title: Caso Odebrecht en Perú

text: En cuanto a Jaime Yoshiyama, que se hallaba en Miami por un tratamiento médico ocular, se le dictó 36 meses de prisión preventiva y se dispuso activar su captura internacional a través de la Interpol. Aunque Yoshiyama había dicho que regresaría a Lima para asistir a las diligencias judiciales, no lo hizo, e incluso hizo una revelación que para muchos resultó increíble: que el aportante de la campaña fujimorista de 2011 fue en realidad Juan Rassmuss Echecopar, un empresario minero nacido en Perú pero afincado en Chile y que había fallecido en 2016. Según la versión de Yoshiyama, Rassmuss había aportado más de un millón de dólares, tanto en la campaña de 2011 como en la de 2016, supuestamente porque deseaba que se mantuviera el modelo económico en el Perú. Pero al no haber manera de corroborar lo dicho por Yoshiyama, muchos lo consideraron como una versión muy conveniente, al aludir a una persona ya fallecida que no podía confirmarla o desmentirla. Jaime Yoshiyama regresó a Lima el 11 de marzo de 2019, siendo detenido y llevado al día siguiente al penal Castro Castro, para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le había impuesto el juez Concepción. En ese penal están también el asesor Pier Figari y el extesorero, Luis Mejía Lecca.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Los otros inculpados en el caso Cócteles tuvieron diversos fallos. A Carmela Paucará y Augusto Bedoya se les dio impedimento de salida del país por 18 meses; y a Adriana Tarazona se le dio arresto domiciliario.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Keiko Fujimori apeló para que le revocaran la prisión preventiva y poder así continuar su proceso en libertad, pero la Sala de Apelaciones le denegó su pedido, basándose en el argumento de que existía un riesgo de que obstaculizara la justicia mientras estuviera en libertad. La sala desestimó sin embargo otros argumentos presentados por la fiscalía, como el peligro de fuga (5 de enero de 2019). En cambio, Vicente Silva Checa y Ana Herz de Vega ganaron la apelación y fueron puestos en libertad.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al existir muchos testigos protegidos que admitían que las decenas de supuestas donaciones de dinero para la campaña electoral de Keiko eran fraudulentas, el fiscal Pérez amplió la investigación y citó a 500 personas, para que respondieran si en realidad habían sido aportantes reales. Entre ellas estaban José Chlimper Ackerman, exsecretario de Fuerza Popular, y diversos empresarios (24 de noviembre de 2018).


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text: El fiscal José Domingo Pérez solicitó también comparecencia con restricciones para seis investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública de justicia, en la modalidad de obstrucción de la justicia. Entre ellos se encuentra la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sindicada como coordinadora de un personal de abogados involucrada en dicho acto delictivo. Esto, tras el testimonio de testigos protegidos afirmando que los abogados mediante amenazas impidieron que personas que aparecían como aportantes a la campaña de Keiko Fujimori de 2011 presten testimonio negando haber hecho esos aportes.


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text: Asimismo, el Poder Judicial dictó medidas de impedimento de salida del país para el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, por la adquisición inmobiliaria de terrenos con presunto dinero ilícito, que provendrían de los aportes a la campaña electoral de Fuerza 2011. Mark Vito apeló esa decisión y meses después se le levantó el impedimento.


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text: El abogado de Jaime Yoshiyama presentó una recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a raíz de unas declaraciones que este dio a un medio informativo luego de la remoción de los fiscales Vela y Pérez del Equipo Lava Jato, por parte del fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Según el abogado, dichas declaraciones demostraban la falta de imparcialidad del juez en el caso Cócteles. En la primera de esas declaraciones, Concepción dijo que, si bien es juez, también es ciudadano, y que por eso la decisión de Chávarry le generaba indignación. En la segunda, dijo que la salida de Vela y Pérez «no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público». La Sala de apelaciones, presidida por César Sahuanay, le dio la razón a Yoshiyama y apartó a Concepción Carhuancho del caso Cócteles, al considerar que el juez adelantaba opinión contra una de las partes (15 de enero de 2019). En su reemplazo se nombró a la juez Elizabeth Arias Quispe. Esta decisión judicial provocó mucha polémica; el mismo presidente Vizcarra dijo estar «totalmente en desacuerdo» con la recusación del juez Concepción. Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori pidió la inhibición de la nueva jueza en el caso Cócteles, ya que anteriormente su estudio había patrocinado a la magistrada en un caso ya concluido. La jueza Arias rechazó el argumento planteado por Giuliana Loza para su inhibición, pues consideró que el patrocinio aludido había sido corto, breve y puntual. Sin embargo, pocas horas después, aceptó inhibirse, arguyendo otro motivo: dijo que tenía una antigua amistad con el abogado de Jorge Yoshiyama, el mismo que se había convertido en colaborador del Caso Cócteles (15 de febrero de 2019). Se procedió entonces a elegir a otro juez a través del sistema aleatorio (por sorteo), resultando elegido el juez Víctor Zúñiga (14 de marzo de 2019).


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text: El 20 de enero de 2019, el programa televisivo "Punto Final" reveló el testimonio de Silvana Castagnola, analista de Telefónica del Perú, quien detalló cómo esta empresa la había obligado a borrar y a negar la existencia de información de llamadas solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, relacionada con la investigación de Keiko Fujimori en el caso Cócteles. La justificación de la empresa fue que según la ley, solo había la obligación de conservar esa información por tres años, y que el pedido del fiscal sobrepasaba ese límite. Sin embargo, Castagnola dijo que había comprobado que la empresa aún guardaba esa información, no obstante lo cual se negaba a colaborar con la fiscalía. Al día siguiente el fiscal José Domingo Pérez hizo una diligencia en el edificio central de Telefónica, para recabar la documentación necesaria.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 25 de febrero de 2019, la defensa de Keiko Fujimori interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema para anular su prisión preventiva, aduciendo que se habían cometido fallos formales en el proceso. El pedido fue derivado a la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial, que lo admitió a trámite el 30 de abril de 2019. También los abogados de Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari y Luis Mejía Lecca lograron que se admitiera a trámite el mismo recurso para sus defendidos. Se fijó para el 5 de julio de 2019 una audiencia pública para revisar todos esos pedidos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El juez supremo Aldo Figueroa se inhibió de participar en este proceso, luego de que se conocieran sus vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Se cuestionó además que el representante del Ministerio Público en la audiencia que resolverá esta casación sea el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, sindicado también como miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto. Este fiscal rechazó inhibirse del caso, y aún más, el 3 de julio remitió un documento a la Sala Penal Permanente en el que recomendaba declarar fundada la casación y pedía que se anule la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori, así como de Yoshiyama, Figari y Mejía.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 5 de julio de 2019, día fijado para la audiencia de casación, el juez supremo Jorge Castañeda se inhibió de ver el caso, luego que se difundiera unos audios que revelarían la existencia de una estrecha cercanía entre él y el juez César Hinostroza, sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto. Debido a ello, la Sala Suprema Penal Permanente postergó la audiencia de casación.


