title: Frente Popular (España)

text: Por su parte, la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que según Julián Casanova «no tuvo especial protagonismo en ese movimiento huelguístico», se mostró más moderada que la UGT en los lugares donde era dominante —como en Barcelona, Sevilla y Zaragoza— presentando «reivindicaciones aceptables para los patronos» y buscando el «entendimiento con las autoridades republicanas», pero allí donde competía con el sindicato socialista para atraerse a los trabajadores se mostró más dura e intransigente que la UGT como en Madrid o en Málaga (en esta última ciudad se produjeron enfrentamientos a tiros entre cenetistas y ugetistas, estos últimos comunistas, que produjeron varios muertos). A finales de junio "Solidaridad Obrera", el órgano de prensa de la CNT, admitió que las huelgas se estaban desmandando e hizo un llamamiento a la moderación. Por otro lado, el PCE también hizo un llamamiento similar.


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text: El problema más acuciante era el paro, que en marzo ya había alcanzado al 8,6 % de los trabajadores. Para las organizaciones obreras, e incluso para algunos republicanos, la solución al desempleo se encontraba en obligar a las clases acomodadas a dar trabajo independientemente de la situación económica por la que atravesaran. Como dijo un concejal republicano en el Ayuntamiento de Huelva la creación de empleo era una «obligación inexcusable» de «la clase que representa la riqueza o capital», «de proporcionar trabajo a los innumerables obreros en paro». Este concejal llegó a proponer que, al igual que se hacía en el campo, se repartieran los obreros en paro entre los patronos con un jornal de 5 pesetas diarias garantizado, e incluso animó a los parados a «ir a casa de los ricos a cobrar el jornal sencillamente, si estos no prefieren darles trabajo». La medida que más a menudo proponían las organizaciones obreras era la reducción de la jornada laboral, con el mismo salario o con uno superior, para así «repartir el trabajo», sin importar que eso supusiera un notable aumento de los costes laborales para las empresas en un momento en que las ventas estaban estancadas o disminuían, lo que les podía abocar a la quiebra con el consiguiente aumento del desempleo. El desconocimiento de las cuestiones económicas era, pues, absoluto, pero no solo entre los militantes más modestos sino también entre sus líderes. En el debate sobre el programa económico del gobierno que Azaña presentó en las Cortes (que incluía medidas fiscales para financiar un programa de obras públicas y la contención de los salarios para restablecer los equilibrios básicos de la economía) el líder comunista José Díaz Ramos se limitó a pedir la semana de 44 horas y el portavoz de los socialistas "caballeristas" tampoco supo qué decir. Los únicos que se mostraron dispuestos a apoyar el programa económico de Azaña fueron, irónicamente, el monárquico José Calvo Sotelo y el diputado de la Lliga Joan Ventosa, siempre que les convencieran las medidas concretas que se propusieran.


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text: Como ha destacado José Manuel Macarro Vera para el caso de Andalucía, «posiblemente» en las organizaciones obreras y entre algunos republicanos «la herencia de una mentalidad precapitalista pesaba demasiado... El industrial o el agricultor desaparecían como agentes económicos para convertirse en sujetos de deberes con la comunidad. La disolución de la categoría económica en otra moral aumentaba el problema que pretendía solucionar, pues descargaba sobre el tejido productivo unas obligaciones económicas que lo debilitaban, hasta amenazarlo con el colapso en muchas ocasiones, ahondando su crisis y, consecuentemente, el mal que pretendía erradicar, el paro». Por ejemplo, el sindicato de bebidas de la UGT de Sevilla, controlado por los comunistas, interpretó la subida de las materias primas como una maniobra empresarial para negarse a aceptar subidas salariales cuando era debida al grave problema de la creciente deuda externa española.


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text: Lo que algunos diarios republicanos llamaron «epidemia de huelgas» comenzó el mes de mayo y fue tal su número y extensión que durante ciertos periodos lograron paralizar la actividad productiva de gran parte de los sectores económicos y afectaron gravemente al normal desarrollo de la vida cotidiana porque también pararon trabajadores de los servicios (ascensoristas, mozos de carga, transportistas, camareros, cocineros, trabajadores del matadero, dependientes del comercio, quiosqueros, trabajadores portuarios, peluqueros, personal de los hoteles, empleados de las gasolineras... e incluso los toreros) y de los servicios públicos (trabajadores de las compañías del gas, el agua y la electricidad, barrenderos, ferroviarios, conductores de tranvías y autobuses), incluso algunos que nunca antes lo habían hecho. En Sevilla hubo también «huelga de alquileres» que encontró la comprensión de los Guaridas de Asalto, que se negaron a quitar los carteles incitando a no pagar las rentas de las viviendas, porque ellos también eran inquilinos. El movimiento se extendió a Huelva, y los «huelguistas» amenazaron con no pagar tampoco los recibos de la electricidad y del agua (se colgaron carteles que decían «No pagamos agua ni luz. Muera el Gobernador fascista. UHP»).


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text: El «frenesí huelguístico» (Ángel Ossorio se preguntaba en "Ahora": «¿a quién apetece el frenesí actual? ¿A quién aprovecha?») coincidió con el que se produjo en Francia tras el triunfo en las elecciones del Frente Popular francés y los dos movimientos se influyeron mutuamente. El epicentro del movimiento huelguístico fue Madrid, de la misma forma que en Francia lo fue París y su "banlieu". Pero, como ha señalado Gabriele Ranzato, en Francia no había ningún «Octubre de 1934» que vengar, por lo que allí no se alcanzaron ni remotamente los niveles de violencia españoles, y, sobre todo, en Francia las huelgas se mantuvieron «dentro de un marco reivindicativo y los partidos de los trabajadores [contribuyeron] a su moderación en vez de soplar como en España... sobre las brasas subversivas y revolucionarias».


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text: A diferencia de Francia donde sectores industriales enteros se pusieron en huelga (y donde proliferaron las ocupaciones de fábricas que en España fueron casi inexistentes), la única huelga con carácter nacional fue la de los tripulantes de la marina mercante, que duró una semana, bloqueando durante ese tiempo los buques de transporte y los puertos (consiguieron un gran aumento salarial, la reducción de jornada e importantes ingresos complementarios, lo que supuso el aumento de los costes para las navieras con la consiguiente reducción de su competitividad internacional, algo que ya había advertido el socialista "centrista" Indalecio Prieto; algunos barcos quedaron por esta razón amarrados a puerto). Sí que hubo huelgas generales locales o provinciales, que en ocasiones duraron varios días. Algunas de estas huelgas generales se debieron a motivos políticos, en particular como respuesta a atentados sufridos por militantes de izquierda. Otras no tenían un motivo económico específico sino que se realizaban en protesta por las duras condiciones de vida de los trabajadores, en especial contra el desempleo. Pero la mayoría se convocaban en solidaridad con algún sector que estaba en huelga y de esa forma se incrementaba la presión para que los patronos cedieran a sus demandas o volvieran a contratar a los trabajadores despedidos.


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text: Sin embargo, lo más frecuente no eran las huelgas generales sino «el goteo de conflictos sindicales que surgen aquí y allá en muchas medianas y pequeñas empresas de los ramos más diversos». En Madrid, en cambio, fueron sectores enteros los que pararon. La "huelga-preludio" fue la de la fábrica de cervezas El Águila que comenzó a finales de abril (y que acabó arrastrando a todas la fábricas de cerveza), coincidiendo con la aprobación el 28 de abril en asamblea (celebrada en la Plaza de toros de Las Ventas con la asistencia de 20 000 personas) de las bases de trabajo del sector de la construcción que pensaban presentarse a la patronal. El primer sector en ponerse en ponerse en huelga fue la industria de la confección (donde la mano de obra femenina predominaba y que se mostró muy combativa), seguida de la de perfumes y cosméticos y de la industria maderera y carpintería, y la de los camareros y hostelería, y culminando con la construcción, con mucho el sector productivo más importante de la ciudad, y que fue el conflicto de mayor duración y resonancia. La huelga de la construcción de Madrid —«quizá la huelga más llamativa y conflictiva»— se inició el 1 de junio (cerca de 80 000 trabajadores pararon; 110 000, si se suman los sectores afines) por el rechazo de la patronal, que la consideraba exorbitante, a la plataforma reivindicativa conjunta de la CNT y de la UGT que incluía un aumento salarial muy importante (se pedía una subida del 15% para los oficiales y del 56% para los peones de albañil), la semana de 36 horas (cuando lo normal en el sector es que superara las 40 horas) y las vacaciones pagadas de tres semanas de duración (inexistentes entonces). La huelga se prolongó hasta el punto de que cuando se produjo el golpe de Estado de julio de 1936 todavía continuaba por la negativa de la CNT a aceptar la propuesta del jurado mixto que sí aprobaron los albañiles afiliados a la UGT (propuesta que incluía la jornada de 40 horas y un aumento salarial del 15%). La pugna sindical UGT-CNT en la construcción en ocasiones se dirimió a tiro limpio.


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text: Las huelgas en Madrid fueron organizadas por los sindicatos pertenecientes a la UGT o a la CNT y no fueron meros conflictos laborales o gremiales sino que fueron concebidas desde el principio como huelgas generales de los sectores afectados. «Todas salieron a la calle, ocupando la vía pública, en lugar del centro de trabajo, por lo que fueron perfectamente visibles: mujeres desfilando puño en alto, camareros arrojando bombas y petardos a escaparates o establecimientos y, en particular, miles de albañiles y peones llenando plazas de toros en asambleas magnas y sentándose en solares abiertos..., por lo que su fisonomía era la de una protesta masiva y pública dirigida a todos los patronos en su conjunto y, en general, a los que podían regular horarios y jornales en el mundo del trabajo. [...] Las peticiones oscilaban entre el reingreso de los despedidos de octubre y un nuevo marco de relaciones laborales, basado sobre todo en la reducción de jornada, que se veía como una posibilidad para el reparto del trabajo. [...] Todas [las huelgas] tuvieron episodios violentos y enfrentamientos agrios entre trabajadores, en particular en las que intervino la CNT...». Sin embargo, prácticamente todas las huelgas, con la excepción de la construcción que continuaba cuando se produjo el golpe, se resolvieron mediante laudos de un jurado mixto, a pesar del rechazo de la CNT a los mismos (quería que fueran los patronos en carne y hueso los que firmasen la aceptación de las reivindicaciones). En algunos de esos laudos se redujo a 40 las horas de trabajo semanal. Los jurados mixtos habían sido repuestos por un decreto del 30 de mayo pero el gobierno se plegó a las exigencias de UGT que quería que fuesen restablecidos como en 1931, es decir, que no estuvieran presididos por jueces y fiscales, sino por las autoridades locales que en su mayoría eran socialistas lo que les proporcionaba el control de los mismos, y ello a pesar de que esto contravenía lo acordado en el pacto electoral en el que se decía que serían reimplantados respetando la independencia entre las partes.


