title: Frente Popular (España)

text: El argumento principal que utilizaron los defensores del «golpe de fuerza» fueron los desórdenes que se produjeron en muchas localidades durante las celebraciones de «júbilo agresivo» con motivo del triunfo del Frente Popular, especialmente en torno a las cárceles rodeadas por la multitud, donde los presos «políticos y sociales» se amotinaron para exigir su puesta en libertad inmediata, sin esperar a la aprobación de la amnistía que podría tardar más de un mes —la amnistía era el primer punto del programa con el que había ganado las elecciones la coalición del Frente Popular—. En algunas cárceles se produjeron incendios provocados por los presos, a menudo por los presos comunes que querían el mismo trato que los presos políticos (una de la cárceles incendiadas fue el penal de San Miguel de los Reyes en Valencia). En Oviedo la multitud fue encabezada por la comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" y consiguió la liberación tanto de los presos políticos como de los comunes. Hubo motines con víctimas mortales en los penales de Cartagena, El Dueso, Chinchilla y Ocaña. También hubo manifestaciones e incidentes pidiendo no solo la amnistía sino la readmisión de todos los trabajadores despedidos con motivo de la Revolución de octubre de 1934. Incluso en algunas ciudades la UGT y la CNT declararon la huelga general en apoyo de esas reivindicaciones, que fue respondida, como en Zaragoza, por la declaración del estado de guerra por parte del general Miguel Cabanellas, jefe de la V División Orgánica, y la manifestación obrera que finalmente tuvo lugar fue disuelta por la guardia de asalto con el resultado de un muerto y de varios heridos. También hubo muertos en las manifestaciones de Las Palmas, Madrid, Villagarcía de Arosa, Vigo, Bollullos del Condado, Hoyo de Pinares, Málaga y Barcelona. En Málaga murió en un tiroteo uno de los asaltantes a la sede del periódico "La Unión". Previamente habían intentado invadir el local de Acción Popular. Como ha destacado Luis Romero, «los desórdenes y los excesos a que se habían entregado socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, que ensombrecieron el panorama postelectoral en jornadas, entre jubilosas y vindicativas, en las cuales asomaba aquí y allá el revanchismo violento, traían a las derechas asustadas» (solo se tranquilizarían transitoriamente tras la alocución radiada del nuevo presidente del gobierno Manuel Azaña del 20 de febrero por la tarde).


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text: Asimismo en muchas localidades las comisiones gestoras de derechas nombradas por el gobierno radical-cedista tras la Revolución de Octubre de 1934 fueron expulsadas de los ayuntamientos para reponer en sus puestos a los concejales y alcaldes de izquierdas destituidos, lo que provocó numerosos incidentes (en algunas localidades se izó la bandera roja socialista en el edificio del consistorio). También se produjo el incendio de iglesias y asaltos a las sedes de los partidos de derechas y de los periódicos de este mismo signo político (en Palma del Río el nuevo ayuntamiento de izquierdas justificó el incendio de las imágenes de una iglesia y de tres conventos alegando que obedecían «sin duda al abuso de procesiones y demás manifestaciones externas de culto en que se ha derrochado dinero cuando los obreros no tenían pan que llevarse a sus casas»). En Madrid pudo ser contenido el intento de asalto de la cárcel modelo pero la multitud rodeó la Presidencia del Gobierno en la Puerta del Sol. Por su parte la mayoría de los gobernadores civiles, que eran los responsables del orden público, no solo no intervinieron sino que muchos de ellos abandonaron sus cargos, sobre todo en cuanto en la tarde de ese mismo lunes 17 de febrero conocieron la intención del presidente del gobierno Portela Valladares de dimitir, creando así un vacío de poder que alentó aún más los actos violentos. El resultado fue que en tres días, del 17 al 19 de febrero, murieron 21 personas por incidentes políticos o político-sociales. «Sin embargo, no hay pruebas de que esta agitación [de los partidarios del Frente Popular] interfiriera de forma significativa en el recuento y registro de los votos», afirma Stanley G. Payne.


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text: El resultado del intento de «golpe de fuerza» fue exactamente el contrario del previsto. El presidente del gobierno en funciones Portela Valladares entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo). Así, el miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del "Frente Popular", formaba gobierno, que conforme a lo pactado solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana, más uno independiente, el general Carlos Masquelet, ministro de la guerra). A Azaña no le gustó esta forma de recibir el poder, antes de la constitución de las nuevas Cortes y sin saber siquiera el resultado electoral. «Siempre he temido que volviésemos al Gobierno en malas condiciones. No pueden ser peores», anotó en su diario ese día. También escribió: «Esto me fastidia; la irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el gobierno republicano nace como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable, parecen pagados por nuestros enemigos». En una intervención en las Cortes Azaña recordó que «cuando nosotros llamamos de Gobernación [a las provincias], no había casi ninguno, ni gobernadores, ni funcionarios subalternos en los gobiernos, ni nadie que pudiese responder ante el nuevo gobierno de la autoridad provincial y local».


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text: La «dimisión-huida» de Portela Valladares, como la llamó Alcalá Zamora, recibió una condena unánime. Manuel Azaña escribió en su diario: «Huye. Teme lo que puedan hacer las masas victoriosas; entre otras cosas, teme que puedan tomar por asalto las casas de los Ayuntamientos, cuyos concejales están suspendidos. Ya se le dijo hace un mes, cuando empezaba a montar su artilugio electoral, que tan ruidosamente se ha venido al suelo, que no pensase solo en el día 16, sino en el siguiente, y en lo que podía ocurrir en los pueblos donde los partidos populares ganasen la elección. No hizo caso. Al tropezar hoy con esta realidad lo único que se le ocurre es darse a la fuga». El historiador italiano Gabriele Ranzato sostiene que Portela Valladares, presa de un «evidente estado de miedo y postración», tomó «aquella precipitada decisión [de dimitir] por su incapacidad de sostener la situación en que se había visto envuelto, entre disturbios, desórdenes callejeros y la amenaza de una intervención militar», «pero al margen de su falta de cualidades personales para hacer frente con firmeza de espíritu a la situación en que se encontraba, es un hecho que ni él ni ningún otro habría podido defender aquella posición durante el tiempo que debía haber transcurrido antes de que el nuevo gobierno entrase en funciones». Ranzato considera que Portela tenía razón cuando escribió más tarde que si hubiera decidido tomar medidas drásticas no habría sido secundado por las autoridades encargadas del orden público porque estas sabían «que iban a pasar en breve bajo la obediencia de los mismos a quienes tenían que combatir, exponiéndose a represalias» y que sólo podía hacer frente a la situación, no un gobierno como el suyo «que las elecciones habían declarado sin arraigo», sino un gobierno «prestigiado al máximo por su éxito electoral y por disponer de las grandes cooperaciones morales y políticas que le prestaban los partidos que integraban el Frente Popular». Por su parte el nuevo ministro de la Gobernación Amós Salvador informó al gabinete el 20 de febrero, al día siguiente de su constitución, que aún se mantenían «en algunas provincias el estado de irritación que las intervenciones gubernativas produjeron en las pasadas elecciones» pero que esperaba que la «serenidad se imponga» especialmente por parte de «aquellos elementos que en él [en el gobierno] depositaron su confianza» (en referencia a sus aliados de la izquierda obrera).


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text: Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más dudosos de su lealtad a la República: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles. Sin embargo esta política de traslados no serviría para frenar la conspiración militar y el golpe que finalmente se produjo entre el 17 y el 20 de julio, e incluso en algún caso, como el del general Franco, les hizo aumentar su rechazo al gobierno de Azaña al considerar su destino a Canarias como una degradación, una humillación y un destierro.


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text: La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, para lo que convocó a la Diputación Permanente de las Cortes anteriores a pesar de que en ellas las derechas tenían la mayoría. Si hubiera esperado a la constitución de las nuevas Cortes la aprobación de la amnistía se habría retrasado más de un mes, algo inaplazable debido a que la amnistía era clamorosamente exigida en las manifestaciones que siguieron al triunfo electoral, y que ya había conducido a la apertura violenta de varias cárceles, de las que salieron no solo los presos «políticos» (condenados por haber participado en la fracasada Revolución de Octubre de 1934) sino también los «sociales» (es decir los condenados por delitos comunes). El periódico socialista de Jaén "Democracia" justificó el 22 de febrero estos hechos, y en general todos los desórdenes que se estaban produciendo, alegando que «la legalidad fue el cuchillo de nuestra garganta en el bienio 1931-1933. Hagamos justicia republicana, aunque prescindamos de la legalidad escrita que el pueblo ha borrado al manifestar su voluntad en las urnas». Por su parte el secretario general del PCE afirmó: «¿Hay algo que pueda ser más legal que la voluntad del pueblo?».


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text: Ante la gravedad de la situación Azaña esperaba contar con el respaldo de la CEDA y esta efectivamente se lo dio en aras de la «pacificación social». El decreto de amnistía fue aprobado por la Diputación Permanente por unanimidad el viernes 21 de febrero. La amnistía puso en libertad a unos 30 000 presos «políticos y sociales», según Julio Gil Pecharromán; a algo menos de 15 000, según Stanley G. Payne. El apoyo de la derecha a la amnistía se debió a que esperaba que el nuevo gobierno presidido por Azaña pusiera fin a los desórdenes que se estaban produciendo desde que se había conocido el triunfo electoral del Frente Popular —uno de los líderes de la CEDA, Manuel Giménez Fernández, se había reunido con Azaña para ofrecerle su total colaboración para restablecer el orden público— y que muchos miembros y electores de la derecha los veían como una amenaza contra sus bienes e intereses e incluso contra la integridad de sus personas. Al día siguiente de haber constituido su gobierno Azaña se había dirigido al país por la radio para calmar los ánimos entre sus partidarios con la promesa de la amnistía y la reposición de los ayuntamientos de izquierdas (según escribió el propio Azaña: «lo habíamos acordado en consejo a fin de calmar el desordenado empuje del Frente Popular y aconsejar a todos la calma») y para tranquilizar a las derechas a las que aseguró:


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text: Y a las izquierdas les dijo: La alocución de Azaña fue tan conciliadora que al día siguiente la prensa de derechas reconoció que el discurso había producido «una excelente impresión». El diario monárquico ABC en su editorial le ofreció su «apoyo incondicional» y «el de todos los españoles, republicanos o monárquicos, sin distinción de ideologías», aunque terminaba diciendo: «vamos a ver si es verdad» el buen propósito expresado por el nuevo gobierno. En cambio, el periódico socialista "caballerista" "Claridad" criticó el discurso negativamente.


