del Frente Popular... absolutamente legítima».


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text: El discurso que pronunció Prieto en Cuenca el 1 de mayo tuvo una enorme repercusión. En el mismo alertó sobre el peligro de un golpe militar «contra el régimen republicano» que según él estaba ganando cada vez más adhesiones en el Ejército y señaló al general Franco como uno de sus posibles cabecillas, «por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el ejército» (la referencia a Franco también tenía que ver con que este había pretendido presentarse como candidato por Cuenca en las listas de la derecha y luego había renunciado por el veto que le había opuesto el líder de Falange José Antonio Primo de Rivera que también iba en esas listas y que finalmente tuvo que retirarse al no haber sido candidato en la primera vuelta). Pero Prieto también denunció la violencia de las izquierdas porque «en esos desmanes» «no veo signo alguno de fortaleza revolucionaria».


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text: El 3 de abril, una vez resuelto el tema de las actas parlamentarias, la izquierda presentó una iniciativa para destituir al Presidente de la República, acusándolo de haber incumplido el artículo 81 de la Constitución que decía:


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text: Como ha señalado el historiador Julián Casanova «nadie quería que Alcalá Zamora siguiera en la presidencia de la República. La CEDA, con Gil Robles a la cabeza, porque creía que les había robado la posibilidad de ocupar todo el poder en diciembre de 1935. La izquierda, y Azaña en particular, no le perdonaba que le hubiera retirado la confianza en septiembre de 1933, lo que significó la caída del Gobierno de Azaña y la ruptura de la coalición entre socialistas y republicanos que había gobernado los dos años anteriores». (Alcalá Zamora aseguró en sus memorias que el líder monárquico José Calvo Sotelo se mostró arrepentido por haber pedido su destitución durante la campaña electoral, pues él era «la única esperanza contra la catástrofe», y le animó a que no dimitiera para que encabezara un «movimiento militar» que restableciera el orden). El historiador José Luis Martín Ramos argumenta que Alcalá Zamora desde que ocupó el cargo «manifestó una permanente voluntad de intervención política personal, que acabó generando la desafección de todas las fuerzas políticas, tanto de la izquierda como de la derecha» y esa voluntad de fiscalizar la actuación de los gobiernos continuó con el del Frente Popular. «Azaña describe que las reuniones del gobierno en las que participó Alcalá Zamora fueron tormentosas, con enfrentamientos constantes en los que el presidente de la República le provocaba deliberadamente para que dimitiera y poder así encargar un nuevo gabinete a su hechura, desde luego en ruptura con el Frente Popular... La actitud provocadora de Alcalá Zamora hizo que la relación fuera insostenible», añade Martín Ramos. Que las relaciones entre Azaña y Alcalá-Zamora eran cada vez más tensas también lo sostiene Stanley G. Payne —la reunión del Consejo de Ministros del 2 de abril presidida por Alcalá-Zamora fue realmente tormentosa—, aunque este historiador atribuye el interés del Frente Popular en destituirlo a que sus líderes «anhelaban el control total de todas las instituciones del país», coincidiendo en esto con la interpretación que hizo el propio Alcalá-Zamora.


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text: En una carta que escribió Azaña a su cuñado Rivas Cherif el 17 de marzo ya le comunicó su voluntad de liberar a la República «del maleficio de Priego» (en referencia a la localidad natal de Alcalá-Zamora) porque lo consideraba el «mayor enemigo» de la República (en las primeras reuniones de los consejos de ministros a las que asistió se había puesto en evidencia, según el testimonio de Azaña, que Alcalá Zamora quería obstruir la acción del Frente Popular). Según Gabriele Ranzato, «lo que Azaña quería a toda costa evitar era que, a la primera ocasión, el presidente se valiera de la facultad que le atribuía la Constitución de disolver la Cámara antes del término de la legislatura para convocar nuevas elecciones». En una de las cartas que había escrito a Rivas Cherif le había dicho: «Don Niceto querría provocarme a dimitir... Ya ha hecho todo lo necesario para que yo salte. Pero no salto. Me contento con decirle atrocidades delante del Gobierno». Azaña temía también, pues, que Alcalá Zamora, en uso de sus atribuciones constitucionales, lo destituyera y nombrara un nuevo presidente del gobierno, a pesar de la mayoría absoluta del Frente Popular en las Cortes. De hecho ese fue el consejo que le dio Joaquín Chapaprieta, un político de su confianza («nombre inmediatamente uno que, con el apoyo de la fuerza armada, restablezca el orden y la autoridad», le dijo). Uno de los posibles candidatos podría haber sido Manuel Rico Avello, ministro de Hacienda en el gobierno de Manuel Portela Valladares. De todas formas, «más allá de su incompatibilidad personal y política», lo que hacía imposible la «coexistencia pacífica» entre Alcalá Zamora y Azaña era «la persistente voluntad de Zamora, a pesar del revés sufrido en las elecciones, de interferir en la acción de gobierno», lo que «no podía ser tolerado por una personalidad fuerte como la de Azaña», aunque Alcalá Zamora pudiera haber sido un contrapeso moderado a la extrema izquierda a la que Azaña «se le hacía cada vez más difícil contener».