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text: El «frenesí huelguístico» (una expresión que a José Luis Martín Ramos no le parece adecuada pues presupone implícitamente que la huelga es un «mal intrínseco» y no el «el principal recurso de presión de la clase trabajadora») no quiere decir, según Julián Casanova, que imperara el «desorden civil» pues muchas de las huelgas acabaron con acuerdos gracias al restablecimiento de los jurados mixtos, aunque por culpa de la sublevación militar de julio tuvieron poco tiempo para demostrar su eficacia. Gabriele Ranzato, por el contrario, sostiene que la oleada de huelgas puso al país «al borde del colapso económico y social, hasta el punto de provocar reacciones no solo en la derecha, sino también en el ámbito de la izquierda republicana». Cita por ejemplo un artículo de "Política", el periódico del partido de Azaña, en el que se decía el 24 de mayo: «el obrero, el sindicato, tendrán que actuar en el campo de las realidades económicas, reconociendo que para que la producción tenga existencia y las aspiraciones proletarias de mejorar puedan tener efectividad hay que huir del trauma diario, del conflicto constante, de la huelga indefinida». También cita un comunicado del "conseller" de Trabajo de la Generalitat de Cataluña Martí Barrera, de Esquerra Republicana de Cataluña, en el que se decía: «la corriente huelguística, la persistente anomalía en el trabajo, son fenómenos que cuando, como ahora, revisten carácter endémico, comprometen la economía general, conturban el espíritu público y la convivencia en todos los aspectos de la vida colectiva. Y no siempre, cuando estas crisis se producen sistemáticamente y sin orientación, son sus resultados halagüeños para la clase obrera». Joan Maria Thomàs coincide con Ranzato y señala que los aumentos de plantilla y salariales que se consiguieron tras las huelgas en muchos casos los patronos no los podían asumir. Stanley G. Payne describe una situación aún más crítica: «el paro aumentó en ciertos sectores de manera inevitable, la producción general se redujo, cayeron los ingresos fiscales, se evadían del país más y más capitales y cada vez se hizo más difícil financiar la deuda y emitir bonos del Estado». Por otro lado, Francisco Pérez Sánchez ha destacado que la oleada de huelgas también provocó enfrentamientos entre trabajadores y «problemas graves para las organizaciones sindicales a la hora de dirigir y controlar los paros, que parecían desbordarles por momentos».


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text: El grupo parlamentario de Izquierda Republicana pidió a su presidente, Marcelino Domingo, que trasladara al gobierno (encabezado por Santiago Casares Quiroga, miembro de ese partido) «la necesidad de que sean adoptadas resoluciones terminantes de orden ejecutivo para que la disciplina social sea restablecida con toda urgencia en cuantos sectores y masas ciudadanos aparezca perturbada» (de lo que se felicitaba el diario "La Vanguardia": «el orden debe ser restablecido... y, aunque con algún retraso, lo han comprendido así los elementos del Frente Popular, especialmente los republicanos»). Pero el gobierno se limitó a emitir una nota en la que anunciaba sanciones para los empresarios que no aceptaran los acuerdos o las resoluciones de las autoridades sobre los conflictos laborales y para los obreros que declararan huelgas «sin cumplir los requisitos legales». Hasta un periódico tan progubernamental como "El Liberal" de Madrid pidió a finales de junio que «el poder público» empleara la coacción y usara la fuerza contra «los que atentan contra la seguridad del Estado promoviendo huelgas generales». El diario centrista "Ahora" en un editorial del 23 de junio le reclamaba al gobierno, encargado «de regir un país burgués y capitalista», que acabara con la «epidemia de huelgas» porque «no se puede ni se debe estar sentado sobre la tapia que separa el socialismo y el capitalismo». Lo mismo le pedían las organizaciones empresariales al gobierno: que tomara medidas para estabilizar la economía y llegar a algún tipo de acuerdo general con los sindicatos. El 7 de junio "La Veu de Catalunya" publicaba un Manifiesto firmado por 126 entidades empresariales de Barcelona y del resto de Cataluña en el que se pedía, entre otras cosas, la celebración de una «conferencia del Trabajo» nacional para afrontar la situación. Una petición similar es la que hizo la asamblea extraordinaria de las cámaras de comercio de todo el país reunida en Madrid a finales de junio.


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text: Según Martín Ramos, «las huelgas estaban justificadas por dos tipos de razones: la urgencia de responder al aumento del paro y recuperar los avances laborales perdidos durante 1934-1935, y la expectativa de que los conflictos pudieran tener desenlaces pactados, precisamente por la nueva coyuntura política» propiciada por el triunfo electoral del Frente Popular. Sin embargo, Gabriele Ranzato, sostiene que además de procurar mejorar las condiciones de los trabajadores y reducir el desempleo, los sindicatos «también trataban, aprovechándose de sus posiciones de fuerza, de imponer condiciones que para los empresarios estaban al límite de lo sostenible, cuando no iban más allá». Eso es lo que denunciaban las organizaciones patronales: que la «intensa agitación social» coincidía «con la crisis económica más dura que conocieron nuestros tiempos» («centenares y centenares de empresas están totalmente arruinadas»), como se decía en un comunicado de los empresarios de Barcelona. "El Liberal" incidía en lo mismo al referirse a la huelga de los ferroviarios: «las compañías ferroviarias no es que no pueden acceder a las peticiones de los obreros; es que están en quiebra». Un observador favorable a los republicanos, el británico Gerald Brenan que en esos momentos vivía en Málaga, se refirió a la «orgía de huelgas relámpagos» que paralizó la ciudad («los hombres abandonaban sus tareas sin previo aviso, pidiendo grandes aumentos de salarios o jornadas de trabajo disparatadamente cortas, así como importante indemnizaciones por los días que habían pasado en las cárceles») cuyo propósito «era por supuesto puramente político: amedrentar y desanimar a la clase media y alentar a los trabajadores con la esperanza de la victoria que se aproximaba. Todos los negocios empezaron a perder dinero. El colapso económico parecía inminente».


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text: La «orgía de huelgas» ahondó aún más el enfrentamiento entre los dos sectores del socialismo español. A finales de mayo Indalecio Prieto en un discurso pronunciado en Bilbao afirmó con rotundidad: «las aspiraciones proletarias dentro del régimen capitalista encuentran forzosamente un tope: la capacidad de la economía capitalista», porque de lo contrario acaban perjudicando a los propios trabajadores. «Cuando las aspiraciones del proletariado en la consecución de mejoras desbordan la capacidad de la economía capitalista, esas aspiraciones están condenadas al fracaso, y en vez de servir para aumentar la capacidad de compras del obrero y acrecer su bienestar producen la contracción y con la contracción el colapso», afirmó Prieto (en su diario "El Liberal" de Bilbao puso como ejemplo la huelga nacional de la marina mercante que había conseguido que se aumentara de forma considerable el número de marineros en los barcos, lo que estaba resultando muy oneroso para las navieras y haciéndolas menos competitivas en el mercado del flete mundial, lo que podía provocar el despido de las tripulaciones al quedar amarrados los barcos, «produciendo una crisis infinitamente mayor que la que se quiere paliar con las reclamaciones»). A los pocos días le respondió sin nombrarlo en un mitin en Zaragoza Francisco Largo Caballero (que consideraba que las políticas reformistas de Prieto lo que pretendían era salvar al capitalismo cuando la revolución socialista, según él, estaba cada vez más cerca): «En este momento en que hay una gran movilización de la clase obrera exigiendo o reclamando a la clase capitalista reivindicaciones, ya veis la campaña que se está realizando contra nosotros... A esas huelgas se va, y es deber del Gobierno intervenir inmediatamente, para someter a la clase patronal». Hacia finales de junio el diario "caballerista" "Claridad" defendía el «control obrero» de las empresas como «solución» a la oleada de huelgas que se estaba viviendo. Por su parte "El Socialista", entonces controlado por el sector "prietista" criticó la participación de UGT en las huelgas porque entendía que junto con la CNT le hacían una pinza al gobierno y denunció que se hacían huelgas de carácter «utópico» e «iluminado», sin «pragmatismo», «disciplina» ni «serenidad».


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text: «En el curso de las huelgas, declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT/UGT, se hablaba de revolución...», pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos de 1932, 1933 (Insurrección anarquista de enero de 1933; Insurrección anarquista de diciembre de 1933) y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar. De hecho es relevante señalar, según Martín Ramos, que ninguna de las huelgas del periodo tuvo ese carácter. Sin embargo, Gabriele Ranzato sostiene que la oleada de huelgas puso al país «al borde del colapso económico y social» y Francisco Sánchez Pérez ha señalado «que la oleada de protestas fue percibida (no solo por detractores, sino también por partidarios) como una revolución en marcha (en su versión más extrema) o como una desestabilización dirigida contra el Estado republicano y provocada por la insensatez de algunas organizaciones obreras (en su versión más moderada)». Por su parte Joan Maria Thomàs afirma que «en realidad no existía —como afirmó repetidamente el régimen franquista, incluso fabricando documentos— un plan revolucionario de la izquierda, pero sí que un sector del PSOE, el largocaballerista, pretendía parar el golpe militar que estaba en la boca de todos con una huelga general y reclamar armas para los sindicatos, armando sus propias milicias».


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text: A partir de junio, que era el mes en que comenzaba la época de la siega y de la cosecha, se inició una oleada de huelgas en el campo, que coincidió con la «orgía de huelgas» de las ciudades. Al igual que en años anteriores las organizaciones obreras reclamaron aumentos salariales que permitieran a los jornaleros poder vivir el resto del año en que no había trabajo, así como el aumento de los alojamientos, el fin del trabajo a destajo y la prohibición de usar máquinas agrícolas si no se alcanzaba la plena ocupación de los parados. Los propietarios, por su parte, sobre todo querían fijar los rendimientos y las horas reales de trabajo al día, a lo que los sindicatos se negaban porque a la jornada (generalmente de 8 horas, o 6 en provincias como Sevilla) se le debían restar el trayecto a las fincas, las fumadas y los descansos, lo que los propietarios consideraban un abuso que incrementaría notablemente los costes de la recolección por encima del dinero que podían obtener por la cosecha, llevándolos a la quiebra, sobre todo a los pequeños y medianos propietarios. La patronal agraria de la provincia de Sevilla remitió el 10 de julio un informe al gobernador civil en que se demostraba que con las bases de trabajo vigentes el costo de la recolección era superior al de la cosecha lo que constituía una «catástrofe». En algunas provincias, como Córdoba y Málaga, los arrendatarios llegaron a pedir al Instituto de Reforma Agraria que se hiciera cargo de sus tierras. El líder de la socialista FNTT Ricardo Zabalza respondió a los propietarios que querían fijar los rendimientos en el trabajo que esa pretensión era «en realidad una trampa de la clase patronal para reducir los jornales» por el procedimiento de engañar a los trabajadores sobre el tamaño de su fincas alegando que son menores y cuando los jornaleros se daban cuenta de que habían segado más tierra de la cuenta ya no había remedio.