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text: Este mensaje tranquilizador para las derechas lo volvió a repetir Azaña el 3 de abril en su primer discurso ante las nuevas Cortes:


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text: Pero en ese mismo discurso también identificó la República con los partidos republicanos: El regreso a casa de los excarcelados por la aplicación de la amnistía fue recibida con manifestaciones de júbilo que se sumaron a las que se venían produciendo tras conocerse la victoria del Frente Popular en las elecciones. La prensa de izquierdas habló de recibimientos «grandiosos» y de andenes abarrotados. Fueron objeto de homenajes improvisados por parte de sus correligionarios con bandas de música que tocaron La Internacional y con vivas al socialismo, a Largo Caballero y a Ramón González Peña, el héroe de la Revolución de Asturias, «siendo imposible describir la alegría reflejada en el rostro de todos los trabajadores», se decía en un periódico. Sin embargo, ninguno de los líderes políticos ni de los militares implicados en la Revolución de Octubre que habían sido condenados a muerte y que ahora salían a la calle le agradeció al presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora los esfuerzos que hizo para que la pena capital fuera conmutada por la de cárcel, salvándoles así la vida. Hubo una excepción: el comandante de artillería Enrique Pérez Farrás que consiguió que Alcalá-Zamora lo recibiera y así pudo expresarle personalmente su gratitud. Ni Companys ni sus "consellers", que pasaron por Madrid antes de dirigirse a Barcelona, ni ninguno de los dirigentes de la Revolución de Asturias se acercaron al Palacio Nacional.


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text: Para intentar poner fin a las manifestaciones por el triunfo del Frente Popular que con frecuencia derivaban en disturbios Azaña pactó con las organizaciones obreras que en su lugar se celebrara una gran manifestación conjunta. Esta tuvo lugar el 1 de marzo en Madrid y en el resto de España («en todas partes, el entusiasmo fue grande y el orden riguroso», comentó el diario liberal "El Sol"). En la de Madrid los partidos obreros del Frente Popular le entregaron a Azaña un pliego de peticiones que incluía algunas que no figuraban en el pacto firmado el 15 de enero, como la aplicación de la amnistía a todos los delitos «sociales» que hubieran sido calificados como «comunes», así como los condenados por tenencia de armas y explosivos; la revisión del juicio por el asesinato en octubre de 1934 del periodista Luis de Sirval que solo le había supuesto a su autor, un legionario, seis meses de cárcel; llevar a juicio a los agentes y militares que hubieran cometido arbitrariedades y maltrato a detenidos, incluyendo a los que los hubieran «amparado y fomentado» desde las instituciones del Estado; la separación de sus cargos de todos aquellos que sabotearan la democracia; y un gran plan de obras públicas para mitigar el paro, que había aumentado de forma alarmante: de los 620 000 desempleados que había a finales de 1934 (en diciembre de 1931 había 389 000) se había pasado a 844 000 en febrero de 1936.


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text: El 28 de febrero el gobierno promulgó otro Decreto (publicado el 29 de febrero) de readmisión de obreros despedidos «por sus ideas o con motivo de huelgas políticas» cuya aplicación se retrotrajo al 1 de enero de 1934 para incluir también a los anarquistas encarcelados tras la insurrección de diciembre del año anterior. El presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora se resistió a firmarlo alegando que era contrario a la Constitución y que debería aprobarlo el Parlamento, a lo que Azaña le respondió que su promulgación era imprescindible para el mantenimiento del orden público, y Alcalá-Zamora finalmente lo firmó. En contra de lo establecido en el pacto electoral las readmisiones serían obligatorias también para las empresas privadas que tendrían que indemnizar a los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales por los jornales no abonados (nunca con menos de 39 jornales ni con más de los equivalentes a 6 meses).


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text: El decreto fue rechazado por los patronos (y por las derechas), pues incrementaba notablemente los costes laborales. Según José Manuel Macarro Vera, «la preocupación por las cargas económicas que el Decreto acarreaba eran reales, especialmente en las pequeñas empresas, donde indemnizar y readmitir a uno o dos despedidos, con la contracción económica del momento, no era una mera simpleza. Por otra parte, el beneficio para los readmitidos suponía un perjuicio a los que tenían que abandonar el trabajo para dejarles su sitio, haciendo de la medida una espada de doble filo, que satisfacía a los despedidos y a los sindicatos, pero a a costa de otros trabajadores y de un número de pequeños empresarios, a los que se reclamaba como apoyo de un Frente Popular interclasista, y que los republicanos no habían podido defender, al ceder en este tema a la presión de las organizaciones obreras». El Ministro de Trabajo definió la medida como «la aplicación a la materia social de la amnistía general». Por su parte el ministro de Industria y Comercio en respuesta a una interpelación de un diputado de la CEDA que le preguntó sobre los costes económicos de la aplicación del decreto le dijo que la política económica del gobierno era de «justicia y honestidad» sin explicar nada más. Finalmente las patronales recomendaron a sus afiliados que acataran lo dictado por el gobierno para no agravar los conflictos. Sin embargo, no parece que todos los empresarios siguieran sus recomendaciones pues el 30 de abril otro Decreto estableció multas a quienes no cumplieran con las readmisiones y las indemnizaciones, orden que se volvió a reiterar el 15 junio pues el Gobierno tenía el «ineludible deber de poner fin a estas sistemáticas rebeldías, adoptando medidas enérgicas que terminen de una vez con el estado de resistencia patronal contra las resoluciones gubernamentales». Por otro lado, el gobierno también dejó en suspenso otra de las medidas adoptadas tras la Revolución de Octubre por los gobiernos radical-cedistas: los desahucios de arrendatarios, colonos y rabassaires, que no se hubieran producido por falta de pago.


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text: La salida de los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel, beneficiados por la amnistía, fue acompañada de inmediato por un Decreto que reanudaba las funciones del "Parlament", que en seguida aprobó reponer en su puesto a Lluís Companys como Presidente de la Generalidad de Cataluña. De nuevo Azaña recurrió a la Diputación Permanente de las Cortes anteriores para aprobarlo el 26 de febrero (contó otra vez con el voto favorable de la CEDA, pero en esta ocasión los monárquicos se opusieron). En el nuevo "Consell Executiu" Companys no renovó en su puesto a Josep Dencàs, que fue sustituido por José María España, y tampoco a Miquel Badia al frente de la policía. Este último, junto con su hermano Josep Badia, fue asesinado a finales de abril cuando salía de su domicilio en Barcelona. Los autores fueron casi con toda seguridad anarquistas en venganza por la persecución a que los había sometido cuando ocupó la jefatura de la policía en Cataluña.


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text: Con el restablecimiento del gobierno de Companys se satisfacía la principal reivindicación del Front d'Esquerres, la versión del Frente Popular en Cataluña, que había obtenido el 59 % de los votos, gracias en parte a que la CNT esta vez no había hecho campaña a favor de la abstención, pues también buscaba la amnistía para sus presos. Asimismo respondía a la nueva sensibilidad de los partidos republicanos y de izquierda respecto a la cuestión regional, que se tradujo en la aparición de propuestas de autonomía para otras regiones —Cambó llegó a decir: «hoy en España hay la moda estatutista»—, y que pudieron comprobar los miembros del Gobierno catalán cuando fueron aclamados en todas las estaciones de ferrocarril que recorrieron los trenes que los llevaron de vuelta a Barcelona desde las cárceles de Cartagena y del Puerto de Santa María donde habían estado más de un año presos. Pasaron por Madrid donde el Socorro Rojo Internacional organizó un gran mitin en su honor en la plaza de toros. Desde allí viajaron a Barcelona. «El recibimiento que hizo Barcelona a los amnistiados fue una de las mayores movilizaciones de masas conocidas hasta entonces en la capital catalana; el entusiasmo conmovía a las multitudes y a los fatigados ex presos. Companys pronunció un discurso apropiado a las circunstancias, de tono mitinesco y exaltado... La llegada triunfal a Barcelona tuvo lugar el 2 de marzo».


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text: Una de las primeras decisiones que tomó el "Consell Executiu" de la Generalidad de Cataluña fue, de acuerdo con el gobierno central, empezar a aplicar la polémica Ley de Contratos de Cultivo. Y por otro lado el tono reivindicativo de los partidos políticos nacionalistas catalanes fue aumentando hasta rebasar en algunos casos los límites del Estatuto. Manuel Carrasco Formiguera de la Unió Democràtica de Catalunya dijo que «Cataluña ha de luchar hasta conseguir constituirse políticamente, como nación que es, en Estado independiente que con toda libertad pueda hacer las alianzas y confederaciones que crea convenientes», mientras que Joan Comorera de la Unió Socialista de Catalunya, que poco después se integraría en el nuevo Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), dijo que «debemos luchar por la República Socialista Catalana federada con la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas y hermana de la URSS».


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text: Otra de las decisiones inmediatas que tomó el gobierno de Azaña —lo hizo el 20 de febrero, al día siguiente de su constitución— fue la restitución de los ayuntamientos de izquierdas y de las diputaciones provinciales que habían sido sustituidos por comisiones gestoras de derechas por orden del gobierno radical-cedista tras el fracaso de la Revolución de Octubre de 1934. También fueron restablecidos en sus funciones los ayuntamientos vascos suspendidos en 1934.


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text: Sin embargo, en muchas localidades los dirigentes y militantes de los partidos y organizaciones del Frente Popular fueron mucho más lejos y ocuparon los ayuntamientos gobernados legítimamente por las derechas —lo que provocó numerosos incidentes y algunos muertos— para sustituirlos por comisiones gestoras integradas por ellos, especialmente por socialistas, y que fueron «legalizadas» por los nuevos gobernadores civiles. En Andalucía el cambio de ayuntamientos fue total pues no se libraron los municipios donde las derechas habían ganado las elecciones a Cortes y allí también los concejales de este signo político elegidos en 1931 fueron destituidos. Los principales beneficiarios fueron los socialistas que llegaron a tener mucho más poder local del que tuvieron en 1931. Por su parte los comunistas consiguieron concejales en varias capitales andaluzas y representantes en las diputaciones. En la provincia de Ciudad Real los socialistas controlaron nada menos que 57 ayuntamientos cuando antes de octubre de 1934 solo detentaban 8, y ello a pesar de que en las elecciones de febrero las derechas habían ganado por un amplio margen (habían obtenido el 52% de los votos frente al 41,5% del Frente Popular y habían conseguido la victoria en más del 70 por ciento de las localidades). Hubo casos en que las organizaciones obreras se posesionaron de los ayuntamientos nada más conocerse la dimisión del gobierno de Manuel Portela Valladares. La diputación provincial también fue «repuesta», lo que significó que las izquierdas no cedieron ningún puesto a las derechas a pesar de su rotundo triunfo electoral. Los alcaldes y concejales depuestos apenas protestaron intimidados por la presencia en las calles de multitudes de militantes y simpatizantes de las izquierdas con sus banderas, puños en alto y cánticos e himnos propios.


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text: Los gobernadores civiles que «legalizaron» el asalto al poder local por las izquierdas recurrieron a argumentos carentes de legitimidad como el de la provincia de Ciudad Real que declaró que su decisión tenía «como fundamento el temor de alteraciones de orden público, por la manifiesta hostilidad del vecindario hacia los elegidos el 12 de abril y en las elecciones parciales posteriores, quienes por no ser afectos al Régimen no merecen la confianza de los republicanos». El gobernador civil de Córdoba utilizó un argumento similar pues afirmó que había decidido sustituir los ayuntamientos de derechas por gestoras de izquierda «al amparo de un triunfo legítimo de las fuerzas del Frente Popular» y para poner fin a «los antiguos concejos, hechuras de un caciquismo rural». Por su parte el nuevo alcalde de Huelva, un republicano, justificó las sustituciones de los ayuntamientos diciendo que se habían hecho para que «la fuerza no estuviese en poder de los eternos enemigos del Pueblo y de la República». Mientras que la prensa de derechas denunció los hechos («se atropella el voto popular», dijo "ABC"), la de izquierdas, como "El Socialista", los justificó: «No había otro procedimiento para rescatar de manos enemigas los Concejos». «A raíz del triunfo electoral, los partidos del Frente Popular se sintieron legitimados para hacerse con el poder local por la vía de los hechos consumados, amagando con utilizar la fuerza o en virtud de órdenes gubernativas que se saltaban el principio de la legitimidad democrática», afirma Fernando del Rey Reguillo. «La toma del poder local por el Frente Popular no fue consecuencia de la ocupación espontánea de la calle por parte de multitudes izquierdistas incontroladas. El proceso respondió a las líneas de actuación establecidas por las cúpulas de las organizaciones obreras, en medio de las cuales los republicanos de izquierda fueron meros compañeros de viaje», añade del Rey Reguillo.