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text: Para destituir a Alcalá Zamora siguiendo lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución de 1931 había que establecer en primera instancia que había agotado las dos disoluciones de las Cortes, lo que planteaba un problema jurídico respecto a si se podía contabilizar la de 1933 como la primera, pues en aquella ocasión las Cortes disueltas no eran Cortes ordinarias sino las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931 (esa era la posición que sostenía Alcalá-Zamora). A pesar de ello las izquierdas decidieron continuar con el procedimiento y el 3 de abril, en la primera sesión ordinaria de las nuevas Cortes, tal como lo establecía el artículo 81, presentaron la moción para votar si efectivamente el presidente de la República había disuelto las Cortes en dos ocasiones. El diputado socialista Indalecio Prieto fue el encargado de defender la propuesta argumentando que la disolución de las Cortes Constituyentes de 1933 había sido la primera. La moción fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba la coalición del Frente Popular. La CEDA votó en contra y los monárquicos y los republicanos de derechas y de centro se abstuvieron. El resultado final fue 188 votos a favor y 88 en contra. La propuesta del diputado de la Lliga Joan Ventosa de que la cuestión de si Alcalá-Zamora había disuelto las Cortes por dos veces la resolviera el Tribunal de Garantías Constitucionales había sido rechazada previamente por las izquierdas —Manuel Portela Valladares al ser interpelado por Ventosa para que le apoyara se desentendió del asunto y Miguel Maura le recriminó haber abandonado a Alcalá-Zamora que era quien le había nombrado presidente del gobierno—. Tras conocer el resultado de la votación Alcalá-Zamora no hizo ninguna declaración, ni tomó ninguna iniciativa. Chapaprieta volvió a visitarle y de nuevo le aconsejó que destituyera a Azaña y nombrara a otro presidente del gobierno, que contara sobre todo con el respaldo de las fuerzas armadas para restablecer el orden. Alcalá Zamora prefirió seguir el consejo de su hijo mayor, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, catedrático de Derecho procesal en la Universidad de Valencia, que le dijo que no opusiera resistencia.


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text: La segunda sesión parlamentaria del proceso de destitución se celebró en la tarde del 7 de abril. Poco antes de que comenzara el presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio hizo un último intento para que Alcalá-Zamora dimitiera pero no lo consiguió —unos días antes, según reflejó Alcalá-Zamora en sus memorias, un grupo de diputados centristas encabezados por Adolfo González Posada le habían invitado a resistir en «mi cargo cuanto pueda, porque mi salida es la pérdida de toda esperanza»; por otro lado, el embajador de Brasil le había ofrecido asilo diplomático por si era objeto de alguna represalia—. La moción presentada por el Frente Popular en la que se defendía la ilegalidad de la segunda disolución, y cuyo portavoz fue de nuevo Indalecio Prieto, fue aprobada por 238 votos a favor y 5 en contra (los del grupo de Manuel Portela Valladares, que no quisieron abstenerse como les había pedido el propio Alcalá-Zamora para no legitimar con su voto una acción que él consideraba ilegal), mientras que la derecha se ausentó de la votación. En consecuencia Alcalá Zamora fue destituido de su cargo como presidente de la República y el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, asumió interinamente la presidencia. El líder de la CEDA Gil Robles y el de los monárquicos Calvo Sotelo coincidieron en considerar la destitución de Alcalá Zamora como un golpe de Estado, a pesar de que Calvo Sotelo sostuvo que Alcalá Zamora se merecía la destitución. Gil Robles destacó la contradicción de las izquierdas pues o reconocían que la disolución había sido justa o debían renunciar a sus escaños. En un sentido parecido se manifestó el republicano conservador Miguel Maura («Habéis cogido el artículo 81 y lo habéis retorcido para poder decir que las Cortes estaban innecesariamente disueltas cuando todos nosotros, y yo entre vosotros, hemos estado pidiendo a gritos que las Cortes se disolvieran»). Azaña ya había manifestado en privado que era una contrasentido destituir a Alcalá Zamora por haber convocado las elecciones que habían dado como resultado el triunfo del Frente Popular cuando la izquierda se había pasado los dos años en que había gobernado el centro-derecha pidiendo la disolución de las Cortes. Pero, como ha destacado Gabriele Ranzato, Azaña (y toda la izquierda) optó por «desacreditarse a sí mismo, también frente a sus electores más propensos a la coherencia política, proponiendo a la Cámara declarar no necesaria esa disolución de las Cortes... a consecuencia de la cual el Frente Popular gobernaba el país». El periodista Manuel Chaves Nogales escribió en "Ahora": «Jornada histórica la de ayer; pero mala jornada». El periódico socialista "caballerista" "Claridad", en cambio, festejó el resultado pues Alcalá Zamora, de «mentalidad monárquica» y «conciencia católica», «sólo buscaba el medro personal».


