title: Presidencia de Mauricio Macri

text: A principios de enero de 2016, los sindicatos estatales estimaron en los despidos en todo el país, cuestionaron la decisión y declararon que iban a resistir la medida. Se produjeron despidos en varias dependencias estatales, como el Correo Argentino, ACUMAR, la Fábrica Militar de Río Tercero, entre otros. Otras fuentes hablaban de empleados menos para esa fecha.


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text: El Ministro de Modernización afirmó a fines de febrero que se estaban revisando «24, 25 mil contratos» para realizar más despidos. Los despidos en la administración pública nacional continuaron en los últimos días de febrero y principios de marzo, incluyendo el desmantelamiento de programas de estado tales como Conectar Igualdad, cuyos empleados fueron despedidos en su totalidad, cientos de empleados en la construcción de la central nuclear Atucha III, y otras áreas.


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text: En el mes de abril, el mismo ministro reconoció que 10 921 trabajadores del Estado nacional fueron despedidos en los últimos tres meses, de los que afirmó que habrían sido empleados que no trabajaban, o que habrían pasado pocas horas en las dependencias respectivas. Los despidos fueron numerosos en áreas tales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), del Espacio Memoria y Derechos Humanos y otras áreas del Ministerio de Justicia, en dependencias de control de la Secretaría de Comercio y de la Unidad de Investigación Financiera, lo que ha sido denunciado como un intento de desmantelar programas de control de delitos económicos y —según Estela de Carlotto— de defensa de los derechos humanos. En los últimos días de febrero y principios de marzo se produjeron nuevos despidos, incluyendo el presunto desmantelamiento de programas de estado tales como Conectar Igualdad, cuyos empleados habrían sido despedidos en su totalidad —aunque el gobierno desmintió que la intención fuera desmantelar el proyecto—, cientos de empleados en la construcción de la central nuclear Atucha III, y de la Biblioteca Nacional, entre otras áreas.


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text: Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri hasta agosto de 2018, casi personas habían quedado sin empleo en el sector estatal. Fueron especialmente resonantes los casos del INTI, Agroindustria, Télam, SENASA y Hospital Posadas.


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text: En paralelo de los despidos de empleados estatales, diversas fuentes indican que el gobierno macrista generó un crecimiento "sin precedentes desde el retorno de la democracia", de funcionarios políticos con rangos de ministros, secretarios y subsecretarios. De acuerdo al Boletín Oficial, las secretarías de Estado pasaron de 71 el 10 de diciembre de 2015 a 88 al 31 de marzo. Se ha calculado que el crecimiento es de alrededor del 23% en designaciones políticas permiten proyectar la generación de, por lo menos, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de directores simples y coordinadores.


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text: En el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se crearon 351 cargos nuevos hasta agosto de 2016, con sueldos que en trece casos ascendieron a los $ 161 000, con un promedio de más de $ 78 000 —más de once salarios mínimos— lo que genera un aumento del gasto en salarios de personal jerárquico de más de 27 millones de pesos. En el mismo período, el PAMI hizo fuertes recortes en el programa de medicamentos, se atrasó en los pagos con las farmacias y dejó de abastecer ciertos insumos, como las prótesis de cadera, a los hospitales y clínicas.


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text: Generó controversias la designación de más una docena de casos de parientes de funcionarios del actual gobierno que accedieron a cargos públicos sin concurso. A fin de enero de 2018, Mauricio Macri firmó un decreto por el cual quedaba prohibida la contratación de familiares de funcionarios de alta jerarquía. El alcance del decreto fue limitado.


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text: También ha sido criticada la designación sin concurso de decenas de militantes del PRO y de la agrupación "La Generación", que logró copar el Ministerio de Modernización y sus militantes ganan sueldos de hasta 80 mil pesos por mes. Varios militantes de las juventudes del PRO han sido colocados anteriormente en puestos estratégicos en la ciudad y a partir de 2016 en la Nación pese a no tener experiencia previa.


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text: Fueron objeto de duras críticas las contrataciones de servicios de empresas privadas, en reemplazo de trabajadores desvinculados.


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text: En el mes de mayo de 2016, el gobierno firmó un acuerdo con la empresa McDonald's para crear cinco mil nuevos puestos de trabajo para jóvenes de 18 a 23 años bajo el Plan Primer Empleo; la medida ha sido duramente criticada, ya que establecía un sueldo de $4500 por mes —muy inferior al salario mínimo, que a esa fecha era de $6060— de los cuales $1000 serán aportados por el Estado nacional, a cambio de 30 horas de trabajo semanales, y sin garantía alguna de estabilidad laboral, lo que los convierte en empleos precarios. Adicionalmente, no hay garantía de que esos 5000 puestos sean adicionales a los que ya existen, en lugar de reemplazar a los empleados actuales —con sueldos mayores— por nuevos empleados con sueldos inferiores.


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text: Cuatro meses después la justicia argentina anuló el acuerdo por violar la Constitución y los tratados internacionales, poniendo en riesgo los "derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad".


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text: Durante su campaña electoral, el entonces Jefe de Gobierno porteño prometió que, durante su gobierno, los trabajadores no pagarían el impuesto a las ganancias. No obstante, ese impuesto no fue derogado durante los primeros nueve meses de gobierno, y el 15 de septiembre de 2016, el ministro Prat-Gay anunció que el presupuesto para el año 2017 no incluye la eliminación de ese impuesto, aunque anunció un aumento del mínimo no imponible del 15% —muy inferior tanto a la inflación ya acumulada como a los aumentos de sueldo pactados para el año 2016— y una modificación de la escala de tributación, de la que no dio detalles. El diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano, reveló que por esa razón, en el año 2016 "va a haber tributando más trabajadores que en cualquier periodo del kichnerismo".


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text: En marzo de 2017, pagaron el impuesto a las ganancias 1 765 975 trabajadores en relación de dependencia, que resultan ser 588 871 trabajadores más que al final del gobierno de Cristina Kirchner, es decir un aumento del 33% en 16 meses. Según números oficiales publicados en abril de 2018, el número de trabajadores que pagaron el impuesto a las ganancias en diciembre anterior fue de 2 207 577, es decir un 78% más que al principio del gobierno de Macri. Es el segundo número más alto de contribuyentes de ese impuesto en la historia argentina, solo ligeramente superado por el máximo histórico del año 2013.


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text: En enero de 2018 se viralizó por las redes sociales un audio en el que el ministro de Trabajo Jorge Triaca despedía a una mujer, por medio de maltratos e insultos. El hecho generó un escándalo debido a que se descubrió que la mujer era Sandra Heredia, una empleada doméstica de su hermano, que no había sido registraba legalmente. El escándalo se extendió cuando salió a la luz que el ministro Triaca también había nombrado a Sandra Heredia como "delegada interventora" del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), sin siquiera contar con ninguna experiencia sindical.


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text: A raíz del escándalo el ministro Triaca fue denunciado penalmente por desviar fondos del sindicato marítimo, a la vez que la Oficina Anticorrupción del propio gobierno inició una investigación de los hechos.


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text: El "escándalo Sandra" sacó a la luz también que gran cantidad de familiares de Triaca habían sido contratados por el gobierno, en un grave caso de nepotismo. Diversos sectores de la prensa, los partidos de oposición y el sindicalismo reclamaron la renuncia de Triaca.


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text: Finalmente Triaca presentó su renuncia, pero el presidente Macri no la aceptó, dándole un "respaldo total"; Algunas semanas más tarde, Macri sancionó un decreto para reducir el nepotismo, prohibiendo que en el Estado nacional se contraten sin concurso a personas que sean hermanos, hijos, padres o parejas de los funcionarios del gobierno nacional. No obstante, solamente doce funcionarios fueron alcanzados por el publicitado decreto. Unas semanas después estalló otro escándalo vinculado a Triaca, cuando su hermana Lorena Triaca, fue imputada penalmente por un caso de corrupción política, cuando se desempeñaba en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio internacional, y dispuso la contratación de una empresa de la que ella era socia.


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text: Según una encuesta realizada por Managment & Fit, el escándalo Triaca constituyó un factor importante de la caída de la imagen de Macri a partir de diciembre de 2017.


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text: Del total de más de 100 000 despidos que se sucedieron en los primeros tres meses del gobierno de Mauricio Macri, 54 000 tuvieron lugar en el sector de la construcción, debiéndose principalmente a los atrasos en los pagos de certificados en la obra pública, aunque según algunas fuentes los atrasos habían comenzado antes de la asunción de Macri.


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text: En noviembre de 2015, el empleo industrial totalizaba 1 256 400, bajando en abril de 2017 a 1 202 200 empleados, unos 54 000 empleados menos. De acuerdo al gobernador de la provincia de Santa Fe, las razones de los despidos en la industria fueron la caída de la demanda, la incertidumbre sobre el rumbo de la economía, el aumento de las tarifas energéticas y el de las importaciones.


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text: Otra área donde se produjeron despidos fueron los medios de comunicación afines al gobierno kirchnerista —como aquellos propiedad de Lázaro Báez, Cristóbal López o Sergio Szpolski— que recibían pauta publicitaria estatal, la cual fue modificada por el nuevo gobierno. Al disminuir los ingresos por ese concepto, redujeron gastos, incluyendo los gastos en personal.


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text: Según el ministro de Hacienda, los despidos del sector privado eran parte de la herencia dejada por el gobierno anterior. En su discurso de inauguración del período legislativo de 2016, el presidente Macri sostuvo que durante el gobierno anterior "aumentó el empleo público pero sin mejorar los servicios que presta el Estado" y que "se camufló el desempleo con empleo público". A fines de marzo, en una entrevista, afirmó que durante los "últimos 12 o 13 años" se habrían generado "un millón y medio de empleados públicos más".


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text: Según los registros de la AFIP, durante el gobierno de Macri, entre junio de 2016 y junio de 2019, hubo 19.415 empresas menos. El cierre de empresas se hizo más acelerado desde junio de 2018, luego de la segunda devaluación del peso realizada durante el gobierno de Cambiemos. Los sectores que registraron mayor cantidad de empresas cerradas fueron el sector comercio (5405), transporte (5290), industria (4074) y agro o "campo" (3568). Dentro de la industria, la mayor cantidad de empresas cerradas se produjo en los rubros indumentaria, calzado, metalmecánica y alimentos. Aunque "el campo" fue uno de los sectores más beneficiados por el gobierno, cerraron establecimientos agrícolas de las economías regionales (no pampeanas), al mismo tiempo que gran cantidad de productores pampeanos pequeños y medianos debieron vender sus tierras a los más grandes, debido a la posibilidad de estos de contar con mayor respaldo financiero para enfrentar las altas tasas de interés establecidas por el Banco Central.