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text: La toma del poder local por la izquierda no se limitó a las alcaldías y a las concejalías sino que los nuevos ediles procedieron a «depurar» a los empleados y funcionarios municipales «desafectos» (aunque hubieran ganado su plaza por un concurso-oposición), en una escala hasta entonces desconocida, para sustituirlos por militantes de los partidos del Frente Popular, a menudo parientes o amigos del nuevo alcalde o de los nuevos concejales. Fue un «gigantesco "spoils system"», afirma Gabriele Ranzato. En la provincia de Ciudad Real «administrativos, serenos, alguaciles, vigilantes de arbitrios, enterradores, guardas del campo, policías y hasta algunos secretarios, médicos y farmacéuticos de los ayuntamientos, estigmatizados por su pensamiento derechista, o simplemente por no ser clasificados afines, fueron expulsados de sus puestos de trabajo —que muchos tenían en propiedad— sin explicación alguna y saltándose los procedimientos legales. Desde el Gobierno Civil se advirtió a las autoridades que las destituciones se realizaran ajustándose a un expediente previo, pero no sirvió de nada. La mayoría de los cesados eran de condición modesta y no pocos llevaban un buen puñado de años de servicio. Dio igual». Lo mismo sucedió en Andalucía donde las advertencias de los gobernadores civiles tampoco surtieron efecto y también se vieron afectadas personas de condición modesta, como en la Diputación Provincial de Sevilla en la que fueron despedidos albañiles, mecánicos, herreros, carpinteros, etc., siendo reemplazados por miembros de los partidos del Frente Popular (o por sus conocidos), a los que se subió el sueldo y se les rebajó el horario a 44 horas semanales. Los secretarios municipales también advertían de que los acuerdos que se adoptaban eran ilegales pero eran ignorados cuando no amenazados por la multitud que llenaba la sala de plenos y que pedía su destitución (y algunos fueron cesados ilegalmente por ello, aunque tenían la plaza en propiedad). Todo se justificaba alegando que se hacía para «dar satisfacción al pueblo» y acabar con sus «enemigos», y cuando en las pocas ocasiones en que eran criticados los nuevos concejales socialistas o comunistas contestaban que no habían llegado a los ayuntamientos «para someterse a la legalidad burguesa». En algún caso los destituidos fueron acusados de haberse extralimitado en sus funciones o de haber cometido algún delito durante el «bienio negro» Cuando algún concejal republicano intentó que se pusiera fin a las destituciones se le respondió que «tal perdón es contrario al sentido depurador del Frente Popular».


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text: Los empleados públicos y los funcionarios destituidos, especialmente los que detentaban sus puestos por oposición, denunciaron las arbitrariedades de que habían sido objeto. La Federación Nacional de Obreros y Empleados Municipales envió varios escritos de protesta al ministro de la Gobernación en los que le advertía del «sinnúmero de cesantías de funcionarios municipales que se venían produciendo». El Colegio del Secretariado Local de España también se quejó a las autoridades. Esto motivó que el 15 de marzo el ministerio de la Gobernación enviara una circular a los gobernadores civiles en los que les conminaba a «evitar las destituciones o suspensiones de funcionarios municipales y provinciales decretadas por las respectivas corporaciones sin sujeción a los trámites establecidos al efecto en la legislación de la República, y cuyas denuncias se formulan en número crecido ante este departamento». Pero la circular no surtió ningún efecto porque los gobernadores civiles en general no fueron obedecidos y los empleados y funcionarios de los ayuntamientos y de las diputaciones purgados no recuperaron sus puestos. El diario republicano "El Sol" publicó que en las destituciones lo que latía en el fondo era «un visible encono de represalia y persecución políticas y un evidente afán de convertir los Municipios en sucursales de los Comités de un partido determinado». En el mismo sentido se expresó Acción Municipalista Española:


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text: Las «reposiciones» de los ayuntamientos también tuvieron su repercusión en el plano simbólico como el cambio de nombre de parques y de calles que también incluyó a personalidades republicanas opuestas al Frente Popular (la calle "Alejandro Lerroux" de Alcázar de San Juan pasó a denominarse "del Dieciséis de Febrero"). Muchas calles y plazas recibieron los nombres de los líderes del Frente Popular o de los «héroes de Asturias» como Luis de Sirval (y también de «héroes» locales «caídos en Octubre»). También fueron revocados los títulos de hijos adoptivos a las personas de derechas.


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text: En muchos lugares los ayuntamientos «invadieron las competencias del Estado, interviniendo en asuntos gubernativos e incluso judiciales, controlando el orden público y efectuando detenciones, ignorando las órdenes que el Gobierno mandaba en sentido opuesto». En esta asunción de competencias que no les correspondían desempeñó un papel clave la sustitución de los policías municipales y de sus mandos por militantes de las organizaciones del Frente Popular, pues les permitió a las autoridades locales «disponer de una policía afín, que se concebía, y rápidamente pasaba a actuar, como una suerte de "policía política" a escala local». Esta policía pronto se convirtió en el principal instrumento del acoso a las derechas y a las personas y asociaciones que las apoyaban, quebrando con ello el estado de derecho.


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text: Un ejemplo del desbordamiento de las funciones del Estado fue que en bastantes lugares se establecieron controles en las carreteras y a los automóviles que pasaban les cobraban una cantidad de dinero «con distintos pretextos». Diego Martínez Barrio, entonces presidente de las Cortes, recordó en sus "Memorias", escritas después de la guerra, que eran frecuentes los asaltos «a viajeros pacíficos, imponiéndoles contribuciones para mitigar la que se suponía hambre de los pueblos», «donaciones» en dinero que en diversos puntos de bloqueo creados en las carreteras en las afueras de los pueblos —y no solo allí— milicias y «guardias rojos» improvisados pretendían de los ocupantes de los automóviles. El mismísimo presidente de la República Niceto Alcalá Zamora tuvo que pagar en dos ocasiones para que le dejaran pasar a pesar de que en una de ellas iba en el coche oficial. Los «recaudadores» a veces alegaban que contaban con la aprobación del Gobernador Civil o que lo hacían en respuesta a una provocación «fascista». Algunos gobernadores civiles intentaron atajar estas prácticas, pero no acabaron con ellas como lo demostraría que en el mes de junio el gobierno de Casares Quiroga les enviara el siguiente telegrama (cuya efectividad es dudosa pues el 1 de julio un diputado de las derechas todavía denunciaba que continuaban la «impunidad» y los «atracos»):  El poder local que, con la complicidad (o la impotencia) del gobierno, consiguieron las izquierdas, especialmente los socialistas, lo utilizaron en el mundo rural para «forzar a los propietarios, por cualquier medio, a ceder a todo tipo de acción o demanda de los campesinos. Y en muchos casos no se trataba solo de grandes propietarios de los cuales había que vencer la resistencia a expropiaciones absolutamente justas y necesarias, sino también de agricultores medianos —y no pocas veces incluso pequeños— cuyas fincas, según la reforma agraria de 1932, habrían debido quedar, en todo o en parte, intactas».


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text: La destitución de los ayuntamientos de derechas y su sustitución por gestoras de izquierdas, una medida «arbitraria» «contraria a la Constitución y a la democracia» (según Gabriele Ranzato o Fernando del Rey Reguillo), también se «justificó» con la promesa de que pronto habría elecciones municipales (de hecho según la ley la mitad de los ayuntamientos tendrían que haberse renovado en abril de 1933 y la otra mitad en abril de 1935). El gobierno anunció el 13 de marzo que estas se celebrarían el 12 de abril y se promulgó el correspondiente decreto. Pero poco después el gobierno decidió aplazarlas debido a los problemas que habían surgido en el seno de la coalición del Frente Popular a la hora de elaborar las listas de los candidatos y ante el temor de que se presentaran por separado republicanos y socialistas (y comunistas) lo que podría dar el triunfo a las derechas como había ocurrido en las elecciones de noviembre de 1933. En esta ocasión las organizaciones obreras querían copar las listas a diferencia de lo que había ocurrido en las elecciones generales de febrero en las que las candidaturas habían sido integradas mayoritariamente por los republicanos de izquierda. El propio Azaña le escribió a su cuñado Rivas Cherif el 29 de marzo:


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text: En la decisión de aplazar las elecciones municipales Azaña contó con el apoyo del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora que opinaba que no podían celebrarse por «el estado de terror en que vive el país» (valoración que era compartida por el líder de la CEDA José María Gil Robles que consideraba que el orden público estaba «gravísimamente perturbado» y que se estaba creando un «verdadero ambiente de guerra civil») y que además temía que sirvieran para iniciar la revolución. En sus "Memorias" se refirió al «anuncio hecho por los extremistas de que una vez ganadas por ellos, incluso contra los republicanos de izquierda, esas votaciones, por medio del terror, izarían la bandera roja sobre los ayuntamientos y exigirían la capitulación de los poderes de la República». El decreto de aplazamiento Alcalá Zamora lo firmó el 3 de abril, el mismo día en que en las Cortes la izquierda iniciaba el procedimiento para su destitución.


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text: Alcalá-Zamora había escrito en su diario a mediados de marzo: Según Gabriele Ranzato, en la primavera de 1936 «lo que se fue progresivamente delineando era mucho más que una simple reforma agraria: se trataba de una amplísima transferencia de propiedad de la tierra que no concernía solo a los latifundios y a las fincas de los grandes terratenientes y que en muchos casos se configuraba como una confiscación». En el campo las organizaciones obreras se lanzaron a derribar el orden existente sin esperar a que el gobierno comenzara a aplicar el programa del Frente Popular sobre la «cuestión agraria». Para el caso de Andalucía José Manuel Macarro Vera ha señalado lo siguiente: «La vuelta a la explotación y dependencia tradicionales en 1935 sembró de frustración las esperanzas que se les abrieron en 1931. Ahora, en 1936, cuando los socialistas de los pueblos abrieron los diques y encabezaron la agitación, la explosión de los desheredados se revistió de cólera. En el momento en que las organizaciones obreras les anunciaron que el día de la redención estaba llegando, salieron tras ellas a invertir las relaciones sociales, en las que ellos habían sido siempre los desposeídos. Ninguno podía entender que el mercado mundial hubiese hundido el valor de las olivas, que el precio del trigo estuviese por los suelos o que fuesen demasiados para las tierras que había. La liberación definitiva que tenían en puertas solo podían comprenderla desde el horizonte en que su incultura y miseria los tenía atados: la del estrecho marco local en el que vivían. Este era el mundo, todo el mundo, y porque así era, el horizonte revolucionario no fue más allá de los límites de cada pueblo. Motivos latentes para que brotase la explosión los había de sobra, pero fue la acción de los socialistas la que la hizo salir de la manera en que lo hizo...».