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text: Diecinueve días después, el 26 de abril, se celebraron las elecciones de compromisarios establecida por la Constitución. El candidato del Frente Popular a ocupar la presidencia de la República fue su líder Manuel Azaña. Largo Caballero y los comunistas se habían opuesto a la candidatura de Azaña y propusieron sin éxito en su lugar a Álvaro de Albornoz. También la mayoría de miembros del partido de Azaña Izquierda Republicana (IR) se habían opuesto pues temían que su salida del gobierno lo debilitaría (y también al partido). Los más vehementes habían sido Santiago Casares Quiroga, que llegó a amenazar a Azaña con retirarse de la política y marcharse de España si mantenía la candidatura, y Marcelino Domingo, que advirtió de las «consecuencias desastrosas» de la misma. Mariano Ansó, también miembro de IR, escribió en sus memorias publicadas en 1976, que Azaña se convenció de «la inutilidad de sus esfuerzos como gobernante» y de que «acaso su nueva misión consistía en arbitrar aquellas luchas que política y socialmente le habían desbordado. Nos costó mucho a sus incondicionales plegarnos a la dura realidad». Esta valoración la comparte en gran medida el historiador Luis Romero: «Ese debatirse en la impotencia fue una de las causas que empujarían a Azaña a cambiar la jefatura del gobierno por la presidencia de la República». «Estaba ahora asqueado y decepcionado. Los socialistas, y en particular su ala izquierda, aunque González Peña y otros prietistas no se quedaron atrás, apoyados por los comunistas, que acrecentaban su número, poder e influencia, le imposibilitaban cualquier obra de gobierno, pues mientras en el Parlamento le votaban, en la calle, en la prensa, en los mítines y en sus propósitos retiradamente expuestos, estaban resultando sus peores enemigos. En esas condiciones no podía gobernar: Sánchez Román, Indalecio Prieto y Miguel Maura le aconsejaban que aceptara la presidencia y auguraban, quizá sin convicción, que desde la cúspide le resultaría factible ejercer una influencia moderadora, contando siempre con el gobierno de Prieto como telón de fondo».  Azaña explicó así en privado su decisión de aceptar ser el candidato del Frente Popular a ocupar el puesto de presidente de la República: La participación en las elecciones de compromisarios fue baja, en torno al 40 %, debido fundamentalmente a que las derechas decidieron no presentar ningún candidato y no hacer campaña electoral. La CEDA justificó su decisión en una nota de prensa en la que decía que «subsisten íntegramente el espíritu de violencia y las normas de arbitrariedad que obligaron a la CEDA a decidir su abstención en las, al fin no celebradas, elecciones municipales. [...] En una palabra: a pesar de estar en pleno periodo electoral, la persecución contra nuestras fuerzas y la arbitrariedad gubernativa han alcanzado extremos tales que, no ya la libertad de sufragio, sino los más elementales derechos naturales del hombre no tienen, en regiones enteras, la más pequeña garantía... Ir a las elecciones en circunstancias tales equivaldría a reconocer como legítima y normal una consulta al pueblo que no va a ser más que una ficción, y exponer inútilmente a nuestros afiliados a persecuciones y represalias». Azaña obtuvo 358 mandatos, y 63 la parte de la oposición que no se había abstenido de presentarse a las elecciones. Así el 10 de mayo de 1936 era investido en el Palacio de Cristal del Parque del Buen Retiro de Madrid nuevo presidente Manuel Azaña, por 754 votos (entre compromisarios y diputados), 88 en blanco (de la CEDA) y 32 para otros políticos. El socialista Juan Simeón Vidarte recordó muchos años después lo que sucedió tras la votación: Al día siguiente Azaña prometió su cargo en un acto solemne celebrado en la sede de las Cortes. Con el ascenso de Azaña a la Jefatura del Estado se privó «a la República de la actividad de su mejor político y hombre de gobierno», afirma Luis Romero. Este autor se pregunta: «¿Suponía Azaña que desde la presidencia podría influir con mayores probabilidades de éxito para conseguir la pacificación del país? ¿Aceptó la presidencia en un momento de desánimo y en razón del estado de impotencia con que se enfrentaba con sus enemigos de la derecha y la izquierda?».