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text: El 9 de agosto de 2019 se reinició la audiencia de casaciones en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No se llegó a un acuerdo entre los cinco miembros de la Sala: dos de ellos declararon infundado el pedido, y otros tres se mostraron a favor en parte, pero solo en reducir el tiempo de la prisión preventiva de 36 a 18 meses (es de destacar que ninguno de ellos se mostró a favor de la libertad de los encausados). Como se necesitan 4 votos concordantes para dar una sentencia sobre la casación, esta quedó pendiente, pues se debía recurrir a un juez dirimente.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Como magistrada suprema dirimente fue designada Susana Castañeda Otsu, que el 12 de septiembre de 2019 decidió que Keiko Fujimori continúe en prisión preventiva, pero por 18 meses, rebajándose así los 36 meses que se le había impuesto. La jueza se sumó así a los tres magistrados que se pronunciaron en la misma línea y decidió así la resolución. La misma decisión recayó sobre Yoshiyama Tanaka y Figari Mendoza. Solo se ordenó la libertad de Mejía Lecca, que quedó bajo comparecencia restringida.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 31 de julio de 2019, el fiscal José Domingo Pérez formalizó la denuncia contra el partido Fuerza Popular por lavado de activos. De probarse la responsabilidad penal, dicho partido sería disuelto. Como antecedente, el fiscal resaltó la acusación del fiscal Germán Juárez Atoche contra Ollanta Humala, que incluye al Partido Nacionalista en el proceso de lavado de activos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En la noche del sábado 14 de septiembre de 2019, Keiko Fujimori fue trasladada de emergencia a la Clínica Centenario, por presentar dolores en el tórax y la cabeza, así como un probable cuadro de hipertensión arterial. Su abogada se quejó de que su defendida fuera llevada a la clínica esposada y en una camioneta particular. Los médicos aconsejaron que permaneciera internada en cuidados intermedios.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Coincidiendo con este episodio, el 17 de septiembre de 2019, los jueces supremos en lo penal del Poder Judicial publicaron el Acuerdo plenario 01-2019 tratado en el XI Pleno Jurisdiccional Supremo Penal, en los que se fijan criterios jurídicos en temas de prisión preventiva, impedimento de salida del país y otros. Se busca con ello que la prisión preventiva sea una medida extraordinaria, con requisitos mucho más definidos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Fracasado su recurso de casación, Keiko Fujimori solo le quedó para lograr su liberación el recurso de habeas corpus interpuesto por su hermana Sachi ante el Tribunal Constitucional (TC). Como ponente de este recurso asumió el presidente de dicho Tribunal, Ernesto Blume, trascendiendo que se inclinaría a favor de la liberación de Keiko. La crisis por la disolución del Congreso y el vasto expediente de la investigación fiscal, que abarcaba casi mil páginas, demoraron la resolución del TC.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2019, un medio periodístico reveló el testimonio de Jorge Yoshiyama ante la fiscalía, quien afirmaba que su tío Jaime Yoshiyama le comentó que Keiko Fujimori sabía que su campaña electoral de 2011 estuvo financiada por la empresa Odebrecht. También confesó que la misma Keiko le pidió que le ayudara en el “pitufeo” de los fondos aportados por Odebrecht en la campaña electoral de 2016, así como le habría comentado sobre sus contactos con el juez César Hinostroza para inclinar a la justicia a su favor, en 2018.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: También por esos días, la fiscalía programó una serie de interrogatorios a los empresarios más importantes del Perú sobre los aportes que habían dado a las campañas electorales de Keiko Fujimori de 2011 y 2016. Fue muy impactante la confesión de Dionisio Romero Paoletti, presidente del Grupo Credicorp, sobre el aporte de US$ 3.6 millones que hizo a favor de Keiko en 2011, en efectivo y dentro de maletines entregados en las mismas manos de la entonces candidata. Romero dijo que fue por el temor a la amenaza de que el chavismo llegara al poder en la figura del candidato rival, Ollanta Humala. También confesaron haber contribuido a la campaña de Keiko el presidente del Grupo Gloria, a través de Vito Rodríguez, aportó 200 mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori entregado personalmente y otras empresarios más, aunque algunos solo dijeron que colaboraron en una bolsa organizada por la CONFIEP para financiar una millonaria publicidad a favor de la defensa del modelo económico, entre 2009 y 2012, que aparentemente no se inclinaba por ningún candidato.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: También en ese mismo mes de noviembre de 2019, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial la medida de comparecencia con restricciones para José Chlimper Ackerman, exsecretario general de Fuerza Popular y director del Banco Central de Reserva, como parte de las investigaciones. Chlimper es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos privados. Los actos ilícitos habrían sido cometidos en las campañas electorales de 2011 y 2016.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Tras la revelación del Banquero, Dionisio Romero, el equipo especial decidió atribuir al empresario el delito de presunto fraude en la administración de personas jurídicas por aportes millonarios a la campaña de Fuerza Popular. En el documento emitido por el Ministerio Público, el equipo especial especifica los aportes recibidos por Fuerza Popular durante las campañas del 2011 y 2016 a los que atribuye ilicitud. Este es el caso del financiamiento del empresario Dionisio Romero Paoletti, quien declaró el año pasado ante el fiscal Pérez que había entregado US$3′650.000 a Keiko Fujimori para la campaña del 2011. Para la fiscalía, este monto “tiene su origen en los hechos de fraude en la administración de personas jurídicas vinculada al grupo empresarial Romero, por intermedio de su presidente Dionisio Romero Paoletti”.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según indica la fiscalía, se ha determinado que Romero, en su condición de presidente del directorio de Credicorp y presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú, infringió en su deber de usar el patrimonio de su representada “para el desarrollo de las actividades propias de la misma, tomó la decisión de realizar retiros de dinero en efectivo a través del Banco de Crédito del Perú, por US$3′650.000 con el propósito de entregarlos a la organización liderada por Keiko Fujimori”.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El encargado de la ponencia en el TC sobre el recurso de habeas corpus de Keiko, Ernesto Blume, no quiso admitir las nuevas revelaciones sobre los aportes a la campaña de 2011 y la obstrucción a la justicia de parte de Keiko, aduciendo que al TC no le correspondía fallar sobre el fondo del asunto. En su proyecto de resolución, Blume aconsejó declarar fundado el recurso de habeas corpus, al considerar que existía una afectación a la libertad personal de la investigada. El 24 de noviembre de 2019, luego de casi una semana de debate, el pleno del TC votó mayoritariamente a favor de la resolución de Blume. Además de Ernesto Blume, votaron a favor los tribunos José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos; el voto de este último fue decisivo para inclinar la balanza a favor de Keiko. En contra votaron Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En acatamiento al fallo del TC, la jueza Rosa Amaya Saldarriaga, del 20.º Juzgado Penal de Lima, ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori. El 29 de noviembre de 2019, Keiko abandonó la prisión y retornó a su casa, para seguir su proceso en libertad, tras haber cumplido 13 meses de prisión preventiva. En los días anteriores, su esposo Mark Vito había realizado una huelga de hambre como protesta contra su prisión preventiva, que consideraba una arbitrariedad. Ese mismo día, el fiscal José Domingo Pérez cuestionó la resolución del TC, al considerar que era incongruente, contradictoria y que sospechosamente tenía tintes políticos, anunciando que pediría a la procuradoría del Poder Judicial que declare inejecutable el fallo del TC. También, por disposición judicial, fueron allanadas ese día las oficinas de la CONFIEP, en el marco de la investigación sobre los aportes a la campaña de Keiko de 2011.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal José Domingo Pérez dispuso ampliar el caso de los aportes a las campañas de Fuerza Popular e incluir otros presuntos delitos como asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración y fraude procesal, y falsedad genérica. De acuerdo con una disposición fiscal emitida el 6 de diciembre de 2019, la ampliación de la investigación alcanza también a otros involucrados en el caso como el ex secretario general del Partido Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka; los asesores de Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz Garfias de Vega; el exsecretario de Economía del partido, Augusto Bedoya Camere y la ex tesorera titular Adriana Tarazona.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: También serán investigados por estos nuevos delitos la exsecretaria de Keiko Fujimori, Carmela Paucará; la ex tesorera alterna, Antonieta Gutiérrez Rosati; la ex jefa de Aduana de la SUNAT, Ana Matsuno Fuchigami; el ex contador del Partido, Rafael Herrera Mariños; la ex tesorera alterna, Erika Yoshiyama Koga; el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella y el ex ministro de educación del gobierno fujimorista u entonces parte del equipo técnico de la campaña de 2011, Jorge Trelles Montero. La fiscalía, además, ha incorporado a la investigación preparatoria al ex secretario general del Partido y miembro del Directorio del Banco Central de Reserva, José Chlimper Ackerman. Dicho requerimiento solo incluía el delito de lavado de activos, ahora han sido incorporados los nuevos ilícitos que postula el equipo especial. Además, el fiscal Pérez ha solicitado al juzgado incluir en la investigación a la persona jurídica MVV Bienes Raíces S.A.C., propiedad del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Para sustentar la ampliación de la investigación, Pérez presenta las declaraciones del sobrino del ex jefe de campaña del Partido, Jorge Yoshiyama Sasaki, del ex presidente del congreso, Daniel Salaverry y de Dionisio Romero Paoletti, presidente ejecutivo de Credicorp LTC y de Vito Rodríguez, Gerente General de Gloria. También los testimonios de presuntos falsos aportantes. La fiscalía también ha dispuesto levantar la medida de protección de reserva de identidad de testigo del Gerente General de Iza Motors, Antonio Camayo y del integrante del Congreso disuelto, Rolando Reátegui.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El Juzgado aceptó el pedido fiscal para incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica responsable, lo que podría llevar a una eventual suspensión o disolución del partido.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según IDL-Reporteros, los empresarios del Club de la Construcción habrían aportado en secreto a campaña de Keiko en 2016. Jorge Yoshiyama reveló ante Fiscalía que hacia fines de 2015 o a inicios de 2016, cuando visitó a Keiko Fujimori en su oficina, esta le pidió convocar a empresarios de la construcción a fin de que donen US$ 10  000 cada uno para su campaña presidencial. Cuatro empresarios, entre ellos, Jorge Peñaranda y José Castillo Dibos, habrían dado aportes, en efectivo, a la campaña de Fuerza Popular.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al mismo tiempo, Daniel Salaverry reveló que Keiko Fujimori quiso obstruir la justicia tratando de contactar e influir en el entonces Juez Supremo, Cesar Hinostroza y el entonces Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, al mismo tiempo Keiko quiso que este le entregue una agenda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski al fiscal Chavarry. E incluso el empresario Antonio Camayo reveló y confirmó que la "Sra. K" de los audios con el juez Hinostroza, se refiere a Keiko Fujimori, quien uso como intermediario al entonces congresista, Héctor Becerril.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 27 de enero de 2020, el juez Víctor Zuñiga ordenó el regreso de Keiko Fujimori, a prisión por el plazo de 15 meses, a pesar de que la solicitud fiscal era por 18 meses y dos días. Sin embargo, la Fiscalía no apeló el plazo. La defensa de Fujimori apeló la decisión judicial e incluso anunció que acudiría a instancias internacionales contra lo que consideraban una persecución y venganza política. Mientras que Fujimori regresó al penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Desde 2013, el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp tenían abierto un proceso por lavado de activos, el llamado caso Ecoteva, por una cuenta offshore que estaba a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en la que estaban depositados millones de dólares que se usaron para adquirir inmuebles en el Perú (una casa en Las Casuarinas valorado en $ 3.800.000 y el Edificio Omega de Surco de $ 882.000), así como para pagar las hipotecas de dos casas de Toledo (en Camacho y Punta Sal). Al no poder sustentar el origen de esos fondos, la fiscalía de lavado de activos abrió la investigación que lo llevó a rastrear que el dinero fue traspasado desde una cuenta de la compañía Confiado Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo cercano de Toledo, por lo que el expresidente quedaba así seriamente involucrado.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Alejandro Toledo, que hasta entonces había estado entrando y saliendo del Perú en total libertad, abandonó definitivamente el país el 11 de enero de 2017. Dos semanas antes, el 21 de diciembre de 2016, el departamento de Justicia de los Estados Unidos había revelado la confesión de la empresa constructora Odebrecht, sobre el pago de coimas a diversos funcionarios peruanos para obtener las licitaciones de obras públicas, entre los años 2004 y 2014. Luego, Jorge Barata declaró a los fiscales de Lava Jato que Odebrecht dio a Toledo una coima de US$ 20 millones (posteriormente dijo que fueron US$ 31 millones) para ganar la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Con esta nueva revelación, la investigación de Ecoteva tomó una nueva perspectiva. La tesis de la fiscalía apuntó a que el dinero de Ecoteva era producto de la coima cobrada por Toledo a Odebrecht u otras empresas como Camargo y Correa, y que sirvieron de testaferros Maiman y Fernenbug. El caso Ecoteva estaría así enlazado con el caso Odebrecht, e incluso se ha intentado fusionar ambos casos. De hecho, de los 20 millones señalados inicialmente como la coima de Odebrecht a favor de Toledo, la fiscalía ha rastreado depósitos por más de 11 millones en las cuentas de Maiman, en el Citibank y en el Barclays Bank PLC de Londres.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, entonces cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú. También dispuso orden de captura nacional e internacional del exmandatario por supuestamente haber cobrado US$ 20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht (ahora sabemos que fueron US$ 31 millones ).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Y por el caso Ecoteva, el 20 de marzo de 2017 la fiscal Manuela Villar solicitó la prisión preventiva para Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el exjefe de seguridad presidencial Avraham Dan On. El juez Mario Guerra Bonifacio, que por entonces estaba a cargo del 16 Juzgado Penal de Lima, acogió el pedidos del fiscal y dictó prisión preventiva por 18 meses para todos los inculpados, así como orden de captura nacional e internacional.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Toledo, que al momento de la orden de su detención preventiva estaba en paradero desconocido, a través de su abogado Heriberto Benítez reclamó la comparecencia restringida como condición para entregarse, lo que se le negó. La justicia peruana lo declaró prófugo e incluso el gobierno ofreció US$ 100 mil de recompensa para quien informara de su paradero. Conocida su ubicación en los Estados Unidos, se le abrió un cuadernillo de extradición. Para sustentar este pedido ante las autoridades estadounidenses, el Ministerio Público hizo un informe detallado sobre las diversas medidas que Toledo habría dado a favor de la empresa brasileña y que lograron dificultar la intervención y competencia de otras empresas. Entre estos actos, estarían la emisión de resoluciones y decretos relacionados con el proyecto de la Carretera Interoceánica, exoneración del SNIP y reducción de exigencias normativas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 15 de marzo de 2018, la Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición, siendo luego aprobado por el Poder Ejecutivo, que publicó la resolución suprema respectiva el 21 de marzo. Luego se procedió a traducir el cuaderno de extradición al inglés. Tras algún tiempo de espera, la Fiscalía envió el expediente a la Cancillería, que lo remitió a la vez al Departamento de Estado de los Estados Unidos en mayo de 2018. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses solicitaron información complementaria que fue respondida por la Fiscalía de la Nación en julio del mismo año.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Asimismo, en febrero de 2018, Barata declaró haber aportado setecientos mil dólares para la campaña electoral de Toledo de 2001, y que el intermediario para la entrega fue Avraham 'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hombre de confianza (involucrado también en el caso Ecoteva, igualmente como supuesto intermediario en la recepción de los dineros).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Hubo críticas por la demora en el proceso de extradición de exmandatario, pero al estar ya la solicitud hecha ante la justicia estadounidense, en esa instancia lo común es que pueda tardar entre tres y siete años antes de resolverse, teniendo en cuenta las apelaciones que pueda hacer el inculpado. La cancillería peruana anunció que contrataría un abogado en Estados Unidos que acompañe el proceso de extradición.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: De otro lado, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez viajaron a Tel Aviv (Israel) y firmaron un acuerdo de colaboración eficaz con Josef Maiman (29 de marzo de 2019). Tres fueron los casos incluidos en el acuerdo: Ecoteva, los sobornos que habría realizado Camargo Correa al expresidente Alejandro Toledo y las coimas que por la carretera Interoceánica fueron reconocidas por Odebrecht.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, el ex gerente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó sus anteriores declaraciones sobre los pagos a Toledo por la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, e incluso dio más detalles sorprendentes. Quedó determinado que el expresidente recibió en total US$31 millones, y no US$20 millones como se dijo en un principio. Que ese pago empezó en el gobierno de Toledo, y se prorrogó hasta 2010, es decir, cuando ya Toledo no era presidente. Que Toledo era muy exigente con el pago y más de una vez llamó telefónicamente a Barata para reclamarle de manera soez. También se reveló que en 2011, Odebrecht aportó nuevamente en la campaña electoral de Toledo, esta vez por US$700 mil. Incluso, según Barata, Toledo le pidió que intercediera a su favor ante el consorcio Intersur, encargado del tramo 4 de la Interoceánica Sur, ya que dicho consorcio (integrado por empresas brasileñas) no le pagaba las coimas pactadas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En ese mismo interrogatorio de abril de 2019, Jorge Barata dijo haber entregado US$750 mil al exjefe de la OSITRAN Juan Carlos Zevallos para que agilizara la entrega de Certificado de Avances de Obras (CAOs), que permitieran los adelantos de pagos por las obras que construía Odebrecht (tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur). En total, Zevallos emitió 18 certificados a favor de Odebrecht entre los años 2007 y 2009. Barata dijo que el codinome asignado a Zevallos en el sistema informático de las Operaciones estructuradas (Caja 2) era Almohadita, en alusión a su sobrepeso. Zevallos está con detención preventiva desde marzo de 2017, al haberle detectado la fiscalía un desbalance patrimonial de más de S/500 mil.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Fue liberado en enero de 2020 por exceso de Carceleria, la Fiscalía Pidió de nuevo su prisión preventiva pero el Poder Judicial ordenó comparecencia restringida y una caución Económica.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En agosto de 2019, el fiscal del equipo especial José Domingo Pérez abrió investigación preliminar contra el exministro de Justicia, Fernando Olivera Vega, por supuestamente intervenir a favor de Odebrecht para se le adjudique la obra IRRSA Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se conoció que las pesquisas contra Olivera Vega se iniciaron por el presunto delito de tráfico de influencias, lavado de activos en su modalidad de actos de conversión y transferencia. Junto a Olivera también se encuentran siendo investigados el expresidente Alejandro Toledo, el exministro de Transportes José Ortíz, el expresidente del Consejo de Ministros (2014), René Cornejo y los que resulten responsables.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2019, el procurador ad hoc Jorge Ramírez solicitó al Ministerio Público que se incorporen como investigados en el caso Interoceánica Sur al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, al ex premier Fernando Zavala, al chileno Gerardo Sepúlveda y a las empresas Westfield y First Capital, tras obtener nuevos elementos que se integraron a las pesquisas por la adjudicación de la obra durante el régimen de Alejandro Toledo. En este caso, Kuczynski siempre participó como testigo, al igual que Zavala y Sepúlveda. Sin embargo, la defensa del Estado para los casos "Lava Jato" considera que existen elementos nuevos para incluirlos en las investigaciones.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Ramírez indicó que deben ser incorporados por la emisión del informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso. De la información recogida, dice el procurador, resalta la vinculación del estudio de factibilidad y actos realizados durante la entrega en concesión de la carretera Interoceánica Sur. También por la modificación de las bases para el concurso de la concesión de la obra que se realizó mediante la emisión de circulares, favoreciendo al consorcio postor (Conirsa) conformado por la empresa Odebrecht para lograr la buena pro en los plazos del acuerdo colusorio.