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text: Para lograr el objetivo de subvertir las relaciones sociales existentes las organizaciones obreras impusieron a los propietarios unos aumentos salariales inasumibles por estos, acompañados del laboreo forzoso y los alojamientos, y ocuparon tierras de forma indiscriminada y sin respetar los límites establecidos por la Ley de Reforma Agraria. Para las organizaciones socialistas «ir a trabajar las fincas de los ricos, u ocupárselas, cuando no había labores que hacer, y exigirles luego los jornales, era poner la tierra al servicio de la mayoría. La resistencia de los patronos a los alojamientos, a los trabajos a tope, a los repartidos, solo era una muestra de su intrínseca maldad, pues la tierra, vientre nutricio inagotable, podía alimentar a todos; bastaba con repartir mejor cuanto producía y no dejárselo a unos pocos para que se enriqueciera; si no podían pagar, ya sabemos que ése era un problema del sistema capitalista y no de los obreros de la Unión General».


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text: Esta ofensiva de las organizaciones obreras en el campo fue posible porque contaron con el apoyo decidido y la colaboración de las autoridades locales de izquierda repuestas (y de las nuevas comisiones gestoras de izquierdas que habían expulsado de los ayuntamientos a los alcaldes y concejales de derechas), cuando no eran estas mismas autoridades las que tomaban la iniciativa. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió en Alcaudete (Jaén) donde el 15 de marzo el alcalde socialista, «para tranquilizar a las masas», metió en la cárcel a los miembros de una familia de propietarios que se habían opuesto a la invasión ilegal de sus tierras. Cuando una multitud rodeó el lugar donde estaban detenidos con la intención, al parecer, de prender fuego al edificio, fueron entregados a la Guardia de Asalto que los trasladó a la capital. Durante el trayecto sufrieron el escarnio de los vecinos de los pueblos que atravesaron. Finalmente fueron puestos en libertad, aunque con la prohibición de volver a Alcaudete. El episodio cobró relevancia porque los detenidos eran parientes del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, que denunció el caso en la reunión del consejo de ministros (también denunció que una finca de su propiedad y otra de un primo suyo habían sido asaltadas por los socialistas de la localidad). El presidente del gobierno Manuel Azaña no hizo ninguna declaración pública reprobando lo sucedido, ni tomó ninguna medida más allá de destituir al gobernador civil de la provincia. En sus memorias el presidente Alcalá Zamora escribió que una sección de Guardias de Asalto «se llevó presos... ¡a treinta y siete personas más respetadas de mi familia y amigos, con el párroco y los coadjutores a la cabeza, que no habían podido huir, y dejó tranquilos y dueños del pueblo a los alborotadores!» y cuando el presidente Azaña le comunicó que había ordenado que soltaran a sus parientes pero añadió a continuación que no sería aconsejable que volvieran a sus casas, Alcalá Zamora consideró que tal consejo venía a decir que «los desórdenes son obra no de los culpables y sí de las víctimas». En otros muchos lugares se produjeron hechos similares a los de Alcaudete que contaron también con la condescendencia o la aprobación de los partidos y las autoridades locales del Frente Popular y con la indulgencia del Gobierno que no tomó medidas para hacer respetar la ley.


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text: La intensa movilización campesina se produjo en un contexto de crisis pues desde principios del invierno las persistentes lluvias habían paralizado las tareas agrícolas con la consiguiente disminución de los empleos agrarios. «Los que se llevaron la peor parte fueron sin duda los jornaleros y los obreros agrícolas, privados del trabajo por el mal tiempo, en algunas zonas durante meses, sin ninguna posibilidad de procurarse medios de sustento más que a través de las pocas iniciativas benéficas o las obras públicas de modesta entidad, improvisadas aquí y allá por muchos ayuntamientos que, sin embargo, disponían de escasos recursos financieros». El ministro de la Gobernación Amós Salvador declaró el 16 de marzo que «temía el hambre que en algunas regiones tiene caracteres alarmantes, que es causa primordial y la explicación más clara de ciertos estados de inquietud, mal humor y violencia» y que las manifestaciones convocadas para ese día por la socialista FNTT pudieran derivar en incidentes generalizados. El temor del ministro no se cumplió, excepto en alguna localidad como Mancera de Abajo (provincia de Salamanca) en la que se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes de izquierda y contramanifestantes de derechas, durante los cuales resultaron muertas una mujer por un navajazo, entre las derechas, y una niña por arma de fuego, entre las izquierdas.


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text: La manifestación inicial de la movilización campesina fue el movimiento de ocupación de fincas —directas e ilegales—. La primera se produjo el 3 de marzo en el municipio madrileño de Cenicientos donde un centenar de campesinos con arados y mulas comenzaron a roturar una tierra de pastos de 1300 hectáreas, que afirmaban que habían formado parte de los bienes comunales del pueblo. Los campesinos enviaron un telegrama al ministro de Agricultura para comunicarle la ocupación que habían realizado. El periódico de la FNTT socialista "El Obrero de la Tierra" publicó: «El camino seguido por los compañeros de Cenicientos... es el único que puede zanjar de modo definitivo y justo ese viejo problema de la tierra tan difícil de resolver de otra manera dentro de los puros marcos de la ley burguesa. Primero el hecho, luego el derecho». A los pocos días se extendieron las invasiones de tierras a otras provincias promovidas por la FNTT. La FNTT lo justificaba aludiendo al «bienio negro», a los dos años de «bandidaje gubernamental» en los que quedaron «abolidos todos los derechos políticos, sociales e individuales de los trabajadores». Algunas de las fincas eran de las que habían sido desalojados los campesinos en el invierno de 1934-35 por los gobiernos radical-cedistas.


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text: El 29 de febrero la FNTT ya había expuesto claramente el criterio que seguiría en sus acciones en las semanas y meses siguientes:


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text: El 14 de marzo en su primera página "El Obrero de la Tierra" volvía a incitar a todos los campesinos a realizar la reforma agraria por sí mismos, alegando que solo se llevaría a cabo «si los campesinos hambrientos y esclavizados tienen el valor y la decisión de ir a buscar directamente las tierras que necesitan para vivir, en vez de perder el tiempo y el dinero en viajes y expedienteos... Decisión, pues, y antes de quince días la reforma agraria será —lo está siendo ya en muchos pueblos— una realidad histórica y trascendental en los anales de España». Según Fernando del Rey Reguillo, «la incitación a la vulneración de las leyes no podía ser más directa».


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text: El movimiento de ocupación de fincas más espectacular fue el que organizó la socialista FNTT —secundada por los comunistas y también por los anarquistas— desde el 26 de marzo en Extremadura en el que participaron entre 50 000 y 60 000 (80 000 según otras fuentes) jornaleros y yunteros que invadieron y comenzaron a roturar unas dos mil fincas privadas que no les pertenecían (la mayor parte de los latifundios de la región). Las ocuparon indiscriminadamente sin preocuparse de los límites que la Ley de Reforma Agraria de 1932 imponía, acuciados por el hecho de que casi ya no quedaba tiempo para arar. Según Sergio Riesco, «aquello, que era un envite al gobierno, no tenía más objetivo que el de presionar para que se legalizaran aquellas situaciones. La impaciencia del hambre fue el detonador que reventó del todo las relaciones entre los patronos agrícolas y los trabajadores del campo. Eso explica, en primera instancia, la resistencia de los propietarios a admitir la legalización de los asentamientos que los técnicos [del IRA] tuvieron que realizar "ex post facto". Sin lugar a dudas se trató de una acción colectiva que demostraba los diferentes ritmos en que se movían los políticos republicanos y los trabajadores agrícolas». José Manuel Macarro Vera, afirma que «las roturaciones en las dehesas extremeñas debieron ser un fracaso, porque con las 2,5 hectáreas por cabeza que correspondió a cada yuntero no se podía vivir, y así parecen confirmarlos los muy numerosos conflictos que hubo en abril y mayo después de haberse asentado nada menos que unos 80 000 de aquellos; conflictos por las bases, el turno en el trabajo, los alojamientos, etc., es decir, por lo mismo que venían movilizándose los campesinos cuando no había asentamientos». Además se partía de un prejuicio ideológico como era el de contraponer agricultura y ganadería, «lejos de entender que la dehesa era una creación cultural en suelos pobres».


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text: Unas semanas antes, el 3 de marzo, el ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes había promulgado un decreto por el que a los yunteros extremeños expulsados por los propietarios en 1935 se les dejaba volver a cultivar las tierras que habían ocupado en virtud del Decreto de Intensificación de Cultivos de 1932, que fue restablecido el día 14, lo que permitía además que otros yunteros provisionalmente, pero con carácter de urgencia, pudieran cultivar tierras que de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria podrían ser expropiadas. El problema del decreto del 3 de marzo era que establecía un plazo de hasta un mes «para comenzar cada asentamiento a contar desde la fecha de registro de la solicitud de tierras. Una traba burocrática a la que los campesinos no estaban especialmente dispuestos a esperar. Ni los campesinos ni la organización más dinámica en aquel momento, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), adscrita a UGT, y en especial en Extremadura». Los decretos del 3 y del 14 de marzo fueron extendidos más tarde a las provincias vecinas de Córdoba, Toledo y Ciudad Real. También a provincias tan septentrionales como Zaragoza. En Ciudad Real hasta julio se asentaron formalmente 6000 campesinos en poco más de 26 000 hectáreas procedentes de unas 500 fincas distribuidas en 44 municipios. Por otro lado, el 28 de febrero un decreto del ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes había anulado los procesos de desahucio de colonos y aparceros.