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text: La respuesta de las organizaciones obreras fue convocar huelgas (entre el 1 de mayo y el 18 de julio se contabilizaron oficialmente 192 huelgas agrarias) que en muchas ocasiones estuvieron acompañadas de amenazas y de violencia y que contaron con el apoyo de los ayuntamientos socialistas que recurrieron a diversos medios para intentar obligar a los propietarios a que aceptaran las condiciones que se les exigían. En La Mancha a finales de mayo aún no se habían pactado las bases de trabajo, lo que ponía en riesgo la cosecha de cereales que debía empezar de inmediato debido a las condiciones meteorológicas. El acuerdo había sido imposible debido a la enorme distancia que separaba las demandas de los sindicatos obreros de la oferta de los propietarios. Comenzaron las huelgas y el jurado mixto de Ciudad Real estableció unas bases de trabajo muy favorables a las demandas de las organizaciones obreras: jornada de 8 horas; jornales de 10,75 pesetas (frente a las 7 y 8 de años anteriores); prohibición del destajo, de las máquinas segadoras y de los trabajadores forasteros mientras quedaran jornaleros locales parados (una forma de introducir por la puerta de atrás el Decreto de Términos Municipales del primer bienio que no había sido restablecido por el gobierno del Frente Popular); obligatoriedad de contratar por turno riguroso en las bolsas de empleo municipales, etc. Muchos propietarios consideraron estas bases «ruinosas» y no las aceptaron por lo que las huelgas continuaron. A mediados de julio la mayor parte de la cosecha seguía sin recogerse. Lo mismo sucedió en Andalucía donde a mediados de junio la siega no había comenzado en muchos lugares porque los sindicatos locales continuaban con las huelgas.


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text: Según Gabriele Ranzato, la intensa movilización campesina que se produjo a partir de junio llevó al «sistema agrario capitalista» «al borde de la bancarrota, sobre todo en el sector de las medianas y pequeñas empresas, menos provistas de reservas financieras para resistir al notable aumento del coste del trabajo [en torno a un 50% respecto a 1933] frente a un mercado flojo». Fernando del Rey Reguillo coincide con Ranzato en que el gran aumento del coste de la mano de obra, del que se quejaban los propietarios, suponía la «inversión de las relaciones sociales de poder. La propia retórica obrerista insistía en lo mismo. La pretensión de que los trabajadores pasasen a dominar a los propietarios se mostraba coherente con la estrategia alimentada por los socialistas desde 1931. Esto es: servirse de la República para introducir cambios radicales pero a ser posible, sin echar mano de la insurrección revolucionaria, en la línea de una especie de socialización silenciosa». Stanley G. Payne también considera que el objetivo era «la inversión de las relaciones de poder, de forma que los obreros dominasen a los propietarios». «Parece que la meta era obligar a los terratenientes a utilizar cuantas reservas de capital tuvieran para beneficiar a sus obreros, sin necesidad de someterlos a una expropiación formal, hasta que hubiesen entregado la mayor parte de cuanto poseían». Una valoración similar es la que hace Julián Casanova: «la amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República... Las organizaciones sindicales no buscaban defender los intereses obreros en el marco de las estructuras políticas y económicas existentes sino que pretendían cambiarlas».


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text: En la segunda quincena de junio los propietarios se movilizaron masivamente mediante escritos a la prensa y actos públicos para denunciar las condiciones «abusivas» y «ruinosas» que les querían imponer los sindicatos y que hacían imposible realizar la siega. La Confederación Española Patronal Agrícola (CEPA) llegó a pedir al Gobierno que aclarase «en qué circunstancias vamos a seguir, si en régimen capitalista o socialista y si es que va ser un delito ser propietario». El Comité de Enlace de Entidades Agropecuarias escribió al Presidente de la República en un tono conciliador: «Es necesario adoptar medidas que puedan enfocar los problemas planteados en un sentido de justicia, de armonía y de convivencia ciudadanas, capaces de poner término en plazo inmediato a un estado latente de intranquilidad social, restaurando el imperio del orden jurídico y de la paz pública». Pero el hecho cierto era que muchos propietarios habían paralizado las labores agrícolas (incluida la siega) antes que plegarse a las demandas de los sindicatos campesinos, lo que estaba provocando conflictos a veces violentos en muchos pueblos.


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text: Las derechas llevaron la «situación del campo» a las Cortes donde el 1 de julio se produjo un intenso debate. El ministro de Trabajo Joan Lluhí, de Esquerra Republicana de Cataluña, afirmó que el jornal de 12 pesetas diarias no era excesivo porque si se dividía entre los doce meses del año se quedaba en 3 pesetas (una miseria), por lo que la consecución de «un salario que sea humano» estaba por encima de la «rentabilidad o beneficio industrial de la explotación agrícola» y que se debía alcanzar sin importar el «costo de la producción». También defendió la prohibición del uso de maquinaria mientras hubiese jornaleros en paro. Por su parte el ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes insistió en que la prioridad del gobierno era la defensa de los desfavorecidos. Tras las duras intervenciones de los diputados de derechas José María Cid y José Calvo Sotelo denunciando la difícil situación que estaban viviendo los «modestos agricultores» abocados «a la ruina» (el diario liberal "El Sol", adoptando plenamente el punto de vista de los propietarios, había publicado que «tan digna de piedad es la del bracero que no tiene pan como la del labrador a quien se lo quitan»), intervino el diputado socialista "caballerista" Ricardo Zabalza, secretario general de la FNTT, que les echó en cara a los diputados de derechas que «yo ni una sola vez les he oído clamar por el otro espectáculo, más doloroso aún, que tantas veces hemos presenciado los que vamos a los pueblos: docenas, cientos de hombres parados, que no encuentran ocupación, que ven cómo transcurren los días sin que nadie utilice sus brazos». El diputado socialista por Zamora Ángel Galarza defendió también los «alojamientos» poniendo como ejemplo su ciudad. Gracias a ellos se había puesto fin al «espectáculo de los años 34 y 35, en que a la plaza Mayor acudían centenares de campesinos, con cara de hambre, famélicos, y como si fuera el mercado de ganados» y allí el «patrono del campo» «como en el mercado se mira la oveja, la vaca, el buey o la mula, los observaba, se fijaba en su edad, en su fortaleza, y después los apartaba como se aparta la pareja o la yunta que ha caído bien a quien la va a comprar». Galarza terminó su intervención haciendo un llamamiento a la violencia hacia los propietarios si estos no cedían a las demandas de los trabajadores, lo que causó un tumulto en el hemiciclo de las Cortes. En el mismo sentido se expresó el comunista Antonio Mije cuando advirtió que cuando los braceros perdieran la paciencia sabrían los propietarios qué era en verdad la violencia y añadió que si se negaban a recoger la cosecha alegando que les era ruinosa entonces el Gobierno debería nacionalizarla pasando la tarea a los ayuntamientos y a las organizaciones obreras para que la realizasen. Una propuesta que también había hecho Ricardo Zabalza.


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text: Por su parte la FNTT respondió a la movilización de los propietarios —que estaban dando pruebas de «rebeldía y contumacia descaradas» al no aceptar las bases de trabajo— alegando que detrás de ella se encontraban los ricos terratenientes, esa clase patronal agraria, «incomprensiva, cerril e intransigente», caracterizada por «su soberbia bellaca», e hizo un llamamiento a todos sus afiliados a que, si el gobierno «de pequeños burgueses» no actuaba obligando a los propietarios a reanudar las labores agrícolas, se incautaran de lo que los propietarios no quisieran recolectar. «No debe quedar sin recoger ni una fanega de cereal... proceded colectivamente a segar el cereal. Segadlo y trilladlo para vosotros». Como justificación la FNTT afirmó «que no hay más República de verdad que la República socialista». Al mismo tiempo "El Obrero de la Tierra", el órgano de prensa de la FNTT, denunciaba la falta de apoyo de los republicanos de izquierda a los que acusaba de ser «cedistas disfrazados» (afirmaba que «los caciques se están haciendo todos de Izquierda y Unión republicanas») y a los gobernadores civiles, que ellos habían nombrado, de no atender «a los que votaron por las izquierdas y dieron el pecho para el triunfo del Frente Popular». El distanciamiento entre los republicanos de izquierda y la izquierda obrera se pudo comprobar durante la discusión que tuvo lugar en la Diputación Provincial de Ciudad Real el 7 de julio en la que socialistas y comunistas se negaron a secundar la propuesta del republicano Juan Sánchez de condenar por igual todos los asesinatos que se habían producido en la provincia, independientemente de la filiación política de las víctimas (estaban muy recientes las muertes de un falangista y de un socialista que se habían producido durante un tiroteo en el casino de Miguelturra). El socialista Domingo Llorca dijo que él «no podía sentir la muerte de un fascista» y añadió: «es más, deseo que desaparezcan esos enemigos del progreso del pueblo aunque sea por medio de una peste bubónica». El comunista Domingo Cepada dijo que él solo protestaba «contra los asesinatos cometidos contra nuestros obreros». Al final se aprobó la propuesta de socialistas y comunistas en la que solo se condenaban los asesinatos de obreros.


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text: «La repuesta de los jornaleros, entre los que el paro y el pauperismo alcanzaban proporciones alarmantes, fue a veces violenta y dio pie a incidentes sangrientos, como el de Yeste (Albacete) donde a finales de mayo la detención de unos campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos, varios de ellos asesinados a sangre fría por los agentes». Yeste se unió a la nómina de Arnedo, Castilblanco y Casas Viejas. Sin embargo, según Julián Casanova, «ni el número ni el tipo de conflictos en el mundo rural [entre febrero y julio de 1936] fue más elevado y acusado de lo que lo había sido desde 1931 a 1934. Las sangrientas represiones contra esas manifestaciones campesinas fueron raras, si se compara con lo abundantes que habían sido durante el primer bienio, y la matanza de Yeste del 29 de mayo no produjo ninguna movilización social, ningún clamor contra esa institución y ni siquiera revitalizó el culto a los mártires tan frecuentes en anteriores ocasiones». Pero lo cierto fue que a finales de junio y principios de julio comenzó una ola de violencia que se extendió especialmente por toda la España meridional. En los pueblos de La Mancha se produjeron altercados entre grupos de derechas y policías municipales de los ayuntamientos gobernados por gestoras socialistas (que acabaron con la detención de los derechistas); tiroteos entre falangistas y socialistas en los que hubo algún muerto y heridos; asaltos a domicilios de falangistas por los policías municipales, en uno de los cuales se produjo un muerto; etc. También se produjeron quemas de mieses. El periódico socialista de Puertollano "Emancipación" responsabilizó de la violencia a las derechas que «conspiran en las sombras, se arman hasta los dientes, pagan pistoleros para que asesinen a traición, y luego acudir al Parlamento a pedir cuentas al Gobierno».


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text: Así resume la situación en el campo en julio de 1936 José Manuel Macarro Vera (tomando como referencia Andalucía):  Eduardo González Calleja ha señalado que «junto con el desarrollo y alcance de la conspiración militar en ciernes, el otro gran asunto polémico de la primavera de 1936 fue el deterioro imparable del orden público, que había sido uno de los grandes problemas con los que tuvo que lidiar la Segunda República desde el inicio de su andadura».