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text: Por último, también pesó la vinculación que existe entre los investigados en la ejecución de la obra, como la suscripción de las adendas Nº 1 y Nº 3 para los tramos 2 y 3 del proyecto de la carretera Interoceánica Sur.


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text: El 17 de junio de 2019, el fiscal Rafael Vela formalizó la acusación por presunto lavado de activos contra el expresidente Toledo, así como también contra la ex primera dama Eliane Karp, el exasesor de seguridad Avraham Dan On y su hijo Shai Dan On. Todos ellos por el caso Ecoteva y con fines de extradición. Sucede que existen dos procesos abiertos contra Toledo y su entorno, uno por el caso Ecoteva, iniciado en 2013 y otro por las coimas de Odebrecht, que empieza en 2017, los cuales pertenecen en realidad a una sola trama delictiva, tal como la Fiscalía ha venido investigando. Se ha intentado acumular los dos procesos en uno solo, pero el problema es que Ecoteva se rige por el Código Procesal Penal antiguo, mientras que el de Odebrecht (que incluye las delaciones de Barata y Maiman) se halla bajo el nuevo código, y la ley no permite esa acumulación. Se está buscando una fórmula para salir de ese entrampamiento, que implicaría la intervención del Congreso. Mientras tanto, el primer proceso de extradición por el caso Odebrecht sigue su curso, y ahora se empieza otro por el caso Ecoteva.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 26 de junio de 2019, los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, interrogaron a Josef Maiman en la embajada peruana en Israel. Maiman reconoció que Odebrecht depositó casi US$35 millones en sus cuentas como parte de coimas para el expresidente Alejandro Toledo. Esto rectificaría el monto mencionado por Barata, que era de US$31 millones.


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text: El 14 de julio de 2019 la Fiscalía presentó el acuerdo de colaboración eficaz con Maiman ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que se encargará de su homologación.


