text: El coronel retirado Antonio Herminio Simón y el agente de inteligencia del Ejército Alfredo Omar Feito fueron condenados a 19 y 10 años de prisión, respectivamente. Por otro lado, resultaron absueltos el coronel retirado Julián Marino y al teniente coronel José Ramón Pereiro, exmiembros del Batallón de Inteligencia 601.En este juicio se condenó a Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, a 19 años de prisión; y a Jorge Julio Bianchero, extitular de la seccional 3 de Villa Lynch, a 9 años de prisión. Se los juzgó por las desapariciones de Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski, Mirta Silber y Carlos Pérez, que fueron secuestrados el 12 de mayo de 1979. Cuatro de ellos eran estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta. Las seis víctimas permanecen desaparecidas y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Quedó fuera del juicio por cuestiones de salud el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201.Se trata del segundo juicio por los crímenes cometidos en Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Fueron condenados el expolicía federal Pedro Godoy y el exmiembro del Ejército Alfredo Feito. Feito se encontraba prófugo y Godoy había sido recientemente identificado cuando se realizó el primer juicio por ABO. Este juicio fue por los mismos 181 casos que habían formado parte del primer debate oral. Feito fue condenado a 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años por 152 casos. Fue la primera vez que se aplicaron las reglas prácticas de la Cámara Nacional de Casación Penal para la agilización de los juicios elaboradas en 2012.En esta causa fue investigada la responsabilidad de Alberto Carlos Lucena, jefe militar del Área 313, y Juan Daniel Rauzzino, a cargo de la Policía a partir de abril de 1976, por los secuestros de los hermanos Francisco y Griselda Ponce, militantes de la Juventud Obrera Católica; el sobrino de ellos, Bruno Genaro Burgos, y por Nelly Yolanda Borda, estudiante de bioquímica que militaba en el PRT. Lucena y Rauzzino fueron condenados a 16 y 10 años de prisión, respectivamente.En este juicio se juzgaron los crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones del destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, centros clandestinos de detención dependientes de la policía provincial de Misiones. Los imputados cuya responsabilidad fue investigada en esta causa fueron Carlos Omar Herrero, exteniente coronel a cargo de la Policía desde el 9 de junio de 1976, Felipe Nicolás Giménez, ex comisario de la Policía de Misiones; Guillermo Roque Mendoza, médico de la Policía; Julio Argentino Amarilla, un exagente y Carlos Alberto Pombo, parte del grupo de tareas de la fuerza que operaba en los centros clandestinos dependientes de la policía provincial.


title: Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina

text: Herrero, fue condenado a 20 años de prisión; Giménez, a 21 años de prisión; Amarilla, a 7 años de prisión; y Pombo, a 7 años de prisión. Asimismo, Mendoza fue absuelto de los cargos.En este juicio la Justicia dio por probada por primera vez la existencia de una «práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad» en «el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar». Esa decisión estaba pendiente desde el Juicio a las Juntas, en el que se absolvió a Videla por cinco de los seis casos que llegaron a juicio, ya que se consideró que la práctica sistemática no existía y que las apropiaciones eran casos aislados. En el primer tramo de la causa fue condenado Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión. El tribunal condenó además a otros ocho represores: Antonio Vañek a 40 años de prisión, Jorge Acosta a 30 años, Santiago Omar Riveros a 20 años, Reynaldo Benito Bignone y Víctor Gallo a 15 años, Juan Antonio Azic a 14 años, Jorge Luis Magnacco a 15 años de prisión e Inés Susana Colombo a 5 años de prisión. Asimismo, la condena absolvió a Rubén Franco y a Eduardo Ruffo.Se trató del primer juicio realizado en Bahía Blanca fueron condenados a prisión perpetua 11 integrantes del Ejército y tres de la policía federal. Otros dos tres imputados fueron condenados a penas entre 18 y 17 años de prisión. Fueron investigados los crímenes cometidos en perjuicio de 90 víctimas, de las cuales muchas eran militantes de Montoneros, la Juventud Peronista (JUP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Entre los casos también se encuentra la “Masacre de la calle Catriel”, y los casos de dos embarazadas: Olga Souto de Castillo y María Graciela Izurieta.Se trató del tercer tramo de la causa Contraofensiva. Fueron condenados los agentes civiles de inteligencia Carlos Eduardo José Somoza y Jorge Oscar Baca. Ambos utilizaban como sosías los nombres César Ernesto Segal y Juan Omar Boyé para sus tareas asignadas por el Batallón 601. Julio Cirino fue absuelto en primera instancia pero fue condenado en el fallo de la Cámara Federal.En esta causa fueron acumulados cuatro expedientes por los crímenes que damnificaron a 86 personas. Fueron cometidos en la Comisaría 1ª y en el centro clandestino de detención «La Cueva», ambos de Mar del Plata, y en la Comisaría 4ª y la Subcomisaría Díaz Vélez, las dos de Necochea. Alfredo Manuel Arrillaga, Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Beccio fueron condenados a prisión perpetua. Seis imputados más fueron condenados a penas de entre 5 y 25 años. Resultaron absueltos en este juicio Aldo José Sagasti y Marcelino Blaustein.El 15 de agosto de 1972 se fugaron 25 presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 de Rawson. Solo seis de los prisioneros lograron escapar a Chile; los 19 restantes se entregaron en el aeropuerto de Trelew al capitán de navío Luis Emilio Sosa. Los detenidos fueron llevados a la base aeronaval Almirante Zar, en donde se mantuvieron incomunicados durante seis días. En la madrugada del 22 de agosto, los prisioneros fueron fusilados por personal militar. Dieciséis murieron y tres lograron sobrevivir. Por estos hechos fueron condenados Sosa y dos marinos más, Emilio Jorge del Real y Carlos Amadeo Marandino. El jefe de la base Rubén Paccagnini y el juez militar Jorge Enrique Bautista fueron absueltos, decisión que fue revocada por la Cámara Federal. En este juicio se dio por acreditado que el inicio del Plan Clandestino de Represión fue anterior al golpe de 1976. El tribunal ordenó que se solicite la extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y está acusado de haber sido uno de los autores de la masacre.En el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la llamada Subzona 52 se juzgó a 21 imputados. Se investigaron secuestros producidos en distintas ciudades de la región: Neuquén (incluyendo el operativo en el barrio Sapere), Cipoletti, Cinco Saltos, Cutral Có, Junín de los Andes, General Roca, Plottier, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche.En 2012 el Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a Antonio Musa Azar a cadena perpetua. Fue un fallo histórico en el cual se condenó el abuso deshonesto (sexual) (violaciones sexuales) en perjuicio de un detenido varón.