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text: No solo cerraron pequeñas y medianas empresas, sino varias empresas grandes que llevaban décadas en Argentina. Entre ellas cerró la empresa alimenticia La Campagnola, que había sido fundada 70 años antes en la provincia de Mendoza, debido a "los altos costos, el incremento de las importaciones y la caída generalizada del consumo"; la fábrica de motocicletas Zanella; la fábrica de automóviles Honda; la empresa textil Alpargatas, una de las más grandes y antiguas del país; la fábrica de termotanques Reem en Catamarca, con más de 60 años en el mercado; Cerámica San Lorenzo, fundada en 1950; entre otras.


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text: En septiembre de 2016 anunció la reactivación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Días después se presentó una denuncia que hicieron los fiscales ante el posible delito en la modificación de las condiciones de la adjudicación de la obra, que beneficiaría a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra, primo del presidente.


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text: En cuanto a los servicios regionales de ferrocarril, en el caso del Tren del Valle se recortaron servicios y disminuyeron las frecuencias. En Entre Ríos los ramales fueron paralizados cancelándose los servicios locales de Paraná, la capital provincial, que fueron suspendidos en enero de 2016; el tren Paraná – Concepción del Uruguay, suspendido en febrero de ese año, y el servicio Basavilbaso – Villaguay, que dejó de circular en abril de 2016. El Tren de las Sierras, que circula entre Córdoba y Cosquín, dejó de salir desde la estación Alta Córdoba. El ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi del Ferrocarril Belgrano Sur fue cerrado el 4 de agosto de 2017, reemplazándose por un servicio reducido entre las estaciones Aldo Bonzi y km.12. En mayo de 2017 el servicio metropolitano de trenes de Resistencia, Chaco, también fue suspendido para forzar una provincialización del servicio y se descartó la renovación de vías del ramal C3 del Ferrocarril Belgrano. También se canceló la fabricación de vagones nacionales de carga. El titular de la sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) fue elogiado por las medidas adoptadas, entre ellas el recorte en los trenes regionales, el cierre de ramales en el Chaco y Entre Ríos, los servicios suspendidos en La Pampa, Mar del Plata, Chascomús, la decisión de paralizar la expansión del Tren del Valle y el abandono del Plan Operativo Quinquenal heredado de la gestión anterior.


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text: En marzo de 2016, el ministro de transportes Guillermo Dietrich, anunció el aumento del transporte público en la ciudad de Buenos Aires, lo que afectaría en el corto plazo un alza del 100 por ciento de los precios de los boletos de colectivos, el Subte y el ferrocarril que conecta con el resto de la provincia. Durante la campaña presidencial de 2015, Macri declara que durante su gobierno se sostendrían las políticas en ciencia y técnica impulsadas durante la década anterior y se duplicaría la inversión en el área. En noviembre de 2015, tras la victoria de Macri en el balotaje, se anunció que Lino Barañao iba a continuar al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, siendo el único ministro del gobierno saliente en conservar su cargo. Sin embargo, en los años subsiguientes se produjeron fuertes recortes en el presupuesto y en la cantidad de nuevos ingresos al CONICET. Entre 2015 y 2018 la caída del presupuesto de la función ciencia y técnica en términos reales fue del 25 %. Según las estimaciones disponibles para 2019 la caída final sería del 38 %.


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text: El 3 de septiembre de 2018, el presidente Mauricio Macri anunció que el ministerio sería degradado al rango de secretaría, pasando a depender del Ministerio de Educación (renombrado Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología), a cargo de Alejandro Finocchiaro. Los cambios se dieron en una modificación del gabinete nacional que redujo de 22 a 10 la cantidad de ministerios y que se hizo efectiva el 5 de septiembre de 2018. Los recortes presupuestarios y la degradación del Ministerio produjeron diversas protestas de la comunidad científica nacional y una carta de repudio de la comunidad científica internacional, firmada por once Premios Nobel y 1200 investigadores.


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text: El 26 de enero de 2016 se transfiere la CONAE del Ministerio de Planificación al MinCyT a través del decreto 242/2016 el Poder Ejecutivo. Ese mismo año se dispuso la suspensión de la construcción del satélite geoestacionario ARSAT-3.


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text: Las propuestas de Cambiemos para el sector científico durante la campaña electoral 2015 fueron:Durante su mandato Lino Baraño continuó al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva


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text: En diciembre de 2016 se desató un conflicto entre los investigadores de Conicet y las autoridad debido al recorte de los ingresos a la carrera de investigador científico. Ingresaron 385 investigadores contra los 943 que habían ingresado en la convocatoria del año anterior. Esto motivo manifestaciones que incluyeron la toma del Ministerio. Finalmente se solucionó el 24 de diciembre con un compromiso de las autoridades de insertar a los investigadores, que habían sido recomendados por las comisiones evaluadores pero no habían entrado por cuestiones presupuestarias, en otras instituciones de ciencia del país.


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text: Entre 2015 -último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner- y 2018 la caída del presupuesto de la función ciencia y técnica en términos reales fue del 25%. Según las estimaciones disponibles para 2019 la caída final sería del 38%. En la siguiente tabla se muestra la inversión estatal en ciencia y tecnología:


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text: El 7 de mayo de 2019, una científica del CONICET llamada Marina Simian participó del programa televisivo "¿Quién quiere ser millonario?", —a fin de conseguir fondos para poder avanzar en la investigación de una cura para el cáncer—, en el cual ganó $500.000.El motivo por el cual la científica había participado del programa, fue debido a los ajustes realizados por el gobierno de Mauricio Macri que perjudicó también al CONICET. Tras este hecho, se generó una fuerte polémica en las redes sociales y Macri fue criticado por las bajas inversiones en el CONICET. La misma Marina Simian firmó una carta en la que 150 personalidades de la cultura, la academia y la ciencia respaldaron la candidatura de Mauricio Macri para una reelección.


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text: Durante el debate presidencial 2019 el presidente Macri que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión algo que fue desmentido a los pocos días por el directorio de CONICET.


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text: La primera medida de importancia tomada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la declaración de la "emergencia nacional en seguridad", tomada el 17 de diciembre de 2015. El 25 de diciembre la ministra Bullrich se opuso al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, que establece que cuando se detiene a un ciudadano, los fiscales deben informar dicha detención a un juez de garantías dentro de las 24 horas y en el mismo plazo, el juez debe resolver sobre la detención.


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text: El 17 de febrero de 2016, la ministra de seguridad anunció la aprobación de un "protocolo antipiquetes", por el cual se planeó terminar con los piquetes como forma de protesta. Por el mismo, se instruyó a las fuerzas de seguridad a negociar con los manifestantes y otorgarles un plazo de solamente cinco minutos para liberar el tránsito en la vía pública. Si pasado ese lapso no se hubiera producido el levantamiento del piquete, se procedería al uso de la fuerza. Adicionalmente, se dispuso que las fuerzas de seguridad podían limitar el accionar del periodismo que informase sobre los hechos, supuestamente como medida de seguridad de los periodistas. Las limitaciones al accionar de la prensa, que limitaría el derecho de la ciudadanía a estar informada, como la falta de limitaciones al accionar policial —al cual no se le prohíbe el uso de armas de fuego ni se le obliga a usar uniforme identificatorio— recibieron numerosas críticas por parte de distintas organizaciones sociales, sindicales y profesionales, así como la censura de parte de Amnistía Internacional, que interpretó que el mismo habilita a reprimir «a quienes ejercieran su derecho de reunión pacífica y el sistema de justicia los enjuiciaría por la vía penal.»


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text: El protocolo solo se aplicaría en forma efectiva en las rutas federales y en los accesos al aeropuerto internacional de Ezeiza. Su aplicación en otros ámbitos estará sujeta a los criterios de los gobernantes de los distritos respectivos. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, prefieren no aplicarlo. Por su parte, Amnistía Internacional informó que «se siguió denunciando el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas públicas».


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text: A finales de octubre de 2017, con la firma de Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial el"Protocolo General para la detención de personas LGBT. La Federación Argentina LGBT manifestó su preocupación y malestar por lo que interpretan es un protocolo discriminatorio que viola el reconocimiento a la diversidad y los derechos individuales consagrados. En un comunicado, SUTEBA expresó su solidaridad y acompañamiento en el rechazo manifestado por las organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBT.


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text: Diversas organizaciones y personalidades han observado un incremento de las movilizaciones populares —tales como marchas, paros, ollas populares y cortes de calles y rutas— a lo largo del primer año y medio del mandato de Macri, y creen que la respuesta del gobierno ha sido únicamente la represión y la criminalización de la protesta social. Un estudio confirma que en el primer trimestre de 2017 se registraron un 133% más de casos de conflictos con represión, en comparación con igual trimestre de 2016. Desde la llegada de Cambiemos al poder en diciembre de 2015 hasta marzo de 2017, se registraron 83 conflictos con represión en todo el país, incluyendo tanto hechos generados por fuerzas de seguridad provinciales como nacionales. Diversas opiniones, como la del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, han considerado que la causa del aumento de la conflictividad social sería la propia política económica del gobierno de Macri, y que «este modelo no cierra sin represión».


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text: Los primeros hechos de represión por fuerzas nacionales —que dependen del Ejecutivo Nacional— comenzaron pocos días después de la asunción de Macri a la presidencia: el día 22 de diciembre, la Gendarmería Nacional reprimió con violencia una manifestación de empleados de una industria avícola que había cortado la Autopista Ricchieri, acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en un plazo de cinco minutos. La represión incluyó el uso de palos, balas de goma y camiones hidrantes, dejando entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes.


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text: El día 12 de agosto, durante una visita del presidente a la ciudad de Mar del Plata, un grupo de manifestantes que se dirigían al lugar donde hablaría Macri para quejarse por los aumentos de tarifas fue interceptado por la policía a cuatro cuadras del palco, y posteriormente reprimidos con gases y balas de goma. Si bien el gobierno y algunos medios aseguraron que el auto de Macri fue alcanzado por una piedra, el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires negó que el auto hubiera sido apedreado, y afirmó que el presidente fue agredido "verbalmente solamente para manifestar un descontento".