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text: Según Joan Maria Thomàs, «el desorden creció en la primavera e inicios del verano de 1936 a pasos agigantados en muchas localidades del país». «Ocupaciones ilegales de tierras en provincias del centro y del sur —en parte auspiciadas por ayuntamientos de izquierdas, sobre todo socialistas— y otras veces fruto de la presión de los propios sindicatos de trabajadores del campo; cierre arbitrario de iglesias al culto e incendios de templos contribuyeron todos ellos al clima de deterioro del orden. Por otra parte, existía un malestar creciente entre patronos y empresarios por los nuevos acuerdos salariales, con incrementos muy grandes y que en todo caso sobrepasaban en muchos casos la rentabilidad, dándose casos en que los gastos de recolección superaban el precio de la cosecha. Fue aquella una primavera de huelgas, y muchas de ellas se saldaron con victorias sindicales, fueran anarcosindicalistas o socialistas». «La escalada de violencia no hizo sino incrementarse en el mes que medió entre junio y el inicio del golpe de Estado del 17 de julio... La traca final vendría con el asesinato del teniente Castillo a manos de derechistas y, sobre todo, en la noche del 12 al 13 de julio con el de José Calvo Sotelo, un hecho especialmente grave al producirse por fuerzas de orden público que llevaban como auxiliares a militantes socialistas —uno de ellos, escolta de Indalecio Prieto— y como jefe al capitán de la Guardia Civil, Condés, también ligado al PSOE».


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text: En el caso específico de La Mancha los protagonistas de «los enfrentamientos, las coacciones y las violencias» fueron, según Fernando del Rey Reguillo, «por un lado los propietarios medios y pequeños, con el entramado interclasista que giraba a su alrededor, y por otro los jornaleros, movilizados a través de sus organizaciones —socialistas y, en menor media, anarquistas o comunistas—. [...] Al fin y al cabo, ambos tipos sociológicos, los "braceros" (o asalariados del campo) y los "labradores", constituían las categorías sociales de más valor cuantitativo, económico y cultural del campo manchego. [...] En la mayoría de las ocasiones [los choques y afrentas] respondieron a una lógica de acción/reacción nacida de la ocupación de la calle, del mercado de trabajo, de la tierra y de las instituciones por parte de las entidades —vocacionalmente revolucionarias— integradas en el Frente Popular»


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text: González Calleja ha destacado que la violencia en la que hubo víctimas mortales, que es la que él ha estudiado a fondo, no fue obra de grupos paramilitares bien organizados, como a veces se ha sostenido, sino que fue una «violencia fuertemente atomizada y desestructurada, en la que prevaleció la confrontación individual» como lo demostraría que «casi el 77 % [209] de los 272 incidentes letales que tuvieron lugar en la primavera de 1936 se saldaron con una sola víctima mortal, en actos que se aproximan a la fisonomía del atentado individual antes que a un modo de violencia organizada de forma masiva». «Lo que podríamos considerar como "masacre" fue la excepción, ya que por encima de los cinco muertos solo figuraron los incidentes producidos el 14 de marzo en Logroño entre izquierdistas y soldados de la guarnición tras una provocación falangista, los enfrentamientos callejeros suscitados en Madrid el 16 de abril por grupos de extrema derecha a raíz del entierro del alférez Anastasio de los Reyes y la masacre de campesinos perpetrada por la Guardia Civil en Yeste (Albacete) el 28 de mayo». González Calleja considera mitos «tanto la existencia de una violencia prerrevolucionaria organizada por la extrema izquierda para conquistar el poder, como el predominio de los usos paramilitares en la actuación contrarrevolucionaria de la extrema derecha».


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text: Los desórdenes y los actos violentos protagonizados por grupos de militantes de los partidos y de los sindicatos obreros y por sectores de las clases populares que habían comenzado nada más conocerse el triunfo de Frente Popular, no remitieron en absoluto sino que continuaron en las semanas y meses siguientes. Una de sus motivaciones, según Gabriele Ranzato, era el deseo de venganza por los sufrimientos padecidos durante el «bienio negro» (huelguistas que habían sido apaleados y encarcelados, jornaleros y pequeños arrendatarios que habían sido expulsados de la tierra y humillados, etc.), sumado al «odio de clase» —eran frecuentes los asaltos a casinos o a centros recreativos de la burguesía—, pero la motivación principal era el deseo de «subvertir las jerarquías sociales y derribar a corto plazo el orden existente» («la victoria del Frente Popular había sido interpretada por buena parte de las masas como una ocasión a aprovechar de inmediato para cambiar radicalmente su condición y las relaciones de poder»). En ocasiones los disturbios eran una respuesta a la violencia de individuos o grupos de derechas, pero en la mayoría de las veces «bastaba la más mínima provocación, verdadera o presunta, o un ataque, incluso aislado y circunscrito, por parte de militantes de derechas, para que huelgas o manifestaciones de la izquierda obrera derivaran en enfrentamientos con la fuerza pública, agresiones y devastaciones». Un ejemplo puede ser lo sucedido en Alicante el 20 de febrero: Los dirigentes de las organizaciones obreras no intentaron detener la escalada de violencia sino que se mostraron comprensivos e indulgentes y la justificaron alegando que se debía a las agresiones, atropellos y detenciones sufridos durante los dos años de gobierno de la derecha o bien eran una respuesta a provocaciones y atentados perpetrados por «criminales fascistas». El secretario general del POUM Joaquín Maurín justificó en las Cortes la violencia del «verdadero pueblo que ha sufrido en Octubre» apelando a la Ley del Talión y solo «cuando esta justicia se haya llevado a cabo, entonces es cuando podrá haber calma». El socialista "caballerista" Rodolfo Llopis dijo a principios de abril en las Cortes:


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text: Por su parte el gobierno, que no conseguía restablecer el orden público a pesar de los cambios de los gobernadores civiles que se habían mostrados más incapaces para hacer frente a los conflictos y desmanes —nueve ya habían sido sustituidos a principios de abril, solo dos meses después de haber sido nombrados—, también se mostró comprensivo. Azaña dijo en su discurso de presentación del gobierno en las Cortes: «Dejemos llegar a nuestro ánimo el sentimiento de la misericordia y de la piedad. ¿Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas y maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante dos años, a las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud que otros tenemos de que no trasparezcan en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria?». Y también señaló como los principales culpables de la violencia a los enemigos de la República en cuanto provocadores y «costeadores» de la violencia a los que se comprometió a combatir pues «nuestro deber» «estará siempre al lado del Estado republicano». Cuando habló Azaña ya se habían producido los primeros atentados protagonizados por pistoleros de Falange Española de las JONS, como el que había intentado acabar con la vida del diputado y jurista socialista Luis Jiménez de Asúa. Pero Azaña tenía dudas de que podría atajar la violencia de las izquierdas que se extendía por el país como lo demuestra el contenido de la carta que envió a su cuñado el 17 de marzo en la que describe un panorama realmente oscuro (la carta también demuestra el desconcierto de Azaña, «que creía que la izquierda tenía que sentirse a gusto con las medidas radicales tomadas por su gobierno, pero que comprobaba que no era así»):


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text: En una carta posterior Azaña culpó al sector "caballerista" del PSOE de la situación: Uno de los pocos líderes del Frente Popular que denunció públicamente la violencia de las izquierdas fue el socialista Indalecio Prieto en un discurso pronunciado el 1 de mayo en Cuenca con motivo de la repetición de las elecciones en esa circunscripción. Tras alertar sobre el peligro de un golpe militar «contra el régimen republicano», aludió a los «desmanes» de las izquierdas en los que «no veo signo alguno de fortaleza revolucionaria». Tres días después, el periódico "caballerista" "Claridad" acusó a Prieto de defender lo mismo que los «fascistas» con respecto a los desórdenes públicos, que el articulista de "Claridad" calificaba de «lucha de clases». Y añadía: «Pero el mayor error, si explicable en un republicano, inconcebible en un socialista, es pensar que una suspensión de la lucha de clases puede hacer el milagro de resolver ningún problema nacional».


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text: Por su parte el líder de la CEDA José María Gil Robles protestó en las Cortes por la «persecución implacable contra las gentes de derechas» y denunció la «apatía del gobierno» frente a la violencia de la izquierda. El democristiano comprometido con la República Ángel Ossorio se lamentó en un artículo publicado el 10 de junio en "Ahora" de que el comportamiento de las izquierdas fuera irracional y destructivo: «El Frente Popular fue creado para combatir el fascismo, pero por el camino que llevan las cosas en España, el único fascismo va a ser el del Frente Popular».


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text: Un fenómeno conectado directamente con la violencia de las izquierdas fue la creciente presencia en las calles, especialmente en la capital, de las cada vez más numerosas milicias de los partidos y organizaciones obreras. Ante la perspectiva de una victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero tanto las milicias socialistas (fundadas en febrero de 1932 en el Congreso de las Juventudes Socialistas) como las MAOC comunistas (creadas en 1933) se habían reconstruido a principios de 1936 tras su participación en la fracasada Revolución de Octubre de 1934. De hecho cuando negociaron el programa de la coalición de izquierdas tanto el Partido Socialista como el Partico Comunista intentaron que se incluyera en el mismo la constitución de milicias («una milicia popular formada por obreros y campesinos», según el PCE; «una milicia civil armada integrada por republicanos y socialistas», según el PSOE). La iniciativa no fue aceptada por los republicanos pero estos sí que accedieron, en cambio, a retirar del programa su propia propuesta de disolver todas las milicias armadas, sin excepción alguna (la eliminación de este punto sería una de las razones por las que abandonaría la coalición el pequeños partido republicano de Felipe Sánchez Román). Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones y la formación del gobierno de Manuel Azaña las milicias impusieron su presencia en la calle (su «derecho a desfilar», como lo llamó Juan Modesto, responsable nacional de las MAOC comunistas) sin que las fuerzas del orden recibieran la orden de dispersarlas. Su presencia pública se intensificó a partir de la fusión de las juventudes socialistas y comunistas en las Juventudes Socialistas Unificadas, que bajo control comunista, se convirtieron en la principal cantera de reclutamiento. Además, las milicias socialistas y comunistas, cuya finalidad no era la defensa del sistema de democracia liberal sino su sustitución por la dictadura del proletariado, contaron a veces con la complicidad de algunos mandos de las fuerzas de orden público. El socialista Manuel Tagüeña recordó en sus memorias que en una ocasión en que unos guardias civiles detuvieron en los alrededores de Madrid a varios miembros de las milicias de su partido, de las que él era miembro, bastó una llamada telefónica de uno de los jefes de las milicias al ayudante del general Pozas, inspector de la Guardia Civil, para que fueran puestos inmediatamente en libertad y sus armas les fueran devueltas.


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text: Para las zonas rurales la socialista "caballerista" FNTT creó las «Milicias del Pueblo», «con normas militares y espíritu proletario», también conocidas como «milicias rojas». "El Obrero de la Tierra", órgano de la FNTT, justificó su creación porque «nos hallamos en guerra civil, larvada en unos sitios y descarada en otros». Y mientras durara esa «guerra civil» sustituirían a la Guardia Civil, que debía quedar relegada a sus cuarteles. «A la menor alarma —¡oído a la radio!— procederían a adueñarse del pueblo, sometiendo ¡como sea! a quien se les resiste o niegue obediencia. [...] Al enemigo —vista como vista— hay que aplastarlo sin piedad», añadía "El Obrero de la Tierra".