text: Se dictó sentencia en la causa que acumuló los expedientes que agruparon los casos de desapariciones forzadas de personas anteriores al 24 de marzo de 1976 (Grupo I); los hechos de detenciones ilegales, allanamientos, secuestros, torturas, etc. anteriores al 24 de marzo de 1976 (Grupo II) y los casos de desapariciones forzadas de personas a partir del 24 de marzo de 1976 (Grupo III). Se condenó a los 10 imputados, por los delitos cometidos en contra de 44 víctimas.En el primer juicio de la provincia de La Rioja fueron condenados a prisión perpetua el ex general Luciano Benjamín Menéndez, el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, quien era segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, y el ex comisario Domingo Benito Vera por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, secuestrados el 18 de julio de 1976 en la parroquia El Salvador, de Chamical. Los cuerpos de las víctimas aparecieron dos días después en un descampado.En esta causa se juzgó la responsabilidad del ex obstetra del Hospital Naval Jorge Magnacco, por la sustracción, retención y ocultación de Evelin Karina Bauer Pegoraro. Magnacco atendió a la madre en el parto, que tuvo lugar en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.Los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Comisaría 5.ª de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco denominada “Puesto Vasco”, COT I Martínez y la Brigada de San Justo formaron parte de esta megacausa. También se investigaron los hechos conocidos como “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y los hechos sucedidos en la casa de “TeruggiMariani”, incluida la apropiación de la menor Clara Anahí. En el debate fue ampliada la acusación por el delito de homicidio, receptando la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense que permitió identificar a muchas víctimas del juicio. Fueron condenados 20 policías bonaerenses, dos integrantes del Ejército y el funcionario civil de la dictadura, Jaime Lamont Smart.Sebastián Casado Tasca nació en marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre, Adriana Leonor Tasca, quien fue secuestrada cuando estaba embarazada de cinco meses y estuvo detenida en «La Cacha». Gaspar Casado, padre de Sebastián, estuvo detenido en la ESMA. El niño fue entregado por un oficial de las Fuerzas Armadas a un matrimonio que lo inscribió como hijo propio con una partida de nacimiento falsa. Sebastián recuperó su identidad en febrero de 2006. En esta causa se investigó la responsabilidad de su apropiadora, Silvia Beatriz Molina y de la médica que falsificó la partida de nacimiento, Nora Raquel Manacorda.Héctor Pedro Vergez fue juzgado por los secuestros y desapariciones del empresario Julio Gallego Soto y del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien se oponía a una maniobra del ministro José Alfredo Martínez de Hoz para beneficiar a los dueños de la excompañía de electricidad Italo. También se lo juzgó por la desaparición de Javier Coccoz, militante del ERP, y el secuestro de su esposa Cristina Zamponi. Vergez fue uno de fundadores del llamado “Comando Libertadores de América” en Córdoba, un grupo parapolicial que funcionaba bajo el mando del área de Inteligencia del Ejército.Fue el primer juicio en el que se juzgaron hechos ocurridos en la jurisdicción de Paso de los Libres. Se condenó al excoronel Ángel Raúl Portillo, jefe del Destacamento de Inteligencia 123, a 16 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de Héctor Acosta, quien continúa desaparecido. Tenía 18 años al momento de su secuestro, ocurrido el 22 de marzo de 1976.Este juicio abarcó tres causas sobre crímenes cometidos en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia. Fueron condenados Juan Miguel Valentino, Naldo Miguel Dasso, Julio César Rodríguez y Francisco Crescenzo. Resultaron absueltos Marcelo Alfredo Pérez, Juan Carlos Mondragón y Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral. Albano Harguindeguy, exministro del Interior, también se encontraba imputado pero falleció durante el debate.El debate reunió tres causas: una de ellas es conocida como Masacre de Juan B. Justo, en la cual se investigaron los asesinatos de Ana María del Carmen Granada, del matrimonio de Omar Amestoy y de María del Carmen Fettolini junto con de sus hijos, cometidos durante un operativo del Ejército y la Policía Bonaerense en noviembre de 1976. El único sobreviviente de este operativo fue Manuel Gonçalvez, nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, quien en ese entonces tenía cuatro meses. En otra de las causas se investigó la desaparición de ocho militantes de la Juventud Peronista, ocurridas entre abril y mayo de 1978 en San Nicolás. La tercera causa que formó parte del juicio es la que investigó la privación ilegítima de la libertad que sufrió José María Mastroberardino. Fueron condenados Fernando Manuel Saint Amant, ex jefe del Área 132, Antonio Federico Bossie, ex jefe de Operaciones del Área 132, y Jorge Muñoz, ex jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal.Se trata del segundo tramo del circuito represivo que incluía los centro clandestino de detención de la Base Naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina (ESIM) y la Prefectura Naval. Fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura el general retirado Alfredo Manuel Arrillaga y otros seis marinos más. Otros tres marinos y dos prefectos fueron condenados a penas de entre 12 y 25 años de prisión. El abogado Juan Carlos Guyot, exauditor civil de la Armada, recibió una pena de 3 años de prisión. Además, el tribunal ordenó que se investigue participación o responsabilidad de civiles, jueces, fiscales, defensores y policías por ocultar pruebas, como los pedidos de "habeas corpus", o por no dar cuenta del entierro de cuerpos en cementerios sin ser identificados.En este juicio se juzgaron a nueve imputados por los secuestros de siete mujeres embarazadas (Marta Graciela Álvarez, Ana María Lanzilotto, María Eva Duarte, Isabel Acuña, Miryam Ovando, Susana Stritzler y Beatriz Recchia), de sus compañeros y de otras víctimas relacionados con ellos. También fueron juzgados los dos apropiadores de Laura Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando y Raúl René De Sanctis.Esta causa es la primera vez que llegan a juicio grandes operativos como PCML (operativo “Escoba”) y el de mayo de 1978. La mayoría de las víctimas fueron casos de desapariciones forzadas. En esta causa fueron condenados Alcides París Francisca, Paulino Enrique Furió, Juan Agustín Oyarzabal, Armando Fernández, Juan Antonio Garibote, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Benjamín Miranda, Ramón Ángel Puebla, Dardo Migno Pipaon y Fernando Morelado.El 5 de octubre de 1977 Eduardo Cagnola y Liliana Carmen Pereyra, embarazada de cinco meses, fueron secuestrados en Mar del Plata y permanecieron detenidos en la Base Naval de Buzos Tácticos de esa ciudad, hasta que la joven fue trasladada a la ESMA. En ese centro clandestino estuvo en la llamada “pieza de las embarazadas” y, en febrero de 1978, dio a luz a un bebé al que llamó Federico. El niño apropiado tiene hoy 35 años y recuperó su identidad en 2008 cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos comprobó que es hijo del matrimonio Pereyra-Cagnola. En esta causa se juzgó a los apropiadores Cristina Mariñelarena y José Ernesto Bacca, y a la entregadora Inés Graciela Lugones, viuda del teniente coronel Guillermo Minicucci quien comandó el centro clandestino «El Vesubio» durante la última dictadura cívico militar.Norberto Tozzo se encontraba imputado en la causa Masacre de Margarita Belén I, pero no pudo ser juzgado porque estaba prófugo cuando empezó el primer juicio. En 2011 fue localizado y extraditado desde Brasil. Fue condenado a 24 años de prisión tras ser encontrado culpable de la desaparición forzada de los militantes políticos Fernando Piérola, Roberto Horacio Yedro, Reynaldo Zapata Soñez y Julio Andrés Pereyra. No fue posible imputar por hechos que la jurisdicción brasilera consideraba prescriptos, por lo que solo fue juzgado por las privaciones ilegales de la libertad.Se trata del primer juicio de la provincia de Jujuy fueron condenados Antonio Orlando Vargas, José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga, quienes integraban el Ejército con rango de oficiales. También estaba imputado Luciano Benjamín Menéndez, excomandante del III Cuerpo de Ejército, pero fue apartado de la causa por razones médicas. Se trata de una causa que surge por la acumulación de cinco expedientes: uno de ellos investiga la desaparición del estudiante Julio Rolando Álvarez García, otros abarcan víctimas de Tumbaya, San Salvador de Jujuy y víctimas que fueron trasladadas desde San Pedro al penal de Villa Gorriti; también incluye los delitos de la llamada «Noche del Apagón» cometidos por fuerzas represivas en el ingenio Ledesma del Grupo Blaquier. Las condenas fueron Antonio Orlando Vargas, por homicidios calificados, la pena de prisión perpetua; Orlando Ricardo Ortiz, por homicidios calificados, la pena de prisión perpetua; César Díaz, por homicidios calificados, la pena de prisión perpetua; Mario Marcelo Gutiérrez, por homicidio, quince años de prisión; Carlos Alberto Ortiz, por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y tormentos agravados, doce años de prisión; y Herminio Zarate, por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y tormentos agravados, nueve años de prisión.La causa juzgó los secuestros de los tres hermanos Iaccarino en operativos simultáneos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en Santiago del Estero. Después de pasar por varias comisarías y centros clandestinos (ocho en total), llegaron a «El Infierno». Allí, a finales de agosto de 1977, fueron forzados a vender sus propiedades con la promesa de obtener la libertad, aunque nunca recibieron dinero a cambio. Luego fueron trasladados a la Unidad 9 de La Plata y, tras pasar unos meses en Santiago del Estero, en septiembre de 1978 quedaron en libertad. Por estos hechos fueron condenados dos policías bonaerenses.En esta causa fueron condenados tres imputados: Luis García, exmédico de la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson; Osvaldo Fano, el ex jefe de la cárcel y Jorge Steading, exguardia de la misma, por los hechos que damnificaron a dos víctimas. Una de ellas es Hipólito Solari Yrigoyen, quien era senador por la Unión Cívica Radical por la provincia de Chubut. La otra víctima era el abogado Mario Abel Amaya, quien fue defensor de presos políticos y tuvo un rol importante en los hechos vinculados a la Masacre de Trelew.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan acumuló cuatro expedientes con el objeto de realizar un debate común que concluyó con la condena de Gustavo De Marchi, Juan Del Torchio, Daniel Gómez, Alejandro Lazo, Osvaldo Martel, Horacio Nieto y Jorge Olivera por los casos que damnificaron a 58 víctimas. Todas ellas habían sufrido la privación de su libertad en centros clandestinos de detención que funcionaban dentro de un circuito represivo que comprendía a la Penitenciaría de Chimbas, el Regimiento de Infantería de Montaña 22, el edificio de la antigua legislatura, la central de la policía de la provincia de San Juan, la alcaidía de mujeres de la policía provincial y el CCD conocido como «La Marquesita»Elena Gallinari Abinet fue la primera nieta apropiada nacida en cautiverio restituida por Abuelas de Plaza de Mayo. Tenía diez años cuando fue encontrada y devuelta a su familia en 1987. Su madre María Leonor Abinet fue secuestrada en septiembre de 1976 cuando estaba embarazada de siete meses. No hay información sobre el tiempo transcurrido entre su secuestro y su muerte. En 1984 exhumaron restos de cinco personas enterradas como NN en el cementerio municipal de General San Martín. Elena y su familia dejaron muestras de sangre en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En abril del 2011 determinaron que entre aquellos restos estaba su madre. En esta causa fueron condenados a 10 años los apropiadores: el ex subcomisario Domingo Madrid y su esposa María Elichart. También fue condenada a 5 años la médica que firmó el acta de nacimiento, Silvia Kirilovsky.Se trata de la causa que surge como desprendimiento de la causa conocida como Unidad Penal 1. Juan Domingo Ayala fue condenado a 12 años por los casos de 6 víctimas, que estaban detenidos en la unidad penitenciaria cuando se fraguó un enfrentamiento el 17 de mayo de 1976, durante un traslado desde la UP 1 al Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la Córdoba. Uno de los vehículos era conducido por el imputado.Carlos Lossada, Lilian Lossada y Rosa Noemí Coto fueron secuestrados en noviembre de 1976 y llevados al centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento 5 de Infantería de Paso de los Libres. Ahí fueron torturados. Por estos hechos condenados por privación ilegítima de libertad y tormentos el exteniente primero Héctor Mario Filippo y los agentes civiles de inteligencia Carlos Faraldo y Rubén Ledesma, quienes se desempeñaron en el Destacamento de Inteligencia 123.Se trató del décimo juicio de la provincia de Santa Fe, y el primero en la sección de Reconquista. Fueron condenados siete imputados que pertenecieron a la fuerza aérea y a la policía de la provincia por delitos cometidos en el centro clandestino de detención «Brigada Aérea». Uno de ellos fue Danilo Sambuelli, exoficial de la Fuerza Aérea y ex interventor de la municipalidad de Reconquista durante la última dictadura, quien fue condenado a 21 años de prisión. Cinco de los imputados fueron condenados como autores directos de violaciones sexuales reiteradas a dos mujeres. Una de ellas se encontraba embarazada en estado avanzado y fue mantenida cautiva en su casa donde fue violada de manera reiterada frente a sus hijos de 2 años y 9 meses de edad. Cuando nació su hijo, fue apropiado. Otra de las víctimas también sufrió esclavitud sexual durante su cautiverio tanto en el centro clandestino como en su propia casa.En esta causa fueron juzgados los militares retirados Rubén Cervera y Horacio Maderna junto con el civil Pedro Alberto Rodríguez por el secuestro y las torturas que sufrió el titular del Sindicato de Municipales de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casado. Cervera era el jefe del Batallón 121 de Arsenales de Fray Luis Beltrán, y fue nombrado interventor de este municipio durante la dictadura. Maderna también formaba parte del Batallón de Arsenales, y fue designado secretario de Gobierno de la intendencia de San Lorenzo, mientras que Rodríguez continuó como asesor jurídico del municipio. Esta causa abrió el camino para iniciar las investigaciones acerca de la represión en el cordón industrial de San Lorenzo.Se juzgaron los crímenes de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos en perjuicio de 28 víctimas en el ámbito del circuito represivo que operó en la zona de Zárate y Campana, en el norte del conurbano bonaerense. La mayoría de las víctimas eran militantes sociales, políticos y sindicales, entre ellos el intendente de Zárate, Francisco Bugatto. El juicio se caracterizó por develar pruebas de la existencia de un circuito de 18 centros clandestinos en la zona, muchos de ellos nunca investigados, y que funcionaron en lugares como un club, un buque o una mansión. Se solicitó en la sentencia que sean investigados en la instrucción.Los casos investigados en este juicio corresponden a Andrés Abelardo Ángel y otras seis víctimas de la localidad de Famatina, provincia de La Rioja, secuestradas por una comisión reservada del Escuadrón n° 24 (dependiente de Gendarmería Nacional) de Chilecito, donde funcionaba un centro clandestino de detención. Los imputados pertenecían a la Gendarmería y al Ejército. Tres fueron condenados y cuatro resultaron absueltos.En esta causa se investigaron crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias del Regimiento de Infantería de Monte 29 (RIM 29) durante los años 1976 y 1978. Se imputó a los que conformaron una asociación ilícita en los secuestros, torturas y desapariciones que tuvieron lugar en la provincia. Se trató del juicio más largo y completo de Formosa, pues concentró un número importante de víctimas y hechos represivos.Se trató del octavo juicio de la megacausa Campo de Mayo, se acumularon tres causas en las que se investigaron los secuestros de Roberto Quieto (un hecho ocurrido en 1975, previo al golpe de Estado), de María Delia Leiva y la apropiación de su hijo, Gabriel Matías Cevasco, y la de Martín Amarilla Molfino (hijo de Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla). En ambos casos se trata de nietos restituidos.El 12 de diciembre de 2013 el TOF de Tucumán condenó a Luciano Benjamín Menéndez a doce años de prisión, por considerarlo autor mediato del delito de privación ilegal de la libertad cometido en perjuicio de Jorge Ricardo Ygel y Julia Rita Ariza. Las víctimas fueron secuestradas en el año 1977 con el objeto de despojarlas de 25 hectáreas de una estancia en la localidad de Yacuchina, provincia de Tucumán. Sobre esos terrenos se edificó Capitán Cáceres, uno de los cuatro pueblos que Antonio Domingo Bussi programó como una zona de operaciones contra la guerrilla, paralelos a la vieja traza de la ruta nacional 38, en el marco del llamado “Operativo Independencia”. El tribunal condenó además al Estado argentino a pagar a las víctimas una indemnización por el despojo de sus tierras.Se trató de la primera megacausa en la provincia de Tucumán, en la que el Tribunal Oral de la provincia acumuló las causas instruidas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como «Jefatura» y «Arsenales», con el objeto de realizar un único juicio oral.