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text: También en agosto de 2016, un grupo de jubilados que pedían un aumento de sus haberes cortaron el Puente Pueyrredón y fueron reprimidos por la Policía Federal —con apoyo de la Prefectura Naval— por medio de empujones y patadas, y con camiones hidrantes; hubo varios heridos. Una semana más tarde, miembros de organizaciones de desocupados que cortaban la Autopista Buenos Aires-La Plata fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Gendarmería Nacional con un camión hidrante y arrojando balas de goma. Los manifestantes, que cortaron la autopista durante cuatro horas, habían anunciado que el corte se levantaría a las 3 de la tarde, pero las fuerzas de seguridad avanzaron sobre ellos diez minutos antes de esa hora. Hubo algunos heridos.


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text: También se produjeron actos de represión con gases, camiones hidrantes y/o palos durante el paro nacional del 6 de abril de 2017 y durante el intento de los docentes en huelga de instalarse en la Plaza de los Dos Congresos, el 9 de abril.


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text: A fines de 2017, el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA) publicó un relevamiento que informa que, entre enero de 2016 y noviembre de 2017 se registraron en el país 111 hechos de represión a manifestaciones por conflictos socio-laborales. En el curso de los mismos —llevados adelante tanto por fuerzas de seguridad nacionales como provinciales— fueron detenidos 354 personas y resultaron heridos 328 manifestantes.


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text: En diciembre de 2017 se produjeron dos represiones en el centro de la Capital Federal en menos de 24 horas: al anochecer del 12 de ese mes hubo una fuerte represión con heridos y numerosos detenidos contra manifestantes que reclamaban contra la Organización Mundial de Comercio, cuya reunión cumbre tenía lugar en esa ciudad. A la tarde del día siguiente, una gran manifestación frente al Congreso Nacional contra un proyecto de ley que modificaría el cálculo de las jubilaciones en perjuicio de los jubilados fue también violentamente repelida por la Gendarmería, con al menos un camión hidrante y balas de goma, y tres diputados nacionales agredidos.


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text: El 8 de diciembre de 2017, un turista estadounidense fue asaltado y gravemente herido por dos jóvenes en el barrio de La Boca, tras lo cual éstos fueron perseguidos por el policía de la provincia de Buenos Aires Luis Chocobar, que mató a uno de ellos. Chocobar sostuvo que le disparó al delincuente cuando este intentó atacarlo con un cuchillo, pero un video del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aportado a la investigación judicial, mostró que Chocobar mató al delincuente disparándole por la espalda mientras huía y había caído al piso a causa de un disparo en la pierna. El juez de la causa consideró entonces que existían fuertes sospechas de que Chocobar había cometido un homicidio agravado y decretó el procesamiento del policía a fin de que el caso fuera sometido a juicio.


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text: Al día siguiente de su procesamiento, el 1 de febrero de 2018, el presidente Macri invitó a Chocobar a la Casa Rosada para expresarle públicamente su apoyo por la "valentía" con que había actuado, diciéndole «Estoy orgulloso de que haya un policía como vos, al servicio de los ciudadanos». Macri cuestionó también la decisión del juez de la causa de procesar a Chocobar y dijo que confiaba en que la Cámara Penal revocaría la decisión del juez de primera instancia, liberándolo de todo cargo.


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text: Dos semanas después, la Cámara Penal confirmó el procesamiento de Chocobar, modificando la calificación legal de la acusación por la de "homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber". Para concluir que Chocobar debía ser sometido a juicio, el tribunal consideró que el policía actuó "inicialmente ajustando su comportamiento a la normativa que regula la función policial, pero concluyó en un acto excesivo que merece ser juzgado en una etapa posterior".


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text: Al conocer el nuevo fallo judicial, ese mismo día el presidente Macri convocó a una conferencia de prensa donde expresó su disconformidad con el fallo judicial, aclarando que no lo hacía como presidente, sino como ciudadano.


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text: La conducta de Macri fue cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos y partidos de la oposición por impulsar una política de "gatillo fácil", y le valió varias denuncias por apología del delito e instigación al homicidio. El 19 de febrero, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional dio a conocer una declaración calificando de "inadmisible" la conducta del presidente Macri a favor del policía acusado, considerando que se trataba de una injerencia indebida en el Poder Judicial, incompatible con el Estado de Derecho.


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text: El ministro de Defensa Julio Martínez anunció que se buscaría financiamiento externo para la recuperación material de las fuerzas, sin utilizar fondos del estado. Pese a los anuncios se eliminó el contrato para la producción de la segunda serie de seis Radares Primarios Argentinos 3D de Largo Alcance, suscrito entre la cartera de Defensa, Fabricaciones Militares e INVAP, por 1000 millones de pesos, que servirían para ampliar la cobertura y la vigilancia del espacio aéreo desde el centro hacia el sur del país. Al mismo tiempo trasladó radares desde la zona fronteriza con Bolivia, adyacente a Salta, dejando la frontera sin control ni vigilancia electrónica ya que el radar que se había instalado para detectar narcovuelos se trasladó a Mendoza para una Cumbre del Mercosur. Paralelamente se dio un repliegue de 1800 efectivos del Operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte.


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text: En febrero de 2017 se lanzó un plan conjunto de los ministerios de Defensa y de Seguridad, en el cual se agregarían más radares al Escudo norte y se ejecutó un plan de monitoreo en la frontera norte por radar las 24 horas. La desinversión en los astilleros Tandanor se da de baja también el financiamiento para la segunda serie de radares de largo alcance (RPA3DDLA, de 400 kilómetros), la suspensión de la reparación del ARA Santa Cruz, uno de los tres submarinos que posee la Argentina, junto con la paralización de las tareas de mantenimiento, la cancelación de las inversiones en las plantas de pólvora, el repliegue de los radares Doppler, desprogramación de vehículos de combate, entre otros recortes.


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text: En marzo de 2017 mediante una resolución —154-E/2017—, el ministro de Defensa Julio Martínez habilitó a las FF AA a realizar «informes socio ambientales». Esto habilitaría al «espionaje sobre actores sociales» internos, una actividad que está prohibida por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.


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text: El presupuesto para el desarrollo del Plan Antártico se redujo un 18 por ciento entre 2016 y 2018, mientras que la inflación acumulada en dos años fue del 116 por ciento. Esto implicó una. drástica reducción en términos reales del presupuesto asignado al desarrollo de la actividad científica, diplomática y logística antártica. Estimado en dólares, el presupuesto para el Plan Antártico entre enero de 2016 y diciembre de 2018 se redujo un 73 por ciento.


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text: En enero de 2016 el Gobierno de Macri renovó a los jefes de las Fuerzas Armadas. En el Ejército Argentino asumió el general de brigada Diego Suñer, reemplazando al teniente general Ricardo Cundom. En la Armada Argentina tomó el mando el vicealmirante Marcelo Srur, sustituyendo al almirante Gastón Erice. En la Fuerza Aérea Argentina asumió el brigadier Enrique Amrein, reemplazando al brigadier general Mario Callejo. En el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas asumió el general de brigada Bari del Valle Sosa, reemplazando al teniente general Luis María Carena. El ministro de Defensa Julio Martínez dijo que las Fuerzas Armadas: «estarán siempre al servicio del Estado y de la democracia y al de un gobierno o proyecto político» en alusión a los gobiernos anteriores al de Macri.


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text: En enero de 2019 el ministro de Defensa Oscar Aguad autorizó gastos para la realización de 30 ejercicios militares internacionales.


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text: En marzo de 2019 el Estado Mayor Conjunto y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia acordaron un plan de cooperación en actividades de protección civil y actividades antárticas.


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text: El presidente Mauricio Macri lanzó el Operativo Integración Norte en 2018. El operativo tiene por objetivo incrementar la presencia del Estado argentino en la frontera norte del país. El operativo implica para las Fuerzas Armadas tres tipos de acciones:El operativo se desarrolla en el marco de las leyes 23 554 de Defensa Nacional y 24 059 de Seguridad Interior y decretos del Poder Ejecutivo Nacional.


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text: En 2019 el Ejército, iniciando un proceso de reconversión y dirigido por la flamante Directiva Política de Defensa Nacional, creó la Dirección de Educación Operacional. Dicha reconversión se constituye por tres etapas: ordenamiento, optimización y transformación. En este tema, en abril de 2019 se anunció que las agrupaciones de Ingenieros 601 y Comunicaciones 601 pasaron a depender del Comando de Alistamiento y Adiestramiento del Ejército. También se hizo el cambio de Dirección a Comando de Aviación de Ejército. De esta forma, más de 1600 efectivos pasaron a la órbita de la Fuerza Operativa del Ejército.


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text: En 2017 el gobierno de Macri inició subastas públicas de diferentes terrenos propiedad del Ejército Argentino para recaudar dinero.


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text: En diciembre de 2016 el Ejército Argentino adquirió dos aviones Cessna 208 Grand Caravan EX.


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text: El 11 de enero de 2018 llegaron a Argentina 20 helicópteros Agusta AB-206B-1 que fueran comprados en 2012 en Italia. El costo de la operación fue 2,6 millones de euros más la entrega por parte del Ejército Argentino de tres aviones Aeritalia G.222 fuera de servicio. Además de las aeronaves se adquirieron 10 ametralladoras Minigun de 7,62 mm de calibre. De los 20 helicópteros, 15 serían para el Ejército, mientras que los otros cinco serían para la Gendarmería Nacional.


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text: En los años 2018 y 2019 el Ejército Argentino con el apoyo del gobierno nacional realizó actos de homenaje a militares excombatientes y muertos en acciones guerrilleras ocurridas durante gobiernos democráticos en los años 1970 y 1980, como fueron el ataque a la guarnición militar de Azul, el Combate de Río Pueblo Viejo, el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, y el copamiento del cuartel de La Tablada. Esto causó polémica; organizaciones de derechos humanos repudiaron los actos.