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text: De las acciones de las «milicias rojas» se hicieron eco en las Cortes los diputados de las derechas que denunciaron cómo se servían de ellas los alcaldes socialistas para «cachear a los individuos» y meterlos en la cárcel». El máximo dirigente de la FNTT, el socialista "caballerista" Ricardo Zabalza que era diputado por la circunscripción de Badajoz, sin negar los hechos, les respondió el 5 de mayo lo siguiente (sin que los diputados republicanos de izquierdas mostraran su desacuerdo):


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text: Por esas mismas fechas el diputado comunista Antonio Mije en un mitin en Badajoz había hablado en tonos amenazantes del papel revolucionario de las milicias: En ese mismo mitin Mije también advirtió «muy seriamente a los elementos republicanos» que «en España muy pronto las dos clases antagónicas de la sociedad han de encontrarse en el vértice definitivo en un choque violento, porque la historia lo determina así para cumplir el fin que tenemos determinado». Terminó su discurso poniendo como ejemplo a la Unión Soviética, «atalaya luminosa que nos alumbra el camino..., pueblo libre que no sufre ni explotación ni hambre, que se ha liberado por completo y que marcha a la cabeza de las muchedumbres de trabajadores».


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text: El propio Largo Caballero también hacía afirmaciones similares a las de Mije en sus mítines respecto a las milicias después de que desfilaran ante él. En Cádiz dijo: «la acción de la clase trabajadora no se podrá limitar en lo sucesivo simplemente a concentraciones para lucir los uniformes... Ha de llegar el momento en nuestro país, como en todos los demás, de una acción enérgica y eficaz para vencer a nuestros enemigos y de esta acción, más que nadie, la tenéis que realizar vosotros los jóvenes». Y en Oviedo: «el desfile de este ejército pacífico puede y debe traducirse mañana en un ejército que no sea tan pacífico, que no lo podrá ser, que no lo deberá ser; no porque quiera él, sino porque la historia le impondrá no serlo». El 11 de julio (sólo una semana antes del inicio del golpe) el diputado socialista por Jaén, Alejandro Peris, hacía el siguiente llamamiento a las milicias:


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text: El partido fascista Falange Española de las JONS, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal (solo obtuvo 45 000 votos en todo el país en las elecciones de febrero), vio cómo aumentaba su número de afiliados, porque tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de jóvenes de derechas (en su mayoría procedentes de la rama juvenil de la CEDA, las Juventudes de Acción Popular, y de los monárquicos alfonsinos de Renovación Española) dispuestos a la acción violenta. Así Falange pasó de unos 6000 militantes a más de 20 000 en pocas semanas. «Si bien los falangistas nunca consiguieron desarrollar en los conflictos laborales el papel de matones patronales según el modelo del escuadrismo italiano, sobre todo en los pequeños centros se dedicaban generalmente a sostener con acciones violentas a los propietarios y empresarios en el curso de las luchas sindicales. Por otro lado, "la obligación estricta de defenderse con la eficacia y energía que exige el honor de Falange" [según se decía en una de las instrucciones que recibieron los jefes locales] implicó varias veces no solo represalias, sino también "violencias preventivas" que a su vez provocaban venganzas. Así que, en Madrid, donde cada episodio de violencia se presentaba con mayor énfasis a la atención del país, los falangistas entraron inmediatamente en el torbellino de provocaciones y venganzas que les enfrentaban a los grupos armados de la CNT y a las milicias socialistas y comunistas, retomando la práctica de la "dialéctica de los puños y de las pistolas"». Uno de los escenarios de estos enfrentamientos entre falangistas (del SEU) e izquierdistas fue la universidad que se convirtió «en un verdadero campo de batalla, hasta el punto de obligar a las autoridades académicas a cerrarla temporalmente».


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text: El primer atentado importante que cometieron los falangistas fue el perpetrado a primera hora de la mañana del 12 de marzo en Madrid contra el diputado socialista y «padre» de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, en el que este resultó ileso pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió —el atentado era la «venganza» por la muerte de varios falangistas acaecida los días anteriores en la capital: el 6 de marzo habían sido asesinados en Madrid dos obreros de la CONS, lo que fue respondido con la muerte de un socialista al día siguiente; el 10 eran asesinados en Madrid dos estudiantes de derecho pertenecientes al SEU—. El entierro al día siguiente del policía se convirtió en una manifestación de repulsa contra la «violencia fascista» y se produjeron graves incidentes —un joven falangista que hizo el saludo fascista estuvo cerca de ser linchado—, con incendios de dos iglesias (dos bomberos murieron accidentalmente) y de las oficinas y talleres del diario derechista "La Nación", órgano del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo. Murió un guardia de Seguridad y fue agredido el jefe de día del Gobierno Militar, incidente inédito hasta entonces que conmocionó a la guarnición de Madrid (y al presidente del gobierno Manuel Azaña que tenía muy buena opinión de él). Por su parte, los autores materiales del atentado contra Jiménez de Asúa y su escolta lograron huir a Francia en una avioneta pilotada por el aviador militar Juan Antonio Ansaldo. El gobierno impuso la censura, lo que no hizo sino incrementar la alarma pues comenzaron a circular por Madrid todo tipo de bulos, e hizo pública una nota en la que condenaba el atentado y elogiaba a los militares, «modelo de abnegación y lealtad».


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text: La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido, detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera y a otros miembros de su “Junta Política”, cerrar su periódico "Arriba" y clausurar todas sus sedes. Un juez declaró ilegal al partido tres días después (la sentencia fue apelada y el Tribunal de Urgencia el 30 de abril le dio la razón a Falange al considerar que de su programa no podía deducir que quisiera «reemplazar por la fuerza al gobierno republicano por otro anticonstitucional», sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo el 8 de junio por lo que Falange volvía a ser un partido legal; a pesar de ello Primo de Rivera y otros dirigentes continuaron en la cárcel acusados de otros delitos). El paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas (de hecho las condiciones de reclusión de Primo de Rivera fueron bastante benignas, con la posibilidad de recibir visitas casi ilimitadas, por lo que pudo seguir dirigiendo desde allí la actividad del partido al que ordenó pasar «a la ofensiva»). La casa de Largo Caballero fue tiroteada una semana después del atentado contra Jiménez Asúa —los autores solo fueron condenados a dos meses y medio de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego— y el 13 de abril era asesinado el magistrado de la Audiencia Manuel Pedregal, que había actuado como ponente en el procesamiento de varios falangistas por el atentado contra Jiménez de Asúa. El 8 de mayo también era asesinado el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, instructor de las milicias socialistas. De hecho el mismo día, 6 de junio, en que el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia que levantaba la ilegalización de Falange, Primo de Rivera escribió en el periódico falangista clandestino "No importa": Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 16 de abril. El 14 —el día anterior había sido asesinado el juez Pedregal presuntamente por unos falangistas— tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto Aniversario de la República y junto a la tribuna principal, ocupada por el presidente de la República en funciones Diego Martínez Barrio y por el presidente del gobierno Manuel Azaña, estalló un artefacto —en realidad una traca lanzada por un falangista contra la parte posterior de la tribuna— lo que causó un gran desconcierto y descompuso el desfile. A pesar de ello la parada militar se reanudó pero cuando desfiló ante la tribuna presidencial la Guardia Civil se produjeron gritos de «¡UHP!» —mezclados con vítores y aplausos— y algunos miembros del cuerpo fuera de servicio y de paisano reprendieron a la gente que los profería. Hubo disparos y uno de los guardias civiles, el alférez Anastasio de los Reyes, del que se dijo que era simpatizante de la derecha, resultó muerto y varios espectadores fueron heridos. Aunque hubo algunas detenciones nunca se supo quién había disparado contra el alférez De los Reyes (las derechas acusaron al teniente Castillo de ser el responsable del asesinato, a pesar de que en aquel momento estaba desfilando con una sección de la Guardia de Asalto).


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text: Dos días después, 16 de abril, se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados Gil Robles —quien no había acudido al desfile de celebración del quinto aniversario de la República de dos días antes— y Calvo Sotelo —quien en su intervención parlamentaria de aquella misma tarde denunció que el gobierno había censurado la esquela del alférez publicada en el diario monárquico "ABC", suprimiendo el dato de que era oficial de la Guardia Civil y la hora en que se iba a celebrar el sepelio—, oficiales del Ejército y de las fuerzas de orden público (unos 3000 en uniforme o de paisano) y numerosos miembros de los sectores conservadores. Los organizadores del cortejo fúnebre, entre los que se contaban guardias civiles y militares, decidieron no seguir el recorrido establecido por las autoridades —ir por la calle de Serrano— y la comitiva —«compañeros del muerto conducían a hombros el féretro»— se dirigió hacia el centro de Madrid por el Paseo de la Castellana, siguiendo el mismo recorrido del desfile militar de dos días antes, lo que la izquierda lo consideró como una «provocación». Cuando iban por la Castellana, dando frecuentes vivas a España y al Ejército, alguien desde una obra (con entrada en la calle de Miguel Ángel, n.º 22) disparó sobre la comitiva fúnebre, lo que fue respondido con disparos por algunos de los que participaban en el entierro. El cortejo fue tiroteado de nuevo a la altura de la calle de Lista desde unos tejados y pisos altos y en el Paseo de Recoletos, esquina Olózaga, desde otra obra en construcción. Los disparos se extendieron por el centro de la capital y también las agresiones —el cobrador de un tranvía que hizo el saludo puño en alto y dio un «¡Viva la República!» fue golpeado y resultó herido—. Hubo cargas de la fuerza pública contra los manifestantes derechistas que no se dispersaron después de que en la plaza de la Independencia, abarrotada de gente, el féretro fuera cargado en un furgón y conducido al cementerio del Este. Un grupo de la comitiva fúnebre, alentado y apoyado por falangistas, intentó asaltar el Congreso de los Diputados «en una reedición a la española de los sucesos del 6 de febrero de 1934 en París», según Eduardo González Calleja. «Creíamos tener "la Paviada" en puerta», recordó un diputado socialista que se encontraba en el Congreso. Les cortó el paso una barrera dispuesta y custodiada por guardias de Asalto. En los tiroteos participaron miembros de Falange que la víspera habían sido advertidos por un militar de la UME, cuyos miembros recibieron la misma consigna, de que fueran armados. Murieron seis personas —cinco, según otras versiones— y varias decenas resultaron heridas. Se practicaron más de ciento setenta detenciones. En la represión intervino el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Tejada, quien disparó contra un joven cuando en la plaza de Manuel Becerra grupos de manifestantes se abalanzaron sobre los guardias de Asalto que él comandaba y que intentaban cortarles el paso para que no llegaran al cementerio del Este. El joven herido gravemente era José Luis Llaguno Acha, miembro de la carlista Asociación de Estudiantes Tradicionalistas. Uno de los muertos era el estudiante Ángel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera. El presidente del gobierno Manuel Azaña le dijo a un diputado socialista: «ustedes con sus silbidos contra la Guardia Civil ponen a esta gente contra la República, como el día 14, cuando la manifestación». El socialista Indalecio Prieto que oyó la frase le contestó sarcásticamente: «¡Ahora va a resultar que nosotros fuimos los que pusimos la traca, para matarnos a nosotros mismos!». Nada más acabada la guerra civil un miembro de la UME escribió: «[el entierro] sirvió de recuento de fuerzas y de fe para días de prueba y de abnegación, próximamente venideros». Y un destacado falangista: «El entierro... fue la más grandiosa manifestación pública de la Falange».