text: Fue la primera vez que todo el sistema represivo de Tucumán se unificó en un solo proceso: en Jefatura se decidían las muertes, se trasladaban a las víctimas a Arsenal y allí se definía cómo se las hacía desaparecer. Fueron condenados 37 de los 41 imputados por los hechos que damnificaron a 228 víctimas. El sacerdote José Eloy Mijalchiyk fue absuelto a pesar de todo el material probatorio que lo vinculaban a crímenes de lesa humanidad.Se trató del segundo juicio por los crímenes cometidos en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, con sede en Bahía Blanca. El juicio versó sobre delitos cometidos en el centros clandestinos de detención «La Escuelita» que operó en dicha ciudad y también dio cuenta del accionar del el Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51, organismo extrajudicial que en el marco de parodias de juicio intentó formalizar las detenciones ilegales de varias de las víctimas. Se condenó a Felipe Ayala, suboficial retirado, a prisión perpetua; Bernardo Cabezón, suboficial retirado, a prisión perpetua; Héctor Fidalgo, coronel retirado, a 3 años y 4 meses de prisión; Ricardo Gandolfo, teniente del Ejército Argentino, a 4 años y 3 meses de prisión; Alejandro Marjanov, coronel retirado, a prisión perpetua; Carlos Stricker, coronel retirado, condena a prisión perpetua; y a Fernando Videla, subteniente retirado, condena a 11 años de prisión.


text: En la sentencia se resolvió declarar la nulidad de las sentencias de dicho Consejo de Guerra, a la vez que avanzar sobre la complicidad de la justicia provincial en los crímenes, a partir del pedido de investigación del exjuez Francisco Bentivegna.El 19 de diciembre de 2013, el Tribunal condenó a 8 imputados y absolvió a 2, por las detenciones ilegales, allanamientos, secuestros, torturas, que damnificaron a 34 víctimas. Se trata de hechos que ocurrieron con posterioridad al 24 de marzo de 1976, que en la jurisdicción se unificaron en el llamado Grupo IV.En este juicio el Tribunal Oral en lo Criminal de Salta acumuló 19 expedientes a fin de realizar un único debate que resultara representativo del accionar represivo en la provincia, se trató de los hechos ocurridos en los centros clandestinos detención que funcionaron en ella: en la Central de Policía en la ciudad de Salta, donde existía un sector destinado al efecto; en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Orán; en el Regimiento de Monte 28 situado en Tartagal y en el Penal de Villa Las Rosas. Así, el 20 de diciembre de 2013, luego de 18 meses de juicio, fueron condenados 15 de los 17 acusados: Joaquín Cornejo Alemán, Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray y Carlos Alberto Mulhall a prisión perpetua y a Julio Correa, Víctor Hugo Almirón, Mario Pachao, Juan Manuel Ovalle, Felipe Caucotta, Raúl Toledano, Ricardo de la Vega y Jacinto Vivas a penas entre 5 y 10 años de prisión.Este juicio es el residual de la causa Guerrieri I. En la causa se investigaron los crímenes cometidos en la zona de Rosario y, en especial, los ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la quinta «La Calamita»;la «Quinta de Funes»;la «Escuela Nro. 288 Osvaldo Magnasco»; la quinta «La Intermedia» perteneciente a la familia de Amelong; y la «Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu"».


text: El tribunal condenó a Marino González a prisión perpetua; Ariel Zenón Porra a 25 años de prisión; Juan Andrés Cabrera, a 25 años de prisión; Carlos Sfulcini, a 20 años de prisión; Alberto Pelliza, a 18 años de prisión; Ariel Antonio López, a 16 años de prisión; Óscar Pascual Güerrieri, a 10 años de prisión; Jorge Alberto Fariña, a 10 años de prisión; Juan Daniel Amelong, a 10 años de prisión; Eduardo Constanzo, a 10 años de prisión; Joaquín Gurrera, a 8 años de prisión; y a Walter Salvador Pagano, 5 años de prisión. En todos los casos con más la pena accesoria de inhabilitación absoluta.Se trata de un juicio en el que dirimió la responsabilidad de dos oficiales del Ejército Argentino en el homicidio del soldado conscripto José Luis Rodríguez Diéguez. La víctima cumplió el servicio militar obligatorio desde el 16 de marzo de 1976 hasta el 13 de octubre de ese año en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 21 de Las Lajas, Neuquén. El 14 de octubre fue transferido de manera intempestiva al Regimiento de Infantería (RI 25) de Sarmiento, Chubut. La versión oficial, dada a su familia, dio cuenta de que Diéguez desertó a fin de octubre de 1976 y que se le dio de baja del Ejército el 25 de aquel mes. En la investigación que llega a juicio se determinó que en realidad el soldado fue secuestrado y permanece desaparecido.En el tercer juicio de la causa «La Escuelita» se juzgaron 55 casos que ya habían sido parte de los juicios anteriores. Se trata de una de las causas llamadas «residuales» ya que los imputados cuya responsabilidad se analizó en este debate habían quedado apartados de los dos anteriores por motivos de salud o por encontrarse prófugos. Fueron condenados el ex jefe de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 182 Mario Gómez Arenas; ex jefe de la Sección Sanidad de Unidad Militar, Hilarión de la Paz Sosa; del ex jefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, Luis Farías Barrera; del exteniente coronel de Inteligencia Jorge Di Pasquale; y del ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza