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text: Una de sus primeras medidas fue dar de baja diferentes convenios del Proyecto Vagones de Fabricaciones Militares; la suspensión de la continuidad del convenio con INVAP para la fabricación de radares; la suspensión de la continuidad de convenio con YCRT para la fabricación de arcos para galerías y tubos de aireación para la ventilación; con la baja de esos contratos se da una inminente caída de facturación de 515 millones de pesos y una pérdida de cerca de 700 puestos de trabajo. En 2018 oficializó el gasto de 340 millones en cinco aviones Dassault-Breguet Super Étendard franceses considerados chatarra. De acuerdo al “Arreglo Técnico” firmado por el ministro de Defensa Aguad y la ministra de Defensa francesa, el monto de esta operación comercial es de 339 497 440 millones de pesos, los franceses se ocuparon de especificar que las aeronaves “no están en condiciones de vuelo“ en el artículo dos, donde además solicitan que Argentina reconozca que “en el momento de la entrega, estas aeronaves no están en condiciones de vuelo” y que a partir de la fecha de transferencia de propiedad Argentina “reconoce estar plenamente informada por la Parte francesa de que los Materiales transferidos requieren precauciones especiales de uso y mantenimiento se compromete a asumir las eventuales consecuencias perjudiciales derivadas de la posesión de estos materiales y de su utilización por parte del personal militar, civil o de terceros y renuncia a cualquier acción o procedimiento judicial contra la Parte francesa respecto a cualquier defecto o vicio oculto de los Materiales transferidos por el estado en el que se encuentran“. En noviembre de 2018 el Ejército adquirió un director de tiro Oerlikon Skyguard III. El equipo costó 3,48 millones de francos suizos.


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text: En diciembre de 2018 el Ejército empezó a retirar del servicio al cañón autopropulsado AMX MK F3 y al cañón Bofors 75 mm. El AMX MK F3 había sido adquirido en 1969. Y el Bofors 75 mm había sido incorporado en 1935. El 15 de marzo de 2019 el presidente Macri y el ministro Aguad realizaron un acto de entrega de equipamiento al Ejército Argentino en el Batallón de Arsenales 602 de Boulogne Sur Mer. Se trató de equipamiento adquirido nuevo y equipamiento previamente existente pero modernizado por los Batallones de Arsenales 601 y 602. La totalidad del equipamiento entregado fue:El 15 de noviembre de 2017 la Armada Argentina perdió contacto con el submarino ARA San Juan (S-42). El buque desapareció con 44 marinos a bordo. El buque se encontraba navegando en el mar argentino desde la Base Naval Ushuaia a la Base Naval Mar del Plata. La última posición registrada fue en el golfo San Jorge y a 430 km aproximadamente de distancia a la costa. La Armada empezó la búsqueda el 16 de noviembre con sus barcos y aeronaves.


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text: El 16 de noviembre de 2018 se produjo el hallazgo del submarino. El ARA San Juan se encontraba a 907 m a profundidad en el mar argentino, y a aproximadamente 500 km de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a través del golfo San Jorge.


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text: Durante su gestión fue paralizada la recuperación del dique 2 de la Base naval Puerto Belgrano. se eliminó el contrato para la producción de la segunda serie de seis Radares suscrito entre la cartera de Defensa, Fabricaciones Militares e INVAP por 1.000 millones de pesos, que servirían para la vigilancia del espacio aéreo desde el centro hacia el sur del país. Al mismo tiempo trasladó radares desde la zona fronteriza con Bolivia, adyacente a Salta, dejando la frontera sin control ni vigilancia electrónica porque el radar que se había instalado para detectar narcovuelos se trasladó a Mendoza para una Cumbre del Mercosur. Paralelamente se dio un repliegue de 1.800 efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte. Se da también la desinversión en los astilleros Tandanor y la suspensión de la reparación del ARA Santa Cruz, uno de los tres submarinos que posee la Argentina, junto con la paralización de las tareas de mantenimiento, la cancelación de las inversiones en las plantas de pólvora, el repliegue de los radares Doppler, desprogramación de vehículos de combate, entre otros recortes.


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text: Hacia mediados de 2018 el Gobierno de Argentina firmó un contrato para la adquisición de cuatro patrulleros de alta mar clase Gowind OPV-87 con el astillero Naval Group de Francia. El costo total fue de 280 millones de euros. La compra incluye al ya construido L'Adroit (P725), en operaciones para la Armada Francesa desde 2011.


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text: El ministro de Defensa Oscar Aguad solicitó que la entrega del L'Adroit se haga efectiva antes de las elecciones presidenciales de Argentina de octubre de 2019. En tanto que los tres barcos en construcción serían entregados entre los años 2021 y 2023.


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text: En 2017 el Gobierno de Macri formalizó la compra de cinco aviones de combate Super Étendard Modernisé 5 a Francia por 12,5 millones de euros. Se trata de una versión avanzada al Super Étendard original de la década de 1970 que entró en servicio en 2006. Los aviones habían sido retirados de las filas de la Marina Nacional francesa en 2015. Servirían a la Armada Argentina para recuperar a sus propios Super Étendard que posee desde la década de 1980.


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text: En agosto de 2018 el Gobierno efectuó el pago correspondiente de los aviones.


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text: El 17 de abril de 2019 un barco de carga zarpó de Francia con los aviones a bordo y con rumbo al puerto de Bahía Blanca. El 8 de mayo arribó al puerto de bahía Blanca.


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text: En el año 2016 el presidente Mauricio Macri recibió las propuestas de la Fuerza Aérea Argentina para modernizar su flota. La Fuerza Aérea propuso el avión de combate surcoreano KAI FA-50 Golden Eagle para reemplazar a los Mirage III y Mirage V y A-4AR Fightinghawk. Los supersónicos Mirage fueron retirados del servicio en el año 2015 sin un reemplazo incorporado. Debido a la falta de presupuesto y a la antigüedad de la flota aérea presidencial, se dieron de baja algunas de las aeronaves que conformaron la Agrupación Aérea Presidencial, entre ellas el emblemático Tango 01 —un Boeing 757 adquirido en 1992 por Carlos Menem durante su presidencia—, el Tango 03 —un Fokker F28 Fellowship— y el Tango 04 —un Boeing 737 ex Aerolíneas Argentinas, que fue incorporado por Cristina Fernández de Kirchner—. El presidente de la Nación se traslada tanto en vuelos de cabotaje como regionales en el T-10, un Learjet 60 de la Fuerza Aérea. También se volvió a poner en servicio el T-02 (un F28 que se encontraba en inspecciones mayores en FAdeA). Como consecuencia de esto se informó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se desplazará en vuelos privados, a cargo de la empresa Macair Jet perteneciente al Grupo Macri, señalándola como la empresa directamente beneficiada con contrataciones del Estado. El 27 de diciembre, se reveló la creciente influencia de la firma aérea ligada al Grupo Macri y el vínculo de esto a las «decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri sobre el manejo de la flota oficial». De este modo el Estado contrataría aviones del Grupo Macri para viajes oficiales a partir de enero de 2016. En marzo de 2016 el Grupo Macri se deshizo de la empresa Macair que paso a estar bajo control de Avianca.


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text: En 2016 se eliminó el contrato para la producción de la segunda serie de seis Radares Primarios Argentinos 3D de Largo Alcance, suscrito entre la cartera de Defensa, Fabricaciones Militares e INVAP por mil millones de pesos, que servirían para ampliar la cobertura y la vigilancia del espacio aéreo desde el centro hacia el sur del país. Al mismo tiempo trasladó radares desde la zona fronteriza con Bolivia, adyacente a Salta, dejando la frontera sin control ni vigilancia electrónica porque el radar que se había instalado para detectar narcovuelos se trasladó a Mendoza para una Cumbre del Mercosur. Paralelamente se dio un repliegue de mil ochocientos efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte.


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text: En octubre de 2017 la Escuela de Aviación Militar —EAM— recibió los primeros cuatro T-6C.


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text: En diciembre de 2017 el Gobierno de Macri adquirió cuatro helicópteros nuevos Bell 412EP para la Fuerza Aérea. Se acordó un contrato con la compañía estadounidense Bell Helicopter Textron por 27 millones de dólares.


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text: El 15 de febrero de 2018 la Fuerza Aérea Argentina recibió los primeros dos aviones de entrenamiento FAdeA IA-63 Pampa III.


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text: En septiembre de 2018 la Fuerza Aérea Argentina recibió a un avión Lockheed C-130 Hercules modernizado por la Fábrica Argentina de Aviones.


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text: En 2018 Fabricaciones Militares incrementó su capacidad de producción de municiones calibre 9×19 mm. El Astillero Río Santiago, por su parte, finalizó en diciembre de 2018 la reparación del buque ARA King (P-21).


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text: La primera tarea en la Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier San Martín» S. A. —FAdeA— al asumir el gobierno de Macri en 2015 fue realizar una auditoría. Esta determinó que ese año tuvo pérdidas operativas por 1763 millones de pesos argentinos.


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text: En el año 2017 la Fábrica Argentina de Aviones firmó un contrato con la Fuerza Aérea Argentina para la prestación de servicios aeronáuticas a esta. El monto de la operación fue de 88,7 millones de dólares.


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text: En el año 2018 FAdeA vendió dos aviones agrícolas PA-25 Puelche a una empresa colombiana por 500 000 dólares. Fue la primera exportación de FAdeA en 25 años.


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text: El 5 de diciembre de 2018 el presidente Macri y el ministro Aguad llevaron a cabo un acto de presentación de tres aviones de entrenamiento IA-63 Pampa III que fueron construidos en FAdeA. El 15 de febrero de 2019 el Grupo 6 de Caza recibió los primeros dos aviones.


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text: En abril de 2019 el Gobierno de Argentina ofreció un avión IA-63 Pampa III al Estado Plurinacional de Bolivia si este acepta entregar más gas que la cantidad mínima estipulada en un contrato entre ambos estados. El Gobierno de Argentina busca exportar al avión Pampa III y el Gobierno de Bolivia busca recuperar las filas de su Fuerza Aérea tras el retiro del avión Lockheed T-33.


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text: En abril de 2019 el gobierno nacional firmó un contrato con FAdeA para la puesta en servicio de 10 helicópteros Agusta AB 206 de los 20 adquiridos en enero de 2018. El plan es entregar ocho en 2019.


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text: En abril del 2016, el gobierno publicó el decreto 593/2016 ampliando el alcance de la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones sociales.