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text: El debate entre los historiadores de si cuando Azaña aceptó presentarse a la elección para la Presidencia de la República había acordado con el socialista "centrista" Indalecio Prieto que este ocuparía su lugar al frente del gobierno sigue abierto. Una prueba a favor de la existencia del acuerdo fue el empeño que puso Prieto en sostener la candidatura de Azaña. Pero el proyecto de Azaña de nombrar a Prieto presidente del gobierno —le hizo la propuesta el 12 de mayo—, para de esa forma reforzar su posición con la entrada de los socialistas en el mismo, no cuajó por la oposición del ala "caballerista" del PSOE y de la UGT que se ratificó en el acuerdo de seguir fuera del gabinete. A lo que se negaban en redondo los "caballeristas" era a la reedición del gobierno republicano-socialista de 1931-1933 porque ellos a lo que aspiraban era a la revolución socialista, no a volver a las políticas reformistas del primer bienio. El 8 de mayo el Comité Ejecutivo de UGT, presidido por Francisco Largo Caballero, lanzó la siguiente amenaza: «La Unión General de Trabajadores dará por cancelados sus compromisos con el Frente Popular si se forma un gobierno en el que entren elementos socialistas y recabará su libertad de acción en defensa de los intereses de la clase trabajadora». En esto recibió el apoyo del Partido Comunista de España. Esta postura del sector "caballerista" de «bloquear una decisión política para dejar las cosas como estaban, sin solucionarlas,», según José Manuel Macarro Vera, «no reflejaba sino vacuidad. Ahora resultaba que el pacto del Frente Popular no había sido una necesidad frente al avance de la derecha, y por lo mismo, porque era un pacto que tenía que englobar a las clases medias, se había constreñido a unos términos moderados que aglutinasen a todos aquellos que quería salvar cuanto significaba la República. Para los caballeristas el Frente Popular no era más que una nueva estación de paso hacia la República social, en la que la amenaza derechista parecía no existir. [...] La única estrategia, pues, de los caballeristas de la Unión General era paralizar a los prietistas del PSOE, y en esto tuvieron un éxito sobresaliente».


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text: Tras conseguir la aprobación de la comisión ejecutiva del PSOE sin dificultades, Prieto presentó su candidatura a la presidencia del gobierno ante el grupo parlamentario socialista —donde los "caballeristas" contaban con una amplia mayoría—, aunque no directamente sino mediante la propuesta de «que se constituya un gobierno en el que estén representadas más cabalmente las fuerzas del Frente Popular, para realizar un programa al que servirá de base mínima el programa del Frente Popular». Por su parte el "caballerista" Álvarez del Vayo presentó otra de signo contrario: «que se constituya un gobierno republicano capaz de llevar a una rápida realización el programa del Frente Popular». El resultado de la votación fue contundente: la propuesta de Prieto solo fue apoyada por 19 diputados, la de Álvarez del Vayo por 49. En consecuencia Prieto, que no quería provocar una escisión en el PSOE por lo que no convocó al Comité Nacional del partido que probablemente hubiera aprobado la propuesta y tampoco quería poner en peligro el Frente Popular, le comunicó a Azaña su renuncia a formar gobierno. Prieto hizo pública la siguiente nota de prensa explicando su decisión:  Además de no provocar una escisión en el PSOE y la consiguiente ruptura del Frente Popular, «cuya integridad es indispensable mantener a toda costa», también pudo influir en la decisión de Prieto que no quería ser el Gustav Noske español puesto que para restablecer el orden y acabar con la violencia y la insubordinación social su gobierno tendría que haber emprendido una intensa acción represiva contra sus propios compañeros socialistas. Gabriele Ranzato sostiene que con su renuncia Prieto «tal vez había perdido una gran ocasión para evitar la guerra civil». Una posición similar sostiene Stanley G. Payne cuando afirma que «muy posiblemente habría logrado una mayor eficacia y responsabilidad, y habría cerrado el paso al camino hacia el 18 de julio». Por el contrario, José Luis Martín Ramos afirma que «que Prieto no estuviera al frente del ejecutivo como máximo pudo mermar capacidad de maniobra, aunque no hay que exagerar las posibilidades personales y hacer de Prieto el protagonista de una "ocasión perdida". El principal perjudicado del episodio de mayo de 1936 no fue la República, ni siquiera todavía el Frente Popular, sino el propio socialismo que entró en barrena hacia la ruptura, a pesar del intento de Prieto por no precipitarlo». José Manuel Macarro Vera concluye, por su parte, que los "caballeristas" consiguieron «lo que querían, paralizar a la ejecutiva [del PSOE] y su proyecto de fortalecer gubernamentalmente al Frente Popular. Las advertencias de Prieto sobre una conspiración militar eran, como se conoce que dijeron sus enemigos socialistas, producto de su menopausia... Lo que importaba era el poder obrero, aunque ni siquiera este hubiese cuajado en nada».