text: Este juicio nucleó los casos de siete víctimas que fueron secuestradas entre el 23 y el 28 de mayo de 1976 en diferente operativos policiales: Dominga Álvarez de Scurta, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Jorge Ernesto Turk, Osvaldo José Giribaldi y los hermanos Juana y Pedro Torres Cabrera, todas ellas eran militantes políticos. Ingresaron al penal de Villa Gorriti entre el 30 de mayo y 2 de junio de ese año, procedente el centro clandestino de detención «Comando Radioeléctrico» de la policía de la provincia de Jujuy. Finalmente, fueron sacadas del penal en junio de 1976; la información que se registró en los libros del penal, indica que habrían sido llevados/as “en comisión a la central de policía”. En enero de 1984 se encontraron los restos de Dominga Álvarez de Scurta en una fosa común, junto a tres víctimas de la “masacre de Palomitas”, de la provincia de Salta. Fue el único cuerpo que se pudo recuperar de las víctimas del terrorismo de Estado en Jujuy. Por estos crímenes fueron juzgados seis de los responsables: el interventor del penal de Villa Gorriti Antonio Vargas, el sargento César Daria Díaz y cuatro penitenciarios, Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez, y Herminio Zárate.En esta causa se juzgó a Lidia Fanni Villavicencio, obstetra de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo, acusada de firmar el certificado falso del nacimiento de Catalina De Sanctis Ovando, en el que figuraba como hija de sus apropiadores. Catalina es hija de Raúl René De Sanctis y Miryam Ovando, dos estudiantes universitarios que militaban en la Juventud Peronista, ambos desaparecidos.Osvaldo Sigfrido De Benedetti, alias “Tordo”, fue uno de los dirigentes políticos más relevantes de Tucumán. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue asesinado por personal perteneciente a fuerzas militares en la provincia de Tucumán el 21 de julio de 1978, en el marco de un falso intento de fuga del penal en el que se hallaba detenido, escenario que fue simulado por las fuerzas de seguridad para justificar su homicidio. El 29 de mayo de 2014 el Tribunal Oral de Tucumán condenó a los responsables de ese hecho, que calificó como homicidio agravado, a la pena de prisión perpetua.Este juicio fue otra las causas llamadas “residuales”, en este caso se investigó a los imputados de la causa “Brusa”, pero por el delito de asociación ilícita. El exjuez Victor Brusa fue condenado a siete años de prisión y a nueve años de prisión el exagente de la Policía provincial en el Departamento de Informaciones de la Provincia (D-2), Alberto Ramos Campagnolo. El ex jefe de la Oficina de Coordinación dependiente del Área Militar 212, Juan Calixto Perizzotti, fue condenado a 8 años y a cinco la exagente María Eva Aebi.La muerte del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli se produjo el 4 de agosto de 1976, en un accidente automovilístico provocado intencionalmente en un tramo de la ruta cercano a la localidad de Chamical. En ese mismo lugar habían aparecido los cuerpos de los curas Murias y Longueville. La causa que investigó el accidente de Angelelli en ese entonces fue archivada pocos días después del hecho: el juez Aldo Ramón Zalazar Gómez resolvió que la muerte del obispo había sido producto de un accidente de tránsito causado “por una rueda desinflada”. Según se pudo probar en el juicio, el obispo fue arrastrado herido pero aún con vida fuera de la camioneta en que viajaba, y ejecutado a unos metros. Sobrevivió su acompañante, Arturo Pinto, quien fue el principal testigo en la causa, y cuyo homicidio en tentativa se incluyó en los hechos investigados. En julio de 2014, a un mes del 38 aniversario del asesinato, fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella. Los otros tres acusados en la causa, Albano Harguindeguy, Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, fallecieron impunes.Germán Francisco Cantos se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio en la provincia de Santiago del Estero cuando fue secuestrado en los primeros días de septiembre de 1976, y trasladado al centro clandestino de detención conocido como «Arsenal», que funcionó en la Compañía V del Arsenal Miguel de Azcuénaga de Tucumán. Permanece desaparecido hasta la fecha. El 4 de septiembre de 2014, el TOF de Tucumán condenó a Jorge Alberto D’Amico, jefe inmediato y responsable del conscripto Cantos en el Batallón de Ingenieros de combate 141, donde Cantos cumplía el servicio militar obligatorio, a la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor del secuestro y partícipe necesario de los tormentos y el homicidio de la víctima.Se trata del juicio por la apropiación de Pablo Gaona Miranda. Los padres de Pablo, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, fueron secuestrados el 14 de mayo de 1978, tras asistir junto al bebé a una reunión familiar. Poco después, el niño fue entregado a un matrimonio que lo llamó Leandro Daniel Girbone, hasta que el 1 de agosto de 2012 los estudios de ADN demostraron que era hijo de desaparecidos. Héctor Salvador Girbone es el exoficial del Ejército acusado de entregar la criatura a su primo Salvador Norberto Girbone y su esposa Haydeé Alí Ahmed.Se trata de la acumulación de cuatro causas, se llevó a cabo el debate donde se juzgó a dos militares y a cuatro policías por la comisión de graves crímenes contra la humanidad. Se juzgaron homicidios, privaciones ilegales de la libertad, imposición de tormentos y múltiples abusos sexuales, ocurridos entre el mes de enero de 1976 y el mes de febrero de 1978, en la zona sur de la provincia de Salta, y que tuvieron como epicentro el accionar de las fuerzas represivas con asiento en la ciudad de Metán, la que fue intervenida por el gobierno militar. En su mayoría, las víctimas participaban de organizaciones políticas y sociales, principalmente en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en la Juventud Peronista de Metán. El 29 de septiembre de 2014, luego de 20 audiencias y de escuchar a 86 testigos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó a los responsables a la pena de prisión perpetua.En este juicio se condenó al subjefe de Destacamento de Inteligencia 122, Jorge Diab, y al comisario de la policía provincial Ricardo Salomón por el secuestro y torturas que sufrieron quienes fueron intendente de la ciudad de Santa Fe y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia hasta el golpe de estado de 1976. En el proceso se investigaron los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio del ex intendente de Santa Fe, Noé Adán Campagnolo y del expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda.Este juicio es conocido como el de “los trabajadores”, porque las víctimas del juicio fueron mayormente trabajadores navales y ceramistas, que actuaban como delegados de base o activistas sindicales. En este juicio los imputados fueron personal militar y de fuerzas de seguridad, pero el tribunal concedió a las querellas y la fiscalía el pedido de que los testimonios que dan cuenta de la represión a trabajadores sean remitidos a instrucción para que se investigue la responsabilidad de empresarios y directivos de los astilleros Astarsa y Mestrina y de los establecimientos ceramistas Lozadur y Cattáneo en delitos de lesa humanidad.Se trata del segundo juicio en que se da cuenta de los hechos ocurridos en el Servicio de Informaciones (SI) de la jefatura de policía de la Unidad Regional 2 de la Policía de Santa Fe. Cuatro expolicías provinciales y un exmilitar fueron condenados.Se trata del primer juicio en La Plata por los hechos cometidos en un centro clandestino de detención, y el primero en el país en el que el tribunal condena a los imputados por su complicidad en el delito de genocidio, por intervenir en la matanza de un grupo nacional. El centro era conocido como «La Cacha» ya que los represores solían decirle a los detenidos frases como «Estás en La Cacha de Cachavacha, la bruja que desaparece gente», en referencia al personaje del dibujo animado Hijitus de Manuel García Ferré. Funcionó en la localidad de Olmos durante 1977 y 1978, aunque se juzgaron solo los hechos de secuestros de 1977. Fue uno de los centros clandestinos más sofisticados de la dictadura por ser un centro donde actuaban en forma conjunta el Ejército, la Marina y personal penitenciario en forma relativamente independiente.Se juzgó a los responsables del secuestro y tormentos de una joven menor de edad, integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El tribunal condenó únicamente al ex jefe de Prefectura Naval de Campana, absolviendo al oficial y al médico que intervinieron en el hecho.En otra de las llamadas causas “residuales”, se logró juzgar a Aldo Máspero, ex jefe de la Subzona 15, quien había sido apartado por motivos de salud de los juicios de La Cueva y Base Naval II.En este juicio se juzgó y resultó absuelto Fernando Carril, jefe de Inteligencia del Destacamento 123, por los delitos cometidos en perjuicio de las víctimas Carlos Lossada, Lilian Lossada y Rosa Noemí Coto. Su responsabilidad fue juzgada de manera residual, porque se encontraba prófugo cuando estos casos llegaron a juicio en 2013, ocasión en la que se condenó a Filippo, Faraldo y Ledesma.El segundo juicio por los delitos cometidos en el centro clandestino «El Vesubio», fueron juzgados cuatro imputados, entre ellos quien actuó como jefe durante el año 1978, Gustavo Cacivio, alias “El francés”. Cacivio se ocultó durante muchos años y pudo ser identificado recién en 2010. Este juicio constituye el primero en la Capital Federal en el que condenó a los imputados delitos sexuales. Durante el debate, las partes acusadoras pidieron ampliar la acusación por estos delitos, entendiendo que son autónomos de las torturas. También solicitaron la ampliación de la acusación por el delito de homicidio en los casos de víctimas desaparecidas cuyos restos fueron encontrados. Ambas cuestiones fueron admitidas por el tribunal y aplicadas en la sentencia.Se trata del juicio por el robo de bebés nacidos en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Esta maternidad funcionó entre 1976 y 1978 en las dependencias del Hospital Militar del predio, en el área de Epidemiología. Allí sufrieron partos clandestinos al menos 17 mujeres víctimas del terrorismo de Estado, 9 de ellas integran el juicio. En esta causa, además de los altos mandos militares, fueron juzgados los médicos Norberto Atilio Bianco, Rául Eugenio Martín y Luisa Yolanda Arroche.Entre los años 1975 y 1983, en el penal de Villa Urquiza, funcionó un lugar de detención destinado a recluir a los disidentes políticos, muchos de los cuales eran secuestrados “blanqueados” luego de pasar por distintos centros clandestino de detención de la provincia. En este juicio se dio cuenta de los crímenes cometidos en el llamado “pabellón de la muerte” del penal. Los presos y presas políticos de este pabellón estaban sujetos a un régimen de extrema severidad, sin poder ejercer derechos y garantías, vivían en condiciones inhumanas de detención, con escasa alimentación, sin permisos de visitas de familiares, en situación de encierro y oscuridad y con requisas permanentes. Las mujeres además padecieron en algunos casos el cautiverio junto a sus hijos menores de edad, registrándose incluso nacimientos dentro del penal y/o fueron sometidas a la violencia sexual por parte de los captores. Muchos de los alojados en Villa Urquiza permanecieron en esta situación hasta los años 80. El 23 de diciembre de 2014 el Tribunal condenó a diez imputados, a penas que van desde los 8 años de prisión hasta prisión perpetua, por los crímenes perpetrados en perjuicio de 42 víctimas.Se juzgaron los hechos de víctimas del centro clandestino de detención «Monte Peloni» que funcionó en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Todos los imputados integraban el Regimiento de Caballería Tanques 2 “Lanceros General Paz”, que es donde funcionaba la jefatura del área 124.Los hechos que llegaron a juicio son parte de un circuito de represivo ilegal que funcionó en la localidad de Junín en la provincia de Buenos Aires. Éste estaba compuesto por la Comisaría 1.ª de Junín, la Unidad N.º 13 del Servicio Penitenciario Provincial (que en aquella época estaba en construcción), el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse y la Unidad Regional VIII de la policía bonaerense, que fue sede de la delegación regional de la DIPBA.Esta causa se trata de la privación ilegal de la libertad y tortura cometidos en perjuicio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los «Mártires de Chamical». Durante la noche del 18 de julio de 1976, los curas fueron detenidos en "casa de las Hermanas San José".


text: Este juicio fue una causa residual de por la que se condenó en 2013 a los represores Luis Fernando Estrella, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Benito Vera a prisión perpetua por eso mismos asesinatos. El único imputado en esta causa fue Ángel Ricardo Pezzetta, que en 1976 era uno de los jefes de la Base Aérea de Chamical, acusado de «privación ilegítima de la libertad calificada por simulación de autoridad pública, dos hechos en concurso real, homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».