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text: Con la nueva medida, se incluyó a los monotributistas en el régimen de asignaciones familiares. A partir de entonces, podrán cobrar los prestaciones Asignación por Hijo, Asignación por Hijo con Discapacidad, Asignación Prenatal, y Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, primaria y secundaria del Sistema Educactivo Argentino. Para acceder al beneficio, los monotributistas tienen que acreditar sus datos familiares ante la ANSES. La motivación del gobierno fue que los monotributistas reciban las mismas asistencias que los trabajadores en relación de dependencia.


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text: En febrero de 2017 el gobierno volvió a reducir la cantidad de personas beneficiarias, a la cantidad existente al finalizar el gobierno anterior de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el primer trimestre de 2017, dispuso la cesación de 231.542 personas. De este modo las personas beneficiarias pasaron de 3.777.124 en diciembre de 2015, a un máximo de 3.980.755 en enero de 2017, para reducirse a 3.749.213, en marzo de 2017.


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text: Según el gobierno de Macri, desde mayo del 2016 se incorporaron 514.000 niños (302.000 familias) a recibir las prestaciones sociales. En sentido contrario, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado por Julia Strada y Hernán Letcher, el gobierno eliminó a 231.542 personas de la AUH, en 2017.


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text: El 12 de septiembre de 2019 la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley prorrogando la emergencia alimentaria que se había dictado durante la Crisis de 2001/2002, con el fin de aumentar en un 50% el dinero disponible para que el gobierno atienda los programas de ayuda alimentaria a la población. El proyecto fue aprobado casi por unanimidad, con la sola abstención de una diputada del Frente de Izquierda, contando con la aprobación del oficialismo de Cambiemos-Juntos por el Cambio, así como los diputados de la oposición pertenecientes tanto al Frente de Todos, como a la alianza Consenso Federal 2030.


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text: En junio de 2017 se conoció que el ministerio de Desarrollo Social estaba aplicando un decreto del año 1997 —que nunca había sido aplicado— elevando significativamente las exigencias y condiciones de quienes recibían pensiones del gobierno nacional. Por esa medida, desde enero de 2017 hasta mediados de junio de ese año quedaron sin pensiones un total de 83 133 personas, incluidas especialmente las madres de 7 o más hijos, y los pensionados por invalidez. La medida apunta a eliminar del sistema a todas las personas cuyas familias superen un ingreso de tres sueldos mínimos —alrededor de $21 000— sin considerar el número de miembros de las familias, y aquellos cuyos cónyuges reciban un ingreso por jubilación, incluso si es el ingreso mínimo. Desde el inicio del gobierno de Cambiemos fueron unas 170 000 las pensiones dadas de baja por el ministerio de un total de 1800000 de beneficiarios, mientras otras fuentes mencionaron más de 126 000, entre pensiones dadas de baja y suspendidas.


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text: La ministra Stanley anunció que se restablecerían "todas aquellas pensiones de personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro", lo que fue interpretado como una "marcha atrás" del gobierno, y que se haría una "restitución automática de las pensiones". No obstante, después de que al menos dos fallos judiciales ordenaron volver a pagar las pensiones a centenares de discapacitados, el gobierno nacional apeló esas sentencias, con lo que el pago de esas pensiones se siguió retrasando. El 6 de septiembre, la justicia federal ordenó reintegran "de inmediato" todas las pensiones por incapacidad que habían sido dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso; al día 20 de septiembre, solo algo menos de diez mil pensiones habían sido restablecidas, menos del 7,7% del total.


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text: La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en un informe que analiza los primeros seis meses del año en materia de persecución penal de los delitos de lesa humanidad advirtió que durante el primer semestre del año los juicios por delitos de lesa humanidad fueron demorados. En el informe también se critica la baja en el ritmo de las investigaciones, la menor cantidad de sentencias dictadas, estancamiento vinculado a la baja cantidad de juicios celebrados, estancamiento relacionado con la falta de juicios en agenda y demoras en la etapa de instrucción y de revisión.


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text: Asimismo fueron criticadas las decisiones judiciales que otorgaron a 50 militares condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar el beneficio de poder realizar su condena con prisión domiciliaria. En consonancia, en agosto de 2016 el Ministerio de Justicia, adelantó que no apelará las estas decisiones judiciales.


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text: Otra de las críticas se dirigió a las reuniones, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, con activistas contra los juicios por delitos de lesa humanidad, como Cecilia Pando o representantes de la asociación CELTYV, defensora de represores.


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text: También ha sido criticado, y tildado de «negacionista», por la utilización de la frase «guerra sucia» para referirse al terrorismo de Estado. Esto fue realizado tanto en declaraciones de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, en comunicaciones oficiales de la propia secretaría, como en declaraciones del propio presidente Macri.


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text: El ministro de Defensa, Julio Martínez, volvió a habilitar que los presos por delitos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares. Esto había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013.


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text: El ministerio de Justicia desistió de ser querellante en la causa por delitos de lesa humanidad por el caso de Eduardo Saiegh. Donde se juzga su secuestro en 1980 por un grupo de tareas de la Policía Federal. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, afirmaron que los motivos que llevaron a esa baja fue que Saiegh «hace promoción pública de un fideicomiso en donde se coloca al Estado argentino y a la Secretaría de DDHH como garante de los negocios allí ofrecidos. Se la puso en virtud del rol que la Secretaría tenía como coquerellante». Por otro lado, el abogado de Saiegh afirmó que «el retiro de la coquerella no puede ser entendido fuera del contexto. Sobre todo porque este caso involucra a más gente más allá de los nombres que están siendo acusados penalmente. Hay una acción civil que involucra a supermercados La Anónima y a la familia Braun. Ellos era también accionista con Reynal de la sociedad controlante de Austral. Contra ellos está dirigida la reparación económica buscada». El hecho fue condenado por la organización de derechos humanos, HIJOS.


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text: El 30 de agosto de 2016, en conmemoración del «día del detenido desaparecido», varios organismos de Derechos Humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, reclamaron que «los espacios de la memoria, la verdad y la justicia están siendo desarmados».


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text: En febrero de 2017, el gobierno de Macri postuló para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Carlos Horacio de Casas. El hecho fue rechazado por organizaciones de Derechos Humanos debido a que defendió al represor y ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Enrique Blas Gómez Saa.


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text: El 20 de enero de 2017 Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 52/2017 disponiendo la movilidad del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril) y el Día de la Bandera (20 de junio). Los dos primeros habían sido establecidos por la Ley de 2002 y Ley de 2006, y por Ley de 2000, respectivamente. La movilidad de los feriados es un régimen que mueve el feriado al lunes o viernes más próximo, cuando cae mitad de semana.


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text: La decisión de Macri generó críticas en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre las organizaciones de derechos humanos, por el Día de la Memoria, fecha en la que tradicionalmente las organizaciones de derechos humanos organizan una masiva manifestación para recordar y pedir justicia para los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Varios gobernadores e intendentes anunciaron que, ante la decisión de presidente, establecerían asueto para esos días.


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text: Frente a las críticas generalizadas el ministro de Justicia Germán Garavano admitió que «Probablemente haya sido un error haber tocado los feriados que tienen mayor sensibilidad, es bueno poder enmendarlo». Finalmente Macri dictó un nuevo DNU el 31 de enero de 2017, dejando sin efecto la movilidad de los tres feriados afectados.


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text: El 10 de mayo de 2017, Macri criticó un fallo de la Corte Suprema dictado siete días antes, que permitió que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados, a partir de los dos años de prisión preventiva. La Corte consideró aplicable al caso el artículo 7 de la Ley N.º 24 390, conocida como Ley del Dos por Uno, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. El fallo fue dictado por tres votos a favor (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) y dos votos en contra (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda). La sentencia fue cuestionada por las organizaciones de derechos humanos y un amplio espectro de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, que la consideraron un acto de impunidad, asociándola con las llamadas leyes de impunidad, sancionadas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, desencadenando varias denuncias penales contra sus autores y pedidos de juicio político y multitudinarias marchas de condena realizadas en varias partes del país.


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text: Macri declaró que estaba «en contra de cualquier herramienta que facilite la impunidad», aclarando que estaba «muy contento» de que el país tuviera «una Corte independiente y prestigiosa». También cuestionó a dirigentes opositores que «no hicieron nada cuando esta ley se aprobó» y «hoy se muestran muy enojados con el 2×1».


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text: El 16 de diciembre Macri se reunió nuevamente con miembros de la comunidad qom y de otras 30 etnias de los pueblos originarios. La reunión se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno y la delegación fue encabezada por el líder de la comunidad qom, Félix Díaz.


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text: El primer encuentro entre Macri y Félix Díaz se había concretado cuarenta y tres días antes, cuando el por entonces candidato a presidente visitó al líder qom en el acampe de esa comunidad en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires que el primero gobernaba. El diario "La Nación" informó en esa ocasión que Macri había tenido ese encuentro con Díaz "para diferenciarse de Cristina Kirchner, que siempre se negó a recibir al líder de esa comunidad indígena", quien mantenía un viejo reclamo público con el gobierno de la Provincia de Formosa y la expresidenta, por la devolución a la comunidad qom de las tierras que les pertenecían antes de la Conquista del Chaco y el reconocimiento de la "nacionalidad indígena".


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text: Félix Díaz declaró que al 3 de febrero de 2016, la situación de los pueblos indígenas no había cambiado en nada pese a la reunión que tuvo con el Presidente, salvo que algún funcionario eventualmente realiza alguna visita a los referentes indígenas. Díaz dijo tener aún alguna esperanza por el compromiso escrito de Macri. Sin embargo, Díaz junto a otras comunidades volvieron a realizar un acampe el 15 de marzo, pero esta vez en la ex ESMA a la espera de ser recibidos por el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, además Díaz explicó que: "Aunque el Gobierno nos llamó al diálogo, siguen incumpliendo la ley". Luego de algunas acusaciones cruzadas entre Díaz y Avruj, a finales de marzo la Secretaría de Derechos Humanos elevó un proyecto al Poder Ejecutivo para crear un Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, tras un acuerdo logrado con los distintos líderes de los pueblos originarios. Claudio Avruj, quien preside la secretaría, afirmó que el acuerdo se logró luego de una reunión con la Mesa de Trabajo y Diálogo de Pueblos Indígenas y el Estado Nacional, en donde referentes prometieron levantar la protesta que estaban realizando en la ex ESMA, además —según el gobierno— el mismo Félix Díaz "se comprometió a abstenerse de realizar cualquier protesta como la recientemente desarticulada mientras se mantengan las vías de diálogo".