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text: Ante la intensa movilización campesina el gobierno se vio obligado a aceptar la estrategia de la FNTT y comenzar a «legalizar» muchas de las acciones que había emprendido. El decreto más importante, de enorme trascendencia, fue el promulgado el 20 de marzo. En él se facultaba al Instituto de Reforma Agraria (IRA) para dar permiso a la ocupación de cualquier propiedad, incluso fuera de la zona de latifundio, por razones de «utilidad social» (en el decreto se decía como justificación que «el concepto de propiedad, con todos sus privilegios y prerrogativas, en lo que a rústica se refiere, está, de hecho y de derecho, en el momento presente desvirtuado»). Paradójicamente el decreto se basaba en una disposición de la «ley Velayos» del año anterior aprobada por la mayoría radical-cedista que había abolido en la práctica la Ley de Reforma Agraria de 1932 (por lo que la ley también fue conocida como la de la «Contrarreforma agraria») en la que se establecía en su artículo 14 la posibilidad de que el Estado expropiase una propiedad aduciendo motivos de «utilidad social», pero añadiendo tal número de condiciones que la hacían inaplicable. Precisamente lo que hizo el decreto de Ruiz Funes fue eliminarlas (como la norma de que el propietario tenía que haber sido completamente indemnizado antes de que la expropiación fuera efectiva). Una semana antes de la promulgación del decreto "El Obrero de la Tierra" ya había titulado en primera página: «Con la ley de Contrarreforma bien "interpretada", podemos apoderarnos en el acto de las fincas». El resultado fue que solo en el mes de marzo se habían asentado más de 70 000 campesinos, en su mayoría yunteros extremeños, sobre unas 230 000 hectáreas. Los diputados conservadores de las provincias afectadas por los decretos de yunteros se quejaron ante las Cortes sobre la forma en que se estaban aplicando, discriminando a los yunteros que no fueran de izquierdas:


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text: Según Gabriele Ranzato, la cláusula de la «utilidad social» se convirtió «en la herramienta para realizar expropiaciones generalizadas sin límites de extensión y sin excluir tampoco las propiedades más pequeñas» «y con independencia de si los propietarios participaban o no en el cultivo de la tierra», lo que rebasaba ampliamente lo establecido en la Ley de Reforma Agraria de 1932. Una parte del decreto del 20 de marzo fue incorporado a la nueva Ley de Reforma Agraria que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935 (la "ley Velayos" o "ley de Contrarreforma agraria") y que fue aprobada por las Cortes el 30 de mayo, con la abstención de los diputados de derechas. La nueva Ley de Reforma Agraria, que se promulgó el 13 de junio, constaba de un artículo único en el que se decía: «Se declara en vigor la Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932 y los arts. 1 y 2 y primer párrafo del 4 del decreto de 20 de marzo de 1936». En el artículo 2º del decreto de 20 de marzo se decía que el IRA podría expropiar por «utilidad pública» todas las fincas situadas en el territorio de uno o más ayuntamientos que presentaran «las siguientes características: gran concentración de la propiedad; censo campesino elevado en relación con el número de habitantes; reducida extensión del término en comparación con el censo campesino; predominio de cultivos extensivos». «Las características podrán concurrir aislada o simultáneamente». Gabriele Ranzato comenta: «Es evidente que criterios tan genéricamente formulados dejaban un amplio poder discrecional a la autoridad encargada de establecer su aplicabilidad de la cláusula de la utilidad social. Así que casi ningún propietario podía sentirse libre del riesgo de expropiación; ni siquiera los más pequeños cultivadores directos». Cuando el diputado de la CEDA Dimas de Madariaga denunció en las Cortes que estaban siendo ocupadas pequeñas propiedades el ministro Ruiz Funes le contestó que el tamaño de la finca no importaba, que «todas las fincas que hay en todo el territorio nacional, cualquiera que sea la extensión superficial que estas tengan, son susceptibles de reforma agraria» y apeló para ello al artículo 44 de la Constitución de 1931 que entre otras coas establecía que «toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional» y que «la propiedad podrá ser socializada».


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text: A pesar de que al frente del Instituto de Reforma Agraria (IRA) Ruiz Funes nombró al ingeniero agrónomo Adolfo Vázquez Humasqué, que ya había ocupado ese puesto durante el primer bienio y que fue dotado de amplios poderes para determinar qué tierras debían ser entregadas inmediatamente a los campesinos, el IRA fue completamente desbordado por las organizaciones obreras, con la FNTT a la cabeza, que denunciaron y se opusieron a las «trabas» que les intentaban imponer con sus tecnicismos y legalismos los «burócratas» del IRA, que era el organismo oficial encargado de aplicar la cláusula de la «utilidad social». Así lo justificó la FNTT:  De poco sirvió el telegrama que Vázquez Humasqué envió a todos los gobernadores civiles amenazando con «excluir de los beneficios de los asentamientos de yunteros y obreros a los que asalten fincas». La FNTT, por su parte, pidió al gobierno que destituyera a todos los funcionarios del IRA que se oponen a «nuestra revolución agraria» y volvió a insistir en que «deben ser los propios campesinos, conducidos por nuestra Federación, los que realicen la reforma, incautándose en todo el país de la tierra, los ganados y la semilla que se necesiten para cumplir el mandato revolucionario que dieron las urnas el 16 de febrero de 1936». Finalmente fue Vázquez Humasqué el que cedió y en una circular del 19 de mayo confió a los ayuntamientos (controlados por los socialistas) la tarea de decidir cuáles eran las tierras a expropiar. A partir de ese momento se incrementó el «asalto a las tierras por parte de muchos jornaleros» impulsados por la FNTT, acrecentando el «traspaso masivo de propiedad» que se estaba produciendo en tan corto espacio de tiempo. A finales de abril el IRA ya había asentado a cerca de 94 000 campesinos en 400 000 hectáreas a las que habría que añadir las ocupaciones «incontroladas».


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text: En julio se alcanzó la cifra de 115 000 campesinos, más que durante toda la República, asentados sobre 574 000 hectáreas, de nuevo sin contar las «expropiaciones de hecho». Se calcula que finalmente se pudieron expropiar alrededor de un millón de hectáreas, la mayor parte de ellas en Extremadura, La Mancha y Andalucía. Muchos propietarios, incluidos medianos y pequeños, denunciaron a los gobernadores civiles, al gobierno, a los diputados de derechas y a la prensa, los abusos e ilegalidades que estaban padeciendo en las ocupaciones de sus tierras gracias a la complicidad de los ayuntamientos socialistas. Un propietario de Malagón le escribió a José Calvo Sotelo: «Le pongo en antecedentes de otra nueva invasión de mi propiedad que han cometido los socialistas en la finca que le indico... Esto es irresistible, pues si no se remedia pronto tendremos que dejar las tierras». También protestaron los arrendatarios que en las ocupaciones de fincas habían sido expulsados de las tierras que cultivaban por ser de derechas, a pesar del llamamiento que hizo Vázquez Humasqué a las izquierdas para que, apelando a su «hermandad tutelar», no quitaran la tierra «a los yunteros o modestos arrendatarios de la tierra que la laborean en la actualidad, aunque sean de la acera de enfrente». El proyecto de la nueva ley de reforma agraria fue presentado por el ministro Ruiz Funes el 19 de abril, cuatro días después de que las Cortes pudieran recuperar su actividad normal tras el proceso abierto de elección de nuevo presidente de la República, junto con otra sobre «Revisión de desahucios de fincas rústicas» que restituía en el derecho de explotación de la tierra a arrendatarios y aparceros desahuciados. Esta ley, según el ministro, también pretendía hacer valer «el derecho de los colonos a adquirir la propiedad, en ciertas condiciones, siempre con carácter coactivo para el propietario absentista que permanece ajeno a las dificultades y al esfuerzo de la empresa agraria».


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text: Pero el mayor problema que planteó la reforma agraria fue el de la viabilidad económica de las parcelas que se entregaron a los campesinos sin tierra debido fundamentalmente a su tamaño. En Andalucía la media fueron 8 hectáreas que oscilaron entre las 16 hectáreas de Cádiz y 12 en Jaén a 4 en Huelva. Más reducidas fueron las parcelas entregadas en Extremadura, 2,5 hectáreas de media, una cantidad de tierra con la «no se podía vivir», advierte José Manuel Macarro Vera. De hecho se ha constatado que algunos de los campesinos que recibieron tierras renunciaron a ellas porque podían ganar más como jornaleros, como así lo reconoció el propio ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes cuando dijo que se habían marchado porque preferían «un jornal a los beneficios del cultivo directo». La viabilidad económica también dependía del capital de que dispusieran los nuevos propietarios para explotar las parcelas que les habían sido entregadas. El ministro Ruiz Funes reconoció en las Cortes que no podía esperarse una tasa de éxito económico superior al 40% para ellas, teniendo en cuenta los dos factores: tamaño de la explotación y capital.


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text: La reivindicación del retorno a los pueblos de los bienes comunales desamortizados por la "Ley Madoz" de 1855 era tan antigua que ya durante la Primera República (1873-1874) se produjeron ocupaciones de fincas cuestionando la legitimidad de su privatización. Muchos jornaleros sin tierras veían en los antiguos bienes comunales una oportunidad para salir de la miseria. Tras la proclamación de la Segunda República Española la cuestión de los bienes comunales volvió al primer plano y así a los pocos meses la Comisión Técnica Agraria, encargada de elaborar el proyecto de Ley de Reforma Agraria, solicitó a los ayuntamientos que le informaran de los bienes comunales de los que dudaran sobre la forma en que habían sido adquiridos. La respuesta fue inmediata y la Comisión recibió una avalancha de cartas. Como ha señalado Sergio Riesco, «quizás sin quererlo, la Comisión creó en los pueblos las expectativas de que la reforma agraria incluiría el rescate de los comunales» pero «en la Ley de Bases quedó recogido de una manera marginal». Las presiones de los pueblos y de la socialista FNTT sobre el gobierno continuaron, hasta el punto que el director del Instituto de Reforma Agraria, Adolfo Vázquez Humasqué, hizo publicar un decreto en la "Gaceta" sobre rescate de comunales sin la preceptiva firma del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, lo que le costó el puesto. Tras el triunfo del Frente Popular volvió la reivindicación del rescate de los bienes comunales. A finales de marzo de 1936 lo pidieron, entre otras medidas, un grupo de alcaldes de la provincia de Sevilla.  El 19 de abril el ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes presentó en las Cortes un proyecto de ley sobre rescate y readquisición de bienes comunales que pretendía la reintegración del antiguo patrimonio comunal de los municipios, rectificando así una parte importante de la obra desamortizadora del siglo XIX: la llamada desamortización de Madoz. Para ello se proponía expropiar todas las tierras que a partir de 1808 (1855, año en que se aprobó la "Ley Madoz", en su redacción inicial) el Estado hubiera sustraído a los municipios para venderlas a los particulares. Uno de los argumentos utilizados para justificar el proyecto de ley fue que una parte importante de las tierras comunales (cuya extensión era en España la más amplia de toda la Europa occidental) se había detraído abusivamente a los ayuntamientos y muy a menudo las ventas se habían realizado para favorecer a los terratenientes locales al haberse subastado las tierras en parcelas de grandes extensiones, dando lugar a la creación o la ampliación de latifundios. Sin embargo, la aplicación de la ley planteaba un problema complejo, como ha destacado Gabriele Ranzato: que «a lo largo de más de un siglo, muchas tierras habían cambiado muchas veces de manos y habían sido incluso fraccionadas», de modo que una parte importante de ellas estaba en manos de pequeños propietarios. Para intentar soslayarlo el proyecto de ley planteaba que las pequeñas propiedades no serían objeto de expropiación —aunque el límite fijado eran tan exiguo que solo quedarían exentos los campesinos muy pobres— y que los compradores sucesivos de las tierras serían indemnizados —a plazos— mientras que los primeros adquirientes —en realidad sus herederos— serían expropiados sin ninguna indemnización. El Instituto de Reforma Agraria (IRA) sería el organismo encargado de determinar los casos en que se hubieran producido apropiaciones indebidas de las tierras comunales y de devolverlas a los pueblos (la redacción inicial era mucho más radical pues dejaba esa función a los propios ayuntamientos).


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text: El proyecto comenzó a discutirse en comisión pero los debates se aceleraron tras los trágicos sucesos de Yeste del 29 de mayo motivados por la disputa de una antigua finca comunal «cuya titularidad privada por parte del cacique del pueblo nunca fue reconocida por la mayoría de sus habitantes». «El suceso puso sobre el tapete un asunto fundamental: el cuestionamiento de los derechos de propiedad privada sobre antiguas fincas comunales», afirma Sergio Riesco.