text: El 21 de abril de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja encontraron a Ángel Ricardo Pezzetta culpable de los hechos juzgados y lo condenaron a la pena de prisión perpetua.El policía de la provincia de Formosa Agustín Echeverría fue juzgado por algunos de los casos de víctimas que integraron el juicio en la causa «Camichal». El tribunal lo condenó por los tormentos de los que fue víctima Elsa Chagra, pero lo absolvió de las restantes imputaciones —asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos en perjuicio de otras dos víctimas—. La fiscalía recurrió el fallo y se está a la espera de revisión.En el debate se trataron hechos investigados en distintas causas, ocurridos en la Ciudad de San Luis, Villa Mercedes, Luján y La Toma. El 10 de abril de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó a 28 de los 29 acusados, imponiendo prisión perpetua a nueve de ellos y penas de entre tres y veinte años de cárcel a otros diecinueve, y consideró acreditados los sucesos que damnificaron a treinta y seis de las treinta y nueve víctimas cuyos casos fueron sometidos a debate, quienes sufrieron secuestros, tormentos, violaciones, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita.En este juicio se juzgó la apropiación de Javier Gonzalo Penino Viñas. La única imputada fue Ana María Grimaldos, quien estuvo prófuga durante 24 años. No llegó a juicio su marido, el marino de la ESMA Jorge Vildoza, pues habría fallecido en 1986 luego de fugarse del país. Javier es hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino, ambos secuestrados 13 de julio de 1977 en la ciudad de Buenos Aires, cuando la joven estaba embarazada de 7 meses. Por testimonios de sobrevivientes se supo que Cecilia permaneció detenida en el centro clandestino de detención «El Vesubio», luego fue llevada a la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata y, finalmente, a la ESMA donde a mediados de septiembre de 1977 dio a luz a su hijo, al que llamó Hugo Carlos, en un parto asistido por el médico represor Jorge Magnacco. Hugo Penino posiblemente haya estado también detenido en el «El Vesubio, fue además visto por sobrevivientes de la Escuela Superior de Infantería de Marina (ESIM) de Mar del Plata. En diciembre de 1983, Cecilia logró comunicarse telefónicamente con sus familiares insinuando que se encontraba bajo custodia militar y que esperaba ser liberada. En marzo de 1984, en democracia, estableció el último contacto y luego no se supo más de ella.En este juicio se investigó a los integrantes del Batallón 601 Leandro Ángel Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, acusados de haber integrado una asociación ilícita para realizar secuestros extorsivos para financiar el aparato represivo de la dictadura militar. El juicio concretamente se enfocó en tres secuestros. Dos de ellos son el de Alberto Martínez Blanco y el de su cuñado Alberto Tomasevich, dueños del Grupo Puente Hermanos, ocurrido en septiembre de 1980. Martínez Blanco fue liberado con el encargo de buscar el dinero del rescate, mientras que Tomasevich permaneció secuestrado varias horas, sometido a golpes y descargas eléctricas con los ojos vendados. Lo liberaron tras cobrar 680 mil dólares. También fue incluido en el juicio el secuestro extorsivo del financista David Koldobsky, dueño de Cambio América SA, de principios de 1981. Los tres imputados resultaron absueltos.Se trata del residual de la causa Roselli, en la que Luciano Benjamín Menéndez se encontraba imputado, pero debido a su estado de salud había sido apartado. Ante un nuevo estudio médico, se determinó que podía afrontar el juicio oral y fue condenado.En este juicio se investigó la apropiación de Florencia Laura Reinhold Siver, hija de Susana Siver y Marcelo Reinhold, quienes continúan desaparecidos. Susana había dado a luz una niña, a quien llamó Laura, en enero de 1978. Había estado secuestrada en la ESMA desde agosto de 1977. Fueron condenados el matrimonio apropiador y el médico que celebró el parto clandestino.En esta causa de la justicia de Tucumán, Manlio Torcuato Martínez fue el primer funcionario judicial condenado por su actuación como juez durante la última dictadura. Recibió la pena de 16 años de prisión por haber omitido, en su función de juez a cargo del Juzgado Federal de Tucumán, investigar la muerte de cinco personas en manos de fuerzas militares y policiales, hecho que fue objeto de juicio «Romero Niklison». El Tribunal entendió que este accionar configuraba los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento. También fue considerado responsable de la privación ilegal de la libertad agravada, abuso de autoridad y prevaricato y por la comisión del delito de asociación ilícita. Manlio Torcuato Martínez fue designado a la cabeza del Juzgado Federal de Tucumán en el año 1975, por orden del comandante Acdel Edgardo Vilas, quien tuvo a su cargo el «Operativo Independencia». Desde ese momento, y hasta el año 1983, el condenado cumplió el rol que el aparato represivo esperaba del Poder Judicial: legalizar la detención de personas que previamente habían pasado por centros clandestinos de detención y tortura, y no investigar la actuación de las fuerzas armadas y de seguridad en las denuncias y hechos que llegaban a su conocimiento. El TOF dispuso remitir copia de la sentencia a la Administración Nacional de la Seguridad Social en virtud de que durante su alegato la fiscalía señaló que la jubilación especial percibida por el exmagistrado es irregular.En este juicio fueron acumuladas 15 causas provenientes del Juzgado Federal de San Nicolás. Se condenó a doce exmiembros del Ejército y de la policía de la provincia de Buenos Aires por los delitos de homicidio, privación ilegítima de libertad, torturas, allanamiento ilegal de domicilio. Este juicio tiene la particularidad que las audiencias de debate se llevan a cabo en las distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires donde se perpetraron crímenes: Pergamino, Baradero, San Pedro y San Nicolás.El Tribunal Oral en lo Criminal de provincia de Salta acumuló 10 expedientes en los que se investigaban crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en el período comprendido entre el mes de abril de 1975 y el mes de septiembre de 1976, en la capital de la provincia de Salta y sus alrededores, por entender que la agrupación era necesaria a fin de contextualizar adecuadamente los hechos investigados. De las 18 víctimas cuyos casos fueron objeto de este debate, 15 participaban de organizaciones políticas, gremiales o sociales. El resultado fue la condena, el 29 de junio de 2015, de dos exmilitares y cuatro expolicías por la comisión de graves crímenes contra la humanidad. Los casos comprendieron 8 hechos de homicidio, en cuatro de los cuales los restos de las víctimas no han sido hallados, y también se juzgaron privaciones ilegales de la libertad e imposición de tormentos.En este caso se juzgaron los hechos ocurridos en ocasión de realizarse el traslado masivo de detenidos desaparecidos que se encontraban privados ilegítimamente de su libertad en el centro clandestino de detención que funcionó en la Unidad Penal 1 del barrio Gorriti, en la provincia de Jujuy. El 7 de octubre de 1976, entre las 8 y 9 de la mañana, fueron sacadas de allí en forma violenta, en el marco de un operativo conjunto en el que participaron distintas fuerzas represivas, y llevadas al entonces aeropuerto “El Cadillal”. Luego, en un avión Hércules las víctimas fueron engrilladas, vendadas, humilladas, sometidas a diversos tormentos por el personal que custodiaba el traslado. Fueron llevados a la Unidad 9 de La Plata y al penal de Villa Devoto. Dos de los 13 imputados fueron absueltos.Se juzgaron los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, violación, abuso deshonesto, tormentos y homicidios, cometidos en el ámbito de la Subzona 16 del Primer Cuerpo de Ejército, en particular los que tuvieron lugar en el centro clandestino conocido como «Mansión Seré», que funcionó entre diciembre de 1976 y fines de marzo de 1978. La investigación alcanzó otros centros de detención en la Subzona 16, que abarcó a los partidos bonaerenses de Morón (en su anterior conformación), Merlo y Moreno. Entre ellos se encontraban la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón y las Comisarías 1.ª (seccional Morón), 2.ª (seccional Haedo) y 3.ª de Morón (seccional Castelar).En este segundo tramo de la causa fueron juzgados Carlos Enrique Henzi Basso, exmayor del Ejército, Rodolfo Sergio Mujica, ex jefe de la Sección Tiradores del Regimiento 17, Darío Otero Aran, Jorge Isaac Ripoll, ambos ex oficiales de Inteligencia en el Regimiento 17 Aerotransportado de Catamarca, y Carlos Ricardo Ruiz, jefe de la Policía de Catamarca en los primeros cincuenta días después del golpe, por los hechos que damnificaron a las mismas cuatro víctimas del primer juicio: Francisco y Griselda Ponce, Bruno Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda.Se condenó a integrantes de la Armada y de la Prefectura Naval como coautores del crimen de genocidio, por los delitos que en su mayoría fueron perpetrados contra trabajadores del Polo Industrial de Berisso y Ensenada. Los jueces también hicieron lugar a la petición de los fiscales y ordenó a Astilleros Río Santiago que mantenga la dispensa que cobran los trabajadores víctimas hasta tanto los estados nacional y provincial dicten las normas correspondientes para jubilarlos en las categorías que les hubieran correspondido de haber podido desempeñar normalmente su vida laboral.Se trata del primer juicio que involucra miembros de la Armada en Bahía Blanca, y la primera vez en el país que miembros de esta fuerza son además condenados por delitos contra la integridad sexual. La sentencia también abordó aspectos reparatorios novedosos. En primer lugar, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que el veredicto sea publicado en el diario La Nueva Provincia, conocido por sus publicaciones pro dictadura y pro impunidad, y por sus campañas de encubrimiento de los hechos represivos como meros enfrentamientos. Los jueces sostuvieron que en un lapso de diez días luego de que la sentencia quede firme, el diario La Nueva (ex La Nueva Provincia): “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la Memoria de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía, a fin de aclarar que las desapariciones fueron producto de ejecución o fusilamiento y NO de enfrentamientos con las fuerzas militares que actuaron en esa oportunidad”. En segundo lugar, se estableció que en el lugar donde funcionó el centro clandestino de la 7.ª Batería de la Base de Infantería de Marina se establezca un sitio de memoria.El juicio investigó los casos de 14 víctimas que estuvieron secuestradas en la Comisaría de Villa Ballester, dependencia policial del partido de San Martín. Entre las víctimas, tres de las cuales permanecen desaparecidas, se encontraban delegados gremiales, cuatro de la metalúrgica Bovapi, una de las plantas fabriles de una zona con comisiones internas combativas. La fiscalía amplió la imputación por tres víctimas de delitos sexuales, a lo que el TOF hizo lugar y condenó a dos de los tres imputados por esos delitos.El 7 de agosto de 2013, Pablo Athanasiu Laschan recuperó su identidad luego de 37 años de búsqueda. Tenía cinco meses de edad cuando fue secuestrado en Argentina junto a sus padres Frida Elena Laschan y Ángel Athanasiu, ambos de origen chileno. En diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal N°5 condenó a sus apropiadores. El expolicía federal Enrique López, recibió una pena de ocho años y medio de prisión y su esposa, Carmen Saunier, de cinco años. El ex jefe de López en la Delegación Rosario de la Policía Federal, Juan Dib fue condenado a siete años y medio. Pablo fue el nieto recuperado número 109.Se trata de una causa donde se investigó la apropiación de Laura Ruiz Dameri, la tercera hija del matrimonio de Orlando Ruiz y Silvia Dameri, nacida a mediados de 1980 durante el cautiverio de sus padres y sus dos hermanos en la ESMA. Es uno de los expedientes que tramitó por el Viejo Código procesal penal. Se condenó al apropiador de Laura, el ex prefecto Juan Azic, a quien asistió el parto, el médico de la Armada Carlos Capdevila, al ex prefecto Jorge Díaz Smith, quien integraba el Grupo de Tareas 3.3.2 y presenció el parto, y el entonces contralmirante de la Armada y director de la ESMA, Edgardo Aroldo Otero.Esta causa, que tramitó por el Viejo Código procesal penal, es la más representativa respecto del fenómeno represivo en la provincia de Entre Ríos, debido a la cantidad de víctimas e imputados que involucra. En este juicio se trató de adaptar los condicionamientos impuestos por el trámite escrito de la causa con la necesidad de visibilizar el fenómeno del terrorismo de Estado en la provincia y la debida reparación a las víctimas. Para ello, se celebraron audiencias testimoniales y alegatos en forma oral y pública. Hubo 21 imputados pero la mayoría murió o fue aparta por demencia senil y otras enfermedades. Finalmente, luego de los cuatro años que duró el plenario, se dictó sentencia. Demonte fue condenado a prisión perpetua; Jorge Appiani a 18 años de prisión; José Appelhans, a 14, Hugo Moyano, a 8, Rosa Bidinost, a 6 años, Alberto Rivas, a 6 años y Oscar Obaid, a 3 años, por lo que los tres últimos recuperaron la libertad debido a que, por tiempo que llevan presos, las condenas ya se cumplieron.Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos manifestaron su repudio a las penas y el militante de HIJOS y exsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevau anunció que las apelarían. 39 En la bajada de una nota sin firma del sitio web Diarioregistrado se opinó que "el cambio de signo ideológico del gobierno comienza a notarse en lo que hace a políticas de derechos humanos: algunos juzgados comenzaron a liberar a genocidas condenados".En este juicio se juzgó a 15 imputados (aunque solo 12 llegaron al veredicto) por los delitos cometidos en el marco del circuito de centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata. Nueve de los imputados ya habían sido condenados en juicios anteriores. Por primera vez llegaron ser juzgados quien fuera jefe de Comunicaciones de la Base Naval y jefe del Departamento Operaciones, Daniel Eduardo Robelo; el exjefe de la sección Inteligencia de la Base Naval durante 1978 y 1979, Francisco Lucio Rioja; y el suboficial de Infantería de Marina, José Francisco Bujedo.En esta causa no se trataron los casos de víctimas individualizadas. Tuvo su origen en la denuncia formulada el 11 de julio de 1975 por el juez Miguel Radrizzani Goñi contra el entonces Ministro de Bienestar Social, José López Rega, y los comisarios Juan Ramón Morales y Rodolfo Eduardo Almirón por la creación de la llamada Alianza Antiperonista Argentina o Triple A. Esta organización paraestatal fue responsable de miles de crímenes cometidos desde noviembre de 1973 hasta julio de 1975. Cuarenta años después, parte de la investigación concluyó con la condena a cuatro años de prisión por asociación ilícita de Jorge Héctor Conti y Carlos Alejandro Villone, acusados de ser el enlace entre López Rega y los integrantes de la Triple A. También fueron condenados Norberto Cozzani, Rubén Arturo Pascuzzi, y Julio José Yessi. López Rega, Morales y Almirón murieron impunes.El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a 25 años de prisión a los expolicías bonaerenses Julio César Argüello, Raúl Orlando Machuca y Fernando Svedas, por el secuestro del poeta Daniel Omar Favero, de 19 años, y de la estudiante de Bellas Artes, María Paula Álvarez, de 22 años. Ambos miltiaban en la Juventud Universitaria Peronista. El exdirector general de Investigaciones, Miguel Etchecolatz, también fue condenado como autor mediato de esos hechos y su pena a prisión perpetua fue unificada a una impuesta por el mismo tribunal en 2008.Marco Antonio Levín, dueño de La Veloz del Norte, fue condenado a 12 años de prisión por el la privación ilegítima de la libertad y torturas padecidas por Víctor Manuel Cobos. La víctima trabajaba y era delegado gremial de la empresa de transporte cuando fue secuestrado por la policía junto con 20 trabajadores más. Todos fueron llevados a la comisaría de la seccional 4° de Salta, en donde fueron sometidos a interrogatorios y tormentos. También fueron condenados a la misma pena el ex comisario Víctor Hugo Almirón y el ex subcomisario Víctor Hugo Bocos, quien también trabajaba para Levín en tareas de seguridad, mientras que el expolicía Enrique Víctor Cardozo fue condenado a ocho años de prisión. Fue la primera vez que se declara responsable a un empresario por los delitos cometidos en contra de un trabajador de su dependencia. Durante su alegato, la Fiscalía dio por probado que Levín reclamó la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y que aportó información de inteligencia de los empleados para facilitar su secuestro. La causa por las 20 víctimas restantes se encuentra en curso.Luciano Benjamín Menéndez fue nuevamente condenado a prisión perpetua por los delitos cometidos en perjuicio de 28 víctimas en la provincia de San Luis. El excomandante del Cuerpo III fue hallado responsable de las acciones criminales perpetradas por integrantes de la Fuerza Aérea, confirmando así que el Ejército era quien coordinaba la ejecución del plan represivo. También fue declarado culpable como autor mediato de delitos de violencia sexual. En esta causa se investigaron los hechos sucedidos en varios lugares de detención clandestina dependientes de distintas fuerzas: la Granja La Amalia y Rodeo del Alto a cargo del Ejército, la Base de la V Brigada Aérea a cargo de la Fuerza Aérea, y el Departamento de Informaciones (D-2), la División de Investigaciones, la Comisaría 4.ª, «La escuelita» (Ex Comisaría 2.ª) y la División Investigaciones de la Jefatura de la Unidad Regional II a cargo de la policía provincial.El exjuez de menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, fue condenado a 15 años de prisión por haber participado en la retención y ocultamiento de Paula Cortassa, hija de Blanca Zapata y Enrique Cortassa. También fue condenado a prisión perpetua el ex comisario de la policía provincial Juan Calixto Perizzotti, por el homicidio de 15 víctimas, entre otros delitos; y los exmilitares Domingo Morales y Carlos Enrique Pavón, quienes recibieron una pena de 22 y 13 años, respectivamente. El 11 de febrero de 1977, Blanca y Enrique fueron secuestrados junto con su hija Paula, quien para entonces tenía un año de edad. Blanca estaba embarazada y fue asesinada. Su cuerpo fue identificado en 1998, año en el que también fue restituida la identidad de Paula. Enrique permanece desaparecido. En el juicio también se investigaron varios operativos que marcaron profundamente a la sociedad santafesina por su crueldad y violencia.El Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó al exjuez federal Roberto Catalán a 12 años de prisión por ser encubridor del homicidio de una víctima y del secuestro y tormentos de diez más. También fue declarado responsable del delito de asociación ilícita. En esta misma causa Luciano Benjamín Menéndez recibió otra condena a prisión perpetua, y otros 11 imputados recibieron penas de entre 6 y 16 años de prisión. Dos imputados fueron absueltos. En el debate se juzgaron los hechos ocurridos en el circuito represivo que integraban el Batallón 141 de Ingenieros, la Base Aérea de Chamical, el Escuadrón 24 de Chilecito, la Delegación de la Policía Federal, el Instituto de Rehabilitación Social y el juzgado federal. El tribunal dispuso comunicar la sentencia a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), a raíz de los delitos sexuales que fueron denunciados por varias víctimas durante el juicio y por los que fueron condenados varios de los imputados.El 14 de mayo de 1983 una patota conformada por personal civil de inteligencia del Destacamento 121 ingresó al Bar Magnun, en Rosario, y secuestró a los militantes peronistas Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso. Ambas víctimas fueron llevadas a un galpón industrial donde fueron torturadas. Ese mismo día fueron entregados a una patrulla del Comando Radioeléctrico de Tigre integrada por Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y otro suboficial más de apellido Dieguez, ya fallecido, quienes los asesinaron simulando un falso enfrentamiento. Los cuerpos aparecieron en un camino de tierra de la localidad bonaerense de Lima. Por estos hechos fueron condenados a prisión perpetua los expolicías Patti, Spataro, y los exmilitares Pascual Óscar Guerrieri y Luis Américo Muñoz. Otros seis imputados fueron absueltos.La causa por el Plan Cóndor que tramitaba desde 1999 llegó a su fin luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Capital Federal dictara sentencia, el 27 de mayo de 2016. Los jueces dieron por acreditada la asociación ilícita establecida entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. La alianza criminal puso en marcha el intercambio de inteligencia y la persecución, secuestro, repatriación forzada, tortura y desaparición de disidentes políticos.