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text: El 15 de julio de 2016 se creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas. El consejo del nuevo organismo designó a Relmu Ñamku como secretaria general, mientras que Félix Díaz fue nombrado presidente, además se nombraron cuatro vicepresidentes por cada región: Faustino Lencina por la zona Centro, Jorge Palomo por el NEA, Margarita Mamani y Rolando Flores por el NOA, y Rubén Huanque, por la zona Sur.


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text: En septiembre de 2016 se realizó un encuentro nacional de organizaciones de Derechos Humanos donde se hicieron eco de estos reclamos.


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text: En enero de 2017 el pueblo mapuche Pu Lof comenzó una protesta en Cushamen por un reclamo de tierras ancestrales a la empresa textil Benetton. La protesta que se había desarrollado pacíficamente fue reprimida por Gendarmería, quienes atacaron a niños y mujeres que estaban en la protesta. Amnistía Internacional repudió la represión, a su vez que condenó la "falta de control judicial eficaz sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en su territorio". Díaz condenó la represión de los mapuches en Chubut, culpó de ello al Presidente y al gobernador provincial diciendo: "el gobierno provincial de (Mario) Das Neves y el nacional de (Mauricio) Macri son responsables". Unos días después se volvieron a repetir hechos violentos cuando Gendarmería ingresó al predio en disputa y reprimió a disparos, habiendo un indeterminado número de heridos y un mapuche detenido.


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text: Los conflictos con algunas comunidades mapuches estuvieron presentes durante la presidencia de Mauricio Macri.


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text: Durante su gobierno existió un aumento en la conflictividad con distintas comunidades mapuches que habitan en el sur del territorio, principalmente en la provincias de Neuquén y Río Negro, quienes ocupan terrenos que reclamaban como ancestrales que en la actualidad son propiedad de magnates como Bennetton, Joe Lewis y Ted Turner.


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text: En enero de 2017 un grupo de 200 gendarmes reprimió una protesta mapuche que cortaba las vías del tren La Trochita. El caso fue denunciando por la organización Amnistía Internacional que consideró desproporcionado el uso de la fuerza estatal en relación al conflicto existente.


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text: En los meses siguientes, varios medios de comunicación informaron que estos grupos mapuches fueron autores de numerosas acciones violentas, entre las cuales se pueden nombrar vandalismo, incendios intencionales, ataques a civiles, amenazas y ocupación ilegal de terrenos.


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text: El 1 de agosto de 2017, en cercanías de la localidad chubutense de Cushamen, efectivos de la Gendarmería Nacional entraron sin orden judicial a una estancia propiedad del Grupo Benetton donde la comunidad Lof en Resistencia de Cushamen estaba ocupando tierras a modo de protesta por la recuperación de territorios ancestrales. Como resultado de esa represión, se produce la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo cadáver apareció casi tres meses más tarde. Las pericias posteriores a su muerte determinaron que el fallecimiento se produjo por ahogamiento por sumersión en las aguas del río Chubut, coadyuvado por hipotermia. También se determinó que Santiago Maldonado no fue torturado.


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text: El 26 de noviembre, efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina reprimen con disparos de arma de fuego una ocupación en el parque nacional Nahuel Huapi, en las proximidades del Lago Mascardi. Como resultado de ello fue muerto de un disparo por la espalda el joven Rafael Nahuel.


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text: El 1 de agosto de 2017 la Comisión Provincial por la Memoria de Chubut denunció la detención ilícita y desaparición de Santiago Maldonado, durante la represión de una protesta en el lof mapuche de Cushamen, llevada a cabo por la Gendarmería Nacional encabezada por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. La denuncia fue realizada ante el juez Guido Otranto de Esquel, quien intimó al gobierno nacional a informar si esa fuerza había detenido a Maldonado el 1 de agosto y qué medidas había adoptado para investigar la desaparición. Gendarmería contestó la intimación negando haber detenido a Maldonado y sin informar si había tomado medidas tendientes a investigar la suerte del militante desaparecido. El 6 de agosto, el Juzgado Federal de Esquel brindó un comunicado a la prensa en el que señalaron que no hay indicio que confirme que el joven haya sido detenido por Gendarmería. Si bien Prefectura Naval realizó un rastrillaje en la zona, los miembros de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen negaron la posibilidad de hacer un rastrillaje con drones y no permitieron la búsqueda en ciertas zonas al personal policial con perros guías que utilizaban ropas de Maldonado para el rastrillaje, lo que fue parcialmente desmentido por el Defensor Público ante el juzgado federal, que afirmó que la comunidad solo rechazó el uso de drones. Asimismo, hasta ese momento no habían sido aportados datos de los testigos presenciales que hayan visto cuando Santiago Maldonado era capturado por la Gendarmería Nacional.


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text: El gobierno argentino fue demandado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para que tome medidas para encontrar a Santiago Maldonado. El 7 de agosto el Comité expresó su "preocupación por la integridad física y psicológica del joven" y requirió al Estado argentino que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización", tomando "todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva”. El organismo de las Naciones Unidas exigió también que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición” y que el gobierno argentino resguarde las pruebas que permitan identificar a los responsables. El mismo día, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa para quienes ""sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero"".


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text: El 23 de agosto, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, dictó una medida cautelar para que el Estado argentino «adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del señor Santiago Maldonado» y que «informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos».


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text: El 29 de noviembre de 2018, el juez federal Gustavo Lleral cerró la causa por la muerte de Santiago Maldonado y confirmó que el artesano murió ahogado y no hubo desaparición forzada.


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text: Luego de la desaparición de Santiago Maldonado, Gendarmería Nacional de Argentina realizó tareas de espionaje a su familia. Estas acciones se conocieron luego de que fueran analizados los teléfonos celulares de algunos miembros de dicha fuerza.


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text: El 25 de noviembre de 2017, fuerzas de la Prefectura Naval Argentina mataron al joven mapuche Rafael Nahuel en la zona de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, en el marco del desalojo violento de la comunidad Lafken Winkul Mapu. La causa de la muerte de Nahuel fue un disparo por la espalda con un arma de fuego de 9 mm.


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text: La ministra Bullrich, acompañada por el ministro Garavano, sostuvieron en conferencia de prensa que la muerte de Nahuel y las heridas de bala sufridas por las otras dos personas constituyeron actos legítimos realizados por miembros de la Prefectura Naval, debido a que las víctimas eran parte de un "grupo que está fuera de la ley que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio", armado con "armas de grueso calibre", con las que atacaron a las fuerzas de seguridad. Mencionó que los autores de los disparos fueron cuatro prefectos y que el Ministerio de Seguridad no iba a tomar medidas tendientes a probar lo que había sucedido. Respecto de la armas supuestamente en poder del grupo al que combatió la Prefectura, sostuvo que seguramente ya no estarían más en el lugar en que se produjo la represión. La ministra Bullrich también cuestionó al juez federal con jurisdicción en el caso y envió su pésame a la familia del joven que murió baleado por la Prefectura. En conferencia de prensa la ministra identificó al "grupo" con el que afirmó que se habían enfrentado las fuerzas de seguridad, denominándolo "comunidades RAM", en referencia a una organización llamada Resistencia Ancestral Mapuche, de identidad incierta, y al que las comunidades mapuche y otros observadores han acusado de ser en realidad agentes de inteligencia.


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text: El presidente Macri, por su parte, respaldó los actos de los prefectos en Villa Mascardi y a la ministra Bullrich, sosteniendo que el gobierno estaba realizando un "cambio cultural" respecto de las fuerzas de seguridad, con el fin de "volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse".


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text: La muerte, la represión y la actitud del gobierno fueron objeto de cuestionamientos por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, políticos y sociales, y motivaron un pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En el ámbito internacional, Amnistía Internacional emitió un parte de prensa en el cual expresó el repudio de la organización por "la muerte de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años en un contexto de represión en Villa Mascardi".


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text: En diciembre de 2017 el periodista Marcelo Bonelli reveló que Mauricio Macri ordenó realizar informes de inteligencia sobre los cacerolazos contra su gestión.


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text: Durante el episodio de la desaparición del ARA San Juan (S-42) comenzó una campaña de hostigamiento contra los familiares de las víctimas luego de que expresaran críticas al presidente Mauricio Macri. Padres, hermanos y hermanas de los tripulantes sufrieron todo tipo de insultos y acusaciones en la red social Twitter. Según diferentes medios, los ataques fueron realizados por un grupo de "trolls" que tiene el gobierno macrista en las redes sociales y que cuenta con un presupuesto de 160 millones de pesos. Diferentes fuerzas políticas, organizaciones sociales, periodistas y famosos denunciaron que el Gobierno estaba detrás de los ataques que sufrieron diariamente en las redes y acusaron a Marcos Peña de haber construido un call center en Casa Rosada para llevar a cabo estas amenazas a opositores y críticos. Según declaró uno de los arrepentidos quienes estarían detrás de las operaciones de los trolls fueron Lucho Bugallo, un delfín de Elisa Carrió, y Mariana Laura Torres, una militante del partido de Patricia Bullrich "Unión por la Libertad" quién es consejera escolar por Cambiemos. La vicepresidenta Gabriela Michetti y el asesor Jaime Durán Barba, entre otros funcionarios, habían sido denunciados penalmente meses antes por el supuesto montaje de una red de "trolls" oficialistas presuntamente financiada con fondos públicos del Senado. A fines de 2016 se presentó una denuncia penal para investigar el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un "call center" que se dedicaría a replicar en las redes sociales mensajes de adhesión al Gobierno y hostigar a políticos y artistas opositores. Según informes periodísticos Marcos Peña, el Jefe de Gabinete, ha sido señalado como ejecutor de un equipo de "trolls" en las redes sociales para operar contra paros y movilizaciones y atacar y agredir opositores y famosos críticos. Este equipo estaría integrado por 40 personas que trabajan dentro de la Casa Rosada. Entre otros han sido víctimas de dichas campañas de hostigamiento Marcelo Tinelli, cuando este realizó críticas al gobierno, y Mirtha Legrand quién declaró sus simpatías por el gobierno, pero pese a ello la acusaron de golpista tras decirle a Mauricio Macri que los "políticos no ven la realidad". También fue agredido el periodista Ernesto Tenembaum, a quien se scusó de ser funcional al kirchnerismo, y el actor turco Ergün Demir tras criticar por TV la represión a la carpa docente. Dicha modalidad también fue utilizada contra sindicalistas como Roberto Baradel. Además fueron atacados Nelson Castro y Luciana Geuna (periodistas del Grupo Clarín) por haber firmado una solicitada donde denunciaban una embestida del oficialismo contra el Grupo Octubre, donde trabajaba el periodista Horacio Verbitsky. El actor Diego Reinholds denunció agresiones y las atribuyó a "los mismos que atacaron a Marcelo Tinelli". En 2018 la organización "Reporteros sin fronteras", que elabora todos los años un informe en el que clasifica a los países de acuerdo a la situación de libertad de prensa, destacó que Argentina cayó dos puestos respecto al ranking anterior y describió la situación como "preocupante", resaltando que "Los medios de comunicación más críticos a menudo son acusados de calumnia y comparecen ante tribunales civiles. En 2017, durante las multitudinarias manifestaciones, varios reporteros fueron agredidos violentamente por la policía".