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text: El proyecto de ley de rescate de las tierras comunales recibió el apoyo entusiasta de los socialistas "caballeristas" y de los comunistas porque, como ha destacado Ranzato, «la vuelta a las tierras comunes de los municipios era lo más cercano que se podía realizar —en un sistema que aún no era socialista— a la abolición de la propiedad privada de la tierra y a su explotación en colectividad». Ricardo Zabalza, diputado socialista "caballerista" y secretario general de la FNTT, dijo durante el debate parlamentario que la ley ofrecía «a los ayuntamientos españoles la mayor masa de tierra posible, con el mínimo de dispendios, en el más breve plazo y con los menores trámites». "El Obrero de la Tierra", órgano de la FNTT, destacó la «importancia incalculable» de la futura ley porque «van a ser muchos los señores de la tierra que van a quedar, como suele decirse, desnudos». El propio promotor del proyecto, el ministro de agricultura Ruiz Funes (del partido de Azaña), afirmó en las Cortes el 1 de julio que «venimos a resucitar hoy los patrimonios rústicos» argumentando que «la propiedad, más que un derecho, es una función y es un deber» y que —tras mencionar el artículo 44 de la Constitución de 1931 («Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional»; «la propiedad podrá ser socializada»)— la «utilidad social» prevalece cuando entra en conflicto con el «derecho de propiedad».


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text: Los diputados de derechas se opusieron vehementemente (era un paso más de la «ofensiva en contra de la propiedad rústica», de una «reforma agraria mucho más grave que todas las demás»; se pretendían resucitar las manos muertas, alegaron), pero sobre todo se quejaron de que se incluyeran los bienes de propios (los que habían sido propiedad del Ayuntamiento y no del común). Lo que callaban estos diputados, que decían estar a favor de la «restauración» de los bienes comunales, «es que infinidad de tierras comunales —en la medida en que entonces los ayuntamientos se hallaban en manos de las oligarquías locales, principales interesadas en su compra— se hicieran pasar en realidad por bienes de propios facilitando así su privatización».


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text: En la sesión plenaria de las Cortes del 1 de julio (que estuvo plagada de incidentes y que sería la última de la República en paz) el ministro de Agricultura Ruiz Funes le respondió al diputado del Partido Agrario José María Cid, que había finalizado su intervención diciendo «¿Acaso quiere el Gobierno convertir el régimen capitalista en marxista? ¡Pues dígase con toda claridad!», lo siguiente: El 10 de julio, tan solo una semana antes del golpe de Estado, se aprobó el primer artículo de la ley (por 161 votos a favor y 50 en contra) que decía: Según Sergio Riesco, la aplicación de este artículo «podía significar entregar a los pueblos cuatro millones de hectáreas, cantidad suficiente para realizar una reforma agraria que modificara de forma radical la estructura de la propiedad de la tierra del país». Riesco añade: «lo que se estaba tratando en las Cortes era una posible nacionalización de los bienes comunales remontándose a 1808, es decir, atacando el sacrosanto derecho de propiedad que la reforma agraria liberal había edificado durante décadas. Algo que la oligarquía agraria del país no estaba dispuesta a soportar». El estallido de la guerra civil impidió que la ley se aprobara. Con la ley de rescate de comunales, según Riesco, «se culminaba una revitalización de la reforma agraria que la convertía en imparable... Sin embargo, los acontecimientos posteriores pusieron fin a aquella esperanza».


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text: La expropiación de tierras no fue suficiente para satisfacer las necesidades de cientos de miles de míseros jornaleros que vivían al borde del hambre debido a la falta de trabajo agravada por los temporales de lluvias que no cesaban. Hubo noticias de que en algunos lugares se alimentaban de hierbas hervidas o de lagartos. Ante esta situación los ayuntamientos socialistas decidieron hacer recaer sobre los propietarios el mantenimiento de los parados mediante el laboreo forzoso (la obligatoriedad de cultivar las tierras dedicadas al pastoreo o que dejaban incultas), el turno «riguroso» en la contratación y sobre todo mediante los «alojamientos» (la obligación de contratar a un número determinado de jornaleros en proporción a la extensión de sus propiedades, independientemente de los cultivos a los que dedicaran los terrenos, pagándoles un salario establecido por el propio ayuntamiento). En algunos casos se llegaron a acuerdos entre los sindicatos y los propietarios tras largas y complejas negociaciones. En otros, aunque se hubieran alcanzado pactos a nivel provincial, los sindicatos socialistas con el apoyo de los alcaldes, también socialistas, impusieron a los propietarios, grandes y pequeños, las condiciones de los «alojamientos» de los jornaleros (su número, en la mayoría de ocasiones excesivo; las horas de trabajo, por debajo de las habituales; y los salarios, generalmente muy por encima de los que se habían pagado hasta entonces). En algunos lugares se obligó bajo amenazas a las pequeñas propiedades familiares a «alojar» jornaleros aunque no los necesitaran (por ejemplo, en Santo Domingo de la Calzada arrancaron todo un campo de patatas «por haberlo sembrado con ayuda de sus familiares, sin ocupar ningún obrero»). En otros se pactó o se les obligó a pagar a los ayuntamientos cuotas en dinero (en ocasiones en forma de recargo de la contribución rústica) que aquellos destinaban a obras públicas para las que contrataban a jornaleros en paro. De nada sirvieron las quejas de los propietarios sobre las arbitrariedades de los «alojamientos» y del aumento de los costes que suponían, lo que les llevaba al borde de la ruina, especialmente a los pequeños.


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text: Según Fernando del Rey Reguillo, «no parece exagerado afirmar que, en aquel contexto, estos [los propietarios] corrían el riesgo de desaparecer como agentes económicos —o al menos así lo percibían— para convertirse en actores pasivos supeditados a los intereses de la comunidad. Sin olvidar que la política social jaleada por las organizaciones obreras —hija de "una mentalidad precapitalista"— se aplicaba al margen de toda racionalidad económica, sin reparar en sus gravámenes y sin tener en cuenta las necesidades del tejido productivo, hasta ponerlo de hecho al borde del colapso». Una valoración similar es la que ha hecho José Manuel Macarro Vera para Andalucía: «la presión socialista se dirigió a invertir la distribución del beneficio de las tierras, pero manteniendo la estructura de la propiedad. Los dueños lo seguirían siendo, pero no serían ellos, sino los sindicatos y los ayuntamientos quienes decidirían qué número de jornaleros tendrían que emplear, con qué condiciones de trabajo y cuándo. Curiosa situación social esta, en la que la propiedad privada continuaba existiendo, pero en la que el propietario pasaba a ser un mero empleador de la mano de obra que le asignaban los sindicatos, y respondía con su patrimonio del pago de los salarios a los que tenía que hacer frente vendiendo su producción en un mercado libre, que le proporcionaba menos ingresos que los gastos que le habían impuesto».


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text: El diputado de la CEDA Antonio Bermúdez Cañete denunció esta situación en las Cortes: «Es absurdo y carece completamente de sindéresis en la política económica del mundo el que se cargue a una industria en crisis, como la agricultura andaluza y extremeña, la carga de los obreros parados». De esto precisamente era de lo que se venían quejando los propietarios desde 1931, que una «política de servicio público» como los repartos y los alojamientos (así los calificó un diputado republicano: «una política de servicio público para buscar remedio a una necesidad apremiante») no recayera sobre el Estado sino sobre ellos. El líder monárquico José Calvo Sotelo compartió este argumento —«el paro agrícola hacerlo gravitar sobre los propietarios, y sobre todo los propietarios rurales, no es justo», dijo— pero fue más lejos. En el discurso de réplica a la presentación del nuevo gobierno de Casares Quiroga el 19 de mayo dijo: «Hay dos maneras de hacer la revolución, señores diputados, desde el punto de vista marxista: una en la calle, con la fuerza de las armas, otra en el seno de la economía, desarrollando una táctica de lucha contra todas las fórmulas de riqueza, contra todas las fórmulas de renta, incapacitando el desenvolvimiento normal de la economía que está en marcha, y dando lugar con ello a una situación de ruina progresiva que hundirá y aniquilará todos los órganos del régimen social en que estamos viviendo».


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text: No sólo los propietarios protestaban. Los jornaleros no sindicados en la FNTT o en la CNT se quejaban a menudo de que eran postergados y no los incluían en los alojamientos. En muchos lugares de Andalucía se exigía estar inscrito en la Casa del Pueblo para poder trabajar. Un viejo republicano de Las Cabezas de San Juan se quejó de que las sociedades obreras (los de la CNT y «los de Largo Caballero») les negaban el «derecho a comer» a quienes «no están adscritos a sus teorías y procedimientos». «Aquí no existe república, ni aún socialismo. Impera, jactancioso y demagógico, un régimen de anarquía desenfrenada», le escribió a Calvo Sotelo. Este utilizó esta denuncia, y otras similares, como argumento para atacar a las organizaciones y partidos obreros integrados en el Frente Popular: «¿De qué no seríais capaces vosotros frente a los que consideráis adversarios de clase, si ante esos hombres que son obreros, que son hermanos vuestros de clase, humildes como vosotros, os mostráis capaces de desarrollar tan desaforada política y llegáis a cercar por hambre a quienes no han cometido más delito que el de no pertenecer a los sindicatos marxistas?». José Manuel Macarro Vera comenta que lo más asombroso era que el Gobierno sabía que se estaba primando a socialistas y a comunistas a la hora de repartir el trabajo en detrimento de los trabajadores de derechas y republicanos y no actuaba.


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text: El exceso de trabajadores y los altos salarios que conllevaban los alojamientos se impusieron a los propietarios en muchas ocasiones mediante amenazas y violencias en las que desempeñaron un papel clave los alcaldes que se arrogaron poderes gubernativos, judiciales y policiales que no les correspondían, «tolerando, apoyando y a menudo realizando en primera persona las acciones coercitivas dirigidas a doblegar a los propietarios». A los que se oponían les imponían multas, secuestraban sus productos y su ganado, registraban sus casas y hasta los detenían y encarcelaban (por ejemplo, en Jimena (Jaén) el alcalde socialista encarceló a un propietario por haberse negado a contratar a los 50 jornaleros que que le habían sido impuestos por el sindicato agrario local; en Palma del Río otro propietario también fue encarcelado por orden del alcalde por haberse negado a pagar las 121 500 pesetas que le reclamaban por los salarios de los jornaleros que le habían repartido y el ayuntamiento lo volvió a encarcelar cuando ordenó el embargo de 2450 animales como compensación).