text: El veredicto determinó la condena a penas de entre 8 y 25 años de prisión para 15 imputados por los delitos cometidos contra 174 víctimas de distintas nacionalidades. El excomandante Reynaldo Bignone y el exmilitar uruguayo Manuel Cordero Piacentini recibieron las penas más altas. Así como el exagente civil de inteligencia Miguel Ángel Furci, quien llegó a juicio en el marco de la causa Automotores Orletti.


text: El debate oral comenzó en 2013 con un total de 27 imputados. Cuatro fueron apartados por razones de salud y seis fallecieron durante el juicio.En julio de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dictó sentencia sobre las «ligas agrarias», crímenes cometidos contra 12 víctimas, siete de ellas pertenecientes al movimiento campesino, por entonces de gran influencia en la zona tabacalera y algodonera, que fue duramente perseguido en diferentes localidades de la provincia. El Tribunal condenó a 15 años al ex jefe de la Agrupación “Mesopotamia Sur” de Gendarmería Nacional de Curuzú Cuatiá, Domingo José Issler; a 3 años a Juan Carlos Medrano Caro; y a 2 años y 6 meses a Julio Miguel Plazaola. Asimismo, absolvió a Ángel Ricardo López Ferro, Guillermo Ramón Añaños, Alfredo Manuel Arrillaga y Julio Santiago Canteros resultaron absueltos.El 25 de agosto de 2016 concluyó el juicio por los crímenes cometidos en los centro clandestino de detención «La Perla – Campo La Ribera», en Córdoba. Luego de tres años y nueve meses de debate oral se dictaron 28 condenas a prisión perpetua y 10 condenas a penas de entre dos años y medio y 21 años de prisión. También hubo cinco absoluciones. Los hechos que se investigaron incluyen delitos cometidos antes del golpe de 1976, entre los que además se encuentran casos de violencia sexual perpetrados por un grupo de policías contra las personas secuestradas en el centro clandestino que funcionó en el D2.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín dictó una condena de 25 años de prisión para Omar Graffigna y Luis Tomás Trillo, y de 12 años para Francisco Gómez por los delitos ocurridos en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Los condenados fueron hallados culpables de la privación ilegítima de la libertad, tortura y desaparición de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. Es la primera condena que recibe el ex jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la segunda Junta Militar de la dictadura, Omar Graffigna, luego de su absolución en el Juicio a las Juntas. También es la segunda condena que recibe Francisco Gómez, agente de inteligencia de la Fuerza Aérea, quien fue hallado penalmente responsable de la apropiación de Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit, nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Tarlovsky de Roisinblit.El 17 de agosto de 1976, Ricardo Alberto Cittadini, un estudiante de 21 años de Ciencias Económicas de La Plata y militante de la Juventud Peronista, fue detenido en Plaza Constitución por patrulleros de la comisaría 28ª de Capital Federal por «averiguación de antecedentes», lo que llevó a su desaparición. En agosto de 2016, Miguel Alcides Viollaz y Nicomedes Mercado fueron declarados coautores penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad, y condenados a cinco años de prisión.


text: Es la primera vez que se investiga a una comisaría de la Policía Federal como centro clandestino de detención.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a Cecilia Góngora a ocho años de prisión por la apropiación de José Luis Maulin Pratto. Además, Elsa Gladis Nasatsky, la médica obstetra que elaboró la certificación falsa del parto, fue condenada a seis años de prisión.


text: El menor apropiado, José Luis, había nacido el 26 de marzo de 1977 y fue apropiado por Luis Ángel Segretín y Cecilia Góngora, quien era hija de un agente civil de la Fuerza Aérea. El padre de José Luis, Rubén Maulín, había sido secuestrado y se encontraba detenido en el penal de Coronda. Su compañera, Luisa Pratto, quien tenía cuatro meses de embarazo, permaneció secuestrada en su casa junto con su hermana. En 2009 José Luis pudo establecer quiénes eran sus padres. Su identidad fue restituida en 2016.Nueve exmilitares, cuatro expolicías provinciales y dos expolicías federales fueron condenados por los crímenes cometidos en el circuito represivo que funcionó en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Cuatro imputados fueron absueltos. La pena más alta se impuso a Óscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de inteligencia de la Brigada de la Infantería de Montaña VI, quien fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de las víctimas desaparecidas. El resto de los condenados recibieron penas de entre tres y diez años de prisión.La causa ESMA (N.º 14.217/03) es una de las llamadas “megacausas” por la cantidad de víctimas e imputados que contienen las investigaciones. Dada la gran magnitud del expediente, el juez federal de primera instancia Sergio Torres ha dispuesto que la investigación avance en forma fragmentada, según diferentes criterios, dividiendo la causa en partes que involucran a diferentes imputados y corresponden a diferentes víctimas y hechos.


text: El 28 de noviembre de 2012 el Tribunal Oral y Federal N.º 5 comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. En este caso se investigaron los casos de 789 víctimas. El juicio empezó con 68 acusados, pero durante su transcurso se redujo la cantidad de imputados por fallecimiento o asuntos de salud. A la sentencia llegaron 54 acusados. Desde que se reabrieron las investigaciones judiciales en 2001 fueron elevados a juicio casos de los años 1976, 1977 y 1978. Por primera vez, llegaron a juicio los pilotos de los “vuelos de la muerte”.


text: En febrero de 2016 comenzaron los alegatos de las querellas.


text: Se investiga el llamado Plan Cóndor (Causa N.º 13.445/99), conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. La causa fue elevada a juicio en septiembre de 2007, a la espera que el Tribunal Oral Federal n.º 1 de la Capital Federal disponga la fecha de inicio del debate, donde deberían de haber sido juzgados 18 ex altos mandos militares: Jorge Rafael Videla, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera Rovere, Bernardo José Menéndez, Hugo Pascarelli, Eugenio Guañabens Perelló, Ernesto Alais, Antonio Vañek, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Tragant, Eduardo De Lío y Carlos Caggiano Tedesco.


text: La causa está conformada por tres expedientes, identificados como N.º 1504 ("Videla, Jorge Rafael y otros sin privación ilegal de la libertad personal y otros"), 1951 ("Lobaiza, Humberto José Román y otros s/privación ilegal de la libertad") y 2054 ("Falcón, Néstor Horacio y otros s/privación ilegal de la libertad y asociación ilícita"), conocidos como Plan Cóndor I, II y III, respectivamente. Se dispuso que junto a estos tres expedientes también se juzgue la causa conocida como "Automotores Orletti II", por estar relacionado con el Plan Cóndor y también por tener en común a algunos grupos de víctimas.


text: Se lleva a cabo en Resistencia, Chaco en Tribunal Oral Federal, en él se investigan las investigan torturas, privación ilegítima de la libertad y por primera vez se investiga una violación como delito de lesa humanidad, por los que están imputados once personas, entre militares y policías del Chaco y están acusados por los delitos de: Tormentos, Privación Ilegítima de la Libertad (Desaparición Forzada de Personas) y Violación; cometidos en el centro clandestino de detención de la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia.