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text: Estos incidentes violentos, según Gabriele Ranzato, «indican ya el paso, quizá irreversible, de una situación de tensión política... a un teatro previo a una guerra civil». Para Luis Romero, fue «el primer paso hacia el camino sin retorno que conduciría a la guerra civil». La interpretación de Eduardo González Calleja es completamente diferente pues según este historiador constituyeron «la culminación de una "estrategia de la tensión" que esta[ba] directamente relacionada con los preparativos para el golpe de Estado que debiera haberse ejecutado el 20 de abril». El día 15 de abril había tenido lugar en el Congreso de los Diputados un debate en el que intervino el líder monárquico José Calvo Sotelo para exponer una relación detallada de los actos violentos que, según él, se habían cometido en España desde las elecciones. El debate continuó al día siguiente coincidiendo con los graves incidentes del entierro del alférez de los Reyes por lo que se realizó en un ambiente muy crispado, provocando incluso que el presidente del gobierno Manuel Azaña, según Luis Romero, «perdiera el tono de equidad que solía mantener en sus discursos y se dejara arrebatar por su carácter autoritario y desdeñoso, anulando, por efectos de una frase imprudente, el buen efecto que acostumbraban producir por polémicos que fueran». La frase a la que se refiere Romero fue la siguiente: La violencia de las derechas no se limitó a los falangistas. Especialmente en los pueblos actuaron grupos armados que atacaron a miembros de los partidos y organizaciones del Frente Popular (o las Casas del Pueblo) o a los miembros de las gestoras de izquierdas que controlaban los ayuntamientos, o se vieron envueltos en reyertas con ellos (a veces con intercambios de disparos y la participación a menudo de falangistas) en las que se produjeron heridos y algún muerto. En ocasiones respondían a las agresiones de grupos izquierdistas. Los gobiernos radical-cedistas del «bienio negro» habían concedido 270 000 licencias de armas, en su mayoría a derechistas, por lo que «en numerosas provincias los conservadores estaban cualquier cosa menos indefensos, aunque el nuevo Gobierno hizo un intento de rescindir las licencias y confiscar las armas».


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text: Para combatir la violencia, el gobierno contaba con una fuerza pública numerosa —«equivale a casi la mitad de las fuerzas que constituyen el ejército en tiempo de paz. Porcentaje abrumador, escandaloso casi, no conocido en país alguno normal», había dicho en las Cortes el líder monárquico José Calvo Sotelo— y con las medidas excepcionales que le proporcionaba el estado de alarma, pero no conseguía acabar con ella.


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text: Las derechas y sectores crecientes liberales-democráticos acusaron a los gobiernos del Frente Popular de no actuar con la misma contundencia contra la violencia de las derechas que contra la violencia de las izquierdas. Es una acusación que comparte el historiador Gabriele Ranzato que afirma que «no hay duda de que [el gobierno] si por un lado mostró una intransigencia absoluta hacia las bandas armadas de la derecha, por otro tuvo una gran tolerancia para con las milicias de izquierda». Lo prueba la respuesta que dio al atentado contra Jiménez de Asúa, prohibiendo el partido fascista Falange Española de las JONS, deteniendo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera y a otros miembros de su “Junta Política”, cerrando su periódico "Arriba" y clausurando todas sus sedes. De hecho José Antonio Primo de Rivera ya no abandonaría la prisión, «puesto que le cayeron encima varias incriminaciones y condenas consecutivas —ninguna de las cuales relativa a delitos sangrientos— que, independientemente de sus responsabilidades efectivas, indicaban una firme voluntad de las autoridades de mantenerlo en la cárcel». Joan Maria Thomàs coincide con Ranzato y añade que cuando el Tribunal Supremo sentenció en junio que Falange era un partido absolutamente legal el gobierno no liberó a sus dirigentes ni levantó la clausura de sus sedes o la autorización de su prensa. Asimismo destaca que cuando en junio murieron en Madrid cuatro falangistas y estos respondieron matando a dos socialistas, la policía procedió a detener a 300 falangistas y derechistas, pero a ningún socialista o comunista. Para Thomàs la prueba final fue la inacción del gobierno ante el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo: el gobierno de Casares Quiroga «no actuó enérgicamente dando un golpe de autoridad para restablecer el orden y decepcionó a aquellos sectores que clamaban por un golpe de timón».


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text: Fernando del Rey Reguillo coincide con Ranzato y con Thomàs cuando afirma que «la represión gubernamental solo se cebó con los falangistas y la extrema derecha, dando pie al cierre de sus sedes, al encarcelamiento de sus principales dirigentes y a la detención de centenares de militantes por todo el país», mientras que «nada parecido se hizo, en cambio, con los dirigentes, las sedes, la prensa y los militantes de la izquierda revolucionaria, aun cuando su implicación en la violencia era evidente. De hecho las fuerzas de seguridad hicieron la vista gorda casi siempre cuando los falangistas o los militantes derechistas fueron objetos de atentados o cuando se atacaron sus sedes. Sin duda, el Gobierno Azaña pensó que el cerco a Falange y a la extrema derecha estabilizaría la situación a la par que contentaría a sus aliados, de los que en último término dependía su mayoría parlamentaria en las Cortes». Stanley G. Payne comparte esta misma valoración: «Aunque los izquierdistas pudieron protestar (en ocasiones con buen criterio) porque los jueces conservadores trataban con demasiada benevolencia a los falangistas confinados, la Policía fue, de hecho, más severa con estos que con los miles de infractores de la izquierda, y con harta frecuencia pasaba por alto los ataques izquierdistas contra los falangistas». Luis Romero señala, por otro lado, que no recibían el mismo trato los socialistas (y comunistas) que los anarcosindicalistas porque «en ocasiones» «a desórdenes o atentados provocados por los socialistas, respondía el Gobierno con la clausura de ateneos y sindicatos cenetistas y la persecución de sus militantes».


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text: Que la respuesta del gobierno no era la misma cuando se trataba de la violencia de las derechas se pudo comprobar también con motivo de los incidentes durante el entierro de Anastasio de los Reyes celebrado el 16 de abril. Los oficiales del Parque Móvil de la Guardia Civil que habían desobedecido la orden del Gobierno y habían llevado el féretro por el Paseo de la Castellana en un acto de insubordinación y provocación fueron detenidos e ingresaron en prisiones militares. Además se promulgó el 18 de abril un decreto-ley, de dudosa constitucionalidad, que privaba del sueldo y del uso del uniforme a los militares retirados «cuando favore[cieran] con actos personales, públicos o clandestinos las propagandas o manejos contrarios al régimen republicano» —según Eduardo González Calleja el decreto, en realidad un proyecto de ley, prohibía a los militares retirados participar en organizaciones clandestinas, una medida muy similar a la adoptada por el gobierno francés tras el atentado perpetrado el 13 de febrero por disidentes de l'Action Française contra los líderes socialistas Leon Blum y Georges Bonnet—. De nada sirvieron las protestas de las derechas. El periódico "Política", órgano del partido de Azaña Izquierda Republicana, les contestó: «ha pasado la época del liberalismo tonto». «¿No ha de ser lícito a un pueblo imponer su voluntad, sin barbarie ni sevicia, a los núcleos que se rebelan contra el interés común y la salud pública?», añadía. Por otro lado, Amós Salvador fue sustituido por Santiago Casares Quiroga al frente del Ministerio de la Gobernación —Stanley G. Payne califica a Amós Salvador como «inepto, si no completamente incompetente o directamente subversivo»—.


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text: El problema era que no solo las derechas, sino también ciertos sectores liberal-democráticos que en principio apoyaban al gobierno, criticaban que este no se empleara con igual contundencia contra la violencia de la extrema izquierda, que también era responsable de la alteración de la «paz pública». Señalaban que en los incidentes del entierro del alférez De los Reyes los primeros disparos se habían hecho contra el cortejo fúnebre y que entre las víctimas no había ningún militante de la izquierda. También destacaban que en el acto conmemorativo del quinto aniversario de la República, a las milicias de las juventudes socialistas, uniformadas aunque no armadas, no se les había dejado participar en el desfile militar pero se les había permitido que se alinearan a lo largo del recorrido («las formaciones semimilitares de las sociedades obreras con sus uniformes azules o rojos y sus banderas y estandartes de vez en cuando entonaban himnos y levantaban los puños», recordó en sus "Memorias" el entonces presidente de la República en funciones Diego Martínez Barrio). El diario liberal "El Sol" pedía que las medias aprobadas por el gobierno para mantener el orden público se ampliaran y generalizaran para acabar «con "todos" los focos de perturbación».


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text: Lo mismo demandaba el cedista moderado Manuel Giménez Fernández en una carta privada que envió a su amigo el republicano ministro de Estado Augusto Barcia a quien le relataba los abusos e ilegalidades que estaban cometiendo las autoridades locales de izquierdas en Andalucía. «Y no quiero cansarle contándole palizas, cacheos, pedreas o atracos a cuenta de los llamados guardas cívicos», añadía. «Lo sistemático de tales abusos nos conducen al silencio y nos llevan al ostracismo a quienes a este lado de la barricada osamos hablar de convivencia», concluía. Por su parte el líder de la CEDA José María Gil Robles denunció en las Cortes la «apatía del gobierno» frente «a la violencia de aquellos que quieren ir a la conquista del poder por el camino de la revolución», un gobierno «que no se atreve a volverse contra sus auxiliares, que tan cara le están pasando la factura de la ayuda que le dan». Esta última valoración era compartida por algunos miembros de las izquierdas, como el comandante Jesús Pérez Salas, exconsejero militar de Azaña, que consideraba que la «impotencia» del gobierno «era debida a que los revoltosos estaban apoyados por los comunistas y socialistas comunistoides, los cuales habían obtenido unas representaciones parlamentarias que eran necesarias para que el gobierno pudiese tener mayoría».


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text: Durante el debate celebrado en las Cortes el 15 de abril, el diputado de la Lliga Joan Ventosa le ofreció a Azaña el apoyo de su minoría para la «misión histórica» que el presidente del gobierno, según él, tenía que acometer: «superar el periodo revolucionario, estabilizar un régimen y poner término al ambiente de guerra civil que reina hoy en España». De hecho su grupo parlamentario, junto con otros de centroderecha, se abstuvo en la votación de otorgarle la confianza al gobierno. En su respuesta Azaña no aceptó el ofrecimiento y, tras achacar la violencia a «las acciones y a las profecías de nuestros adversarios», le dijo: «yo no me quiero lucir sirviendo de ángel custodio de nadie, señor Ventosa... No hay motivo para que sus señorías tengan miedo».


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text: En el debate mantenido en las Cortes el 6 de mayo con motivo de la violencia anticlerical desatada en Madrid cuando corrió el rumor de que monjas y señoras beatas estaban distribuyendo entre los niños caramelos envenenados, el entonces ministro de la Gobernación Santiago Casares Quiroga le respondió al líder monárquico José Calvo Sotelo que a él no le preocupaba la «revolución social», pues entre sus partidarios había encontrado «en algunos momentos, dislocamientos, desbordamientos si queréis, pero lealtad», mientras que una parte de las derechas son las que «procuran en España, o bien subvertir el Estado, o bien rebelarse contra el Estado, o bien crear un estado perpetuo de inquietud que es mucho peor que una sublevación armada».