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text: Tras la renuncia de Prieto y la posterior negativa de Diego Martínez Barrio a la propuesta de Azaña de que fuera presidente del gobierno, el 13 de mayo ocupó el cargo uno de sus colaboradores más fieles, Santiago Casares Quiroga (quien también asumió la cartera de Guerra). Según Diego Martínez Barrio, cuando se anunció el nombramiento de Casares Quiroga como nuevo jefe del Gobierno, «la opinión pública y los propios grupos de Frente Popular no ocultaron su sorpresa y su disgusto». Según su cuñado Cipriano Rivas Cherif, el propio Azaña tampoco estaba seguro de haber acertado con la elección, pero no encontró otra opción. Esto último es compartido por Luis Romero: «Pero ¿acaso se le ofrecieron a Azaña opciones mejores? ¿Quién tenía talla suficiente para gobernar en aquellas condiciones?».


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text: Se ha debatido si Azaña siempre pensó en situar al frente del gobierno a un miembro de su partido de su absoluta confianza como Casares Quiroga para de esa forma dirigir él el ejecutivo por persona interpuesta, dando lugar a una forma encubierta de «presidencialismo». Así lo creyeron políticos tan dispares como Largo Caballero o Martínez Barrio. Hidalgo de Cisneros, ayudante militar de Casares Quiroga, también lo recogió en sus "Memorias" desde el exilio: «Don Santiago Casares no daba un paso sin consultar con Azaña. No eran aquellas las relaciones normales entre un presidente de la República y el jefe del Gobierno. Lo que pasaba es que, en la práctica, Azaña seguía siendo el ministro de la Guerra y el presidente del gobierno. Esta situación, esta supeditación casi absoluta era poco conocida en España, pero la realidad es que Casares, que no tenía nada de terrible, estaba completamente dominado por el nuevo presidente». Sin embargo, el historiador Stanley G. Payne considera que «aunque mantenía un contacto personal constante con el nuevo presidente del Consejo y, sin duda, le dio numerosas indicaciones, [Azaña] ya no intervenía directamente, rechazando el estilo de Alcalá-Zamora».


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text: «Al finalizar la agitación motivada por las readmisiones, los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear, en las discusiones sobre nuevas bases de trabajo, exigencias que los patronos juzgaron desorbitadas. La movilización obrera y la resistencia patronal a nuevas concesiones produjeron el movimiento de huelgas más generalizado de los habidos en toda la República...». Hubo tantas huelgas como en todo 1933, que hasta entonces había sido con mucho el periodo más conflictivo. «La depresión económica se estaba sintiendo en toda su crudeza». Coincidieron con una oleada de huelgas en el campo, hasta tal punto que «los desórdenes mayores no se produjeron en las ciudades, sino en las comarcas rurales de Castilla la Nueva y del sur del país».


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text: El principal impulsor de las huelgas fue la UGT, controlada por el sector "caballerista" del socialismo español, con la «intención, más o menos explícita», según Gabriele Ranzato, «de imposibilitar la supervivencia de las empresas para determinar el hundimiento del sistema capitalista». El diputado socialista "centrista" Ramón González Peña, uno de los dirigentes de la Revolución de Asturias de octubre de 1934, llamó la atención de su grupo parlamentario sobre la forma en que la UGT estaba realizando las huelgas pues en su mayoría no respondían a los procedimientos tradicionales de los socialistas, a lo que sus compañeros "caballeristas" le respondieron que la culpa no era de los huelguistas sino de las derechas que durante sus dos años de gobierno habían dejado sin contenido la legislación social. El periódico "caballerista" "Claridad" advirtió que calificar de inoportunas a las huelgas ya iniciadas era traicionarlas.