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text: El 16 de julio de 2019, el expresidente Alejandro Toledo fue detenido preliminarmente en los Estados Unidos, por mandato de la justicia de dicho país. Ello, en atención a su primer pedido de extradición de parte de la justicia peruana, por delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 19 de julio de 2019 se realizó la audiencia presidida por el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, para determinar la situación legal de Toledo. Se esperaba que fuera liberado previo pago de una fianza para que siguiera el proceso de extradición en libertad, pero el juez determinó que al haber peligro de fuga debía permanecer en prisión. Uno de los argumentos a favor de esta decisión, mencionada por la fiscal estadounidense Elise Lapunzina, fue el haberse hallado en poder de Toledo un maletín con US$ 40 000, lo que hacía sospechar que se alistaba para salir del país. Además, se reportó que tenía en su vivienda un millón de dólares en efectivo, lo que hacía presumir que tenía acceso a grandes sumas de dinero no reportados. En cuanto a la defensa de Toledo, esta trató de convencer al juez de que no había garantías que tuviera un proceso justo en Perú, por tratarse de un «indígena», y por el odio político hacia su persona. Se trata del primer paso en el proceso de extradición del exmandatario, cuyo veredicto final se calcula que pueda tardar un año o más. Toledo presentó un pedido para que el juez reconsidere la medida, ofreciendo pagar una fianza para seguir el proceso de extradición en libertad. Pero en la audiencia celebrada el 12 de septiembre de 2019, el juez Thomas S. Hixson ratificó su decisión, aduciendo que no se había demostrado que no existía riesgo de fuga. La esposa de Toledo, Elian Karp, que asistió a la audiencia, protagonizó un escándalo al escuchar la decisión del juez. «You're killing him!» (¡Ustedes lo están matando!), gritó mientras era retirada del lugar por los guardias de seguridad. Y es que la defensa de Toledo se quejó de que su defendido permaneciera encerrado en un cubículo en el penal Santa Rita y se le dejara salir al patio solo una hora al día, algo que le estaría afectando en su salud integral.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 10 de octubre de 2019, un juez federal de San Francisco ordenó que Toledo fuera liberado bajo fianza en caso que no se le cambiara el régimen carcelario hasta el 22 de octubre. Ello luego de que una evaluación psiquiátrica señalara el grave estado anímico del expresidente, debido al régimen de aislamiento en el que se hallaba sometido en la prisión de Santa Rita, que es más apropiado para internos violentos. Al día siguiente, Toledo fue trasladado a la correccional Maguire, en el condado californiano de San Mateo, donde el sistema de visitas es más flexible, y se presume que seguirá encarcelado, al haberse ya cambiado su régimen carcelario.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: A fines de enero de 2020, nuevos interrogatorios a Jorge Barata por parte del Equipo de Fiscales Lava Jato, buscaban ya dar por concluida la investigación del caso de la Interoceánica Sur, para pasar a la etapa intermedia donde se decidirán las acusaciones. Barata explicó los aspectos técnicos y financieros que se implementaron en el gobierno de Alejandro Toledo para beneficiar a Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de dicha carretera Interoceánica.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Barata dejó en claro el protagonismo del exmandatario Alejandro Toledo para la ejecución de este proyecto. Señaló que Toledo recurría a su entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, para que el proyecto Interoceánica Sur se agilizara a favor de Odebrecht.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El brasileño también informó que hubo una reunión entre el exgobernante peruano y su par brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, para conversar sobre la misma obra. En tal sentido, dijo que hubo una reunión entre Alejandro Toledo y el entonces presidente de Brasil por el proyecto Interoceánica Sur, que estaba en la agenda del gobierno del vecino país desde 2002 durante el régimen de Fernando Cardoso. Incluso Barata recalcó que mediante las adendas al contrato de la Interoceánica Sur se solucionaban problemas y mejoraban las condiciones del concesionario, en este caso de las compañías que conformaban el consorcio liderado por Odebrecht.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Fue a través del Decreto de Urgencia 011-2005, firmado por el entonces presidente Alejandro Toledo, el premier Carlos Ferrero y el ministro Pedro Pablo Kucyznski, que Odebrecht pudo ejecutar los tramos 2 y 3 de la Interoceánica sin financiamiento, afirmó el exjefe de Odebrecht en Perú.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó 20 años y 6 meses de cárcel contra el expresidente Alejandro Toledo al verse involucrado en los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Además, otros acusados son los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font y el exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, Abraham Dan On. Para ellos, Pérez pide 9 años de prisión por los delitos de colusión.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal José Domingo Pérez también incluyó en su acusación a los exsocios de Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica. El Ministerio Público solicita 20 años y 6 meses de cárcel contra José Graña Miróquesada (Graña y Montero), Fernando Camet (JJ Camet) y José Castillo Dibós (ICCGSA) por los delitos de lavado de activos y colusión. Otros acusados por Pérez son los empresarios Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña, exdirectivos de Graña y Montero. Sobre ellos, el fiscal pidió 11 años y 6 meses de prisión por el delito de lavado de activos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal José Domingo Pérez decidió continuar y formalizar por el plazo de 36 meses su investigación contra 31 personas dentro del caso de la Carretera Interoceánica Sur. En el grupo están el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda y otros 9 exministros del Gobierno de Alejandro Toledo.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Entre los 31 investigados por este caso figuran, además de Pedro Pablo Kuczynski, otros nueve personajes conocidos del Gobierno de Alejandro Toledo: El Ex Presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, el ex ministro de Justicia, Fernando Olivera, el ex ministro de economía y posterior primer ministro, Fernando Zavala, el ex ministro de transportes, Javier Ortiz Rivera, el ex ministro de producción, Alfonso Felipe Velásquez Tuesta, el ex ministro de relaciones exteriores, José Manuel Rodríguez Cuadros, el ex congresista y ex ministro de energía y minas, Glodomiro Sánchez Mejía, el ex ministro de producción, David Lemor Bezdin, el ex ministro de educación, Martín Javier Sota Nadal. También está René Cornejo, por su rol como director ejecutivo de Proinversión, quien luego fue ministro de Vivienda (2011-14) y presidente del Consejo de Ministros (2014) durante el gobierno de Ollanta Humala.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: De acuerdo con la disposición fiscal, el Equipo Especial Lava Jato le imputa al ex presidente ser el supuesto autor del delito de colusión agravada por “haber presuntamente defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas, así como con funcionarios públicos para favorecerla en el proceso de la concesión” de este megaproyecto. Las imputaciones contra los otros exministros, en sus calidades de integrantes del Consejo Directivo de Proinversión, son similares.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La concesión de la IIRSA Sur también es investigada por la Fiscalía en otro caso: el de los presuntos sobornos de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo por al menos US$ 20 millones, indagaciones que están por finalizar y por las que el expresidente actualmente cumple arresto domiciliario en Estados Unidos. En esta otra investigación, la Fiscalía sostiene que PPK no solo “habría tomado conocimiento del acuerdo colusorio” entre Toledo y Odebrecht, sino que “habría efectuado su propio acuerdo colusorio con Jorge Barata” -el exjefe de la constructora en Perú- para que la empresa brasileña se adjudique esta obra.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En suma, el documento sostiene que PPK instruyó al Comité Especial de Proinversión a que continúe con la firma de los contratos de concesión de los tramos 2, 3, 4 de la Interoceánica, a pesar de “las irregularidades que había reportado la Contraloría” y “sin hacer una debida evaluación o exigir que esta se realice”. “Los actos ocurridos reúnen una serie de irregularidades e inconsistencias que ha ocasionado que la ejecución de este proyecto genere perjuicios patrimoniales al Estado”, resume el fiscal José Domingo Pérez en su disposición.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La investigación también alcanza a Gerardo Sepúlveda, empresario chileno señalado como exsocio de PPK, y se refiere a los negocios entre Odebrecht y Westfield Capital, empresa unipersonal de Kuczynski. Odebrecht firmó un contrato de asesoría financiera con Westfield, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Credibolsa S.A.B. para que realicen una “evaluación financiera del proyecto IIRSA Sur”. La Fiscalía dice que el acuerdo es del 1 de abril de 2005 y “fue suscrito por Gerardo Sepúlveda” como representante de Westfield por asesorías financieras, a pesar de que “no consta ningún mandato o poder otorgado” a este de parte de la empresa de PPK.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El Ministerio Público indica luego que el acuerdo entre Odebrecht y Westfield tenía una cláusula que condicionaba la segunda parte del servicio y el pago de una comisión por US$ 100 mil “a la adjudicación de la buena pro”. Es decir, este pago dependía de que el Gobierno le otorgue la concesión de la obra a la empresa brasileña. Cabe recordar que por entonces PPK, el dueño de Westfield, seguía siendo ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de Proinversión.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Por todo esto, la Fiscalía cree que hay “elementos que hacen presumir que este contrato solo tuvo como propósito estrechar vínculos” con el propio PPK, ya que “el objetivo de Odebrecht era contratar a Westfield Capital”. Esto, continúa el documento, “garantizaba que las utilidades percibidas por esta empresa Westfield lleguen a manos de su único titular, Pedro Pablo Kuczynski”. “Si no fuera así, Odebrecht pudo haber contratado directamente con Gerardo Sepúlveda Quezada, quien manejaba directamente First Capital”. First Capital es una empresa que también hacía asesorías financieras y que era propiedad del empresario chileno.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Fernando Zavala fue viceministro de Economía (2002-05) y ministro de Economía de Alejandro Toledo (2005-06), además de presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de PPK (2016-17). La Fiscalía también le imputa haberse coludido con Odebrecht al considerar que “tenía pleno conocimiento de los actos denunciados” y que “desarrollaba actos con intensidad en coordinación” con Toledo, quien buscaba que se cumpla lo presuntamente pactado con Jorge Barata y beneficiarse “con el pago de los 35 millones de dólares” de Odebrecht. Para esto se citan, entre otras cosas, declaraciones del propio Barata.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En el caso de Fernando Olivera, este fue un aliado de Alejandro Toledo durante la mayor parte de su gobierno, en el cual ocupó los cargos de ministro de Justicia (2001-02), embajador en España (2002-05) y ministro de Relaciones Exteriores (2005). Igual que PPK y Fernando Zavala, el fiscal José Domingo Pérez le imputa el delito de colusión agravada en calidad de cómplice al “haber presuntamente defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas”.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal Pérez Gómez sostiene que Fernando Olivera “realizó gestiones para levantar las observaciones que presentó la Contraloría durante el control previo” de la obra, con el objetivo de que se “proceda a la firma de los contratos de las empresas” que ganaron la concesión la Interoceánica: Odebrecht y sus consorciadas peruanas. Se le atribuye que, a pedido de Alejandro Toledo, “habría realizado actos ajenos” a su cargo como embajador para viajar al Perú y realizar estas “gestiones” en respuesta a lo observado por la Contraloría.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 4 de diciembre de 2017 el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva por 18 meses para los ejecutivos de las empresas socias de Odebrecht (consorcio CONIRSA) en la concesión de las obras de la Carretera Interoceánica Sur, involucrados en el pago de una coima al presidente Alejandro Toledo. Los afectados fueron José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de Graña y Montero; Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de Graña y Montero; Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales; y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA, por el delito de lavado de activos y colusión. En el caso de Gonzalo Ferraro Rey, ex gerente de Infraestructura de Graña y Montero, que se hallaba internado en una clínica, se decidió su arresto domiciliario.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Sin embargo, el 19 de enero de 2018, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional revocó la prisión preventiva para Fernando Martín Gonzalo Camet y José Fernando Castillo Dibós, y se anuló el arresto domiciliario a Gonzalo Ferraro Rey, quien lo cumplía desde una clínica. En cuanto a José Graña y Hernando Graña, quedó pendiente la revocación.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 28 de marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la orden de prisión preventiva contra Hernando Graña, quien pasó a afrontar el proceso con comparecencia simple. Posteriormente, el 2 de abril, mientras juramentaba el primer gabinete del presidente Vizcarra, se hizo lo mismo a favor de José Graña, de modo que actualmente no hay ningún directivo de las empresas consorciadas que estén en prisión preventiva.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 19 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de Odebrecht en Brasil, Sergio Nogueira Panicalli, exsecretario general del consorcio CONIRSA, declaró que se pagaron US$ 45 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Nogueira detalló que Odebrecht pagó el 70% del soborno, mientras que el 30% restante fue cubierto por las empresas peruanas socias: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata reafirmó que los principales ejecutivos de las constructoras peruanas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA tenían conocimiento de los pagos de sobornos por la Interocéanica Sur y el Metro de Lima, aunque sin conocer los detalles. Según Barata, los directivos de dichas constructoras aceptaron poner su parte en los sobornos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según una versión periodística, Barata habría dicho que Graña y Montero pagó US$3 millones en sobornos por el Metro de Lima. Sin embargo, la constructora rechazó esa versión, aduciendo que lo que realmente dijo Barata fue que solicitó el reembolso de lo que habían pagado e incrementó en US$3 millones lo que supuestamente le correspondía a Odebrecht. Y que, en todo caso, esperaría las transcripciones del interrogatorio para aclarar los hechos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal José Domingo Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva para José Graña y Hernando Graña, pero en agosto de 2019 desistió en su pedido, debido a que ambos se acogieron a la colaboración eficaz, renunciando a la reserva de sus identidades. La colaboración se circunscribe al caso de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2019, el Fiscal Pérez pidió comparecencia con restricciones con impedimento de salida del país por 36 para José Graña y Hernando Graña, también se pidió este requerimiento para Oswaldo Plascencia (Exdirector de Contratos de la ATM), Raúl Torres (Ex Director de Provias Nacional), y el ex gerente general de Graña y Montero, Manuel Lambarri Hierro. El Juez Richard Concepción Carhuancho acepto el pedido fiscal e incluyó una caución económica para cada uno, e incluso días después de haber ordenado el impedimento de salida del país para los empresarios, el Juez ordenó el embargo de las acciones de Jose Graña en la Constrcutora, Graña y Montero para garantizar un eventual pago de reparación civil.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En agosto de 2020, el Fiscal José Domingo Pérez pidió 20 años de cárcel para los ex ejecutivos de Graña y Montero; JJ Camet e IGCSSA: José Graña, Fernando Camet y José Castillo Dibos. Mientras para los ex directivos de Graña y Montero Hernando Graña y Gonzalo Ferrari Rey se pidió 12 años de cárcel. Esto por los delitos de Lavado de Activos y Colusión en el Caso Interoceánica. Ese mismo mes, el juez Santos Benites Burgos ordenó incautar más de S/30 millones en acciones de la compañía Graña y Montero de Hernando Graña; ex directivo de la Constructora, así como acciones valorizadas en S/ 166 mil de Gonzalo Ferraro Rey; ex gerente de relaciones internacionales de la empresa, quienes acusados por el presunto delito de lavado de activo en el caso de la Carretera Interoceánica.