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text: Los propietarios denunciaron estas arbitrariedades mientras que al mismo tiempo algunos de ellos dejaban de cultivar antes que abonar los jornales que se les imponían. La Federación Patronal Agraria de Sevilla denunció a mediados de abril que los alcaldes no obedecían al gobernador civil y llegó a afirmar, tal vez exageradamente, que en algunos pueblos de la provincia «los labradores son perseguidos como alimañas y tienen que venir a Sevilla para refugiarse». Por eso pedían que se garantizara la seguridad personal de los «labradores» en los pueblos y que se prohibiera a los ayuntamientos que intervinieran en cuestiones de trabajo, además de que se fijaran rendimientos de las labores en las bases de trabajo acordadas. Un mes después volvió a reiterar su protesta porque el Gobierno Civil no había hecho nada al respecto. La patronal agraria sevillana volvía a insistir en que sus peticiones eran las «mínimas», «necesarias si se quería que la clase patronal agrícola continuase ejerciendo su profesión». Por esas mismas fechas la Cámara Agrícola de Córdoba comunicó al Gobierno en un escrito que la agricultura y ganadería estaban en una «situación crítica y ruinosa» por el bajo valor de los productos, los asentamientos, los alojados y «por las condiciones impositivas» de los trabajadores. En la provincia de Córdoba, como también sucedía en Sevilla, los propietarios se estaban marchando a la capital, lo que provocó que el gobernador civil iniciara una investigación para averiguar los motivos y, como denunció un diputado de derechas en las Cortes, si no eran normales «obligarles a permanecer en los respectivos pueblos, sentando la novísima teoría de Derecho de invertir los destierros y las deportaciones, haciéndolos de fuera a dentro». Los propietarios más ricos estaban incluso enviando a sus familias al extranjero lo que provocó que el 22 de mayo el Ministerio de la Gobernación ordenara a los gobernadores civiles que restringieran al máximo la concesión de pasaportes y que estudiaran minuciosamente las solicitudes que se les presentaran antes de concederlos.


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text: Los llamamientos que hacían las patronales agrarias al Gobierno respondían al hecho de que este «en la primavera y verano de 1936 continuaba sin imponer la autoridad legal del Estado en el campo» fundamentalmente «porque no tenía capacidad ni fuerzas para enfrentarse a sus aliados obreros». Los propietarios querían que se aplicara la legislación, aunque la odiaban, porque eso era mejor que «seguir en manos de quienes la ignoraban y estaban instaurando un poder distinto al del Estado, que, para los agricultores, era su desaparición como clase; y para algunos, antes que eso, el inicio de la guerra civil». De estas denuncias de las patronales agrarias se hicieron eco los partidos de derechas cuyos líderes las llevaron a las Cortes. El monárquico José Calvo Sotelo dijo: «Una gran parte de España, unos cuantos millones de españoles, viven sojuzgados por unos déspotas rurales, monterillas de aldea, que cachean, registran, multan, se incautan de fincas, parcelan y dividen la tierra, embargan piaras de ganado, centenares y millares de reses... individuos que realizan todas clases de funciones gubernativas, judiciales y extrajudiciales, con total desprecio de la ley». Por su parte, un militante socialista de Albacete se mostraba encantado en una carta enviada al diputado socialista José Prat de que «por estos pueblos se vive en pleno estado bolchevique». El gobernador civil republicano de Sevilla tras dejar el cargo le comunicó al líder de su partido Diego Martínez Barrio que en la provincia se estaba produciendo una «relajación enorme del principio de autoridad» y un «envalentonamiento extraordinario de los elementos proletario», y «estupor y pánico de los otros», que conducía a la «anarquía», «tanto mayor a medida que los pueblos distan de la capital». El mismo gobernador ya advirtió a Martínez Barrio de que los obreros afiliados a su partido Unión Republicana estaban siendo perseguidos en los pueblos por los sindicatos obreros de izquierdas.


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text: Para apoyar el movimiento revolucionario campesino y a los alcaldes socialistas que lo sostenían la FNTT constituyó a partir de mediados de marzo las «Milicias del Pueblo», también conocidas como «milicias rojas», como «órganos de autodefensa y guías que encaucen el ímpetu combativo de las masas disciplinadamente». Justificó su creación porque, «a estas alturas de la revolución española que se inició el 14 de abril, y que camina con paso firme hacia su madurez», «nos hallamos en guerra civil, larvada en unos sitios y descarada en otros». «No basta con tomar la tierra. Hay que estar dispuesta a defenderla. No es suficiente dominar un ayuntamiento. Hay que hacerlo respetar. Para ello precisamos contar con fuerza propia», se decía en "El Obrero de la Tierra", el órgano de la FNTT, del 28 de marzo. Un obrero republicano andaluz denunció que en su pueblo las «milicias rojas», animadas desde el Ayuntamiento, se paseaban a diario con garrotes e insultando a gritos a las personas de derechas, algunas de las cuales, las más pudientes, habían optando por marcharse a la capital de la provincia. Uno de sus objetivos declarados eran los jueces a los que amenazaban porque, según la FNTT, daban muestras de «una descarada parcialidad» en sus sentencias a favor de la «burguesía», lo que en ocasiones era cierto. Por otro lado, los propietarios no se sometían pasivamente y cuando podían oponían una dura resistencia, a veces recurriendo a hombres armados.


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text: De las acciones de las «milicias rojas» se hicieron eco en las Cortes los diputados de las derechas que denunciaron cómo se servían de ellas los alcaldes socialistas para «cachear a los individuos» y meterlos en la cárcel. El máximo dirigente de la FNTT, el socialista "caballerista" Ricardo Zabalza que era diputado por la circunscripción de Badajoz, les respondió. No intentó negar los hechos sino que los justificó culpando a las derechas de haber «sembrado España de odios, de hambre y, en consecuencia, habéis creado esta situación de que ahora os lamentáis». «Cuando estábamos en las cárceles, sus señorías, con sus malos tratos, con su desprecio a los seres humanos, a los intereses ajenos, hicieron la verdadera obra de anarquía», dijo. El gobierno tenía que «amparar con todas sus fuerzas a esos alcaldes, que en realidad son los que defienden la auténtica política del Frente Popular», siguió diciendo. Y añadió a continuación, lo que fue recibido con grandes aplausos por los diputados del Frente Popular incluidos los republicanos: «toda nuestra política... es esta: para los terratenientes, de los que decía el señor Bermúdez Cañete que qué iban a hacer cuando se les expropiase sus tierras, no queremos más que una cosa: que se cumpla aquella maldición que, según sus señorías, dijo Jehová, de que cada uno gane el pan con el sudor de su frente».


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text: El resultado fue que se produjo una alta conflictividad en el campo, que se saldó en muchas ocasiones con incidentes violentos, algunos de ellos protagonizados por los propietarios y las derechas como el que tuvo lugar el 8 de marzo en Escalona (Toledo) donde un grupo de jornaleros de la FNTT recorrieron la localidad en una manifestación pacífica, al término de la cual «elementos» de la derecha les dispararon desde un bar cercano. Intervino la Guardia Civil y mató a cuatro manifestantes e hirió a cuatro más. Hasta que no llegó el gobernador civil en persona a esclarecer los hechos no se registraron los domicilios de los «elementos» derechistas, mientras que el juez de instrucción había ordenado la detención solo de los «izquierdistas».


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text: La presión sobre los propietarios aumentó considerablemente a partir de junio, que era el mes en que comenzaba la época de la siega y de la cosecha. En ese mes se inició una oleada de huelgas, que coincidió con la «orgía de huelgas» de las ciudades. Los desórdenes mayores tuvieron lugar en las comarcas rurales de Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía. Las organizaciones obreras exigieron el aumento de los «alojamientos», grandes aumentos salariales, el fin del trabajo a destajo y la prohibición de usar máquinas agrícolas si no se alcanzaba la plena ocupación de los jornaleros parados. Para conseguirlo recurrieron a las huelgas (entre el 1 de mayo y el 8 de julio se contabilizaron 192 huelgas agrarias) que estuvieron acompañadas de amenazas y de violencia. Contaron con el apoyo de los ayuntamientos socialistas, lo que en muchas ocasiones supuso que los propietarios no tuvieran más remedio que aceptar las condiciones que se les exigían (en Sevilla, por ejemplo, la jornada agrícola fue reducida a seis horas).


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text: El líder de la CEDA José María Gil Robles escribió en sus memorias "No fue posible la paz" que en la primavera de 1936, aunque no existía un complot comunista como afirmaban los historiadores franquistas, «se había iniciado en muchos sectores de la península una profunda revolución agraria, que llevó el desorden y la anarquía a una gran parte del campo español». Esta tesis ha sido suscrita por varios historiadores incluso de izquierdas como Jacques Maurice («estalló la sublevación [de julio de 1936] en el preciso momento en que la revolución agraria ya se estaba iniciando»). También por historiadores de otras tendencias como Gabriele Ranzato o Stanley G. Payne. José Manuel Macarro Vera considera que en Andalucía se vivió una «situación revolucionaria» en la que se invirtieron las relaciones sociales porque el poder pasó al binomio formado por los ayuntamientos y las Casas del Pueblo.


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text: Por su parte el historiador José Luis Martín Ramos niega que en la primavera de 1936 se produjera una revolución agraria. Según él, lo que hubo fue una intensificación de la reforma agraria debida a la «interacción entre el ejecutivo y la movilización de los sindicatos campesinos» que resultó «decisiva» (también valora la recuperación de Adolfo Vázquez Humasqué como director del Instituto de Reforma Agraria). «Nada autoriza a hablar de radicalización de la reforma agraria, ni mucho menos de revolución social incipiente. El gobierno no impulsó una expropiación general de los propietarios, pero se planteó por fin mejorar las condiciones de los jornaleros, de los arrendatarios, de los yunteros», aunque «ciertamente pudieron producirse situaciones de abuso sobre propietarios, mediante el mal uso del poder municipal; nada que ver con las de sentido contrario, en épocas pasadas». Sergio Riesco coincide con la tesis de Martin Ramos y afirma que lo que se produjo durante los meses de gobierno en paz del Frente Popular fue una «aceleración de la Reforma Agraria», no solo porque se multiplicaron «por cinco los asentamientos respecto al periodo 1932-febrero de 1936, sobrepasándose los 150 000 campesinos a los que se había dado trabajo», sino sobre todo porque «con el debate de la ley de rescate de comunales en las Cortes se culminaba una revitalización de la reforma agraria que la convertía en imparable. Se había cogido el ritmo, y la voluntad política era sacarla adelante. Sin embargo, los acontecimientos posteriores pusieron fin a aquella esperanza». Riesco cita a Adolfo Vázquez Humasqué, director por dos veces del Instituto de Reforma Agraria, quien desde el exilio escribió:


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text: La confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano tras las elecciones de febrero. Se extendió por todas partes la violencia anticlerical y se produjeron continuas disputas sobre asuntos simbólicos, como el tañido de campanas o las manifestaciones del culto fuera de las iglesias, como procesiones o entierros católicos. Para intentar explicar esta enorme ola anticlerical Gabriele Ranzato ha destacado la identificación de la Iglesia Católica española con las derechas hasta el punto de que constituía el principal aglutinante de la CEDA, el gran partido de masas de la derecha española, y que la Iglesia perdió una gran oportunidad para intentar revertir el proceso de «apostasía de las masas» (según Ranzato, «en ningún otro país de la Europa occidental se mostraba la Iglesia tan insensible a las aspiraciones de emancipación de las clases populares») cuando tras el fracaso de la Revolución de Octubre de 1934 «habría podido predicar indulgencia y poner todo su peso del lado de Giménez Fernández para que realizara, según los criterios del cristianismo social que le inspiraba, una verdadera reforma agraria». Así, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones, «muchos hombres del pueblo, en gran parte embargados de desilusión y abandono, se dedicaron a perseguir a la Iglesia, a ultrajar y herir en los más hondo a los creyentes, violando y destruyendo sus espacios sagrados físicos e interiores». El 2 de febrero el diario "El Socialista" publicó un artículo titulado «La Iglesia beligerante» en el que se decía que «el peor enemigo del proletariado en marcha es la Iglesia, que fue también la más implacable perseguidora del libre pensamiento».