text: Son: el capitán Tadeo Bettoli y el teniente Luis Alberto Patetta y los miembros de la Policía del Chaco y oficiales de la Dirección de Investigaciones: el comisario Ramón Esteban Meza, el sargento Gabino Manader, el oficial principal Francisco Rodríguez Valiente y los agentes Enzo Breard, y José Marín, todos ellos que ya fueron condenados en la Causa Caballero I. ahora se le suman otros imputados: Albino Luis Borda, Ángel Jorge Ibarra y Miguel Pelozo y Héctor Rubén Roldán, quienes enfrentan a la Justicia por primera vez. Y la desaparición de una pareja de formoseños, que fueron vistos por última vez en la Brigada de Investigaciones. Se juzga también la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por: Emilio Eduardo Saliva; Carlos Erasmo Aguirre, Julio Aranda y Roberto Alcides Greca, estudiantes universitarios de la JUP de la Facultad de Arquitectura, secuestrados en noviembre de 1976, y también de Mauricio Berger, un pequeño productor agropecuario militante de Ligas Agrarias de Chaco.


text: La misma investiga un caso de apropiación ilícita y se desprende la «Causa Sambuelli», la causa fue iniciada el 19 de noviembre de 2012 en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que investigó crímenes de lesa humanidad perpetrados en el norte santafesino durante el terrorismo de Estado. El fallo de esta causa se dio a conocer el 6 de agosto de 2013, con condenas para los siete imputados.


text: Los imputados son el Roberto Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis Armando De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Luis Figueroa, Néstor Castelli, Julio Meroi, Omar Edgardo Parada, Enrique Bonifacino, José Roberto Abba, Manuel Rubén Vila y Pedro Casiano Burtnik. La megacausa concentra denuncias por delitos de violación de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y homicidios contra 270 personas.


text: El Tribunal Oral Federal de La Pampa dará inicio a la audiencia de debate en esta causa, parte de la Megacausa Primer Cuerpo. Tres exmilitares y nueve expolicías irán a juicio oral y público por el secuestro y la tortura de 30 personas en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención en las ciudades de Santa Rosa, Jacinto Aráuz y General Pico, de la provincia de La Pampa, durante el último gobierno militar —Causa 13/09—.


text: Los oficiales del Ejército procesados son el exteniente coronel (r) Fabio Carlos Iriart, quien se desempeñó como comandante de la Subzona 14, y el excoronel Néstor Greppi. De ese Comando de Subzona, dependía un cuerpo de policías pampeanos, quienes estuvieron encargados de llevar a cabo los secuestros, mantener en cautiverio y torturar a las víctimas. El grupo, estuvo integrado por el inspector mayor Roberto Esteban Constantino, el subcomisario Roberto Oscar Fiorucci, el comisario Omar Aguilera —se desempeñaba como jefe de Operaciones del grupo—, el auxiliar Athos Reta, el oficial subayudante Néstor Cenizo, el oficial ayudante Antonio Oscar Yorio, y los oficiales Carlos Alberto Reinhart y Hugo Marenchino, según la investigación judicial.


text: El Tribunal Oral Criminal Federal de La Rioja, debe fijar fecha de debate en esta causa. El por entonces conscripto José Rodríguez se encuentra imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía del conscripto Roberto Villafañe, ocurrido el 30 de agosto de 1976 (Causa 348 – R – 2009).


text: Entre 2011 y 2014 En la causa conocida como sub zona 14 II fueron sometidos a proceso más de 45 imputados, se dieron por acreditados unos 250 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, a su vez tales ilícitos en el caso de los máximos responsables concurren con el delito de asociación ilícita. Dichos ilícitos fueron caracterizados de “lesa humanidad”, en tanto la Cámara Federal de Bahía Blanca le agregó la figura de “genocidio”. Sin embargo en 2016 los cinco represores condenados fueron liberados tras estar procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar. La decisión la tomÓ el tribunal de esa jurisdicción y los beneficiados son Luis Lucero, Miguel Ochoa, Óscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El argumento es que se vencieron los plazos de la prisiones preventivas.


text: En 2016 comenzó el juicio por el secuestro de militantes del Partido Comunista, privados de su libertad y detenidos desaparecidos en la localidad del mismo nombre y en la capital jujeña, entre agosto y diciembre de 1976. Los imputados pertenecieron a la policía de la provincia, al Servicio Penitenciario y al Ejército; ellos son: Alberto Callao, Juan Carlos Vaca, Siro Goyechea, Armando Ruíz y Armando Claros, los cuales están detenidos. Carlos Alberto Gutiérrez y Ramón Herreray a Catalino Soto, Melanio Portal, Federico Colmenares, Teodomiro Batalla y Jorge Ernesto Mendoza. También están imputados los exmilitares Rafael Mariano Braga y Eduardo Bulgheroni, que ya habían sido condenados a prisión perpetua, y Luciano Benjamín Menéndez. El proceso permitirá indagar sobre el traslado de las personas secuestradas el 15 de diciembre de 1976, día en el que dos camiones partieron del penal de Gorriti al Aeropuerto Horacio Guzmán, de donde solo una de las unidades regresó, siendo detenidos desaparecidos 17 militantes, entre ellos Paulino Prudencio Galeán, Crecente Galéan, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Rosa Santos Mamaní, Carlos Villada y Vicente Cosentini.


text: Véase la


text: Horacio Verbitsky proporcionó en una nota un resumen estadístico con datos provenientes del CELS al 31 de diciembre de 2015 y la Procuración de la Nación publicó bajo licencia left un informe sobre el mismo tema al 24 de marzo de 2016 y otro el 29 de diciembre de 2016.


text: Según los datos del CELS al 31 de diciembre de 2015:Según datos de la Procuración General al 1 de marzo de 2016:Según la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: A enero de 2017 el número de sentencias y de condenas dictadas era el siguiente:


title: Holoparamecus barretoi

text: Holoparamecus barretoi es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus barretoi

text: Habita en Argentina.


title: Holoparamecus constrictus

text: Holoparamecus constrictus es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus constrictus

text: Habita en Guatemala y México.


title: Holoparamecus erebus

text: Holoparamecus erebus es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus erebus

text: Habita en Indonesia.


title: Diplarpea paleacea

text: Diplarpea es un género monotípico de plantas fanerógamas pertenecientes a la familia Melastomataceae. Su única especie: Diplarpea paleacea Triana, es originaria de Sudamérica, distribuidas por Colombia y Ecuador.  El género fue descrito por José Jerónimo Triana y publicado en "Genera Plantarum 1: 732, 756", en el año 1867.


title: Holoparamecus franzi

text: Holoparamecus franzi es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus franzi

text: Habita en las Islas Galápagos.


title: Holoparamecus gabrielae

text: Holoparamecus gabrielae es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus gabrielae

text: Habita en México.


title: Holoparamecus gracilis

text: Holoparamecus gracilis es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus gracilis

text: Habita en Senegal.


title: Holoparamecus impressus

text: Holoparamecus impressus es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus impressus

text: Habita en Vietnam.


title: Holoparamecus integer

text: Holoparamecus integer es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus integer

text: Habita en Bolivia.


title: Holoparamecus johnsoni

text: Holoparamecus johnsoni es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus johnsoni

text: Habita en Brasil.


title: Diplectria barbata

text: Diplectria es un género monotípico de plantas fanerógamas pertenecientes a la familia Melastomataceae. Su única especie Diplectria barbata, es originaria del Sudeste de Asia.


title: Diplectria barbata

text: El género fue descrito por (Carl Ludwig Blume) Ludwig Reichenbach y publicado en "Der Deutsche Botaniker Herbarienbuch 174", en el año 1841. Su única especie "Diplectria barbata" fue descrita por (Wall. ex C.B.Clarke) Franken & Roos y publicado en "Blumea" 24(2): 415–416, f. 3A. 1978.


title: Holoparamecus lanatus

text: Holoparamecus lanatus es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus lanatus

text: Habita en Indonesia.


title: Holoparamecus piliger

text: Holoparamecus piliger es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus piliger

text: Habita en Tailandia.


title: Holoparamecus pumilus

text: Holoparamecus pumilus es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus pumilus

text: Habita en México.


title: Holoparamecus villiger

text: Holoparamecus villiger es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Holoparamecus villiger

text: Habita en Brasil.


title: Dissochaeta

text: Dissochaeta es un género con nueve especies de plantas fanerógamas pertenecientes a la familia Melastomataceae. Es originario del Sudeste de Asia.  El género fue descrito por Carl Ludwig Blume y publicado en "Flora 14: 492", en el año 1831.


title: Loeblia ceylanica

text: Loeblia ceylanica es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Loeblia ceylanica

text: Habita en Sri Lanka.


title: Loeblia nigra

text: Loeblia nigra es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Loeblia nigra

text: Habita en Sri Lanka.


title: Rodolfo Elías Calles

text: Rodolfo Elías Calles Chacón fue hijo del Presidente Plutarco Elías Calles y de Natalia Chacón Amarillas.Nació en Guaymas, Sonora el 29 de junio de 1900. Falleció en Houston, Texas el 29 de junio de 1965.


title: Rodolfo Elías Calles

text: Como Gobernador de Sonora se destacó por invertir en la Infraestructura del Estado.


title: Pythlarhinus verschureni

text: Pythlarhinus verschureni es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Pythlarhinus verschureni

text: Habita en el Congo.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: La Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, más conocida como nueva ley antitabaco, entró en vigor el 2 de enero de 2011, como modificación de la anterior ley antitabaco de 2006, y cuyas medidas de mayor repercusión social son la extensión de la prohibición de fumar a cualquier tipo espacio de uso colectivo, local abierto al público, que no esté al aire libre, con una única excepción otorgada a centros de internamiento penitenciario y psiquiátrico y en zonas y habitaciones delimitadas en centros residenciales de mayores.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: La modificación legislativa introdujo, entre otros, cambios dirigidos a la lucha contra el tabaquismo (deshabituación tabáquica), a la protección de los ciudadanos —particularmente de los menores— y los no fumadores, especialmente mediante la redacción de sus artículos 12 y 13. Aunque muchos menores de edad consumen tabaco al margen de la ley, lo cual el responsable de la distribución de estos elementos podría ser sancionado al ser el responsable de que un menor tenga acceso al tabaco.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: Con respecto a la prohibición de fumar en ciertos espacios públicos, se modifica el artículo 2 de la ley anterior delimitando la definición de espacio al aire libre, lo que reduce la ambigüedad existente a este respecto.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: Con esta modificación, España pasó a prohibir fumar en espacios al aire libre de centros educativos (excepto universitarios), recintos de centros sanitarios y las zonas acotadas para parques infantiles y zonas de juego para la infancia. Hasta la entrada en vigor de esta ley, únicamente tenían esta restricción algunos estados de Estados Unidos y Japón, además de Bután, donde está prohibido fumar en toda la nación desde 2004.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: Se añade la letra «e)» al artículo 2, cuyo contenido pasa a ser el apartado 1 de dicho artículo, definiendo los espacios de uso público con independencia de su titularidad.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: Se añade un nuevo apartado 2 a dicho artículo 2 que establece la definición de espacio al aire libre a efectos de esta ley como «todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.» Considerándose espacios al aire libre los espacios redondos o semicírculo como plazas de toros, algunos bares, restaurantes, cines, teatros y óperas, entre otros.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: El artículo 8 de la ley establece la prohibición de fumar en una lista exhaustiva de lugares señalados, además de los definidos en la normativa de las comunidades autónomas. El artículo 8 establece la normativa específica sobre las condiciones que deben cumplir las habitaciones de hostelería que pueden estar reservadas a usuarios fumadores.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: La ley contempla en su disposición adicional novena la figura del club privado de fumadores como aquel establecimiento donde se puede consumir tabaco.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: Los clubes privados de fumadores legalmente constituidos quedan exentos de aplicar esta ley siempre que ello se realice en el interior de su sede social y mientras en sus instalaciones solamente haya presencia única y exclusiva de socios. Un club privado de fumadores deberá ser una entidad con personalidad jurídica, carecer de ánimo de lucro y excluir de sus actividades y objeto social la comercialización y la compraventa de bienes y productos consumibles. Finalmente, en los clubes privados de fumadores no se permitirá la entrada de menores.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: Además, el club privado de fumadores ha de disponer de estatutos y de un censo de socios.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: Según la nueva ley: fumar donde está prohibido se considerará infracción leve. La acumulación de tres infracciones de este tipo se considerará como falta grave. Asimismo se considerará falta grave por parte del titular de un establecimiento: habilitar zonas para fumar donde no esté permitido o permitir fumar en los lugares en los que aplica la prohibición de hacerlo.