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En marzo de 2017 el entonces fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Ello en referencia al Caso del Metro de Lima, en el que presuntamente, desde su alta investidura de presidente de la República, García habría favorecido a la empresa Odebrecht en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, mediante decretos de urgencia y otros dispositivos legales.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Es de señalar que, en un principio, nadie, ni Barata ni ningún otro sujeto a la colaboración eficaz, había involucrado directamente a García en la recepción de coimas en el caso del Metro de Lima o en algún otro caso. Inicialmente, solo fueron sindicados funcionarios de tercer nivel, como el viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba. Sin embargo, ya desde temprano, la prensa apuntó como presuntos indicios de cohecho de parte de García, el hecho que las iniciales AG aparecieran en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de dólares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, así como las reiteradas reuniones que el entonces presidente de la República sostuvo con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: García se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones, acudiendo a las citas con la Fiscalía anticorrupción; siempre negó haber recibido coimas u otros beneficios para favorecer a las empresas en obras públicas y ha recalcado que nadie le ha imputado directamente a él, a diferencia de lo que ocurre con otros expresidentes o exfuncionarios. «Otros seguramente estarán implicados, yo no», solía decir. Cuando se le inquirió sobre sus ingresos, dijo que provenían en buena parte de las conferencias que le solicitaban a nivel internacional.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En febrero de 2018, trascendió que Barata había revelado la entrega de un aporte de doscientos mil dólares para la campaña electoral de Alan García de 2006 (en la que ganó la presidencia), por intermedio de Luis Alva Castro, que había sido su ministro de Estado, en sus dos gobiernos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 31 de mayo de 2018, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez dispuso reactivar la investigación sobre Alan García por el presunto delito de lavado de activos, en el caso de la supuesta recepción de dineros de Odebrecht para financiar sus campañas electorales. En el mismo sentido se abrió investigaciones preliminares a los expresidentes Toledo y Kuczynski.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 11 de abril de 2019, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, el juez Richard Concepción Carhuancho dio impedimento de salida del país por 18 meses para Luis Alva Castro, por presunto lavado de activos. Según la investigación de la fiscalía, Alva Castro había gestionado personalmente que Odebrecht apoyara económicamente en la campaña electoral aprista de 2006, habiendo recibido US$ 200 mil de manera ilícita.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 15 de noviembre de 2018, Alan García acudió a una cita con la fiscalía por lavado de activos, lo que se percibía como una interrogación rutinaria de parte de fiscal José Domingo Pérez. Pero este decidió suspender la diligencia y amplió la investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión y lavado de dinero, alegando haber recibido nueva información de Brasil que lo obligada a elaborar una «teoría suplementaria» del caso. Simultáneamente, IDL-Reporteros reveló que la empresa Odebrecht, a través de un operador convertido en delator premiado, había pagado 100.000 dólares a García por una conferencia que este dio a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo en mayo de 2012, dinero que había salido de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa, la misma que era usada para el pago de coimas. La tesis acogida por la fiscalía es que los pagos por conferencias a García serían la coartada usada por Odebrecht para pagar la coima por la obra del Metro de Lima y otras más. Todo ello fruto de un pacto colusorio.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El siguiente paso del fiscal José Domingo Pérez fue solicitar al Poder Judicial que diera la orden de impedimento de salida del país por 18 meses para García. Uno de los sustentos para esta medida fue que García se presentaba ante la fiscalía como domiciliado en Miraflores, Lima, pero era de notorio conocimiento que su lugar de residencia era Madrid, España. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena aprobó el pedido del fiscal (17 de noviembre de 2018).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Horas después, en la puerta de su casa, García dijo a los periodistas que para él no era una un castigo permanecer 18 meses en su país y que siempre estaría a disposición de la justicia. Pero en la noche del mismo día, acudió a la casa del embajador de Uruguay Carlos Alejandro Barros, donde pasó la noche. Al día siguiente, el gobierno uruguayo anunció que el expresidente peruano había solicitado asilo, al considerarse un perseguido político. Como sustento a tal afirmación, García afirmaba no haber cometido ningún delito y mencionaba como prueba el informe final de la Comisión Lava Jato, que no le imputaba de algún ilícito. Acusó al fiscal José Domingo Pérez de no llevar a cabo un debido proceso y de ser un instrumento del gobierno para acallar a los partidos políticos. Representantes de su partido salieron también a decir que fue la misma dirigencia del aprismo que le aconsejó tomar tal decisión, ya que se habían enterado, a través de un informante, de que el fiscal Pérez ya tenía preparada una orden de arresto preliminar, que se ejecutaría el día 20. Ello fue desmentido por el fiscal Rafael Vela Barba (el coordinador del Equipo Especial Lava Jato), pues el proceso no estaba aun lo debidamente avanzado como para tomar tal medida.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 3 de diciembre de 2018 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el rechazo al pedido de asilo de Alan García, al considerar que en el Perú funcionaban los tres poderes del Estado con libertad y no existía persecución política. Señaló también que no procedía el asilo político a alguien que estaba en pleno proceso judicial por un delito común. Poco antes de dicha declaración, Alan García ya se había retirado de la residencia del embajador de Uruguay y retornado a su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 18 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de Odebrecht en Brasil, Marcos de Queiroz Grillo, ex encargado de generar recursos para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, confesó que el mismo Jorge Barata le pidió que pague US$ 100 mil a García, simulándolo como si fuera el pago por una conferencia que el expresidente dio en Brasil en mayo de 2012. El dinero de dicho pago provenía de la Caja 2, que estaba destinada exclusivamente para el pago de coimas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 11 de marzo de 2019, el abogado brasileño José Américo Vieira Spinola, durante un interrogatorio al que fue sometido por el fiscal José Domingo Pérez, confirmó que su estudio jurídico fue usado por Odebrecht para pagar los US$ 100 mil a Alan García. Por dicho servicio, el estudio recibió U$ 15 mil.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La firma del acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía peruana y la empresa Odebrecht, en febrero de 2019, anunció la revelación de más detalles de la trama de corrupción armada por Odebrecht en el Perú. Se esperaba que Jorge Barata, exdirectivo de la empresa brasileña en Perú y acogido a la delación premiada, diera por primera vez información que apuntara directamente a García.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación del caso a Luis Nava Guibert, exministro y exsecretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de García (2006-2011); y a su hijo José Antonio Nava Mendiola, gerente de Transportes Don Reyna, por supuestamente recibir dineros de Odebrecht que estarían destinados a Alan Garcia. Es decir, tanto Nava padre como hijo habrían sido los testaferros del expresidente.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: De acuerdo con la investigación de IDL-Reporteros, basada en documentos de la Caja 2 del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (proporcionados por esta misma empresa), Nava Guibert recibió transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones. De esta cantidad, US$1.3 millones fueron depositados a la empresa “offshore” Ammarin Investment Inc., de propiedad de Miguel Atala Herrera, que fuera vicepresidente de Petro-Perú, durante el segundo gobierno de García de 2006-2011.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Atala indicó que el dinero entregado por la constructora fue por la compra de un terreno en El Agustino para el proyecto de la línea 1 del metro de Lima. Sin embargo, según los servidores de la Caja 2 de Odebrecht, estos pagos realmente fueron por la carretera Interoceánica Sur.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según los documentos, los US$1,3 millones transferidos a Atala a la Banca Privada de Andorra por medio de la “offshore” Kleinfeld Services Limited (perteneciente al Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht) fueron destinados a una persona con el nombre clave ‘Chalán’. Tras firmar el acuerdo de colaboración eficaz con el Perú, la empresa realizó una búsqueda en su sistema e identificó que el seudónimo de ‘Chalán’ correspondía a Nava Guibert.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht realizó otros 19 pagos a Nava. Seis de estas transferencias estuvieron cargadas al proyecto de la carretera Interoceánica Sur. La mayoría de estos pagos fueron ordenados por Jorge Barata.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert y gerente de Transportes Don Reyna, también recibió pagos de la Caja 2 de Odebrecht por casi medio millón de dólares, en siete depósitos realizados entre enero y octubre de 2010. El nombre clave de Nava Mendiola era ‘Bandido’. Estas transferencias fueron cargadas al proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En resumen, de acuerdo a la tesis de la fiscalía, la concesión de la construcción del Metro de Lima a Odebrecht fue fruto de una “concertación ilegal” entre Alan García y Jorge Barata; que los sobornos ascendían a US$24 millones, y no a US$8 millones como en un principio se dijo; que US$10 millones habrían sido usados para “aceitar” a funcionarios de rango intermedio, como Jorge Cuba (viceministro de Transportes), y que los 14 millones restantes habrían sido remitidos a Alan García, quien usó como testaferros a Luis Nava Guibert, Luis Nava Mendiola, Miguel Atala, Samir Atala y el empresario Gonzalo Monteverde (este último prófugo desde febrero), aunque presumiendo que existan otros más.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Tanto Luis Nava como Miguel Atala formaban parte del entorno más cercano a Alan García. Al momento de producirse las transferencias del dinero de Odebrecht a sus cuentas, ambos no tenían ningún poder de decisión sobre el proyecto del Metro de Lima o el de la carretera Interoceánica Sur. Nava era solo secretario de la presidencia, y Atala directivo de Petro-Perú. Por tanto, no eran funcionarios que, actuando de manera personal, hubiesen cobrado coimas a cambio de beneficiar a Odebrecht en dichos proyectos. Ello abonaría a favor de la tesis que eran solo testaferros de alguien que si tenía poder decisorio en esos proyectos, y ese otro no podía ser sino Alan García.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 16 de abril de 2019, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, en el marco de la investigación preliminar del caso Odebrecht sobre la Línea 1 del Metro de Lima, ordenó la detención preliminar por diez días de Alan García, además de otras ocho personas. Estos eran:La decisión la tomó el juez al acoger el pedido del Equipo Especial Lava Jato, que investigaba a Alan García y su entorno por el presunto delito de lavado de activos, colusión y cohecho para favorecer a Odebrecht en la licitación de los proyectos IIRSA (tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur) y el Metro de Lima (tramo 1). Según la tesis de la fiscalía, Alan García sería el líder de una organización criminal.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 17 de abril de 2019, a las 6 y 25 de la mañana, el fiscal Henry Amenábar, del despacho del fiscal José Domingo Pérez, llegó a la puerta del domicilio de Alan García en la calle Manuel de Freyre Santander, del distrito de Miraflores, junto a seis policías de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), comandados por Guillermo Castro. La intervención, que tenía por objeto detener a Alan García y allanar su casa, era de carácter reservado.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Amenábar tocó el intercomunicador. Al ser inquirido por la empleada, dijo: «Soy fiscal, mi nombre es Henry Amenábar y traigo una orden de allanamiento». La mujer le pidió que aguardara un instante, ya que tenía que despertar a su jefe. Enterado de la presencia del fiscal, Alan García llamó por su celular a su secretario personal Ricardo Pineda, quien le aconsejó que permitiera el allanamiento.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: García, que se encontraba en el segundo piso de la casa, ordenó que dejaran entrar al fiscal para que esperara en la sala del primer piso, mientras él se vestía. Ya listo, García bajó, pero se detuvo en medio de la escalera y preguntó a Amenábar para qué había venido. El fiscal le pidió que bajara. García insistió y preguntó si se trataba de su detención. Como el fiscal le insistiera en que se aproximara, García dijo que haría una llamada telefónica a su abogado y subió raudamente. Entró a su habitación y cerró la puerta, mientras que el comandante Guillermo Castro corría tras él e intentaba forcejear la puerta. Instante después, se escuchó un disparo. Eran las 6 y 37 de la mañana. Los agentes de la diviac y los custodios del expresidente que se encontraban en el primer piso subieron para ayudar a Castro, pero no pudieron tumbar la puerta de la habitación. Pidieron entonces que la empleada la abriera con la llave, tras lo cual, encontraron al expresidente sentado y con la cabeza inclinada y ensangrentada. Se había disparado en la cabeza con un revólver, apuntándose a la sien derecha; la bala había salido por el lado izquierdo.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Los policías, de inmediato, evacuaron al expresidente al hospital más cercano, el Casimiro Ulloa. Lo hicieron en el vehículo de la policía que se encontraba en la casa (ya que, como exjefe de Estado, tenía resguardo policial). Finalmente, estando en sala de urgencias, Alan García falleció a las 10 y 5 de la mañana, producto de una hemorragia cerebral causada por un proyectil de arma de fuego y tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Mientras que el exmandatario estaba siendo atendido en el hospital y aún después de su fallecimiento, se continuó la diligencia de allanamiento en su casa, lo que provocó la protesta de su abogado, que exigía que se pusiera fin a la misma. Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que la muerte del exmandatario no anulaba la orden de allanamiento de la vivienda, ya que el caso por el que era investigado implicaba a otras personas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: De otro lado, el exministro Enrique Cornejo y los demás mencionados en la orden de detención se entregaron a la justicia, a excepción de Luis Nava Guibert (que días antes se había internado en una clínica) y su hijo José Antonio Nava Mendiola (que el día 11 de abril había salido del país rumbo a los Estados Unidos).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al fallecer Alan García, todo la investigación en su contra queda archivada, tal como lo determina el Código Penal, aunque continúan la de los demás implicados en el caso, sin afectar que se sepa cuál fue la participación que tuvo el exmandatario en la presunta trama de la corrupción.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 24 de abril de 2019, el ex gerente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó la tesis de la fiscalía con respecto al caso García, y dio más detalles de los hechos. Todo ello según los trascendidos periodísticos, ya que aún no se conoce la versión oficial de la Fiscalía.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Barata confirmó haber dado US$ 200 mil a Luis Alva Castro, quien se presentó ante él como representante de Alan García para solicitarle aportes para la campaña electoral de 2006. Alva Castro aparece en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2) con el nombre código ‘Laque’. Barata dijo también que fue Alva Castro quien le presentó a Luis Nava Guibert, quien tendría un papel importante en el cobro de las coimas bajo el segundo gobierno de Alan García.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Barata indicó que Nava actuaba como intermediario o testaferro de Alan García, ya que, como es obvio, este no podía pedir directamente las coimas. De manera figurada, Barata dijo que Luis Nava y Miguel Atala, eran los 'Maiman' de Alan García, aludiendo al testaferro de Alejandro Toledo, Josef Maiman. Es necesario reiterar que Nava no tenía ningún cargo ejecutivo en el segundo gobierno alanista, pues solo era Secretario de la Presidencia, cargo de mucha confianza (solo en los últimos meses fue ministro de la Producción), de modo que la tesis aprista de que actuaba a espaldas de Alan García, es insostenible.