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text: En junio de 2018 un grupo de 29 eurodiputados de España, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Finlandia e Irlanda expresaron su preocupación por los ataques a la libertad de expresión en la Argentina bajo el gobierno de Macri, en una declaración conjunta en la que se expresaba la “preocupación ante los ataques a la libertad de expresión que se viven en Argentina desde que el gobierno de la Alianza Cambiemos está en el poder” exigiéndole “al gobierno de Mauricio Macri que desista de la persecución a periodistas opositores y garantice la libertad de expresión”. En una declaración conjunta en la Embajada Argentina en Bruselas pidiendo al gobierno de Mauricio Macri que "se abstenga de perseguir a los periodistas de la oposición".


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text: Amnistía Internacional Argentina realizó un estudio sobre ciberataques contra reconocidos periodistas y activistas por los derechos humanos críticos al gobierno. La organización publicó un trabajo de investigación bajo el título "El debate público limitado. Trolling y agresiones ala libre expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina". En él se añalizan 354 000 tuits generados por la interacción de 9 periodista y 2 defensores de los derechos humanos en las semanas entre 22 de octubre de 2017 al 14 de noviembre de 2017. En ellos, casi la mitad "tuvieron vínculo directo con acciones previas de cibertropas identificadas discursivamente con el gobierno nacional". Las cuentas analizadas corresponden a los periodistas Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, María O ́Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum, Nelson Castro y Carlos Pagni y a los defensores de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel y Mariela Belski.


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text: En 2018 Greenpeace Argentina denunció al empresario Alejandro Peña Braun, primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, por amenazas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con la denuncia "personas de estrecho vínculo con el gobierno de Mauricio Macri habrían perpetrado una serie de ataques" contra los principales dirigentes de esa organización con el propósito amedrentarlos y dificultar sus actividades. El empresario Alejandro Peña Braun aseguró que iba a destinar "2 o 3 palos verdes para joderlos". Desde entonces un ejército de trolls lleva adelante un campaña difamatoria en su contra. Las amenazas y amedrentamientos. Los hostigamientos comenzaron cuando Greenpeace protestaba contra Alejandro Peña Braun, convertido recientemente en uno de los empresarios más ricos del país y dueño de uno de los terrenos de la llamada "Finca Cuchuy", en Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos. Marcos Peña es señalado por estar detrás del ejército de trolls que operan en las redes sociales en favor del gobierno de Cambiemos y que llevan adelante una violenta campaña sucia contra sus detractores, meses antes se presentó una denuncia penal para investigar el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un "call center" ubicado dentro de la misma Casa de Gobierno que se dedicaría a hostigar a políticos, defensores de derechos humanos, intelectuales, políticos y artistas opositores.


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text: En diciembre de 2015, Macri designó ministro de Comunicaciones a Oscar Aguad. Dos días después de asumir su cargo Aguad declaró públicamente que el gobierno estaba contra la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley ponía límites a la concentración de medios y disponía a las AFSCA como su autoridad de aplicación. Aguad declaró que la modificarían para asegurar "la libertad de expresión" y dejar "que los medios compitan entre sí en el mercado de la manera tradicional".


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text: El segundo día de su mandato, Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) disponiendo que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) pasaran a depender del Ministerio de Comunicación. Varias organizaciones y sindicatos denunciaron que la creación de la nueva cartera busca eliminar la autarquía de la AFSCA, constituyendo una intervención encubierta y convocaron a un abrazo simbólico en defensa a la AFSCA y la preservación de su autonomía.


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text: El 23 de diciembre Macri dispuso intervenir por decreto de necesidad y urgencia la AFSCA y la AFTIC. Los organismos estaban conducidos según lo ordena la Ley de Medios, por directorios cuyo mandato finalizaba en 2017, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Parlamento y de las Universidades, que fueron depuestos de sus cargos. En su lugar Macri designó a un militante del PRO Agustín Garzón. El Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad dio a conocer la medida mediante una conferencia de prensa y justificó la medida diciendo que las autoridades de la AFSCA habían cometido un acto de "rebelión", que el presidente Martín Sabbatella era un "militante político" y que "la razón de la intervención es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios".


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text: Sabbatella por su parte, con mandato en su cargo hasta 2017, afirmó que el "gobierno fue elegido democráticamente pero tiene actitudes de un gobierno de facto" y presentó ante la justicia un recurso de amparo y un habeas corpus.


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text: Pocas horas después de la intervención se reunió en la puerta de la AFSCA una manifestación para expresar su oposición a la medida, a la que concurrieron no militantes y también militantes y dirigentes sindicales, de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y de artistas entre otras organizaciones. Seguidamente el gobierno denunció penalmente a Martín Sabbatella por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder".


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text: A favor de la intervención se pronunció el dirigente peronista y exinterventor del COMFER Julio Bárbaro, quien sostuvo que "una sociedad democrática no puede tener a Sabbatella al frente de AFSCA porque es un personaje que no representa a ninguna mayoría. Si lo dejamos no tenemos sociedad". También apoyó la medida el intendente de San Miguel Joaquín de la Torre perteneciente a Unidos por una Nueva Alternativa, sostuvo que la intervención era "completamente legítima", y que "la unificación de los organismos es algo que se da en el mundo desarrollado. Los medios y las telecomunicaciones son dos caras de una misma moneda", "la AFSCA como la AFTIC funcionaban más que respetar, para la violación de la ley. Allí era todo arbitrariedad" y "eran organismos de persecución de quienes pensaban de modo distinto".


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text: En contra de la intervención se pronunció el Sindicato de Televisión (SATSAID) sosteniendo que "implica la violación flagrante de dicha ley (de Medios) votada por el parlamento y consensuada con todas las organizaciones representativas de la comunicación audiovisual". La intervención también fue rechazada por la Asociación Argentina de Actores, considerando que "un grave avasallamiento a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y a las normas democráticas". La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudió la intervención diciendo que "pone en vilo la calidad institucional de nuestro país" y exhortó a Macri a derogar el decreto. También repudiaron la decisión la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y los sindicatos de prensa de Río Negro, Buenos Aires, y Rosario (FETRACCOM-CTA). El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis repudió la intervención y cuestionó al ministro Aguad atribuyéndole vínculos con la dictadura. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que "este nuevo avasallamiento a la voluntad popular se suma al intento de imponer dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto y a la represión violenta a los trabajadores de la empresa Cresta Roja, e indica una muy preocupante tendencia autoritaria de la actual gestión nacional".


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text: El 24 de diciembre el juez Julián Ercolini ordenó desalojar el AFSCA, luego de la decisión del fiscal Carlos Stornelli de imputar a su titular Martín Sabbatella. Sabbatella cuestionó la decisión judicial, sosteniendo que la misma implicaba suspender la Ley de Medios y que la intervención era una actitud de "gobierno de facto" que debía ser urgentemente resuelta por el Poder Judicial.


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text: En enero de 2016 se dispuso la fusión de AFSCA y AFTIC en un nuevo organismo que lleva el nombre de Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mediante el decreto número 7/2016. También se oficializó a Miguel de Godoy como presidente de directorio del ENACOM con rango y jerarquía de secretario de Estado, y fueron designados por el Poder Ejecutivo Nacional, Heber Martínez, Alejandro Pereyra y Agustín Garzón.


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text: En mayo de 2016, una de las primeras medidas del ENACOM fue facilitar una orden de allanamiento contra Barricada TV, un canal televisivo comunitario. También se denunció en 2016 que tres canales comunitarios ganaron concursos y licencias legales pero no se les asignaron señales, mientras que Canal Trece (Grupo Clarín) seguía operando con su licencia vencida, según la denuncia.


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text: La Resolución 9435 y la Resolución 2064-E/2017 del ENACOM motivaron el cierre de varias emisoras en todo el país. Incluso se iniciaron acciones penales contra los responsables de las emisoras y algunos periodistas bajo el argumento de que las radios interferían las comunicaciones aéreas. En todos los casos se trataba de emisoras con una línea editorial crítica del gobierno nacional.


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text: Los cierres se extendieron a radios de todo el país, a las que en muchos casos se le decomisaron sus equipos. Esto incluye a la radio comunitaria FM Ocupas de Moreno, Radio M de La Matanza y FM Fórmula de Merlo, Radio Comunitaria del Sur de Santiago del Estero, FM Popular, FM La Torre y FM Milenium de Formosa, FM Popular de Córdoba, FM Coiron de Comodoro Rivadavia, FM Radio Mix de Diamante y FM Rosicler de la ciudad de Salta.


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text: Estas medidas fueron criticadas por diversas agrupaciones. La Defensoría del Pueblo de Formosa que advirtió sobre la “vulneración de los derechos amparados por la Constitución Nacional”. La Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza denunció que Cambiemos busca "cercenar, silenciar y desaparecer a los medios de comunicación populares" y vía comunicado pidió cesar de inmediato con estas prácticas violentas y arbitrarias que buscan acallar las voces de la diversidad.


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text: Luego de 500 días de vigencia del decreto que permitía la clausura y secuestro de material de radios, se organizó un microfonazo frente a la sede del Ente, convocado por la Cadena Nacional de Medios Populares Interredes y participarán la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CNTA), AReCIA Revistas Culturales Independientes Autogestivas, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Red PAC Productoras Audiovisuales Comunitarias, RED Colmena, FARCO, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC) y Red Com.