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text: La percepción de que el gobierno no actuaba con la misma contundencia contra la violencia de las izquierdas que contra la violencia de las derechas se acentuó cuando el nuevo presidente del ejecutivo Santiago Casares Quiroga declaró el 19 de mayo en las Cortes que «contra el fascismo el Gobierno es beligerante». Las derechas mostraron su repulsa —Calvo Sotelo le contestó: «El Gobierno nunca puede ser beligerante, señor Casares Quiroga: el gobierno debe aplicar la ley inexorablemente, y a todos. Pero el Gobierno no puede convertirse en enemigo de hombres, de compatriotas, cualquiera que sea la situación en que estos se coloquen»— pero también algunos republicanos de izquierda, aunque en privado. Según Gabriele Ranzato, «era perfectamente lícito que, al margen de la oportunidad de usar el término "beligerante", el jefe de un gobierno democrático expresara toda su hostilidad contra el fascismo y su firme intención de combatirlo... Pero el hecho es que... el contexto de conflictividad política ya era tal que el blanco de su beligerancia no podía ser entendido como el fascismo o los fascistas "stricto sensu", sino como toda la derecha social y política sin distinciones». Unas semanas después, en el debate sobre el orden público del 16 de junio el diputado de la Lliga Joan Ventosa le dijo a Casares Quiroga: «Mantened el Frente Popular o rompedlo; haced lo que os plazca; pero si el Gobierno no está dispuesto a dejar de ser beligerante, para imponer a todos por igual el respeto de la ley, vale más que se marche, porque por encima de los partidos y combinaciones está el interés supremo de España, que se halla amenazada por una catástrofe».


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text: Para la izquierda, mientras que la violencia que provenía de sus filas era una respuesta a las «provocaciones fascistas», la violencia de la derecha tenía su origen, como escribió el periódico "Política" (órgano oficioso del partido de Azaña), en «tenebrosas maquinaciones con el fin de estimular a las masas para que desborden al Gobierno, para que este se vea en el trance de restablecer la paz pública a tiros». En un número anterior "Política" ya había denunciado la existencia «en cada ciudad, en cada pueblo» de «agentes de la perturbación y de la algarada, llámense fascistas o cualquier otro mote reaccionario» y había hecho un llamamiento a apoyar al gobierno en la tarea de «localizarlos y reducirlos» en lugar de las «vindictas de carácter personal» («las autoridades necesitan no tener delante el conflicto diario de contener las exaltaciones de los grupos afines, de los cuales hay derecho a reclamar colaboración y serenidad»). En respuesta a una intervención en las Cortes de Calvo Sotelo en la que había dicho que los falangistas estaban sufriendo «sanciones injustas y prolongadas» —según Calvo Sotelo había doce mil detenidos de derechas, afiliados o no a Falange—, el periódico comunista "Mundo Obrero" publicó un artículo con el título «Calvo Sotelo y el pistolerismo fascista» en el que se decía que detrás de los «crímenes fascistas» había una «perfecta» «organización». «Cuentas corrientes en los bancos, cotizaciones en organismos de contratación, como Renovación, Jap y ese Bloque Nacional, cómplices en la Administración de Justicia, el Cuerpo de Vigilancia y en las cárceles. Y hasta un caudillo con investidura parlamentaria para agitar un espantajo de martirologio con las actividades de unos asesinos». El artículo terminaba diciendo: «La destrucción de todo esto es tarea inmediata del Frente Popular. Con ese miserable Calvo Sotelo a la cabeza».


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text: Una de las claves de la respuesta del gobierno a la violencia fue la actuación de los gobernadores civiles que eran los responsables del orden público en las provincias que tenían a su cargo. Como ha destacado Gabriele Ranzato, los gobernadores civiles tuvieron que «afrontar situaciones que era difícil resolver incluso con las mejores dotes de temple y energía», porque estaban provocadas por las «masas proletarias» dirigidas por organizaciones políticas y sindicales cuyo apoyo en las Cortes era imprescindible para la supervivencia del gobierno. Esa es la razón por la que hubo tantos cambios de gobernadores (14 durante el gobierno de Azaña y 27 durante el gobierno de Casares Quiroga). Unos fueron cesados a petición de los socialistas "caballeristas" por oponerse a sus pretensiones, otros dimitieron porque no pudieron soportar las presiones que recibieron por parte de aquellos. Los gobernadores que lograron permanecer en sus cargos lo consiguieron, según Gabriele Ranzato, «llegando a un entendimiento con el sector caballerista y su sindicato, desarrollando las funciones de mediadores en los conflictos con evidente parcialidad a su favor, dejando que las autoridades locales socialistas o comunistas ejercieran, fuera de la ley, diversas formas de coacción sobre la derecha política y social... cuando no la ejercían ellos mismos».


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text: El caso más clamoroso de «entendimiento» con las fuerzas obreras fue el del gobernador civil de Oviedo, Rafael Bosque —o Fernando Bosque—, que nombró «delegados del Frente Popular» a miembros de las organizaciones obreras y estos procedieron a realizar «batidas antifascistas» que supusieron la detención indiscriminada de personas de derechas —incluidos dos canónigos de Covadonga—. En una entrevista concedida al diario comunista "Mundo Obrero" (publicada el 20 de abril) declaró que los «delegados» «meten en la cárcel a curas, médicos, secretarios de ayuntamiento y al que sea. Cumplen admirablemente su cometido... Estoy sorprendido y admirado por el celo y mesura con que cumplen su papel y vigilan las maniobras del fascismo... y de la Guardia Civil. Con un sentido intachable, moderno y al mismo tiempo utilitario de la justicia». Lo sorprendente es que, a pesar de las protestas de las derechas, el gobernador no fue inmediatamente destituido, lo que según Gabriele Ranzato «muestra ya un avanzado desmoronamiento del Estado de Derecho». Casi un mes un mes más tarde Bosque, desmintiendo los rumores de su dimisión, declaró que había despedido a sus «delegados» y puesto en libertad a los detenidos. El líder monárquico José Calvo Sotelo hizo referencia a su caso durante el resonante debate que tuvo lugar en las Cortes el 16 de junio. Al gobernador lo definió como «un anarquista con fajín» y a continuación afirmó que Asturias bajo su autoridad «no parece una provincia española, sino una provincia rusa». La respuesta de Bosque fue inmediata. Le envió un telegrama que fue publicado por algunos periódicos el 18 de junio en el que le decía a Calvo Sotelo, al que acusaba de «tergiversar las cosas con desfachatez», que «en esta provincia, hasta ahora, el orden solo lo perturban gentes que simpatizan u obedecen a usted o a sus afines». La situación se hizo tan insostenible que el ministro de la Gobernación Juan Moles lo acabó cesando, lo que provocó que se declarara una huelga de solidaridad en algunos pueblos mineros asturianos y que su partido, Izquierda Republicana (el mismo que el del presidente del gobierno Casares Quiroga y del presidente de la República Manuel Azaña), le organizara una manifestación de despedida en su honor.


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text: El caso opuesto fue el del gobernador civil de Ciudad Real, Fernando Muñoz Ocaña, que intentó poner coto a las ilegalidades cometidas por las organizaciones obreras en la provincia amenazando a los alcaldes socialistas que las amparaban (o de las que eran cómplices) que serían destituidos si no cumplían sus «instrucciones». En una circular, con fecha del 5 de mayo, se decía:


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text: Fernando Muñoz cumplió su amenaza (en lo que contó con el apoyo de los republicanos de izquierda, que habían roto sus relaciones con los socialistas "caballeristas" y habían pedido la destitución de los ayuntamientos socialistas «destacados por las vejaciones y atropellos últimamente cometidos») y suspendió en sus funciones a cinco alcaldes socialistas (y a los concejales, también socialistas, de otra localidad). Los socialistas amenazaron con retirarse de los ayuntamientos (contaban con 57 alcaldes y 382 concejales) si el gobernador (de «actitud inaguantable» en su opinión) no era destituido, «para tranquilidad de la provincia». El 2 de junio el gobernador le envió una carta al ministro de la Gobernación Juan Moles informándole de sus actuaciones y de las intenciones de los socialistas de retirarse de las gestoras municipales, para las que «tengo adoptadas las medidas de previsión necesarias». Pero al día siguiente fue destituido, siendo trasladado a la provincia de Castellón. «Evidentemente, con su amago de abandono en masa de los ayuntamientos, los socialistas ganaron el pulso», comenta Fernando del Rey Reguillo. El nuevo gobernador civil, Germán Vidal Barreiro, repuso a los alcaldes destituidos.


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text: El historiador José Luis Martín Ramos ha asumido plenamente las tesis de la izquierda obrera justificativas de la violencia de sus partidarios por lo que considera que «ni la movilización campesina, ni las huelgas de los trabajadores urbanos, ni tampoco el gobierno fueron la causa principal ni los responsables fundamentales de la violencia, esgrimida como prueba de cargo del fracaso del Frente Popular y por elevación del fracaso de la República». Aunque reconoce que en las primeras semanas pudieron ser las organizaciones obreras las principales causantes de los desórdenes, especialmente en el campo, Martín Ramos afirma que a partir de abril estos decayeron de manera notoria gracias a las medidas acordadas por el gobierno de mejora de la situación de los jornaleros y de los campesinos pobres, por lo que a partir de entonces la violencia política de «mayor trascendencia pasó a ser la ejercida por Falange» que pretendía «abonar la estrategia de la tensión» que justificara el golpe militar.


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text: Martín Ramos también exime al gobierno de responsabilidad en cuanto al orden público. Según él, «el gobierno del Frente Popular no fue débil ni inane ante el orden público, de cuyo problema Azaña y Casares Quiroga fueron conscientes y al que buscaron remedios tuvieran mayor o menor éxito, mayor del que se le reconoce frecuentemente, desde luego». La responsabilidad la dirige hacia los gobernadores civiles y, sobre todo, hacia las fuerzas de orden público: «Otra cosa fue el acierto con que actuaran sus representantes territoriales y, sobre todo, la eficacia y la lealtad de las fuerzas de orden público, deficientemente formadas y equipadas y en buena parte minadas por la propaganda antirrepublicana». La misma tesis sostiene Eduardo González Calleja pues afirma que los gobiernos de Azaña y de Casares Quiroga «no fueron débiles en el control del orden público» sino que sufrieron el boicoteo «de los mandos subalternos» y fueron víctimas de «la evidente mala fe que mostraron muchos agentes del Estado (tanto militares como policías y guardias civiles) implicados en la conspiración». Gabriele Ranzato reconoce que «a menudo la Guardia Civil —si bien sus mandos habían sido sometidos a una depuración radical: en el periodo del Frente Popular fueron sustituidos más de tres cuartas partes de los mandos desde el grado de capitán hasta los más altos— continuaba interviniendo en el campo con extrema brutalidad y fuera de control de otras autoridades», como sucedió en «la matanza perpetrada a fines de mayo por uno de sus destacamentos en Yeste, un pueblo de la provincia de Albacete».