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text: Barata aseguró que inicialmente le entregó a Nava US$3 millones, para que el gobierno de García garantizara la continuación de las obras que Odebrecht había empezado en el gobierno de Toledo, entre ellas la Interoceánica Sur. Nava exigió los pagos en efectivo y con celeridad; cuando Barata le sugirió que creara una cuenta offshore para agilizar los pagos, Nava se negó, aunque después surgió una salida. Fue cuando entró en escena Miguel Atala, quien a solicitud de Nava abrió la cuenta offshore de Ammarin Investment en la Banca Privada d'Andorra, en la que recibió US$1.3 millón que provenían de la empresa Odebrecht camuflada bajo el nombre de Kleinfeld Services.


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text: Otra revelación de Barata fue que Alan García conocía de las coimas cobradas por Alejandro Toledo a Odebrecht, y que pese a ello, permitió que la empresa brasileña continuara laborando en el Perú. Y más aún, decidió continuar cobrando los dineros ilícitos a la empresa.


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text: Y, como anécdota, Barata explicó el significado de los nombres código de CHALAN y BANDIDO, que se les asignó a Nava padre e hijo, respectivamente, en el sistema informático de la Caja 2: Chalán es un nombre que en el Perú se aplica a los que crían caballos de paso. Y como en una época el apodo de Alan García había sido 'Caballo loco', Nava sería, en un sentido jocoso, el 'cuidador del caballo'. Y el apelativo de 'Bandido' de José Antonio Nava, era porque portaba armas.


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text: El 30 de abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez anunció ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, que Atala se había acogido a la confesión sincera y había revelado que el US$1.3 millón que la constructora brasileña Odebrecht le depositó en su cuenta de la Banca Privada de Andorra, no era para él, ni para Nava, sino que pertenecía en realidad al expresidente Alan García.


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text: Atala dijo que en 2007 había creado la empresa offshore Ammarin Investment INC a pedido de Luis Nava, y que el mismo Barata le visitó para indicarle lo que debía hacer y a quien debía contactar para abrir una cuenta offshore en la banca de Andorra donde recibiría los depósitos. La banca solo admitía a clientes exclusivos con recomendación y Odebrecht presentó a Atala como un socio “estratégico”. Atala dijo que en un principio ignoraba el origen del dinero, que supuso que era de Nava, pero posteriormente, Nava le reveló que se trataba de dinero de Alan García. Los depósitos se sucedieron de 2007 a 2008, hasta sumar US$1.312.000. Luego, en 2010, el mismo Alan García le llamó concertando una reunión personal, y allí le confirmó que se trataba de su dinero, pidiendo que le entregara en varias armadas, que Atala fue cumpliendo hasta 2018. Las entregas las hizo en efectivo, en varios lugares, como en Palacio de Gobierno, en el domicilio del expresidente de Las Casuarinas y en el de Miraflores, y en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres, donde García ejercía la docencia.


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text: Dada así la confesión, el fiscal Pérez reformuló su pedido de prisión preventiva de 36 meses para Miguel Atala y su hijo Samir Atala, y pidió detención domiciliaria para el primero y comparecencia restringida para el segundo. Consideró necesario ese régimen para Miguel Atala, ya que, según este mismo, dentro del APRA se estaría formando una fuerza de choque para atentar contra los testigos de los casos que involucraban al expresidente García, por lo que corrían riesgo en caso de ser internados en centros penitenciarios. El juez admitió la solicitud del fiscal.


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text: El 25 de septiembre de 2019, Luis Nava Guibert, hasta entonces cumpliendo prisión preventiva en el penal Castro Castro, confesó ante el Equipo de Fiscales de Lava Jato que Jorge Barata hizo entregas de dinero en efectivo a Alan García a partir de mayo de 2006, es decir, cuando este era todavía candidato a la presidencia. Según Nava, las entregas de dinero a García fueron de manera directa, dentro de loncheras de tipo escolar y de maletas, y que en cada una de las entregas había por lo menos US$ 60 mil. Las entregas habrían continuado cuando García ya era presidente de la República, realizándose dentro de Palacio de Gobierno y llegando a la suma total de US$ 680 mil.


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text: Nava dio también información sobre el uso que García habría dado a dicho dinero. Aseguró que entre 2012 y 2013, el expresidente adquirió un terreno en Las Casuarinas, donde planeaba construir una residencia, pero el estallido del caso Ecoteva así como la investigación de la Megacomisión en el Congreso le obligaron a dar marcha atrás. También habría financiado con ese dinero los estudios de sus hijos en el extranjero y una casa de playa de Asia, que está a nombre de Roxanne Cheesman, entonces pareja de García. También adquirió un embarcadero de lujo en el Lima Marina Club de la Costa Verde para yates. El despacho del Fiscal Pérez ha pedido a la Fiscalía de Perdida de Dominio que proceda a incautar las propiedades de Alan Garcia, (El terreno de las Casuarinas, la Casa de Playa en Los Cocos y el Embarcadero en el Lima Marina Club).


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text: Nava también entregó evidencia documental que probaría que el exmandatario preparó esquema legal para adjudicar a Odebrecht la construcción del Metro de Lima.


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text: Luego de dichos testimonios, el Poder Judicial ordenó cesar la prisión preventiva de Nava, para que continúe su proceso bajo arresto domiciliario con impedimento de comunicarse con los involucrados del Caso, al mismo tiempo comunicarse con dirigentes o afiliados del Partido Aprista. Según Nava, el recibía amenazas en la cárcel para que no hable acerca del fallecido ex líder Aprista, o de miembros del partido involucrados en actos de corrupción.


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text: El 22 de octubre de 2019, Roxanne Cheesman Rajkovic, última pareja de Alan García, empezó a ser investigada de manera preliminar por el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato. Según la tesis de la fiscalía, Cheesman «coadyuvó» en el blanqueo de dinero ilícito proveniente de la empresa Odebrecht durante el segundo gobierno de García, al estar involucrada en la compra de predios que el exmandatario habría hecho sin declarar.