title: Ley antitabaco de España de 2011

text: En la redacción de la nueva ley se estipula la graduación de las sanciones: las infracciones leves conllevan una multa entre 30 y 600 € (salvo el hecho de fumar en lugares prohibidos, cuya sanción llegará hasta 30 € si la infracción se realiza de forma aislada); las graves conllevan una multa entre 601 y 10 000 €, y las infracciones muy graves, multas desde 10.001 hasta los 600.000 €.


title: Cholovocera attae

text: Cholovocera attae es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Cholovocera attae

text: Habita en Europa.


title: Cholovocera fleischeri

text: Cholovocera fleischeri es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Cholovocera fleischeri

text: Habita en Italia, Malta y en los Balcanes.


title: Dissotis

text: Dissotis es un género con 118 especies de plantas fanerógamas pertenecientes a la familia Melastomataceae. Es originario del África tropical.  El género fue descrito por George Bentham y publicado en "Niger Flora 346", en el año 1849. Dissotis: nombre genérico que deriva de las palabras griegas: "dissos", lo que significa "doble". Esto se refiere a los dos tipos de anteras que es una característica de este género.


title: Cholovocera sardoa

text: Cholovocera sardoa es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Cholovocera sardoa

text: Habita en Cerdeña (Italia).


title: CD Travadores

text: El Clube Desportivo Travadores es una club multideportivo en la ciudad de la Praia en la isla de Santiago de Cabo Verde. El club tiene varias secciones entre las que se encuentran fútbol, baloncesto, voleibol y atletismo.


title: CD Travadores

text: Fue fundado en el 15 de octubre de 1930 en la capital, Praia.


title: CD Travadores

text: El Clube Desportivo Travadores juega sus partidos en el estadio de Várzea, el cual comparte con el resto de equipos de la ciudad, ya que en él se juegan todos los partidos del campeonato regional de Santiago Sur. Tiene una capacidad para 8.000 espectadores.


title: CD Travadores

text: Los entrenamientos son realizados en el estadio de Várzea y en el campo de Sucupira. El club tuvo en el pasado equipos de baloncesto y balonmano, que debido a la crisis económica que tenía el club tuvo que cerrar otras secciones del club.


title: Displotera maderae

text: Displotera maderae es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Displotera maderae

text: Habita en Madeira.


title: Dolichoura

text: Dolichoura es un género con dos especies de plantas fanerógamas pertenecientes a la familia Melastomataceae.  Es originario de Brasil. El género fue descrito por Alexander Curt Brade y publicado en "Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 16: 12", en el año 1959.


title: Hexasternum orbiculare

text: Hexasternum orbiculare es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Hexasternum orbiculare

text: Habita en Kenia.


title: Lathrapion convexus

text: Lathrapion convexus es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Lathrapion convexus

text: Habita en Kenia.


title: (8695) Bergvall

text: (8695) Bergvall es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto por el equipo del Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets el 17 de marzo de 1993 desde el Observatorio de La Silla, Chile.


title: (8695) Bergvall

text: Bergvall fue designado al principio como . Más tarde, en 2002, se nombró en honor del astrónomo sueco Nils Bergvall.


title: (8695) Bergvall

text: Bergvall orbita a una distancia media de 2,888 ua del Sol, pudiendo acercarse hasta 2,753 ua y alejarse hasta 3,022 ua. Tiene una inclinación orbital de 2,866 grados y una excentricidad de 0,04657. Emplea 1792 días en completar una órbita alrededor del Sol. El movimiento de Bergvall sobre el fondo estelar es de 0,2008 grados por día.


title: (8695) Bergvall

text: La magnitud absoluta de Bergvall es 14,3.


title: Lycoperdinella subcaeca

text: Lycoperdinella subcaeca es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Lycoperdinella subcaeca

text: Habita en Guatemala.


title: Pseudevolocera atomarioides

text: Pseudevolocera atomarioides es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Pseudevolocera atomarioides

text: Habita en Guatemala.


title: Driessenia sinensis

text: Driessenia es un género monotípico de plantas fanerógamas pertenecientes a la familia Melastomataceae. Su única especie es: Driessenia sinensis H.Lév..  El género fue descrito por Alexander Curt Brade y publicado en "Verh. Natuurl. Gesch. Ned. Overz. Bezitt., Bot. Kruidk. 251", en el año 1844. La especie fue aceptada y publicado en "Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 11: 494", en el año 1913.


title: Agaricophilus reflexus

text: Agaricophilus reflexus es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Agaricophilus reflexus

text: Habita en el Cáucaso.


title: Mycetaea hirta

text: Mycetaea hirta es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Mycetaea hirta

text: Habita en Europa y América.


title: Mycetaea ovulum

text: Mycetaea ovulum es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Mycetaea ovulum

text: Habita en África.


title: Dadocerus nitidus

text: Dadocerus nitidus es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Dadocerus nitidus

text: Habita en Borneo.


title: Pleganophorus bispinosus

text: Pleganophorus bispinosus es una especie de coleóptero de la familia Endomychidae.


title: Pleganophorus bispinosus

text: Habita en Europa.


title: Catedral de Salta

text: La Catedral Basílica de Salta y Santuario del Señor y la Virgen del Milagro es una catedral ubicada en ciudad de Salta, Argentina que datan de la segunda parte del siglo XIX y construido de la destrucción por un terremoto del edificio anterior por Minerva Cano .


title: Catedral de Salta

text: Situado en el centro de la ciudad de Salta, es un magnífico edificio religioso, ricamente decorado y cuya visita es parte de casi todos los viajes de turismo en la región; fue declarado el 14 de junio de 1941, por Decreto 95687 del Poder Ejecutivo Nacional, como Monumento Histórico Nacional.


title: Catedral de Salta

text: En 1856, debido al terremoto que destruyó el viejo edificio, se recaudó fondos para su reconstrucción. El trabajo comenzó en 1858, a instancias del obispo don José Eusebio Colombres. Los planos fueron diseñados por el arquitecto Felipe Bertrés. Tardó veinte años para trabajar de plomo a la dedicación y la apertura de la nueva catedral. Pero carecía de la fachada y torres, incluyendo las campanas. Grandes artistas italianos , brasileros , bolivianos como Soldati y R.P. Luis Giorgi participaron en la ejecución del proyecto. El conjunto se completó en 1882.


title: Catedral de Salta

text: Frontis, Atrio, Torres y Galería - Diseño Arquitecto Noé Macchi conde di Cellere


title: Catedral de Salta

text: Situada frente a la Plaza 9 de Julio, en el corazón del centro histórico de la Ciudad, esta Catedral integra un conjunto monumental con el Palacio Episcopal. Circunscribiéndonos a su parte más importante, en el año 1.873 con el fin de reanudar trabajos de construcción largamente paralizados, se contrató la construcción de la parte remanente y aun inconclusa, con la Empresa de los arquitectos Nicolás y Agustín Cánepa, excluyendo: frente, atrio y torres. Superadas las diferencias entre las autoridades de la Iglesia y la empresa constructora Cánepa hnos. tales como filtraciones en la cúpula no reparadas y las modificaciones introducidas al diseño original, entre ellas: la del coro que se hizo en la entrada en vez de tribunas tras el altar mayor como estaba previsto, estos trabajos fueron recepcionados por las autoridades eclesiásticas, y bendecida en el año 1.878, reitero: sin el atrio frontis y torres. A partir de allí, pseudo investigaciones históricas, en algunos casos empeñados en deformar la verdad histórica sobre la autenticidad en la autoría del proyecto, pretendieron y aun pretenden en esta ambigüedad, adjudicar su autoría a: ¿Soldati?, ¿Bertrés?,¿Georgi?, ¿Riguetti?, generando al día de la fecha conclusiones ajadas y amarillentas, y lo que es más grave: por estos «errores» fácilmente evitables, se continuó repitiendo esta malsana confusión. Un documento redescubierto por la Academia Nacional de Bellas Artes, merced a la búsqueda de documentación efectuada por la investigadora de campo, Sra Iris Gori bajo la supervisión del académico de número Prof. Héctor H. Schenone, restablece merced a este hallazgo de modo fehaciente, y en franca actitud crítica a « investigadores salteños », carentes de una búsqueda documental que las haga fiables, que el verdadero autor del diseño es el Sr. Maqui ( apellido escrito alternativamente como Maqui o Macchi por el propio arquitecto Noé Macchi, a fin de facilitar su pronunciación ), el mismo que fuera el autor, director y ejecutor del primigenio palacio episcopal, edificación contigua a esta Catedral, vestida antes de ahora con un ropaje neogótico, posteriormente modificada en la década del 30, por un lenguaje neocolonial, respetando esa remodelación su estructura, excepto la del patio que aun subsiste en su lenguaje original neoclásico.


title: Catedral de Salta

text: A fs. 271, el libro Patrimonio Artístico Nacional, Academia Nacional de Bellas Artes, Bs. As. año 1.988, dejó consignado que: «...Hemos podido levantar una interesante noticia en el Diario salteño La Reforma del 28 de junio de 1879 ( pág. 2, 3ra.  columna):


title: Catedral de Salta

text: «"...Por 29.000 $ se ha contratado la obra del frontis de la Catedral, con el empresario Riguetti según el plano del Señor Maqui..."». El Arq. Noé Macchi conde di Cellere, es el autor del proyecto dirección, ejecución y principal contribuyente económico de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de la Viña de Salta excluyendo la torre. Fue además el autor del diseño, dirección y ejecución y principal contribuyente económico de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de la Viña, declarado monumento histórico nacional por su concepción arquitectónica,


title: Catedral de Salta

text: El edificio forma un conjunto con el Palacio arzobispal. Puede describirse su estilo con reminiscencias barrocas como un eclecticismo neobarroco de fines de siglo XIX siendo el conjunto arquitectónico muy italiano.


title: Catedral de Salta

text: El plano rectangular consta de tres naves o buques, un coro profundo y un ábside semicircular. El altar mayor, fue diseñado por el fraile Luis Giorgi.


title: Catedral de Salta

text: La encrucijada del transepto está coronada por una cúpula sobre superior de tambor. La cúpula está coronada por una linterna. La completa falta de luz. De hecho la luz también proviene de las ventanas de dos naves laterales. Las mismas están decoradas con ricas vidrieras.


title: Catedral de Salta

text: Fuera de la entrada, la puerta está coronado por una rica decoración barroca. El motivo central es una majestuosa de quadrilobé.