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text: Por otro lado, González Calleja afirma, en contra de lo sostenido por Ranzato, Thomàs o del Rey Reguillo, que el gobierno «cuando la violencia se fue desbocando no dudó en aplicar medidas de extremo rigor contra los propietarios de armas de fuego o las autoridades locales frentepopulistas que abusaron de sus poderes para imponer una privatización parcial de la seguridad pública. A partir de mayo no hubo miramientos ni con unos ni con otros, aunque el cumplimiento de las órdenes gubernativas distó de ser total e incontestado».


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text: El primer discurso del líder monárquico José Calvo Sotelo en las Cortes sobre el orden público lo pronunció el 15 de abril en la sesión en la que se debatió la confianza al gobierno de Azaña. En él enumeró de forma detallada los cientos de actos violentos que se habían producido en España desde las elecciones (según Calvo Sotelo había habido 74 muertos y 345 heridos y 106 edificios religiosos habían sido incendiados, uno de ellos la iglesia de San Luis Obispo «a doscientos pasos del Ministerio de la Gobernación»). Aunque Eduardo González Calleja considera que Calvo Sotelo mezcló «deliberadamente» violencias sociales y políticas «con conflictos sociolaborales e incluso delitos comunes», Gabriele Ranzato da plena credibilidad a las cifras que ofreció el líder monárquico pues el negro panorama de violencia que describió coincidía con el presentado en privado por el propio Manuel Azaña en una carta enviada a su cuñado el 17 de marzo que terminaba diciendo: «No sé, en esta fecha, cómo vamos a dominar esto». La prensa de derechas difundió con todo detalle los datos proporcionados por Calvo Sotelo en las Cortes. El Gobierno no presentó estadísticas que los refutaran.


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text: Durante su intervención volvió a aparecer la «aversión despectiva» y la «extrema agresividad» de los diputados del Frente Popular hacia Calvo Sotelo, y también hacia el líder de la CEDA José María Gil Robles. El discurso de Calvo Sotelo fue interrumpido varias veces por los diputados de la izquierda. Unos le acusaban de estar detrás de los atentados falangistas: «Vosotros sois los empresarios de los pistoleros», «¿Cuánto habéis tenido que pagar a los asesinos?». Otros le recordaban la represión sufrida por los revolucionarios de Asturias. La comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" le dijo: «Id a decir esas coas en Asturias», mientras que la socialista Margarita Nelken le espetó: «Vamos a traer aquí a todos los que han quedado inútiles en Asturias». Y cuando Calvo Sotelo dijo que «el desenfreno [violento] dura semanas y meses», le gritó: «¡Y lo que durará!». Por su parte el presidente del gobierno Manuel Azaña dijo en la sesión del día 16, muy afectado por los incidentes durante el entierro de Anastasio de los Reyes en 1936 que había tenido lugar ese mismo día: «¿No queríais violencia, nos os molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tomad violencia. Ateneos a las consecuencias». El historiador italiano Gabriele Ranzato comenta: «en realidad lo que mostró todo el debate era que el espíritu de revancha no animaba solo a las clases populares, sino también a muchos de sus representantes. Y el mismo Azaña no era en absoluto inmune a ello». Un punto de vista que comparte Stanley G. Payne.


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text: En las sesiones de las semanas siguientes continuaron los ataques. En la del 6 de mayo la socialista Margarita Nelken interrumpió a Calvo Sotelo diciéndole: «los verdugos no tienen derecho a hablar». En la del 19 de mayo el diputado socialista Bruno Alonso González retó a Calvo Sotelo a salir a la calle para ajustar cuentas después de que este le hubiera espetado «Su señoría es una pequeñez, un pigmeo», en respuesta a una interrupción de Alonso González en la que este le había dicho: «Ya sabemos lo que es su señoría; pero no tiene el valor de declararlo públicamente» (Calvo Sotelo acababa de decir: «Me interesa dejar constancia de esta evidente conformidad mía con el fascismo en el aspecto económico, y en cuanto a lo que pudiera decir en lo político, me callo por el motivo que antes he indicado al Sr. Casares Quiroga...», que acababa de declarar «contra el fascismo el Gobierno es beligerante»). «¡Su señoría es un chulo!» le había contestado Alonso González a Calvo Sotelo cuando este le llamó «pigmeo». El presidente de las Cortes logró finalmente restablecer el orden —Alonso González fue invitado a abandonar el hemiciclo— y Calvo Sotelo continuó con su discurso.


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text: Sin embargo, según Gabriele Ranzato, «el líder de la CEDA [Gil Robles] era odiado por la extrema izquierda aún más que el líder monárquico [Calvo Sotelo]. Gil Robles era, para ella, el potencial dictador fascista-clerical que en 1934 había empujado a la sublevación de Asturias e inspirado la despiadada represión». Una valoración que comparte Luis Romero. La diputada comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" lo definió como «un histrión ridículo salpicado con la sangre de la represión» y «payaso asalariado». En su intervención del día 15 de abril Gil Robles dirigiéndose a Azaña había dicho: La réplica que le dio el diputado José Díaz, secretario general del Partido Comunista de España, causó un enorme tumulto en el hemiciclo pues amenazó de muerte a Gil Robles. Sus palabras fueron retiradas del Diario de Sesiones por orden del presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio pero las reprodujo el diario comunista "Mundo Obrero". Díaz dirigiéndose a Gil Robles le dijo que según afirmaba «de una manera patética que ante una situación que se puede crear en España era preferible morir en la calle de no sé qué manera. Yo no sé cómo va a morir el señor Gil Robles, pero sí puedo asegurar que, si se cumple la justicia del pueblo, lo hará con los zapatos puestos». Estas palabras causaron un gran escándalo y Martínez Barrio llamó al orden a Díaz («Pido a S.S. que sea prudente en sus expresiones», le dijo; «esas palabras no constarán en el "Diario de Sesiones"», añadió). Calvo Sotelo gritó que se acababa de hacer «una incitación al asesinato». La diputada comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" dijo dirigiéndose a las derechas que protestaban: «Si os molesta eso, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas». Gil Robles respondió: «...¡Moriré como sea, pero que conste que no soy un asesino como vosotros...!». Los diputados de la izquierda le gritan entonces «¡Asturias! ¡Asturias!». El socialista Ramón González Peña, líder de la Revolución de Asturias, se dirige hacia el escaño de Gil Robles para agredirle. Se lo impiden varios diputados que se interponen en su camino. Finalmente el presidente de las Cortes lograr dominar la situación.


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text: El diputado Joan Ventosa de la Lliga explicó en su intervención la terrible impresión que le había provocado lo sucedido en las Cortes durante los días 15 y 16 de abril: En la sesión de las Cortes del 16 de junio, «quizá la más dramática» y «la más citada de la historia de la República», hubo otro resonante debate sobre el orden público ―se discutía una proposición no de ley de la derecha en la que se instaba al Gobierno a «la rápida adopción de las medidas necesarias para poner punto final al estado de subversión en que vive España»―. Esta vez el que enumeró los actos violentos fue José María Gil Robles. Según él desde las elecciones había habido 269 muertos y 1287 heridos y 160 iglesias habían sido destruidas, además de otras 251 que habían resultado dañadas, incluyendo diferentes edificios religiosos. A continuación conminó al gobierno de Santiago Casares Quiroga a aplicar las «medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España» y terminó diciendo: «hoy estamos presenciando los funerales de la democracia». El socialista "centrista" Indalecio Prieto le comentó a su compañero Julián Zugazagoitia: «Esta es una Cámara sin sensibilidad. No sé si es que estamos sordos o es que lo fingimos. El discurso que ha pronunciado Gil Robles esta tarde es de una gravedad inmensa. Cuando detrás de mi banco oí risotadas e interrupciones estúpidas, no podía evitar el sentirme abochornado. Gil Robles, que tenía conciencia de lo que estaba diciendo, debía considerarnos con una mezcla de piedad y desprecio. [...] Una cosa está clara: que vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe». El 15 de julio, dos días después del asesinato de Calvo Sotelo, Gil Robles añadió 64 muertos más (y 224 heridos): los que se habían producido entre el 16 de junio y el 13 de julio. Así, el número total de víctimas mortales según Gil Robles ascendió a 333 muertos (y 1511 heridos), aunque estas cifras nunca se pudieron contrastar «de forma sistemática e indubitable».


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text: Le contestó el presidente del gobierno Casares Quiroga negando la gravedad de la situación expuesta por Gil Robles —«yo declaro que esta inquietud [entre los ciudadanos], que no tendría justificación por los escasos actos de violencia que se han producido, no existe»— y justificando la violencia popular como respuesta a la represión del «bienio negro»: «Quienes se levantan representando a la oposición para acusar al Gobierno punto menos que de tolerar actos subversivos y actos de exaltación son los mismos que durante dos años, que a muchos de nosotros nos han parecido un poco largos, han vejado, perseguido, encarcelado, maltratado, torturado, llegando a límites como jamás se había llegado, creando un fondo de odio, de verdadero frenesí en las masas populares... Y que vengan a reprocharnos las consecuencias de todo eso...». El diputado de la Lliga Joan Ventosa le objetó: «¿Es que los excesos y las injusticias de unos pueden justificar los atropellos, la violencia y la injusticia de los demás? ¿Es que estamos condenados a vivir en España perpetuamente en un régimen de conflictos sucesivos, en que el afán de poder o el triunfo en unas elecciones inicien la caza, la persecución y el aplastamiento del adversario? Si fuera así, habríamos de renunciar a ser españoles, porque ello sería incompatible con la vida civilizada de nuestro país». En su intervención Ventosa añadió: «Lo que más me alarma de la sesión de hoy es el optimismo del presidente del Consejo de Ministros, que encuentra la situación bastante agradable e incluso soportable. No parece verosímil. Le dejo la responsabilidad de esa afirmación ante España y ante el extranjero, pues en todas partes, desgraciadamente, son conocidos los hechos que aquí ocurren».


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text: Calvo Sotelo también intervino en la sesión del 16 de junio, entre frecuentes interrupciones y gritos, para decir que en España había «por todas partes, desorden, pillaje, saqueo, destrucción» y para defender de nuevo la instauración de un Estado autoritario y proclamarse fascista: «A este Estado lo llaman muchos Estado fascista, pues si ése es el Estado fascista, yo, que participo de la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista». Un diputado exclama: «¡Vaya una novedad!».


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text: A continuación Calvo Sotelo hizo un llamamiento a la intervención del Ejército («también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía, si esta se produjera», dijo Calvo Sotelo), lo que provocó las protestas de los diputados de izquierda y la airada reacción del presidente del gobierno Casares Quiroga quien lo hizo responsable de futuras intentonas golpistas, responsabilidad que Calvo Sotelo aceptó (Casares Quiroga dijo: «Me es lícito decir que después de lo que ha hecho su señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, le haré responsable a su señoría»; a lo que Calvo Sotelo respondió: «Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas las espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. [...] Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. [...] Es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio»; a continuación lo comparó con el ruso Kerenski y con el húngaro Karoly).