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text: El fiscal José Domingo Pérez mencionó específicamente la casa del balneario Los Cocos, en Asia, que está a nombre de Cheesman, pero que según el testimonio de Nava, fue adquirida por García. Al respecto, Cheesman negó esa versión y dijo que el inmueble lo adquirió con su dinero, proveniente de la venta de otros inmuebles suyos. Sin embargo, el fiscal Pérez considera que esas transacciones forman parte de la trama del blanqueode dinero, típico en dichas situaciones.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 17 de abril de 2019, día en que Alan García se quitó la vida, su entonces pareja Roxanne Cheesman se comunicó con Jorge Henrique Simoes Barata vía WhatsApp para informarle sobre el hecho y pedirle que “diga la verdad”.


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text: De acuerdo con las conversaciones que Cheesman entregó a “Cuarto poder”, el exsuperintendente de la constructora le respondió que nunca habló de García “porque nunca hubo nada de qué hablar y él sabía de eso”.


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text: Cheesman, quien se encontraba en Estados Unidos, decide llamar a Barata. Al no obtener respuesta, le escribe por WhatsApp. Lo primero que hace la pareja de García es identificarse, de esta manera: “Roxanne Cheesman, la mamá del hijo de Alan. Quien se acaba de disparar en la cabeza. Alan nunca le pidió nada. Lo trató con deferencia y usted sobornó a tanta gente a su alrededor”.


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text: Barata le responde: “Qué tragedia, cuánto lo siento. No consigo contestar ahora, llamaré enseguida”. Cheesman le replica: “Usted nos ha hecho sufrir dos años. Nunca se imaginará cuánto, pero que Dios lo castigue y que usted cargue con toda la culpa posible. Solo le pido que cuando Alan esté muerto usted diga la verdad”. Es ahí cuando Barata responde: “Siempre diré la verdad y tengo por él la mayor admiración y respeto. Nunca he hablado nada de él porque nunca hubo nada qué hablar y él sabía de eso. Los enemigos de él son otros, yo no”.


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text: Más tarde, la expareja de García vuelve a escribirle para darle la noticia de la muerte del expresidente. “Confío en su palabra que lo va a reivindicar con la verdad”, le dice. Barata le responde: “Así será”.


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text: El Fiscal Jose Domingo Pérez, dijo a los medios -tras la revelación de dichos chats- que el equipo especial no se equivoco al pedir la detención de Alan Garcia, para algunos analistas esto complica un poco la situación de Roxanne Cheesman quien viene siendo investigada y además esta un proceso pendiente de perdida de dominio sobre los inmuebles que tiene el expresidente de la República.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El portal IDL-Reporteros difundió unas conversaciones de WhatsApp entre el expresidente Alan García y el empresario José Antonio Nava Mendiola, hijo del exsecretario de general de Presidencia Luis Nava Guibert. Allí, el exmandatario se referiría a la constructora brasileña Odebrecht y a su exrepresentante Jorge Barata como “los amigos”.


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text: Además, IDL-Reporteros da cuenta de una declaración del propio Nava Mendiola en la que indica que al mencionar a “los amigos”, García se refería a los exdirectivos brasileños. “García por algún motivo creía que yo tenía una comunicación con [Jorge] Barata, y quería que le haga llegar el mensaje”, se le cita.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Como se recuerda, a inicios de 2019, José Antonio Nava Mendiola, quien fuera gerente general de Transportes Don Reyna, admitió ante la fiscalía que su padre recibió sobornos de Barata y que él mismo le llevó en algunas ocasiones le llevó mochilas de dinero a pedido del exdirectivo de Odebrecht. Algunas de las conversaciones publicadas este viernes datan de marzo de 2019.


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text: “Esto le pasé a Aurelio para que lo hiciera llegar a los amigos, pero no sé si pasó”, le indicó García, por ejemplo, a Nava Mendiola el 4 de marzo de ese año. “Leí su consejo. Lástima por la situación, porque los amigos son los únicos que podrán hacer la Línea II elevada y soy el único que podría impulsarlo”, prosiguió el exjefe del Estado. “Ojalá pasara. Es posible lograrlo”.


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text: Poco más de hora y media después, su interlocutor, Nava Mendiola, le responde con un “ok, señor”. “Así terminará, voy a tumbar a los españoles”, le replica Alan García.


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text: Asimismo, el 18 de marzo se vuelve a mencionar a “los amigos” en la conversación. “¿En qué andarán nuestros amigos? El Gobierno anda dando señales contradictorias”, señala García. El 28 de marzo, el expresidente vuelve a señalar: “¿En qué andarán los amigos?”.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La Defensa legal del exministro, Luis Nava Guibert presentó ante el Ministerio Público una denuncia por la existencia de una presunta organización criminal conformada por allegados al expresidente Alan García, con el objetivo de manipular el testimonio de Jorge Barata.


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text: Según detalló el abogado Raúl Noblecilla Olaechea, la denuncia fue presentada ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. “No estamos afirmando que el partido en sí es una organización criminal, pero a partir del reportaje de Cuarto Poder donde se evidenció no solo el chat de Roxanne Cheesman con Jorge Barata, sino un grupo de Whatsapp con personas vinculadas a otros crímenes, lo que nos lleva a pensar que podríamos estar ante la existencia de una organización criminal al interior del partido”, afirmó.


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text: El letrado señaló que se configuraría la conformación de una organización criminal en tanto se evidencia la existencia de “una forma de repartija de funciones y tareas” entre los integrantes del grupo de WhatsApp, entre quienes se encuentran la expareja de Alan García, Roxanne Cheesman; el abogado investigado en el caso Odebrecht, Humberto Abanto; el exsecretario de García, Ricardo Pinedo; el abogado de la familia del expresidente, Erasmo Reyna; el abogado aprista Wilber Medina, y los excongresistas Aurelio Pastor y Luciana León. “Encontramos en el informe periodístico que Pastor se encargaría de conseguir documentos, a un elocuente Humberto Abanto afirmando que ‘no disparemos el arma letal’, a Pinedo y Reyna participando de la estrategia, a Luciana León que parece muda pero participa de la conformación”, agregó.


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text: En septiembre del 2020, la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima rechazó por unanimidad los recursos de apelación presentados por la ex primera dama, Pilar Nores y los hijos del ex presidente: Carla, Josefina, Gabriela y Alan Simón García.


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text: De esta manera, la primera medida de inhibición es sobre la mansión familiar en Miraflores por lo que no se podrá vender; la segunda es la medida de no innovar o de no modificar la membresía que tenía Alan García en el Lima Marina Club y de un espacio para embarcación en la playa Los Yuyos. En tanto, la tercera es un embargo en forma de retención sobre un derecho a crédito ascendente a unos 840 mil dólares.


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text: Como se recuerda, la ex primera dama y los hijos del ex presidente solicitaron al Poder Judicial repatriar los bienes que tenía el ex presidente. Con esta decisión, la Fiscalía de Pérdida de Dominio podría pedir la incautación de los bienes del ex presidente con el fin de asegurar el pago de una reparación civil al Estado.


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text: El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que había asumido ese cargo en julio de 2016, pocos meses antes del estallido del escándalo, también fue incluido en la investigación del Caso Lava Jato, por haber sido primer ministro bajo el gobierno de Toledo (cuando se dio la adjudicación de la carretera interoceánica a la empresa Odebrecht) y por el presunto financiamiento que recibió de parte de la misma empresa en su campaña a la presidencia de 2011. Al respecto, PPK envió en octubre de 2017 un oficio a la comisión Lava Jato del Congreso en el cual explicaba los asuntos en las que podría ser consultado, y que respondería por escrito.


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text: La negativa de Kuczynski de recibir en persona a la Comisión, se debía a que, según su versión, cuando en febrero de 2017 recibió a la Comisión de Fiscalización (presidida por Héctor Becerril), había recibido una serie de insultos. Sin embargo, la bancada fujimorista exigió que las explicaciones los diera en persona e incluso impulsó un proyecto de ley para que un presidente de la República esté obligado a comparecer ante las comisiones del Congreso, lo cual, según los expertos constitucionalistas, no tiene sustento en la Constitución.


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text: En sus declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre de 2017, Odebrecht dijo que contrató a Kuczynski como consultor de su empresa luego de que este dejara de ser primer ministro en 2006, como una manera de reparar una relación que se había roto debido que PPK se había negado a ejecutar la Interoceánica. Esta declaración tuvo mucha resonancia y alimentó la exigencia de que el presidente debía responder en persona ante la comisión del Congreso. Este, sin embargo, negó tajantemente haber tenido algún vínculo laboral con la empresa Odebrecht y que tampoco recibió aportes de la misma para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.


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text: En diciembre de 2017, la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, insistió en que Kuczynski respondiera en persona ante dicha comisión, dándole como una especie de ultimátum. Ante la reiterada respuesta de PPK de que solo respondería por escrito, Bartra hizo la revelación de los pagos que la empresa Odebrecht había hecho entre 2005 y 2006 a las empresas de consultoría Westfield Capital y First Capital, vinculadas al presidente Kuczynski, en ese entonces ministro de Estado. Cabe destacar sin embargo, que ninguno de esos pagos eran coimas, sino que eran todos legales; lo que se cuestionaba era el hecho de Kuczynski los recibiera a través de su empresa unipersonal siendo ministro de Estado, algo prohibido constitucionalmente. Apremiado por las revelaciones, Kuczynski aceptó haber recibido un pago de consultoría por el proyecto H2 Olmos, de la misma empresa brasileña, en 2012. Ello no hizo sino más que aumentar la tensión política por las supuestas contradicciones y mentiras de Kuczynski.


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text: Sobrevino así el primer pedido de vacancia presidencial, sustentada por una supuesta incapacidad moral permanente de Kuczinsky, en el sentido de que había mentido constantemente sobre su vínculo laboral con Odebrecht y que la misma empresa lo había desmentido. Kuczynski salió airoso en la votación del Congreso realizada el 21 de diciembre de 2018. Pero en marzo del año siguiente se volvió a presentar un segundo pedido de vacancia presidencial, pues sus promotores argüían que se habían descubierto nuevos indicios contra Kuczynski, indicios que los partidarios del gobierno achacaron que estaban respaldados solo con investigaciones periodísticas. El 15 de marzo fue aprobada la moción de vacancia en el Congreso y se programó para el 22 de marzo el debate y la votación para decidir la suerte de Kuczynski. Pero antes de que ello ocurriera, Kuczynski renunció a la presidencia (21 de marzo), tras revelarse unos videos que mostraron a sus allegados intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso.