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text: En 2017 se dio la autorización a Nextel, del Grupo Clarín, para prestar 4G sin licitación y sin pagar por las frecuencias. Telefónica advirtió que iría al CIADI por trato discriminatorio debido a que debió pagar las bandas para dar 4G, mientras que Nextel iba a poder hacerlo sin pagar. Mientras que Telefónica, Telecom y Claro participaron de la licitación en 2014 pagaron en total más de 1.500 millones de dólares por las frecuencias, en cambio a Nextel se le asignaron frecuencias para dar 4G sin licitación y sin pagar por las mismas.


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text: En diciembre de 2016 el Gobierno emitió una resolución en la cual estableció que los cableoperadores de alcance nacional debían incluir en su programación la señal del canal La Nación +, por calificarlo de "interés nacional". Dicho diario ha sido considerado afín a las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional, y se inauguró con una entrevista que Mauricio Macri concedió al ciclo.


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text: El 12 de diciembre de 2015, dos días después de su asunción, Mauricio Macri, ordenó la suspensión inmediata de la señal del canal Senado TV, que transmitía en vivo las sesiones del Senado, los discursos y votaciones. A poco de asumir, los trabajadores de Infojus, —portal que recoge las noticias judiciales—, denunciaron que desaparecieron del portal unas 10 mil notas e investigaciones periodísticas y judiciales, desapareciendo coberturas enteras sobre casos de corrupción que comprometían a funcionarios del nuevo gobierno. Entre las notas e informes judiciales que dejaron de ser accesibles, figuraban temas que involucran al presidente Mauricio Macri, como su imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital Borda, la responsabilidad en el incendio intencional del depósito de documentos vinculados a lavado de dinero de la empresa Iron Mountain en el que murieron diez personas, o la supuesta relación de la primera dama Juliana Awada con talleres de costura clandestinos con mano de obra esclava, entre otros. Finalmente acusaron al Ministro de Justicia Gérman Garavano de haber ordenado borrar las notas.


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text: El 7 de junio de 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció oficialmente que sacaba la señal Telesur de la televisión digital terrestre argentina, siendo dada de baja el día 29. El 9 de junio de 2016, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos anunció la suspensión de la señal de RT en Español en la TDA. Victoria Vorontsova, directora de emisión del canal ruso, declaró que el gobierno argentino se había acercado a Estados Unidos y que no le sorprendería que «en esa frecuencia apareciera la CNN en vez de un canal regional». Tras varios meses la señal sería repuesta.


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text: En octubre de 2016 los periodistas del Grupo Indalo Gustavo Sylvestre y Mauro Federico denunciaron haber sido blanco de hackeos por parte de una unidad dependiente del Agencia Federal de Inteligencia.


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text: Ese mismo año, días antes del estreno de la novela "La Leona", un grupo de internet, que Miguel Ángel Solá atribuyó a punteros políticos del gobierno nacional, llamó a un boicot contra la novela, debido a la posición tomada a favor del kirchnerismo de Pablo Echarri y Nancy Dupláa. El presidente Mauricio Macri deseó suerte a la novela en su estreno, y criticó los boicots. Pese al intento de boicot, el día de su estreno superó ampliamente a sus competidores. Tras ganar el premio Martín Fierro, algunos medios denunciaron que funcionarios del macrismo se habrían comunicado con miembros de APTRA para sugerir que los protagonistas de la ficción La Leona, —opositores al macrismo—, no sean distinguidos en la ceremonia. El periodista especializado en espectáculos Jorge Rial reveló que varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se acercaron a APTRA para sugerir que figuras críticas al gobierno no ganen los Martín Fierro. Una semana antes de los premios, Macri había invitado a la residencia de Olivos a varios periodistas del espectáculo, entre ellos miembros de Aptra incluido el presidente de la asociación, fuera de la agenda oficial, por lo que no saldría en el Boletín Oficial donde se enumeran las reuniones que mantiene el presidente. Se iba a tratar de una reunión absolutamente secreta y "off the record", según la revista Pronto. Uno de los temas tratados fue que en la entrega de los premios Martín Fierro no exista ningún discurso en contra del macrismo, y que, de existir, ellos no le den repercusión en sus respectivos programas de televisión.


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text: El 20 de agosto de 2019, la diputada nacional Elisa Carrió, una de los líderes de la coalición de gobierno, afirmó como "vocera oficial" de Cambiemos, en el programa "Desde el llano", del canal TN del Grupo Clarín, que el gobierno condenaría a los periodistas que comuniquen reuniones falsas para debilitar al presidente Macri. La frase exacta fue la siguiente:La amenaza mereció el repudio inmediato de amplios sectores.


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text: Según los informes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se determinó que el gasto en publicidad oficial se cuadruplicó de diciembre de 2015 a junio del 2016. En tanto en su segundo año de gobierno aumentó un 205% el gasto en publicidad. Coincidiendo con el año electoral, el presupuesto en publicidad y pauta oficial pasó de 1.881 millones en 2016 a 4.130 millones de pesos en 2017.


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text: En diciembre de 2015 el presidente Macri designó a Susana Malcorra como ministra de Relaciones Exteriores y Culto, quien venía de trabajar en las Naciones Unidas. Malcorra había sido señalada por una investigación interna de Naciones Unidas por el rol que cumplió en el ocultamiento de denuncias por abusos sexuales a menores de edad perpetrados por Cascos Azules de la ONU y fuerzas de paz de Guinea, Chad y Guinea Ecuatorial en misiones en África. También fue denunciada junto a otros funcionarios del organismo en silenciar y perseguir al denunciante del escándalo, un especialista en derechos humanos de Suecia, Anders Kompass, quien presentó la denuncia ante autoridades de Francia.


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text: La política exterior de Mauricio Macri fue caracterizada como "pragmática" durante la gestión de Susana Malcorra y a partir de la asunción de Jorge Faurie, hacia mediados de 2017, como "unilateralismo periférico concesivo".


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text: Malcorra renuncia en 2017 para postularse al cargo de Secretaria General de Naciones Unidas, para suceder a Ban Ki-moon al frente del organismo. La candidatura tuvo un costo de más de un millón de pesos, provenientes de fondos del estado. La canciller dedicó gran parte de su tiempo solo a impulsar su candidatura, viajando por varios países y teniendo a su disposición 13 funcionarios.


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text: Ambos cancilleres coincidieron en una clara orientación hacia el alineamiento con Estados Unidos y organismos supranacionales como la OMC, en detrimento de alianzas regionales como la UNASUR. La política exterior enfocada casi exclusivamente en el mercado norteamericano ha sido calificada como «exitosa "en el juego corto"» por el ex vicecanciller Andrés Cisneros (1992-1996), quien señaló que «Hay un riesgo: el de hipotecar toda la política exterior en nombre de una facturación hipotéticamente un poco mayor. Parecemos demasiado enfocados en el mercado norteamericano».


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text: Durante sus primeros meses de mandato produjo un giro de la política exterior caracterizado por el acercamiento a Estados Unidos. Pese a ello se desató un conflicto con la importación de limones a principio de 2017 y más tarde EE. UU. anunciaba la aplicación de un arancel del 57% a la importación del biodiésel argentino, el producto más exportado de Argentina hacia EE. UU. Posteriormente lo elevó nuevamente hasta el 72%. El biodiésel era, hasta ese momento, el principal producto de exportación a los Estados Unidos, con 1,5 millón de toneladas, y una ganancia de 1.140 millones de dólares en 2016. Paralelamente EE. UU. eliminó facilidades que beneficiaban a los argentinos y limitó el ingreso de profesionales, endureciendo los requisitos para el otorgamiento de la Visa estadounidense para ciudadanos argentinos.


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text: En 2018 Estados Unidos impuso nuevos aranceles a la industria argentina, y anunció aranceles del 25% al acero y el 10% al aluminio. En 2017 la Argentina había vendido más de US$ 500 millones en aluminio y US$220 millones de acero al país norteamericano, lo que fue calificado por la prensa argentina como un "golpe comercial al país".


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text: A mediados de 2018 el gobierno de Mauricio Macri dejó de pagar las cuotas obligatorias en decenas de organismos internacionales. El resultado es que puso a la Argentina como blanco de reclamos y al borde de perder el derecho al voto. A fines de 2019 una nota del subsecretario general de la ONU y encargado del contralor presupuestario exigió a la Argentina un pago mínimo de 17 millones de dólares como parte de los 106 millones de dólares adeudados con la ONU durante el régimen macrista. El 4 de octubre de 2019 el subsecretario Chandramouli Ramanathan recordó en una carta a la Cancillería argentina que para votar en la Asamblea General de 2020 el país debía efectuar el pago mínimo, invocando el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas: “El miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos”. Según diversas fuentes el gobierno de Macri le dio importancia a la ONU solo en su primer año, para promover a Malcorra, tras el fallido intento de Malcorra de presidir la ONU a partir de 2017, ya sin la esperanza del triunfo, dejaron de abonar los compromisos con el organismo. El riesgo de perder el derecho a voto y a recibir sanciones por las deudas acumuladas entre 2017 y 2019 obligaron a modificiones presupuestarias último momento en el último día hábil de 2019, el 30 de diciembre siendo abonadas las deudas heredadas por el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores Felipe Solá. El Gobierno de Macri dejó una deuda de casi 150 millones de euros en impagos a organismos como la ONU, MERCOSUR, o la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que situo a Argentina en riesgo de perder su derecho a voto en dichos organismos.


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text: Además se acumularon deudas con otros organismos internacionales: Argentina dejó de pagar la parte que le corresponde en el dragado del Río Uruguay y del Río de la Plata, según los acuerdos con Uruguay. Ya en 2017 comenzó a acumular deuda por no pagar la cuota en la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). Al mismo tiempo se desarrolló una política de quitar atención a la ONU y a los organismos regionales. Por otro lado otros organismos fueron abandonados progresivamente por el presupuesto fueron el Parlasur con la decisión macrista de no convocar a elecciones específicas en el 2019 como acordaba la ley, el Instituto Social del Mercosur, el Instituto de Política Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración.


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text: Al finalizar el gobierno de Mauricio Macri Argentina adeudaba sus cuotas obligatorias a los siguientes organismos: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Corte Penal Internacional, Aladi.