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text: Según Fernando del Rey Reguillo, el anticlericalismo desempeñó un papel crucial como catalizador del «cerco global al mundo conservador bajo las lógicas de la exclusión que sostuvo la izquierda revolucionaria, ante la pasividad o la impotencia, según los casos, del Gobierno republicano». «Pero este anticlericalismo que retornaba a la escena política ya no era el del primer bienio. Ahora se presentaba con tintes más sombríos, más radicales y más revanchistas», añade del Rey Reguillo. «Se expresó en una gran variedad de gestos e iniciativas anticlericales, burlas, prohibiciones, coacciones de todo tipo e incluso detenciones de clérigos y católicos seglares significados por su implicación en la defensa de los intereses de la Iglesia». Los católicos lo percibieron como una «persecución» en toda regla, cuya alcance no se puede conocer con precisión pues existía una férrea censura de prensa, como consecuencia de la vigencia del estado de alarma que se iba renovando mes a mes.


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text: No solo quemaron edificios religiosos —un mes después de las elecciones el presidente del gobierno Manuel Azaña ya le escribió en una carta a su cuñado en la que le decía: «he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos»— sino también las imágenes sagradas (cristos, vírgenes, santos, etc.), sin importar su valor artístico, que ardieron en el interior de los templos o en grandes hogueras delante de ellos junto a otros enseres como vestimentas y objetos litúrgicos, confesionarios, púlpitos o bancos (en ocasiones las hogueras eran acompañadas por el toque de las campanas o se realizaban en fechas clave del calendario litúrgico católico como el Viernes Santo). En alguna localidad también se mutilaron imágenes sagradas sin llegar a quemarlas, se derribó la ermita por orden municipal y se destruyeron las cruces que había en las calles (en Puertollano fue volada con dinamita una cruz de hierro). La voluntad de herir los sentimientos religiosos de los católicos se manifestó también en actos sacrílegos como la violación de los sagrarios de los que sacaban las hostias consagradas, las tiraban al suelo y las pisoteaban, o la profanación de tumbas desenterrando los cadáveres de religiosos. En algunos cementerios destruyeron los panteones y los nichos de las familias ricas y arrojaron los cadáveres al suelo.


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text: Uno de los episodios de violencia anticlerical de mayor repercusión fue el que se produjo en Madrid el 4 de mayo. Fue provocado por el rumor que corrió por la capital de que monjas y señoras católicas estaban distribuyendo caramelos envenenados entre los niños hijos de obreros y que algunos de ellos habían muerto. Al irse extendiendo el rumor —también se dijo que habían disparado desde una iglesia— miles de personas se lanzaron a quemar iglesias, conventos y escuelas católicas y a agredir con furia a las monjas y a las mujeres sospechosas de ser católicas que se encontraban por la calle —al parecer una persona resultó muerta—. También fueron casi linchadas quince profesoras de un instituto católico. «Aunque tardíamente, el Ministerio de la Gobernación, la Casa del Pueblo, los diarios izquierdistas y hasta los comunistas desmintieron la distribución de los caramelos y la existencia de víctimas, y condenaron en tonos duros lo ocurrido, no sin que algunos dejaran de afirmar que había sido obra de agentes provocadores fascistas».


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text: El suceso dio lugar a un duro debate parlamentario en el que los diputados de las derechas cargaron contra las «turbas revolucionarias». El líder monárquico José Calvo Sotelo después de destacar la ausencia de la fuerza pública y la presencia de las milicias de la izquierda se refirió a las víctimas diciendo: «Pobres mujeres..., rodeadas de una maraña de arpías y fieras, van poco a poco muriendo, desangrándose, desgarradas, sin un gesto de humanidad en nadie». Sus intervenciones fueron interrumpidas varias veces por los diputados de la izquierda con frases como: «Se atreven a hablar de crueldades los asesinos de Asturias»; «la culpa la tenéis vosotros, que habéis mandado con los caramelos a las mujeres». El ministro de la Gobernación Santiago Casares Quiroga insinuó también que la culpa la tenían las derechas y destacó la actuación de los militantes socialistas y comunistas para calmar los ánimos: «Tengo vehementísimas sospechas de que los que han lanzado la miserable idea, para enloquecer a la multitud, de que se estaban repartiendo en Madrid caramelos envenenados, no han podido ser, ciertamente, los hombres que a las tres de la tarde se lanzaron a la calle a parar y detener aquellas locuras mientras vosotros [dirigiéndose a las derechas] estabais en vuestras casas». Por su parte el PCE hizo público un comunicado en el que culpaba de los hechos a los «provocadores fascistas y reaccionarios». El único líder de la izquierda que había denunciado la violencia anticlerical había sido el socialista Indalecio Prieto. En un mitin celebrado en Cuenca el 1 de mayo había relacionado «unas imágenes chamuscadas, unos altares quemados o unas puertas de los templos ennegrecidas por las llamas» con el hecho de que las clases medias pudieran «sumarse al fascismo».


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text: Un estudio publicado en 2013 sobre la violencia anticlerical en esos meses ha constatado que se produjeron entre el 16 de febrero y el 16 de junio 604 episodios de violencia, de los que 140 fueron en Andalucía, 106 en el País Valenciano, 82 en Galicia, 45 en Castilla y León, 40 en Castilla-La Mancha y 33 en Asturias. Las regiones menos afectadas fueron Extremadura y Cataluña, con solo 9 y 10 episodios, respectivamente. En la ciudad de Madrid hubo 9 episodios (27 en el conjunto de la provincia). En cuanto al número de municipios afectados estos fueron 459 (46 en la provincia de Valencia; 29 en la de Alicante; 28 en la de Málaga; 25 en la de Sevilla; 22 en la de Granada; 20 en la de Murcia; 19 en las de Cádiz, Oviedo y La Coruña; y en número más reducido en las restantes). El desglose de los episodios de violencia anticlerical arrojaba el siguiente resultado: 106 iglesias y edificios religiosos incendiados totalmente; 74 parcialmente; 56 asaltados y ocupados; 57 conatos de incendio que no se llegaron a consumar. En ninguno de estos episodios hubo víctimas mortales. A partir de estos datos, los autores del estudio, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, han concluido que se produjo un «colapso del orden público» y una «política práctica de acoso y derribo de los católicos y su iglesia» como consecuencia de la «radicalización de las izquierdas».


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text: La violencia anticlerical contra los edificios, las imágenes y los objetos litúrgicos, con una evidente voluntad profanadora, se acompañó de todo tipo de acciones, protagonizadas por los propios ayuntamientos de izquierdas, para impedir que los católicos pudieran practicar su religión (unas acciones «más antirreligiosas que anticlericales», según Gabriele Ranzato). En algunos lugares los entierros católicos fueron prohibidos o permitidos solo después de pagar un impuesto o no se dejaba que los familiares ni los sacerdotes siguieran al féretro por las calles. En otros se prohibieron las ceremonias de la primera comunión de los niños. También se prohibió en ciertos sitios que sobre la tumba de los católicos hubiera una cruz o el tañido de las campanas (o solo se permitió previo pago de un impuesto municipal). También se eliminaron los símbolos religiosos de las calles, como cruces o vírgenes. Estuvo muy extendida la prohibición de actos religiosos fuera de los templos (o solo tras autorizarlos los ayuntamientos) como procesiones o romerías, en particular durante la Semana Santa (a veces fueron las propias autoridades eclesiásticas o las cofradías las que decidieron no celebrarlos por el temor a las agresiones y a los desórdenes provocados por grupos anticlericales). En algún lugar la procesión la disolvió a la fuerza la policía municipal (con detenciones de «gente de orden» y de sacerdotes) y hubo sitios en los se pretendió multar a los comerciantes que cerraran sus establecimientos durante las fiestas religiosas. En un pueblo de Córdoba el alcalde había ordenado la detención del cura por haber llevado el Viático a un enfermo. En otro pueblo de la misma provincia habían sido detenido siete hombres por haber cantado saetas. En uno de Sevilla el cura había sido detenido por haber pedido en público a sus feligreses que fueran a rezar al lugar donde había una cruz que había sido destrozada.


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text: En algunos casos se advirtió a los párrocos de que se enviaría un delegado gubernativo a las homilías para que no hicieran propaganda política. Más grave fue el hecho de que en algunas localidades donde los sacerdotes se habían significado en su apoyo a las derechas (o simplemente eran muy populares entre sus fieles) estos fueran objeto de amenazas, insultos y agresiones (y en ocasiones detenidos con los más variados pretextos) y, sobre todo, que algunos fueran amedrentados hasta el punto de tener que abandonar la localidad o que directamente fueron expulsados de sus parroquias y sus iglesias vaciadas y convertidas en salones de baile, centros sindicales o escuelas. Un grupo de diputados de la CEDA informó a finales de junio al ministro de Justicia de que en un distrito de la provincia de Valencia, que contaba con 42 localidades y cien mil habitantes, se habían clausurado todas las iglesias y se había expulsado a 88 sacerdotes. En varias poblaciones de Andalucía se reclamaron los edificios religiosos para otros usos alegando que eran patrimonio del Estado o pertenecían al pueblo (en Fernán Núñez las organizaciones obreras pidieron la ermita de Ángel Espejo para local social, «por ser dichas habitaciones del pueblo y estando en la actualidad ocupadas por quienes menos derecho tienen»). No fue infrecuente que a mujeres jóvenes se les arrancaran los símbolos religiosos que llevaban encima como medallas, crucifijos o insignias, siendo objeto de todo tipo de improperios.


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text: En algunas localidades de Andalucía los concejales republicanos intentaron frenar los excesos anticlericales de su compañeros socialistas y comunistas sin mucho éxito. Se opusieron «a la retirada de los símbolos religiosos, a que se gravaran con impuestos los entierros católicos y el toque de campanas, o que se quisiese impedir el trayecto público de los sacerdotes que iban a administrar el Viático o los Óleos». En Sevilla consiguieron que el Ayuntamiento subvencionara las procesiones de Semana Santa, a cuya celebración ni socialistas ni comunistas se opusieron. El cardenal Ilundain se encargó de convencer a las cofradías que temían que se produjera algún incidente grave, que finalmente no tuvo lugar, al mismo tiempo que pedía al gobernador civil vigilancia para proteger los templos.


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text: También hubo casos en los que simplemente se aplicó el principio de la laicidad del Estado como la sustitución de las monjas que atendían centros hospitalarios o asistenciales públicos por enfermeras, como sucedió, por ejemplo, en el hospital de Huelva. En Logroño el periódico derechista "Rioja Agraria" mostró su indignación por la intención de las autoridades republicanas de sustituir las monjas de San Vicente de Paul, que prestaban sus servicios en el Hospital Provincial, por enfermeras, lo que consideraba un maltrato y una ofensa «a la Religión y a las Religiosas».