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text: El 16 de marzo, cuando todavía era presidente de la República, Kuczynski recibió por fin a la Comisión Lava Jato, respondiendo por siete horas un interrogatorio. Además del asunto de las relaciones contractuales entre sus empresas de consultoría con las empresas del grupo Odebrecht, se le interrogó por el asunto del financiamiento de su campaña electoral de 2011, cuando postuló por la agrupación Alianza por el Gran Cambio. Esto último, debido a que el 28 de febrero Barata había revelado el aporte de Odebrecht de trescientos mil dólares para dicha campaña. La intermediaria de dicha recepción fue, según la misma fuente, Susana de la Puente, persona de confianza de Kuczynski, y que al momento de esa revelación se hallaba ejerciendo como embajadora del Perú en el Reino Unido.


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text: A Kuczynski se le siguió investigando por lavado de activos y por presuntos pagos ilícitos que recibió de parte de la empresa Odebrecht. Fue impedido de salir del país y se le allanaron sus dos viviendas (una en San Isidro, y la otra en Cieneguilla); ello ocurrió a poco de haber renunciado a la presidencia de la República. Estos allanamientos permitieron a la fiscalía recabar indicios importantes de la vinculación estrecha de Kuczynski con Jorge Barata, algo que el expresidente siempre había negado. Según los datos encontrados en agendas, documentos y correos electrónicos, Kuczynski mantuvo relaciones con varias empresas del grupo Odebrecht durante y después de su paso por el gobierno de Toledo, y antes y durante la campaña electoral de 2011. La fiscalía también cuenta con información de hasta tres grupos de transferencias de dinero de Odebrecht y empresas relacionadas, en las que el beneficiario final es Kuczynski, que va de los años 2004 a 2015.


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text: El 11 de septiembre de 2018, el poder judicial ordenó el congelamiento de la vivienda de Kuczynski en San Isidro, a fin de que el exmandatario no pueda vender o transferir el inmueble y de esa manera se asegure el eventual pago de una reparación civil futura. De otro lado, la fiscalía de la Nación le abrió dos investigaciones, una por el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori y otra por la presunta compra de votos para evitar su vacancia.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 10 de abril de 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar de Kuczynski por diez días, por un presunto delito de lavado de dinero. La misma orden recayó sobre su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Luis Bernaola Ñuflo. Asimismo, se ordenó el allanamiento de sus viviendas y oficinas. Kuczynski fue internado en la carceleta de la Prefectura de Lima.


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text: PPK consideró su arresto como una arbitrariedad: Kuczynski apeló su detención preliminar, pero su pedido fue denegado por el juez. Mientras que la fiscalía anunciaba que solicitaría su prisión preventiva por 36 meses, así para su socio chileno, Gerardo Sepulveda, por presunto lavado de activos a través de su empresa, First Capital, por vínculos laborales con Odebrecht.


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text: La tesis del Ministerio Público es que el presunto lavado de activos, bajo la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, se dio cuando Kuczynski fue ministro de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo, pues habría ayudado a materializar el acuerdo ilícito entre Barata y Toledo para favorecer la concesión a la empresa Odebrecht del proyecto de la carretera Interoceánica Sur o IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Otra obra que se menciona es el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos. Esa ayuda se habría traducido en la suscripción de decretos supremos que allanaban el otorgamiento de esas concesiones. A cambio, la empresa Odebrecht habría contratado a las empresas personales de Kuczynski para que le hagan asesorías, una de ellas relacionadas con el proyecto Olmos.


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text: Todo lo anterior dicho era la tesis que el Equipo Especial de Lava Jato venía sosteniendo desde tiempo atrás, pero lo que le impulsó a solicitar la detención preliminar (y luego preventiva) de Kuczynski fue un informe del Departamento de Análisis Operativo (DAO) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS). Según dicho informe, Kuczynski hizo transferencias de dinero desde una cuenta suya (la misma que había creado para recibir los pagos de Odebrecht por asesorías), hacia las cuentas de su chofer (por US$528.003) y su secretaria (por US$ 77.376). Como la Fiscalía presume que los pagos por asesorías fueron la compensación que Odebrecht dio a Kuczynski por haberle favorecido con normas legales que agilizaron los proyectos de IIRSA Sur y Olmos, dichas transferencias constituirían lavado de activos y demostrarían el intento del expresidente de poner a buen recaudo su dinero.


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text: En la noche del 16 de abril, Kuczynski fue internado en la clínica Angloamericana (San Isidro) por un cuadro de presión arterial alta. Fue sometido a un procedimiento de cateterismo. La audiencia programada para determinar su prisión preventiva fue suspendida. Esta se realizó finalmente el 19 de abril de 2019 (viernes santo), al final del cual, el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, aceptó imponer prisión preventiva a Kuczynski por 36 meses, pese a que se esperaba que se le aplicara solo detención domiciliaria, debido a su edad avanzada y a su estado de salud. Previamente, la fiscalía, al evaluar el informe médico, consideró que no correspondía darle la detención domiciliaria. El juez desestimó en cambio, el pedido de prisión preventiva contra la secretaria Gloria Kisic Wagner y el chofer José Luis Bernaola. Todo este proceso coincidió con el suicidio y funeral de Alan García.


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text: El 25 de abril de 2019, se dio a conocer un informe médico de la clínica Angloamericana, el cual reveló que Kuczynski padece de fibrilación auricular crónica con potencial riesgo de paro cardíaco y muerte súbita. Al día siguiente se realizó la audiencia en la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia para evaluar la situación legal de expresidente. El Ministerio Público anunció que desistiría en la prisión preventiva por 36 meses y se allanaría a la prisión domiciliaria. La Sala dejó al voto su resolución.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 27 de abril de 2019, el Poder Judicial dejó sin efecto la prisión preventiva contra Kuczynski y dispuso su arresto domiciliario por 36 meses, que deberá cumplir en su vivienda de San Isidro, así como le impuso el pago de una caución de US$100 mil. Ese mismo día, Kuczynski, que seguía internado en la clínica Angloamericana, fue sometido a una intervención quirúrgica en la que se le instaló un marcapasos para estabilizar las arritmias y atenuar el riesgo de infarto. El 2 de mayo, Kuczynski fue dado de alta y retornó a su vivienda de San Isidro para cumplir su detención domiciliaria.


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text: En agosto de 2019, el fiscal José Domingo Pérez solicitó que se le revocara la detención domiciliaria y se le aplicara la prisión preventiva por 18 meses, aduciendo que PPK había recibido visitas de carácter político, con lo que habría incumplido las reglas del arresto domiciliario. El juez Chávez Tamariz rechazó el pedido bajo el argumento de que no se había probado la afirmación del fiscal, así como señaló que la restricción opera solo para testigos y peritos vinculados a la investigación que se le sigue al expresidente.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El Empresario Chileno, Gerardo Sepulveda, llegó a Lima para cumplir las reglas de conducta que le impuso el Juez Jorge Chávez Tamariz, esto después de que se rechazara el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva. Tras ello, el fiscal José Domingo Pérez pidió su impedimento de salida del país, en su calidad de testigo en la investigación por el caso Interoceánica, solicitud que fue aceptada por el juez Richard Concepción Carhuancho.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El Juez ordenó 2 meses de impedimento de salida del país, el empresario apelo la decisión judicial. Debido a la Pandemia de COVID-19, se amplió el impedimento de salida del país de manera frecuente durante varios meses, hasta que en julio de 2020, el Poder Judicial ordenó 6 meses de impedimento de salida del país para el empresario chileno por el Caso de la Carretera Interoceánica. A finales de diciembre del 2020, el empresario regresó a Chile tras vencerse el plazo de impedimento de salida del país que existía en su contra.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: José Miguel Castro declaró ante el equipo especial que recibió en agosto de 2013 a Raúl Pereyra, representante de Odebrecht y Gerente General de Rutas de Lima, acompañado del empresario Gerardo Sepúlveda, a quien presentó como su asesor financiero.


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text: “Ambos solicitaban beneficios adicionales a la Concesionaria Rutas de Lima, que se materializarían en la Adenda de Bancabilidad”, dijo José Miguel Castro tras indicar que el municipio dejó abierta la posibilidad de elevar la tarifa para financiar las obras adicionales y posibles expropiaciones. Castro agregó que en abril de 2013, después del proceso de revocatoria, Gilbert Violeta visitó la Gerencia Municipal para invitarlo a un desayuno en casa de Pedro Pablo Kuczynski. “El señor PPK se mostró muy interesado en la concesión y en su forma de financiamiento”, acotó.


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text: Según su testimonio, Pereyra planteó la necesidad de implementar el concepto de “Puesta a punto” en las vías Panamericana Norte y Sur, lo que implicaba una inversión adicional de US$200 millones que serían ejecutados por Odebrecht, y así el monto pasaría a US$700 millones, “beneficiando a Odebrecht con la supuesta ejecución de esta infraestructura adicional y beneficiando a Gerardo Sepúlveda, Westfield Capital y Pedro Pablo Kuczynski que eran los comisionistas del cierre financiero”.


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text: Precisó que Westfield Capital recibió el 0.5% como comisión, “de los cuales aproximadamente US$700 mil fueron pagados a PPK bajo concepto desconocido”. La fiscalía sostiene que “este hecho punible entre Raúl Pereyra y Gerardo Sepúlveda tuvo el único propósito de implementar el concepto de “punto a punto”, para así obtener beneficios adicionales para el proyecto Rutas de Lima”.


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text: “Todos los hechos, con contenido penal, anteriormente señalados, son los que permiten entender por qué se pagó como comisión de éxito la suma de US$ 3,510.000.000, a través de una compleja estructuración de operaciones que implicaron “asesorías financieras”, independientemente si con estos montos se benefició a los investigados Gerardo Sepúlveda y Pedro Pablo Kuczynski y a la empresa Westfield Capital”, agrega el fiscal Pérez en la disposición.


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text: La investigación por lavado de activos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia se remonta a la campaña electoral de 2006, por los presuntos aportes del chavismo, ocasión en que fue archivada en segunda instancia. Pero el 29 de enero de 2015, la Fiscalía abrió una nueva investigación a Nadine Heredia, que incluía a su madre Antonia Alarcón, sus hermanos y otros personajes, por el presunto delito de lavado de activos. La defensa quiso invalidar la investigación, aduciendo que una persona no podía ser investigada dos veces por el mismo hecho. La investigación estaba a punto de ser archivada nuevamente, hasta que intervino el Tribunal Constitucional, que determinó que existían nuevos indicios que debían ser evaluados e investigados por la fiscalía, y que la investigación de 2006 había sido deficiente.